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Caso Cassez – “1984” hecho realidad

Por Gabriel Infante Carrillo 

“El Estado mexicano hizo de este caso en un “reality” judicial; en lugar de que los presuntos secuestradores fueron juzgados en los tribunales, como debe de ser, la opinión pública fue el juez que decide mantenerla tras las rejas.”

El caso de Florence Cassez se asemeja mucho a lo planteado por el escritor inglés, George Orwell en su emblemática novela “1984”. Distorsionar y alterar la realidad para manipular a la opinión pública para hacer creer otra realidad en beneficio de regímenes totalitarios y así tener a la población sometida. La escenificación ajena a la realidad, como el ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, calificó al montaje del arresto televisado de la ciudadana francesa, realizado por la extinta Agencia Federal de Investigación —actualmente la Policía Federal— y comandado por el hoy Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, sin duda logró que Florence Cassez fuera juzgada y sentenciada como culpable públicamente mucho antes de ser juzgada ante un tribunal y un juez, como debería ser en un Estado de Derecho y de legalidad. Los jueces que la sentenciaron en la primera instancia a 96 y luego a 60 años de prisión, aseguraron que el montaje no fue tomado en cuenta como evidencia y que de ninguna manera esto afectó a que la ciudadana francesa tuviera un debido proceso, sin embargo, como el ministro Zaldívar señaló en su proyecto de sentencia, que no próspero:

“…el efecto corruptor imbuyó en todo el proceso penal, sobre todo en el material probatorio incriminatorio, el cual es la base de todo proceso penal y que en este caso se tradujo, esencialmente, en el testimonio de personas que fueron parte de la escenificación ajena a la realidad y que pudieron verse influenciados por aquéllas”.

Y tan es así, que Cristiana Ríos Valladares, una de las víctimas, señaló en su primera declaración del 9 de diciembre de 2005, y quien dijo textualmente:

“Durante la presente diligencia tuve a la vista a las personas que ahora me entero responden a los nombres de Israel Vallarta Cisneros y Marie Louise Cassez Crepin y después de observarlos con detenimiento manifiesto que no conozco a estas personas y es la primera vez que los veo, ya que las personas detenidas que vi en la casa de seguridad las vi cuando estaban de espaldas, pero la ropa que traen es la misma, también los escuche articular palabras y manifiesto que no conozco la voz de ellos, ya que la voz de mis diferentes cuidadores era más ronca y considero que siempre fingían; también quiero señalar que nunca vi a ninguno de mis secuestradores, por lo que me sería difícil identificarlos físicamente y que estoy enterada, por voz de los agentes de la AFI, que las personas que detuvieron son parte de mis secuestradores, por lo cual denuncio el delito de Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro cometido en mi agravio y en agravio de mi menor hijo Cristian Hilario Ramírez Ríos y procede en contra de Israel Vallarta Cisneros y Marie Louise Cassez Crepin y quien o quienes resulten responsables…”

Testimonios como el mencionado que dan indicios de cierta influencia o manipulación de los agentes de la AFI sobre las víctimas para incriminar a los inculpados, así como testimonios contradictorios y en donde responsabilizan a otras personas —incluso a miembros de su familia política— como responsables de su secuestro, y que nunca fueron investigados por parte de las autoridades responsables, así como claras omisiones, abundan en el expediente. Por lo que, los testimonios de las víctimas pierden fiabilidad, y eso se debe en parte por la intervención y manipulación del AFI para cuadrar el guión de la escena ficticia que nos presentaron a través de las pantallas de nuestros televisores aquella mañana del 9 de diciembre de 2005. Así mismo, queda claro quienes conocen a fondo el expediente, que los responsables que llevaron a cabo el proceso judicial en contra de Florence Cassez sólo tomaron en cuenta aquellos elementos donde la incriminan y desecharon u ignoraron otros elementos donde apuntaban a otros presuntos responsables.

A pesar de que se descubrió el montaje, este sin duda tuvo el efecto que quizá la AFI y sobre todo Genaro García Luna deseaban que tuviera con la única finalidad de hacer creer a una sociedad mexicana vulnerada e indefensa por la inseguridad, que la agencia a su mando está dando los resultados, que aquella estaba exigiendo; tan es así, seis años después sigue en el imaginario colectivo de gran parte de la sociedad que asegura, sin conocer a fondo el caso y en parte también motivado con un fuerte sentimiento nacionalista, que la francesa es culpable. Así mismo, es evidente que la manipulación en este caso trascendió a los juzgados y la presión ejercida por parte del gobierno del presidente Calderón ha sido una constante para evitar cualquier posibilidad legal de que Florence Cassez sea puesta en libertad. La hoy candidata del PAN para la jefatura de la Ciudad de México y activista social, Isabel Miranda de Wallace, y que es vista como una heroína— por no decir una santa— por ir detrás de los supuestos secuestradores y asesinos de su hijo, ha sido un instrumento importante para que el gobierno federal, y sobre todo Genaro García Luna, sigan sosteniendo esta farsa.

Un de los argumentos que el ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar que justifica la razón por la cual propuso otorgar el amparo y la inmediata libración de Florence Cassez, y que escandalizó un sector de la población, se basa sin duda en un razonamiento lógico, y que difícilmente no podríamos estar en desacuerdo:

“…es necesario enfatizar que toda acusación debe sustentarse en evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales. En este caso, efecto corruptor, al haber subvertido el material probatorio, impide determinar la culpabilidad de la quejosa en los términos ordenados por nuestra Constitución”.

Es decir, al alterar toda la escena del crimen la solidez y fiabilidad de la evidencia carece de credibilidad, por lo que resulta difícil en base a esas evidencias presentadas por la parte acusadora determinar la culpabilidad de la acusada. Condenar alguien en base a pruebas dudosas y por la palabra de las víctimas sin ser corroboradas y sustentadas por evidencia sólida, no solo es anticonstitucional, sino que en ningún país con Estado de Derecho y con un sistema de justicia fiable e independiente, no sería procedente.

Respecto la opinión pública mexicana entorno al caso Cassez, en el que más del 80% cree en la culpabilidad de esta mujer francesa, es un clarísimo ejemplo a lo planteado por el sociólogo italiano Giovanni Sartori en su un libro “Homo videns”, en la que señala que:

“Con la televisión, la autoridad es la visión en si misma, es la autoridad de la imagen. No importa que la imagen pueda engañar aún más que las palabras [...] Lo esencial es que el ojo cree en lo que ve; y, por tanto, la autoridad cognitiva en la que más se cree es lo que se ve. Lo que se ve parece «real», lo que implica que parece verdadero”.

A pesar que las autoridades reconocieron dos meses después de que la detención televisada era un montaje, el impacto de las imágenes que generó en la opinión pública fue sin duda irreversible, a pesar que todos concientemente reconocen que fue un montaje, pero inconcientemente vinculan la culpabilidad de esta mujer por aquellas imágenes. Las discusiones que se han dado a lo largo de seis años y previó al análisis en la Primera Sala de la SCJN del proyecto de sentencia del Ministro Arturo Zaldivar, por parte de la opinión pública, muestra claramente que hay aún un enorme desconocimiento del caso, ya que sólo repiten los argumentos que han escuchado en los medios de comunicación, por parte de varios “lideres de opinión”, que a su vez también desconocen a profundidad el caso o quizá lo hacen con cierta intencionalidad para quedar bien con el poder, por lo que han propiciado que la opinión pública esté aún más confundida y desinformada sobre este controversial e inédito caso, y que deja muy mal parado al gobierno mexicano.

El Estado mexicano hizo de este caso en un “reality” judicial; en lugar de que los presuntos secuestradores fueron juzgados en los tribunales, como debe de ser, la opinión pública fue el juez que decide mantenerla tras las rejas. ¡Cómo va ser posible que la autoridad vaya en contra de la opinión pública, ellos dicen que Florence Cassez es culpable, pues es culpable! ¡No señores!, este caso debe ser resuelto dentro del marco de la ley, y no lo que piense y diga una opinión pública desinformada. Fue inaceptable la presión ejercida a los cinco ministros por parte del gobierno de  Calderón y de la Sra. Isabel Miranda de Wallace. Los ministros de la Primera Sala, no debieron de haber recibido a nadie durante las dos semanas previas a la sesión del pasado 21 de marzo.

A medida que este caso se siga prolongando y no sea resuelto, la imagen de México, de por sí ya deteriorada, seguirá en detrimento, y seguirá siendo vista como un país corrupto, de ilegalidad y con un débil sistema de justicia.

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  1. Alejandra Saenz
    27/03/2012 en 2:27 PM

    Realmente hay una falta de información o bien una mal información, pero realmente no formaba parte de la banda de secuestradores? Es una pena que por un montaje hagamos de lado lo que se debe juzgar “privación de la libertad y tortura a cualquier ciudadano”, se debe dejar a un lado porque se monto un show? y si fuera un hijo tuyo pesarías igual?
    No quiero perder la objetividad, sólo pido que haya justicia y si cometió el delito que pague por ello.

  2. Pierre
    28/03/2012 en 12:00 AM

    Andas muy perdido ponte a estudiar mejor a ver si al menos no escribes tantas sandeces, busca otra distracción, viaja, que se yo.

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