Reforma del procedimiento penal mexicano

El procedimiento penal mexicano en materia común: Hacia un modelo integral de su funcionamiento en la práctica

Edgar R. Aguilera[1]

edgaraguilera50@hotmail.com

 

“… México entra al siglo XXI de la mano de la mentira y la simulación, compañeras fieles a lo largo de su historia, pero que ahora han alcanzado alturas insospechadas. Porque como nunca la incongruencia entre el discurso del poder y la realidad es enormeNos la hemos pasado creando instituciones, promulgando leyes, firmando convenios. Hemos adoptado ideas de otras culturas pretendiendo que estamos de acuerdo con ellas. Usamos los conceptos que la comunidad internacional pone de moda y que nosotros, en el afán de ser aceptados por ella, hacemos creer que creemos. Son los discursos política, ideológica y culturalmente correctos de nuestro tiempo y son asuntos que se presentan como moralmente incuestionables y que además se prestan a las hermosas palabras, a los grandes programas y a las preciosas promesas. Pero ¿y luego qué? Luego simple y llanamente no cumplimos nada de eso. La mentira es la esencia de nuestra vida política y lo que le permite seguir funcionando…”[2]

SUMARIO: I Objetivo; II La variable institucional y la prevención-control de la criminalidad (Contribuyendo a la impunidad); III Carga de trabajo excesiva y conformación de criterios de facto para la atención de asuntos (ampliando el “zoom” de la lente); IV Investigaciones deficientes y justicia “de escritorio”; V Consignaciones con detenido, sin previa orden de aprehensión (el platillo predilecto); VI Prácticas de Tortura para la obtención de “confesiones”; VII El derecho a recibir “asesoría jurídica” al declarar ante el MP ; VIII Los “Defensores Públicos”; IX El papel del juez (Operaciones de “blindaje” del caso del MP); X El sistema penitenciario (“Cerrando la pinza”); XI Recapitulación Final y algunas reflexiones

I. Objetivo

En el presente reporte se pretende levantar un modelo plausible, aunque tentativo y seguramente incompleto, del funcionamiento del procedimiento penal en materia común en México, mediante la integración de elementos provenientes de diversos estudios empíricos en torno a la cuestión, los cuales, hasta donde sabemos, habían permanecido inconexos.

Nuestro objetivo –modesto por la metodología empleada- consiste en aportar bases que justifiquen la necesidad de proseguir y ampliar la investigación acerca del funcionamiento del procedimiento penal, sobre todo teniendo en cuenta el estado de transición en el que actualmente se encuentra nuestro país, propiciado por las reformas recientes orientadas a la implementación de un sistema de corte acusatorio, ya que la acogida exitosa o no del nuevo sistema estará fuertemente condicionada por los patrones conductuales, vicios e inercias que han venido gestándose a lo largo del tiempo en las prácticas cotidianas de los operadores jurídicos correspondientes (patrones conductuales, vicios e inercias que deseamos evidenciar en este trabajo).

II La variable institucional y la prevención-control de la criminalidad (Contribuyendo a la impunidad)

En su importante estudio, Zepeda Lecuona hace referencia a la configuración de tendencias delictivas crecientes en México a partir de la segunda mitad de la década de los noventa (el número de reportes sobre posibles ilícitos del fuero común en todo el país se incrementó de 809 mil denuncias durante 1991, y de un millón 111 mil en 1994, a casi millón y medio en 1997).[3]

Pese a un ligero descenso en dichas cifras, para 2001 (época de corte de su análisis) se reportaron 1 millón 398 mil ilícitos de competencia local en todo el país.[4]

El panorama anterior constituye sólo una aproximación a las verdaderas dimensiones del fenómeno delictivo si se tiene en cuenta lo que ha dado en llamarse la “cifra negra”, es decir, la proporción de delitos presumiblemente cometidos, pero no denunciados. De acuerdo con el autor en comento, en México dicha cifra es del 75%.[5]

La cifra negra previamente aludida se encuentra íntimamente vinculada a las representaciones sociales[6] imperantes en la ciudadanía relativas al desempeño de sus instituciones (cuerpos policíacos y procuradurías principalmente).

En este sentido, de acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores de 1998, sólo el 32% de los encuestados de la muestra en México señaló tener confianza en la policía (cuando el promedio mundial fue de 53%); en la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001 de la Secretaría de Gobernación, sólo el 6.98% de los encuestados manifestó tener “mucha confianza” en la policía, en tanto que 15.62% señaló que tenía “algo” de confianza.[7]

Así mismo, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en las Entidades Federativas, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), las principales causas por las que no se denunciaron los ilícitos a las autoridades respectivas son: “Pérdida de tiempo y/o trámites largos y difíciles (50%); “desconfianza en la autoridad” (19%); “delito de poca importancia” (9%); y “no tenía pruebas” (9%).[8]

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001 de la Secretaría de Gobernación anteriormente referida, reveló que no se denunciaron los delitos respectivos en virtud de que se consideró una pérdida de tiempo (50%), 13% señaló la dificultad y tardanza de los trámites ante el Ministerio Público, 11% por desconfianza, y 9% por miedo al agresor.[9]

La “variable institucional” (el desempeño de los cuerpos policíacos y procuradurías, así como el tipo de interacciones comunicativas que aquellos establecen con la ciudadanía) no sólo incide en la conformación de la cifra negra, sino que adquiere un papel fundamental si se le observa desde ciertos modelos que explican las causas de la criminalidad enfatizando la “ganancia esperada” (expected utility) que obtendría el posible delincuente al plantearse la disyuntiva de llevar a cabo o no alguna conducta delictiva.

En este marco, el “valor esperado de delinquir” para el potencial criminal se obtiene del modo que sigue:

 

[(Ganancia del ilícito – Ganancia que pudiese obtener de una actividad lícita) – (Severidad de la pena x Probabilidad de captura)][10]

 

Podemos ver en la fórmula anterior el papel crucial de la variable institucional en los cálculos (percepciones) del delincuente, la cual puede incluso convertirse en un poderoso elemento motivador para delinquir (en la medida en que el potencial criminal considere que la probabilidad de su captura y eventual condena es muy baja).

Como comenta Zepeda, algunos gobiernos han optado por diseñar políticas disuasorias atendiendo exclusivamente al factor “severidad de la pena” (las cuales descansan sobre la expectativa de que el posible criminal quedará desalentado al percatarse del riesgo de sufrir un castigo riguroso). Con esta maniobra, el factor “probabilidad de captura” íntimamente ligado a un adecuado desempeño de las instituciones de procuración e impartición de justicia, queda relegado.[11] México se encuentra en esta línea.

En su estudio, Zepeda ha obtenido las siguientes cifras-promedio a nivel nacional que evidencian el pobre desempeño de la variable institucional:[12]

En un año, se encuentran vigentes aproximadamente 2 millones 400 mil averiguaciones previas, 57.6 % de las cuales se inician en el año respectivo y 42.4% constituyen el rezago del año anterior.

En el año respectivo se tramita el 61.45%, mientras el 38.55 % restante queda pendiente.

De las averiguaciones tramitadas, el 25.4% se archiva con reservas de ley, por no haberse hallado evidencia suficiente que permita la identificación de algún sospechoso. Como veremos después, en la mayoría de los casos, la determinación de que no hay evidencia suficiente no resulta de la puesta en marcha de una investigación (pesquisa) diligente y cautelosa, sino o bien de una investigación meramente formal que implica, en el mejor de los casos, que la policía judicial realice algunas entrevistas en el lugar de los hechos (si es que por fin se decide turnársele el asunto), o bien dicha determinación resulta del fracaso de la propia víctima en términos de no haber recabado pruebas para “su” caso (cuando en teoría, la carga de indagar, obtener y presentar pruebas corresponde al Estado).

El 36.05% de averiguaciones se consideran concluidas en los siguientes sentidos: 20.25% son archivadas en forma definitiva por factores tales como la prescripción, muerte del indiciado, amnistía, perdón del ofendido, etc.; el MP. se declara incompetente en 4. 4% de las averiguaciones; y sólo el 11.4% son efectivamente consignadas.

De ese 11.4%, el 5% son averiguaciones sin detenido (en las que probablemente, si en efecto obran elementos que prueben plenamente el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, se obtenga una orden de aprehensión de parte del juez, a la cual habrá de dársele cumplimiento); 3.1% son averiguaciones con presentado (“presentado” denota a alguien que se presenta voluntariamente al juzgado en cuestión por haber obtenido previamente, o bien, un amparo, o su libertad bajo caución; o alguien que es llevado a los estrados del juzgado en cumplimiento de alguna orden de aprehensión); y 3.3% lo constituyen averiguaciones consignadas con detenido.

Así mismo, de acuerdo con el estudio, la policía judicial-ministerial presenta una eficiencia en el cumplimiento de órdenes de aprehensión de un 50% (lo que significa que, sólo el 2.5% de las averiguaciones sin detenido prosiguen su cauce).

De las cifras anteriores, Zepeda obtiene un indicador promedio de efectividad de un 18.25% en el desahogo de averiguaciones previas.[13]

Otro indicador fundamental del estudio de Zepeda es el referido a la probabilidad promedio de que el autor de un crimen sea capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial, la cual durante el año 2000, fue de 3.3% (impunidad de 96.7%).[14]

 

III Carga de trabajo excesiva y conformación de criterios de facto para la atención de asuntos (ampliando el “zoom” de la lente)

Como explica Zepeda, ante la imposibilidad de despachar en su totalidad la excesiva carga de trabajo, las procuradurías promueven la política consistente en que al interior de cada agencia se establezcan criterios de facto –no establecidos en la ley- a los efectos de determinar las características de los asuntos que serán merecedores de atención.

La consigna, como veremos a continuación, es que se engrose lo menos posible el número de expedientes abiertos y que las capacidades de investigación sean desplegadas al mínimo (razón por la cual, como veremos más adelante también, se privilegian aquellos asuntos en donde ya se cuente con algún sospechoso).

A esta situación, el autor en comento la percibe como una supremacía inapropiada (aunque quizá comprensible) del principio de oportunidad sobre el principio de legalidad. En este sentido, Zepeda sostiene que:

 

“… Los criterios empleados y los controles sobre las decisiones sobre los casos que es posible atender y aquellos que se tienen que dejar de lado no siempre están previstos en el marco legal, por lo que debe analizarse el entorno institucional en el que se aplica la discreción del ministerio público en el desahogo de las averiguaciones…[15] el exceso de trabajo y la mala organización para atender las demandas ciudadanas de servicios, son la puerta por la que acceden a las agencias del ministerio público la discrecionalidad y el predominio de los objetivos de facto sobre las directrices constitucionales y legales…”[16]

 

Otra cita relevante del trabajo del autor es la siguiente:

 

“… Particularmente riesgoso es que el rezago en la atención de las investigaciones pueda justificarse por la imposibilidad material y humana de sacar adelante la carga de trabajo asignada. En virtud de que “nadie está obligado a lo imposible”, los criterios de supervisión y revisión de los controles internos del ministerio público se vuelven más laxos y tolerantes, y se legitima la configuración y ejercicio de atribuciones discrecionales o emergentes para atender o abandonar los casos. En este entorno de exceso de trabajo y discrecionalidad pueden arraigarse ineficiencias y bajos niveles de calidad en los servicios, así como abrirse paso prácticas corruptas y descuido o negligencia en el trámite de los expedientes…[17]

 

Uno de los patrones identificados por Zepeda orientados a lo que denomina “un combate estadístico de la criminalidad”, el cual implica no engrosar los pasivos de carga de trabajo pendiente, tiene que ver con prácticas de “reclasificación” de conductas delictivas.[18]

Podemos encontrar un ejemplo de lo anterior en el caso de “robo de pasaporte”, el cual, en el estado de Baja California solía corresponder a un tercio de las denuncias de robo. Para afrontar esta situación, la procuraduría desarrolló un criterio según el cual, todos los casos de robo de pasaporte habrían de clasificarse como casos de “extravío de documentos”, ante lo que se procedería sólo mediante el levantamiento del acta respectiva (sin abrir investigación alguna).

Como explica el autor, quizá muchos de los casos en efecto correspondían a extravíos, sin embargo, la procuraduría condenó a la indiferencia a múltiples posibles ilícitos, al no dedicarles recurso alguno al efecto de su comprobación.

Algo similar sucede con el caso de robo de teléfonos celulares a nivel nacional. Las autoridades asumen que en la totalidad de los casos los ciudadanos mienten sosteniendo que fueron víctimas de robo con violencia (ya que los seguros pagan o reponen el teléfono sólo cuando se satisface esta condición). En esta línea, lo único que hacen es extenderles un acta sin que se abra la averiguación respectiva.[19] De nuevo, el problema radica en la generalización apresurada que permite dar un tratamiento “en bloque” a todos los casos.

Otra “válvula de escape” que las procuradurías emplean, por ejemplo, en el estado de Jalisco, consiste en la instauración de “instancias dictaminadoras” que, a la manera de una “oficialía de partes” determinan si procede o no asignar el caso a alguna agencia del MP. El ciudadano, luego de hacer su denuncia debe volver a la semana siguiente (si no regresa mejor). Si regresa y observa que su caso no ha sido turnado a alguna agencia, significa que el dictaminador consideró, con base en criterios internos y poco transparentes, que el asunto no procedió. Si el ciudadano no está de acuerdo tiene que realizar un “alegato de oído” frente al dictaminador, quien simplemente puede persistir en su postura de desechar el caso. Ante lo anterior, al denunciante sólo le queda instaurar una queja formal ante la Procuraduría o acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.[20]

Un patrón similar al anterior es reportado por Catalina Pérez Correa.[21] En su estudio describe lo que ha dado en llamarse “la justicia de barandilla”, expresión que hace referencia a la forma en que el personal de la barandilla –primer personaje con el que la ciudadanía hace contacto cuando acude a una agencia del M P en el Distrito Federal- despacha los asuntos decidiendo cuáles merecen atención y cuáles no.

Para comenzar, Pérez Correa advierte que suele ser el caso que tal funcionario sea un estudiante de derecho (incluso ni siquiera “pasante”) poco preparado que, como parte de su actividad cotidiana, ofrece asesoría de mediana calidad al público que por desinformación (y esto contribuye a la conformación de excesivas cargas de trabajo y desperdicio de tiempo y recursos), se presenta ante el MP esperando que le sea proporcionada información jurídica de cualquier índole.

El proceso que se describe en el estudio correspondiente es el siguiente: El funcionario de barandilla, sin excepciones y sin considerar las circunstancias apremiantes de algunos casos, comienza por solicitar al denunciante su identificación y forzosamente una copia fotostática de la misma (requisito no regulado). Sólo hasta que cumple con tal exigencia se le presta atención.

Habiendo cubierto el requisito, se le pide al ciudadano que ofrezca una descripción oral de los hechos probablemente delictivos, la cual es evaluada por el funcionario al efecto de determinar si vale la pena o no abrir una investigación (recordemos que se trata de un estudiante de derecho el que hace esta primera apreciación, presumiblemente poco preparado y poco sensibilizado con las implicaciones que acarrea la defraudación sistemática y constante de las expectativas de justicia de los gobernados).

Si decide internamente que no vale la pena continuar con el procedimiento pero no desea hacérselo saber de ese modo al denunciante, incurre en el llenado de una “acta especial”, lo cual constituye un mero acto simbólico que engaña al ciudadano haciéndole pensar que se ha abierto una investigación, pero en realidad no sucede así.

Si decide que vale la pena continuar, procede a pedirle al ciudadano que llene algún “formulario preestablecido”. Si a juicio del funcionario de barandilla el denunciante no llena adecuadamente la forma, se le hace llenar otra. Si persiste la situación, el propio funcionario comienza a dictar el contenido al ciudadano (pudiendo o no corresponder con lo que realmente experimentó aquel).

El asunto entonces se turna a un encargado de “mesa”. Si está ocupado, abre el caso en su computadora, pide nuevamente al denunciante realizar una descripción oral de los hechos, establece una cita (que puede postergarse indefinidamente) para que regrese y le entrega una copia de su denuncia.

Si no está ocupado, el encargado de la mesa abre el expediente en la computadora, introduce la descripción (que quizá viene ya distorsionada por la intervención del funcionario de barandilla), y si no hay sospechoso, se turna a otra mesa en la que el asunto probablemente se archive, primero con reservas de ley por falta de evidencia, y luego, definitivamente por el tiempo transcurrido.

Lo anterior debido a la escasa eficiencia en las investigaciones que, en el mejor de los casos equivalen a la realización de alguna entrevista en el lugar de los hechos, sin embargo, suele suceder que los propios agentes judiciales, sin haber realizado pesquisa alguna, llenen reportes inútiles de los que no se desprende información relevante para proseguir. El encargado de mesa, a sabiendas de lo anterior, en muchas ocasiones ni siquiera turna la solicitud correspondiente a la policía judicial para que realice la investigación respectiva, y se adelanta en el llenado de una forma en la que se asienta que no se obtuvieron indicios ni información útil para la identificación de algún sospechoso “como resultado de la investigación”.[22]

El panorama anterior en torno a las investigaciones se complementa con la baja calidad de los servicios forenses que incluyen funcionarios poco preparados, no inversión en tecnología, etc.[23]

Aún otro patrón general para el desahogo de cargas de trabajo excesivas y para evitar el despliegue de una verdadera investigación tiene que ver con depositar en la víctima y sus abogados, la responsabilidad de aportar pruebas para el caso correspondiente (como veremos más adelante, esta conducta puede estar cimentada en la percepción de futilidad de las investigaciones que los propios procuradores y ministerios públicos tienen). En este sentido, Zepeda comenta lo siguiente:

 

“… Por insuficiencia de recursos materiales o humanos… o sencillamente por la ley del menor esfuerzo, los costos de aportar, ubicar y presentar testigos se han depositado en la víctima. Los afectados por los delitos reciben mandatos de los funcionarios: “tiene que traer testigos”, “debe traer un inventario”… Si se logró la detención del presunto responsable y el término constitucional está en marcha, la presión sobre la víctima aumenta, pues tiene que reunir las pruebas de su caso… si no presentan las evidencias que se les han solicitado tendrán que liberar al presunto responsable…”[24]

 

Lo anterior se manifiesta con mayor contundencia en los casos de “querella”. En estos casos, la denominada facultad de “coadyuvar” a la investigación, que le es concedida a la víctima, es interpretada por parte de las procuradurías, como una liberación de cualquier responsabilidad de realizar una investigación y de reunir pruebas. Dicha responsabilidad se posa entonces, con mayor claridad (e incluso, considerándose justificada tal maniobra con base en el marco legal) sobre los hombros de las víctimas y sus abogados.[25]

En la situación anterior, puede observarse una interpretación de la figura de la “coadyuvanza” acorde con el entorno situacional de discrecionalidad y excesiva carga de trabajo, donde lo único que importa es no engrosar el número de expedientes abiertos. Se trata pues, de una especie de “fraude a la ley”, en este caso, emanada de los propios funcionarios encargados de aplicarla.

 

IV Investigaciones deficientes y justicia “de escritorio”

Los estudios considerados coinciden en destacar la baja calidad de las investigaciones. En esta línea, Zepeda sostiene que:

 

“…El tiempo es un factor decisivo en la investigación de los delitos, la reacción inmediata y las indagaciones y levantamiento de evidencia en el lugar donde se cometió el delito en cuanto acaba de ocurrir el ilícito aumentan considerablemente las probabilidades de resolver la investigación y capturar a los probables responsables, sin embargo, esto casi nunca ocurre. Sólo cuando se está dando algún ilícito en el que algún testigo da aviso (una riña, un lugar donde se depositan materiales sospechosos) a los teléfonos de emergencia pueden dar algún resultado; pero en otros, como el robo de un vehículo o un secuestro, la reacción no logra ser oportuna para arribar al lugar de los hechos antes de que se escapen los responsables…Si es que personal de las procuradurías, generalmente policías judiciales, acude al lugar de los hechos (por ejemplo a una casa que fue asaltada), no es sino hasta varios días después y se limitan a pedir detalles (todos ellos ya declarados en la denuncia) sin que se levante mayor evidencia, mucho menos análisis periciales…”[26]

 

En el estudio de Pérez Correa se realizan observaciones similares:

 

“… The Mexico City’s Criminal Code stipulates that, even in cases without a suspect, public prosecutors must conduct a pretrial investigation using every procedure available that might aid in finding evidence and identifying suspects… At MH5, and MH3 these proceeding were carried out in form but not in substance…. in most cases MH5’s public prosecutors did not visit crime scenes, but requested that the police, experts, or both visit the crime scene. Police and expert visits rarely yielded any information useful to the case[27]

 

La situación se agrava al punto de evidenciar conductas tales como la entrega de reportes, por parte de la policía judicial, en los que se asientan los resultados (inútiles) de una supuesta investigación que en realidad no tuvo verificativo, a lo que algunos encargados de mesa se adelantan registrando en el archivo del caso respectivo que “no se obtuvieron indicios luego de realizarse la investigación correspondiente” sin siquiera haber turnado la solicitud a la policía judicial para que diera cumplimiento a la investigación:

 

“…Investigations at MH3 and MH5 rarely yielded any evidence or information to aid in identifying suspects, presumably because no real investigation took place at any levelMH5`s public prosecutors and clerks seem to sense the futility of police reports and the impossibility of identifying suspects. On one occasion, an MH5’s clerk was opening an investigation for a stolen cell phone. The victim claimed he had not seen the assailants. Minutes after the victim left with his case file number, the clerk added a note to the case file stating that at 23:00 hours, he had received a report from the police stating there was no evidence of or witnesses to the events reported by the victim. The clerk made this entry before requesting that the judicial police visit the crime scene: “They use a model form and fill it out each time. They don’t even visit the crime scene”…”[28]

Como se ha dicho antes, las procuradurías parecen privilegiar una concepción “estadística”, “administrativa” y “burocrática” de lo que constituye una investigación, canalizando la mayoría de su tiempo y esfuerzo a la confección del debido expediente. De lo anterior da cuenta Pérez Correa en la siguiente cita representativa:

 

“… The work of the public prosecutors and clerks primarily consisted of assembling case files, a task done at their desks. Every decision made by a public prosecutor or clerk and every procedure ordered or conducted must be included in the file, a time-consuming activity. Furthermore, this information must be supported by the corresponding statutes in the Code of Criminal Procedure and its bylaws. In addition to this, each page in the file must be numbered, signed and stamped to prevent any page from being lost or omitted. Stamping and signing represents an additional burden… Since each agent and clerk handles a large number of cases, there is little time to actually investigate crimes…”[29]

 

V Consignaciones con detenido, sin previa orden de aprehensión (el platillo predilecto)

Como se explica en el reporte especial “Presumed guilty?”[30] (en adelante “Reporte Crowley”), con base en la suscripción de varios instrumentos internacionales y en el correspondiente marco constitucional, en México existen, en teoría, las condiciones que deberían encausar las actividades de investigación de las procuradurías y cuerpos policíacos de modo que siguieran un esquema que implica la realización de una investigación cautelosa y diligente de la cual pudiera obtenerse evidencia suficientemente robusta como para superar el filtro de ponderación de la misma que realiza un juez competente.

Si el umbral de suficiencia –que supuestamente es riguroso en términos de exigir la prueba plena del cuerpo del delito e indicios que permitan realizar razonablemente la asunción de que el sospechoso es probablemente responsable de los hechos imputados- es satisfecho, se justifica entonces la emisión de la orden de aprehensión respectiva a la que habrá de darse cumplimiento.

Como puede observarse, el eje central del esquema previo lo constituye la realización de una sólida investigación que arroje elementos suficientes en contra de alguien, a lo que le seguiría el correspondiente ejercicio de la acción penal por medio de una consignación sin detenido.

Sin embargo, en el entorno de carga excesiva de trabajo, configuración de facto de criterios para la denegación de justicia, delegación de la responsabilidad de probar a las víctimas (la cual se piensa justificada con base en cierta interpretación ad hoc de la figura de la “coadyuvanza”), percepción (plausiblemente justificada) de futilidad de las pseudo-investigaciones realizadas por la policía judicial, el pobre desempeño en la ejecución de órdenes de aprehensión previas, el tiempo que se dedica a la confección del respectivo expediente (“justicia de escritorio”), es decir, en un ambiente en el que en términos generales impera la ley del menor esfuerzo, no es razonable esperar que en la práctica, el sistema opte regularmente por el seguimiento del esquema constitucional anteriormente planteado.

Alguien podría señalar en este punto que la realización de una sólida investigación no es un asunto optativo, es decir, constituye una obligación en atención al marco jurídico que regula la cuestión. Incluso podría señalar que las detenciones justificadas sobre la base de la emisión de las respectivas órdenes de aprehensión constituyen un derecho fundamental, cuyo respecto es exigible al Estado a la manera de un derecho público subjetivo.

El señalamiento anterior queda sin efectos al ser atestiguada la presencia de ciertas “excepciones” (muy convenientes por cierto) al requisito de la orden de aprehensión (y por tanto, al despliegue de una sólida investigación previa y la correspondiente consignación sin detenido) imperantes en el ordenamiento jurídico mexicano: los denominados casos “urgentes” y los casos “en flagrancia”.[31]

En efecto, al amparo de las dos figuras jurídicas previas, el sistema asegura una cuota de averiguaciones “concluidas”, cuyo denominador común, tal y como sucede con los expedientes que se archivan “con reservas de ley” por una determinación presumiblemente errónea, defectuosa o insuficientemente justificada de que no hay elementos-indicios suficientes -25.4% – (que eventualmente terminan en el archivo definitivo), y con los que se archivan definitivamente (20.25%), consiste en el escaso o nulo despliegue de actividades genuinas de investigación.

Al respecto, considérese lo que Zepeda nos dice:

 

“… Los casos descritos en estas páginas refieren la discrecionalidad para iniciar una investigación o averiguación previa, pero también… puede apreciarse que una vez iniciadas las averiguaciones también se discriminan los casos que quedarán en el olvido hasta que prescriban, y se privilegian los asuntos cuya investigación podrá ser concluida. Desde luego, los casos a los que se les da preferencia son aquellos en los que al llegar la denuncia también se presenta al presunto responsable capturado en flagrancia, es decir, las averiguaciones con detenido, pues se tiene el término constitucional de 48 horas, o el doble si se trata de una conducta contemplada como delincuencia organizada para determinar si hay delito que perseguir y comprobar la probable responsabilidad del detenido y, en su caso, consignar la averiguación ante el juez…Aquellos casos en los que no exista detenido, no haya evidencias claras, o interés por parte del denunciante están prácticamente destinados a aguardar en los archivos hasta que prescriban…”[32]

 

Por su parte, Miguel Carbonell nos ofrece los siguientes datos:

 

“De acuerdo con una encuesta aplicada a población penitenciaria,[33] la mayoría de las detenciones realizadas por la policía con motivo de la comisión de un hecho delictivo son realizadas en el mismo momento de cometerse el hecho, o durante las siguientes tres horas. El 48% de los encuestados declaró haber sido a escasos minutos (menos de 60) de la comisión del delito. Otro 22% fue detenido entre la segunda hora (minuto 61 en adelante) y las 24 horas siguientes. Es decir, el 70% de los detenidos lo fueron con menos de 24 horas de distancia respecto a la comisión del delito. Estos datos, además de poner en evidencia la falta de capacidad de investigación de la policía, permite concluir que si las detenciones no son realizadas en el momento mismo de cometerse el hecho delictivo, es probable que los responsables no lleguen nunca a ser detenidos…[34]

 

En la cita transcrita, Carbonell en efecto pone el acento en la falta de capacidades de investigación de la policía, así como en el hecho de que la mayoría de las consignaciones adoptan la modalidad “con detenido”. Sin embargo, asume que, al menos en lo que toca a las detenciones “en flagrancia” de las que habla, por tratarse de la captura del sujeto casi inmediatamente después de la supuesta comisión del hecho delictivo, las detenciones están libres del despliegue de estratagemas que pudieran desvirtuarlas. Nada más alejado de la realidad.

En la mayoría de loa casos de flagrancia y/o urgencia, además del detenido respectivo, basta la sola presencia de un “acusador” (la supuesta víctima, algún testigo, que pueden ser los propios oficiales remitentes judiciales o no, o el supuesto coparticipe del delito), sin que se realicen esfuerzos por determinar el grado de plausibilidad/confiabilidad/credibilidad de sus declaraciones (tal vez el acusador procede de tal modo por “venganza”, o tal vez los propios policías remitentes, por la necesidad de cumplir con sus cuotas de puestas a disposición, fabricaron el caso, etc.), ni por recabar mayores indicios que robustezcan el caso correspondiente, salvo por las prácticas de tortura orientadas a la extracción de “confesiones” que abordaremos en breve.

El Reporte Crowley se pronuncia en el sentido de la debilidad probatoria -con tintes inquisitorios- de las consignaciones con detenido (propiciada por la laxitud del lenguaje en el que están formuladas las excepciones a la obtención de una orden de aprehensión referidas) en la siguiente cita:

 

“… The breadth of the exceptions removes large numbers of cases from the protection of the warrant requirement without ensuring that other indicia of guilt are present… As professor Miguel Sarre observed “with the en flagrancia exception, it is enough if anyone fingers the individual as having committed the crime within 48 hours…”[35]

 

El estado de cosas anteriormente expuesto, crea las condiciones propicias para que los diversos cuerpos policíacos (judiciales-ministeriales o no) incurran en detenciones arbitrarias “legalizadas”, a las que el Reporte Crowley y el Reporte Legalized Injustice, con base en la evidencia recabada en sus estudios, no dudan en considerar como autenticas violaciones a los derechos humanos que socavan la protección que supuestamente debería otorgar la exigencia constitucional de órdenes de aprehensión en el sentido de supeditar dichas órdenes a la presencia de indicios suficientes resultantes de la conducción diligente de investigaciones sólidas (como se muestra en el Reporte Crowley, este problema ha sido enfáticamente señalado por la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos[36]). Considérese la siguiente cita:

 

“…Although such arrests may technically be legal under Mexican Law, the breadth of the exceptions undermines the protective value of the warrant requirement to such a degree that many of these legal arrests must be regarded as arbitrary and, therefore, in violation of international human rights norms…”[37]

 

La percepción de que la propia regulación jurídica de la cuestión legitima tales actos (por ello “detenciones arbitrarias legalizadas”) se refleja en la postura oficial según la cual no existe el fenómeno de las detenciones arbitrarias por la sencilla razón técnica de que, o bien son el resultado del cumplimiento de una orden de aprehensión, o bien, se encuadran dentro del ámbito de denotación de las excepciones establecidas, con lo que cualquier modalidad de actuación de los cuerpos policíacos y de las procuradurías queda protegida por un círculo perfecto de “legalidad”.. Al respecto, el Reporte Crowley sostiene que:

 

“… The general requirement of a warrant, coupled with these very broad exceptions, provides a basis for Mexican officials interviewed by the delegation to claim that arbitrary detention is rare (or even nonexistent) in Mexico. It is rare, they argue, because either a warrant is obtained or the case falls within one of the two exceptions to the requirement…”[38]

 

Como lo muestra el documental ampliamente difundido del CIDE[39], titulado “El Túnel”[40], existen indicios de que, incluso los cuerpos policíacos trabajan con el propósito de cumplir con las denominadas “cuotas de puesta a disposición” y las correspondientes “cuotas de consignación”; y al decir de algunos agentes de policía entrevistados, “que haya elementos suficientes para consignar, es otro asunto”.

 

VI Prácticas de Tortura para la obtención de “confesiones”

Con base en el marco constitucional y de tratados internacionales vinculantes para México, se han tomado medidas, al menos a nivel legislativo, para erradicar las prácticas de tortura comúnmente vinculadas a la obtención de confesiones de los presuntos responsables.[41]

En este sentido, existen disposiciones que expresamente prohíben el ejercicio de actos coercitivos para la extracción de confesiones; que establecen como admisibles sólo las confesiones voluntarias rendidas ante el ministerio público (dentro de los plazos constitucionales en que es legítima la retención del sospechoso); que establecen el derecho a recibir asesoría jurídica al realizar cualquier declaración ante el ministerio público; y que establecen que la confesión, en caso de que haya sido voluntaria, ha de robustecerse con otros indicios (garantizan pues, que la confesión no será tratada como la “prueba reina”).[42]

Sin embargo, existe evidencia que apunta a que en la práctica lo anterior no se cumple:

Para empezar, el requisito constitucional que establece un plazo de 48 horas (o el doble tratándose de delincuencia organizada) como máximo a los efectos de mantener retenido al probable responsable, es interpretado de modo tal que comienza a correr a partir de que la policía, principalmente la policía judicial-ministerial, pone a disposición del ministerio público al individuo en cuestión:

No hay ningún registro, ni mecanismos de control, del oscuro periodo previo en el que los supuestos “probables responsables” están a merced de los miembros de diversos cuerpos policíacos. De ello da cuenta el Reporte Crowley en el siguiente sentido:

 

“…the 48 hour rule is interpreted by the Public Ministry to begin running at the time the Public Ministry gets the defendant rather than the time the judicial police pick him up. Thus the defendant may remain in the unsupervised custody of the judicial police for a significant period of time, often unrecorded, before the 48 hour period of custody by the Public Ministry beginsBecause this extended period of custody by the judicial police is often unsupervised by either the Public Ministry or by counsel, it presents a significant opportunity for the abuse of detainees. Indeed the Inter-American Commission found that most cases of torture and of cruel, inhuman, and degrading treatment occur in the context of the Criminal Justice System, mainly during the early stages of investigation of criminal offenses[43]

 

Los reportes Crowley y Legalizad Injustice han documentado diversas modalidades de tortura que tienen verificativo en este periodo anterior a la puesta a disposición ante el ministerio público, que incluyen violencia física (choques eléctricos, inhalación de gases, golpes, etc.) y, muy especialmente, violencia moral (que implica intimidar a la persona por medio de amenazas referidas a su familia).[44]

El objetivo de las modalidades de tortura aludidas consiste, o bien en hacer que los retenidos firmen papeles en blanco (presumiblemente sus confesiones, las cuales habrán de posfecharse en las agencias del ministerio público para aparentar que fueron rendidas ante aquel), o bien, en intimidar al “sospechoso” al efecto de que, estando ante el ministerio público, realice su declaración en los términos inculpatorios en los que se desea que lo haga (lo anterior debido a la disposición de que sólo son válidas las confesiones ante el ministerio público).[45]

Incluso, hay evidencia de casos en los que el ministerio público vuelve a poner al “sospechoso” a disposición de la policía judicial (sus probables torturadores), toda vez que se resiste a declarar su culpabilidad en relación con los hechos que se le imputan (lo cual apunta a un control deficiente, y hacia una libertad impune en términos del manejo de los registros en que se asienta la hora y circunstancias en que el individuo es puesto a disposición del ministerio público).[46]

Ahora bien, ¿qué podemos esperar que ocurra en el contexto actual en el que no sólo los cuerpos policíacos parecen actuar sin control, sino en un escenario en el que el ejército, no entrenado para desplegar funciones policiales en un ambiente de respeto a los derechos humanos, también ha sido lanzado a las calles para librar una “guerra” contra el narcotráfico?[47]

 

VII El derecho a recibir “asesoría jurídica” al declarar ante el MP

Ahora bien, continuando con el vía crucis del probable responsable, una vez ante el ministerio público y a la hora de rendir su declaración inicial (la cual probablemente será inculpatoria por los efectos de la tortura psicológica y física a la que presumiblemente fue sometido el “sospechoso”), el derecho del indiciado a recibir asesoría jurídica (privada o pública) es brutalmente socavado, el cual es respetado, como suele ser el patrón, sólo de manera formal.[48]

En efecto, en la práctica, la disposición relativa al derecho del indiciado de realizar declaraciones “en presencia de su abogado, o persona de confianza” es interpretada literalmente y la asesoría que debería recibir el presunto responsable (sobre todo cuando no tiene dinero para pagar servicios de defensa privada), se reduce a permitirle al abogado defensor, o persona de confianza, sólo “su presencia” en la audiencia respectiva: No tiene derecho a intervenir de ningún modo, ni durante la misma, y más importantemente, ni antes de que el indiciado realice su declaración inicial.[49]

En este punto, hay evidencia de que tanto ministerios públicos como jueces, actúan sobre la base de la percepción consistente en que la intervención del abogado “contaminaría” la versión de los hechos que “libremente” el indiciado expone, lo cual se complementa con la invocación, por parte del juez, del denominado “principio de inmediación” que, nuevamente, con base en una interpretación perversa, se dice que establece que la “confesión” rendida ante el ministerio público debe recibir un peso preponderante en las operaciones de evaluación probatoria que realiza el juez, incluso ante la retractación del presunto responsable durante su declaración preparatoria o durante el juicio (poco probable por el efecto de la intimidación), por una supuesta razón epistémica consistente en que está más próxima a los hechos y se encuentra, por tanto, libre de las intromisiones de los abogados que supuestamente tenderían a tergiversarla.[50]

En cuanto a los casos en que supuestamente interviene una “persona de confianza” del indiciado, a falta de familiares o amigos de éste, o debido a que, como suele ser el caso, no ha llegado su defensor de oficio y no tiene recursos económicos para un abogado particular, como debe cumplirse con el requisito (al menos formalmente) de que declare en presencia de su abogado o persona de confianza, el Reporte Crowley documenta casos en los que tal papel es desempeñado por empleados del ministerio público, o incluso, por algún policía judicial de entre los que lo pusieron a disposición del agente del ministerio (es decir, probablemente el propio torturador del presunto responsable actúa como su “persona de confianza”).[51]

Además, como la intervención se reduce a la mera presencia, el papel de “persona de confianza” que desempeña en estos casos algún empleado del MP o un policía judicial, se limita a plasmar su firma en el acta respectiva (incluso el juez realiza una verificación formal del requisito sólo percatándose de que en el acta, esté asentada alguna firma de quien sea que hay fungido como defensor o persona de confianza).[52]

 

VIII Los “Defensores Públicos”

Ahora bien, en caso de que se haya asignado un defensor público, el Reporte Crowley proporciona un panorama aún más desalentador para el indiciado refiriéndose a ciertas condiciones en que se desarrollan las actividades de defensoría pública, tales como: la dependencia económica, incluso de asignación de espacios físicos, del ministerio público; bajos salarios; poca preparación técnica; e imposibles cargas de trabajo (33 defensores para 74 agencias y 54 para 132 juzgados: Cada defensor tiene asignados alrededor de 100-150 casos y son programados para “participar” en 3 audiencias diarias en promedio, las cuales tienen una duración de entre 8 y 12 horas).[53]

En este marco, en el que sólo se espera la presencia física (en el mejor de los caso) del defensor sin posibilidades de alguna mayor intervención, con las impresionantes cargas de trabajo, al igual que como sucede con la supuesta “persona de confianza” aludida anteriormente, la “participación” del defensor de oficio se reduce al mero asentamiento de su firma (incluso aunque, como suele ser el caso, haya llegado tarde, o ni siquiera haya aparecido).[54]

Como se ha podido observar, la regla general que rige al sistema es el despliegue escaso o nulo de capacidades de investigación de cuyo resultado pudieran obtenerse indicios que fundamenten, o bien el archivo de los asuntos (“con reservas de ley”), o bien el ejercicio de la acción penal (consignaciones).

Como también se ha comentado, en consonancia con la ley del menor esfuerzo y despliegue mínimo de actividades de investigación, se privilegia el esquema de las consignaciones con detenido (al amparo de las excepciones a la obtención de una orden de aprehensión: flagrancia y urgencia), con endebles bases probatorias consistentes esencialmente en la acusación o señalamiento realizado por alguna persona y en el supuesto robustecimiento del caso mediante la obtención de “confesiones” (presumiblemente resultantes de actos de tortura y de detenciones arbitrarias).

El panorama anterior se complementa con la participación del juez, la cual, como veremos a continuación, garantiza que a las consignaciones con detenido realizadas (recordar que éstas equivalen sólo al 3.3 % de las averiguaciones vigentes en el año), a pesar de las endebles bases probatorias con las que cuentan, les corresponderá una sentencia condenatoria (en los estudios de Zepeda y Pásara se manejan cifras de alrededor del 90% de condenas, al menos en la primera instancia).[55]

En efecto, alguien que partiera del supuesto de la eficacia mínima de un marco normativo como el mexicano que, al menos en teoría, constituye una versión fuertemente (incluso, excesivamente) protectora del acusado, podría aventurar una explicación alternativa en torno a la cuestión de los altos índices de condenas.

La explicación referida podría consistir en atribuir las altas cifras de condenas a un extraordinario desempeño del MP y de los cuerpos policíacos en términos de las investigaciones realizadas. Sólo así podría entenderse que la judicatura mexicana, compuesta por funcionarios judiciales profesionales, guardianes inquebrantables de los criterios o filtros probatorios tan severos distintivos de este sistema protector del acusado, condenara con tanta asiduidad.

El problema con la postura anterior radica en el presupuesto referido a los jueces: En síntesis, estos funcionarios (al menos en el Distrito Federal, pero presumiblemente en otras entidades[56]) obran sobre la base de la “presunción de validez de lo actuado por el MP[57]; e invocan ciertos principios, algunos de ellos asentados jurisprudencialmente (como el de la inmediación, la confesión calificada divisible, los testigos sospechosos de descargo, etc.), que por la interpretación particular que se ha decidido atribuírseles, tienen el efecto de “blindar” el caso presentado por el MP, angostando así las oportunidades para el acusado de derrotarlo, pero sobre todo, contraviniendo la política protectora del acusado, que en la mayoría de los sistemas occidentales prevalece, la cual se manifiesta en principios tales como “la presunción de inocencia”, la “carga ministerial de la prueba”, el “in dubio pro reo”, etc.[58] (De ahí los títulos de los reportes citados en este trabajo, “Pressumed Guilty?”, “Legalized Injustice”- y la aseveración de Pásara y Guillén et. al., de que la instauración del proceso resulta irrelevante, debido a que desde la consignación y después en el auto de término constitucional correspondiente, se prefigura el contenido de la sentencia, el cual es CONDENATORIO[59]).

 

IX El papel del juez (Operaciones de “blindaje” del caso del MP)

La determinación de la plausibilidad/confiabilidad/credibilidad de los indicios que obran en el expediente, es decir, las operaciones epistémicas fundamentales consistentes en determinar la relevancia de los indicios, así como si individual y conjuntamente constituyen evidencia suficiente para justificar la emisión de una condena, en la práctica, han sido sustituidas por el despliegue de operaciones que apuntan hacia una resolución “formal” de los casos, orientada a la obtención preponderante de cifras altas de condenas.

La primera de estas operaciones consiste en invocar el denominado “principio de inmediación”, el cual, originalmente debería garantizar la presencia del juez en las audiencias probatorias, al efecto de ubicarse in situ y tener así un acceso de primera mano a las diversas declaraciones que son vertidas a lo largo de dichas audiencias.

Sin embargo, se ha optado por una interpretación que sostiene que tal principio impone una predilección por defoult, en términos de evaluación probatoria, por la “confesión” rendida ante el MP, con base en un endeble argumento epistémico consistente en que dicha confesión se encuentra más próxima a los hechos y, por tanto, es más “pura” y se encuentra libre de la contaminación derivada de la “intromisión” del abogado defensor.[60]

Si el acusado osa retractarse de la “confesión” rendida ante el MP argumentando que fue extraída por medios coercitivos, la carga de la prueba de dicha aseveración le es trasladada[61]. En este punto, cabe puntualizar las siguientes cuestiones:

1. En primer lugar, no se establece cuál es el grado de “suficiencia probatoria” al que el acusado debe aspirar satisfacer para que se considere probada su aseveración de tortura.[62]

2. Como sucede en general cuando el acusado pretende ofrecer testigos, el juez recurre aún a otro principio jurisprudencial que, por defoult, y sin la previa determinación contextual correspondiente, que en caso de que exista convergencia de varios testigos de descargo (a favor del acusado), incluso en los casos en que la defensa constituye una coartada que ubica al probable responsable en otra situación espacio-temporal distinta a la del delito, procede realizar la presunción de que dicha convergencia de declaraciones presupone alguna clase de “contubernio” por parte de los testigos, y que, en última instancia deben considerarse “sospechosos” en cuanto a sus intenciones de testificar.[63]

3. Es improbable que el acusado tenga acceso a alguna prueba de la tortura que experimentó, ya que, su sola palabra es descontada por insuficiente; su presencia en el lugar en donde probablemente sufrió el despliegue de actos coercitivos por parte de la policía no queda registrada ni documentada de algún modo; por que sólo son considerados en la práctica como “actos de tortura” actos que dejen lesiones físicas (lo cual, además de que va en contra de los estándares internacionales, perjudica a quien sufre violencia moral o amenazas); debido a que la evidencia sugiere que los denominados “médicos legistas” adscritos a las diversas agencias del MP incurren en actos de complicidad no asentando en el acta respectiva la presencia de lesiones, o incluso, curando las que hubiere; o bien, debido a que es “sabido” que la policía judicial ha perfeccionado sus tácticas de tortura a modo de no dejar huellas de sus abusos.[64]

4. Aunado a lo anterior, existe la posibilidad para los policías señalados como perpetradores de los actos de tortura correspondientes, de que se libren de cualquier responsabilidad aún cuando concedan la realización de tales actos, con tal de que sostengan que lo hicieron no con la intención de extraer su confesión, sino incluso, con la intención de propinar a la víctima de sus abusos un castigo (debido a que el requisito para la configuración de la tortura requiere el estado intencional consistente en querer extraer una confesión). En tales casos, el juez persiste (cínicamente) en su consideración de la “confesión” como válida.[65]

Por otro lado, si el acusado ha concedido en su declaración ante el MP, la comisión de una conducta típica (es decir, que satisface los elementos establecidos por la ley para el delito en cuestión), pero inmediatamente argumenta que obró al amparo de alguna “causa de exclusión del delito” (como legítima defensa, estado de necesidad, etc.), el juez invoca el denominado principio de la “confesión calificada divisible”, según el cual se toma de sus declaraciones la parte que perjudica al acusado y se traslada la carga de la prueba de la concurrencia de la causa de exclusión de que se trate.[66]

Esta maniobra atenta contra la definición dogmática ampliamente aceptada que establece que la configuración de un delito depende esencialmente de un juicio de tipicidad, de uno de antijuricidad y de otro de culpabilidad (independientemente de cómo las diversas teorías del delito traten estos tres bloques esenciales). En este sentido, el conceder la comisión de una conducta típica no implica necesariamente la concesión de que se cometió el delito que se imputa, precisamente por que pueden haber concurrido causas que, como su nombre lo indica, excluyen la configuración del mismo, ya sea por que justifican el acto desplegado, o bien, exculpan al acusado con base en la consideración de ciertos elementos situacionales.

Además, el traslado de la carga de la prueba al acusado atenta, por su parte, contra el principio de la “carga ministerial de la prueba”. En este sentido, le correspondería al MP desvirtuar las aseveraciones del acusado relativas a la probable concurrencia de alguna excluyente de responsabilidad penal. Es decir, en tales casos se esperaría del MP una actividad probatoria y argumentativa, mucho más exigente.

Aunado a lo anterior, consideremos, como hemos dicho, que el acusado enfrenta la posibilidad de que, si presenta testigos para probar sus aseveraciones, aquellos sean descartados por defoult, con base en la jurisprudencia de “testigos sospechosos” anteriormente referida.

Para complementar el panorama anterior, la evidencia sugiere aún otra operación de “blindaje” del caso presentado por el MP. Esta tiene verificativo cuando son los propios oficiales remitentes (en los casos de flagrancia) quienes desempeñan el papel de testigos: El juez en estos casos, cita otra jurisprudencia que les otorga, por defoult, un peso preponderante a las declaraciones de dichos oficiales. [67]

Cabe agregar en este punto que hay evidencia que sugiere un patrón según el cual, los oficiales remitentes actúan como testigos “oculares” cuando ni siquiera presenciaron los hechos delictivos que se imputan al acusado.[68]

Por último nos referiremos a la deficiente y formalista motivación que suele acompañar a las decisiones condenatorias de los jueces (nótese que se dice “acompañar a las decisiones respectivas” y no “justificar”, lo cual requeriría de la presencia de buenas razones), la cual, de acuerdo con Pásara, sigue el siguiente patrón:

Se comienza por realizar un “cut and paste” del contenido del pliego de consignaciones rendido por el agente del ministerio público en la etapa inicial del proceso, y se concluye siguiéndose una fórmula del tipo “como se desprende de autos, se concluye que el acusado es culpable”, sin mayores explicaciones. Pásara se refiere a esta cuestión de la forma que sigue:

 

“…Es precisamente la formación de la convicción aquello que no es posible rastrear en muchas de las sentencias examinadas, dado que el texto de la resolución no expresa el camino seguido por el juez para arribar a tal convicción…la mayor parte de las sentencias examinadas se limitó a transcribir todos los elementos de prueba disponibles en el expediente, sin valorarlos específicamente ni precisar qué aspecto de los hechos correspondientes al tipo legal resultaba probado por qué pruebas. En consecuencia, todas las pruebas son menos que analizadas, colocadas en sucesión, sin que se pueda acompañar con precisión el razonamiento que el juez siguió para llegar a la convicción que le hace considerar probado un hecho. A tal efecto, el hilado de una prueba tras otra se apoya en expresiones como: “es preciso mencionar que en autos se cuenta con…”; “apoyando a la conclusión antes mencionada…”; “lo anterior se corrobora con…”; “lo anterior se encuentra robustecido…[69]

 

Como hemos dicho anteriormente, el despliegue de las operaciones referidas ha llevado a Pásara y a Guillén et. al., a sostener que el proceso resulta irrelevante: La consignación y el correspondiente auto de formal prisión (una modalidad del auto de término constitucional) prefiguran el contenido condenatorio de la sentencia.

Como citas representativas de las entrevistas realizadas a algunos jueces en el estudio de Pásara, las cuales muestran un nivel preocupante de cauterización moral en los funcionarios judiciales correspondientes, proponemos las siguientes:

 

“En exploración de esa voluntad de condenar, se preguntó a algunos jueces entrevistados cómo se explican el bajo número de absoluciones. Una juez explicó la dinámica percibida por ella, según la cual “es más fácil condenar que absolver. Absolver implica mayor razonamiento, hay que convencer”…. En pocas palabras, un proyectista entrevistado resumió: “Un juez siempre va a sentenciar para dejar satisfecho el criterio de la sala”…”[70]

 

“… Otro juez refirió el caso de un individuo que fue procesado por robo de vehículo, habiendo sido hallado dentro de un auto pero sin haberse probado que hubiera intentado llevárselo, salvo por una declaración de un menor que dijo que el carro había avanzado dos metros: “Debió ser absuelto –reflexionó el juez en la entrevista- pero lo condené por robo y pensé –“la Sala lo va a absolver”- Sin embargo, la Sala le dio tentativa. Tampoco ellos se atrevieron a absolver…”[71]

 

Incluso, voces al interior de la Suprema Corte, de hecho, la de su propio Presidente en el año de 1999, sostienen que el sistema judicial “enfrenta el mayor descrédito popular de su historia”.[72]

 

X El sistema penitenciario (“Cerrando la pinza”)

En su número 1701, el semanario “Proceso” hace referencia a un estudio llevado a cabo en los reclusorios del país, por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el cual fue coordinado por Pedro Arellano Aguilar, quien es encargado de Pastoral Penitenciaria de la CEM.[73]

En el artículo correspondiente se hace referencia a ciertas conclusiones a las que arribó el mencionado estudio, las cuales apuntan básicamente a que el Estado está implantando una política de “criminalización de la pobreza”, y a que se realizan múltiples operaciones de extorsión a los reclusos (por parte de los oficiales de los reclusorios y presumiblemente permitidos por los directores respectivos), de modo que el sistema penitenciario se concibe como un “gran negocio” para el partido en turno.

Algunas citas relevantes son:

 

 

A)   En relación con la tesis de la criminalización de la pobreza

 

“… El gobierno está implementando una política errónea en los reclusorios, pues parte del supuesto de que la inseguridad es el principal problema del país. Y su respuesta ha sido endurecer las penas con más carcelización: ¡Todo es cárcel, más y más cárcel¡ …”[74]

 

“… de acuerdo con la citada investigación, el 62 % de los jóvenes que están presos por robo se llevaron objetos que valen menos de 2 mil pesos, por lo que pueden considerarse robos famélicos…”[75]

 

B)   En relación con la tesis del gran negocio que representa para los gobiernos el sistema penitenciario

 

“… Los reclusorios son un gran negocio no sólo para las autoridades penitenciarias, sino también para autoridades de más alto nivel. Para muchos gobiernos estatales, el reclusorio es la caja chica de donde se saca dinero para financiar campañas políticas y ambiciones personales…”[76]

… De los 12 mil internos del Reclusorio Norte, 4 mil tienen teléfono celular. Cada uno pagó mil pesos por meterlo, a parte, está pagando a las autoridades del penal una cuota de 500 pesos semanales por usarlo. De manera que las autoridades, tan solo por el uso de celulares, reciben un ingreso semanal de 2 millones de pesos.

… cada interno debe pagar 5 pesos cada que le pasan lista, que es tres veces al día. De manera que el preso desembolsa por este rubro 15 pesos diarios. Así, las autoridades ganan diariamente 180 mil pesos por el pase de lista.

Los presos del reclusorio norte, a quienes apoyan sus familiares, además deben pagar por ir al baño, por tomar agua, por pasar alimentos, por recibir visita conyugal y por varias otras cosas

… Cada año, las autoridades del DF sacan alrededor de mil 700 millones de pesos por esas cuotas que cobran en sus reclusorios…”[77]

 

Es indispensable recalcar que  Rodrigo Vera, autor del artículo citado, apunta que el estudio coordinado por Arellano (en el que supuestamente se realizaron encuestas en más de 350 reclusorios del país, abarcándose con ello a más del 90% de la población penitenciaria nacional), estaba programado para ver la luz pública en julio de 2009.

Todo indica que, en efecto, el informe aludido fue publicado y que generó reacciones recalcitrantes en las autoridades del gobierno del DF[78], sin embargo, no puede consultársele en Internet, no se sabe qué editorial lo publicó y la arquidiócesis de México se toma con muchas reservas el permitir el acceso al mismo.

 

XI Recapitulación Final y algunas reflexiones

Hemos visto que aproximadamente el 75 % de delitos (del fuero común) no son denunciados por la población (presumiblemente con base en la percepción generalizada de ineficiencia y desconfianza en las autoridades); que la evidencia sugiere que, en el caso de que el ciudadano decida acudir a las instancias de procuración de justicia penal respectivas, se encontrara con que las agencias del ministerio público han implementado políticas contextuales con el objetivo de abrir el menor número de expedientes posible, las cuales implican la conformación de criterios de facto –no establecidos en la ley- para tales efectos (i.e., actividades de “reclasificación” de conductas delictivas, instauración de “instancias dictaminadoras” que obran a la manera de “oficialías de partes” desechando los asuntos que, de acuerdo con el empleo de razonamientos poco claros y no transparentes, no merecen la atención respectiva, las prácticas de la “justicia de barandilla”, etc.); que de los expedientes vigentes en un año, sólo se tramita el 61.45 % (quedando pendiente el 38.55 %); y que una vez abiertos los expedientes correspondientes, las determinaciones que aquellos reciben de parte de los funcionarios en cuestión –decidir su archivo “con reservas de ley” (25.4 %), su archivo definitivo (20.25 %), o su consignación (sin y con detenido y con presentado, sólo el 11.4 %)- descansan sobre la regla general del menor esfuerzo y del nulo o escaso despliegue de actividades genuinas de investigación.

En este sentido, por un lado, poco se hace para afrontar las dimensiones del fenómeno delictivo en nuestro país en términos de su prevención y control. El tipo de interacciones que las autoridades de procuración de justicia establecen con quienes acuden a reportar algún delito (trámites excesivos y obstáculos burocráticos que se traducen en una denegación de justicia constante y sistemática), aunado a su pobre desempeño en términos de eficiencia de la investigación, desincentivan la denuncia y motivan al potencial delincuente a delinquir (en la medida en que plausiblemente dentro de sus deliberaciones o cálculos previos puede yacer la creencia en que existen muy bajas probabilidades de ser capturado y eventualmente condenado[79]).

Por otro, y también como reflejo de la regla consistente en el despliegue escaso o nulo de investigaciones genuinas y eficientes, las prácticas sistémicas se han configurado de modo tal que, para asegurar una cuota de consignados (y eventualmente condenados) –mínima en comparación con lo que queda pendiente y con lo que se archiva- se privilegia el esquema de la ausencia de órdenes de aprehensión (casos de “flagrancia” y “urgencia”).

Como se ha dicho, estos casos –convenientemente previstos en el marco constitucional y legal como excepciones legítimas a la obtención de una orden de aprehensión- en la práctica se caracterizan por la sola presencia de alguien que señale al probable responsable como autor del delito que se le imputa (esto ahorra el tener que recabar indicios y establecer líneas de investigación que eventualmente conduzcan a la identificación de algún sospechoso), así como por un deficiente o nulo robustecimiento de dichos casos por parte de las agencias y procuradurías, en términos de la búsqueda y valoración de otros indicios (salvo por las prácticas de tortura orientadas a la extracción de “confesiones”).

A los casos referidos, pese a su insuficiencia probatoria, se les protege en sede judicial por medio de ciertos mecanismos formales que enmascaran el despliegue nulo, por parte de los jueces, de las operaciones epistémicas básicas (determinación de relevancia de indicios y determinación de si individual y conjuntamente son suficientemente confiables y plausibles).

Lo anterior apunta hacia una complicidad pragmática –no necesariamente consciente y explícita- entre MP’s, procuradores y jueces al efecto de condenar con endebles bases probatorias, y de esta manera justificar, al menos en los números (recordar que se condena en alrededor del 90% de las veces), los altos costos que representa para nuestro país el mantenimiento de este tan singular sistema de procuración e impartición de “justicia”.[80]

Ahora bien, pese a que en esta ocasión nos hemos limitado a tratar el procedimiento penal mexicano en materia común, resulta conveniente culminar estas líneas con el trazado de algunos sugerentes paralelismos con el funcionamiento del procedimiento penal en el ámbito federal, y sobre todo en materia de delincuencia organizada.

En este ámbito, el panorama no parece cambiar demasiado: En su análisis de corte periodístico, el cual también debe considerarse tentativo y susceptible de ser robustecido por una metodología de investigación empírica más sólida, Reveles ofrece la siguiente caracterización del sistema federal de procuración e impartición de justicia:

 

“… Sostengo que en México hay más de cuatro Jinetes del Apocalipsis, los cuales pervierten la procuración e impartición de justicia en nuestro país. Aunque se aceptan como un “mal menor”, no debemos perder de vista que estos usos y costumbres pueden conducirnos a un abismo de abusos y descomposición social insalvable. Porque en situación de ausencia absoluta de leyes, pueden ser utilizados políticamente:

-                      La PGR hoy adopta “testigos protegidos” sin ton ni son. Tiene para dar y regalar, todos los perfiles que se requieran son aceptados, lo mismo nacionales que impuestos por Estados Unidos. Sus delaciones irresponsables, para colmo, se aceptan como verdades absolutas.

-                      Se “arraiga” en vez de consignar, ganándose el tiempo necesario para acumular cargos contra el detenido, que muchas veces era inocente. Por esto mismo, hoy no se investiga de manera previa a la captura.

-                      Ha regresado la tortura, que hoy es consuetudinaria. La confesión sacada bajo tormentos tiene a miles de personas en las cárceles del país.

-                      Los agentes del ministerio público y los jueces del país actúan por consigna y asumen, como si de una verdad reveladora se tratara, lo que dicen los policías y los soldados

-                      Hay miles de mexicanos desaparecidos por la delincuencia organizada, por bandas de secuestradores, y por las distintas corporaciones de la fuerza pública, que han reinventado y vuelto a aplicar los viejos métodos represivos de la llamada “guerra sucia”, pero ya no sólo contra supuestos guerrilleros o disidentes, sino contra ciudadanos comunes…”[81]

 

Y en relación con el fenómeno del cumplimiento de cuotas de detenidos y eventualmente condenados, y con el funcionamiento en la práctica de un sistema de fabricación de culpables, Reveles comenta lo siguiente:

 

“… La cifra record de casi 8 mil crímenes derivados de la guerra contra el narcotráfico en 2009 sólo representó el 0.5 por ciento. Ese medio punto porcentual, sin embargo, es el que tiene al país entero suspendido en el terror y el desánimo. Seamos claros, es una minúscula proporción de la delincuencia la que hoy le sirve de pretexto al gobierno federal para movilizar tropas y policías e invadir calles, campos y carreteras, instalar retenes, violentar la cotidianeidad, violar derechos humanos y cumplir con la cuota de detenidos que se necesita para engrosar las cifras de logros y adelgazar la de las fallas de la mal llamada guerra contra las bandas criminales… En medio de este ambiente contaminado e irrespirable, lo peor es que el gobierno emplea cada vez menos investigación y cada vez más coerción en la fabricación de culpables; en lugar de capturar a los verdaderos narcotraficantes y a los criminales organizados, se captura a inocentes[82]

 

 


[1] Candidato a Doctor por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, siendo dirigido principalmente por el Dr. Enrique Cáceres Nieto, a quien agradezco enormemente su invaluable guía, formación, paciencia y amistad a lo largo de ya varios años…

[2] Véase Sefchovich, Sara, País de mentiras, México, Océano, 2008, pp. 334-335.

[3] Véase Zepeda Lecuona, Guillermo, Crimen sin castigo. Procuración de justicia penal y ministerio público en México, México, FCE-CIDAC, 2004, p. 3.

[4] Idem.

[5] Dicha cifra se estima a través de la realización de encuestas de victimización, practicadas a una muestra representativa de la población. A los miembros de la muestra referida se les pregunta si han sido víctimas de algún delito, y en caso de ser afirmativa su respuesta, se les pregunta si lo denunciaron o no. Véase Zepeda, Op. Cit., nota 3, pp. 39, 280, 289.

[6] Para una buena introducción a la teoría de las representaciones sociales, véase, Morales, Francisco, et. al. Psicología Social, Madrid, España, McGrawHill, 1998, pp. 815-842. La teoría de las representaciones sociales se ocupa del conocimiento (contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos) que no sólo desempeña un papel significativo para las personas en su vida privada cotidiana, sino también para la vida y organización de los grupos en los que esa vida transcurre. En este sentido, el foco es puesto no en el individuo, sino en las entidades sociales o comunidades a través de las cuales, aquél realiza su proyecto de vida. Ejemplos de las comunidades referidas pueden ser la comunidad internacional, las naciones, los grupos étnicos, las instituciones gubernamentales, las organizaciones civiles, el ejército, partidos políticos, empresas, sindicatos de profesionistas, fundaciones, gremios de comerciantes, barras de abogados, comunidades científicas, grupos religiosos, clubes, universidades, sociedades de exalumnos, fraternidades, pandillas, la delincuencia organizada, los núcleos familiares etc. De hecho, con los avances tecnológicos actuales, ha surgido el concepto de las comunidades virtuales, cuyos intercambios comunicativos trascienden las limitaciones espaciales y temporales, teniendo lugar preponderantemente en el ciber-espacio. Pues bien, las reglas cognitivas de procesamiento de la información, así como los productos resultantes de aquellas, constituyen el conocimiento característico que proporciona la sensación de identidad colectiva a los miembros de las distintas comunidades, el cual es denotado por la expresión “representaciones sociales”. Este conocimiento es “custodiado” y perpetuado por medio de mecanismos institucionalizados (en mayor o menor grado) de socialización. Morales et. al., atribuyen dos características básicas a las representaciones sociales, a saber: a) el carácter social de su génesis; b) el hecho de que son compartidas ampliamente y distribuidas dentro de una colectividad, lo cual implica que los grupos en cuestión manifiestan ciertos patrones específicos de pensamiento, sentimiento y actuación. En este sentido, el término ‘representaciones sociales’ está afectado de ambigüedad proceso-producto: Por un lado, denota a los procesos, la sociogénesis por la que se crea el conocimiento colectivo a través del discurso y la comunicación; por otro, al producto final de ese proceso, el conocimiento colectivamente distribuido e individualmente accesible.

[7] Zepeda, Op. Cit., nota 3, p. 45.

[8] Idem.

[9] Ibidem, p. 46.

[10] Ibidem, p. 75. Zepeda tendría que considerar a las probabilidades de éxito del delito respectivo como un factor por el cual se tendría que multiplicar la Ganancia del Ilícito, ya que ello influye en sus deliberaciones acerca de delinquir o no (o almenos así tendría que considerarse si partimos del presupuesto de que el delincuente es una persona racional). Agradezco a mi tutor Larry Laudan por esta observación.

[11] Ibidem, p. 79.

[12] Ibidem, pp., 177-180, 205, 280, 281.

[13] Ibidem, pp. 189, 195.

[14] Ibidem, 220.

[15] Ibidem, p. 213.

[16] Ibidem, p. 217.

[17] Ibidem, p. 218.

[18] Ibidem, pp. 224-225.

[19] Ibidem, p. 226.

[20] Ibidem, p. 227.

[21] Pérez Correa, Catalina, “Front Desk Justice; Inside and Outside Criminal Procedure in Mexico City”, en Mexican Law Review Nueva Serie, Vol. 1, Núm. 1, Julio-Diciembre 2008, pp. 15-18.

[22] Ibidem, pp. 17-19.

[23] Ibidem, p. 19.

[24] Zepeda, Op. Cit., nota 3, p. 309

[25] Ibidem, pp. 309-310.

[26] Ibidem, pp. 304-305.

[27] Pérez Correa, Op. Cit., nota 20, p. 17.

[28] Ibidem, pp. 18-19.

[29] Ibidem, p. 18.

[30] “Special Report: Presumed Guilty? Criminal Justice and Human Rights in Mexico; Report of the Joseph R. Crowley Program in International Human Rights / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Joint 2000 Mission in Mexico”, Leitner Center for International Law and Justice, disponible en línea en: http://www.leitnercenter.org/publications/, Fordham International Law Journal, Vol. 24, Núm. 80, 2001, pp. 809-811.

[31] Ibidem, pp. 811-819.

[32] Zepeda, Op. Cit., nota 3, pp. 228-229.

[33] Se refiere a: Bergman, Marcelo, (coord.), Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional. Resultados de la Encuesta a Población en Reclusión en tres Entidades de la República Mexicana, México, CIDE, 2003, p. 45.

[34] Carbonell, Miguel, “Corrupción Judicial e Impunidad: El Caso de México”, en Méndez Silva, Ricardo, Lo que todos sabemos sobre la corrupción y algo más, México, UNAM-IIJ, 1ª ed. 2010, pp. 1-9.

[35] Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 813.

[36] Ibidem, p. 809.

[37] Ibidem, p. 813.

[38] Idem.

[39] Centro de Investigación y Docencia Económicas

[41] Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 821-823

[42] idem

[43] Ibidem, p. 824.

[44] Ibidem, pp. 824-828; Pásara, Luis, Cómo sentencian los jueces del Distrito Federal en materia penal, México, IIJ-UNAM, 2006, pp. 53-56.

[45] Idem.

[46] Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, p. 826.

[47] El panorama se perfila más tenebroso en vista de la reciente reunión de funcionarios mexicanos y estadounidenses del más alto nivel relacionados con aspectos de seguridad nacional en sus respectivos países: Como es sabido, uno de los detonantes cruciales de la reunión en comento fue el asesinato de personal vinculado al consulado norteamericano en Ciudad Juárez (la guerra contra la delincuencia organizada no parece ir siendo ganada por el gobierno federal). Entre los acuerdos alcanzados, escasamente difundidos por los medios convencionales, se encuentra la intervención cada vez más activa de agentes norteamericanos en funciones de inteligencia en México, lo cual, de entrada, ya es cuestionable en términos de atentar contra la soberanía nacional. Sin embargo, resulta aún más preocupante el acuerdo en el sentido de implementar para el caso mexicano, las “tácticas” que las fuerzas militares de los Estados Unidos han desplegado, sin piedad, y también con un éxito endeble, en su invasión a Irak (y en otras “causas libertarias” similares); particularmente las distintivas del trato que el país vecino brinda a sus prisioneros (huéspedes) en Guantánamo y en la cárcel de Abu Ghraib.

[48] Pásara, Op. Cit., nota 43, pp. 48-49, Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 844-855.

[49] Pásara, Op. Cit., nota 43, p. 48, Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, p. 845.

[50] Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 826-838.

[51] Ibidem, pp. 852-853.

[52] Ibidem, p. 846.

[53] Ibidem, pp. 849-852.

[54] Idem.

[55] Pásara, Op. Cit, nota 43, pp. 50-52, Zepeda, Op. Cit, nota 3, pp. 265-279.

[56] Véase Guillén López, Raúl, y Cruz Covarrubias, Armando, La justicia penal en México. Un estudio de caso, México, IIJ-UNAM, 2008, 99 pp.

[57] Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 832, 835

[58] A esta política protectora del acusado, autores como Laudan la denominan “The doctrine of error distribution”

[59] Pásara, Op. Cit., nota 43, pp. 20-22, 60-61

[60] Pásara, Ibidem, pp. 27-29; Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 828, 830, 832.

[61] Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 832.838.

[62] Ibidem, pp. 833-834.

[63] Pásara, Op. Cit., nota 43, p. 30.

[64] Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 832-837.

[65] Ibidem, p. 837.

[66] Pásara, Op. Cit., nota 43, pp. 29, 31.

[67] Ibidem, pp. 12-13.

[68] Idem.

[69] Ibidem, pp. pp. 16-20.

[70] Ibidem, pp. 51-52.

[71] Ibidem, p. 58

[72] Entrevista de Agustín Ambriz a Genaro Góngora Pimentel, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recogida en: Góngora Pimentel, G. Encuentros con los Medios, Poder Judicial de la Federación, 1999, pp. 11-12. Citado por Carbonell, Op. Cit., nota 33, p. 4.

[73] Vera, Rodrigo, “La carcelización”, Semanario PROCESO, No. 1701, junio de 2009.

[74] Ibidem, pp. 6-7.

[75] Ibidem, p. 8.

[76] Ibidem, p. 9.

[77] Ibidem, p. 10.

[79] Al menos por el delito que eventualmente pudiera decidir cometer como resultado de sus deliberaciones.

[80] Zepeda, Op. Cit., nota 3, pp. 157-171.

[81] Reveles, José, El cartel incómodo: El fin de los Beltrán-Leyva y la hegemonía del Chapo Guzmán, México, Grijalbo, 2010, pp. 231-233.

[82]Ibidem, p. 231.

El procedimiento penal mexicano en materia común: Hacia un modelo integral de su funcionamiento en la práctica

Edgar R. Aguilera[1]

edgaraguilera50@hotmail.com

 

“… México entra al siglo XXI de la mano de la mentira y la simulación, compañeras fieles a lo largo de su historia, pero que ahora han alcanzado alturas insospechadas. Porque como nunca la incongruencia entre el discurso del poder y la realidad es enormeNos la hemos pasado creando instituciones, promulgando leyes, firmando convenios. Hemos adoptado ideas de otras culturas pretendiendo que estamos de acuerdo con ellas. Usamos los conceptos que la comunidad internacional pone de moda y que nosotros, en el afán de ser aceptados por ella, hacemos creer que creemos. Son los discursos política, ideológica y culturalmente correctos de nuestro tiempo y son asuntos que se presentan como moralmente incuestionables y que además se prestan a las hermosas palabras, a los grandes programas y a las preciosas promesas. Pero ¿y luego qué? Luego simple y llanamente no cumplimos nada de eso. La mentira es la esencia de nuestra vida política y lo que le permite seguir funcionando…”[2]

SUMARIO: I Objetivo; II La variable institucional y la prevención-control de la criminalidad (Contribuyendo a la impunidad); III Carga de trabajo excesiva y conformación de criterios de facto para la atención de asuntos (ampliando el “zoom” de la lente); IV Investigaciones deficientes y justicia “de escritorio”; V Consignaciones con detenido, sin previa orden de aprehensión (el platillo predilecto); VI Prácticas de Tortura para la obtención de “confesiones”; VII El derecho a recibir “asesoría jurídica” al declarar ante el MP ; VIII Los “Defensores Públicos”; IX El papel del juez (Operaciones de “blindaje” del caso del MP); X El sistema penitenciario (“Cerrando la pinza”); XI Recapitulación Final y algunas reflexiones

I. Objetivo

En el presente reporte se pretende levantar un modelo plausible, aunque tentativo y seguramente incompleto, del funcionamiento del procedimiento penal en materia común en México, mediante la integración de elementos provenientes de diversos estudios empíricos en torno a la cuestión, los cuales, hasta donde sabemos, habían permanecido inconexos.

Nuestro objetivo –modesto por la metodología empleada- consiste en aportar bases que justifiquen la necesidad de proseguir y ampliar la investigación acerca del funcionamiento del procedimiento penal, sobre todo teniendo en cuenta el estado de transición en el que actualmente se encuentra nuestro país, propiciado por las reformas recientes orientadas a la implementación de un sistema de corte acusatorio, ya que la acogida exitosa o no del nuevo sistema estará fuertemente condicionada por los patrones conductuales, vicios e inercias que han venido gestándose a lo largo del tiempo en las prácticas cotidianas de los operadores jurídicos correspondientes (patrones conductuales, vicios e inercias que deseamos evidenciar en este trabajo).

II La variable institucional y la prevención-control de la criminalidad (Contribuyendo a la impunidad)

En su importante estudio, Zepeda Lecuona hace referencia a la configuración de tendencias delictivas crecientes en México a partir de la segunda mitad de la década de los noventa (el número de reportes sobre posibles ilícitos del fuero común en todo el país se incrementó de 809 mil denuncias durante 1991, y de un millón 111 mil en 1994, a casi millón y medio en 1997).[3]

Pese a un ligero descenso en dichas cifras, para 2001 (época de corte de su análisis) se reportaron 1 millón 398 mil ilícitos de competencia local en todo el país.[4]

El panorama anterior constituye sólo una aproximación a las verdaderas dimensiones del fenómeno delictivo si se tiene en cuenta lo que ha dado en llamarse la “cifra negra”, es decir, la proporción de delitos presumiblemente cometidos, pero no denunciados. De acuerdo con el autor en comento, en México dicha cifra es del 75%.[5]

La cifra negra previamente aludida se encuentra íntimamente vinculada a las representaciones sociales[6] imperantes en la ciudadanía relativas al desempeño de sus instituciones (cuerpos policíacos y procuradurías principalmente).

En este sentido, de acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores de 1998, sólo el 32% de los encuestados de la muestra en México señaló tener confianza en la policía (cuando el promedio mundial fue de 53%); en la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001 de la Secretaría de Gobernación, sólo el 6.98% de los encuestados manifestó tener “mucha confianza” en la policía, en tanto que 15.62% señaló que tenía “algo” de confianza.[7]

Así mismo, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en las Entidades Federativas, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), las principales causas por las que no se denunciaron los ilícitos a las autoridades respectivas son: “Pérdida de tiempo y/o trámites largos y difíciles (50%); “desconfianza en la autoridad” (19%); “delito de poca importancia” (9%); y “no tenía pruebas” (9%).[8]

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001 de la Secretaría de Gobernación anteriormente referida, reveló que no se denunciaron los delitos respectivos en virtud de que se consideró una pérdida de tiempo (50%), 13% señaló la dificultad y tardanza de los trámites ante el Ministerio Público, 11% por desconfianza, y 9% por miedo al agresor.[9]

La “variable institucional” (el desempeño de los cuerpos policíacos y procuradurías, así como el tipo de interacciones comunicativas que aquellos establecen con la ciudadanía) no sólo incide en la conformación de la cifra negra, sino que adquiere un papel fundamental si se le observa desde ciertos modelos que explican las causas de la criminalidad enfatizando la “ganancia esperada” (expected utility) que obtendría el posible delincuente al plantearse la disyuntiva de llevar a cabo o no alguna conducta delictiva.

En este marco, el “valor esperado de delinquir” para el potencial criminal se obtiene del modo que sigue:

 

[(Ganancia del ilícito – Ganancia que pudiese obtener de una actividad lícita) – (Severidad de la pena x Probabilidad de captura)][10]

 

Podemos ver en la fórmula anterior el papel crucial de la variable institucional en los cálculos (percepciones) del delincuente, la cual puede incluso convertirse en un poderoso elemento motivador para delinquir (en la medida en que el potencial criminal considere que la probabilidad de su captura y eventual condena es muy baja).

Como comenta Zepeda, algunos gobiernos han optado por diseñar políticas disuasorias atendiendo exclusivamente al factor “severidad de la pena” (las cuales descansan sobre la expectativa de que el posible criminal quedará desalentado al percatarse del riesgo de sufrir un castigo riguroso). Con esta maniobra, el factor “probabilidad de captura” íntimamente ligado a un adecuado desempeño de las instituciones de procuración e impartición de justicia, queda relegado.[11] México se encuentra en esta línea.

En su estudio, Zepeda ha obtenido las siguientes cifras-promedio a nivel nacional que evidencian el pobre desempeño de la variable institucional:[12]

En un año, se encuentran vigentes aproximadamente 2 millones 400 mil averiguaciones previas, 57.6 % de las cuales se inician en el año respectivo y 42.4% constituyen el rezago del año anterior.

En el año respectivo se tramita el 61.45%, mientras el 38.55 % restante queda pendiente.

De las averiguaciones tramitadas, el 25.4% se archiva con reservas de ley, por no haberse hallado evidencia suficiente que permita la identificación de algún sospechoso. Como veremos después, en la mayoría de los casos, la determinación de que no hay evidencia suficiente no resulta de la puesta en marcha de una investigación (pesquisa) diligente y cautelosa, sino o bien de una investigación meramente formal que implica, en el mejor de los casos, que la policía judicial realice algunas entrevistas en el lugar de los hechos (si es que por fin se decide turnársele el asunto), o bien dicha determinación resulta del fracaso de la propia víctima en términos de no haber recabado pruebas para “su” caso (cuando en teoría, la carga de indagar, obtener y presentar pruebas corresponde al Estado).

El 36.05% de averiguaciones se consideran concluidas en los siguientes sentidos: 20.25% son archivadas en forma definitiva por factores tales como la prescripción, muerte del indiciado, amnistía, perdón del ofendido, etc.; el MP. se declara incompetente en 4. 4% de las averiguaciones; y sólo el 11.4% son efectivamente consignadas.

De ese 11.4%, el 5% son averiguaciones sin detenido (en las que probablemente, si en efecto obran elementos que prueben plenamente el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, se obtenga una orden de aprehensión de parte del juez, a la cual habrá de dársele cumplimiento); 3.1% son averiguaciones con presentado (“presentado” denota a alguien que se presenta voluntariamente al juzgado en cuestión por haber obtenido previamente, o bien, un amparo, o su libertad bajo caución; o alguien que es llevado a los estrados del juzgado en cumplimiento de alguna orden de aprehensión); y 3.3% lo constituyen averiguaciones consignadas con detenido.

Así mismo, de acuerdo con el estudio, la policía judicial-ministerial presenta una eficiencia en el cumplimiento de órdenes de aprehensión de un 50% (lo que significa que, sólo el 2.5% de las averiguaciones sin detenido prosiguen su cauce).

De las cifras anteriores, Zepeda obtiene un indicador promedio de efectividad de un 18.25% en el desahogo de averiguaciones previas.[13]

Otro indicador fundamental del estudio de Zepeda es el referido a la probabilidad promedio de que el autor de un crimen sea capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial, la cual durante el año 2000, fue de 3.3% (impunidad de 96.7%).[14]

 

III Carga de trabajo excesiva y conformación de criterios de facto para la atención de asuntos (ampliando el “zoom” de la lente)

Como explica Zepeda, ante la imposibilidad de despachar en su totalidad la excesiva carga de trabajo, las procuradurías promueven la política consistente en que al interior de cada agencia se establezcan criterios de facto –no establecidos en la ley- a los efectos de determinar las características de los asuntos que serán merecedores de atención.

La consigna, como veremos a continuación, es que se engrose lo menos posible el número de expedientes abiertos y que las capacidades de investigación sean desplegadas al mínimo (razón por la cual, como veremos más adelante también, se privilegian aquellos asuntos en donde ya se cuente con algún sospechoso).

A esta situación, el autor en comento la percibe como una supremacía inapropiada (aunque quizá comprensible) del principio de oportunidad sobre el principio de legalidad. En este sentido, Zepeda sostiene que:

 

“… Los criterios empleados y los controles sobre las decisiones sobre los casos que es posible atender y aquellos que se tienen que dejar de lado no siempre están previstos en el marco legal, por lo que debe analizarse el entorno institucional en el que se aplica la discreción del ministerio público en el desahogo de las averiguaciones…[15] el exceso de trabajo y la mala organización para atender las demandas ciudadanas de servicios, son la puerta por la que acceden a las agencias del ministerio público la discrecionalidad y el predominio de los objetivos de facto sobre las directrices constitucionales y legales…”[16]

 

Otra cita relevante del trabajo del autor es la siguiente:

 

“… Particularmente riesgoso es que el rezago en la atención de las investigaciones pueda justificarse por la imposibilidad material y humana de sacar adelante la carga de trabajo asignada. En virtud de que “nadie está obligado a lo imposible”, los criterios de supervisión y revisión de los controles internos del ministerio público se vuelven más laxos y tolerantes, y se legitima la configuración y ejercicio de atribuciones discrecionales o emergentes para atender o abandonar los casos. En este entorno de exceso de trabajo y discrecionalidad pueden arraigarse ineficiencias y bajos niveles de calidad en los servicios, así como abrirse paso prácticas corruptas y descuido o negligencia en el trámite de los expedientes…[17]

 

Uno de los patrones identificados por Zepeda orientados a lo que denomina “un combate estadístico de la criminalidad”, el cual implica no engrosar los pasivos de carga de trabajo pendiente, tiene que ver con prácticas de “reclasificación” de conductas delictivas.[18]

Podemos encontrar un ejemplo de lo anterior en el caso de “robo de pasaporte”, el cual, en el estado de Baja California solía corresponder a un tercio de las denuncias de robo. Para afrontar esta situación, la procuraduría desarrolló un criterio según el cual, todos los casos de robo de pasaporte habrían de clasificarse como casos de “extravío de documentos”, ante lo que se procedería sólo mediante el levantamiento del acta respectiva (sin abrir investigación alguna).

Como explica el autor, quizá muchos de los casos en efecto correspondían a extravíos, sin embargo, la procuraduría condenó a la indiferencia a múltiples posibles ilícitos, al no dedicarles recurso alguno al efecto de su comprobación.

Algo similar sucede con el caso de robo de teléfonos celulares a nivel nacional. Las autoridades asumen que en la totalidad de los casos los ciudadanos mienten sosteniendo que fueron víctimas de robo con violencia (ya que los seguros pagan o reponen el teléfono sólo cuando se satisface esta condición). En esta línea, lo único que hacen es extenderles un acta sin que se abra la averiguación respectiva.[19] De nuevo, el problema radica en la generalización apresurada que permite dar un tratamiento “en bloque” a todos los casos.

Otra “válvula de escape” que las procuradurías emplean, por ejemplo, en el estado de Jalisco, consiste en la instauración de “instancias dictaminadoras” que, a la manera de una “oficialía de partes” determinan si procede o no asignar el caso a alguna agencia del MP. El ciudadano, luego de hacer su denuncia debe volver a la semana siguiente (si no regresa mejor). Si regresa y observa que su caso no ha sido turnado a alguna agencia, significa que el dictaminador consideró, con base en criterios internos y poco transparentes, que el asunto no procedió. Si el ciudadano no está de acuerdo tiene que realizar un “alegato de oído” frente al dictaminador, quien simplemente puede persistir en su postura de desechar el caso. Ante lo anterior, al denunciante sólo le queda instaurar una queja formal ante la Procuraduría o acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.[20]

Un patrón similar al anterior es reportado por Catalina Pérez Correa.[21] En su estudio describe lo que ha dado en llamarse “la justicia de barandilla”, expresión que hace referencia a la forma en que el personal de la barandilla –primer personaje con el que la ciudadanía hace contacto cuando acude a una agencia del M P en el Distrito Federal- despacha los asuntos decidiendo cuáles merecen atención y cuáles no.

Para comenzar, Pérez Correa advierte que suele ser el caso que tal funcionario sea un estudiante de derecho (incluso ni siquiera “pasante”) poco preparado que, como parte de su actividad cotidiana, ofrece asesoría de mediana calidad al público que por desinformación (y esto contribuye a la conformación de excesivas cargas de trabajo y desperdicio de tiempo y recursos), se presenta ante el MP esperando que le sea proporcionada información jurídica de cualquier índole.

El proceso que se describe en el estudio correspondiente es el siguiente: El funcionario de barandilla, sin excepciones y sin considerar las circunstancias apremiantes de algunos casos, comienza por solicitar al denunciante su identificación y forzosamente una copia fotostática de la misma (requisito no regulado). Sólo hasta que cumple con tal exigencia se le presta atención.

Habiendo cubierto el requisito, se le pide al ciudadano que ofrezca una descripción oral de los hechos probablemente delictivos, la cual es evaluada por el funcionario al efecto de determinar si vale la pena o no abrir una investigación (recordemos que se trata de un estudiante de derecho el que hace esta primera apreciación, presumiblemente poco preparado y poco sensibilizado con las implicaciones que acarrea la defraudación sistemática y constante de las expectativas de justicia de los gobernados).

Si decide internamente que no vale la pena continuar con el procedimiento pero no desea hacérselo saber de ese modo al denunciante, incurre en el llenado de una “acta especial”, lo cual constituye un mero acto simbólico que engaña al ciudadano haciéndole pensar que se ha abierto una investigación, pero en realidad no sucede así.

Si decide que vale la pena continuar, procede a pedirle al ciudadano que llene algún “formulario preestablecido”. Si a juicio del funcionario de barandilla el denunciante no llena adecuadamente la forma, se le hace llenar otra. Si persiste la situación, el propio funcionario comienza a dictar el contenido al ciudadano (pudiendo o no corresponder con lo que realmente experimentó aquel).

El asunto entonces se turna a un encargado de “mesa”. Si está ocupado, abre el caso en su computadora, pide nuevamente al denunciante realizar una descripción oral de los hechos, establece una cita (que puede postergarse indefinidamente) para que regrese y le entrega una copia de su denuncia.

Si no está ocupado, el encargado de la mesa abre el expediente en la computadora, introduce la descripción (que quizá viene ya distorsionada por la intervención del funcionario de barandilla), y si no hay sospechoso, se turna a otra mesa en la que el asunto probablemente se archive, primero con reservas de ley por falta de evidencia, y luego, definitivamente por el tiempo transcurrido.

Lo anterior debido a la escasa eficiencia en las investigaciones que, en el mejor de los casos equivalen a la realización de alguna entrevista en el lugar de los hechos, sin embargo, suele suceder que los propios agentes judiciales, sin haber realizado pesquisa alguna, llenen reportes inútiles de los que no se desprende información relevante para proseguir. El encargado de mesa, a sabiendas de lo anterior, en muchas ocasiones ni siquiera turna la solicitud correspondiente a la policía judicial para que realice la investigación respectiva, y se adelanta en el llenado de una forma en la que se asienta que no se obtuvieron indicios ni información útil para la identificación de algún sospechoso “como resultado de la investigación”.[22]

El panorama anterior en torno a las investigaciones se complementa con la baja calidad de los servicios forenses que incluyen funcionarios poco preparados, no inversión en tecnología, etc.[23]

Aún otro patrón general para el desahogo de cargas de trabajo excesivas y para evitar el despliegue de una verdadera investigación tiene que ver con depositar en la víctima y sus abogados, la responsabilidad de aportar pruebas para el caso correspondiente (como veremos más adelante, esta conducta puede estar cimentada en la percepción de futilidad de las investigaciones que los propios procuradores y ministerios públicos tienen). En este sentido, Zepeda comenta lo siguiente:

 

“… Por insuficiencia de recursos materiales o humanos… o sencillamente por la ley del menor esfuerzo, los costos de aportar, ubicar y presentar testigos se han depositado en la víctima. Los afectados por los delitos reciben mandatos de los funcionarios: “tiene que traer testigos”, “debe traer un inventario”… Si se logró la detención del presunto responsable y el término constitucional está en marcha, la presión sobre la víctima aumenta, pues tiene que reunir las pruebas de su caso… si no presentan las evidencias que se les han solicitado tendrán que liberar al presunto responsable…”[24]

 

Lo anterior se manifiesta con mayor contundencia en los casos de “querella”. En estos casos, la denominada facultad de “coadyuvar” a la investigación, que le es concedida a la víctima, es interpretada por parte de las procuradurías, como una liberación de cualquier responsabilidad de realizar una investigación y de reunir pruebas. Dicha responsabilidad se posa entonces, con mayor claridad (e incluso, considerándose justificada tal maniobra con base en el marco legal) sobre los hombros de las víctimas y sus abogados.[25]

En la situación anterior, puede observarse una interpretación de la figura de la “coadyuvanza” acorde con el entorno situacional de discrecionalidad y excesiva carga de trabajo, donde lo único que importa es no engrosar el número de expedientes abiertos. Se trata pues, de una especie de “fraude a la ley”, en este caso, emanada de los propios funcionarios encargados de aplicarla.

 

IV Investigaciones deficientes y justicia “de escritorio”

Los estudios considerados coinciden en destacar la baja calidad de las investigaciones. En esta línea, Zepeda sostiene que:

 

“…El tiempo es un factor decisivo en la investigación de los delitos, la reacción inmediata y las indagaciones y levantamiento de evidencia en el lugar donde se cometió el delito en cuanto acaba de ocurrir el ilícito aumentan considerablemente las probabilidades de resolver la investigación y capturar a los probables responsables, sin embargo, esto casi nunca ocurre. Sólo cuando se está dando algún ilícito en el que algún testigo da aviso (una riña, un lugar donde se depositan materiales sospechosos) a los teléfonos de emergencia pueden dar algún resultado; pero en otros, como el robo de un vehículo o un secuestro, la reacción no logra ser oportuna para arribar al lugar de los hechos antes de que se escapen los responsables…Si es que personal de las procuradurías, generalmente policías judiciales, acude al lugar de los hechos (por ejemplo a una casa que fue asaltada), no es sino hasta varios días después y se limitan a pedir detalles (todos ellos ya declarados en la denuncia) sin que se levante mayor evidencia, mucho menos análisis periciales…”[26]

 

En el estudio de Pérez Correa se realizan observaciones similares:

 

“… The Mexico City’s Criminal Code stipulates that, even in cases without a suspect, public prosecutors must conduct a pretrial investigation using every procedure available that might aid in finding evidence and identifying suspects… At MH5, and MH3 these proceeding were carried out in form but not in substance…. in most cases MH5’s public prosecutors did not visit crime scenes, but requested that the police, experts, or both visit the crime scene. Police and expert visits rarely yielded any information useful to the case[27]

 

La situación se agrava al punto de evidenciar conductas tales como la entrega de reportes, por parte de la policía judicial, en los que se asientan los resultados (inútiles) de una supuesta investigación que en realidad no tuvo verificativo, a lo que algunos encargados de mesa se adelantan registrando en el archivo del caso respectivo que “no se obtuvieron indicios luego de realizarse la investigación correspondiente” sin siquiera haber turnado la solicitud a la policía judicial para que diera cumplimiento a la investigación:

 

“…Investigations at MH3 and MH5 rarely yielded any evidence or information to aid in identifying suspects, presumably because no real investigation took place at any levelMH5`s public prosecutors and clerks seem to sense the futility of police reports and the impossibility of identifying suspects. On one occasion, an MH5’s clerk was opening an investigation for a stolen cell phone. The victim claimed he had not seen the assailants. Minutes after the victim left with his case file number, the clerk added a note to the case file stating that at 23:00 hours, he had received a report from the police stating there was no evidence of or witnesses to the events reported by the victim. The clerk made this entry before requesting that the judicial police visit the crime scene: “They use a model form and fill it out each time. They don’t even visit the crime scene”…”[28]

Como se ha dicho antes, las procuradurías parecen privilegiar una concepción “estadística”, “administrativa” y “burocrática” de lo que constituye una investigación, canalizando la mayoría de su tiempo y esfuerzo a la confección del debido expediente. De lo anterior da cuenta Pérez Correa en la siguiente cita representativa:

 

“… The work of the public prosecutors and clerks primarily consisted of assembling case files, a task done at their desks. Every decision made by a public prosecutor or clerk and every procedure ordered or conducted must be included in the file, a time-consuming activity. Furthermore, this information must be supported by the corresponding statutes in the Code of Criminal Procedure and its bylaws. In addition to this, each page in the file must be numbered, signed and stamped to prevent any page from being lost or omitted. Stamping and signing represents an additional burden… Since each agent and clerk handles a large number of cases, there is little time to actually investigate crimes…”[29]

 

V Consignaciones con detenido, sin previa orden de aprehensión (el platillo predilecto)

Como se explica en el reporte especial “Presumed guilty?”[30] (en adelante “Reporte Crowley”), con base en la suscripción de varios instrumentos internacionales y en el correspondiente marco constitucional, en México existen, en teoría, las condiciones que deberían encausar las actividades de investigación de las procuradurías y cuerpos policíacos de modo que siguieran un esquema que implica la realización de una investigación cautelosa y diligente de la cual pudiera obtenerse evidencia suficientemente robusta como para superar el filtro de ponderación de la misma que realiza un juez competente.

Si el umbral de suficiencia –que supuestamente es riguroso en términos de exigir la prueba plena del cuerpo del delito e indicios que permitan realizar razonablemente la asunción de que el sospechoso es probablemente responsable de los hechos imputados- es satisfecho, se justifica entonces la emisión de la orden de aprehensión respectiva a la que habrá de darse cumplimiento.

Como puede observarse, el eje central del esquema previo lo constituye la realización de una sólida investigación que arroje elementos suficientes en contra de alguien, a lo que le seguiría el correspondiente ejercicio de la acción penal por medio de una consignación sin detenido.

Sin embargo, en el entorno de carga excesiva de trabajo, configuración de facto de criterios para la denegación de justicia, delegación de la responsabilidad de probar a las víctimas (la cual se piensa justificada con base en cierta interpretación ad hoc de la figura de la “coadyuvanza”), percepción (plausiblemente justificada) de futilidad de las pseudo-investigaciones realizadas por la policía judicial, el pobre desempeño en la ejecución de órdenes de aprehensión previas, el tiempo que se dedica a la confección del respectivo expediente (“justicia de escritorio”), es decir, en un ambiente en el que en términos generales impera la ley del menor esfuerzo, no es razonable esperar que en la práctica, el sistema opte regularmente por el seguimiento del esquema constitucional anteriormente planteado.

Alguien podría señalar en este punto que la realización de una sólida investigación no es un asunto optativo, es decir, constituye una obligación en atención al marco jurídico que regula la cuestión. Incluso podría señalar que las detenciones justificadas sobre la base de la emisión de las respectivas órdenes de aprehensión constituyen un derecho fundamental, cuyo respecto es exigible al Estado a la manera de un derecho público subjetivo.

El señalamiento anterior queda sin efectos al ser atestiguada la presencia de ciertas “excepciones” (muy convenientes por cierto) al requisito de la orden de aprehensión (y por tanto, al despliegue de una sólida investigación previa y la correspondiente consignación sin detenido) imperantes en el ordenamiento jurídico mexicano: los denominados casos “urgentes” y los casos “en flagrancia”.[31]

En efecto, al amparo de las dos figuras jurídicas previas, el sistema asegura una cuota de averiguaciones “concluidas”, cuyo denominador común, tal y como sucede con los expedientes que se archivan “con reservas de ley” por una determinación presumiblemente errónea, defectuosa o insuficientemente justificada de que no hay elementos-indicios suficientes -25.4% – (que eventualmente terminan en el archivo definitivo), y con los que se archivan definitivamente (20.25%), consiste en el escaso o nulo despliegue de actividades genuinas de investigación.

Al respecto, considérese lo que Zepeda nos dice:

 

“… Los casos descritos en estas páginas refieren la discrecionalidad para iniciar una investigación o averiguación previa, pero también… puede apreciarse que una vez iniciadas las averiguaciones también se discriminan los casos que quedarán en el olvido hasta que prescriban, y se privilegian los asuntos cuya investigación podrá ser concluida. Desde luego, los casos a los que se les da preferencia son aquellos en los que al llegar la denuncia también se presenta al presunto responsable capturado en flagrancia, es decir, las averiguaciones con detenido, pues se tiene el término constitucional de 48 horas, o el doble si se trata de una conducta contemplada como delincuencia organizada para determinar si hay delito que perseguir y comprobar la probable responsabilidad del detenido y, en su caso, consignar la averiguación ante el juez…Aquellos casos en los que no exista detenido, no haya evidencias claras, o interés por parte del denunciante están prácticamente destinados a aguardar en los archivos hasta que prescriban…”[32]

 

Por su parte, Miguel Carbonell nos ofrece los siguientes datos:

 

“De acuerdo con una encuesta aplicada a población penitenciaria,[33] la mayoría de las detenciones realizadas por la policía con motivo de la comisión de un hecho delictivo son realizadas en el mismo momento de cometerse el hecho, o durante las siguientes tres horas. El 48% de los encuestados declaró haber sido a escasos minutos (menos de 60) de la comisión del delito. Otro 22% fue detenido entre la segunda hora (minuto 61 en adelante) y las 24 horas siguientes. Es decir, el 70% de los detenidos lo fueron con menos de 24 horas de distancia respecto a la comisión del delito. Estos datos, además de poner en evidencia la falta de capacidad de investigación de la policía, permite concluir que si las detenciones no son realizadas en el momento mismo de cometerse el hecho delictivo, es probable que los responsables no lleguen nunca a ser detenidos…[34]

 

En la cita transcrita, Carbonell en efecto pone el acento en la falta de capacidades de investigación de la policía, así como en el hecho de que la mayoría de las consignaciones adoptan la modalidad “con detenido”. Sin embargo, asume que, al menos en lo que toca a las detenciones “en flagrancia” de las que habla, por tratarse de la captura del sujeto casi inmediatamente después de la supuesta comisión del hecho delictivo, las detenciones están libres del despliegue de estratagemas que pudieran desvirtuarlas. Nada más alejado de la realidad.

En la mayoría de loa casos de flagrancia y/o urgencia, además del detenido respectivo, basta la sola presencia de un “acusador” (la supuesta víctima, algún testigo, que pueden ser los propios oficiales remitentes judiciales o no, o el supuesto coparticipe del delito), sin que se realicen esfuerzos por determinar el grado de plausibilidad/confiabilidad/credibilidad de sus declaraciones (tal vez el acusador procede de tal modo por “venganza”, o tal vez los propios policías remitentes, por la necesidad de cumplir con sus cuotas de puestas a disposición, fabricaron el caso, etc.), ni por recabar mayores indicios que robustezcan el caso correspondiente, salvo por las prácticas de tortura orientadas a la extracción de “confesiones” que abordaremos en breve.

El Reporte Crowley se pronuncia en el sentido de la debilidad probatoria -con tintes inquisitorios- de las consignaciones con detenido (propiciada por la laxitud del lenguaje en el que están formuladas las excepciones a la obtención de una orden de aprehensión referidas) en la siguiente cita:

 

“… The breadth of the exceptions removes large numbers of cases from the protection of the warrant requirement without ensuring that other indicia of guilt are present… As professor Miguel Sarre observed “with the en flagrancia exception, it is enough if anyone fingers the individual as having committed the crime within 48 hours…”[35]

 

El estado de cosas anteriormente expuesto, crea las condiciones propicias para que los diversos cuerpos policíacos (judiciales-ministeriales o no) incurran en detenciones arbitrarias “legalizadas”, a las que el Reporte Crowley y el Reporte Legalized Injustice, con base en la evidencia recabada en sus estudios, no dudan en considerar como autenticas violaciones a los derechos humanos que socavan la protección que supuestamente debería otorgar la exigencia constitucional de órdenes de aprehensión en el sentido de supeditar dichas órdenes a la presencia de indicios suficientes resultantes de la conducción diligente de investigaciones sólidas (como se muestra en el Reporte Crowley, este problema ha sido enfáticamente señalado por la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos[36]). Considérese la siguiente cita:

 

“…Although such arrests may technically be legal under Mexican Law, the breadth of the exceptions undermines the protective value of the warrant requirement to such a degree that many of these legal arrests must be regarded as arbitrary and, therefore, in violation of international human rights norms…”[37]

 

La percepción de que la propia regulación jurídica de la cuestión legitima tales actos (por ello “detenciones arbitrarias legalizadas”) se refleja en la postura oficial según la cual no existe el fenómeno de las detenciones arbitrarias por la sencilla razón técnica de que, o bien son el resultado del cumplimiento de una orden de aprehensión, o bien, se encuadran dentro del ámbito de denotación de las excepciones establecidas, con lo que cualquier modalidad de actuación de los cuerpos policíacos y de las procuradurías queda protegida por un círculo perfecto de “legalidad”.. Al respecto, el Reporte Crowley sostiene que:

 

“… The general requirement of a warrant, coupled with these very broad exceptions, provides a basis for Mexican officials interviewed by the delegation to claim that arbitrary detention is rare (or even nonexistent) in Mexico. It is rare, they argue, because either a warrant is obtained or the case falls within one of the two exceptions to the requirement…”[38]

 

Como lo muestra el documental ampliamente difundido del CIDE[39], titulado “El Túnel”[40], existen indicios de que, incluso los cuerpos policíacos trabajan con el propósito de cumplir con las denominadas “cuotas de puesta a disposición” y las correspondientes “cuotas de consignación”; y al decir de algunos agentes de policía entrevistados, “que haya elementos suficientes para consignar, es otro asunto”.

 

VI Prácticas de Tortura para la obtención de “confesiones”

Con base en el marco constitucional y de tratados internacionales vinculantes para México, se han tomado medidas, al menos a nivel legislativo, para erradicar las prácticas de tortura comúnmente vinculadas a la obtención de confesiones de los presuntos responsables.[41]

En este sentido, existen disposiciones que expresamente prohíben el ejercicio de actos coercitivos para la extracción de confesiones; que establecen como admisibles sólo las confesiones voluntarias rendidas ante el ministerio público (dentro de los plazos constitucionales en que es legítima la retención del sospechoso); que establecen el derecho a recibir asesoría jurídica al realizar cualquier declaración ante el ministerio público; y que establecen que la confesión, en caso de que haya sido voluntaria, ha de robustecerse con otros indicios (garantizan pues, que la confesión no será tratada como la “prueba reina”).[42]

Sin embargo, existe evidencia que apunta a que en la práctica lo anterior no se cumple:

Para empezar, el requisito constitucional que establece un plazo de 48 horas (o el doble tratándose de delincuencia organizada) como máximo a los efectos de mantener retenido al probable responsable, es interpretado de modo tal que comienza a correr a partir de que la policía, principalmente la policía judicial-ministerial, pone a disposición del ministerio público al individuo en cuestión:

No hay ningún registro, ni mecanismos de control, del oscuro periodo previo en el que los supuestos “probables responsables” están a merced de los miembros de diversos cuerpos policíacos. De ello da cuenta el Reporte Crowley en el siguiente sentido:

 

“…the 48 hour rule is interpreted by the Public Ministry to begin running at the time the Public Ministry gets the defendant rather than the time the judicial police pick him up. Thus the defendant may remain in the unsupervised custody of the judicial police for a significant period of time, often unrecorded, before the 48 hour period of custody by the Public Ministry beginsBecause this extended period of custody by the judicial police is often unsupervised by either the Public Ministry or by counsel, it presents a significant opportunity for the abuse of detainees. Indeed the Inter-American Commission found that most cases of torture and of cruel, inhuman, and degrading treatment occur in the context of the Criminal Justice System, mainly during the early stages of investigation of criminal offenses[43]

 

Los reportes Crowley y Legalizad Injustice han documentado diversas modalidades de tortura que tienen verificativo en este periodo anterior a la puesta a disposición ante el ministerio público, que incluyen violencia física (choques eléctricos, inhalación de gases, golpes, etc.) y, muy especialmente, violencia moral (que implica intimidar a la persona por medio de amenazas referidas a su familia).[44]

El objetivo de las modalidades de tortura aludidas consiste, o bien en hacer que los retenidos firmen papeles en blanco (presumiblemente sus confesiones, las cuales habrán de posfecharse en las agencias del ministerio público para aparentar que fueron rendidas ante aquel), o bien, en intimidar al “sospechoso” al efecto de que, estando ante el ministerio público, realice su declaración en los términos inculpatorios en los que se desea que lo haga (lo anterior debido a la disposición de que sólo son válidas las confesiones ante el ministerio público).[45]

Incluso, hay evidencia de casos en los que el ministerio público vuelve a poner al “sospechoso” a disposición de la policía judicial (sus probables torturadores), toda vez que se resiste a declarar su culpabilidad en relación con los hechos que se le imputan (lo cual apunta a un control deficiente, y hacia una libertad impune en términos del manejo de los registros en que se asienta la hora y circunstancias en que el individuo es puesto a disposición del ministerio público).[46]

Ahora bien, ¿qué podemos esperar que ocurra en el contexto actual en el que no sólo los cuerpos policíacos parecen actuar sin control, sino en un escenario en el que el ejército, no entrenado para desplegar funciones policiales en un ambiente de respeto a los derechos humanos, también ha sido lanzado a las calles para librar una “guerra” contra el narcotráfico?[47]

 

VII El derecho a recibir “asesoría jurídica” al declarar ante el MP

Ahora bien, continuando con el vía crucis del probable responsable, una vez ante el ministerio público y a la hora de rendir su declaración inicial (la cual probablemente será inculpatoria por los efectos de la tortura psicológica y física a la que presumiblemente fue sometido el “sospechoso”), el derecho del indiciado a recibir asesoría jurídica (privada o pública) es brutalmente socavado, el cual es respetado, como suele ser el patrón, sólo de manera formal.[48]

En efecto, en la práctica, la disposición relativa al derecho del indiciado de realizar declaraciones “en presencia de su abogado, o persona de confianza” es interpretada literalmente y la asesoría que debería recibir el presunto responsable (sobre todo cuando no tiene dinero para pagar servicios de defensa privada), se reduce a permitirle al abogado defensor, o persona de confianza, sólo “su presencia” en la audiencia respectiva: No tiene derecho a intervenir de ningún modo, ni durante la misma, y más importantemente, ni antes de que el indiciado realice su declaración inicial.[49]

En este punto, hay evidencia de que tanto ministerios públicos como jueces, actúan sobre la base de la percepción consistente en que la intervención del abogado “contaminaría” la versión de los hechos que “libremente” el indiciado expone, lo cual se complementa con la invocación, por parte del juez, del denominado “principio de inmediación” que, nuevamente, con base en una interpretación perversa, se dice que establece que la “confesión” rendida ante el ministerio público debe recibir un peso preponderante en las operaciones de evaluación probatoria que realiza el juez, incluso ante la retractación del presunto responsable durante su declaración preparatoria o durante el juicio (poco probable por el efecto de la intimidación), por una supuesta razón epistémica consistente en que está más próxima a los hechos y se encuentra, por tanto, libre de las intromisiones de los abogados que supuestamente tenderían a tergiversarla.[50]

En cuanto a los casos en que supuestamente interviene una “persona de confianza” del indiciado, a falta de familiares o amigos de éste, o debido a que, como suele ser el caso, no ha llegado su defensor de oficio y no tiene recursos económicos para un abogado particular, como debe cumplirse con el requisito (al menos formalmente) de que declare en presencia de su abogado o persona de confianza, el Reporte Crowley documenta casos en los que tal papel es desempeñado por empleados del ministerio público, o incluso, por algún policía judicial de entre los que lo pusieron a disposición del agente del ministerio (es decir, probablemente el propio torturador del presunto responsable actúa como su “persona de confianza”).[51]

Además, como la intervención se reduce a la mera presencia, el papel de “persona de confianza” que desempeña en estos casos algún empleado del MP o un policía judicial, se limita a plasmar su firma en el acta respectiva (incluso el juez realiza una verificación formal del requisito sólo percatándose de que en el acta, esté asentada alguna firma de quien sea que hay fungido como defensor o persona de confianza).[52]

 

VIII Los “Defensores Públicos”

Ahora bien, en caso de que se haya asignado un defensor público, el Reporte Crowley proporciona un panorama aún más desalentador para el indiciado refiriéndose a ciertas condiciones en que se desarrollan las actividades de defensoría pública, tales como: la dependencia económica, incluso de asignación de espacios físicos, del ministerio público; bajos salarios; poca preparación técnica; e imposibles cargas de trabajo (33 defensores para 74 agencias y 54 para 132 juzgados: Cada defensor tiene asignados alrededor de 100-150 casos y son programados para “participar” en 3 audiencias diarias en promedio, las cuales tienen una duración de entre 8 y 12 horas).[53]

En este marco, en el que sólo se espera la presencia física (en el mejor de los caso) del defensor sin posibilidades de alguna mayor intervención, con las impresionantes cargas de trabajo, al igual que como sucede con la supuesta “persona de confianza” aludida anteriormente, la “participación” del defensor de oficio se reduce al mero asentamiento de su firma (incluso aunque, como suele ser el caso, haya llegado tarde, o ni siquiera haya aparecido).[54]

Como se ha podido observar, la regla general que rige al sistema es el despliegue escaso o nulo de capacidades de investigación de cuyo resultado pudieran obtenerse indicios que fundamenten, o bien el archivo de los asuntos (“con reservas de ley”), o bien el ejercicio de la acción penal (consignaciones).

Como también se ha comentado, en consonancia con la ley del menor esfuerzo y despliegue mínimo de actividades de investigación, se privilegia el esquema de las consignaciones con detenido (al amparo de las excepciones a la obtención de una orden de aprehensión: flagrancia y urgencia), con endebles bases probatorias consistentes esencialmente en la acusación o señalamiento realizado por alguna persona y en el supuesto robustecimiento del caso mediante la obtención de “confesiones” (presumiblemente resultantes de actos de tortura y de detenciones arbitrarias).

El panorama anterior se complementa con la participación del juez, la cual, como veremos a continuación, garantiza que a las consignaciones con detenido realizadas (recordar que éstas equivalen sólo al 3.3 % de las averiguaciones vigentes en el año), a pesar de las endebles bases probatorias con las que cuentan, les corresponderá una sentencia condenatoria (en los estudios de Zepeda y Pásara se manejan cifras de alrededor del 90% de condenas, al menos en la primera instancia).[55]

En efecto, alguien que partiera del supuesto de la eficacia mínima de un marco normativo como el mexicano que, al menos en teoría, constituye una versión fuertemente (incluso, excesivamente) protectora del acusado, podría aventurar una explicación alternativa en torno a la cuestión de los altos índices de condenas.

La explicación referida podría consistir en atribuir las altas cifras de condenas a un extraordinario desempeño del MP y de los cuerpos policíacos en términos de las investigaciones realizadas. Sólo así podría entenderse que la judicatura mexicana, compuesta por funcionarios judiciales profesionales, guardianes inquebrantables de los criterios o filtros probatorios tan severos distintivos de este sistema protector del acusado, condenara con tanta asiduidad.

El problema con la postura anterior radica en el presupuesto referido a los jueces: En síntesis, estos funcionarios (al menos en el Distrito Federal, pero presumiblemente en otras entidades[56]) obran sobre la base de la “presunción de validez de lo actuado por el MP[57]; e invocan ciertos principios, algunos de ellos asentados jurisprudencialmente (como el de la inmediación, la confesión calificada divisible, los testigos sospechosos de descargo, etc.), que por la interpretación particular que se ha decidido atribuírseles, tienen el efecto de “blindar” el caso presentado por el MP, angostando así las oportunidades para el acusado de derrotarlo, pero sobre todo, contraviniendo la política protectora del acusado, que en la mayoría de los sistemas occidentales prevalece, la cual se manifiesta en principios tales como “la presunción de inocencia”, la “carga ministerial de la prueba”, el “in dubio pro reo”, etc.[58] (De ahí los títulos de los reportes citados en este trabajo, “Pressumed Guilty?”, “Legalized Injustice”- y la aseveración de Pásara y Guillén et. al., de que la instauración del proceso resulta irrelevante, debido a que desde la consignación y después en el auto de término constitucional correspondiente, se prefigura el contenido de la sentencia, el cual es CONDENATORIO[59]).

 

IX El papel del juez (Operaciones de “blindaje” del caso del MP)

La determinación de la plausibilidad/confiabilidad/credibilidad de los indicios que obran en el expediente, es decir, las operaciones epistémicas fundamentales consistentes en determinar la relevancia de los indicios, así como si individual y conjuntamente constituyen evidencia suficiente para justificar la emisión de una condena, en la práctica, han sido sustituidas por el despliegue de operaciones que apuntan hacia una resolución “formal” de los casos, orientada a la obtención preponderante de cifras altas de condenas.

La primera de estas operaciones consiste en invocar el denominado “principio de inmediación”, el cual, originalmente debería garantizar la presencia del juez en las audiencias probatorias, al efecto de ubicarse in situ y tener así un acceso de primera mano a las diversas declaraciones que son vertidas a lo largo de dichas audiencias.

Sin embargo, se ha optado por una interpretación que sostiene que tal principio impone una predilección por defoult, en términos de evaluación probatoria, por la “confesión” rendida ante el MP, con base en un endeble argumento epistémico consistente en que dicha confesión se encuentra más próxima a los hechos y, por tanto, es más “pura” y se encuentra libre de la contaminación derivada de la “intromisión” del abogado defensor.[60]

Si el acusado osa retractarse de la “confesión” rendida ante el MP argumentando que fue extraída por medios coercitivos, la carga de la prueba de dicha aseveración le es trasladada[61]. En este punto, cabe puntualizar las siguientes cuestiones:

1. En primer lugar, no se establece cuál es el grado de “suficiencia probatoria” al que el acusado debe aspirar satisfacer para que se considere probada su aseveración de tortura.[62]

2. Como sucede en general cuando el acusado pretende ofrecer testigos, el juez recurre aún a otro principio jurisprudencial que, por defoult, y sin la previa determinación contextual correspondiente, que en caso de que exista convergencia de varios testigos de descargo (a favor del acusado), incluso en los casos en que la defensa constituye una coartada que ubica al probable responsable en otra situación espacio-temporal distinta a la del delito, procede realizar la presunción de que dicha convergencia de declaraciones presupone alguna clase de “contubernio” por parte de los testigos, y que, en última instancia deben considerarse “sospechosos” en cuanto a sus intenciones de testificar.[63]

3. Es improbable que el acusado tenga acceso a alguna prueba de la tortura que experimentó, ya que, su sola palabra es descontada por insuficiente; su presencia en el lugar en donde probablemente sufrió el despliegue de actos coercitivos por parte de la policía no queda registrada ni documentada de algún modo; por que sólo son considerados en la práctica como “actos de tortura” actos que dejen lesiones físicas (lo cual, además de que va en contra de los estándares internacionales, perjudica a quien sufre violencia moral o amenazas); debido a que la evidencia sugiere que los denominados “médicos legistas” adscritos a las diversas agencias del MP incurren en actos de complicidad no asentando en el acta respectiva la presencia de lesiones, o incluso, curando las que hubiere; o bien, debido a que es “sabido” que la policía judicial ha perfeccionado sus tácticas de tortura a modo de no dejar huellas de sus abusos.[64]

4. Aunado a lo anterior, existe la posibilidad para los policías señalados como perpetradores de los actos de tortura correspondientes, de que se libren de cualquier responsabilidad aún cuando concedan la realización de tales actos, con tal de que sostengan que lo hicieron no con la intención de extraer su confesión, sino incluso, con la intención de propinar a la víctima de sus abusos un castigo (debido a que el requisito para la configuración de la tortura requiere el estado intencional consistente en querer extraer una confesión). En tales casos, el juez persiste (cínicamente) en su consideración de la “confesión” como válida.[65]

Por otro lado, si el acusado ha concedido en su declaración ante el MP, la comisión de una conducta típica (es decir, que satisface los elementos establecidos por la ley para el delito en cuestión), pero inmediatamente argumenta que obró al amparo de alguna “causa de exclusión del delito” (como legítima defensa, estado de necesidad, etc.), el juez invoca el denominado principio de la “confesión calificada divisible”, según el cual se toma de sus declaraciones la parte que perjudica al acusado y se traslada la carga de la prueba de la concurrencia de la causa de exclusión de que se trate.[66]

Esta maniobra atenta contra la definición dogmática ampliamente aceptada que establece que la configuración de un delito depende esencialmente de un juicio de tipicidad, de uno de antijuricidad y de otro de culpabilidad (independientemente de cómo las diversas teorías del delito traten estos tres bloques esenciales). En este sentido, el conceder la comisión de una conducta típica no implica necesariamente la concesión de que se cometió el delito que se imputa, precisamente por que pueden haber concurrido causas que, como su nombre lo indica, excluyen la configuración del mismo, ya sea por que justifican el acto desplegado, o bien, exculpan al acusado con base en la consideración de ciertos elementos situacionales.

Además, el traslado de la carga de la prueba al acusado atenta, por su parte, contra el principio de la “carga ministerial de la prueba”. En este sentido, le correspondería al MP desvirtuar las aseveraciones del acusado relativas a la probable concurrencia de alguna excluyente de responsabilidad penal. Es decir, en tales casos se esperaría del MP una actividad probatoria y argumentativa, mucho más exigente.

Aunado a lo anterior, consideremos, como hemos dicho, que el acusado enfrenta la posibilidad de que, si presenta testigos para probar sus aseveraciones, aquellos sean descartados por defoult, con base en la jurisprudencia de “testigos sospechosos” anteriormente referida.

Para complementar el panorama anterior, la evidencia sugiere aún otra operación de “blindaje” del caso presentado por el MP. Esta tiene verificativo cuando son los propios oficiales remitentes (en los casos de flagrancia) quienes desempeñan el papel de testigos: El juez en estos casos, cita otra jurisprudencia que les otorga, por defoult, un peso preponderante a las declaraciones de dichos oficiales. [67]

Cabe agregar en este punto que hay evidencia que sugiere un patrón según el cual, los oficiales remitentes actúan como testigos “oculares” cuando ni siquiera presenciaron los hechos delictivos que se imputan al acusado.[68]

Por último nos referiremos a la deficiente y formalista motivación que suele acompañar a las decisiones condenatorias de los jueces (nótese que se dice “acompañar a las decisiones respectivas” y no “justificar”, lo cual requeriría de la presencia de buenas razones), la cual, de acuerdo con Pásara, sigue el siguiente patrón:

Se comienza por realizar un “cut and paste” del contenido del pliego de consignaciones rendido por el agente del ministerio público en la etapa inicial del proceso, y se concluye siguiéndose una fórmula del tipo “como se desprende de autos, se concluye que el acusado es culpable”, sin mayores explicaciones. Pásara se refiere a esta cuestión de la forma que sigue:

 

“…Es precisamente la formación de la convicción aquello que no es posible rastrear en muchas de las sentencias examinadas, dado que el texto de la resolución no expresa el camino seguido por el juez para arribar a tal convicción…la mayor parte de las sentencias examinadas se limitó a transcribir todos los elementos de prueba disponibles en el expediente, sin valorarlos específicamente ni precisar qué aspecto de los hechos correspondientes al tipo legal resultaba probado por qué pruebas. En consecuencia, todas las pruebas son menos que analizadas, colocadas en sucesión, sin que se pueda acompañar con precisión el razonamiento que el juez siguió para llegar a la convicción que le hace considerar probado un hecho. A tal efecto, el hilado de una prueba tras otra se apoya en expresiones como: “es preciso mencionar que en autos se cuenta con…”; “apoyando a la conclusión antes mencionada…”; “lo anterior se corrobora con…”; “lo anterior se encuentra robustecido…[69]

 

Como hemos dicho anteriormente, el despliegue de las operaciones referidas ha llevado a Pásara y a Guillén et. al., a sostener que el proceso resulta irrelevante: La consignación y el correspondiente auto de formal prisión (una modalidad del auto de término constitucional) prefiguran el contenido condenatorio de la sentencia.

Como citas representativas de las entrevistas realizadas a algunos jueces en el estudio de Pásara, las cuales muestran un nivel preocupante de cauterización moral en los funcionarios judiciales correspondientes, proponemos las siguientes:

 

“En exploración de esa voluntad de condenar, se preguntó a algunos jueces entrevistados cómo se explican el bajo número de absoluciones. Una juez explicó la dinámica percibida por ella, según la cual “es más fácil condenar que absolver. Absolver implica mayor razonamiento, hay que convencer”…. En pocas palabras, un proyectista entrevistado resumió: “Un juez siempre va a sentenciar para dejar satisfecho el criterio de la sala”…”[70]

 

“… Otro juez refirió el caso de un individuo que fue procesado por robo de vehículo, habiendo sido hallado dentro de un auto pero sin haberse probado que hubiera intentado llevárselo, salvo por una declaración de un menor que dijo que el carro había avanzado dos metros: “Debió ser absuelto –reflexionó el juez en la entrevista- pero lo condené por robo y pensé –“la Sala lo va a absolver”- Sin embargo, la Sala le dio tentativa. Tampoco ellos se atrevieron a absolver…”[71]

 

Incluso, voces al interior de la Suprema Corte, de hecho, la de su propio Presidente en el año de 1999, sostienen que el sistema judicial “enfrenta el mayor descrédito popular de su historia”.[72]

 

X El sistema penitenciario (“Cerrando la pinza”)

En su número 1701, el semanario “Proceso” hace referencia a un estudio llevado a cabo en los reclusorios del país, por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el cual fue coordinado por Pedro Arellano Aguilar, quien es encargado de Pastoral Penitenciaria de la CEM.[73]

En el artículo correspondiente se hace referencia a ciertas conclusiones a las que arribó el mencionado estudio, las cuales apuntan básicamente a que el Estado está implantando una política de “criminalización de la pobreza”, y a que se realizan múltiples operaciones de extorsión a los reclusos (por parte de los oficiales de los reclusorios y presumiblemente permitidos por los directores respectivos), de modo que el sistema penitenciario se concibe como un “gran negocio” para el partido en turno.

Algunas citas relevantes son:

 

 

A)   En relación con la tesis de la criminalización de la pobreza

 

“… El gobierno está implementando una política errónea en los reclusorios, pues parte del supuesto de que la inseguridad es el principal problema del país. Y su respuesta ha sido endurecer las penas con más carcelización: ¡Todo es cárcel, más y más cárcel¡ …”[74]

 

“… de acuerdo con la citada investigación, el 62 % de los jóvenes que están presos por robo se llevaron objetos que valen menos de 2 mil pesos, por lo que pueden considerarse robos famélicos…”[75]

 

B)   En relación con la tesis del gran negocio que representa para los gobiernos el sistema penitenciario

 

“… Los reclusorios son un gran negocio no sólo para las autoridades penitenciarias, sino también para autoridades de más alto nivel. Para muchos gobiernos estatales, el reclusorio es la caja chica de donde se saca dinero para financiar campañas políticas y ambiciones personales…”[76]

… De los 12 mil internos del Reclusorio Norte, 4 mil tienen teléfono celular. Cada uno pagó mil pesos por meterlo, a parte, está pagando a las autoridades del penal una cuota de 500 pesos semanales por usarlo. De manera que las autoridades, tan solo por el uso de celulares, reciben un ingreso semanal de 2 millones de pesos.

… cada interno debe pagar 5 pesos cada que le pasan lista, que es tres veces al día. De manera que el preso desembolsa por este rubro 15 pesos diarios. Así, las autoridades ganan diariamente 180 mil pesos por el pase de lista.

Los presos del reclusorio norte, a quienes apoyan sus familiares, además deben pagar por ir al baño, por tomar agua, por pasar alimentos, por recibir visita conyugal y por varias otras cosas

… Cada año, las autoridades del DF sacan alrededor de mil 700 millones de pesos por esas cuotas que cobran en sus reclusorios…”[77]

 

Es indispensable recalcar que  Rodrigo Vera, autor del artículo citado, apunta que el estudio coordinado por Arellano (en el que supuestamente se realizaron encuestas en más de 350 reclusorios del país, abarcándose con ello a más del 90% de la población penitenciaria nacional), estaba programado para ver la luz pública en julio de 2009.

Todo indica que, en efecto, el informe aludido fue publicado y que generó reacciones recalcitrantes en las autoridades del gobierno del DF[78], sin embargo, no puede consultársele en Internet, no se sabe qué editorial lo publicó y la arquidiócesis de México se toma con muchas reservas el permitir el acceso al mismo.

 

XI Recapitulación Final y algunas reflexiones

Hemos visto que aproximadamente el 75 % de delitos (del fuero común) no son denunciados por la población (presumiblemente con base en la percepción generalizada de ineficiencia y desconfianza en las autoridades); que la evidencia sugiere que, en el caso de que el ciudadano decida acudir a las instancias de procuración de justicia penal respectivas, se encontrara con que las agencias del ministerio público han implementado políticas contextuales con el objetivo de abrir el menor número de expedientes posible, las cuales implican la conformación de criterios de facto –no establecidos en la ley- para tales efectos (i.e., actividades de “reclasificación” de conductas delictivas, instauración de “instancias dictaminadoras” que obran a la manera de “oficialías de partes” desechando los asuntos que, de acuerdo con el empleo de razonamientos poco claros y no transparentes, no merecen la atención respectiva, las prácticas de la “justicia de barandilla”, etc.); que de los expedientes vigentes en un año, sólo se tramita el 61.45 % (quedando pendiente el 38.55 %); y que una vez abiertos los expedientes correspondientes, las determinaciones que aquellos reciben de parte de los funcionarios en cuestión –decidir su archivo “con reservas de ley” (25.4 %), su archivo definitivo (20.25 %), o su consignación (sin y con detenido y con presentado, sólo el 11.4 %)- descansan sobre la regla general del menor esfuerzo y del nulo o escaso despliegue de actividades genuinas de investigación.

En este sentido, por un lado, poco se hace para afrontar las dimensiones del fenómeno delictivo en nuestro país en términos de su prevención y control. El tipo de interacciones que las autoridades de procuración de justicia establecen con quienes acuden a reportar algún delito (trámites excesivos y obstáculos burocráticos que se traducen en una denegación de justicia constante y sistemática), aunado a su pobre desempeño en términos de eficiencia de la investigación, desincentivan la denuncia y motivan al potencial delincuente a delinquir (en la medida en que plausiblemente dentro de sus deliberaciones o cálculos previos puede yacer la creencia en que existen muy bajas probabilidades de ser capturado y eventualmente condenado[79]).

Por otro, y también como reflejo de la regla consistente en el despliegue escaso o nulo de investigaciones genuinas y eficientes, las prácticas sistémicas se han configurado de modo tal que, para asegurar una cuota de consignados (y eventualmente condenados) –mínima en comparación con lo que queda pendiente y con lo que se archiva- se privilegia el esquema de la ausencia de órdenes de aprehensión (casos de “flagrancia” y “urgencia”).

Como se ha dicho, estos casos –convenientemente previstos en el marco constitucional y legal como excepciones legítimas a la obtención de una orden de aprehensión- en la práctica se caracterizan por la sola presencia de alguien que señale al probable responsable como autor del delito que se le imputa (esto ahorra el tener que recabar indicios y establecer líneas de investigación que eventualmente conduzcan a la identificación de algún sospechoso), así como por un deficiente o nulo robustecimiento de dichos casos por parte de las agencias y procuradurías, en términos de la búsqueda y valoración de otros indicios (salvo por las prácticas de tortura orientadas a la extracción de “confesiones”).

A los casos referidos, pese a su insuficiencia probatoria, se les protege en sede judicial por medio de ciertos mecanismos formales que enmascaran el despliegue nulo, por parte de los jueces, de las operaciones epistémicas básicas (determinación de relevancia de indicios y determinación de si individual y conjuntamente son suficientemente confiables y plausibles).

Lo anterior apunta hacia una complicidad pragmática –no necesariamente consciente y explícita- entre MP’s, procuradores y jueces al efecto de condenar con endebles bases probatorias, y de esta manera justificar, al menos en los números (recordar que se condena en alrededor del 90% de las veces), los altos costos que representa para nuestro país el mantenimiento de este tan singular sistema de procuración e impartición de “justicia”.[80]

Ahora bien, pese a que en esta ocasión nos hemos limitado a tratar el procedimiento penal mexicano en materia común, resulta conveniente culminar estas líneas con el trazado de algunos sugerentes paralelismos con el funcionamiento del procedimiento penal en el ámbito federal, y sobre todo en materia de delincuencia organizada.

En este ámbito, el panorama no parece cambiar demasiado: En su análisis de corte periodístico, el cual también debe considerarse tentativo y susceptible de ser robustecido por una metodología de investigación empírica más sólida, Reveles ofrece la siguiente caracterización del sistema federal de procuración e impartición de justicia:

 

“… Sostengo que en México hay más de cuatro Jinetes del Apocalipsis, los cuales pervierten la procuración e impartición de justicia en nuestro país. Aunque se aceptan como un “mal menor”, no debemos perder de vista que estos usos y costumbres pueden conducirnos a un abismo de abusos y descomposición social insalvable. Porque en situación de ausencia absoluta de leyes, pueden ser utilizados políticamente:

-                      La PGR hoy adopta “testigos protegidos” sin ton ni son. Tiene para dar y regalar, todos los perfiles que se requieran son aceptados, lo mismo nacionales que impuestos por Estados Unidos. Sus delaciones irresponsables, para colmo, se aceptan como verdades absolutas.

-                      Se “arraiga” en vez de consignar, ganándose el tiempo necesario para acumular cargos contra el detenido, que muchas veces era inocente. Por esto mismo, hoy no se investiga de manera previa a la captura.

-                      Ha regresado la tortura, que hoy es consuetudinaria. La confesión sacada bajo tormentos tiene a miles de personas en las cárceles del país.

-                      Los agentes del ministerio público y los jueces del país actúan por consigna y asumen, como si de una verdad reveladora se tratara, lo que dicen los policías y los soldados

-                      Hay miles de mexicanos desaparecidos por la delincuencia organizada, por bandas de secuestradores, y por las distintas corporaciones de la fuerza pública, que han reinventado y vuelto a aplicar los viejos métodos represivos de la llamada “guerra sucia”, pero ya no sólo contra supuestos guerrilleros o disidentes, sino contra ciudadanos comunes…”[81]

 

Y en relación con el fenómeno del cumplimiento de cuotas de detenidos y eventualmente condenados, y con el funcionamiento en la práctica de un sistema de fabricación de culpables, Reveles comenta lo siguiente:

 

“… La cifra record de casi 8 mil crímenes derivados de la guerra contra el narcotráfico en 2009 sólo representó el 0.5 por ciento. Ese medio punto porcentual, sin embargo, es el que tiene al país entero suspendido en el terror y el desánimo. Seamos claros, es una minúscula proporción de la delincuencia la que hoy le sirve de pretexto al gobierno federal para movilizar tropas y policías e invadir calles, campos y carreteras, instalar retenes, violentar la cotidianeidad, violar derechos humanos y cumplir con la cuota de detenidos que se necesita para engrosar las cifras de logros y adelgazar la de las fallas de la mal llamada guerra contra las bandas criminales… En medio de este ambiente contaminado e irrespirable, lo peor es que el gobierno emplea cada vez menos investigación y cada vez más coerción en la fabricación de culpables; en lugar de capturar a los verdaderos narcotraficantes y a los criminales organizados, se captura a inocentes[82]

 

 


[1] Candidato a Doctor por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, siendo dirigido principalmente por el Dr. Enrique Cáceres Nieto, a quien agradezco enormemente su invaluable guía, formación, paciencia y amistad a lo largo de ya varios años…

[2] Véase Sefchovich, Sara, País de mentiras, México, Océano, 2008, pp. 334-335.

[3] Véase Zepeda Lecuona, Guillermo, Crimen sin castigo. Procuración de justicia penal y ministerio público en México, México, FCE-CIDAC, 2004, p. 3.

[4] Idem.

[5] Dicha cifra se estima a través de la realización de encuestas de victimización, practicadas a una muestra representativa de la población. A los miembros de la muestra referida se les pregunta si han sido víctimas de algún delito, y en caso de ser afirmativa su respuesta, se les pregunta si lo denunciaron o no. Véase Zepeda, Op. Cit., nota 3, pp. 39, 280, 289.

[6] Para una buena introducción a la teoría de las representaciones sociales, véase, Morales, Francisco, et. al. Psicología Social, Madrid, España, McGrawHill, 1998, pp. 815-842. La teoría de las representaciones sociales se ocupa del conocimiento (contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos) que no sólo desempeña un papel significativo para las personas en su vida privada cotidiana, sino también para la vida y organización de los grupos en los que esa vida transcurre. En este sentido, el foco es puesto no en el individuo, sino en las entidades sociales o comunidades a través de las cuales, aquél realiza su proyecto de vida. Ejemplos de las comunidades referidas pueden ser la comunidad internacional, las naciones, los grupos étnicos, las instituciones gubernamentales, las organizaciones civiles, el ejército, partidos políticos, empresas, sindicatos de profesionistas, fundaciones, gremios de comerciantes, barras de abogados, comunidades científicas, grupos religiosos, clubes, universidades, sociedades de exalumnos, fraternidades, pandillas, la delincuencia organizada, los núcleos familiares etc. De hecho, con los avances tecnológicos actuales, ha surgido el concepto de las comunidades virtuales, cuyos intercambios comunicativos trascienden las limitaciones espaciales y temporales, teniendo lugar preponderantemente en el ciber-espacio. Pues bien, las reglas cognitivas de procesamiento de la información, así como los productos resultantes de aquellas, constituyen el conocimiento característico que proporciona la sensación de identidad colectiva a los miembros de las distintas comunidades, el cual es denotado por la expresión “representaciones sociales”. Este conocimiento es “custodiado” y perpetuado por medio de mecanismos institucionalizados (en mayor o menor grado) de socialización. Morales et. al., atribuyen dos características básicas a las representaciones sociales, a saber: a) el carácter social de su génesis; b) el hecho de que son compartidas ampliamente y distribuidas dentro de una colectividad, lo cual implica que los grupos en cuestión manifiestan ciertos patrones específicos de pensamiento, sentimiento y actuación. En este sentido, el término ‘representaciones sociales’ está afectado de ambigüedad proceso-producto: Por un lado, denota a los procesos, la sociogénesis por la que se crea el conocimiento colectivo a través del discurso y la comunicación; por otro, al producto final de ese proceso, el conocimiento colectivamente distribuido e individualmente accesible.

[7] Zepeda, Op. Cit., nota 3, p. 45.

[8] Idem.

[9] Ibidem, p. 46.

[10] Ibidem, p. 75. Zepeda tendría que considerar a las probabilidades de éxito del delito respectivo como un factor por el cual se tendría que multiplicar la Ganancia del Ilícito, ya que ello influye en sus deliberaciones acerca de delinquir o no (o almenos así tendría que considerarse si partimos del presupuesto de que el delincuente es una persona racional). Agradezco a mi tutor Larry Laudan por esta observación.

[11] Ibidem, p. 79.

[12] Ibidem, pp., 177-180, 205, 280, 281.

[13] Ibidem, pp. 189, 195.

[14] Ibidem, 220.

[15] Ibidem, p. 213.

[16] Ibidem, p. 217.

[17] Ibidem, p. 218.

[18] Ibidem, pp. 224-225.

[19] Ibidem, p. 226.

[20] Ibidem, p. 227.

[21] Pérez Correa, Catalina, “Front Desk Justice; Inside and Outside Criminal Procedure in Mexico City”, en Mexican Law Review Nueva Serie, Vol. 1, Núm. 1, Julio-Diciembre 2008, pp. 15-18.

[22] Ibidem, pp. 17-19.

[23] Ibidem, p. 19.

[24] Zepeda, Op. Cit., nota 3, p. 309

[25] Ibidem, pp. 309-310.

[26] Ibidem, pp. 304-305.

[27] Pérez Correa, Op. Cit., nota 20, p. 17.

[28] Ibidem, pp. 18-19.

[29] Ibidem, p. 18.

[30] “Special Report: Presumed Guilty? Criminal Justice and Human Rights in Mexico; Report of the Joseph R. Crowley Program in International Human Rights / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Joint 2000 Mission in Mexico”, Leitner Center for International Law and Justice, disponible en línea en: http://www.leitnercenter.org/publications/, Fordham International Law Journal, Vol. 24, Núm. 80, 2001, pp. 809-811.

[31] Ibidem, pp. 811-819.

[32] Zepeda, Op. Cit., nota 3, pp. 228-229.

[33] Se refiere a: Bergman, Marcelo, (coord.), Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional. Resultados de la Encuesta a Población en Reclusión en tres Entidades de la República Mexicana, México, CIDE, 2003, p. 45.

[34] Carbonell, Miguel, “Corrupción Judicial e Impunidad: El Caso de México”, en Méndez Silva, Ricardo, Lo que todos sabemos sobre la corrupción y algo más, México, UNAM-IIJ, 1ª ed. 2010, pp. 1-9.

[35] Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 813.

[36] Ibidem, p. 809.

[37] Ibidem, p. 813.

[38] Idem.

[39] Centro de Investigación y Docencia Económicas

[41] Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 821-823

[42] idem

[43] Ibidem, p. 824.

[44] Ibidem, pp. 824-828; Pásara, Luis, Cómo sentencian los jueces del Distrito Federal en materia penal, México, IIJ-UNAM, 2006, pp. 53-56.

[45] Idem.

[46] Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, p. 826.

[47] El panorama se perfila más tenebroso en vista de la reciente reunión de funcionarios mexicanos y estadounidenses del más alto nivel relacionados con aspectos de seguridad nacional en sus respectivos países: Como es sabido, uno de los detonantes cruciales de la reunión en comento fue el asesinato de personal vinculado al consulado norteamericano en Ciudad Juárez (la guerra contra la delincuencia organizada no parece ir siendo ganada por el gobierno federal). Entre los acuerdos alcanzados, escasamente difundidos por los medios convencionales, se encuentra la intervención cada vez más activa de agentes norteamericanos en funciones de inteligencia en México, lo cual, de entrada, ya es cuestionable en términos de atentar contra la soberanía nacional. Sin embargo, resulta aún más preocupante el acuerdo en el sentido de implementar para el caso mexicano, las “tácticas” que las fuerzas militares de los Estados Unidos han desplegado, sin piedad, y también con un éxito endeble, en su invasión a Irak (y en otras “causas libertarias” similares); particularmente las distintivas del trato que el país vecino brinda a sus prisioneros (huéspedes) en Guantánamo y en la cárcel de Abu Ghraib.

[48] Pásara, Op. Cit., nota 43, pp. 48-49, Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 844-855.

[49] Pásara, Op. Cit., nota 43, p. 48, Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, p. 845.

[50] Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 826-838.

[51] Ibidem, pp. 852-853.

[52] Ibidem, p. 846.

[53] Ibidem, pp. 849-852.

[54] Idem.

[55] Pásara, Op. Cit, nota 43, pp. 50-52, Zepeda, Op. Cit, nota 3, pp. 265-279.

[56] Véase Guillén López, Raúl, y Cruz Covarrubias, Armando, La justicia penal en México. Un estudio de caso, México, IIJ-UNAM, 2008, 99 pp.

[57] Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 832, 835

[58] A esta política protectora del acusado, autores como Laudan la denominan “The doctrine of error distribution”

[59] Pásara, Op. Cit., nota 43, pp. 20-22, 60-61

[60] Pásara, Ibidem, pp. 27-29; Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 828, 830, 832.

[61] Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 832.838.

[62] Ibidem, pp. 833-834.

[63] Pásara, Op. Cit., nota 43, p. 30.

[64] Reporte Crowley, Op. Cit., nota 29, pp. 832-837.

[65] Ibidem, p. 837.

[66] Pásara, Op. Cit., nota 43, pp. 29, 31.

[67] Ibidem, pp. 12-13.

[68] Idem.

[69] Ibidem, pp. pp. 16-20.

[70] Ibidem, pp. 51-52.

[71] Ibidem, p. 58

[72] Entrevista de Agustín Ambriz a Genaro Góngora Pimentel, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recogida en: Góngora Pimentel, G. Encuentros con los Medios, Poder Judicial de la Federación, 1999, pp. 11-12. Citado por Carbonell, Op. Cit., nota 33, p. 4.

[73] Vera, Rodrigo, “La carcelización”, Semanario PROCESO, No. 1701, junio de 2009.

[74] Ibidem, pp. 6-7.

[75] Ibidem, p. 8.

[76] Ibidem, p. 9.

[77] Ibidem, p. 10.

[79] Al menos por el delito que eventualmente pudiera decidir cometer como resultado de sus deliberaciones.

[80] Zepeda, Op. Cit., nota 3, pp. 157-171.

[81] Reveles, José, El cartel incómodo: El fin de los Beltrán-Leyva y la hegemonía del Chapo Guzmán, México, Grijalbo, 2010, pp. 231-233.

[82] Ibidem, p. 231.

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