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Silva Meza da adiós a Calderón: gobierno incumplió en derechos humanos, dice
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Juan Silva Meza, despidió a Felipe Calderón con una velada crítica: el incumplimiento de su gobierno a sentencias internacionales relacionadas con la defensa de los derechos humanos en México.
Todas las autoridades del país están obligadas a ajustarse al régimen de protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, que son propios de cualquier democracia, dijo el ministro ante Calderón en la ceremonia del 202 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.
El sistema político de nuestro país se ha reformado para tener una justicia penal más humana y reconoce, con todas sus letras, que los mexicanos tienen derechos, no meras prerrogativas otorgadas por los gobernantes, dijo el ministro presidente en la ceremonia que tuvo lugar en el monumento del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.
Además, la rendición de cuentas debe significar un medio de prevención y reparo de conductas indebidas, cometidas por los encargados de la función pública, añadió el también presidente del Consejo de la Judicatura federal.
Silva Meza aludió a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército en contra de civiles.
Los fallos han pedido la reparación del daño a las víctimas y la modificación a las disposiciones legales de la justicia militar que han facilitado esas violaciones, pero la administración de Calderón evitó dar cumplimiento cabal a esas sentencias.
Desde hace más de un mes, la Suprema Corte ha estado resolviendo distintos amparos para acotar el fuero militar, aunque no ha establecido jurisprudencia en la materia.
En el Poder Judicial sabemos bien cuál es nuestra responsabilidad, vigilar la buena salud de nuestro régimen constitucional, sin titubeos ni confusiones, añadió el ministro presidente.
Florence Cassez: “Más que mi libertad, quiero mi inocencia”
2 de junio de 2012
Por Salvador Camarena
La prisionera más famosa de México y de Francia no quiere su libertad. Lo que ella realmente quiere es que crean lo que ha repetido desde hace seis años, cinco meses y 24 días. Que es inocente. Que no es secuestradora. Que ni siquiera está segura de que su ex pareja –preso, acusado de ser líder de una banda de secuestradores- lo sea. Lo que quiere Florence Cassez Crepin (Lille, 1974) es que lo que le ha pasado no lo viva más nadie.
Son las 10.10 de la mañana. La temperatura va camino de los 30 grados en la capital mexicana en el último día de mayo. El agua está a punto para el café. El mantel de rayas en vivos colores aumenta la sensación de que algo no cuadra. Mientras las mesas cercanas se irán llenando de quesadillas, tacos, moles y enormes coca colas, en la de “Preciosa” o “Flor” -como le llaman otras internas- solo hay lo indispensable para beber café, ordenado con tan buen gusto que dificulta el arranque de esta entrevista en la cárcel para mujeres de Tepepan, en el sur del Distrito Federal, en donde a Florence le quedan todavía 53 años y medio para cumplir su condena de 60 por secuestro.
El Tribunal Supremo de México falló el 21 de marzo pasado que la policía mexicana violó los derechos de Cassez. El operativo policiaco de su detención fue anunciado y transmitido en un falso directo, y ante millones de televidentes aparecieron Cassez y su ex pareja Israel Vallarta, presentados como secuestradores, golpeados para que confesaran ante las cámaras su “culpabilidad”, compartiendo pantalla con sus tres supuestas víctimas. Eso ocurrió el 9 de diciembre de 2005. En menos de tres meses el engaño comenzó a resquebrajarse. La policía simuló el operativo. Las violaciones procesales por el montaje fueron de tal magnitud que los magistrados mexicanos discutirán a más tardar en agosto si repiten el juicio a Florence y cuáles de las “pruebas” surgidas aquella mañana de diciembre ya no podrán ser usadas en su contra.
“Yo cada día voy ganando en mi lucha. Siempre supe que iba a ganar”, dice Florence en un español casi perfecto. Pero la sentencia proponía la inmediata liberación y esta no fue aprobada. “El 21 de marzo sí gané. Y el día 7 también [cuando se publicó el proyecto de resolución que se iba a votar, que decía que el proceso estaba viciado por el “efecto corruptor” del montaje televisivo]. Porque cuatro de cinco magistrados han dicho que sí hubo violaciones graves en mi proceso. Y partir de ahí mucha gente va a valorar mi voz, porque ya no es lo que yo diga, sino lo que dice la Suprema Corte”.
Cassez cuenta que durante dos años leyó cada día L’Affaire Dreyfus: la vérité en marche, de Jean-Denis Bredin. Se aferró al caso Dreyfus [el oficial de origen judío condenado en Francia a finales del siglo XIX en un proceso viciado] al sentir que su nacionalidad era parte de una trama para convertirla en la culpable perfecta. El “pinche francesa, por qué viniste a chingar a mí país” que escuchó en los primeros años de su reclusión le confirmaba que antes de que un juez dictara cualquier cosa, su suerte ante la población mexicana, e incluso ante parte de la de su país, había sido dictada por el montaje televisivo que la mostró como una secuestradora.
“¿Sabes por qué no me dejan salir? ¿Por qué ha habido tanta saña conmigo? Porque no se trató de una equivocación, fue un montaje, porque con mi caso la policía quiso mostrar a los mexicanos que el que menos parecía un secuestrador –una francesa, bonita, joven— hasta a esa persona la iban a encontrar y a detener. Por eso me presentaban como ‘la francesa secuestradora’”.
Cassez publicó en 2010 el libro A la sombra de mi vida (Grijalbo) en el que ratifica que fue detenida un día antes de la transmisión televisiva en un lugar situado a kilómetros del rancho donde supuestamente ocurrió el rescate de los secuestrados. Desde ese día su caso ha incluido un ramillete de estrambóticas experiencias que van desde el abogado que desde el principio le dijo que le llevaría cuatro años sacarla de la cárcel a razón de diez mil euros al mes hasta su reclusión de dos meses en un apando (celda de aislamiento) porque un dibujo realizado por su padre en uno de sus cuadernos sirvió para acusarla de intento de fuga, pasando por eternas comparecencias en procesos donde no se consideraron las flagrantes contradicciones de los testigos, y condiciones infrahumanas en celdas y pasillos donde fue testigo de violaciones y palizas en medio de un hedor a orín.
“Te voy a decir cuándo ganaré: el día que cambie para los mexicanos este sistema de justicia. El día que mi caso esté en los libros de historia, si quieres en 200 años. Que digan: ‘mira esa mujer extranjera, todo lo que nos ha hecho ver sobre nuestro sistema, gracias a eso ya no nos va a pasar algo similar’. Eso será ganar. Y para eso lo que la Suprema Corte va a discutir sobre mi libertad es un paso. Un paso obligatorio pero yo no pierdo de vista lo otro, mi inocencia”, dice Florence en el locutorio de visitas que en pocos minutos ya se ha llenado de gente que reza, niños que corren y amantes que se reencuentran.
Con su blusa azul (el color reglamentario para las condenadas), su pantalón ajustado, la sortija que le dejó la abuela a la que ya no pudo despedir y su joyería de oro con forma de pareja de gatitos que adorna orejas, cuello y un dedo de la mano izquierda, esta pelirroja de largos rizos anuncia que cuando salga libre regresará a México para pelear por su reputación, pues no quiere que una eventual liberación por errores judiciales deje en suspenso la declaración de inocencia que ha sostenido desde el principio, exigencia que incluso le llevó, en febrero de 2006, a llamar por teléfono al programa de la periodista Denise Maerker para desmentir en vivo al entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna. Con esa llamada se buscó de enemigo a quien el presidente Felipe Calderón nombraría en diciembre siguiente Secretario (ministro) de Seguridad Pública, poderoso cargo que sigue ocupando hoy.
Amparado en el Tratado de Estrasburgo, Nicolas Sarkozy intentó desde 2009 llevarse a Francia a su conciudadana para que cumpliera allí el castigo. Más que un pulso, en los siguientes tres años el entonces presidente francés y Calderón protagonizaron una verdadera “guerra de egos”, como lo define ella sin dejar de reconocer el empeño del ex mandatario de su país, que asumió como propia su causa.
Si Calderón le ofreciera hoy, al final de su mandato, concederle el traslado, ¿aceptaría? “No. Soy inocente. Quiero que valga la pena todo lo que he luchado, que ha sido no solo por mí sino, hoy lo veo claro, también por los mexicanos”.
En su libro, de impulsos como el que la llevó a desmentir a García Luna sin calcular a quien se enfrentaba, Cassez dice: “Fui inconsciente porque soy inocente”. En la entrevista abunda en esta idea: “He tomado riesgos sin calcularlos porque mi cuerpo me los pedía. Estoy consciente de que mi caso se vuelve cada vez más importante para algunas personas. Todos los días me queda claro que algo me puede pasar. Todos los días me queda claro que algunas personas me quisieran a tres metros bajo tierra”. No identifica sin embargo a quién se refiere.
Las lágrimas asoman varias veces en los ojos de Cassez. Pero no cuando se le recuerda que es poco creíble que durante meses haya sido pareja de un sujeto acusado de un homicidio y varios secuestros sin enterarse de nada.“¿Tengo que demostrar que no sabía que era secuestrador? ¿Cómo te explico lo que hay mi cabeza? ¿Cómo te demuestro mi inocencia? ¿Cómo te demuestro que no lo sabía? Me están pidiendo lo imposible. Lo irracional. Cuántos periodistas no se han sentado en esa silla donde estás para decir: ‘A ver, demuéstrame que no sabías’. Lo único que tengo es mi inocencia. Nada más. Mucho tiempo me pregunté: ¿Cómo no pude ver? Repasaba las imágenes en mi mente, me dije estúpida. Pero tras ver la magnitud de lo que eran capaces de armar en un caso como el mío…” ¿Es Israel Vallarta un secuestrador? “No sé. Y yo no soy quién para juzgarlo. Para eso están los magistrados. Ojalá no”.
Las últimas noticias del caso Cassez son de la semana pasada. Los medios de comunicación dieron cuenta de una nueva detención de “otro” miembro de la banda Los Zodiaco, a la que supuestamente ella pertenecía. Se trata de un hermano de Israel. En las notas periodísticas el verbo hundir es conjugado en contra de Cassez . “Salió de la nada la declaración de Mario Vallarta, ¿verdad?”, dice con un dejo de sorna la entrevistada, que explica que cada que su caso avanza surge una “nueva” evidencia para “reforzar un asunto que ya era débil”.
Después de que desmintió a García Luna, los testigos ampliaron sus acusaciones. Tras insistir en su petición de justicia, en 2009 surgió un individuo de nombre David Orozco que también la “hundía”. Cuando se aproxima la fecha en que el Supremo retomará el asunto, Mario Vallarta la incrimina en declaraciones publicadas por los medios pero cuyo origen legal no ha sido sustentado. “No podemos dejar que hagan eso”. Cassez no se refiere a las coincidencias, sino a que esos testimonios según ella son arrancados con tortura. “Olvídese de mí, yo sé que no es verdad, es una persona a la que torturan. Estamos acostumbrados a tantas cosas feas. Las cosas terribles que pasan en México me ayudaron a entender lo que pasó en mi caso. A entender que la palabra tortura en este país la ven, la dicen, pero se olvidan de lo que en realidad significa, no quieren saber. Por eso gustó lo del movimiento 132, México necesita un cambio, y qué mejor que venga de los jóvenes”.
El único momento en que Cassez se toma muchos segundos antes de contestar es al preguntarle qué le diría al presidente Felipe Calderón si lo tuviera enfrente. “¿Él es abogado, verdad? Le preguntaría por qué no ha leído mi expediente, como sí lo han hecho Héctor Aguilar Camín o Héctor de Mauleón [escritores y periodistas], o Arturo Zaldívar [el magistrado que propuso en su resolución liberarla]. Le preguntaría por qué me convirtió en un asunto de Estado”.
Demasiadas veces se ha hecho la ilusión de que está a punto de salir. No quiere pensar en lo que falta para la nueva cita en que el Supremo revisará su caso. Desencantada de estar lista para irse y tener que volver a acomodar sus pertenencias en la prisión, ahora vive un hoy de horas breves.
“El día es muy corto. Leo mucho, en este momento María Antonieta de Stefan Zweig. Tengo muchas amigas, trato de estar siempre que me necesitan. Pinto, escribo. Cuando me acuesto siempre digo: ‘Uy, me faltó hacer esto, no hice aquello’. Vivo”.
A media entrevista, a Cassez la llaman desde “el jurídico”. Regresa con docenas de cartas y un gran paquete. Cuenta que tras la resolución del Supremo entre las misivas que nunca han dejado de llegar también las hay ahora de franceses que le piden perdón por haber creído en algún momento que era una secuestradora. Emisarios del nuevo gobierno galo ya han manifestado a su familia que es hora de retomar la defensa de su caso.
“Lo más bello que he vivido es ver cómo los mexicanos han tomado partido, me han defendido y son una nueva voz. Por eso me tenía que quedar, para vivirlo, si me hubieran llevado a Francia, quizá me hubiera suicidado. Necesitaba ver este cambio: los diarios, los artículos, ver a la Suprema Corte, eso ha sido una recompensa”.
Carta al ministro Cossío por Rafael Landerreche
Carta abierta publicada en La Jornada el miércoles 4 Abril 2012…
Para empezar déjeme decirle que yo mismo no sé muy bien por qué he decidido dirigirle esta carta a usted personalmente. En realidad debería ser para todos los ministros de la Corte y para el mismísimo Presidente de la República. Quizá es porque algunas declaraciones suyas se me quedaron grabadas especialmente. O quizá es porque algún conocido alguna vez me habló bien de usted y eso me dejó una casi inconsciente esperanza de que hablarle a usted no sea como hablarle a una tapia. Sea lo que sea, el hecho es que quiero dirigirle estas palabras.
Doy por supuesto que pensamos y vemos las cosas de manera muy diferente. Pero para llevar a cabo un acto de comunicación, aunque sea tan hipotético como éste, es necesario encontrar algún punto en común. Le propongo el siguiente. Para que en una sociedad haya paz y estabilidad es indispensable que se respete la ley o, como les gusta de decir a los abogados y a los políticos, se necesita la vigencia del estado de derecho. Eso, a nivel de principios; supongo que estaremos de acuerdo aunque sea en lo general. Y en el nivel de las percepciones de la realidad, pienso que podremos estar de acuerdo en que en México nos falta mucho para que eso se haga realidad. Fíjese que estoy formulando esta observación de la manera más moderada posible para no romper nuestro hipotético acuerdo. Dadas estas premisas, se sigue que es urgente que aquellos que tienen un papel especial en esto, como ustedes los ministros de la Corte, den claras lecciones de respeto a ese estado de derecho.
Pero entonces, ¿por qué diablos actúan ustedes como actúan? Mire, ya dejé salir el ex abrupto, cuando había empezado tan razonablemente, pero la verdad es que es difícil mantener la compostura ante lo que está pasando en México y ante lo que ustedes ministros hacen frente a ello. ¿Por qué carajos no pueden ustedes, ya no digo hacer honor a la justicia, sino por lo menos ser congruentes con ustedes mismos? Voy al grano: estoy hablando de sus contradicciones en el tratamiento de dos casos: el de la matanza de Acteal y el de Florence Cassez, la francesa acusada de secuestro. ¿Por qué ustedes hace un par de años ordenaron sacar de la cárcel a un montón de asesinos, algunos de ellos confesos, todos identificados no por un testigo ni por un par, sino por una multitud de testigos, alegando fallas en el debido proceso como argumento contundente e inapelable, y ahora, de pronto, descubren que también hay que tomar en cuenta los derechos de las víctimas y que ése es argumento suficiente para relativizar el principio del debido proceso? ¿Por qué en aquella ocasión concedieron un amparo simple y llano, dejando en total indefensión no a una persona ni a una familia, sino a comunidades enteras y solapando la más indignante impunidad, y ahora de pronto argumentan, como usted hizo el otro día, que cuando mucho concederán un amparo para efectos? ¿Por qué en el caso de una aberrante masacre de 45 personas no se les ocurrió que si había fallas en el procedimiento habría que ordenar la reposición del proceso en vez de simple y llanamente resolver que un crimen atroz quedara sin castigo? ¿Por qué hasta ahora se acuerdan de las víctimas? ¿Por qué no lo hicieron cuando eran decenas de indígenas que unánimemente declararon y reconocieron a los asesinos de sus familiares?
Quisiera concederles a ustedes ministros, aunque sea por unos momentos, el beneficio de la duda; en aras de esto voy a descartar algunas posibles respuestas a mis propias preguntas. Pues una explicación que se viene a la mente de inmediato es que no se acordaron de los indígenas precisamente porque eran indígenas. Pero eso implicaría racismo de su parte y no quiero consentir esos malos pensamientos. Otra explicación que se les ha ocurrido a muchos en nuestro país es que ustedes actúan así porque el Presidente se los pide. Pero Dios me libre de insinuar que los ministros de la Suprema Corte puedan ser así de ignorantes de la división de poderes y así de serviles ante el poder. No quisiera pensar esas cosas, señor ministro, pero déjeme decirle con toda claridad que eso piensa gran parte de los mexicanos y eso seguirá pensando a no ser que ustedes tengan, y demuestren que tienen, otra explicación realmente convincente.
Permítame ayudarlos con una explicación alternativa (aunque de entrada no me convenza mucho). Quizá para ustedes fue clave lo que acabo de escribir: que los sobrevivientes de Acteal declararon e identificaron a las víctimas unánimemente y una conducta así de los testigos es muy sospechosa en un proceso judicial. De hecho éste fue uno de los argumentos que utilizaron los abogados del CIDE en su defensa de los paramilitares: que había una lista de los asesinos y que los testigos los identificaban de acuerdo con esa lista. Pero ni los abogados del CIDE ni ustedes aparentemente se acordaron nunca de que estaban tratando con un caso sucedido en una comunidad indígena. Y el más elemental conocimiento de los usos y costumbres indígenas nos enseña que un caso así nunca se iba a tratar si no era comunitariamente. Y aunque los testigos conserven su responsabilidad personal, es simplemente impensable que en una comunidad indígena y en un caso así no fueran a tomar acuerdos antes de declarar. Muy diferente de los usos y costumbres de la modernidad occidental, ¿verdad? Pero precisamente por eso hubo un levantamiento armado y se derramó sangre: para que ustedes los jueces supieran esas cosas que siguen ignorando. Ahora bien, vamos a suponer que ese argumento fuera discutible (de hecho ustedes nunca lo discutieron). Pero, dígame, ¿qué legislación alternativa a los usos y costumbres de nuestro derecho positivo le permite a un jefe de policía montar un operativo de detención de presuntos culpables, filmarlo y exhibirlo ante millones de televidentes como cosa juzgada y seguir tranquilamente su camino? Y sin embargo usted se aferra a reconocer validez a ese proceso viciado, mientras en nombre de lo mismo dejó ir en total impunidad a los paramilitares asesinos de Acteal. ¿Sabe usted lo que es medir con dos varas diferentes?
Probablemente sepa usted que los sobrevivientes de la matanza de Acteal, Las Abejas, han llevado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro camino muy diferente otro grupo ha presentado una denuncia contra Zedillo ante una corte de Estados Unidos ¿Sabe usted lo que eso significa? No es muy difícil interpretarlo: que en México no hay justicia. O si prefiere, se lo dejo en modo subjetivo: que la gente no cree que en México pueda obtener justicia. ¿Y sabe por qué no cree? Por actuaciones como la de usted, señor ministro.
Rafael Landerreche
¿Qué clase de estado de derecho hay en México?
La Importancia del Caso Florence Cassez
Por Nelson Razo 
Director editorial, columnista y administrador web de Códice En Línea (codiceenlinea.com), periódico digital que informa sobre el panorama informativo local, estatal y nacional a la pintoresca ciudad de Tecate, Baja California. También es columnista de la sección de Tecate de la Revista Campestre (revistacampestre.com).
Exactamente la misma pregunta que el abogado francés de la familia Cassez, Frank Berton, es la que el pueblo mexicano siempre se ha hecho, pero que sólo resuena por unos meses después de algún gran evento de injusticia como por ejemplo el caso de la Guardería ABC.
Sin embargo, a pesar de que la ciudadanía siempre ha sabido que las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia tiene la fama de ser todo menos profesionales en su trabajo y de violar mil y un derechos humanos, el presidente Felipe Calderón, y para el caso cualquier gobernante de alto nivel, siempre se defiende asegurando que su gobierno se apega a los tratados internacionales que buscan garantizar los derechos humanos a toda costa.
Incluso nuestro presidente se atreve a declarar que ya se está depurando y “profesionalizando” las policías. Y, a pesar de que lo menciona en presente continuo (es decir, que se está haciendo, no que ya se ha hecho), no deja de defender a sus funcionarios y a su sistema cuando la sociedad le exige que se encuentre a los culpables o se reparen los daños causados por negligencia o mal proceder.
Incluso ahora resulta que, para que no le estén siempre echando la culpa a Calderón, éste se pone a declarar (en la conferencia “Un Gobierno Democrático” el día de hoy) que la Seguridad Pública no depende solamente del gobierno federal, sino en la mayoría de los casos, es responsabilidad de los estados. O sea que: “ahí les hecho la bolita a los gobiernos priístas y perredistas”, quienes tienen la mayoría de los estados que se consideran violentos. Pero ahí trae al ejército haciendo un trabajo que no le compete. Hasta donde yo sé, el ejército está trasgrediendo la responsabilidad de los estados combatiendo el narcotráfico como si fuera policía estatal y federal al mismo tiempo.
Y precisamente esta es la importancia del caso Cassez. Si nos ponemos estrictos, (precisamente para lo que está la Suprema Corte) para el nuevo derecho mexicano no interesa si es o no culpable la francesa, mucho menos lo que piensen tanto Calderón como la población en general. Lo que le interesa al derecho es la impartición de la justicia de manera ciega y sin presiones ni tendencias.
Si tiene que seguir una, la única tendencia que debe seguir la justicia de un país que se dice ser “un estado de derecho” (como le gusta declarar a Felipe Calderón), es la tendencia de los tratados de derecho internacional que el mismo presidente de la república ha firmado y recordado en tantas ocasiones ya durante su sexenio.
Y esos tratados y esas tendencia del derecho internacional son precisamente las que una decisión, como a la que se llegó hace una semana en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, claramente resulta incongruente. Y es por eso que el mismo abogado francés de Florence indignado expresó ante las cámaras: “¿qué clase de Estado de derecho es México?”
Pero hasta este nivel se debe de llegar para que un caso de mala impartición de justicia tenga la posibilidad de influir de manera positiva en el sistema de justicia y gobierno mexicano: al nivel en el que otro país debe entrar y convertirse el caso (que bien y pudo haber sido resuelto fácilmente desde el principio) en un evento internacional. Y menciono “influir de manera positiva” debido a que algo sí se logró con la resolución de la Suprema Corte: la mayoría de los ministros (incluidos algunos de los de la “ola pasada”) aceptaron que en el caso Cassez, desde el principio se violaron sus derechos humanos fundamentales, los cuales según la “nueva época” están por encima de lo que digan nuestra constitución y nuestros reglamentos jurídicos.
Lo ideal para el derecho mexicano hubiera sido, sea culpable o inocente, que la totalidad de ministros de la sala hubieran reconocido que la mezcla de la violación de sus derechos y el ilegal actuar de las autoridades que detuvieron a la francesa es lógicamente razón suficiente para que se considere a Casses ilegalmente presa, y en consecuencia (y no porque sea o no inocente) hubiera sido liberada.
Ah, pero si no fue por la presión del presidente Calderón (al declarar solo unos días antes de la reunión los ministros de la Suprema Corte que sería un error que la justicia dejara libre a Florence), resulta igual de inadecuado que la decisión de la Primera Sala haya sido producto de que en la misma Suprema Corte (el poder del Estado Mexicano que más independiente y racional debe ser, si a esas vamos) lo que impere, al igual que en la forma de trabajar de las policías en general, sea el viejo estilo de no aceptar el cambio y querer seguir haciendo las cosas como antes, de parte de algunos ministros.
Innumerables son las opiniones de expertos en derecho nacional e internacional que sacan a relucir esa incongruencia en la resolución de la Suprema Corte. ¿Cuál es la incongruencia, con peras y manzanas?
Básicamente México ya acepta que lo que se ha estado haciendo con la justicia (eso de que “primero te agarro y luego averiguo, y te agarro como se me antoje”) viola los derechos fundamentales de las personas. México acepta ya que los derechos fundamentales de las personas están por encima de lo que diga la propia Constitución y en consecuencia también los reglamentos jurídicos. Y México acepta ya que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contario”. Todo esto lo aceptó México con los tantos tratados internacionales que ha firmado y con los que se obliga a seguir las nuevas reglas (que nuevas solo son aquí en los países que apenas lo están adoptando, pero que en todos los desarrollados ya existen desde hace mucho). Y aún así, desde la misma Suprema Corte, vemos las incongruencias manifestarse.
Las incongruencias de las cuales, si recibo comentarios para que lo haga, escribiré en futuros posts. Porque el tiempo es corto y hay que escribir de otros temas. Y porque este tema dá para más y sería muy malo para México que se olvidara igual que la misma Guardería ABC.
Caso Cassez – “1984” hecho realidad
Por Gabriel Infante Carrillo
“El Estado mexicano hizo de este caso en un “reality” judicial; en lugar de que los presuntos secuestradores fueron juzgados en los tribunales, como debe de ser, la opinión pública fue el juez que decide mantenerla tras las rejas.”
El caso de Florence Cassez se asemeja mucho a lo planteado por el escritor inglés, George Orwell en su emblemática novela “1984”. Distorsionar y alterar la realidad para manipular a la opinión pública para hacer creer otra realidad en beneficio de regímenes totalitarios y así tener a la población sometida. La escenificación ajena a la realidad, como el ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, calificó al montaje del arresto televisado de la ciudadana francesa, realizado por la extinta Agencia Federal de Investigación —actualmente la Policía Federal— y comandado por el hoy Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, sin duda logró que Florence Cassez fuera juzgada y sentenciada como culpable públicamente mucho antes de ser juzgada ante un tribunal y un juez, como debería ser en un Estado de Derecho y de legalidad. Los jueces que la sentenciaron en la primera instancia a 96 y luego a 60 años de prisión, aseguraron que el montaje no fue tomado en cuenta como evidencia y que de ninguna manera esto afectó a que la ciudadana francesa tuviera un debido proceso, sin embargo, como el ministro Zaldívar señaló en su proyecto de sentencia, que no próspero:
“…el efecto corruptor imbuyó en todo el proceso penal, sobre todo en el material probatorio incriminatorio, el cual es la base de todo proceso penal y que en este caso se tradujo, esencialmente, en el testimonio de personas que fueron parte de la escenificación ajena a la realidad y que pudieron verse influenciados por aquéllas”.
Y tan es así, que Cristiana Ríos Valladares, una de las víctimas, señaló en su primera declaración del 9 de diciembre de 2005, y quien dijo textualmente:
“Durante la presente diligencia tuve a la vista a las personas que ahora me entero responden a los nombres de Israel Vallarta Cisneros y Marie Louise Cassez Crepin y después de observarlos con detenimiento manifiesto que no conozco a estas personas y es la primera vez que los veo, ya que las personas detenidas que vi en la casa de seguridad las vi cuando estaban de espaldas, pero la ropa que traen es la misma, también los escuche articular palabras y manifiesto que no conozco la voz de ellos, ya que la voz de mis diferentes cuidadores era más ronca y considero que siempre fingían; también quiero señalar que nunca vi a ninguno de mis secuestradores, por lo que me sería difícil identificarlos físicamente y que estoy enterada, por voz de los agentes de la AFI, que las personas que detuvieron son parte de mis secuestradores, por lo cual denuncio el delito de Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro cometido en mi agravio y en agravio de mi menor hijo Cristian Hilario Ramírez Ríos y procede en contra de Israel Vallarta Cisneros y Marie Louise Cassez Crepin y quien o quienes resulten responsables…”
Testimonios como el mencionado que dan indicios de cierta influencia o manipulación de los agentes de la AFI sobre las víctimas para incriminar a los inculpados, así como testimonios contradictorios y en donde responsabilizan a otras personas —incluso a miembros de su familia política— como responsables de su secuestro, y que nunca fueron investigados por parte de las autoridades responsables, así como claras omisiones, abundan en el expediente. Por lo que, los testimonios de las víctimas pierden fiabilidad, y eso se debe en parte por la intervención y manipulación del AFI para cuadrar el guión de la escena ficticia que nos presentaron a través de las pantallas de nuestros televisores aquella mañana del 9 de diciembre de 2005. Así mismo, queda claro quienes conocen a fondo el expediente, que los responsables que llevaron a cabo el proceso judicial en contra de Florence Cassez sólo tomaron en cuenta aquellos elementos donde la incriminan y desecharon u ignoraron otros elementos donde apuntaban a otros presuntos responsables.
A pesar de que se descubrió el montaje, este sin duda tuvo el efecto que quizá la AFI y sobre todo Genaro García Luna deseaban que tuviera con la única finalidad de hacer creer a una sociedad mexicana vulnerada e indefensa por la inseguridad, que la agencia a su mando está dando los resultados, que aquella estaba exigiendo; tan es así, seis años después sigue en el imaginario colectivo de gran parte de la sociedad que asegura, sin conocer a fondo el caso y en parte también motivado con un fuerte sentimiento nacionalista, que la francesa es culpable. Así mismo, es evidente que la manipulación en este caso trascendió a los juzgados y la presión ejercida por parte del gobierno del presidente Calderón ha sido una constante para evitar cualquier posibilidad legal de que Florence Cassez sea puesta en libertad. La hoy candidata del PAN para la jefatura de la Ciudad de México y activista social, Isabel Miranda de Wallace, y que es vista como una heroína— por no decir una santa— por ir detrás de los supuestos secuestradores y asesinos de su hijo, ha sido un instrumento importante para que el gobierno federal, y sobre todo Genaro García Luna, sigan sosteniendo esta farsa.
Un de los argumentos que el ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar que justifica la razón por la cual propuso otorgar el amparo y la inmediata libración de Florence Cassez, y que escandalizó un sector de la población, se basa sin duda en un razonamiento lógico, y que difícilmente no podríamos estar en desacuerdo:
“…es necesario enfatizar que toda acusación debe sustentarse en evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales. En este caso, efecto corruptor, al haber subvertido el material probatorio, impide determinar la culpabilidad de la quejosa en los términos ordenados por nuestra Constitución”.
Es decir, al alterar toda la escena del crimen la solidez y fiabilidad de la evidencia carece de credibilidad, por lo que resulta difícil en base a esas evidencias presentadas por la parte acusadora determinar la culpabilidad de la acusada. Condenar alguien en base a pruebas dudosas y por la palabra de las víctimas sin ser corroboradas y sustentadas por evidencia sólida, no solo es anticonstitucional, sino que en ningún país con Estado de Derecho y con un sistema de justicia fiable e independiente, no sería procedente.
Respecto la opinión pública mexicana entorno al caso Cassez, en el que más del 80% cree en la culpabilidad de esta mujer francesa, es un clarísimo ejemplo a lo planteado por el sociólogo italiano Giovanni Sartori en su un libro “Homo videns”, en la que señala que:
“Con la televisión, la autoridad es la visión en si misma, es la autoridad de la imagen. No importa que la imagen pueda engañar aún más que las palabras [...] Lo esencial es que el ojo cree en lo que ve; y, por tanto, la autoridad cognitiva en la que más se cree es lo que se ve. Lo que se ve parece «real», lo que implica que parece verdadero”.
A pesar que las autoridades reconocieron dos meses después de que la detención televisada era un montaje, el impacto de las imágenes que generó en la opinión pública fue sin duda irreversible, a pesar que todos concientemente reconocen que fue un montaje, pero inconcientemente vinculan la culpabilidad de esta mujer por aquellas imágenes. Las discusiones que se han dado a lo largo de seis años y previó al análisis en la Primera Sala de la SCJN del proyecto de sentencia del Ministro Arturo Zaldivar, por parte de la opinión pública, muestra claramente que hay aún un enorme desconocimiento del caso, ya que sólo repiten los argumentos que han escuchado en los medios de comunicación, por parte de varios “lideres de opinión”, que a su vez también desconocen a profundidad el caso o quizá lo hacen con cierta intencionalidad para quedar bien con el poder, por lo que han propiciado que la opinión pública esté aún más confundida y desinformada sobre este controversial e inédito caso, y que deja muy mal parado al gobierno mexicano.
El Estado mexicano hizo de este caso en un “reality” judicial; en lugar de que los presuntos secuestradores fueron juzgados en los tribunales, como debe de ser, la opinión pública fue el juez que decide mantenerla tras las rejas. ¡Cómo va ser posible que la autoridad vaya en contra de la opinión pública, ellos dicen que Florence Cassez es culpable, pues es culpable! ¡No señores!, este caso debe ser resuelto dentro del marco de la ley, y no lo que piense y diga una opinión pública desinformada. Fue inaceptable la presión ejercida a los cinco ministros por parte del gobierno de Calderón y de la Sra. Isabel Miranda de Wallace. Los ministros de la Primera Sala, no debieron de haber recibido a nadie durante las dos semanas previas a la sesión del pasado 21 de marzo.
A medida que este caso se siga prolongando y no sea resuelto, la imagen de México, de por sí ya deteriorada, seguirá en detrimento, y seguirá siendo vista como un país corrupto, de ilegalidad y con un débil sistema de justicia.
Calderón se siente la reina de su republica bananera – como presiono a Zaldívar en el caso ABC
Mal día para el abogado Felipe Calderón
Duda Razonable Carlos Puig
2012-03-22
No debe ser un buen día para el Presidente aquel en el que cuatro de cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicen que los policías más importantes del gobierno federal —Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino— cometieron en su chamba anterior “graves violaciones a los derechos humanos” de una detenida.
No debe ser un buen día cuando cinco de cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirman que tus superpolicías armaron un show para la tele que quisieron ocultar.
No debe ser un buen día cuando tres de cinco ministros de la Suprema Corte votan por conceder el amparo a la quejosa de tal caso y la nueva ponencia la va a redactar la ministra que quería liberarla de inmediato.
Mal había empezado el 21 de marzo para el Presidente cuando en el evento del aniversario del natalicio de Juárez el presidente de la Suprema Corte había reaccionado al discurso de Calderón del lunes pasado, en el que insinuó que de dar la Corte el amparo a Florence Cassez sería una “rendija por donde escape la impunidad”.
En la Corte nunca caen bien esas insinuaciones que consideran intromisión.
Dijo ayer en la mañana el ministro Silva Meza al Presidente: “La verdadera seguridad es la que se construye en la legalidad. El sistema se sostiene en la credibilidad y en la solidez del estricto cumplimiento de la ley. Hoy los jueces, magistrados y ministros, estamos atentos para aplicar el nuevo marco legal en materia de amparo y de derechos humanos, que exigen que, el nuestro, sea un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad; justicia, basada en instituciones y procesos, que hagan que sea justicia de verdad.
“No el abuso del poder, paso previo al autoritarismo y a la impunidad.
“No la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho.
“Estamos conscientes de que el valor social de largo plazo es la justicia, basada siempre en la Constitución y las leyes. Lo civilizado y lo correcto, el construir un Estado ético, limpio y justo, que no viole los derechos humanos de nadie”.
Y terminó el ministro presidente con una serie de exhortos que sólo hacen sentido a la luz del caso Cassez, el debate de los últimos días en la opinión pública y lo que el presidente Calderón había dicho en Veracruz al lado del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna:
“Respetemos a la división de poderes; nada justifica incumplir la Constitución y los derechos humanos. Respetemos las formas y la legalidad”.
No fue un buen día para el abogado Calderón.
NIEGAN LIBERTAD A CASSEZ
Por Luis Lauro Carrillo
Finalmente las presiones mediáticas y políticas del gobierno de Felipe Calderón sobre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) surtieron efecto, los ministros desecharon por mayoría de votos el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que proponía la libertad inmediata de Florence Cassez.
Las declaraciones admonitorias de Felipe Calderón dirigidas al Poder Judicial a quien expresó “nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad”, dicha manifestación además de constituir una presión política carente de argumentos jurídicos, rebasa la esfera de su competencia, con total desprecio a la autonomía del PJF y a la división de poderes.
Aunado al activismo presidencial se sumó el exacerbado protagonismo de la candidata del PAN al Gobierno del Distrito Federal Isabel Miranda de Wallace y de las voces de los activistas contra la delincuencia. Lamentable la apuesta de la Wallace al utilizar el caso Cassez como estrategia electoral para tratar de volver a reinsertarse en la pelea por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Retomando el tema Cassez la Primera Sala determino que Cassez Crepin sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro, no saldrá libre, se quedará en prisión, sin embargo la mayoría de los ministros coincidieron en que hubo violaciones graves de los derechos fundamentales de la ciudadana francesa.
Así mismo esa autoridad resolvió que el ministro de turno en este caso Olga Sánchez Cordero elaborará un nuevo proyecto, sin establecer un plazo definido para que éste se presente para su análisis y discusión.
De ahí que el nuevo proyecto de resolución que se formule deberá otorgar el amparo y protección de la justicia federal a Florence Cassez para el efecto revocar la resolución del Tribunal Colegiado y dejar insubsistente la sentencia de marzo de 2009 que condenó a la francesa a 60 años de prisión por secuestro, para dictar con plenitud de jurisdicción una nueva sentencia.
En el nuevo fallo del Tribunal Colegiado con base en el amparo resuelto por la primera sala, podría imponérsele a la Cassez una penalidad menor o la absoluta e inmediata libertad, previa desestimación de la ampliación de las pruebas testimoniales de las victimas como la de Cristina Ríos Valladares, quienes reconocieron la voz de Cassez, mediante la difusión del montaje de la televisión.
Por otro lado habrá que señalar que así como hay convencidos de la culpabilidad de la francesa, hay también muchísima gente que la considera inocente y víctima de una grave injusticia por parte del sistema judicial mexicano. El fracaso del sistema de justicia penal en México, tiene su origen en un sistema autoritario que hoy en día se resiste a morir.
En definitiva las violaciones a los derechos fundamentales de Florence Cassez han evidenciado el lado oscuro del sistema de procuración y administración justicia penal mexicano, que amenaza a todos los habitantes del país, por su proclividad a fabricar culpables, esconder evidencia, aparecer otras, encontrar testigos y condenar inocentes como practicas ”normales y ordinarias”.
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Caso Cassez: intromisión indebida
20-03-2012
Ayer, al supervisar la construcción de un nuevo penal de supermáxima seguridad
que se edifica en Papantla, Veracruz, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, acompañado del secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lanzó un mensaje dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), referido a la situación de Florence Cassez –juzgada y sentenciada por secuestro, tras una captura en las que la autoridad cometió flagrantes irregularidades–, e inequívocamente crítico hacia el proyecto de resolución elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el que se propone poner de inmediato en libertad a la ciudadana francesa en vista de las graves infracciones de procedimiento cometidas por la Agencia Federal de Investigación (AFI) y por los ministerios públicos que se hicieron cargo del caso.
En una larga alocución sobre el significado de la justicia, Calderón se unió a las presiones ejercidas sobre la SCJN para que ésta rechace la propuesta de Zaldívar y rehúse excarcelar a Cassez.
Con independencia del fondo de lo que se juzga, los señalamientos del político michoacano resultan contrarios al espíritu republicano y a la observancia del principio de la división de poderes. Con todo y lo mal cumplida que fue en este caso, la obligación del Ejecutivo de procurar justicia terminó en el momento en que la ahora sentenciada fue puesta a disposición de un juez y se aportaron las pruebas de su culpabilidad. En lo sucesivo, la impartición de justicia recae en el ámbito de atribuciones del Poder Judicial, y es por medio de sus instancias formales que el Ejecutivo debe actuar. De otra manera se contamina el funcionamiento institucional del máximo tribunal y se da pie a la sospecha de que se busca encubrir un desempeño policial deficiente e impresentable.
El discurso de Calderón resulta doblemente improcedente si se considera que los recursos de apelación de la sentenciada se han basado en el desaseo en el desempeño de la Procuraduría General de la República (PGR) y, particularmente, en las escandalosas violaciones a los derechos de los acusados cometidas por la AFI, entonces dirigida por García Luna.
Sin duda, [la anulación de la pena impuesta a Cassez, de concretarse, abonaría a la impunidad y lesionaría el derecho de las víctimas a la justicia] (por supuesto, no suscribimos esta afirmación) , pero la responsabilidad de ello no recaería en el máximo tribunal del país, que se limita a evaluar la legalidad o la ilegalidad de los procedimientos, sino en los mandos de la corporación policial que convirtieron a víctimas y victimarios en forzados actores de la televisión privada, la cual, en connivencia con las autoridades, presentó un montaje como si se tratara de una captura en tiempo real. Por eso, cuando Calderón se refirió a la impunidad que podría generarse si la SCJN libera a Cassez, fue inevitable evocar la de las propias autoridades que atropellaron los derechos de los detenidos y de sus víctimas, en lo que parece haber sido un afán publicitario grotesco e ilegal que debió ser esclarecido y sancionado en su momento a fin de evitar que enturbiara los episodios legales siguientes.
Como sabe todo abogado, e incluso los profanos en materia jurídica, la justicia tiene procedimientos que no son meros formalismos desechables, sino garantías de procesos justos y pulcros, cuya inobservancia puede dar pie a la anulación de juicios y de sentencias. Dicho de otra forma, las rendijas para dejar escapar a los delincuentes
a las que se refirió Calderón se abrieron, en el caso Cassez, desde el momento mismo en que la autoridad adulteró los hechos y escenarios y atropelló los derechos de los por entonces presuntos secuestradores.
Más aún, el episodio referido prefigura y ejemplifica, a su manera, el escaso respeto del gobierno federal a derechos y garantías de presuntos culpables, y hasta de ciudadanos manifestamente inocentes, en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada que Calderón declaró y que García Luna ha venido ejecutando desde hace más de cinco años. Que dicha guerra se haya traducido en un incremento brutal a las violaciones de los derechos humanos en el país, como denuncia un clamor de organizaciones humanitarias nacionales y extranjeras, fue posible, precisamente, porque la autoridad no ha podido o no ha querido observar la parte de la legalidad que impone reglas, límites y condiciones a la actuación de la fuerza pública, y eso explica, en parte, la inoperancia y los malos resultados de la estrategia de seguridad en curso.
Tienen miedo… con razón
CIUDAD DE MÉXICO, 7 de marzo.- En un comunicado relativo al caso sobre el amparo directo de la ciudadana francesa Florence Cassez, el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propone otorgarle el amparo y ordenar su inmediata y absoluta libertad.
Las razones expuestas por el ministro:
1. Al quedar acreditado en el expediente que los agentes de policía que detuvieron a Cassez no contactaron de inmediato con el consulado francés, el proyecto declara la violación al derecho fundamental de los detenidos extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular.
El proyecto señala que una asistencia consular efectiva solo será aquélla que se otorgue de forma inmediata a la detención del extranjero, ya que es en ese espacio temporal en el que la comprensión de la acusación, la comprensión de los derechos que le asisten al detenido, la comprensión básica del sistema penal al que se enfrenta, la comprensión de los efectos de la primera declaración ante las autoridades, así como la toma de decisiones relativas al contacto o contratación de un abogado local a fin de establecer una línea en la defensa, cobran una importancia decisiva a fin de evitar un escenario de indefensión.
Asimismo, el proyecto señala que la importancia de este derecho radica en que se configura no sólo como un derecho en sí mismo, sino como un derecho instrumental para la defensa de los demás derechos e intereses de los que sean titulares los extranjeros.
2. Al quedar acreditado en el expediente que la quejosa no fue puesta a disposición inmediata del Ministerio Público, sino que, por el contrario, fue llevada al Rancho Las Chinitas a fin de que participara en un montaje preparado por las autoridades que la detuvieron, el proyecto declara la violación al derecho fundamental de los detenidos a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público.
El proyecto señala que no encuentra justificación constitucional alguna el tiempo en el que Florence Cassez fue retenida en esa propiedad y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros.
3. A continuación, el proyecto señala que se enfrenta a un caso en el que la violación a los derechos fundamentales a la asistencia consular y a la puesta a disposición sin demora, produjeron, por sí mismas, una indefensión total de Florence Cassez.
Aunado a lo anterior, en el caso concreto esta indefensión se produce no solo por la violación individualizada de estos derechos, sino porque, además, estas violaciones provocaron la afectación total del procedimiento al tener una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada.
4. En consecuencia, el proyecto establece que hubo una violación al derecho fundamental a la presunción de inocencia de Cassez, el cual exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie, pues puede ser el caso que ciertas actuaciones de los órganos del Estado incidan negativamente en dicho tratamiento.
El proyecto aclara que no censura que la prensa informe sobre los acontecimientos que resultan de interés nacional, como la lucha contra la delincuencia.
Censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo.
5. Por último, el proyecto señala que la violación a estos tres derechos generaron en el caso concreto un efecto corruptor en todo el proceso penal y viciaron toda la evidencia incriminatoria en contra de Florence Cassez.
Esto es así, ya que el montaje implicó la exposición de Florence Cassez, señalándola como la responsable de un delito, sin que mediara un juicio que esclareciera su situación jurídica, además de una supuesta recreación de hechos que nunca ocurrieron pero que, sin duda, pretendieron causar un impacto en la opinión pública y en todas aquellas personas ligadas al proceso.
Como consecuencia de este montaje, el proyecto analiza las pruebas en contra de Florence Cassez y concluye que carecen de fiabilidad, ya que los testimonios de las víctimas, así como las declaraciones de los policías, son producto de una deformación de la realidad provocada por la Agencia Federal de Investigación. Asimismo, aclara que no se pronuncia sobre las pruebas del otro detenido: Israel Vallarta Cisneros.
Estos son los puntos señalados en el comunicado del ministro, dado a conocer esta mañana.
El 7-03-2012
