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El “crimen” del teniente Mendoza

Articulo publicado en la revista Proceso
Por Arturo Rodríguez García
Fecha: 8 de noviembre de 2013

Mini-prisiones-militares-Foto-Especial-435x330Fue agredido a tiros por un superior con quien tenía una historia de rencillas personales. Salvó la vida pero no pudo poner fin al hostigamiento: ahora está preso, acusado de insubordinación y agresión. En realidad el fondo de la trama es otro: el teniente Mendoza fue quien denunció en las páginas de este semanario que el operativo calderonista contra Luz y Fuerza del Centro lo realizaron militares disfrazados de policías federales… Además, él y otros de sus compañeros de armas han sostenido una larga lucha por eliminar el fuero militar –fuente de numerosas violaciones a los derechos humanos– y participa en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia.

La tarde del 19 de septiembre de 2012 el teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez fue a la primaria del Instituto Educativo Las Américas, en Naucalpan, para saludar a su hijo. Ahí, frente al pequeño y sus compañeros, maestros y padres de familia, el militar fue atacado a tiros.
Desde hacía meses se quejaba de que el concubino de su expareja, el coronel de justicia militar José Raúl Celedón Lamas, le impedía ver a su hijo. La jerarquía era el argumento: Mendoza tenía que obedecer.

Ese 19 de septiembre, hacia las 2:30 de la tarde, cuando cientos de padres convergen en la caótica hora pico, Mendoza llegó a la escuela donde se encontró con Celedón. Sin mucha puntería el coronel disparó al menos cinco veces. Sólo dos tiros impactaron al teniente: uno en el costado izquierdo y otro en la espalda.

Entre la muchedumbre aterrorizada se escuchaban los gritos acusadores: “¡Fue el pelón, fue el pelón!”, decían y señalaban al agresor.

Según la primera declaración de los testigos (Vivian Prieto y Juan Manuel Samperio, en cuyo automóvil hubo impactos de bala), el teniente pedía clemencia mientras el coronel seguía disparando. Herido, Mendoza se arrastró hasta quedar junto a la pared del deportivo El Huizachal, donde unos soldados lo subieron a una camioneta para llevarlo al Hospital Militar.

Tenía perforado el pulmón derecho

Celedón huyó con el hijo del teniente y seis horas después se entregó a la justicia militar, ante la que dio una versión distinta: que había sido él quien resultó agredido –“a cabezazos”–, por lo que respondió a tiros en “legítima defensa”. A esa hora, en el lugar del tiroteo ya no quedaban ni los casquillos percutidos. Además acusó al teniente de insubordinación.
Mendoza estuvo internado varias semanas en el Hospital General Militar.

Cuando estaba a punto de ser dado de alta, oficiales de la Policía Judicial Federal Militar irrumpieron en el nosocomio, lo arrestaron y se lo llevaron a la prisión del Campo Militar Número Uno, donde permanece hasta ahora.

La justicia castrense desestimó las lesiones por arma de fuego y la justicia civil no se quiso hacer cargo de la denuncia por intento de homicidio interpuesta contra el coronel, que está libre y en funciones en la sede judicial militar de Mazatlán, mientras que por el supuesto cabezazo el teniente está preso, acusado de “insubordinación en vías de hecho causando lesiones al superior”.

Cuando ocurrieron los hechos, ninguno de los dos iba uniformado –no forman parte de la misma área ni tienen relación directa de supra-subordinación–, estaban fuera de servicio en una zona de civiles y no en instalaciones castrenses.

Con todo, los jueces militares y un juzgado constitucional le negaron a Mendoza Pérez la petición de llevar su causa al fuero civil, quien desde hace años ha sido un activo promotor de la erradicación del fuero militar, por considerarlo una medida injusta que favorece las violaciones a los derechos humanos.

Marchaba por la paz

Un año antes del tiroteo, el teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez se había sumado al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), surgido a instancias del poeta Javier Sicilia y de familiares de víctimas de la violencia desatada durante el sexenio de Felipe Calderón.

Indignados, varios oficiales del Ejército y la Marina denunciaban abusos de la justicia castrense, a la que acusaban de propiciar la vulneración de derechos humanos de civiles y militares por igual.

A Mendoza y otros de sus compañeros en activo se les veía marchando junto con integrantes de dicho movimiento, enviaban oficios a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los titulares de los tres poderes y participaban en foros y audiencias de la Cámara de Diputados para pedir una reforma al fuero militar.

Por ejemplo, el 26 de junio de 2012 el MPJD peregrinó a la Basílica de Guadalupe, donde el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ofició una misa. El teniente y sus compañeros, en procesión, ingresaron al templo del brazo de familiares de víctimas de militares.

Para entonces el teniente había hecho público su testimonio como comandante de un batallón: reveló que el 19 de octubre de 2009 miles de militares fueron disfrazados de policías federales para tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), extinguida esa noche por decreto de Calderón.

El testimonio fue dado a conocer por Proceso en su edición 1841, del 12 de febrero de 2012. En la entrevista con este semanario Mendoza explicó que le habían fincado el delito de abandono de funciones. Él había cuestionado en diferentes ocasiones el operativo de custodia de LFC, pues aseguraba que sus soldados estaban en condiciones infrahumanas, con órdenes de no dejar entrar a trabajadores y mantener en secreto su condición de militares.

“La verdad, lo único que hacían (los trabajadores) era que iban y colocaban sus mantas. Yo nunca vi que hubiera violencia ni agresiones como para mandarnos, pues aunque desarmados, somos soldados de armas. Ellos (los trabajadores) exigían lo que les correspondía, pues. Nunca nos agredieron”, dijo a este semanario esa vez.

También relató su primer desencuentro con el coronel Celedón cuando en mayo de 2010 acudió a ver a su hijo a una unidad habitacional militar de Irapuato y fue retenido en el acceso por la Policía Militar. Afirmó que esa orden provino del coronel, quien lo amenazó con acusarlo de insubordinación si intentaba ir otra vez a ver al niño. De todas maneras quedó acusado.

“Le dije que era una violación a mis derechos, pues en todo caso se trataba de un asunto familiar y yo tenía derecho de visita y convivencia con el niño. Pero así es en el Ejército: deciden hasta en derecho de familia”, explicó entonces.

Casos y testimonios aparte, los militares y marinos que participaban en el MPJD, con Mendoza incluido, tenían una serie de exigencias: transparentar el destino de las nóminas retenidas a militares en juicio, investigar la cadena de mando en las acusaciones por muerte o agresión a civiles, erradicar el fuero militar y crear un tribunal especial (similar al electoral) integrado por jueces y magistrados civiles.

El desamparo

Teniente Mendoza en el Hospital General Militar después de que el coronel Celedón lo disparó cinco veces. Foto: twitter @CessCorte

Teniente Mendoza en el Hospital General Militar después de que el coronel Celedón lo disparó cinco veces.
Foto: twitter @CessCorte

Concluida su convalecencia en el Hospital General Militar, el teniente quedó preso. Se le abrió la causa penal 462/2012 y el 26 de noviembre de 2012 el Juzgado Primero Militar adscrito a la I Región le dictó formal prisión, lo que quedó confirmado el pasado 8 de abril por el Tribunal Superior de Justicia Militar.

La denuncia del teniente por “intento de homicidio” –interpuesta contra Celedón– fue archivada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y el coronel quedó libre, enfrentando sólo un cargo en el sistema judicial militar por abuso de autoridad simple; es decir, sin tener en cuenta los disparos.

Conforme a los autos asentados en el juicio de amparo 463/2013-IX-B, del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, el teniente rechazó haber cometido el delito que se le imputa.

Luego de que el coronel Celedón le prohibiera visitar a su hijo en su domicilio, Mendoza solía visitarlo a la salida de la escuela. Conforme a los antecedentes expuestos en la demanda de amparo, no existe ninguna orden que impidiera que Mendoza visitara a su hijo, lo que fue corroborado en la declaración testimonial de su exmujer, la capitana Maribel Vázquez Vélez.

En el juicio de amparo Mendoza probó que el día de los hechos no estaban en servicio el coronel ni él mismo, que todo ocurrió fuera de instalaciones militares y que si bien Celedón tiene mayor grado, sus respectivas áreas de trabajo no se relacionan ni él se encontraba bajo el mando orgánico del coronel, razón por la cual no es posible que se haya insubordinado.

Subrayó que Celedón utilizó un arma de fuego en zona de civiles sin estar en funciones militares ni tener participación en operación alguna, y realizó más de cinco disparos que, según el coronel, hizo en legítima defensa.

Los testigos civiles corroboraron que el agresor fue el coronel, a quien Mendoza acusó por homicidio en grado de tentativa ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público, Mesa II, del fuero común, que hasta ahora no ha consignado el expediente.

En el juicio de amparo, Mendoza argumentó que el asunto debía ser tratado en el fuero común. Esgrimió la tesis aislada 313 404, tomo XXXVIII, de 1933, donde se establece que si un militar fuera de servicio mata a otro, el delito es competencia del fuero común. A ésta se añadieron 11 tesis resueltas en años recientes para exigir el proceso en el fuero común.

Durante el juicio Celedón se contradijo. Por ejemplo, en una primera declaración sostuvo que fue agredido y para defenderse sacó su arma y disparó, pero se le encasquilló, así que siguió jalando el gatillo y hasta cuando vio al teniente herido se dio cuenta de que era el padre del menor.

En una segunda declaración afirmó que vio llegar al teniente, quien se dirigió a él para agredirlo, por lo que debió disparar en legítima defensa.

No obstante, los testigos confirmaron que fue el coronel quien inició la agresión; unos dicen que a cabezazos y otros que ambos manotearon, tras lo cual el coronel sacó su arma y disparó.

Para el juzgado y el tribunal castrenses el delito de insubordinación se configuró en los hechos del 19 de septiembre pues ambos son militares –hayan estado en servicio o no– y Mendoza conocía el grado de Celedón, a quien le causó lesiones con el supuesto cabezazo.

La justicia militar dio por buena la denuncia por insubordinación en vías de hecho causando lesiones al superior, aunque durante el juicio no se acreditó ninguna lesión provocada por el teniente.

Con sus argumentos, Mendoza pretendía demostrar que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, así como disposiciones de tratados internacionales suscritos por México; sin embargo, se le negó el amparo, con lo que se confirmó el auto de formal prisión con el mismo argumento: el teniente conocía la graduación de Celedón.

Y preso se queda

Marcos Gerardo Mendoza fue juzgado por el general Rogelio Rodríguez Correa, quien –afirma el teniente– es compañero del agresor.

Rodríguez Correa ya había encausado al teniente Mendoza en 2011 tras la otra acusación por faltas a la disciplina militar hecha por Celedón la primera vez que se opuso a que el teniente viera a su hijo. Además el coronel fue titular del Juzgado Sexto Militar, donde se radicó la causa contra el teniente; ésta se sumó a la número 426/2012. En dicho juzgado permanece el secretario de acuerdos que sirvió también durante la titularidad de Celedón en esa instancia.

El general Rodríguez, uno de los altos mandos supuestamente dedicados a promover los derechos humanos en las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Calderón, se ha visto envuelto en diferentes casos polémicos; entre ellos el juicio a los soldados que violaron a 14 mujeres en Castaños, Coahuila, en julio de 2006, cuya sentencia (demasiado leve) fue criticada por defensores de los derechos humanos.

El recurso que intentó interponer Mendoza se radicó en el Juzgado Primero de Amparo en Materia Penal, cuya titular es la juez Sandra Leticia Robledo Magaña, envuelta con frecuencia en controversias por sus fallos.

Robledo amparó al narcotraficante Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, el pasado julio; en 2008 al líder textilero Fermín Lara Jiménez, acusado de fraude a Bacomext por más de 40 millones de dólares; en 2006 al expresidente guatemalteco Alfonso Portillo contra una orden de extradición y, en 2005, a Osiel Cárdenas Guillén, capo que lideró el Cártel del Golfo.
Pero a Mendoza le negó el amparo. La defensa del teniente hace dos observaciones: la juez difirió cinco veces la audiencia, dando tiempo a que se resolviera el caso de abuso de autoridad contra Celedón en el fuero militar, y desoyó el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de septiembre de 2012, el cual establece que los delitos del orden común cometidos entre militares deben procesarse por la justicia civil.

Con todo, para la justicia castrense y para Robledo Magaña –según sus respectivas argumentaciones–, si bien los hechos analizados pudieron derivar de cuestiones personales, el teniente Mendoza trastocó y lesionó la disciplina castrense, lo que es constitutivo de delito en ese fuero, por lo cual debe permanecer preso.

Los Vallarta y los montajes calderonistas

Fuente: Noticias Prodigy Msn

El 19 de marzo, 2014

Israel Vallarta (caso Zodiaco)

Israel Vallarta (caso Zodiaco)

“Todos mis familiares presos han sido torturados y todos dieron positivo en el Protocolo de Estambul”, afirma Guadalupe Vallarta, cuya familia, sostiene, es víctima de un gran montaje político y mediático.

Una a una han ido saliendo de la cárcel personas que fueron víctimas de montajes jurídicos, políticos y mediáticos en el sexenio del presidente Felipe Calderón y de su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

A los encarcelados no se les siguió un debido proceso, ni se respetó el principio fundamental jurídico de presunción de inocencia. Entre los injustamente encarcelados hay periodistas, militares, jefes policiacos, decenas de alcaldes de oposición y personas comunes y corrientes.

Tal vez el caso más publicitado es de la francesa Florence Cassez y su entonces novio, el mexicano, Israel Vallarta.

Autoridades y Televisa fabricando culpables

A Israel Vallarta y a Florance Cassez los arrestaron el 8 de diciembre de 2005 acusados de ser secuestradores. El 9 de diciembre de ese año, un día después de su detención, la policía preparó en el rancho Las Chinitas, propiedad de Vallarta, la escenografía de un gran show.

Durante la noche del 8 al 9 de diciembre, Israel fue torturado. Llevaron a Vallarta y a Cassez a Las Chinitas donde la Policía Federal de Investigaciones (AFI) tenía todo preparado para simular ante las cámaras de televisión que estaban rescatando a tres víctimas de secuestro, en vivo y en directo.

Cuando quedó claro que la  transmisión en vivo no era una captura in fraganti de la banda de Los Zodiaco, García Luna tuvo que admitir que los arrestos se habían hecho un día antes y que “a petición de la prensa” habían escenificado todo otra vez. Pero escenificaron algo que no ocurrió así.

Lo que nunca dijo García Luna es que jamás existió la banda de Los Zodiacos, que Vallarta y Cassez no son secuestradores y las supuestas víctimas fueron “sembradas” por la misma policía. Y las cadenas de televisión hicieron un papelón.

Censura y represión

A Vallarta se le prohibió hablar con la prensa. Una vez logró comunicarse telefónicamente durante diez minutos con dos periodistas francesas y, como represalia, lo incomunicaron durante meses. Por esta razón, la familia teme reunirse con la prensa.

Guadalupe Vallarta, hermana de Israel, aceptó hablar con RNW y explicó que a pesar de que los videos de Televisa y TV Azteca fueron editados, en algunas tomas se alcanza a ver a Cárdenas Palomino, amigo y subordinado de García Luna, tomando por el cuello con toda fuerza a Vallarta y enterrándole un dedo en la yugular, lastimándolo para obligarlo a confesarse culpable. Tres ex empleados de Televisa que fueron testigos del montaje han tenido el valor civil de denunciarlo.

El expediente que nadie quiere leer

En el expediente y en las audiencias empezaron a aflorar las contradicciones, en especial las declaraciones de las  presuntas víctimas que cambiaron muchas veces su versión de los hechos. Las versiones no coinciden en nada, ni los tiempos, ni los lugares; nada cuadra ni tiene lógica.

Al tiempo que los corresponsales galos en México Anne Vigna, Leonore Mahieux, Delphine Rigaud y Emmanuelle Steels encontraban las inconsistencias del proceso y que el gobierno de Francia se interesó con el caso, la embestida mediática contra Cassez y Vallarta empeoró; la policía repartió boletines de prensa con declaraciones y pruebas falsas.

Cassez decidió llevar su caso por cuenta propia. La estrategia de sus abogados fue que se le dictara sentencia lo más rápido posible, apelar, hasta agotar todas las instancias para que su caso llegara a la Suprema Corte de la Nación. En primera instancia la condenaron a 96 años de cárcel, con la apelación, la pena bajó a 60 años y la Suprema Corte declaró que no se le había seguido un debido proceso y la liberaron. No la declararon ni culpable ni inocente.

Dos hermanos y tres sobrinos de Israel Vallarta están presos y son víctimas de supuestas falsas declaraciones, de falsos testigos, con falsas evidencias y comunicados de prensa llenos de mentiras.

Guadalupe Vallarta en entrevista con RNW afirmó que el proceso de su hermano va muy lento porque durante varios años la jueza Olga Sánchez Contreras no aceptó las pruebas de la defensa. Los testigos aparecían sólo para incriminar a Vallarta y a Cassez pero cuando la defensa solicitaba interrogarlos, desaparecían. Además, dice, se trata de contaminar el proceso inventando nuevos delitos que sus familiares no cometieron.

“Mi hermano Mario quedó sordo tras una paliza; le reventaron un oído”, dice Guadalupe.

La señora Vallarta se ha dedicado desde el 2009 a defender a sus familiares. Ha estado en todas las audiencias y señala algo muy peculiar: “Cárdenas Palomino siempre estuvo presente en todos los arrestos, en todas las audiencias, en todos los careos; él es quien siempre da las noticias a los medios. Siempre usa al mismo equipo compacto de jueces, ministerios públicos y demás funcionarios. A veces cambian de cargos pero sus firmas siempre están en los documentos. Cada vez que capturan a secuestradores, dicen que son una célula de Los Zodiaco. Los torturan para que acusen a los Vallarta. Israel aporta pruebas de su inocencia y no sólo busca que se le libere sino que se le exculpe, que se haga justicia”, remarca nuestra entrevistada.

La prensa y el rigor periodístico

Emmanuelle Steels, corresponsal en México del periódico Libération, ha estudiado el expediente del caso Vallarta-Cassez desde 2009 y afirmó a RNW que se trata de un montaje, político, jurídico y mediático y cada vez que estaba a punto de salir a la luz una inconsistencia, una contradicción, una resolución, la visita del entonces presidente francés Nicolás Sarkozy, se arrestaba a algún miembro de la familia Vallarta. Entonces, para tapar el primer montaje, se montó un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto.

El periodista José Reveles afirmó que no existe la banda de Los Zodiaco, que todo es un invento, un montaje y en su más reciente libro El Affaire Cassez, documenta paso a paso, detalle a detalle no sólo el montaje, sino que deslinda responsabilidades y los motivos.

Reveles también hace una lista de diversos personajes de la vida política que fueron encarcelados injustamente. Todos ya están libres porque se demostró su inocencia. Reveles afirma que México es una gran fábrica de culpables y que en el sistema de impartición de justicia reina la corrupción.

La familia Vallarta exige que los jueces y los abogados estudien el expediente, que se apeguen a los procedimientos, y que hagan justicia.

El AFFAIR CASSEZ – nuevo libro de José Reveles

Para leer el primer capitulo de este impactante libro, dale un clic aquí.

Silva Meza da adiós a Calderón: gobierno incumplió en derechos humanos, dice‏

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Juan Silva Meza, despidió a Felipe Calderón con una velada crítica: el incumplimiento de su gobierno a sentencias internacionales relacionadas con la defensa de los derechos humanos en México.
Todas las autoridades del país están obligadas a ajustarse al régimen de protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, que son propios de cualquier democracia, dijo el ministro ante Calderón en la ceremonia del 202 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.
El sistema político de nuestro país se ha reformado para tener una justicia penal más humana y reconoce, con todas sus letras, que los mexicanos tienen derechos, no meras prerrogativas otorgadas por los gobernantes, dijo el ministro presidente en la ceremonia que tuvo lugar en el monumento del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.
Además, la rendición de cuentas debe significar un medio de prevención y reparo de conductas indebidas, cometidas por los encargados de la función pública, añadió el también presidente del Consejo de la Judicatura federal.
Silva Meza aludió a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército en contra de civiles.
Los fallos han pedido la reparación del daño a las víctimas y la modificación a las disposiciones legales de la justicia militar que han facilitado esas violaciones, pero la administración de Calderón evitó dar cumplimiento cabal a esas sentencias.
Desde hace más de un mes, la Suprema Corte ha estado resolviendo distintos amparos para acotar el fuero militar, aunque no ha establecido jurisprudencia en la materia.
En el Poder Judicial sabemos bien cuál es nuestra responsabilidad, vigilar la buena salud de nuestro régimen constitucional, sin titubeos ni confusiones, añadió el ministro presidente.

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Florence Cassez: “Más que mi libertad, quiero mi inocencia”

El Pais

2 de junio de 2012

Por Salvador Camarena

La prisionera más famosa de México y de Francia no quiere su libertad. Lo que ella realmente quiere es que crean lo que ha repetido desde hace seis años, cinco meses y 24 días. Que es inocente. Que no es secuestradora. Que ni siquiera está segura de que su ex pareja –preso, acusado de ser líder de una banda de secuestradores- lo sea. Lo que quiere Florence Cassez Crepin (Lille, 1974) es que lo que le ha pasado no lo viva más nadie.

Son las 10.10 de la mañana. La temperatura va camino de los 30 grados en la capital mexicana en el último día de mayo. El agua está a punto para el café. El mantel de rayas en vivos colores aumenta la sensación de que algo no cuadra. Mientras las mesas cercanas se irán llenando de quesadillas, tacos, moles y enormes coca colas, en la de “Preciosa” o “Flor” -como le llaman otras internas- solo hay lo indispensable para beber café, ordenado con tan buen gusto que dificulta el arranque de esta entrevista en la cárcel para mujeres de Tepepan, en el sur del Distrito Federal, en donde a Florence le quedan todavía 53 años y medio para cumplir su condena de 60 por secuestro.

El Tribunal Supremo de México falló el 21 de marzo pasado que la policía mexicana violó los derechos de Cassez. El operativo policiaco de su detención fue anunciado y transmitido en un falso directo, y ante millones de televidentes aparecieron Cassez y su ex pareja Israel Vallarta, presentados como secuestradores, golpeados para que confesaran ante las cámaras su “culpabilidad”, compartiendo pantalla con sus tres supuestas víctimas. Eso ocurrió el 9 de diciembre de 2005. En menos de tres meses el engaño comenzó a resquebrajarse. La policía simuló el operativo. Las violaciones procesales por el montaje fueron de tal magnitud que los magistrados mexicanos discutirán a más tardar en agosto si repiten el juicio a Florence y cuáles de las “pruebas” surgidas aquella mañana de diciembre ya no podrán ser usadas en su contra.

“Yo cada día voy ganando en mi lucha. Siempre supe que iba a ganar”, dice Florence en un español casi perfecto. Pero la sentencia proponía la inmediata liberación y esta no fue aprobada. “El 21 de marzo sí gané. Y el día 7 también [cuando se publicó el proyecto de resolución que se iba a votar, que decía que el proceso estaba viciado por el “efecto corruptor” del montaje televisivo]. Porque cuatro de cinco magistrados han dicho que sí hubo violaciones graves en mi proceso. Y partir de ahí mucha gente va a valorar mi voz, porque ya no es lo que yo diga, sino lo que dice la Suprema Corte”.

Cassez cuenta que durante dos años leyó cada día L’Affaire Dreyfus: la vérité en marche, de Jean-Denis Bredin. Se aferró al caso Dreyfus [el oficial de origen judío condenado en Francia a finales del siglo XIX en un proceso viciado] al sentir que su nacionalidad era parte de una trama para convertirla en la culpable perfecta. El “pinche francesa, por qué viniste a chingar a mí país” que escuchó en los primeros años de su reclusión le confirmaba que antes de que un juez dictara cualquier cosa, su suerte ante la población mexicana, e incluso ante parte de la de su país, había sido dictada por el montaje televisivo que la mostró como una secuestradora.

“¿Sabes por qué no me dejan salir? ¿Por qué ha habido tanta saña conmigo? Porque no se trató de una equivocación, fue un montaje, porque con mi caso la policía quiso mostrar a los mexicanos que el que menos parecía un secuestrador –una francesa, bonita, joven— hasta a esa persona la iban a encontrar y a detener. Por eso me presentaban como ‘la francesa secuestradora’”.

Cassez publicó en 2010 el libro A la sombra de mi vida (Grijalbo) en el que ratifica que fue detenida un día antes de la transmisión televisiva en un lugar situado a kilómetros del rancho donde supuestamente ocurrió el rescate de los secuestrados. Desde ese día su caso ha incluido un ramillete de estrambóticas experiencias que van desde el abogado que desde el principio le dijo que le llevaría cuatro años sacarla de la cárcel a razón de diez mil euros al mes hasta su reclusión de dos meses en un apando (celda de aislamiento) porque un dibujo realizado por su padre en uno de sus cuadernos sirvió para acusarla de intento de fuga, pasando por eternas comparecencias en procesos donde no se consideraron las flagrantes contradicciones de los testigos, y condiciones infrahumanas en celdas y pasillos donde fue testigo de violaciones y palizas en medio de un hedor a orín.

“Te voy a decir cuándo ganaré: el día que cambie para los mexicanos este sistema de justicia. El día que mi caso esté en los libros de historia, si quieres en 200 años. Que digan: ‘mira esa mujer extranjera, todo lo que nos ha hecho ver sobre nuestro sistema, gracias a eso ya no nos va a pasar algo similar’. Eso será ganar. Y para eso lo que la Suprema Corte va a discutir sobre mi libertad es un paso. Un paso obligatorio pero yo no pierdo de vista lo otro, mi inocencia”, dice Florence en el locutorio de visitas que en pocos minutos ya se ha llenado de gente que reza, niños que corren y amantes que se reencuentran.

Con su blusa azul (el color reglamentario para las condenadas), su pantalón ajustado, la sortija que le dejó la abuela a la que ya no pudo despedir y su joyería de oro con forma de pareja de gatitos que adorna orejas, cuello y un dedo de la mano izquierda, esta pelirroja de largos rizos anuncia que cuando salga libre regresará a México para pelear por su reputación, pues no quiere que una eventual liberación por errores judiciales deje en suspenso la declaración de inocencia que ha sostenido desde el principio, exigencia que incluso le llevó, en febrero de 2006, a llamar por teléfono al programa de la periodista Denise Maerker para desmentir en vivo al entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna. Con esa llamada se buscó de enemigo a quien el presidente Felipe Calderón nombraría en diciembre siguiente Secretario (ministro) de Seguridad Pública, poderoso cargo que sigue ocupando hoy.

Amparado en el Tratado de Estrasburgo, Nicolas Sarkozy intentó desde 2009 llevarse a Francia a su conciudadana para que cumpliera allí el castigo. Más que un pulso, en los siguientes tres años el entonces presidente francés y Calderón protagonizaron una verdadera “guerra de egos”, como lo define ella sin dejar de reconocer el empeño del ex mandatario de su país, que asumió como propia su causa.

Si Calderón le ofreciera hoy, al final de su mandato, concederle el traslado, ¿aceptaría? “No. Soy inocente. Quiero que valga la pena todo lo que he luchado, que ha sido no solo por mí sino, hoy lo veo claro, también por los mexicanos”.

En su libro, de impulsos como el que la llevó a desmentir a García Luna sin calcular a quien se enfrentaba, Cassez dice: “Fui inconsciente porque soy inocente”. En la entrevista abunda en esta idea: “He tomado riesgos sin calcularlos porque mi cuerpo me los pedía. Estoy consciente de que mi caso se vuelve cada vez más importante para algunas personas. Todos los días me queda claro que algo me puede pasar. Todos los días me queda claro que algunas personas me quisieran a tres metros bajo tierra”. No identifica sin embargo a quién se refiere.

Las lágrimas asoman varias veces en los ojos de Cassez. Pero no cuando se le recuerda que es poco creíble que durante meses haya sido pareja de un sujeto acusado de un homicidio y varios secuestros sin enterarse de nada.“¿Tengo que demostrar que no sabía que era secuestrador? ¿Cómo te explico lo que hay mi cabeza? ¿Cómo te demuestro mi inocencia? ¿Cómo te demuestro que no lo sabía? Me están pidiendo lo imposible. Lo irracional. Cuántos periodistas no se han sentado en esa silla donde estás para decir: ‘A ver, demuéstrame que no sabías’. Lo único que tengo es mi inocencia. Nada más. Mucho tiempo me pregunté: ¿Cómo no pude ver? Repasaba las imágenes en mi mente, me dije estúpida. Pero tras ver la magnitud de lo que eran capaces de armar en un caso como el mío…” ¿Es Israel Vallarta un secuestrador? “No sé. Y yo no soy quién para juzgarlo. Para eso están los magistrados. Ojalá no”.

Las últimas noticias del caso Cassez son de la semana pasada. Los medios de comunicación dieron cuenta de una nueva detención de “otro” miembro de la banda Los Zodiaco, a la que supuestamente ella pertenecía. Se trata de un hermano de Israel. En las notas periodísticas el verbo hundir es conjugado en contra de Cassez . “Salió de la nada la declaración de Mario Vallarta, ¿verdad?”, dice con un dejo de sorna la entrevistada, que explica que cada que su caso avanza surge una “nueva” evidencia para “reforzar un asunto que ya era débil”.

Después de que desmintió a García Luna, los testigos ampliaron sus acusaciones. Tras insistir en su petición de justicia, en 2009 surgió un individuo de nombre David Orozco que también la “hundía”. Cuando se aproxima la fecha en que el Supremo retomará el asunto, Mario Vallarta la incrimina en declaraciones publicadas por los medios pero cuyo origen legal no ha sido sustentado. “No podemos dejar que hagan eso”. Cassez no se refiere a las coincidencias, sino a que esos testimonios según ella son arrancados con tortura. “Olvídese de mí, yo sé que no es verdad, es una persona a la que torturan. Estamos acostumbrados a tantas cosas feas. Las cosas terribles que pasan en México me ayudaron a entender lo que pasó en mi caso. A entender que la palabra tortura en este país la ven, la dicen, pero se olvidan de lo que en realidad significa, no quieren saber. Por eso gustó lo del movimiento 132, México necesita un cambio, y qué mejor que venga de los jóvenes”.

El único momento en que Cassez se toma muchos segundos antes de contestar es al preguntarle qué le diría al presidente Felipe Calderón si lo tuviera enfrente. “¿Él es abogado, verdad? Le preguntaría por qué no ha leído mi expediente, como sí lo han hecho Héctor Aguilar Camín o Héctor de Mauleón [escritores y periodistas], o Arturo Zaldívar [el magistrado que propuso en su resolución liberarla]. Le preguntaría por qué me convirtió en un asunto de Estado”.

Demasiadas veces se ha hecho la ilusión de que está a punto de salir. No quiere pensar en lo que falta para la nueva cita en que el Supremo revisará su caso. Desencantada de estar lista para irse y tener que volver a acomodar sus pertenencias en la prisión, ahora vive un hoy de horas breves.

“El día es muy corto. Leo mucho, en este momento María Antonieta de Stefan Zweig. Tengo muchas amigas, trato de estar siempre que me necesitan. Pinto, escribo. Cuando me acuesto siempre digo: ‘Uy, me faltó hacer esto, no hice aquello’. Vivo”.

A media entrevista, a Cassez la llaman desde “el jurídico”. Regresa con docenas de cartas y un gran paquete. Cuenta que tras la resolución del Supremo entre las misivas que nunca han dejado de llegar también las hay ahora de franceses que le piden perdón por haber creído en algún momento que era una secuestradora. Emisarios del nuevo gobierno galo ya han manifestado a su familia que es hora de retomar la defensa de su caso.

“Lo más bello que he vivido es ver cómo los mexicanos han tomado partido, me han defendido y son una nueva voz. Por eso me tenía que quedar, para vivirlo, si me hubieran llevado a Francia, quizá me hubiera suicidado. Necesitaba ver este cambio: los diarios, los artículos, ver a la Suprema Corte, eso ha sido una recompensa”.

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Carta al ministro Cossío por Rafael Landerreche

Carta abierta publicada en La Jornada el miércoles 4 Abril 2012…

Para empezar déjeme decirle que yo mismo no sé muy bien por qué he decidido dirigirle esta carta a usted personalmente. En realidad debería ser para todos los ministros de la Corte y para el mismísimo Presidente de la República. Quizá es porque algunas declaraciones suyas se me quedaron grabadas especialmente. O quizá es porque algún conocido alguna vez me habló bien de usted y eso me dejó una casi inconsciente esperanza de que hablarle a usted no sea como hablarle a una tapia. Sea lo que sea, el hecho es que quiero dirigirle estas palabras.

Doy por supuesto que pensamos y vemos las cosas de manera muy diferente. Pero para llevar a cabo un acto de comunicación, aunque sea tan hipotético como éste, es necesario encontrar algún punto en común. Le propongo el siguiente. Para que en una sociedad haya paz y estabilidad es indispensable que se respete la ley o, como les gusta de decir a los abogados y a los políticos, se necesita la vigencia del estado de derecho. Eso, a nivel de principios; supongo que estaremos de acuerdo aunque sea en lo general. Y en el nivel de las percepciones de la realidad, pienso que podremos estar de acuerdo en que en México nos falta mucho para que eso se haga realidad. Fíjese que estoy formulando esta observación de la manera más moderada posible para no romper nuestro hipotético acuerdo. Dadas estas premisas, se sigue que es urgente que aquellos que tienen un papel especial en esto, como ustedes los ministros de la Corte, den claras lecciones de respeto a ese estado de derecho.

Pero entonces, ¿por qué diablos actúan ustedes como actúan? Mire, ya dejé salir el ex abrupto, cuando había empezado tan razonablemente, pero la verdad es que es difícil mantener la compostura ante lo que está pasando en México y ante lo que ustedes ministros hacen frente a ello. ¿Por qué carajos no pueden ustedes, ya no digo hacer honor a la justicia, sino por lo menos ser congruentes con ustedes mismos? Voy al grano: estoy hablando de sus contradicciones en el tratamiento de dos casos: el de la matanza de Acteal y el de Florence Cassez, la francesa acusada de secuestro. ¿Por qué ustedes hace un par de años ordenaron sacar de la cárcel a un montón de asesinos, algunos de ellos confesos, todos identificados no por un testigo ni por un par, sino por una multitud de testigos, alegando fallas en el debido proceso como argumento contundente e inapelable, y ahora, de pronto, descubren que también hay que tomar en cuenta los derechos de las víctimas y que ése es argumento suficiente para relativizar el principio del debido proceso? ¿Por qué en aquella ocasión concedieron un amparo simple y llano, dejando en total indefensión no a una persona ni a una familia, sino a comunidades enteras y solapando la más indignante impunidad, y ahora de pronto argumentan, como usted hizo el otro día, que cuando mucho concederán un amparo para efectos? ¿Por qué en el caso de una aberrante masacre de 45 personas no se les ocurrió que si había fallas en el procedimiento habría que ordenar la reposición del proceso en vez de simple y llanamente resolver que un crimen atroz quedara sin castigo? ¿Por qué hasta ahora se acuerdan de las víctimas? ¿Por qué no lo hicieron cuando eran decenas de indígenas que unánimemente declararon y reconocieron a los asesinos de sus familiares?

Quisiera concederles a ustedes ministros, aunque sea por unos momentos, el beneficio de la duda; en aras de esto voy a descartar algunas posibles respuestas a mis propias preguntas. Pues una explicación que se viene a la mente de inmediato es que no se acordaron de los indígenas precisamente porque eran indígenas. Pero eso implicaría racismo de su parte y no quiero consentir esos malos pensamientos. Otra explicación que se les ha ocurrido a muchos en nuestro país es que ustedes actúan así porque el Presidente se los pide. Pero Dios me libre de insinuar que los ministros de la Suprema Corte puedan ser así de ignorantes de la división de poderes y así de serviles ante el poder. No quisiera pensar esas cosas, señor ministro, pero déjeme decirle con toda claridad que eso piensa gran parte de los mexicanos y eso seguirá pensando a no ser que ustedes tengan, y demuestren que tienen, otra explicación realmente convincente.

Permítame ayudarlos con una explicación alternativa (aunque de entrada no me convenza mucho). Quizá para ustedes fue clave lo que acabo de escribir: que los sobrevivientes de Acteal declararon e identificaron a las víctimas unánimemente y una conducta así de los testigos es muy sospechosa en un proceso judicial. De hecho éste fue uno de los argumentos que utilizaron los abogados del CIDE en su defensa de los paramilitares: que había una lista de los asesinos y que los testigos los identificaban de acuerdo con esa lista. Pero ni los abogados del CIDE ni ustedes aparentemente se acordaron nunca de que estaban tratando con un caso sucedido en una comunidad indígena. Y el más elemental conocimiento de los usos y costumbres indígenas nos enseña que un caso así nunca se iba a tratar si no era comunitariamente. Y aunque los testigos conserven su responsabilidad personal, es simplemente impensable que en una comunidad indígena y en un caso así no fueran a tomar acuerdos antes de declarar. Muy diferente de los usos y costumbres de la modernidad occidental, ¿verdad? Pero precisamente por eso hubo un levantamiento armado y se derramó sangre: para que ustedes los jueces supieran esas cosas que siguen ignorando. Ahora bien, vamos a suponer que ese argumento fuera discutible (de hecho ustedes nunca lo discutieron). Pero, dígame, ¿qué legislación alternativa a los usos y costumbres de nuestro derecho positivo le permite a un jefe de policía montar un operativo de detención de presuntos culpables, filmarlo y exhibirlo ante millones de televidentes como cosa juzgada y seguir tranquilamente su camino? Y sin embargo usted se aferra a reconocer validez a ese proceso viciado, mientras en nombre de lo mismo dejó ir en total impunidad a los paramilitares asesinos de Acteal. ¿Sabe usted lo que es medir con dos varas diferentes?

Probablemente sepa usted que los sobrevivientes de la matanza de Acteal, Las Abejas, han llevado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro camino muy diferente otro grupo ha presentado una denuncia contra Zedillo ante una corte de Estados Unidos ¿Sabe usted lo que eso significa? No es muy difícil interpretarlo: que en México no hay justicia. O si prefiere, se lo dejo en modo subjetivo: que la gente no cree que en México pueda obtener justicia. ¿Y sabe por qué no cree? Por actuaciones como la de usted, señor ministro.

Rafael Landerreche

¿Qué clase de estado de derecho hay en México?

La Importancia del Caso Florence Cassez

La Polaka Mexicana

Por Nelson Razo  Nelson Razo

Director editorial, columnista y administrador web de Códice En Línea (codiceenlinea.com), periódico digital que informa sobre el panorama informativo local, estatal y nacional a la pintoresca ciudad de Tecate, Baja California. También es columnista de la sección de Tecate de la Revista Campestre (revistacampestre.com).

 

Exactamente la misma pregunta que el abogado francés de la familia Cassez, Frank Berton, es la que el pueblo mexicano siempre se ha hecho, pero que sólo resuena por unos meses después de algún gran evento de injusticia como por ejemplo el caso de la Guardería ABC.

Sin embargo, a pesar de que la ciudadanía siempre ha sabido que las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia tiene la fama de ser todo menos profesionales en su trabajo y de violar mil y un derechos humanos, el presidente Felipe Calderón, y para el caso cualquier gobernante de alto nivel, siempre se defiende asegurando que su gobierno se apega a los tratados internacionales que buscan garantizar los derechos humanos a toda costa.

Incluso nuestro presidente se atreve a declarar que ya se está depurando y “profesionalizando” las policías. Y, a pesar de que lo menciona en presente continuo (es decir, que se está haciendo, no que ya se ha hecho), no deja de defender a sus funcionarios y a su sistema cuando la sociedad le exige que se encuentre a los culpables o se reparen los daños causados por negligencia o mal proceder.

Incluso ahora resulta que, para que no le estén siempre echando la culpa a Calderón, éste se pone a declarar (en la conferencia “Un Gobierno Democrático” el día de hoy) que la Seguridad Pública no depende solamente del gobierno federal, sino en la mayoría de los casos, es responsabilidad de los estados. O sea que: “ahí les hecho la bolita a los gobiernos priístas y perredistas”, quienes tienen la mayoría de los estados que se consideran violentos. Pero ahí trae al ejército haciendo un trabajo que no le compete. Hasta donde yo sé, el ejército está trasgrediendo la responsabilidad de los estados combatiendo el narcotráfico como si fuera policía estatal y federal al mismo tiempo.

Y precisamente esta es la importancia del caso Cassez. Si nos ponemos estrictos, (precisamente para lo que está la Suprema Corte) para el nuevo derecho mexicano no interesa si es o no culpable la francesa, mucho menos lo que piensen tanto Calderón como la población en general. Lo que le interesa al derecho es la impartición de la justicia de manera ciega y sin presiones ni tendencias.

Si tiene que seguir una, la única tendencia que debe seguir la justicia de un país que se dice ser “un estado de derecho” (como le gusta declarar a Felipe Calderón), es la tendencia de los tratados de derecho internacional que el mismo presidente de la república ha firmado y recordado en tantas ocasiones ya durante su sexenio.

Y esos tratados y esas tendencia del derecho internacional son precisamente las que una decisión, como a la que se llegó hace una semana en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, claramente resulta incongruente. Y es por eso que el mismo abogado francés de Florence indignado expresó ante las cámaras: “¿qué clase de Estado de derecho es México?”

Pero hasta este nivel se debe de llegar para que un caso de mala impartición de justicia tenga la posibilidad de influir de manera positiva en el sistema de justicia y gobierno mexicano: al nivel en el que otro país debe entrar y convertirse el caso (que bien y pudo haber sido resuelto fácilmente desde el principio) en un evento internacional. Y menciono “influir de manera positiva” debido a que algo sí se logró con la resolución de la Suprema Corte: la mayoría de los ministros (incluidos algunos de los de la “ola pasada”) aceptaron que en el caso Cassez, desde el principio se violaron sus derechos humanos fundamentales, los cuales según la “nueva época” están por encima de lo que digan nuestra constitución y nuestros reglamentos jurídicos.

Lo ideal para el derecho mexicano hubiera sido, sea culpable o inocente, que la totalidad de ministros de la sala hubieran reconocido que la mezcla de la violación de sus derechos y el ilegal actuar de las autoridades que detuvieron a la francesa es lógicamente razón suficiente para que se considere a Casses ilegalmente presa, y en consecuencia (y no porque sea o no inocente) hubiera sido liberada.

Ah, pero si no fue por la presión del presidente Calderón (al declarar solo unos días antes de la reunión los ministros de la Suprema Corte que sería un error que la justicia dejara libre a Florence), resulta igual de inadecuado que la decisión de la Primera Sala haya sido producto de que en la misma Suprema Corte (el poder del Estado Mexicano que más independiente y racional debe ser, si a esas vamos) lo que impere, al igual que en la forma de trabajar de las policías en general, sea el viejo estilo de no aceptar el cambio y querer seguir haciendo las cosas como antes, de parte de algunos ministros.

Innumerables son las opiniones de expertos en derecho nacional e internacional que sacan a relucir esa incongruencia en la resolución de la Suprema Corte. ¿Cuál es la incongruencia, con peras y manzanas?

Básicamente México ya acepta que lo que se ha estado haciendo con la justicia (eso de que “primero te agarro y luego averiguo, y te agarro como se me antoje”) viola los derechos fundamentales de las personas. México acepta ya que los derechos fundamentales de las personas están por encima de lo que diga la propia Constitución y en consecuencia también los reglamentos jurídicos. Y México acepta ya que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contario”. Todo esto lo aceptó México con los tantos tratados internacionales que ha firmado y con los que se obliga a seguir las nuevas reglas (que nuevas solo son aquí en los países que apenas lo están adoptando, pero que en todos los desarrollados ya existen desde hace mucho). Y aún así, desde la misma Suprema Corte, vemos las incongruencias manifestarse.

Las incongruencias de las cuales, si recibo comentarios para que lo haga, escribiré en futuros posts. Porque el tiempo es corto y hay que escribir de otros temas. Y porque este tema dá para más y sería muy malo para México que se olvidara igual que la misma Guardería ABC.

 

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