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Los Vallarta y los montajes calderonistas

Fuente: Noticias Prodigy Msn

El 19 de marzo, 2014

Israel Vallarta (caso Zodiaco)

Israel Vallarta (caso Zodiaco)

“Todos mis familiares presos han sido torturados y todos dieron positivo en el Protocolo de Estambul”, afirma Guadalupe Vallarta, cuya familia, sostiene, es víctima de un gran montaje político y mediático.

Una a una han ido saliendo de la cárcel personas que fueron víctimas de montajes jurídicos, políticos y mediáticos en el sexenio del presidente Felipe Calderón y de su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

A los encarcelados no se les siguió un debido proceso, ni se respetó el principio fundamental jurídico de presunción de inocencia. Entre los injustamente encarcelados hay periodistas, militares, jefes policiacos, decenas de alcaldes de oposición y personas comunes y corrientes.

Tal vez el caso más publicitado es de la francesa Florence Cassez y su entonces novio, el mexicano, Israel Vallarta.

Autoridades y Televisa fabricando culpables

A Israel Vallarta y a Florance Cassez los arrestaron el 8 de diciembre de 2005 acusados de ser secuestradores. El 9 de diciembre de ese año, un día después de su detención, la policía preparó en el rancho Las Chinitas, propiedad de Vallarta, la escenografía de un gran show.

Durante la noche del 8 al 9 de diciembre, Israel fue torturado. Llevaron a Vallarta y a Cassez a Las Chinitas donde la Policía Federal de Investigaciones (AFI) tenía todo preparado para simular ante las cámaras de televisión que estaban rescatando a tres víctimas de secuestro, en vivo y en directo.

Cuando quedó claro que la  transmisión en vivo no era una captura in fraganti de la banda de Los Zodiaco, García Luna tuvo que admitir que los arrestos se habían hecho un día antes y que “a petición de la prensa” habían escenificado todo otra vez. Pero escenificaron algo que no ocurrió así.

Lo que nunca dijo García Luna es que jamás existió la banda de Los Zodiacos, que Vallarta y Cassez no son secuestradores y las supuestas víctimas fueron “sembradas” por la misma policía. Y las cadenas de televisión hicieron un papelón.

Censura y represión

A Vallarta se le prohibió hablar con la prensa. Una vez logró comunicarse telefónicamente durante diez minutos con dos periodistas francesas y, como represalia, lo incomunicaron durante meses. Por esta razón, la familia teme reunirse con la prensa.

Guadalupe Vallarta, hermana de Israel, aceptó hablar con RNW y explicó que a pesar de que los videos de Televisa y TV Azteca fueron editados, en algunas tomas se alcanza a ver a Cárdenas Palomino, amigo y subordinado de García Luna, tomando por el cuello con toda fuerza a Vallarta y enterrándole un dedo en la yugular, lastimándolo para obligarlo a confesarse culpable. Tres ex empleados de Televisa que fueron testigos del montaje han tenido el valor civil de denunciarlo.

El expediente que nadie quiere leer

En el expediente y en las audiencias empezaron a aflorar las contradicciones, en especial las declaraciones de las  presuntas víctimas que cambiaron muchas veces su versión de los hechos. Las versiones no coinciden en nada, ni los tiempos, ni los lugares; nada cuadra ni tiene lógica.

Al tiempo que los corresponsales galos en México Anne Vigna, Leonore Mahieux, Delphine Rigaud y Emmanuelle Steels encontraban las inconsistencias del proceso y que el gobierno de Francia se interesó con el caso, la embestida mediática contra Cassez y Vallarta empeoró; la policía repartió boletines de prensa con declaraciones y pruebas falsas.

Cassez decidió llevar su caso por cuenta propia. La estrategia de sus abogados fue que se le dictara sentencia lo más rápido posible, apelar, hasta agotar todas las instancias para que su caso llegara a la Suprema Corte de la Nación. En primera instancia la condenaron a 96 años de cárcel, con la apelación, la pena bajó a 60 años y la Suprema Corte declaró que no se le había seguido un debido proceso y la liberaron. No la declararon ni culpable ni inocente.

Dos hermanos y tres sobrinos de Israel Vallarta están presos y son víctimas de supuestas falsas declaraciones, de falsos testigos, con falsas evidencias y comunicados de prensa llenos de mentiras.

Guadalupe Vallarta en entrevista con RNW afirmó que el proceso de su hermano va muy lento porque durante varios años la jueza Olga Sánchez Contreras no aceptó las pruebas de la defensa. Los testigos aparecían sólo para incriminar a Vallarta y a Cassez pero cuando la defensa solicitaba interrogarlos, desaparecían. Además, dice, se trata de contaminar el proceso inventando nuevos delitos que sus familiares no cometieron.

“Mi hermano Mario quedó sordo tras una paliza; le reventaron un oído”, dice Guadalupe.

La señora Vallarta se ha dedicado desde el 2009 a defender a sus familiares. Ha estado en todas las audiencias y señala algo muy peculiar: “Cárdenas Palomino siempre estuvo presente en todos los arrestos, en todas las audiencias, en todos los careos; él es quien siempre da las noticias a los medios. Siempre usa al mismo equipo compacto de jueces, ministerios públicos y demás funcionarios. A veces cambian de cargos pero sus firmas siempre están en los documentos. Cada vez que capturan a secuestradores, dicen que son una célula de Los Zodiaco. Los torturan para que acusen a los Vallarta. Israel aporta pruebas de su inocencia y no sólo busca que se le libere sino que se le exculpe, que se haga justicia”, remarca nuestra entrevistada.

La prensa y el rigor periodístico

Emmanuelle Steels, corresponsal en México del periódico Libération, ha estudiado el expediente del caso Vallarta-Cassez desde 2009 y afirmó a RNW que se trata de un montaje, político, jurídico y mediático y cada vez que estaba a punto de salir a la luz una inconsistencia, una contradicción, una resolución, la visita del entonces presidente francés Nicolás Sarkozy, se arrestaba a algún miembro de la familia Vallarta. Entonces, para tapar el primer montaje, se montó un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto.

El periodista José Reveles afirmó que no existe la banda de Los Zodiaco, que todo es un invento, un montaje y en su más reciente libro El Affaire Cassez, documenta paso a paso, detalle a detalle no sólo el montaje, sino que deslinda responsabilidades y los motivos.

Reveles también hace una lista de diversos personajes de la vida política que fueron encarcelados injustamente. Todos ya están libres porque se demostró su inocencia. Reveles afirma que México es una gran fábrica de culpables y que en el sistema de impartición de justicia reina la corrupción.

La familia Vallarta exige que los jueces y los abogados estudien el expediente, que se apeguen a los procedimientos, y que hagan justicia.

El AFFAIR CASSEZ – nuevo libro de José Reveles

Para leer el primer capitulo de este impactante libro, dale un clic aquí.

Silva Meza da adiós a Calderón: gobierno incumplió en derechos humanos, dice‏

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Juan Silva Meza, despidió a Felipe Calderón con una velada crítica: el incumplimiento de su gobierno a sentencias internacionales relacionadas con la defensa de los derechos humanos en México.
Todas las autoridades del país están obligadas a ajustarse al régimen de protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, que son propios de cualquier democracia, dijo el ministro ante Calderón en la ceremonia del 202 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.
El sistema político de nuestro país se ha reformado para tener una justicia penal más humana y reconoce, con todas sus letras, que los mexicanos tienen derechos, no meras prerrogativas otorgadas por los gobernantes, dijo el ministro presidente en la ceremonia que tuvo lugar en el monumento del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.
Además, la rendición de cuentas debe significar un medio de prevención y reparo de conductas indebidas, cometidas por los encargados de la función pública, añadió el también presidente del Consejo de la Judicatura federal.
Silva Meza aludió a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército en contra de civiles.
Los fallos han pedido la reparación del daño a las víctimas y la modificación a las disposiciones legales de la justicia militar que han facilitado esas violaciones, pero la administración de Calderón evitó dar cumplimiento cabal a esas sentencias.
Desde hace más de un mes, la Suprema Corte ha estado resolviendo distintos amparos para acotar el fuero militar, aunque no ha establecido jurisprudencia en la materia.
En el Poder Judicial sabemos bien cuál es nuestra responsabilidad, vigilar la buena salud de nuestro régimen constitucional, sin titubeos ni confusiones, añadió el ministro presidente.

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Florence Cassez: “Más que mi libertad, quiero mi inocencia”

El Pais

2 de junio de 2012

Por Salvador Camarena

La prisionera más famosa de México y de Francia no quiere su libertad. Lo que ella realmente quiere es que crean lo que ha repetido desde hace seis años, cinco meses y 24 días. Que es inocente. Que no es secuestradora. Que ni siquiera está segura de que su ex pareja –preso, acusado de ser líder de una banda de secuestradores- lo sea. Lo que quiere Florence Cassez Crepin (Lille, 1974) es que lo que le ha pasado no lo viva más nadie.

Son las 10.10 de la mañana. La temperatura va camino de los 30 grados en la capital mexicana en el último día de mayo. El agua está a punto para el café. El mantel de rayas en vivos colores aumenta la sensación de que algo no cuadra. Mientras las mesas cercanas se irán llenando de quesadillas, tacos, moles y enormes coca colas, en la de “Preciosa” o “Flor” -como le llaman otras internas- solo hay lo indispensable para beber café, ordenado con tan buen gusto que dificulta el arranque de esta entrevista en la cárcel para mujeres de Tepepan, en el sur del Distrito Federal, en donde a Florence le quedan todavía 53 años y medio para cumplir su condena de 60 por secuestro.

El Tribunal Supremo de México falló el 21 de marzo pasado que la policía mexicana violó los derechos de Cassez. El operativo policiaco de su detención fue anunciado y transmitido en un falso directo, y ante millones de televidentes aparecieron Cassez y su ex pareja Israel Vallarta, presentados como secuestradores, golpeados para que confesaran ante las cámaras su “culpabilidad”, compartiendo pantalla con sus tres supuestas víctimas. Eso ocurrió el 9 de diciembre de 2005. En menos de tres meses el engaño comenzó a resquebrajarse. La policía simuló el operativo. Las violaciones procesales por el montaje fueron de tal magnitud que los magistrados mexicanos discutirán a más tardar en agosto si repiten el juicio a Florence y cuáles de las “pruebas” surgidas aquella mañana de diciembre ya no podrán ser usadas en su contra.

“Yo cada día voy ganando en mi lucha. Siempre supe que iba a ganar”, dice Florence en un español casi perfecto. Pero la sentencia proponía la inmediata liberación y esta no fue aprobada. “El 21 de marzo sí gané. Y el día 7 también [cuando se publicó el proyecto de resolución que se iba a votar, que decía que el proceso estaba viciado por el “efecto corruptor” del montaje televisivo]. Porque cuatro de cinco magistrados han dicho que sí hubo violaciones graves en mi proceso. Y partir de ahí mucha gente va a valorar mi voz, porque ya no es lo que yo diga, sino lo que dice la Suprema Corte”.

Cassez cuenta que durante dos años leyó cada día L’Affaire Dreyfus: la vérité en marche, de Jean-Denis Bredin. Se aferró al caso Dreyfus [el oficial de origen judío condenado en Francia a finales del siglo XIX en un proceso viciado] al sentir que su nacionalidad era parte de una trama para convertirla en la culpable perfecta. El “pinche francesa, por qué viniste a chingar a mí país” que escuchó en los primeros años de su reclusión le confirmaba que antes de que un juez dictara cualquier cosa, su suerte ante la población mexicana, e incluso ante parte de la de su país, había sido dictada por el montaje televisivo que la mostró como una secuestradora.

“¿Sabes por qué no me dejan salir? ¿Por qué ha habido tanta saña conmigo? Porque no se trató de una equivocación, fue un montaje, porque con mi caso la policía quiso mostrar a los mexicanos que el que menos parecía un secuestrador –una francesa, bonita, joven— hasta a esa persona la iban a encontrar y a detener. Por eso me presentaban como ‘la francesa secuestradora’”.

Cassez publicó en 2010 el libro A la sombra de mi vida (Grijalbo) en el que ratifica que fue detenida un día antes de la transmisión televisiva en un lugar situado a kilómetros del rancho donde supuestamente ocurrió el rescate de los secuestrados. Desde ese día su caso ha incluido un ramillete de estrambóticas experiencias que van desde el abogado que desde el principio le dijo que le llevaría cuatro años sacarla de la cárcel a razón de diez mil euros al mes hasta su reclusión de dos meses en un apando (celda de aislamiento) porque un dibujo realizado por su padre en uno de sus cuadernos sirvió para acusarla de intento de fuga, pasando por eternas comparecencias en procesos donde no se consideraron las flagrantes contradicciones de los testigos, y condiciones infrahumanas en celdas y pasillos donde fue testigo de violaciones y palizas en medio de un hedor a orín.

“Te voy a decir cuándo ganaré: el día que cambie para los mexicanos este sistema de justicia. El día que mi caso esté en los libros de historia, si quieres en 200 años. Que digan: ‘mira esa mujer extranjera, todo lo que nos ha hecho ver sobre nuestro sistema, gracias a eso ya no nos va a pasar algo similar’. Eso será ganar. Y para eso lo que la Suprema Corte va a discutir sobre mi libertad es un paso. Un paso obligatorio pero yo no pierdo de vista lo otro, mi inocencia”, dice Florence en el locutorio de visitas que en pocos minutos ya se ha llenado de gente que reza, niños que corren y amantes que se reencuentran.

Con su blusa azul (el color reglamentario para las condenadas), su pantalón ajustado, la sortija que le dejó la abuela a la que ya no pudo despedir y su joyería de oro con forma de pareja de gatitos que adorna orejas, cuello y un dedo de la mano izquierda, esta pelirroja de largos rizos anuncia que cuando salga libre regresará a México para pelear por su reputación, pues no quiere que una eventual liberación por errores judiciales deje en suspenso la declaración de inocencia que ha sostenido desde el principio, exigencia que incluso le llevó, en febrero de 2006, a llamar por teléfono al programa de la periodista Denise Maerker para desmentir en vivo al entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna. Con esa llamada se buscó de enemigo a quien el presidente Felipe Calderón nombraría en diciembre siguiente Secretario (ministro) de Seguridad Pública, poderoso cargo que sigue ocupando hoy.

Amparado en el Tratado de Estrasburgo, Nicolas Sarkozy intentó desde 2009 llevarse a Francia a su conciudadana para que cumpliera allí el castigo. Más que un pulso, en los siguientes tres años el entonces presidente francés y Calderón protagonizaron una verdadera “guerra de egos”, como lo define ella sin dejar de reconocer el empeño del ex mandatario de su país, que asumió como propia su causa.

Si Calderón le ofreciera hoy, al final de su mandato, concederle el traslado, ¿aceptaría? “No. Soy inocente. Quiero que valga la pena todo lo que he luchado, que ha sido no solo por mí sino, hoy lo veo claro, también por los mexicanos”.

En su libro, de impulsos como el que la llevó a desmentir a García Luna sin calcular a quien se enfrentaba, Cassez dice: “Fui inconsciente porque soy inocente”. En la entrevista abunda en esta idea: “He tomado riesgos sin calcularlos porque mi cuerpo me los pedía. Estoy consciente de que mi caso se vuelve cada vez más importante para algunas personas. Todos los días me queda claro que algo me puede pasar. Todos los días me queda claro que algunas personas me quisieran a tres metros bajo tierra”. No identifica sin embargo a quién se refiere.

Las lágrimas asoman varias veces en los ojos de Cassez. Pero no cuando se le recuerda que es poco creíble que durante meses haya sido pareja de un sujeto acusado de un homicidio y varios secuestros sin enterarse de nada.“¿Tengo que demostrar que no sabía que era secuestrador? ¿Cómo te explico lo que hay mi cabeza? ¿Cómo te demuestro mi inocencia? ¿Cómo te demuestro que no lo sabía? Me están pidiendo lo imposible. Lo irracional. Cuántos periodistas no se han sentado en esa silla donde estás para decir: ‘A ver, demuéstrame que no sabías’. Lo único que tengo es mi inocencia. Nada más. Mucho tiempo me pregunté: ¿Cómo no pude ver? Repasaba las imágenes en mi mente, me dije estúpida. Pero tras ver la magnitud de lo que eran capaces de armar en un caso como el mío…” ¿Es Israel Vallarta un secuestrador? “No sé. Y yo no soy quién para juzgarlo. Para eso están los magistrados. Ojalá no”.

Las últimas noticias del caso Cassez son de la semana pasada. Los medios de comunicación dieron cuenta de una nueva detención de “otro” miembro de la banda Los Zodiaco, a la que supuestamente ella pertenecía. Se trata de un hermano de Israel. En las notas periodísticas el verbo hundir es conjugado en contra de Cassez . “Salió de la nada la declaración de Mario Vallarta, ¿verdad?”, dice con un dejo de sorna la entrevistada, que explica que cada que su caso avanza surge una “nueva” evidencia para “reforzar un asunto que ya era débil”.

Después de que desmintió a García Luna, los testigos ampliaron sus acusaciones. Tras insistir en su petición de justicia, en 2009 surgió un individuo de nombre David Orozco que también la “hundía”. Cuando se aproxima la fecha en que el Supremo retomará el asunto, Mario Vallarta la incrimina en declaraciones publicadas por los medios pero cuyo origen legal no ha sido sustentado. “No podemos dejar que hagan eso”. Cassez no se refiere a las coincidencias, sino a que esos testimonios según ella son arrancados con tortura. “Olvídese de mí, yo sé que no es verdad, es una persona a la que torturan. Estamos acostumbrados a tantas cosas feas. Las cosas terribles que pasan en México me ayudaron a entender lo que pasó en mi caso. A entender que la palabra tortura en este país la ven, la dicen, pero se olvidan de lo que en realidad significa, no quieren saber. Por eso gustó lo del movimiento 132, México necesita un cambio, y qué mejor que venga de los jóvenes”.

El único momento en que Cassez se toma muchos segundos antes de contestar es al preguntarle qué le diría al presidente Felipe Calderón si lo tuviera enfrente. “¿Él es abogado, verdad? Le preguntaría por qué no ha leído mi expediente, como sí lo han hecho Héctor Aguilar Camín o Héctor de Mauleón [escritores y periodistas], o Arturo Zaldívar [el magistrado que propuso en su resolución liberarla]. Le preguntaría por qué me convirtió en un asunto de Estado”.

Demasiadas veces se ha hecho la ilusión de que está a punto de salir. No quiere pensar en lo que falta para la nueva cita en que el Supremo revisará su caso. Desencantada de estar lista para irse y tener que volver a acomodar sus pertenencias en la prisión, ahora vive un hoy de horas breves.

“El día es muy corto. Leo mucho, en este momento María Antonieta de Stefan Zweig. Tengo muchas amigas, trato de estar siempre que me necesitan. Pinto, escribo. Cuando me acuesto siempre digo: ‘Uy, me faltó hacer esto, no hice aquello’. Vivo”.

A media entrevista, a Cassez la llaman desde “el jurídico”. Regresa con docenas de cartas y un gran paquete. Cuenta que tras la resolución del Supremo entre las misivas que nunca han dejado de llegar también las hay ahora de franceses que le piden perdón por haber creído en algún momento que era una secuestradora. Emisarios del nuevo gobierno galo ya han manifestado a su familia que es hora de retomar la defensa de su caso.

“Lo más bello que he vivido es ver cómo los mexicanos han tomado partido, me han defendido y son una nueva voz. Por eso me tenía que quedar, para vivirlo, si me hubieran llevado a Francia, quizá me hubiera suicidado. Necesitaba ver este cambio: los diarios, los artículos, ver a la Suprema Corte, eso ha sido una recompensa”.

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Carta al ministro Cossío por Rafael Landerreche

Carta abierta publicada en La Jornada el miércoles 4 Abril 2012…

Para empezar déjeme decirle que yo mismo no sé muy bien por qué he decidido dirigirle esta carta a usted personalmente. En realidad debería ser para todos los ministros de la Corte y para el mismísimo Presidente de la República. Quizá es porque algunas declaraciones suyas se me quedaron grabadas especialmente. O quizá es porque algún conocido alguna vez me habló bien de usted y eso me dejó una casi inconsciente esperanza de que hablarle a usted no sea como hablarle a una tapia. Sea lo que sea, el hecho es que quiero dirigirle estas palabras.

Doy por supuesto que pensamos y vemos las cosas de manera muy diferente. Pero para llevar a cabo un acto de comunicación, aunque sea tan hipotético como éste, es necesario encontrar algún punto en común. Le propongo el siguiente. Para que en una sociedad haya paz y estabilidad es indispensable que se respete la ley o, como les gusta de decir a los abogados y a los políticos, se necesita la vigencia del estado de derecho. Eso, a nivel de principios; supongo que estaremos de acuerdo aunque sea en lo general. Y en el nivel de las percepciones de la realidad, pienso que podremos estar de acuerdo en que en México nos falta mucho para que eso se haga realidad. Fíjese que estoy formulando esta observación de la manera más moderada posible para no romper nuestro hipotético acuerdo. Dadas estas premisas, se sigue que es urgente que aquellos que tienen un papel especial en esto, como ustedes los ministros de la Corte, den claras lecciones de respeto a ese estado de derecho.

Pero entonces, ¿por qué diablos actúan ustedes como actúan? Mire, ya dejé salir el ex abrupto, cuando había empezado tan razonablemente, pero la verdad es que es difícil mantener la compostura ante lo que está pasando en México y ante lo que ustedes ministros hacen frente a ello. ¿Por qué carajos no pueden ustedes, ya no digo hacer honor a la justicia, sino por lo menos ser congruentes con ustedes mismos? Voy al grano: estoy hablando de sus contradicciones en el tratamiento de dos casos: el de la matanza de Acteal y el de Florence Cassez, la francesa acusada de secuestro. ¿Por qué ustedes hace un par de años ordenaron sacar de la cárcel a un montón de asesinos, algunos de ellos confesos, todos identificados no por un testigo ni por un par, sino por una multitud de testigos, alegando fallas en el debido proceso como argumento contundente e inapelable, y ahora, de pronto, descubren que también hay que tomar en cuenta los derechos de las víctimas y que ése es argumento suficiente para relativizar el principio del debido proceso? ¿Por qué en aquella ocasión concedieron un amparo simple y llano, dejando en total indefensión no a una persona ni a una familia, sino a comunidades enteras y solapando la más indignante impunidad, y ahora de pronto argumentan, como usted hizo el otro día, que cuando mucho concederán un amparo para efectos? ¿Por qué en el caso de una aberrante masacre de 45 personas no se les ocurrió que si había fallas en el procedimiento habría que ordenar la reposición del proceso en vez de simple y llanamente resolver que un crimen atroz quedara sin castigo? ¿Por qué hasta ahora se acuerdan de las víctimas? ¿Por qué no lo hicieron cuando eran decenas de indígenas que unánimemente declararon y reconocieron a los asesinos de sus familiares?

Quisiera concederles a ustedes ministros, aunque sea por unos momentos, el beneficio de la duda; en aras de esto voy a descartar algunas posibles respuestas a mis propias preguntas. Pues una explicación que se viene a la mente de inmediato es que no se acordaron de los indígenas precisamente porque eran indígenas. Pero eso implicaría racismo de su parte y no quiero consentir esos malos pensamientos. Otra explicación que se les ha ocurrido a muchos en nuestro país es que ustedes actúan así porque el Presidente se los pide. Pero Dios me libre de insinuar que los ministros de la Suprema Corte puedan ser así de ignorantes de la división de poderes y así de serviles ante el poder. No quisiera pensar esas cosas, señor ministro, pero déjeme decirle con toda claridad que eso piensa gran parte de los mexicanos y eso seguirá pensando a no ser que ustedes tengan, y demuestren que tienen, otra explicación realmente convincente.

Permítame ayudarlos con una explicación alternativa (aunque de entrada no me convenza mucho). Quizá para ustedes fue clave lo que acabo de escribir: que los sobrevivientes de Acteal declararon e identificaron a las víctimas unánimemente y una conducta así de los testigos es muy sospechosa en un proceso judicial. De hecho éste fue uno de los argumentos que utilizaron los abogados del CIDE en su defensa de los paramilitares: que había una lista de los asesinos y que los testigos los identificaban de acuerdo con esa lista. Pero ni los abogados del CIDE ni ustedes aparentemente se acordaron nunca de que estaban tratando con un caso sucedido en una comunidad indígena. Y el más elemental conocimiento de los usos y costumbres indígenas nos enseña que un caso así nunca se iba a tratar si no era comunitariamente. Y aunque los testigos conserven su responsabilidad personal, es simplemente impensable que en una comunidad indígena y en un caso así no fueran a tomar acuerdos antes de declarar. Muy diferente de los usos y costumbres de la modernidad occidental, ¿verdad? Pero precisamente por eso hubo un levantamiento armado y se derramó sangre: para que ustedes los jueces supieran esas cosas que siguen ignorando. Ahora bien, vamos a suponer que ese argumento fuera discutible (de hecho ustedes nunca lo discutieron). Pero, dígame, ¿qué legislación alternativa a los usos y costumbres de nuestro derecho positivo le permite a un jefe de policía montar un operativo de detención de presuntos culpables, filmarlo y exhibirlo ante millones de televidentes como cosa juzgada y seguir tranquilamente su camino? Y sin embargo usted se aferra a reconocer validez a ese proceso viciado, mientras en nombre de lo mismo dejó ir en total impunidad a los paramilitares asesinos de Acteal. ¿Sabe usted lo que es medir con dos varas diferentes?

Probablemente sepa usted que los sobrevivientes de la matanza de Acteal, Las Abejas, han llevado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro camino muy diferente otro grupo ha presentado una denuncia contra Zedillo ante una corte de Estados Unidos ¿Sabe usted lo que eso significa? No es muy difícil interpretarlo: que en México no hay justicia. O si prefiere, se lo dejo en modo subjetivo: que la gente no cree que en México pueda obtener justicia. ¿Y sabe por qué no cree? Por actuaciones como la de usted, señor ministro.

Rafael Landerreche

¿Qué clase de estado de derecho hay en México?

La Importancia del Caso Florence Cassez

La Polaka Mexicana

Por Nelson Razo  Nelson Razo

Director editorial, columnista y administrador web de Códice En Línea (codiceenlinea.com), periódico digital que informa sobre el panorama informativo local, estatal y nacional a la pintoresca ciudad de Tecate, Baja California. También es columnista de la sección de Tecate de la Revista Campestre (revistacampestre.com).

 

Exactamente la misma pregunta que el abogado francés de la familia Cassez, Frank Berton, es la que el pueblo mexicano siempre se ha hecho, pero que sólo resuena por unos meses después de algún gran evento de injusticia como por ejemplo el caso de la Guardería ABC.

Sin embargo, a pesar de que la ciudadanía siempre ha sabido que las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia tiene la fama de ser todo menos profesionales en su trabajo y de violar mil y un derechos humanos, el presidente Felipe Calderón, y para el caso cualquier gobernante de alto nivel, siempre se defiende asegurando que su gobierno se apega a los tratados internacionales que buscan garantizar los derechos humanos a toda costa.

Incluso nuestro presidente se atreve a declarar que ya se está depurando y “profesionalizando” las policías. Y, a pesar de que lo menciona en presente continuo (es decir, que se está haciendo, no que ya se ha hecho), no deja de defender a sus funcionarios y a su sistema cuando la sociedad le exige que se encuentre a los culpables o se reparen los daños causados por negligencia o mal proceder.

Incluso ahora resulta que, para que no le estén siempre echando la culpa a Calderón, éste se pone a declarar (en la conferencia “Un Gobierno Democrático” el día de hoy) que la Seguridad Pública no depende solamente del gobierno federal, sino en la mayoría de los casos, es responsabilidad de los estados. O sea que: “ahí les hecho la bolita a los gobiernos priístas y perredistas”, quienes tienen la mayoría de los estados que se consideran violentos. Pero ahí trae al ejército haciendo un trabajo que no le compete. Hasta donde yo sé, el ejército está trasgrediendo la responsabilidad de los estados combatiendo el narcotráfico como si fuera policía estatal y federal al mismo tiempo.

Y precisamente esta es la importancia del caso Cassez. Si nos ponemos estrictos, (precisamente para lo que está la Suprema Corte) para el nuevo derecho mexicano no interesa si es o no culpable la francesa, mucho menos lo que piensen tanto Calderón como la población en general. Lo que le interesa al derecho es la impartición de la justicia de manera ciega y sin presiones ni tendencias.

Si tiene que seguir una, la única tendencia que debe seguir la justicia de un país que se dice ser “un estado de derecho” (como le gusta declarar a Felipe Calderón), es la tendencia de los tratados de derecho internacional que el mismo presidente de la república ha firmado y recordado en tantas ocasiones ya durante su sexenio.

Y esos tratados y esas tendencia del derecho internacional son precisamente las que una decisión, como a la que se llegó hace una semana en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, claramente resulta incongruente. Y es por eso que el mismo abogado francés de Florence indignado expresó ante las cámaras: “¿qué clase de Estado de derecho es México?”

Pero hasta este nivel se debe de llegar para que un caso de mala impartición de justicia tenga la posibilidad de influir de manera positiva en el sistema de justicia y gobierno mexicano: al nivel en el que otro país debe entrar y convertirse el caso (que bien y pudo haber sido resuelto fácilmente desde el principio) en un evento internacional. Y menciono “influir de manera positiva” debido a que algo sí se logró con la resolución de la Suprema Corte: la mayoría de los ministros (incluidos algunos de los de la “ola pasada”) aceptaron que en el caso Cassez, desde el principio se violaron sus derechos humanos fundamentales, los cuales según la “nueva época” están por encima de lo que digan nuestra constitución y nuestros reglamentos jurídicos.

Lo ideal para el derecho mexicano hubiera sido, sea culpable o inocente, que la totalidad de ministros de la sala hubieran reconocido que la mezcla de la violación de sus derechos y el ilegal actuar de las autoridades que detuvieron a la francesa es lógicamente razón suficiente para que se considere a Casses ilegalmente presa, y en consecuencia (y no porque sea o no inocente) hubiera sido liberada.

Ah, pero si no fue por la presión del presidente Calderón (al declarar solo unos días antes de la reunión los ministros de la Suprema Corte que sería un error que la justicia dejara libre a Florence), resulta igual de inadecuado que la decisión de la Primera Sala haya sido producto de que en la misma Suprema Corte (el poder del Estado Mexicano que más independiente y racional debe ser, si a esas vamos) lo que impere, al igual que en la forma de trabajar de las policías en general, sea el viejo estilo de no aceptar el cambio y querer seguir haciendo las cosas como antes, de parte de algunos ministros.

Innumerables son las opiniones de expertos en derecho nacional e internacional que sacan a relucir esa incongruencia en la resolución de la Suprema Corte. ¿Cuál es la incongruencia, con peras y manzanas?

Básicamente México ya acepta que lo que se ha estado haciendo con la justicia (eso de que “primero te agarro y luego averiguo, y te agarro como se me antoje”) viola los derechos fundamentales de las personas. México acepta ya que los derechos fundamentales de las personas están por encima de lo que diga la propia Constitución y en consecuencia también los reglamentos jurídicos. Y México acepta ya que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contario”. Todo esto lo aceptó México con los tantos tratados internacionales que ha firmado y con los que se obliga a seguir las nuevas reglas (que nuevas solo son aquí en los países que apenas lo están adoptando, pero que en todos los desarrollados ya existen desde hace mucho). Y aún así, desde la misma Suprema Corte, vemos las incongruencias manifestarse.

Las incongruencias de las cuales, si recibo comentarios para que lo haga, escribiré en futuros posts. Porque el tiempo es corto y hay que escribir de otros temas. Y porque este tema dá para más y sería muy malo para México que se olvidara igual que la misma Guardería ABC.

 

Caso Cassez – “1984” hecho realidad

Por Gabriel Infante Carrillo 

“El Estado mexicano hizo de este caso en un “reality” judicial; en lugar de que los presuntos secuestradores fueron juzgados en los tribunales, como debe de ser, la opinión pública fue el juez que decide mantenerla tras las rejas.”

El caso de Florence Cassez se asemeja mucho a lo planteado por el escritor inglés, George Orwell en su emblemática novela “1984”. Distorsionar y alterar la realidad para manipular a la opinión pública para hacer creer otra realidad en beneficio de regímenes totalitarios y así tener a la población sometida. La escenificación ajena a la realidad, como el ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, calificó al montaje del arresto televisado de la ciudadana francesa, realizado por la extinta Agencia Federal de Investigación —actualmente la Policía Federal— y comandado por el hoy Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, sin duda logró que Florence Cassez fuera juzgada y sentenciada como culpable públicamente mucho antes de ser juzgada ante un tribunal y un juez, como debería ser en un Estado de Derecho y de legalidad. Los jueces que la sentenciaron en la primera instancia a 96 y luego a 60 años de prisión, aseguraron que el montaje no fue tomado en cuenta como evidencia y que de ninguna manera esto afectó a que la ciudadana francesa tuviera un debido proceso, sin embargo, como el ministro Zaldívar señaló en su proyecto de sentencia, que no próspero:

“…el efecto corruptor imbuyó en todo el proceso penal, sobre todo en el material probatorio incriminatorio, el cual es la base de todo proceso penal y que en este caso se tradujo, esencialmente, en el testimonio de personas que fueron parte de la escenificación ajena a la realidad y que pudieron verse influenciados por aquéllas”.

Y tan es así, que Cristiana Ríos Valladares, una de las víctimas, señaló en su primera declaración del 9 de diciembre de 2005, y quien dijo textualmente:

“Durante la presente diligencia tuve a la vista a las personas que ahora me entero responden a los nombres de Israel Vallarta Cisneros y Marie Louise Cassez Crepin y después de observarlos con detenimiento manifiesto que no conozco a estas personas y es la primera vez que los veo, ya que las personas detenidas que vi en la casa de seguridad las vi cuando estaban de espaldas, pero la ropa que traen es la misma, también los escuche articular palabras y manifiesto que no conozco la voz de ellos, ya que la voz de mis diferentes cuidadores era más ronca y considero que siempre fingían; también quiero señalar que nunca vi a ninguno de mis secuestradores, por lo que me sería difícil identificarlos físicamente y que estoy enterada, por voz de los agentes de la AFI, que las personas que detuvieron son parte de mis secuestradores, por lo cual denuncio el delito de Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro cometido en mi agravio y en agravio de mi menor hijo Cristian Hilario Ramírez Ríos y procede en contra de Israel Vallarta Cisneros y Marie Louise Cassez Crepin y quien o quienes resulten responsables…”

Testimonios como el mencionado que dan indicios de cierta influencia o manipulación de los agentes de la AFI sobre las víctimas para incriminar a los inculpados, así como testimonios contradictorios y en donde responsabilizan a otras personas —incluso a miembros de su familia política— como responsables de su secuestro, y que nunca fueron investigados por parte de las autoridades responsables, así como claras omisiones, abundan en el expediente. Por lo que, los testimonios de las víctimas pierden fiabilidad, y eso se debe en parte por la intervención y manipulación del AFI para cuadrar el guión de la escena ficticia que nos presentaron a través de las pantallas de nuestros televisores aquella mañana del 9 de diciembre de 2005. Así mismo, queda claro quienes conocen a fondo el expediente, que los responsables que llevaron a cabo el proceso judicial en contra de Florence Cassez sólo tomaron en cuenta aquellos elementos donde la incriminan y desecharon u ignoraron otros elementos donde apuntaban a otros presuntos responsables.

A pesar de que se descubrió el montaje, este sin duda tuvo el efecto que quizá la AFI y sobre todo Genaro García Luna deseaban que tuviera con la única finalidad de hacer creer a una sociedad mexicana vulnerada e indefensa por la inseguridad, que la agencia a su mando está dando los resultados, que aquella estaba exigiendo; tan es así, seis años después sigue en el imaginario colectivo de gran parte de la sociedad que asegura, sin conocer a fondo el caso y en parte también motivado con un fuerte sentimiento nacionalista, que la francesa es culpable. Así mismo, es evidente que la manipulación en este caso trascendió a los juzgados y la presión ejercida por parte del gobierno del presidente Calderón ha sido una constante para evitar cualquier posibilidad legal de que Florence Cassez sea puesta en libertad. La hoy candidata del PAN para la jefatura de la Ciudad de México y activista social, Isabel Miranda de Wallace, y que es vista como una heroína— por no decir una santa— por ir detrás de los supuestos secuestradores y asesinos de su hijo, ha sido un instrumento importante para que el gobierno federal, y sobre todo Genaro García Luna, sigan sosteniendo esta farsa.

Un de los argumentos que el ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar que justifica la razón por la cual propuso otorgar el amparo y la inmediata libración de Florence Cassez, y que escandalizó un sector de la población, se basa sin duda en un razonamiento lógico, y que difícilmente no podríamos estar en desacuerdo:

“…es necesario enfatizar que toda acusación debe sustentarse en evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales. En este caso, efecto corruptor, al haber subvertido el material probatorio, impide determinar la culpabilidad de la quejosa en los términos ordenados por nuestra Constitución”.

Es decir, al alterar toda la escena del crimen la solidez y fiabilidad de la evidencia carece de credibilidad, por lo que resulta difícil en base a esas evidencias presentadas por la parte acusadora determinar la culpabilidad de la acusada. Condenar alguien en base a pruebas dudosas y por la palabra de las víctimas sin ser corroboradas y sustentadas por evidencia sólida, no solo es anticonstitucional, sino que en ningún país con Estado de Derecho y con un sistema de justicia fiable e independiente, no sería procedente.

Respecto la opinión pública mexicana entorno al caso Cassez, en el que más del 80% cree en la culpabilidad de esta mujer francesa, es un clarísimo ejemplo a lo planteado por el sociólogo italiano Giovanni Sartori en su un libro “Homo videns”, en la que señala que:

“Con la televisión, la autoridad es la visión en si misma, es la autoridad de la imagen. No importa que la imagen pueda engañar aún más que las palabras [...] Lo esencial es que el ojo cree en lo que ve; y, por tanto, la autoridad cognitiva en la que más se cree es lo que se ve. Lo que se ve parece «real», lo que implica que parece verdadero”.

A pesar que las autoridades reconocieron dos meses después de que la detención televisada era un montaje, el impacto de las imágenes que generó en la opinión pública fue sin duda irreversible, a pesar que todos concientemente reconocen que fue un montaje, pero inconcientemente vinculan la culpabilidad de esta mujer por aquellas imágenes. Las discusiones que se han dado a lo largo de seis años y previó al análisis en la Primera Sala de la SCJN del proyecto de sentencia del Ministro Arturo Zaldivar, por parte de la opinión pública, muestra claramente que hay aún un enorme desconocimiento del caso, ya que sólo repiten los argumentos que han escuchado en los medios de comunicación, por parte de varios “lideres de opinión”, que a su vez también desconocen a profundidad el caso o quizá lo hacen con cierta intencionalidad para quedar bien con el poder, por lo que han propiciado que la opinión pública esté aún más confundida y desinformada sobre este controversial e inédito caso, y que deja muy mal parado al gobierno mexicano.

El Estado mexicano hizo de este caso en un “reality” judicial; en lugar de que los presuntos secuestradores fueron juzgados en los tribunales, como debe de ser, la opinión pública fue el juez que decide mantenerla tras las rejas. ¡Cómo va ser posible que la autoridad vaya en contra de la opinión pública, ellos dicen que Florence Cassez es culpable, pues es culpable! ¡No señores!, este caso debe ser resuelto dentro del marco de la ley, y no lo que piense y diga una opinión pública desinformada. Fue inaceptable la presión ejercida a los cinco ministros por parte del gobierno de  Calderón y de la Sra. Isabel Miranda de Wallace. Los ministros de la Primera Sala, no debieron de haber recibido a nadie durante las dos semanas previas a la sesión del pasado 21 de marzo.

A medida que este caso se siga prolongando y no sea resuelto, la imagen de México, de por sí ya deteriorada, seguirá en detrimento, y seguirá siendo vista como un país corrupto, de ilegalidad y con un débil sistema de justicia.

Calderón se siente la reina de su republica bananera – como presiono a Zaldívar en el caso ABC

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Eran los primeros días de junio del 2010. Hasta el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arribó apurado el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Bajó de su camioneta y subió hasta la oficina del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. “Vengo a pedirte en nombre del Presidente que reconsideres tu dictamen”, abrió el enviado de Los Pinos. El ministro se negó; hay argumentos jurídicos suficientes para sostener las responsabilidades de los funcionarios mencionados. 
Es peligroso, siguió Gómez Mont, sentar un precedente sobre responsabilidades éticas o políticas que no están configuradas en las leyes, insistió. Lelo de Larrea volvió a negarse y defendió el análisis jurídico de su dictamen que lo llevó a concluir que la dimensión del caso de la guardería ABC, donde murieron calcinados y asfixiados 49 niños que estaban bajo custodia del Estado, ameritaba señalar claramente a los responsables, independientemente de sus cargos políticos o institucionales. Gómez Mont endureció el gesto y soltó ya en tono abierto de amenaza: 
“Dice el Presidente que no se te olvide quién te postuló”. La amenaza era directa y el ambiente se tensó al máximo. “Dile al Presidente que no se le olvide que, independientemente de quien me postuló, yo trabajo para otro poder, que no es el suyo”. 
Ahí terminó la plática. Gómez Mont salió de la oficina del ministro que se mantenía en su posición de defender un dictamen histórico, sólido y aplaudido por juristas reconocidos, que por primera vez señalaba como responsables directos a funcionarios y políticos de alto nivel de violaciones graves a las garantías individuales, y que sentaba un precedente al concluir que, por la gravedad del caso y las omisiones cometidas por autoridades de distintos niveles, la Corte debía fincar “responsabilidades éticas y políticas” a los funcionarios que estuvieron involucrados en aquel incendio que mató a 49 niños y dejó con lesiones graves a otros 104 pequeños.
No era la primera presión que sufría el ministro Lelo de Larrea desde que tomó el caso, en marzo del 2010, cuando la Corte decidió reasignarlo y dejar en sus manos aquel caso histórico, tal vez creyendo que su novatez como ministro y los vínculos que se le atribuían con el presidente Calderón, de quien fue maestro en la Escuela Libre de Derecho, harían que elaborara un dictamen dócil. 
Arturo Zaldívar tampoco era el único ministro que había sido presionado sobre el tema, pero a diferencia de varios de sus compañeros, que terminaron cediendo a las presiones políticas del Ejecutivo. 
Para cuando el caso llegó al pleno de los ministros en la Sala Superior, aquel miércoles 16 de junio de 2010, ya varios de los hombres y mujeres de la Sala Superior de la Corte, incluso algunos que en privado le decían a su compañero Zaldívar Lelo de Larrea que avalaban su dictamen y que coincidían con él en la trascendencia del caso, había decidido traicionar sus conciencias y agachar la cabeza ante la presión política del Ejecutivo. Como siempre lo hace cuando está de por medio una autoridad, especialmente del poder federal, la Corte falló por sacar del dictamen los nombres de Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours Castello. A ninguno de ellos, ni a los otros 11 funcionarios de distintos niveles que proponía el ministro Zaldívar, se les señaló ningún tipo de responsabilidad, aun cuando varios ministros reconocieron en sus alocuciones que “sí hubo violaciones graves a las garantías individuales” de los menores y sus padres. 
De hecho, 10 de los 11 ministros aceptaron que existió y se probó la violación de garantías en el incendio de la guardería ABC: Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, José Ramón Cossío, Fernando Franco González, Luis María Aguilar, José de Jesús Gudiño Pelayo (finado), Sergio Valls Hernández, Juan Silva Meza y el propio Zaldívar; Sergio Aguirre Anguiano fue el único que no reconoció esa violación; sin embargo, al final 10 ministro votaron por exonerar a los funcionarios al pedir que sólo se les mencionara como “vinculados” a la muerte de los niños y no como responsables, como lo proponía Arturo Zaldívar.
Hoy, a unas horas de que se cumplan dos años de aquellos hechos trágicos, varios de los padres de aquellos niños siguen clamando por justicia. El 29 de junio de 2009, cuando se lloraba aún sobre los cadáveres y algunos niños sobrevivientes se debatían entre la vida y la muerte, el presidente Felipe Calderón Hinojosa se comprometió públicamente desde Panamá: “habrá justicia (en el caso ABC) caiga quien caiga y tope en lo que tope”. 
¿Dónde topó la justicia? En el encubrimiento del propio Presidente al que le importaron más sus cuestionados y omisos funcionarios, que la vida de 49 niños que murieron y muchos otros que quedaron marcados de por vida.
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Mal día para el abogado Felipe Calderón

Duda Razonable Carlos Puig

2012-03-22

No debe ser un buen día para el Presidente aquel en el que cuatro de cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicen que los policías más importantes del gobierno federal —Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino— cometieron en su chamba anterior “graves violaciones a los derechos humanos” de una detenida.

No debe ser un buen día cuando cinco de cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirman que tus superpolicías armaron un show para la tele que quisieron ocultar.

No debe ser un buen día cuando tres de cinco ministros de la Suprema Corte votan por conceder el amparo a la quejosa de tal caso y la nueva ponencia la va a redactar la ministra que quería liberarla de inmediato.

Mal había empezado el 21 de marzo para el Presidente cuando en el evento del aniversario del natalicio de Juárez el presidente de la Suprema Corte había reaccionado al discurso de Calderón del lunes pasado, en el que insinuó que de dar la Corte el amparo a Florence Cassez sería una “rendija por donde escape la impunidad”.

En la Corte nunca caen bien esas insinuaciones que consideran intromisión.

Dijo ayer en la mañana el ministro Silva Meza al Presidente: “La verdadera seguridad es la que se construye en la legalidad. El sistema se sostiene en la credibilidad y en la solidez del estricto cumplimiento de la ley. Hoy los jueces, magistrados y ministros, estamos atentos para aplicar el nuevo marco legal en materia de amparo y de derechos humanos, que exigen que, el nuestro, sea un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad; justicia, basada en instituciones y procesos, que hagan que sea justicia de verdad.

“No el abuso del poder, paso previo al autoritarismo y a la impunidad.

“No la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho.

“Estamos conscientes de que el valor social de largo plazo es la justicia, basada siempre en la Constitución y las leyes. Lo civilizado y lo correcto, el construir un Estado ético, limpio y justo, que no viole los derechos humanos de nadie”.

Y terminó el ministro presidente con una serie de exhortos que sólo hacen sentido a la luz del caso Cassez, el debate de los últimos días en la opinión pública y lo que el presidente Calderón había dicho en Veracruz al lado del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna:

“Respetemos a la división de poderes; nada justifica incumplir la Constitución y los derechos humanos. Respetemos las formas y la legalidad”.

No fue un buen día para el abogado Calderón.

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NIEGAN LIBERTAD A CASSEZ

Por Luis Lauro Carrillo


Finalmente las presiones mediáticas y políticas del gobierno de Felipe Calderón sobre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) surtieron efecto, los ministros desecharon por mayoría de votos el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que proponía la libertad inmediata de Florence Cassez.

Las declaraciones admonitorias de Felipe Calderón dirigidas al Poder Judicial a quien expresó “nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad”, dicha manifestación además de constituir una presión política carente de argumentos jurídicos, rebasa la esfera de su competencia, con total desprecio a la autonomía del PJF y a la división de poderes.

Aunado al activismo presidencial se sumó el exacerbado protagonismo de la candidata del PAN al Gobierno del Distrito Federal Isabel Miranda de Wallace y de las voces de los activistas contra la delincuencia. Lamentable la apuesta de la Wallace al utilizar el caso Cassez como estrategia electoral para tratar de volver a reinsertarse en la pelea por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Retomando el tema Cassez la Primera Sala determino que Cassez Crepin sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro, no saldrá libre, se quedará en prisión, sin embargo la mayoría de los ministros coincidieron en que hubo violaciones graves de los derechos fundamentales de la ciudadana francesa.

Así mismo esa autoridad resolvió que el ministro de turno en este caso Olga Sánchez Cordero elaborará un nuevo proyecto, sin establecer un plazo definido para que éste se presente para su análisis y discusión.

De ahí que el nuevo proyecto de resolución que se formule deberá otorgar el amparo y protección de la justicia federal a Florence Cassez para el efecto revocar la resolución del Tribunal Colegiado y dejar insubsistente la sentencia de marzo de 2009 que condenó a la francesa a 60 años de prisión por secuestro, para dictar con plenitud de jurisdicción una nueva sentencia.

En el nuevo fallo del Tribunal Colegiado con base en el amparo resuelto por la primera sala, podría imponérsele a la Cassez una penalidad menor o la absoluta e inmediata libertad, previa desestimación de la ampliación de las pruebas testimoniales de las victimas como la de Cristina Ríos  Valladares, quienes reconocieron la voz de Cassez, mediante la difusión del montaje de la televisión.

Por otro lado habrá que señalar que así como hay convencidos de la culpabilidad de la francesa, hay también muchísima gente que la considera inocente y víctima de una grave injusticia por parte del sistema judicial mexicano. El fracaso del sistema de justicia penal en México, tiene su origen en un sistema autoritario que hoy en día se resiste a morir.

En definitiva las violaciones a los derechos fundamentales de Florence Cassez han evidenciado el lado oscuro del sistema de procuración y administración justicia penal mexicano, que amenaza a todos los habitantes del país, por su proclividad a fabricar culpables, esconder evidencia, aparecer otras, encontrar  testigos y condenar inocentes como practicas ”normales y ordinarias”.

lucarrso@hotmail.com

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