Eduardo Gallo, Activista de derechos humanos. Foto: www.vebidoo.es

Eduardo Gallo, Activista de derechos humanos. Foto: http://www.vebidoo.es

Carta abierta a Francisco Rivas

Director del Observatorio Nacional Ciudadano.

Hago referencia a la publicación en medios del día de hoy en la que se comenta que ese Observatorio opina favorablemente a que se prohíba el pago de rescate en los casos de secuestro. Argumentas que en un secuestro no hay garantía de que se respete la vida de la víctima. 

Que opinión tan ligera y plegada a favor de las autoridades responsables de la seguridad de los ciudadanos…!!! Claro, se opina ligero y fácil cuando no se ha vivido el secuestro de un familiar…!!!

No solo ignoras el dolor y la desesperación que viven los familiares de quienes han sufrido este delito, tampoco muestras conocimiento de cómo combatir el deleznable delito de secuestro y peor aún aceptas que la revictimización de  las víctimas es el camino de combatirlo al tratar de forzarlas a que recurran a los responsables de la procuración de justicia para que ellos rescaten al secuestrado, cuando hemos padecido, durante más de 20 años, la colusión de esos supuestos responsables de combatir el delito, con los autores materiales del mismo. 

Que pagar el rescate no es garantía de respeto a la vida del secuestrado…es evidente…pues cuando se trata con delincuentes no existe garantía de nada…pero tampoco la hay de que haciendo un operativo de sustracción de la víctima esta no muera asesinada en ese momento…Para tu conocimiento uno de los momentos de mayor riesgo para una víctima de secuestro es cuando se lleva a cabo su sustracción por un grupo policial…

Tu comparación con el éxito obtenido en Italia con una normatividad de este tipo es absurda. Nuestra policía no es comparable a ninguna otra por su incapacidad técnica, deshonestidad, perversidad, corrupción, infiltración y falta de capacidad investigadora. Independientemente de lo anterior, se requeriría una confianza ciudadana en los cuerpos policíacos que hoy por hoy está en su peor nivel de los últimos 50 o más años, con mil razones que soportan esa desconfianza.

Reflejas un grave desconocimiento del tema…!!! 

Si quieres combatir el delito de secuestro y todos los demás, sabes perfectamente que el camino es abatir la impunidad, no castigar más a las víctimas y generar policías confiables que hoy no se crean.

¿Piensas que meter a la cárcel a quienes paguen los rescates es un acto de justicia? De ser así no tienes ni idea de lo que es justicia.

¿Crees que prohibir el pago del rescate hará que los plagiarios respeten la vida de las víctimas? Que poco sabes de la mentalidad de los criminales y secuestradores.

La más absurda aceptación y opinión que he visto en mi vida proveniente de una ONG. Da vergüenza tu opinión.

El caso Martí, otro traspié de Mancera

Los de MXporFC tenemos conocimiento de los elementos del expediente de Lorena González Hernández que su abogado presentó para conseguir la liberación de su cliente y comprobar su presunta inocencia. A pesar de que los ilustres defensores de Lorena son en su gran mayoría personas que nosotros acusamos de participar en la fabricación de culpables en otros casos (Isabel Wallace, Alejandro Martí, María Elena Morera, Martin Moreno, …) y de los que sabemos fueron muy cercanos al equipo de Genaro García Luna, personas que también en su tiempo se convierten en los peores acusadores públicos que nos dio conocer en ese pais, por lo tanto nos pronunciamos a favor de la liberación de Lorena González, liberación justificada por la falta de pruebas contundentes en su contra.

Las dependencias anteriormente encabezadas por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino no han sido las únicas que se han dedicado a la fabricación de culpables, mediante el uso de declaraciones falsas, amenazas, y tortura. Desgraciadamente.

Sin embargo, nuestro posicionamiento a favor de la libertad ya otorgada de Lorena González no equivale a un apoyo a la “investigación” que hizo la Policía Federal para tratar de cubrir las detenciones – entre las cuales la detención de Lorena – que se llevaron a cabo por parte de la PGJDF de Mancera en ese tiempo. Mantenemos nuestra postura, a saber que por lo menos Noé Robles Hernández, María Elena Ontiveros y Pablo Solórzano Castro fueron levantados, detenidos, torturados, obligados a declarar en su contra y a reconocer como cómplices a personas que desconocían por completo. Aunque éstos últimos seguramente no beneficiaran del apoyo de los corruptos anteriormente mencionados, ya que estos detenidos nunca formaron parte del equipo de García Luna.

Esperemos que la liberación de Lorena González abra la puerta a una investigación más amplia sobre las prácticas de fabricación de culpables en el caso Martí, que esas prácticas hayan sido perpetradas por la policía del DF o por la policía federal. Y que nos explique Alejandro Martí cuál fue su grado de complicidad y de conocimiento en las declaraciones forzadas rendidas por Noé Robles Hernández y Pablo Solórzano Castro, en presencia de su amiga Isabel Miranda de Wallace, su “coadyuvante” a la que paga para que “no salgan los malandros de la cárcel” (Martí en entrevista con Adela Micha)

MXporFC

Artículo de Sara Pantoja, publicado en la revista Proceso

Fecha: 21 de Julio del 2015 <!–
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Lorena González Hernández, exagente de la SSPDF.  Foto: Especial

Lorena González Hernández, exagente de la SSPDF.
Foto: Especial

El pasado sábado 18 Lorena González Hernández fue liberada luego de permanecer en prisión, acusada de participar en el secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, en junio de 2008.

La exagente de la Policía Federal emprenderá ahora una batalla legal contra la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que le reparen el daño causado y le ofrezcan una disculpa, como establece la ley.

Rodrigo Higuera, abogado de Lorena, declaró a Radio Fórmula que buscarán una cita con el titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos, para iniciar el proceso de reparación del daño.

“Nuestro primer paso a seguir, es buscar tener una cita con el procurador Rodolfo Ríos a la brevedad posible, si no fuera el caso actuaríamos por la vía legal, nosotros creemos que es mucho más fácil porque ya hicieron lo más difícil que es reconocer que se equivocaron y por lo tanto procede un derecho legal, no es un favor que le van a hacer, ella tiene derecho a que le digan que fue un error”, dijo.

Además, puntualizó que su clienta pedirá tener una compensación económica por las complicaciones que enfrentará para encontrar trabajo, debido a lo mediático de su caso, y a que su encierro generó la pérdida de su vivienda y sus ahorros los invirtió para mantenerse en la cárcel.

La detención de La Lore ocurrió cuando Miguel Ángel Mancera estaba a cargo de la PGJDF. En aquel entonces, el hoy jefe de Gobierno se basó en la declaración del principal testigo del caso: Christian Salmones, escolta del joven Martí. En su declaración ministerial, Salmones reconoció a La Lore como la persona que ayudó a los supuestos agentes federales a secuestrar al hijo del empresario Alejandro Martí.

Fue lo único.

Con el paso del tiempo, Salmones cayó en contradicciones y finalmente se desistió de ratificar la acusación, lo que permitió la liberación de la expolicía federal y de paso dejó otra vez en entredicho la investigación que estuvo a cargo de Mancera.

La historia

Fernando Martí Haik fue secuestrado el 4 de junio de 2008, junto con su chofer y su escolta Christian Salmones, quien fue el único que sobrevivió al falso retén policiaco que encontraron cuando se dirigían a su escuela, el colegio American British School.

El 1 de agosto siguiente, el cuerpo del menor fue localizado en el interior de un auto Corsa abandonado en la colonia Villa Panamericana, en la delegación Coyoacán.

Para entonces, Mancera Espinosa tenía menos de un mes al frente de la PGJDF, donde sustituyó de Rodolfo Félix, quien debió renunciar luego del operativo fallido en la discoteca News Divine.

Según el libro “Mancera. Rumbo extraviado”, del periodista del semanario Proceso, Raúl Monge, días después del hallazgo del cadáver, la PGJDF detuvo a José Luis Romero Ángel, comandante de un grupo especial en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a Marco Antonio Moreno Jiménez y al policía judicial Fernando Hernández Santoyo.

Los tres fueron señalados por la PGJDF como integrantes de la banda delincuencial “La Flor” y responsables del secuestro y muerte del hijo del dueño de las tiendas de artículos deportivos Martí.

Más tarde, cuenta Monge, en una carta dirigida al entonces presidente Felipe Calderón, Romero Ángel denunció que su detención fue ilegal. También acusó al entonces jefe de la Fiscalía Antisecuestros, Rafael Tuxpan, de amenazarlo y torturarlo y hasta pidió que la investigación fuera atraída por la Procuraduría General de la República (PGR). Al poco tiempo, sus abogados renunciaron a su defensa tras recibir amenazas.

Ante la creciente indignación ciudadana –ya estaba en formación el movimiento Alto al Secuestro, encabezado por el mismo Alejandro Martí–, el procurador Mancera responsabilizó a Sergio Humberto Ortiz Juárez El Apá, un policía retirado, y a Lorena González Hernández La Lore –cercana a Facundo Rosas y Luis Cárdenas Palomino, dos de los principales colaboradores de Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal–, de participar en el supuesto retén policiaco en el que fue secuestrado Fernando Martí.

Según la investigación de Raúl Monge, cuando La Lore fue puesta a disposición del Ministerio Público, negó haber participado en el crimen y tener relación con El Apá y los hermanos Noé e Israel Cañas Ovalle, acusados por la PGJDF de cuidar a Fernando en su cautiverio.

Después de dar sus datos generales –casada, empleada en la SSP federal, católica y pasante de la carrera Negocios Internacionales– La Lore fue llevada a la cámara de Gessel, donde fue identificada por Christian Salmones, el escolta del menor, como la mujer que participó en el retén.

El vuelco

En enero de 2013, cuando llevaba cuatro años de estar en prisión, en entrevista con el diario 24 Horas, La Lore acusó a Miguel Ángel Mancera –para entonces ya jefe de Gobierno del DF–, de fabricar su caso.

“Sí, cuatro años y cada vez es más difícil. Veo cómo se abre una puerta y luego se cierra, siempre esperando una esperanza que aún no llega. Pese a todo, sé que llegará el momento en que recobraré mi libertad, pero no sé cuándo”, dijo.

En esa entrevista, citada por el periodista de Proceso, La Lore aseguró que el día del secuestro de Martí ella estaba en Acapulco de vacaciones con su esposo y que estaban hospedados en el hotel Lisette, en Costa Azul. Agregó que en el juicio pidió a las autoridades que se hiciera la diligencia en dicho hotel para comprobar su estancia, pero ésta nunca se hizo. Incluso, dijo que el 3 de junio –un día antes del secuestro– acudió a una sucursal del banco HSBC del puerto.

Lorena González aseguró que en su expediente “hay declaraciones de dos personas de Tepito que me relacionan con la banda de secuestradores, pero resulta que las credenciales del IFE de esos testigos eran falsas, entonces, yo creo que nunca existieron, y creo que todo fue una ruin fabricación de pruebas en mi contra”.

Agregó que ignoraba por qué Salmones la señaló como responsable. “No sé de dónde venga todo esto, el hecho es que no tienen pruebas suficientes en mi contra, sólo declaraciones y fabricaciones que ha hecho la PGJDF, pese a que en el fuero federal hay pruebas sólidas de que señalan lo contrario”, agregó.

Al contar sobre su detención, González Hernández dijo que agentes judiciales fueron a sus oficinas de la Policía Federal con una orden de aprehensión y luego la arraigaron. Sin embargo, sólo hasta un mes después se enteró de qué estaba acusada.

La mañana del 17 de junio de 2009, el entonces coordinador de Inteligencia de la SSP federal, Luis Cárdenas Palomino, anunció la captura de integrantes de la banda “Los Petriciolet” y presentó a Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García como autor confeso del secuestro y muerte de Fernando Martí.

Aquel anuncio echó por la borda la investigación de la PGJDF a cargo de Mancera.

Sin embargo, el proceso contra Lorena González Hernández continuó con ella tras las rejas del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Hasta que el que pasado sábado 18 de julio, el juez 32 Penal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur determinó dejarla en libertad por insuficiencia probatoria, pues los datos recabados no fueron sólidos para concretar una sentencia condenatoria.

Además, Christian Salmones, exescolta del hijo del empresario y quien en un principio la señaló como la mujer que participó en el falso retén policiaco, se desistió de ratificar su acusación.

La defensa de Mancera

Antes de la liberación de La Lore y desde su oficina del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Miguel Ángel Mancera justificó en entrevista con Raúl Monge su actuación en todo el caso:

“Lo que nosotros siempre dejamos claro es que se trataba de una banda muy grande, que estaban involucrados policías y que operaban en células. Y empezaron ahí las objeciones porque lo que nos decían es que los secuestradores nunca operan en células que no podían ser algo tan grande y que no tenían vinculación con otra actividad delictiva.

“Al final del día se comprobó que sí había células, que había incluso miembros de la banda que no se conocían entre sí, que estaban metidos policías federales y capitalinos, y que la línea troncal o la columna vertebral tenía que ver con el narcotráfico”.

Tras la liberación de La Lore el pasado fin de semana, Mancera Espinosa se refirió al caso:

“Se presentaron conclusiones inacusatorias. El procurador (Rodolfo Ríos Garza) consideró que con los elementos que se tenían y, sobre todo, tomando una nueva realidad tanto de criterios como de análisis en el sistema jurídico mexicano, los criterios que se tienen hoy derivados del sistema acusatorio, los planteamientos de principios en este sistema adversarial que quedan plasmados ya en la Constitución y las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, pues dan una orientación diferente al Ministerio Público”.

Siguió:

“A partir de estos principios, incluso se tiene ya al Ministerio Público con un principio que es el principio de oportunidad en donde yo estoy seguro que cada vez más vamos a ver asuntos así en donde se lleguen a los análisis cuando no tienes una prueba plena. Porque hay que recordar que hay varias etapas. La etapa de la prueba indiciaria para lograr primero una orden de captura, una prueba indiciaria robustecida en la formal prisión y la etapa de la prueba plena para la condena”.

Y remató: “El Ministerio Público es el que consideró que no tenía los elementos suficientes para llegar a la condena”.

Periodistas que avergüenzan: Martín Moreno y el Caso Wallace

Artículo,de Patricia Barba Avila (Femcai)
Fecha: 20 de Julio del 2015
Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallac (2010)

Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallace (2010)

Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. R
– Ryszard Kapuscinski
En julio de 2005, un considerable número de Mexicanos se sintieron conmovidos por la historia de Isabel Miranda [de Wallace], convertida en “madre coraje” merced de una historieta de absoluta ficción que narra cómo, de manera supermanesca, logró una hazaña digna de las taquilleras y grotescas películas de Rambo, al haber llevado a cabo una “investigación” sin la ayuda de absolutamente nadie, que la condujo a “descubrir” las identidades de seis personas a las que señaló como culpables del secuestro y descuartizamiento de su hijo Hugo Alberto Wallace.
El motivo de iniciar este escrito con la reflexión de Kapuscinski, el extraordinario periodista polaco –quien atinadamente afirmara que las malas personas no pueden ser buenos periodistas– es justamente porque fue la pluma de Martín Moreno la que se encargó de transformar el cúmulo de falsedades inventadas por Miranda Torres, en un libro que no sólo le ha redituado un inmerecido prestigio como “periodista” y “escritor” sino que ha servido a esta heroína de barro para lucrar política y financieramente con la mentira y el delito. Y aquí es moralmente obligado preguntar: ¿Cómo es posible que alguien que ha recibido el Premio Nacional de Periodismo, no haya tenido la imprescindible pulcritud, ética y honestidad para comprobar la veracidad de las narraciones de Miranda, antes de atreverse a publicarlas? ¿Cómo es posible que una auténtica criminal no sólo reciba fondos públicos para sustentar su A.C. “Alto al Secuestro”, sino que haya sido acreedora del Premio Nacional de los Derechos Humanos y, además, haya sido lanzada como candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2012?
El pasado sábado 11 de julio, se cumplieron 10 años de la maraña de mentiras que integran el tristemente famoso “Caso Wallace”, concebido por la mente sociópata de una delincuente que ha engañado, difamado, privado de la libertad y ordenado torturar a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre, Alberto y Antonio Castillo Cruz, para obligarlos a declararse culpables del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto, muy probablemente vivo de acuerdo con las evidencias surgidas del trabajo investigativo de verdaderas periodistas como Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Angeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, además del comprometido involucramiento de David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, quienes con un indiscutible sentido de responsabilidad, solidaridad y ética, han revelado las evidencias que hacen pedazos no sólo el “Caso Wallace” sino la fabricada reputación de Miranda Torres, quien además, ha tenido el cinismo de amenazarlos con demandas que no ha podido concretar.
Algo muy alarmante y ominoso ocurre en una sociedad cuando cualquier persona corre el riesgo de ser detenida, difamada y torturada en el marco de un sistema eminentemente podrido, con la complicidad de “periodistas” que se atreven a elevar a la categoría de literatura, embustes insostenibles, como lo hizo Martín Moreno, con el apoyo de medios de “comunicación” que difundieron este cúmulo de falsedades convirtiéndose, por este sólo hecho, en cómplices de una de las infamias más deleznables de la triste entelequia en la que se ha transformado el sistema de “justicia” mexicano. Y aquí es menester resaltar la elemental importancia de fomentar en la sociedad el sano escepticismo que nos obliga no sólo a dilucidar con lógica los acontecimientos, sino a analizar a fondo las circunstancias que los rodean, permitiéndonos así determinar su veracidad o falsedad.
Tal como lo dijeran David Bertet y Guadalupe Lizárraga, es tiempo ya de que quitar la venda de los ojos a un importante sector de la sociedad engañado vilmente por Miranda Torres, para hacer posible que las víctimas inocentes del “Caso Wallace” reciban la justicia que merecen y sean exoneradas, junto con la Comandante Nestora Salgado García, privada de su libertad desde el 22 de agosto de 2013 gracias a cargos fabricados por auténticos hampones insertados en el gobierno, como es el caso, entre varios más, de Ricardo Martínez, tratante de niñas y jóvenes que fungía como Subprocurador de Atención a Víctimas bajo la administración de Angel Aguirre Rivero, y quien además, es parte del grupúsculo delictivo capitaneado por Isabel Miranda.
No se puede publicar un documento sin los datos completos…y esto debería ser la norma del periodismo.
– Julian Assange
 

Los Ángeles Press: nuevas evidencias en caso Wallace

Artículo de Guadalupe Lizárraga publicado en el Los Ángeles Press.
Fecha de publicación: 6 de Julio del 2015
Adulterio de Isabel Miranda, falsificación de actas de Hugo Alberto Wallace y certificación de acta original por juez de Registro civil son parte de nuevas evidencias que desmoronan el caso Wallace.

Isabel Miranda Torres y Martín Moreno en la promoción del falso secuestro Wallace. Foto: El Universal

 

El mito del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005 ha llegado a su fin al confirmarse oficialmente su verdadera identidad, escondida y manipulada desde su nacimiento, por su madre Isabel Miranda Torres, conocida como “la señora Wallace”. El juez 28º del Registro civil de la Ciudad de México, José Luis Keymur Landeros, certificó el 26 de junio de 2015 que el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969, es copia fiel del original perteneciente al libro 01, foja 27, partida 27, año de 1970. Con ello, se valida la evidencia de una doble identidad de la supuesta víctima de secuestro y homicidio presuntamente perpetrado el 11 de julio de 2005, y de la que no se encontró nunca el cuerpo, pero por la que pagan cadena perpetua cuatro sentenciados y dos más aún están en proceso judicial.

María Isabel Miranda Torres, el 15 de enero de 1970, presentó a un hijo vivo ante el Registro civil de Tuxpan, Ciudad de México, bajo el nombre de Hugo Alberto. Ella se identificó como Isabel Torres, de 21 años de edad y trabajadora del hogar. El supuesto progenitor de Hugo Alberto se presentó como Jacinto Miranda, de 31 años de edad y empleado de una empresa. Con esta acta de nacimiento, según el código de verificación 29230515, del que da fe de originalidad el juez Keymur Landeros, se ratifica también la invalidez de la única evidencia aportada por los Wallace consistente en la prueba de ADN de una gota de sangre extraída del departamento donde supuestamente Hugo Alberto fue mutilado con una sierra eléctrica, según la versión de su madre. El resultado de la prueba de ADN fue la coincidencia con el perfil de ADN de Isabel Miranda y Enrique Wallace Díaz, quien –con esta acta– se corrobora legalmente que no es Wallace el padre biológico de Hugo Alberto.

Con la autenticidad del acta de nacimiento también se revela que Isabel Miranda mintió ante las autoridades del Registro civil de Tuxpan, Ciudad de México, sobre su verdadero nombre y edad. Ya que registró a su hijo identificándose como Isabel Torres, de 21 años, hija de Mónica Romero y Alfredo Torres. Mientras que en su propia acta de nacimiento se señala que ella nació el 27 de mayo de 1951, y por lo tanto tendría 18 años de edad al momento del nacimiento de su hijo en 1969. En la misma acta se especifica que Isabel Miranda es hija de Fausto Miranda Romero y Elfega Torres Jaimes, de acuerdo con los datos oficiales de la Entidad 9, Delegación 1, Juzgado 3, Libro 20, Acta 288, del año 1951.

Acta original certificada por el Juez 28ª del Registro Civil.

Copia de acta con fecha de registro del 19 de noviembre de 1975, expedida en diciembre de 2006.

Una copia certificada de una segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto con los apellidos de Wallace Miranda fue expedida el 10 de febrero de 1982 por la Oficialía 1 del Registro civil de Texcoco, Estado de México. En esta copia se especifica que Hugo Alberto nació en Coatlinchán, Texcoco, el 12 de octubre de 1969, y da fe de certificación Alejo Vázquez Ávila, quien no cuenta con cédula profesional. El oficial que levanta el registro civil es Abundio Vergara Mata con el número de acta 2371 y el número de control 1399. Sin embargo, el documento no especifica día ni mes, ni aparece el original del registro en la Consejería del Distrito Federal ni del Estado de México.

En esta misma fecha de expedición, Abundio Vergara Mata fungía como oficial del Registro civil de Texcoco, sin embargo aún no contaba con una cédula profesional. Fue hasta el 26 de marzo de 1982, cuando obtuvo el grado de Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la cédula profesional 765481.

El 18 de diciembre de 2006, un año y cinco meses después del supuesto homicidio de Hugo Alberto, su madre, Isabel Miranda solicitó otra copia certificada de una tercera versión del acta de nacimiento de su hijo. En esta versión se incluyó el reconocimiento por parte de Enrique Wallace Díaz y el acta fue expedida en el municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México, bajo la fe y el sello de la notaría 157, a cargo del notario Plácido Núñez Barbosa. No obstante, en este tercer documento, en el que se especifica también que Hugo Alberto nació en Coatlinchán, Texcoco, y no en Tuxpan como dice su acta original, Isabel Miranda declaró tener 24 años de edad cuando supuestamente presentó a su hijo vivo ante el Registro civil de Texcoco, mientras que en la segunda acta declaró tener 21 años, y en el acta original se señala que en realidad tenía 18.

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El mito desmoronado

Para el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, el personaje de la señora Wallace, “el de la figura ficticia de la madre coraje quién se supone investigó sola el secuestro y el asesinato de su hijo ha desaparecido”. El activista reconocido por la defensa de los culpables fabricados en México, abunda que “el mito de la señora Wallace, a todas luces cumplía con una función política en el período del gobierno de Felipe Calderón”.

Bertet explica que al defender el caso de los culpables fabricados de Isabel Miranda para sostener el falso secuestro de su hijo, estaban conscientes, él y su equipo de trabajo, de los riesgos que corrían, “ya que que todas las personas que se habían atrevido a seguir las líneas de investigación descartadas por las autoridades mexicanas habían recibido amenazas o habían sido objetos de represalias”.

“Lo más aterrador en el caso Wallace”, señala el activista canadiense para Los Ángeles Press, “es darse cuenta que Hugo Alberto Wallace Miranda ni siquiera existe como persona legal. Es decir, que seis personas, más las víctimas colaterales y los demás inocentes encarcelados para hacer creer que existía una banda de secuestradores responsables de la desaparición de Hugo Alberto y de otros, fueron procesadas, torturadas y cuatro de ellas condenadas a cadena perpetua por un crimen que nunca sucedió, por el simple hecho de que el victimario no existe”, enfatiza.

Por otra parte, Bertet destacó los rastros de vida de Hugo Alberto Miranda Torres, que desde el 31 de mayo de 2014 en siete ediciones presentó Los Ángeles Press sobre el falso secuestro Wallace y la tortura a las víctimas para que se incriminaran. El activista enfatiza que “a cambio, existen pruebas contundentes que su alter ego, Hugo Alberto Miranda Torres, estuvo vivo al menos hasta el año 2010, ya que él mismo tramitó su CURP cinco años después de la supuesta muerte de Hugo Alberto Wallace Miranda.”

El adulterio de Isabel Miranda

Isabel Miranda, madre soltera y empleada en el hogar, tenía 27 años y dos hijos cuando se casó con Enrique del Socorro Wallace Díaz, nicaragüense, de 39 años de edad, divorciado y empresario. El matrimonio fue consumado el 28 de septiembre de 1978 en Coyoacán, Distrito Federal, según el acta. Para entonces, Hugo Alberto tenía nueve años de edad y su hermana Claudia tres.

Sin embargo, desde 1973, Isabel Miranda sostenía relaciones sexuales adulterinas, según lo especificado por la primera esposa de Enrique Wallace, la señora Guadalupe Magallanes, motivo por el cual demandó a su esposo el divorcio necesario. Magallanes dejó asentado en el acta que el 3 de noviembre de 1973 llegó a su domicilio conyugal una señora de nombre Isabel Miranda y “le manifestó que llevaba relaciones sexuales adulterinas con el esposo de la actora, y que en eso llegó su madre, María Teresa Villareal, viuda de Magallanes, y que nuevamente Isabel Miranda repitió lo antes expuesto”, además de preguntarle por los bienes de propiedad de su esposo.

El divorcio fue promovido por Magallanes y para el 22 de julio de 1974, Enrique Wallace perdía la custodia de sus cinco hijos y enfrentaba el proceso de sentencia como cónyuge culpable, la cual se consumó un año después, coincidiendo con el nacimiento de su hija Claudia concebida con Isabel Miranda.

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El cuento de “El Caso Wallace”

La historia que Isabel Miranda narró a Martín Moreno, autor de El Caso Wallace, bajo el sello editorial Aguilar en 2010, muy poco tiene que ver con la realidad. Sin embargo, Miranda utilizó el libro de ficción –del que ella era la única fuente– como una evidencia de hechos para denigrar, calumniar y difamar a sus víctimas.

En la página 16, narra cómo fue su acercamiento con Enrique Wallace y afirma que ella tenía 16 años cuando se enamoró de él, y que se casaron siendo ella todavía menor de edad. Su padre, Fausto Miranda, dice la voz narrativa del autor, que dejó de hablarle: “el rechazo… fue absoluto, hasta que llegó su primer nieto: Hugo Alberto Wallace Miranda, quien nació el 12 de octubre de 1969 Isabel tenía 18 años”. Los únicos datos que coinciden con la verdad, de acuerdo al acta original, es que parió a Hugo Alberto a la edad de 18 años y la fecha de su nacimiento. Su padre firmó el acta, y Enrique Wallace Díaz, casado con Guadalupe Magallanes, no conocía todavía a Miranda.

Protesta contra la tortura ante las oficinas de la PGR el 26 de junio del 2015

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Artículo de la Jornada

Video de TV Sur

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PGR esconde pruebas de que Hugo Wallace está vivo

Entrevista con Luis Moya a finales de 2006 – principios de 2007.

Investigación científica de la tortura

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“Aunque no lo veas la tortura existe”

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El 22 Junio 2015

14:00 a 16:00 horas

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Escuela Superior de Medicina

Auditorio de graduados

Ponentes:

Magdalena Rosa María Gutiérrez Escudero

María Isabel Mazo Duarte

Adrián Ramírez López

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