Confirman purga de funcionarios ligados a Genaro García Luna

El argumento de la federación para separar de sus cargos los empleados en activo es evitar complicidad

La Silla Rota

  • MARCOS MUEDANO
  • 26/03/2020
Confirman purga de funcionarios ligados a Genaro García Luna

Foto: Cuartoscuro

Todos los funcionarios en activo de la Administración Pública Federal que realizan “tareas relevantes” y trabajaron con Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por delitos de conspiración y tráfico de drogas y falsear declaraciones, deben de ser notificados sobre la “suspensión” de las actividades que realizan actualmente.

De acuerdo con un documento consultado por LA SILLA ROTA, y fechado el 25 de marzo, el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, pidió a todo el Gabinete de Seguridad acatar la orden que dio el titular del Ejecutivo el pasado 10 de marzo.

“Me permito transmitir a ustedes la instrucción presidencial girada en el Gabinete de Seguridad –expresada también en la conferencia de prensa del titular del Ejecutivo Federal, el pasado 10 de marzo- en el sentido de suspender a las y los servidores públicos vinculados a Genaro García Lunaque aún permanecen en el actual gobierno con tareas relevantes”, menciona el documento firmado por Durazo Montaño.

El argumento de la federación para separar de sus cargos los empleados en activo que laboraron con García Luna (sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa) es evitar “complicidad” por parte de los funcionarios.

“El objetivo es evitar cualquier relación de complicidad con los anteriores gobiernos, en particular con el gobierno de Felipe Calderón. Esta instrucción es extensiva a todas las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal”, indica la circular firmada por Durazo y con copia al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 10 de marzo, el Presidente informó que dio la instrucción de identificar a todos los servidores públicos en activo que trabajaron con García Luna para revisar sus casos para determinar si pueden continuar trabajando.

“Yo di una instrucción que todos los vinculados al caso García Luna se les revisara su situación, se llevara a cabo una evaluación de en qué participaron y evitáramos tener en el gobierno federal servidores públicos con esas características, que no estuvieran con nosotros. Le he pedido al secretario de Seguridad que haga una revisión de quiénes estuvieron y pueden estar con nosotros”, dijo en la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El mandatario comentó que se busca evitar que funcionarios en activo tengan vínculos con el crimen organizado, por lo que pidió tener cuidado al momento de detectar los casos para no perjudicar a los empleados.

“Pidió tener cuidado para no cometer ninguna injusticia, sino ver quiénes estuvieron cerca y se presume que fueron cómplices, guardaron silencio o fueron subordinados, para no afectar nuestro gobierno”.

Horas después, Alfonso Durazo aseguró que ya se había separado a funcionarios públicos cercanos a Genaro García Luna, uno de los principales promotores de la llamada guerra contra el narcotráfico que inició en septiembre de 2006 el gobierno de Felipe Calderón.

“Recibimos la indicación de revisar el equipo de colaboradores de alto nivel que eventualmente pudieran haber hecho equipo desde tiempos, vamos a decir, históricos con García Luna y que pudieran representar un enclave en las dependencias de seguridad, como ustedes saben son áreas altamente sensibles, y si el exsecretario de Seguridad pública está en el banquillo de los acusados por la justicia norteamericana, nosotros debemos tomar nuestras propias previsiones con el propósito de que ninguna persona vinculada a él forme parte del equipo de trabajo”.

El superpolicía de Calderón

Genaro García Luna comenzó su trayectoria a finales de la década de 1980 en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como investigador. Entre 1998 y 2000 fue coordinador general de inteligencia para la prevención de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP).

Ese mismo año asumió la dirección general de Planeación y Operación de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cargo que lo llevaría a ser titular de la AFI.

Durante el sexenio de Felipe Calderón fue titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre los años de 2006 a 2012.

El 10 de diciembre pasado Genaro García Luna fue detenido en Dallas, Texas, por tres delitos de conspiración para el tráfico de cocaína y uno de declaración falsa a las autoridades estadounidenses.

Es acusado por la Fiscalía de Nueva York de estar ligado al cártel de Sinaloa a través de la protección de sus integrantes gracias a pagos de entre 3 y 5 millones de dólares enviados por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con las investigaciones el gobierno de Estados Unidos, los vínculos que mantuvo con el cártel fueron entre los años 2001 y 2012, durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.

García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, de El Chapo Guzmán, mientras controlaba la fuerza de Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México”.

Durazo ordena separar del cargo a funcionarios ligados a García Luna

Genaro García Luna y Felipe Calderón. Foto: Germán Canseco.Genaro García Luna y Felipe Calderón. Foto: Germán Canseco.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, giró instrucciones a todas las dependencias públicas del gobierno federal para que suspendan de su cargo a cualquier funcionario en activo que haya estado vinculado con el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos bajo cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Mediante un oficio al que Proceso digital tuvo acceso, Durazo Montaño explicó que por instrucciones presidenciales cualquier funcionario ligado a García Luna debe ser separado de su puesto para evitar “complicidades” con gobiernos anteriores.

“Me permito transmitir a ustedes la instrucción presidencial girada en el Gabinete de Seguridad –expresada también en la conferencia de prensa del titular del Ejecutivo federal, el pasado martes 10–, en el sentido de suspender a las y los servidores públicos vinculados a Genaro García Luna que aún permanecen en el actual gobierno con tareas relevantes”, destaca el documento.

El oficio destinado a los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado está fechado el 25 de marzo de 2020 y en él se advierte que el objetivo “es evitar cualquier relación de complicidad con los anteriores gobiernos, en particular con el gobierno de Felipe Calderón”.

La orden, de acuerdo con el escrito, es extensiva a todas las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.

El oficio está firmado por Alfonso Durazo en su calidad de secretario técnico del Gabinete de Seguridad, y marca una copia directa al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes consultadas por Proceso digital señalaron que este oficio llegó apenas este jueves a todas las secretarías de Estado y también a organismos descentralizados del gobierno federal.

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, solicitó ayer que le sea otorgada la libertad condicional, argumentando que tiene temor a contagiarse de Covid-19, por lo que sus abogados ofrecieron el pago de una fianza de 2.2 millones de dólares.

La solicitud deberá ser analizada por el juez Brian Cogan, encargado de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York con sede en Brooklyn.

El oficio, destinado a los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, está fechado el 25 de marzo de 2020. Foto: Especial
El oficio, destinado a los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, está fechado el 25 de marzo de 2020. Foto: Especial

Mónica Esparza saldrá libre tras estar 7 años presa y ser torturada por policías

Proceso

Mónica Esparza estuvo 7 años presa por un crimen que no cometió. Foto: @CentroProdhMónica Esparza estuvo 7 años presa por un crimen que no cometió. Foto: @CentroProdh

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de pasar siete años en prisión, acusada de secuestro y posesión de armas –delitos que no cometió–, Mónica Esparza Castro fue absuelta este jueves por un juzgado federal que también ordenó su liberación.

Esparza, quien sufrió tortura sexual por parte de los agentes que la aprehendieron y vio morir a su pareja por la tortura a la que fue sometido, se encuentra recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Coatlán del Río (Cefereso 16), en Morelos, de donde será puesta en libertad en las próximas horas, informó en entrevista Melissa Zamora, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

“Es importante señalar que la sentencia absolutoria tiene que ver, sin duda, con un tema de insuficiencia probatoria, pero también por una cuestión de graves violaciones a derechos humanos que pocas veces se reconoce en las sentencias”, apuntó Zamora.

Posta@postamx

Ordenan liberar a Mónica Esparza, torturada por policías en Torreón http://ow.ly/YDAO30qpp2r 

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Integrante del movimiento “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, Esparza Castro fue detenida el 12 de febrero de 2013, junto con su pareja y su hermano, cuando transitaban en la camioneta de su padre por calles de Torreón, Coahuila, de donde es originaria.

Los agentes aprehensores –cuatro hombres y una mujer que tripulaban una patrulla de la policía municipal– los trasladaron a una bodega ubicada en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, donde fueron torturados, primero su hermano y su pareja, y después ella.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, publicado en el informe “Sobrevivir a la Muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” –de Amnistía Internacional–, y “Mujeres con la frente en alto, informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado” –del Centro Prodh–, pudo ver que en la bodega “había hombres vestidos como militares y como policías municipales”.

Los tres fueron encerrados en un baño de la corporación municipal, hasta donde llegó un actuario del Poder Judicial de la Federación para recabar firmas de los detenidos, luego de que su madre interpuso un amparo por desaparición forzada. Una vez que terminó el trámite, Mónica fue nuevamente sometida a tortura sexual.

Sin tener información del motivo de su detención, Mónica, su hermano y su pareja fueron trasladados a la delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Torreón, y en ese tramo presenció la muerte de su pareja, cuyo cuerpo fue retirado por agentes de la corporación.

Ambos hermanos fueron trasladados a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde Mónica fue obligada a firmar una hoja que un agente ministerial le puso a la vista, luego de amenazarla con matar a su madre e hijas.

Celebran fallo. Foto: @CentroProdh

El documento que firmó sin ver fue una confesión fabricada en la que aceptaba cargos por secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y posesión de cartuchos, acusación que fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito en la Laguna.

La abogada Melissa Zamora, del Centro Prodh, destacó que Mónica y su hermano Edgar, así como otra persona a la que no conocían, de nombre Ismael Hernández Ruiz, fueron presentados ante los medios como “miembros de los Zetas, supuestamente detenidos en un operativo conjunto en el que habrían participado policías municipales, policías estatales y militares, es decir, la propia autoridad acepta la participación de los militares, quienes de acuerdo con las víctimas habrían presenciado los actos de tortura”.

Agregó que, debido a la participación del Ejército en la detención, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo la queja y emitió la recomendación 15/2016, donde se acreditó la tortura en contra de Mónica y su hermano, la ejecución extrajudicial de la pareja de ella, y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de Ismael Hernández, detenido en una circunstancia distinta.

La abogada reconoció que, por la tortura infringida, desde 2013 el Juzgado de Distrito dio vista a la Fiscalía de Coahuila, que integró una averiguación previa, misma que se vio reforzada por la recomendación de la CNDH. La investigación se mantiene en integración.

Se espera que este viernes 13, una vez puesta en libertad, Mónica Esparza dé una conferencia de prensa en instalaciones del Centro Prodh.

Mi fijación mental

El Universal

05/03/2020

Ricardo Raphael

Isabel Miranda no solo tiene problemas para llamar a las cosas por su nombre, sufre del mismo defecto cuando se trata de las personas.

Soy el “académico” y el “periodista” (las comillas de denuesto son suyas) al que se refirió en su artículo publicado en este diario el martes pasado: “La justicia tiene que ver con leyes y jueces, no con opiniones periodísticas o de cualquier ciudadano” (la grandilocuencia del título también es suya). Luego, en el primer párrafo completa la idea: “es inútil tratar de hacer justicia cuando ésta pasa por la política.”

Resulta curioso que tales afirmaciones estén signadas por la presidenta de Alto al Secuestro, una asociación civil que lleva más de una década haciendo política al más “alto” nivel. Se trata de la misma mujer, Isabel Miranda, que fue candidata “ciudadana” del PAN al gobierno de la ciudad de México en 2012. Es aquella justiciera que seis años antes colgó por todos lados espectaculares con los rostros de los presuntos secuestradores de su hijo, Hugo Alberto León Miranda, y que ofreció una magnífica recompensa, antes siquiera de que los jueces hubieran librado orden de aprehensión contra ellos. Durante 14 años ininterrumpidos Miranda ha manipulado públicamente a la prensa y ha presionado con éxito a funcionarios y políticos, al tiempo que, presumiblemente, fabricaba pruebas y culpables.

Cuando le convino involucró al Olimpo político mexicano: Martha Sahagún, por ejemplo, siendo Primera Dama, escribió una carta dando instrucciones al titular de la Siedo, Santiago Vasconcelos, para que se investigara el caso de su hijo; Miranda también visitó a Genaro García Luna, cuando era titular de la Agencia Criminal de Investigación, para reclamarle ayuda; ella personalmente convenció a Felipe Calderón, cuando se hizo con la presidencia de la República, para que intercediera a su favor; igualmente prendió velitas de cumpleaños para festejar a su amigo Enrique Peña Nieto.

¿Cuánto le ha costado al país y a sus víctimas que Isabel Miranda aprendiera la lección fundamental? Con mucho retraso en su reloj y gran oportunismo acierta ahora cuando afirma que la política le hace daño a la justicia. Lo paradójico es que lo diga ella, la que más ha hecho política (y dinero) en México, sobando el tema del secuestro. Su propensión a la mentira es compulsiva: en el mismo artículo asegura Miranda que yo visité a Brenda Quevedo Cruz en la cárcel “de manera furtiva, a través de tráfico de influencias”.

Aprovecho aquí para aclarar que, después de tocar un sinnúmero de puertas, la oficina de la defensoría pública federal escuchó mi solicitud para entrevistar a Brenda, y también a Juana Hilda González Lomelí. En efecto, el viernes 27 de septiembre del año pasado visité el Cefereso femenil de Morelos. Cuento con los documentos originales en los que se autorizó mi ingreso, formalmente y conforme a derecho, así que es falsísima la acusación que hace Miranda en mi contra; no ingresé furtivamente ni trafiqué con influencia alguna.

Probablemente ella omitió mencionar mi nombre en su texto porque está consciente de sus falsedades, sabe que de haberme citado como era debido podría haberla llevado ante un juez por pretender dañar mi reputación como periodista. Mi ingreso al Cefereso y las entrevistas a Brenda Quevedo y Juana Hilda González nada tienen de ilegales, y muy lejos se encuentran de asemejarse al delito de secuestro, como infiere el retorcido tren de pensamiento de la señora Miranda, exhibido en su artículo. Tengo convicción de que el nuevo sistema penal requiere, por parte de la prensa, un trabajo de investigación y de información distinto al que prevaleció durante la vigencia del sistema inquisitorial.

Reitero mi argumento principal del lunes pasado, publicado en este mismo espacio: porque en democracia la justicia es un tema que a todos nos compete —ciudadanos (cualquiera) y periodistas (también cualquiera)— es que la versión de las personas en reclusión debería darse a conocer, sin importar que sean procesadas o sentenciadas; sobre todo cuando hay individuos, como Isabel Miranda que, abusando de los muchos medios a su alcance, atentan contra la justicia.

Zoom:

Dice la presidenta de Alto al Secuestro que tengo “una fijación mental.” Confieso que es cierto, siento urgencia por exponer al poderoso cuando miente, cuando abusa, cuando tortura, cuando destruye la vida de tantas personas.
 www.ricardoraphael.com

“La francesa”

Más de 2,500 días estuvo en la cárcel Florence Cassez, «la pinche francesa secuestradora», como la llamaban a partir de las fake news, creadas por Carlos Loret de Mola, entonces conductor titular de Primero noticias, que el Canal de las Estrellas transmitía en cadena nacional y manipuladas por Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en contubernio con Felipe Calderón.

Según Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por un supuesto secuestro y delincuencia organizada en posesión de armas, asegura que la aprehensión de García Luna, es su verdadera liberación, aunque pensaba que la que caería pronto sería Isabel Miranda de Wallace por haber sido: «la gran cómplice de mentiras y manipulación criminal». Recién se enteró de la detención de García Luna, Cassez fue entrevistada por el diario francés La voz del Norte, Cassez aparece ante sus cámaras visiblemente exaltada, vestida con una chamarra con forro de borrego, pero contenta de que ahora sí los medios mexicanos, por fin hablarán de su inocencia. En lo primero que pensó cuando se enteró de la noticia. «Fue… en la necesidad de una reconstrucción, necesito que los verdaderos culpables paguen por sus actos. Hay que recordar que Felipe Calderón y Genero García Luna manipularon y crearon un montaje por el cual estuve en la cárcel. Salí en 2013. No hay que olvidar a Israel Vallarta, está en la cárcel, sin sentencia, desde hace 14 años. Ahora, intento vivir, afortunadamente tengo a mi hija y un trabajo. Pero necesito respuestas, necesito que los que me encarcelaron paguen sus actos». Hay que decir que desde 2015, estaba decidida a «atacar a los que mataron mi vida», los mismos que juzga responsables de su calvario. Su abogado de entonces, José Patiño Hurtado, declaró: «Hemos presentado una demanda por daño moral hacia Florence Cassez, herida en sus sentimientos, en su reputación y en su honor», por la cantidad de 32 millones de euros.

En un espléndido reportaje de la revista Proceso, su corresponsal en Francia, Anne Marie Mergier, le pregunta telefónicamente el 12 de diciembre, a Cassez, qué tan alto fue el nivel a quien se dirigió después de presentar su demanda judicial contra Calderón, García Luna y sus colaboradores: «A alto nivel… no quiero ser explícita… (…) me dieron a entender que ese tipo de demanda tiene muy poca posibilidad de éxito. Estábamos en pleno proceso de ‘reconciliación’ diplomática entre Francia y México y sentí que mi demanda era inoportuna. Pero ahora que las autoridades judiciales estadounidenses mandaron detener a Genero García Luna, el panorama cambia para mi caso». Con absoluta contundencia le aseguró a Mergier, que sin duda va a reactivar las demandas con sus abogados Patiño y Berton, «estamos en eso». Como bien dijo Olga Sánchez Cordero, al periódico La Razón, probablemente Cassez y Vallarta: «nunca habían sido secuestradores».

En su libro, Una novela criminal, Premio Alfaguara 2018 «una novela documental o novela sin ficción», Jorge Volpi narra cómo Jean-Claude Boksenbaum, director de la Agencia France Presse en México, se apresuró a visitar a Florence en la prisión de Tepepan. Al salir de la cárcel hace un pedido urgente a la Fnac de París y pide tres ejemplares de L’affaire, de Jean-Denis Bredin: «uno de los libros clásicos sobre el caso Dreyfus, uno lo conservará él mismo, otro será para Acosta y el último piensa regalárselo a Florence. No duda del paralelismo entre los dos escándalos judiciales: ambos, Dreyfus y Florence, son percibidos como extranjeros perniciosos, él, judío en Francia; ella, francesa en México». En efecto, hay una similitud tajante entre estos dos casos, la injusticia. Ahora, Florence Cassez (de quien siempre supe de su inocencia) grita a los cuatro vientos: J’accuse (Yo acuso) a Genaro García Luna, a Felipe Calderón, a Isabel Miranda de Wallace y a Luis Cárdenas Palomino.

Me felicito por haber ido a visitar a Florence Cassez a la prisión de Tepepan en el dormitorio 1. Mientras tomábamos un café, me platicó que para ganar su vida, fabricaba collares de perlas y los vendía; con ese dinero compraba sus tarjetas de teléfono, porque todos los días le hablaba a sus papás. Como trabajo obligatorio trapeaba las escaleras de los dormitorios, se ocupaba de un cine-club, que ella misma creó, pintaba y leía el libro del caso Dreyfus. Ahora está libre y feliz porque se empieza a desenmascarar a García Luna.

“Pensar es como vivir dos veces.” – Cicerón

El derecho de los presos para contar su propia versión

El Universal

 

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Ricardo Raphael

Por tercera vez ayer se frustró una entrevista pactada con Israel Vallarta. Pocas cosas son más difíciles en México para un periodista que conversar con una persona recluida en prisión. No hay nada en la ley que lo impida y sin embargo una vez enclaustradas se les retira el derecho a la palabra.

No hay diferencia si pesa una sentencia que les declare culpables o, como en el caso de Vallarta, si se benefician de la presunción de inocencia.

En México las personas encerradas no pueden hablar con su propia voz. A este hombre se le acusó en cadena nacional de ser un secuestrador de la peor calaña y, sin embargo, 15 años después no ha habido juez que se anime a declararlo culpable porque las pruebas que pesan en su contra no se sostienen.

Tanto es así que su supuesta cómplice, Florence Cassez, obtuvo libertad gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo su caso.

A Vallarta logré entrevistarlo para La Octava hace un par de semanas, ya que su esposa me cedió los diez minutos a los que tiene derecho cada semana para comunicarse con el exterior. Pero la autoridad no ha vuelto a facilitar la comunicación y mucho menos me ha permitido visitarlo en la cárcel.

Este caso no es una excepción. Igual de difícil ha sido conversar personalmente con los presuntos secuestradores del caso Wallace o del caso Martí. Por ejemplo, a César Freyre que está encerrado en el Altiplano, he intentado visitarle por todos los medios y sin embargo a los periodistas nos está vedado ingresar a los penales de alta seguridad, peor aún si queremos hacerlo con grabadora,  libreta y pluma en la mano.

Lo mismo me ha sucedido con Albert Castillo y Jacobo Tagle Dobin. Aún en estos tiempos de supuesto cambio, cada vez que se aproxima la cita solicitada ocurre un pretexto súbito que hace imposible ingresar a la prisión.

A diferencia de lo que sucede en otros países, en México es prácticamente imposible que la prensa se aproxime a las personas recluidas. Se trata de un castigo no previsto por las leyes que les arrebata a ellas el derecho a la libre expresión y al resto de la sociedad el derecho a estar bien informada.

Vallarta, Freyre, Dobin y los hermanos Castillo, así como Juana Hilda González Lomelí o Brenda Quevedo, entre miles de personas, han sido juzgadas por la opinión pública sin derecho de réplica.

A Vallarta lo presentaron y sentenciaron en cadena nacional sin que haya podido, a la fecha, ofrecer en extenso su punto de vista. El castigo es desproporcionado y contrario a la ley. No fue un juez quien lo sentenció sino un programa de televisión y, sin embargo, no ha tenido personalmente oportunidad para compartir públicamente su realidad.

En el caso de los presuntos secuestradores de Hugo Alberto León Miranda (alias Wallace Miranda), todos fueron exhibidos en inmensos espectaculares colocados en la Ciudad de México y entidades vecinas; ahí se les presentó como responsables de haber cometido los peores delitos y se ofrecieron recompensas inmensas, antes siquiera de que las autoridades de la Procuraduría General de la República terminaran de integrar las carpetas de investigación.

Este es el caso de Brenda Quevedo y Jacobo Tagle quienes además continúan sin sentencia en primera instancia y sin embargo la autoridad carcelaria les ha negado la posibilidad para que, con su propia voz, refuten los argumentos expuestos hace ya 14 años por Isabel Miranda de Wallace en los muros de los edificios más vistosos.

La injusticia es evidente: el poder de algunos para acusar en público no se asemeja en nada al de otros para defenderse en igual lugar y proporción.

El dinero lo define todo. Si se cuenta con riqueza para hacer propaganda las personas son sentenciadas públicamente y el sistema judicial cómplice se encarga de amputar el derecho de los acusados para contrarrestar la avalancha de rocas arrojadas en su contra.

Esta realidad no ha cambiado con la Cuarta Transformación. Por más que como periodista he hecho intentos recientes por ingresar a las celdas de estos y otros procesados, las puertas continúan cerradas.

Las autoridades no niegan pero tampoco conceden el acceso. Son parte de un sistema que permite a los poderosos hacer propaganda punitiva —prevarican, pues, con la justicia— sin que los presuntos delincuentes puedan ofrecer la versión propia de los hechos.

La injusticia se vuelve monumental cuando en muchos de estos casos existió ánimo deliberado para fabricar culpables. Acaso es precisamente por esta razón que a los periodistas no nos dejan ingresar a la cárcel. Para que no denunciemos, con el testimonio de las víctimas, las intolerables fabricaciones.

ZOOM

El nuevo sistema penal acusatorio requiere de un nuevo periodismo que, sobre el principio de presunción de inocencia, tenga libertad plena para interrogar a las personas procesadas. Igual libertad debería también haber para que las personas sentenciadas cuenten su propia versión de los hechos. Esto ayudaría, entre otras cosas, para comprender los resortes de la violencia que recorre al país impunemente.