Caso Héctor Casique: 30 horas de dolor

Este país se va a la chingada… Desde hace mucho tiempo. Otro caso de culpable fabricado mediante tortura. A pesar de las pruebas de que fue torturado durante 30 horas por los judiciales que lo detuvieron, Héctor Casique sigue preso. Una verdadera vergüenza que desgraciadamente pasa diario en nuestra supuesta “democracia”.

Artículo de Aldo Meza publicado el 27 de marzo del 2015 en el sitio de Noticieros Televisa (!) (en otros casos, complices de fábrica de culpables*)

Héctor Casique

Héctor Casique Fernández, ex policía municipal de Cancún, de 28 años de edad, fue acusado, juzgado, liberado y vuelto a detener por un crimen que, asegura, no cometió

Yaskade Fernández, madre de Héctor Casique Fernández, un ex policía municipal de Cancún,  de 28 años de edad, que fue acusado, juzgado, liberado y vuelto a detener por un crimen que, asegura, no cometió.

La Procuraduría de Justicia de Quintana Roo lo responsabiliza del asesinato de siete personas.

Héctor Casique Fernández, comentó: “Mal, mal, la realidad es horrible, a veces uno quisiera pasársela, a lo mejor durmiendo y no saber de nada”.

El caso comenzó el 16 de marzo de 2013 en Cancún.

Al salir de un bar, Héctor fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía Turística.

Ana Cortés, abogada de Héctor Casique, explicó: “Les dicen es que están detenidos por ultrajes a la autoridad, los voy a remitir a la agencia de zona hotelera para que allá el MP decida si los va a caucionar o los va a consignar”.

En su declaración ministerial Héctor dijo haber sido  sometido a violencia extrema tras su detención,  tal y como fue  certificado en una primera valoración.

Héctor Casique Fernández, dijo: “Lo más doloroso fue la asfixia, porque fueron horas enteras de estar embolsado, era para que yo me declarara culpable de unos homicidios, no sé yo de qué, de quiénes”.

Yaskade Fernández, mamá de Héctor Casique, dijo: “Y su tortura de él comienza a medio día y fueron 30 horas de tortura, actualmente perdió un ojo, perdió un oído, le quemaron los testículos, lo violaron, le rompieron las costillas, le deformaron los dedos del pie”.

Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional  México, dijo: “Como tenemos técnicas de investigación que no funcionan, tenemos un Ministerio Público que no es profesional, tenemos un MP que no puede hacer pruebas científicas, pues a lo que se recurre entonces es a la tortura para obtener confesiones judiciales”.

Héctor identifica a sus agresores como antiguos compañeros de la Policía Judicial, a quienes había entrenado en artes de defensa personal, contratado por la Procuraduría de Justicia Estatal.

Ana Cortés, abogada de Héctor Casique, comentó: “Todo fue subiendo de nivel porque querían que él se confesara, auto incriminara, que había sido el que había mandado matar a siete personas y él decía que no”.

Para la ONU, los actos crueles, cuando se dan, suceden tras la detención de los presuntos responsables. 

Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre tortura, comentó: “En las primeras horas tratar de obtener rápidamente, o confesiones, o declaraciones contra otras personas, o identificación de lugares donde supuestamente hay elementos del delito”.

Un día después de su detención, el 17 de marzo de 2013, Héctor Casique fue presentado ante los medios de comunicación como homicida confeso de siete personas.

La procuraduría tomó como válida la declaración firmada sólo con sus huellas digitales.

Yaskade Fernández, mamá de Héctor Casique, dijo: “Las averiguaciones cinco veces hicieron que mi hijo firmara y dijeron esta no y la rompían, esta no y la rompían”.

Ana Aguilar del Instituto de Justicia Procesal Penal, dijo: “Existe la presunción de inocencia como regla de trato, es decir, tú, yo, los demás actores en el sistema están obligados a tratar a la persona como inocente hasta que no se dicte una sentencia condenatoria”.

En julio de 2013, cuatro meses después de su detención, la familia de Héctor logró que se le practicara un examen médico para obtener pruebas de la violencia física y psicológica que sufrió, que dicen, lo llevaron a auto inculparse.

Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre tortura, señaló: “Se ha convertido en el método eficiente, supuestamente eficiente de resolver delitos, de producir resultados contra la inseguridad y contra el crimen”.

La CNDH también acreditó, mediante el protocolo de Estambul, el daño médico y psicológico sufrido por Casique.

La Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, no respondió una solicitud de entrevista para fijar su postura sobre este caso. 

Yaskade Fernández, mamá de Héctor Casique, dijo: “Porque la misma ley dice que no se puede tomar en cuenta una declaración cuando fue a base de tortura y que nosotros demostramos que Héctor fue torturado”.

En su batalla judicial, Héctor vio una luz. 

Tras la defensa iniciada por parte de su madre y abogada, el juzgado segundo de distrito le otorgó el auto de libertad  por falta de elementos para procesar por el delito  de homicidio de siete personas. 

Héctor Casique Fernández, comentó: “Salí libre por falta de pruebas, porque no se encontraba nada que me culpara de lo que se me imputa”.

Ana Cortés, abogada de Héctor Casique, agregó: “Pero a las afueras ya lo estaban esperando por una nueva orden de aprehensión”.

La Procuraduría argumentó, en esa ocasión, nuevas imputaciones de otros supuestos testigos del asesinato de siete personas en marzo de 2013.

Por lo que sigue preso en Cancún. 

Sin embargo, a dos años de su detención Héctor Casique fue declarado víctima por los tratos crueles recibidos.

Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, comentó: “¿Podríamos decir que el estado mexicano reconoce entonces que Héctor Casique fue víctima? sí, una instancia formal del estado mexicano ya le dio el carácter de víctima que es comisión ejecutiva de atención a víctimas. Fue víctima del estado, fue víctima de las autoridades estatales que lo han torturado”.

A dos años de su detención, Héctor padece de lesiones incurables.

Yaskade Fernández, mamá de Héctor, agregó: “No hay un instante que yo me quite a mi hijo de la cabeza, no hay un instante, hay días en los que no quiero ni amanecer, pero el pensar que él me necesita es lo que me motiva y me hace levantarme”.

* Israel Vallarta sigue preso después de más de 10 años en la cárcel gracias a la inestimable participación de Televisa en el montaje mediático orquestado por la AFI el 9 de diciembre. Sabemos que vale su canal. Nonobstante, gracias al periodista Aldo Meza por haber cubrido el caso de Héctor Casique. Ojala le den seguimiento.

Corrupción salpica hasta al presidente de derechos humanos en Quintana Roo

Artículo publicado el 30 de Julio del 2014 en ferriz.com.

Casique está encarcelado en Chetumal. // Foto: Cortesía Yaskade Fernández

Casique está encarcelado en Chetumal. // Foto: Cortesía Yaskade Fernández

Policías, jueces, funcionarios públicos y hasta el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo han orquestado una “cacería brutal e inhumana” en contra de un joven con el fin de obtener beneficios políticos, asegura Yaskade Fernández Ramírez.

En entrevista para Ferriz.com.mx, la madre de Héctor Manuel Casique Fernández, quien se encuentra preso por homicidio, asegura que el caso de su hijo es político, que las autoridades de ese estado sólo buscaban un chivo expiatorio para zafarse del asesinato de siete personas ocurrido en el bar ‘La Sirenita’ el 14 de marzo de 2013.

Fernández Ramírez precisó que su hijo permanece encarcelado a pesar de que un juez del Juzgado Segundo le otorgó un amparo que lo liberaba. El día que iba a abandonar el penal ya lo esperaban elementos de la Policía Judicial estatal para detenerlo de nuevo por otras acusaciones en su contra.

“Entraron al reclusorio por él sin ninguna orden de aprehensión y no respetando un amparo federal que ya teníamos preparado sabiendo las mañas de estos sujetos, ya que a la Procuraduría estatal no le conviene la libertad de mi hijo pues hicieron tanto escándalo con este caso que a la mayoría de ellos los subieron de puesto” recuerda la madre de Casique.

La “terrible e inhumana cacería” habría sido orquestada por el capitán Arturo Olivares Mendiola, titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito y por Aarón Pérez Holguín,  agente de la Policía Judicial estatal. Las autoridades aseguran que Casique Fernández es un miembro del Cártel de Golfo apodado ‘El Diablo’.

Héctor Manuel Casique Fernández fue arbitrariamente detenido el 16 de marzo de 2013; enseguida fue puesto a disposición de miembros de la policía judicial, quienes lo incomunicaron y torturaron.

“Cuando la policía municipal lo entrega a los judiciales mi hijo está en perfectas condiciones, tengo la foto que lo acredita así como el certificado médico 2088 expedido por la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito….los judiciales lo recibieron a golpes, le pidieron dinero para soltarlo, lo incomunicaron y lo torturaron por más de 48 horas” cuenta Yaskade.

La tortura fue realizada por 30 judiciales; el joven instructor de artes marciales, quien se especializaba en la impartición de cursos de defensa personal a diversas corporaciones policiacas,  fue pateado, tableado, embolsado.

“Le dieron choques eléctricos en todo el cuerpo; fue por tanto tiempo que tuvieron que cambiar en varias ocasiones las pilas del aparato; le echaron tanto chile habanero en los ojos que perdió la visibilidad en uno de ellos…fue embolsado hasta que sufrió un preinfarto y tuvieron que llamar a los paramédicos; el chile también se lo aplicaron en los oídos lo que, aunado a que le aplaudían en esa zona, perdió la audición del lado izquierdo” describe su madre.

El también estudiante de leyes fue quemado de los testículos, golpeado hasta que se le deformaron los dedos de los pies y la cabeza se le abrió por los cachazos propinados. Además fue violado por el judicial Constantino Solana Wady Alfredo. “El  propio Arturo Olivares Mendiola saltaba en su estómago”.

A pesar de que existen pruebas de dichas agresiones, autoridades estatales determinaron que los judiciales que participaron no serán llevados a juicio. “Fueron solapados por diversos ministerios públicos, el procurador, el subprocurador y otras autoridades estatales…el subprocurador de Quintana Roo estuvo presente en el momento de las torturas” asegura la madre de Casique.

En julio de 2013 la madre de Casique solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul, el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias; a principios de noviembre se le practicó, lo que convirtió a Héctor Manuel Casique Fernández en la primera persona en Quintana Roo que lo recibe.

“El 15 de noviembre un juez federal resuelve a favor de mi hijo, afirma que la justicia ampara a Héctor Manuel contra el auto de formal prisión y también ordena se denuncie la tortura”.

Harta de las autoridades, Yazkade acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos pero también se topó con pared.

“El presidente de la Comisión se negó a entregarme copias del Protocolo de Estambul así como a emitir una recomendación por tortura, y a pesar de que supo que la Procuraduría estatal decidió no ejercer acción penal contra los torturadores de mi hijo no actuaron de ninguna manera; ante esas irregularidades, decidí viajar a la ciudad de México para quejarme ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos” relata.

Toda esa tortura tuvo la finalidad de que el joven se declarara culpable del homicidio de siete taxistas en el bar ‘La Sirenita’ días atrás, dice Yaskade.

“Ese caso lo tenían que resolver rápidamente pues había intereses políticos de por medio; lo torturaron para que dijera que pertenecía a un grupo delictivo e involucrara a otros políticos” precisa la madre de Casique Fernández.

El proceso de Casique ha estado plagado de irregularidades; primero fue acusado de ser el autor material de los homicidios pero como la prueba de radisonato de rodio resultó negativa se le acusó de ser el autor intelectual.  También fue exhibido como jefe Zeta y posteriormente como miembro del Cártel del Golfo.

Yaskade recordó que el procurador de justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, dijo que mientras él permanezca en el cargo Casique no saldrá de la cárcel.

La familia de Héctor se ha comunicado con la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y ya fue atendida en la Secretaría de Gobernación. También ha recibido apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Yaskade informó que están a punto de obtener la libertad de su hijo, lo que la llena de alegría pero también de miedo e incertidumbre porque tanto ella como su hija han sido amenazadas en varias ocasiones. “¿Qué va a pasar cuando mi hijo salga, lo van a volver a agarrar, nos van a rafagear? hablar con los medios de comunicación es nuestro seguro de vida”.

Escucha la entrevista íntegra con Yaskade Fernández aquí.

Ongs canadienses piden medidas cautelares para víctima de Isabel Miranda

Artículo publicado el 14 de abril del 2015 en la revista Los Ángeles Press y en el sitio de ACDV.

#WallaceMiente

#WallaceMiente

A través de un comunicado público la Asociación Contra la Fábrica de Culpables y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad informaron que el día 25 de marzo de 2015 solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima de Isabel Miranda Torres por la simulación del secuestro de Hugo Wallace.

La petición de protección a Tagle por violaciones de derechos humanos fue interpuesta el pasado 25 de noviembre de 2014 a iniciativa de las organizaciones canadienses lideradas por los activistas David Bertet y Luis Vargas, quienes llevan varios años en la defensa de los inculpados por falsos delitos, como el conocido Caso Wallace.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el número de referencia MC549-14 P.MX para el caso de Jacobo Tagle, quien se encuentra actualmente bajo proceso penal con la causa 35/2006.

Los firmantes de la solicitud, Vargas y Bertet, señalaron que las medidas cautelares solicitadas para Tagle tienen como principal finalidad proteger su integridad física y psicológica ante el inminente riesgo de daños irreparables. El inculpado ha denunciado que ha sido torturado en varias ocasiones para incriminarse y que lo mantienen en condiciones insalubres en el CEFERESO número 2 en Puente Grande, Jalisco, como represalias por sus denuncias, además de negarle atención médica adecuada por parte de las autoridades carcelarias.

Claroscuros del Caso Wallace; violaciones a DD.HH. y al debido proceso contra los acusados

Artículo de Eridani Palestino, publicado el 14 de abril del 2015 en la revista Revolución TRESPUNTOCERO.

Isabel Miranda de Wallace- promotora y victimaria de los Derechos humanos 
“Una llamada telefónica de alguien que supuestamente estaba muerto. Una madre que afirma que su hijo ha sido asesinado. Un cadáver que no aparece. Una muestra de ADN que atribuyó a la víctima el sexo femenino. Y testimonios autoinculpatorios presuntamente obtenidos bajo tortura”, así lo indicaba la periodista Anabel Hernández en su reportaje: “El Caso Wallace, más turbio que nunca”, publicado el 31 de mayo del 2014.

Desde la detención de Jacobo Tagle Dobín y Brenda Quevedo Cruz, dos de los procesados por el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace, sus familiares han denunciado violaciones a sus derechos humanos, actos de tortura en su perjuicio y violaciones al debido proceso.

Es por eso que la Asociación contra la Fábrica de Culpables y por la Defensa de los Derechos Humanos (AFCDDH) y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), emitieron un comunicado el 10 de abril – del cual Revolución TRESPUNTOCERO tiene copia-, acerca de que el día 25 de marzo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington dio respuesta acerca de las medidas cautelares que este organismo interpuso desde el año pasado.

“Las medidas cautelares solicitadas tienen como principal finalidad proteger la integridad física y psicológica de Jacobo Tagle ante el inminente riesgo de daños irreparables. Lo anterior, en relación a los actos de tortura infligidos en su perjuicio y sus secuelas, las condiciones insalubres en las que se encuentra recluido en el CEFERESO número 2 en Puente Grande, Jalisco y la negligencia en la otorgación de atención médica adecuada por parte de las autoridades carcelarias de dicho recinto que ha traído como consecuencia la afectación de su estado de salud”.

Fue así que la Corte Interamericana mediante escrito respondió las recomendaciones y reaccionó a la situación de salud actual en que se encontraría Tagle Dobín, su tratamiento médico y las intervenciones que han acotado las autoridades respecto a estas demandas que violan los derechos humanos.

Wallace, acusada ante la PGR

Información difundida por el semanario Proceso el 17 de septiembre de 2014, generó nuevas dudas respecto al caso Wallace, pues familiares de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y empleados de la propia PGR por considerar que cometieron diversos delitos para responsabilizarlos de la desaparición del hijo de la activista.

La denuncia contenía la existencia de una doble documentación oficial sobre Hugo Alberto Wallace. Además de Isabel Miranda, los señalados son su esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, su hermano Roberto Miranda y los siguientes empleados de la PGR: los agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, y la perito de la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales Yanet Rogel Montes de Oca.

A los siete les imputan delitos contra el estado civil, de falsedad de informes dados a la autoridad, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, tráfico de influencias y cohecho, cargos que tendría que investigar la PGR

Los denunciantes fueron Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste del Rincón, en Tepic, Nayarit; y Raquel Dobin Rosenthal, madre de Jacobo Tagle Dobin, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2, en Jalisco. Ambos acusados aún están a la espera de sentencia en primera instancia.

Los otros denunciantes: María Guadalupe González Lomelí, hermana de Juana Hilda González Lomelí, presa también en el Centro Federal Femenil del Rincón; y María Elena Cruz Bustamante y Luis Carrillo Bustamante, madre y tío de Alberto y Tony Castillo Cruz, ambos de nacionalidad estadunidense. El primero está preso en el Cefereso número 12, en Guanajuato, y el segundo en el Cefereso número 3, en Matamoros, Tamaulipas.

Publicación ilegal a través de la cuenta de twitter de @Altoalsecuestro sobre caso Brenda Quevedo Cruz

El 3 abril, vía Twitter, Isabel Miranda de Wallace publicó la foto de un artículo, cuyo título era: « Dan revés a acusada en caso Wallace », indicando que un tribunal federal encabezado por el Magistrado Paredes Calderón había rechazado el incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas interpuesto por la defensa de Brenda Quevedo Cruz. Con su retórica habitual, Isabel Wallace se felicitó por la decisión, aprovechando la oportunidad para de nueva cuenta tachar de “delincuentes” a sus víctimas.

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Por un lado, cabe señalar que el hecho de publicar una decisión de un juzgado antes de que la acusada haya sido notificada resulta ser un acto ilegal. Por otro lado, el hecho de que se haya filtrado dicha noticia, de la cual por el momento no tenemos confirmación, confirma nuestras sospechas sobre los posibles vínculos de complicidad entre Isabel Miranda de Wallace y la oficina del Magistrado quién presuntamente tomó la decisión de rechazar el incidente de libertad inmediata de Brenda Quevedo Cruz, el Lic. Paredes Calderón.

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Diputados citarán a comparecer al ombudsman Raúl González Pérez

Artículo de Roberto Garduño y Enrique Méndez publicado el 27 de marzo del 2015 en la Jornada San Luis.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó ayer citar a comparecer, a reuniones de trabajo por separado, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y a los gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle, y de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez.

El presidente de la comisión, Heriberto Galindo Quiñones (PRI), aceptó la propuesta de PAN y PRD de convocar al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, con el propósito de hablar del asesinato de 22 civiles en Tlatlaya y el aumento de feminicidios en esa entidad, y solicitó a los diputados presentar una propuesta de los temas a tratar en ese encuentro.

En la sesión ordinaria de ayer la comisión elaboró una lista de 15 temas a tratar con el ombudsman, entre ellos el de las autodefensas y las policías comunitarias, el nuevo estatus del fuero militar y los primeros casos de soldados sujetos a proceso por agresiones a civiles, así como casos de negligencia médica en los servicios públicos de salud.
También, diversas violaciones a derechos humanos de personas recluidas en penales estatales y federales, entre éstas Nestora Salgado, Brenda Quevedo y David Vargas Araujo.

Además, los intentos por limitar el derecho a la protesta, detenciones arbitrarias, infiltraciones parapoliciacas y paramilitares en movimientos sociales, impunidad en abusos de autoridad, la reforma sobre desaparición forzada, la guerra sucia y las normas que limitan el acceso a información de esa etapa en el Archivo General de la Nación.

En el caso del gobernador de Puebla, decidió que se abordarán tres temas centrales: el desalojo de estudiantes del Colectivo Universitario por la Educación Popular, ocurrido el 8 de febrero; el encarcelamiento de 40 dirigentes sociales y políticos presuntamente detenidos de manera arbitraria por órdenes del gobernador, y la muerte del niño Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, atribuida al impacto de una bala de goma.

Con el mandatario de Guerrero se abordarán dos temas: el estado de las averiguaciones previas iniciadas por la fiscalía general por la agresión de policías a manifestantes el 24 de febrero en Acapulco y la detención de Nestora Salgado, ex líder de la policía comunitaria de Olinalá, sólo en lo que se refiere a la participación del gobierno estatal.

¿Sabes cómo se fabrican culpables?

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