México pide cinco veces perdón a la periodista Lydia Cacho

El Gobierno se disculpa, 14 años después, por violar los derechos humanos de la reportera Lydia Cacho tras publicar una investigación sobre una red de explotación infantil
La periodista Lydia Cacho en el acto de disculpa pública.
La periodista Lydia Cacho en el acto de disculpa pública. Gladys Serrano

Es poco común que el Gobierno mexicano pida perdón y este jueves lo ha hecho cinco veces. La periodista mexicana Lydia Cacho ha recibido una disculpa de parte del Gobierno por la persecución que sufrió en 2005 tras la publicación de Los demonios del Edén, una investigación sobre una red de trata y explotación infantil en el Estado de Quintana Roo. El reconocimiento sobre las omisiones del Estado en su caso ha llegado después de que la Organización de Naciones Unidas, a través de su comité de Derechos Humanos, haya reconocido que Cacho fue objeto de múltiples violaciones de sus derechos fundamentales.

“A nombre del Estado mexicano le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”, ha dicho Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. El discurso de perdón ha llevado a Encinas a enumerar los cinco elementos por los que el Estado se disculpó: violación del derecho a la libertad de expresión; detención arbitraria; tortura como instrumento de investigación; violencia y discriminación en razón de su género; e impunidad y corrupción alentada por las instituciones.

Cacho fue detenida ilegalmente en Quintana Roo, nueve meses después de publicar su investigación, por diez personas que aseguraron ser policías del Estado de Puebla. Los agentes la llevaron desde el sureste mexicano hasta el centro del país en un trayecto de 20 horas en carretera. La periodista fue víctima de tortura psicológica, tocamientos y amenazas de muerte. Todo ese episodio fue producto de la complicidad entre el empresario Kamel Nacif, involucrado en la red de pederastia, y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. Un audio de la conversación telefónica entre ambos, donde se exponía la colusión del poder político y económico para callar a la periodista, cimbró el 14 de febrero de 2006 a la clase política de México.

Las palabras del exgobernador y el empresario, que ahora se encuentra en prisión, resonaron en la sala. Tras aceptar la disculpa del Gobierno mexicano, la periodista puso las grabaciones que demostraron que su detención había sido ilegal. Las mismas que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los jueces determinaron, en 2007, que las violaciones a sus derechos no habían sido graves. “Si las mujeres como yo hemos jugado hasta la vida por los derechos humanos, lo menos que puede hacer este país es proteger a sus periodistas”, dijo Cacho tras escuchar la disculpa del Estado. La autora de Los demonios del Edén también ha mencionado que durante todos los años que temió por su vida también fue víctima de burlas misóginas.

“Nos dijeron que el periodismo era de hombres y que los derechos humanos eran una sensiblería. He perdonado a mis torturadores porque no permití jamás que colonizaran ni mi cuerpo, ni mi espíritu”, añadió.

El Gobierno mexicano tendrá que trabajar en los próximos meses para derogar los delitos de difamación y calumnia que todavía están vigentes en los códigos penales de ocho de los 32 Estados. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, —que en 2007 votó en la Corte en contra de reconocer los actos contra Cacho como delitos graves— expresó que el Estado se dedicará a fortalecer la protección para los periodistas. “Nunca más la censura ha de tener cabida”, dijo. En 2017, 11 periodistas fueron asesinados; en 2018, al menos nueve murieron en homicidios relacionados con su trabajo.

En los últimos años, el Gobierno mexicano solo había ofrecido disculpas en dos ocasiones: en 2015 a dos soldados que fueron discriminados en las Fuerzas Armadas por ser portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y en 2017 a tres mujeres indígenas que fueron encarceladas por supuestamente secuestrar a seis agentes de la Policía Federal. En marzo, el Estado pedirá perdón a las familias de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por miembros del Ejército mexicano al confundirlos con miembros de un cartel de drogas.

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Fiscalía de Querétaro desmiente supuesto secuestro denunciado por Isabel Miranda de Wallace

La activista pidió a esa instancia investigar un supuesto secuestro difundido en un video de diciembre de 2017 que resultó ser otra circunstancia
FOTO: EL UNIVERSAL
FOTO: EL UNIVERSAL

La Fiscalía General del Estado de Querétaro desmintió un supuesto caso de secuestro ocurrido en la capital queretana, luego de que Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro compartiera este viernes en su cuenta de Twitter un video solicitando la intervención de la fiscalía.

“Circula en redes presunto intento de #secuestro en Querétaro. Solicitamos a @fiscaliaqro su intervención en este hecho que podría ser constitutivo de delito”, señaló en la cuenta de Twitter @WallaceIsabel.

La Fiscalía del estado respondió que dicho video correspondía a un hecho registrado en diciembre de 2017 en el que se descartó que fuese un secuestro y detalló que como consecuencia se abrió una investigación por el delito de lesiones en el que los involucrados llegaron a un arreglo.

“Hola @WallaceIsabel comentarte que este video, circuló en diciembre del 2017. Además, hacemos énfasis en que no fue un secuestro, se inició una carpeta por lesiones y ya hubo un arreglo entre las partes, quedando esclarecido el hecho. Que tenga buen día”, fue la respuesta de la Fiscalía.

En el video se ve cómo un par de individuos que intentan subir a la fuerza a una mujer a la cajuela de un automóvil, la cual fue rescatada por otra persona. De acuerdo a la Policía municipal de Querétaro, el hecho fue una discusión entre una pareja que se registró a la salida de una conocida discoteca de la capital queretana ubicada sobre la avenida Constituyentes.

El caso fue derivado a la Fiscalía en donde las partes involucradas finalmente llegaron a un acuerdo.

En su momento, el video que se hizo viral en redes sociales y en el que se acusaba un secuestro, las autoridades pidieron a la población hacer uso responsable de estos medios de difusión para no compartir información inexacta.

Luego del tuit de Isabel Miranda de Wallace, muchos usuarios criticaron que la activista compartiera información desactualizada.

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Testimonio de una injusticia: Brenda Quevedo Cruz

Los Ángeles Press

COATLÁN DEL RÍO, Morelos.- Brenda Quevedo Cruz, falsamente acusada del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, paga condena sin sentencia, al igual que Jael Malangón Uscanga y Jacobo Tagle Dobín, acusados por el mismo caso. El 18 de agosto de 2018, Los Ángeles Press obtuvo el testimonio de Quevedo para presentarlo ante el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, vía telefónica desde el penal de Coatlán del Río, Morelos, sin embargo la llamada se cortó desde la prisión. Aquí su testimonio completo: 

Coatlán del Río, Morelos, 18 agosto 2018.

Me presento, mi nombre es Brenda Quevedo Cruz. Terminé la licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas. Desde hace 11 años me encuentro privada de mi libertad, y hasta el día de hoy sigo peleando un proceso tan desgastante como doloroso para probar mi inocencia, ya que desde el principio me han expuesto como culpable de un secuestro, homicidio y delincuencia organizada, de los cuales no tuve ninguna participación.

La señora Isabel Miranda de Wallace colocó por toda la Ciudad de México, espectaculares con mi foto con la leyenda: “Secuestradora y Asesina, se ofrece recompensa por su captura”, sin que las autoridades hicieran nada al respecto, violentándose así mi derecho fundamental a la presunción de inocencia.

El impacto que esto generó en mi familia, así como en mi propia persona ha sido, no sé si mayor o menor a lo que después vendría, cuando dos veces en Centros de Reclusión fui terriblemente torturada física y psicológicamente, para firmar una declaración en donde tenía que poner que yo era culpable, así como culpar a los demás, haciendo hincapié en que el cuerpo de la supuesta víctima lo habíamos desaparecido.

La fuerza que me dio soportar las dos torturas tuvo que haber venido indudablemente de Dios, pues ciertamente en ocasiones sentía morir. En la primera, fueron tres hombres encapuchados, de los cuales pude reconocer a uno porque el pasamontañas que usaba estaba muy descubierto de los ojos y parte de la nariz; sus ojos nunca los olvidaré , su olor, su tez, su sangre fría para infringirme dolor, y un reloj que por cierto olvidó cambiárselo el día de una audiencia. Su nombre Oswaldo Jiménez, él fungió como Ministerio Público Federal en mi contra, y aunque lo señalé sin temor a equivocarme, en ese momento enfrente del Secretario de Acuerdos y siguiendo después los protocolos para que se investigaran los hechos, traté de solicitar pruebas como cámaras de seguridad del penal donde me encontraba, bitácoras de entrada, testigos, etcétera y nada. Raramente, tampoco las cámaras estaban funcionando ese día; ninguno de los oficiales que supieron de ese incidente quiso decir nada por miedo a perder el trabajo. Así que se le dió carpetazo.

La siguiente tortura fue peor. Siendo solo procesada, fui trasladada a Islas Marías, en donde solamente había personas sentenciadas. ¿Por qué? Hasta la fecha, nadie me ha contestado esa pregunta. Pero yo sí lo sé: allá pudieron de nuevo vulnerar mi seguridad, esta vez, entre seis hombres me golpearon, manosearon sexualmente y utilizando agua me provocaban ahogamiento. Me enredaron en una cobija y me pusieron cinta alrededor. Ahora sé que era parte del plan para no dejarme los golpes tan marcados. Todo lo que digo ahora, está en los expedientes de las muchas denuncias que he metido con el apoyo de mi familia, aunque paralelamente junto conmigo han torturado su alma y violado su dignidad y corazón al estar inmersos en toda esta porquería de sistema de justicia, al cual hemos gritado por todos los medios posibles, que nos ayuden, y han hecho caso omiso. Sé que si relatara detalle a detalle el daño que nos han hecho, no me alcanzaría la vida para terminar, solo enfatizo que hemos buscado instancias gubernamentales y de derechos humanos nacionales para que nos apoyen, pero siempre se nos han cerrado las puertas, así como medios de comunicación para buscar el derecho de réplica y decir nuestra versión de la historia. Sólo unos pocos se han interesado en hacer una investigación periodística con pruebas de lo que estamos diciendo y es lo siguiente:

El secuestro de Hugo Alberto Wallace es mentira”, nos han mentido y mantenido en prisión con pruebas falsas, confesiones bajo coacción y tortura, amenazando a licenciados y algunas organizaciones que han osado ayudarnos, asi como a activistas y periodistas.

Pido al gremio periodístico, así como a activistas o cualquier persona que esté interesada en saber lo que hay de falso en este caso, y vean que es una farsa. ¿Quién es la señora Wallace? ¿Por qué es tan poderosa como para corromper el sistema de justicia mexicano al no dejar hacer las investigaciones o a amenazar a los que piden ayuda para nosotros?

¿Qué pasa con nuestras autoridades? ¿Por qué desgraciadamente si no tenemos dinero o influencias como esa señora, no tenemos derecho a un juicio imparcial, o al derecho de defensa adecuado?

Ayúdenme por favor, no tengo miedo, tengo pánico de que vuelvan a hacerme daño o a mi familia por decir todo esto, pero no sé quién es mas culpable, el que calla o el que habla para que salga la verdad a la luz.

No somos victimarios, somos víctimas de un gobierno corrupto.

Las personas que han sido agredidas por ayudarnos o por estar relacionadas con nosotros son:

Mi hermano Omar R. Quevedo Golpeado y amenazado, vive en asilo político en el extranjero.

Lic. Dolores Vera Murcia Abogada de Oficio de Juana Hilda González Lomelí, fue amenazada por haber solicitado la nulidad de declaración del 8 de febrero de 2006.

Lic. Ámbar Treviño Mi abogada defensora; ha sido amenazada, golpeada y encarcelada por falsas declaraciones de Isabel Miranda.

Luis Miguel Ipiña Doña Escritor, amenazado y encarcelado por entrevistarnos a Juana Hilda y a mí e su blog Cárcel de Mujeres.

Anabel Hernández Periodista, escritora, amenazada, irrumpieron en su casa.

Lic. Ivonne Mares Ahedo Defensora Pública de Jacobo Tagle Dobin, no puede ejercer por la prohibición legal del articulo 160 del Código Penal de Procedimientos Penales.

Guadalupe Lizárraga Periodista, escritora, ha sido hostigada y amenazada de diferentes formas por investigar a profundidad la falsedad del caso Wallace.

Enriqueta Cruz Gómez Mi madre, amenazada, fue llevada ilegalmente a la SIEDO para que declarara y diera información de quienes nos están ayudando.

Y la familia de mis co-imputados En diferentes formas han sufrido acoso, amenazas y encarcelamiento injusto, un verdadero calvario

Quiero levantar la voz por todos ellos , y los que no nombré pero están muy presentes : ¡!YA BASTA¡¡

También a todos aquellos valientes que siguen hombro con hombro, luchando a favor de esta causa.

Gracias infinitas

DIOS NOS BENDIGA

Brenda Quevedo Cruz

Caso Wallace: Crónica de un caso de “demagogia punitiva”

Ricardo Raphael

Proceso

30 diciembre, 2018
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En su más reciente libro, El falso caso Wallace, la periodista Guadalupe Lizárraga echa por tierra las pruebas sobre el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace –caso que será vuelto a investigar este sexenio. El volumen fue comentado por Ricardo Raphael en las páginas editoriales de Proceso (número 2194), lo que provocó una airada reacción de la madre de la supuesta víctima: Isabel Miranda. Para dilucidar el tema, el articulista convocó a ambas mujeres a su programa de televisión; ambas declinaron participar juntas, pero sí lo hicieron por separado. He aquí la crónica de la historia resultante.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los anuncios espectaculares con los rostros de los secuestradores fueron colocados en la Ciudad de México y poblaciones cercanas. Eran los primeros meses de 2006 y María Isabel Miranda de Wallace no se detendría hasta encontrar a los responsables del asesinato de su hijo Hugo Alberto.

Enormes fotografías y textos decían: “Jacobo Tagle Dobin. Secuestrador. Asesino. Se busca. 250 mil pesos a quien lo entregue”, “Brenda Quevedo. 50 mil pesos. Recompensa. Secuestradores y Asesinos”, “César Freyre Morales. Secuestrador. Si fuiste víctima de este delincuente, denúncialo. Servicio a la comunidad”.

No recuerdo que nadie denunciara la violación a la presunta inocencia de estas personas, que fueron juzgadas y sentenciadas antes siquiera de que empezara el proceso en su contra.

Sus rostros estaban colgados en los muros de muchos edificios y en estructuras publicitarias y nadie se atrevió a dudar. Mea culpa: fui uno de esos periodistas que, por televisión, dieron voz a la valientísima señora Wallace, sin que me pasara por la cabeza cuestionar los métodos de su investigación o sus acusaciones famélicas.

El contexto de la época explica –no justifica– la ceguera: un par de años antes el Paseo de la Reforma se había vestido de blanco durante una marcha masiva para protestar por la ola de inseguridad que venía creciendo en el país. El grito principal era contra las autoridades indolentes y la consecuente impunidad.

Coincidió que en ese momento irrumpiera como figura pública una mujer arropada con las telas del coraje y la valentía, una vengadora, una justiciera que, al menos en apariencia, no estaba dispuesta a hacer concesiones respecto a la ineptitud de las autoridades. Ella hacía lo que parte de la sociedad deseaba: poner contra las cuerdas al gobierno para que por fin los funcionarios hicieran su trabajo.

Por este motivo los periodistas le dimos voz, sin dudas ni cuestionamientos, para que ella contara una y otra vez el caso de su hijo y, sobre todo, para que narrara los obstáculos burocráticos que la heroína estaba enfrentando en su intento por obtener justicia.

Una vez que los sujetos exhibidos en los anuncios espectaculares comenzaron a ser detenidos, dejé de prestar atención al caso. Así es la frivolidad con que seguimos tratando el ciclo de atención mediática.

La primera duda me nació tiempo después, cuando la señora Wallace y yo volvimos a coincidir –esta vez como invitados a un mismo programa de televisión– en el que se debatió otro expediente judicial emblemático, el de la francesa Florence Cassez.

Recuerdo que me sorprendió la furia con la que la señora fustigó a la presunta secuestradora; pero todavía más: la ignorancia que Isabel tenía del expediente. También me incomodó que señalara como cómplices del delito a quienes nos atrevíamos a cuestionar el proceder de las autoridades.

Para ese momento ella no era más la madre dolida de una víctima, sino una militante de las causas del gobierno en turno. Prueba de su transfiguración fue la candidatura que abanderó en 2012, bajo las siglas del PAN, en la contienda para la jefatura de gobierno.

Alternando política, negocios y activismo, la señora Wallace se dedicó a entregar aval público a la actuación de las autoridades en otros casos controversiales, como el del hijo de Alejandro Martí, Nestora Salgado o el de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

Cada vez que era necesaria una certificación de eficiencia en la política criminal, ahí estaba Isabel Miranda para obsequiarla. En mi cabeza comencé a llamarla “Wallace la útil.”

Por estas razones en mayo de 2014 presté oídos al reportaje publicado por Anabel Hernández en la revista Proceso. Ahí la periodista denunció el descubrimiento de dos actas de nacimiento, con diferentes nombres, presuntamente pertenecientes a Hugo Alberto Wallace, así como de dos cédulas distintas en el Registro Nacional de Población.

A partir de esta evidencia, Anabel Hernández sugirió la hipótesis de que la presunta víctima podría seguir con vida.

Con esas alertas ya encendidas, cayó en mis manos el libro de la periodista Guadalupe Lizárraga, que profundiza las investigaciones de Hernández y también de mi colega José Reveles. En una sola noche leí El falso caso Wallace y amanecí con un saco abultado de interrogantes. Fue cuando decidí resumir los principales argumentos de este trabajo periodístico en la columna quincenal que publico en Proceso. Esta reseña mereció interés por parte de los lectores.

La respuesta de la señora Wallace no se hizo esperar. Primero en las redes sociales y después con una carta enviada a la redacción de la revista, ella reaccionó con enojo: me acusó de ser un periodista sin rigor y de haber emitido opiniones sesgadas y sin independencia mental (sic). También me exigió un debate público con pruebas en la mano.

En respuesta convoqué tanto a Isabel Miranda como a Guadalupe Lizárraga para que debatiéramos, juntos, los argumentos que aparecen relatados en El falso caso Wallace. Me pareció oportuno hacerlo en el programa Espiral que conduzco para Canal 11, donde conocí hace diez años a la madre de Hugo Alberto.

La audiencia no pudo contar con un ejercicio de contraste donde asistieran ambas invitadas, porque las dos se negaron a comparecer en simultáneo. Jimena Saldaña, directora del canal, me animó entonces a hacer dos entrevistas por separado. Así, Lizárraga y Miranda podrían exponer en extenso sus argumentos. La grabación se celebró el pasado miércoles 12 y los programas se emitieron ese mismo día y el miércoles 19 (https://youtu.be/W0r3o0wTwpE y https://youtu.be/wafao0h3td8 ).

Una fuente importante para comprender el expediente fue David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad. Decidí que debía carear cada documento de tal manera que tanto la periodista como la activista reaccionaran a preguntas respaldadas por evidencia. Organicé el guion buscando presentar el material que podía exhibirse en la pantalla de televisión. La idea fue exponer los hechos para que el auditorio fuera capaz de consignar las reacciones de las dos mujeres. Resumo a continuación los hallazgos obtenidos a partir de este ejercicio periodístico:

Las actas de nacimiento

En el Registro Civil de la Ciudad de México existe una partida de nacimiento a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, expedida el jueves 15 de enero de 1970. La fecha de nacimiento del niño habría sido el domingo 12 de octubre de 1969. Los padres del menor mencionados en este documento son Jacinto Miranda e Isabel Torres.

Durante la entrevista, la señora Wallace afirmó que este documento es una fabricación, una pieza falsa elaborada por los presuntos asesinos de su hijo para defenderse de la justicia. Es, sin embargo, un documento público difícil de desestimar porque reúne todos los elementos necesarios para ser tomado con seriedad.

En contraparte, Isabel reconoce como verdadera otra acta de nacimiento emitida en el Estado de México en 1975 a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien también habría nacido, como dice el documento anterior, el domingo 12 de octubre de 1969.

Según esta acta los padres de Hugo Alberto serían José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres. Este documento despierta sospecha, ya que, de ser válido, el menor habría sido registrado seis años después de su nacimiento.

Ante pregunta expresa sobre las razones de la tardanza, Isabel se negó a responder aduciendo motivos relacionados con su vida privada. Cabe suponer que la negativa se debió a que Isabel mantuvo una relación con el señor Wallace mientras éste estaba casado con su primera mujer, María Guadalupe Magallanes Villarreal. Pero también cabría considerar, de acuerdo con Lizárraga, la posibilidad de que Hugo Alberto no fuera hijo biológico de José Enrique Wallace sino de otra persona.

La señora Miranda presentó durante la entrevista una prueba de paternidad para confirmar el nexo biológico entre su hijo Hugo Alberto y el señor José Enrique Wallace. ¿Podría ser este otro documento también fabricado? Hay suficientes testigos como para continuar con esta parte de la investigación hasta dar con una verdad definitiva.

El acta de defunción

Insuficiencia respiratoria aguda y asfixia torácica por estrangulación son las causas de muerte del hijo de la señora Wallace relatados en el acta de defunción. Blanca Crespo Arellano, perito de la PGR, certificó los datos. Sorprende sin embargo esta información cuando los supuestos restos de Hugo Alberto jamás fueron encontrados. ¿Cómo pudo determinarse tal causa de muerte sin haber practicado una autopsia? Isabel Miranda responde que el origen de la muerte se conoció gracias al testimonio (autoinculpatorio) de Jacobo Tagle Dobin.

La contestación atenta contra el sentido común, sobre todo cuando Tagle Dobin ha argumentado que ese testimonio suyo se obtuvo por medio de tortura.

Estado de cuenta y gastos

Isabel Miranda reconoce como válido el estado de cuenta de una tarjeta de crédito a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda donde se exhibe una serie de gastos realizados entre el 20 y el 29 de julio de 2005, es decir una y dos semanas después de que la supuesta víctima hubiera sido secuestrada y asesinada.

Asegura la señora Wallace que, a pesar de que el estado de cuenta registra gastos extemporáneos, en realidad habrían sido celebrados antes del deceso, pero reportados mucho tiempo después al banco por los establecimientos.

Este argumento es difícil de creer. Los gastos que aparecen en el documento provienen de negocios distintos: restaurante Arcos, Liverpool, Tienda Gotcha, y Seven Perisur. ¿Cómo es posible que tales establecimientos tardaran tanto para cobrar y que, al final, lo hubieran hecho todos justo el mismo día?

Pruebas científicas

Dos son las piezas de evidencia científica que Isabel Miranda presenta como concluyentes para la teoría del crimen: una gota de sangre encontrada en la regadera del departamento donde supuestamente habría sido asesinado y una fotografía de Hugo Alberto tomada, en teoría, por los secuestradores después de que éste hubiera fallecido.

La gota de sangre presenta como problema que fue obtenida siete meses después del supuesto crimen, pero sobre todo que –según el análisis forense– ofrece coincidencia genética con José Enrique Wallace Díaz. Si, como teoriza Guadalupe Lizárraga, Hugo Alberto no fuera hijo biológico de esta persona, entonces esta pieza crucial de evidencia perdería validez. De ahí la importancia de conocer el nombre del padre biológico de Hugo Alberto.

La fotografía exhibida por Isabel Miranda ante los medios muestra a su hijo desnudo y con una venda blanca en los ojos. De acuerdo con el expediente de Brenda Quevedo, presunta secuestradora, esta fotografía habría aparecido dentro de su ordenador personal junto con diversos mensajes destinados a la señora Wallace exigiendo rescate.

Quevedo se defiende argumentando que tales pruebas fueron sembradas en su dispositivo más de medio año después de que la computadora hubiese sido incautada por la policía.

Pruebas testimoniales

Ante la debilidad de las pruebas científicas restan para este caso los testimonios de Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales y Jacobo Tagle Dobin. Sin embargo, en distintos momentos los tres denunciaron que sus declaraciones fueron obtenidas ilegalmente, mediante tortura física y psicológica.

En cambio, Albert y Tony Castillo Cruz, así como Brenda Quevedo, se negaron a aceptar responsabilidad en los hechos por los que se les acusa, y también denuncian haber sido bestialmente torturados.

Durante la entrevista, Isabel Miranda presentó un documento firmado de puño y letra por Freyre Morales, donde éste acepta, frente a un juez, que él y los demás acusados conspiraron para argumentar tortura en vez de aceptar su responsabilidad.

Con todo, existen otros documentos posteriores donde Freyre denuncia que cuanto dijo para inculparse e inculpar al resto de los acusados fue porque sufrió tratos inenarrables de violencia para arrancarle la confesión.

Reflexión final

El caso Wallace es complejo y todavía se halla insuficientemente investigado. La dificultad para acreditar las personalidades de la madre, el padre y el hijo, las irregularidades en las actas de nacimiento y defunción, la evidencia de actividad financiera posterior a la muerte, la debilidad de las pruebas científicas y las contradicciones en los testimonios autoinculpatorios de los presuntos victimarios, son todos elementos poderosos para nutrir la duda, pero todavía escasos a la hora de ofrecer una teoría alternativa del caso.

A estas alturas hay una sola certeza en el expediente Wallace: que se volvió célebre porque surgió en un momento de intensa demagogia punitiva. De otra manera no se explicaría el enorme poder que ha tenido Isabel Miranda para someter a las autoridades a sus investigaciones erráticas, a sus hallazgos incompletos y a sus acusaciones débiles: de la mano de Isabel policías, agentes del Ministerio Público, peritos y jueces violentaron los principios del debido proceso y las garantías de legalidad previstos por las leyes mexicanas.

Si hoy es difícil creer en el caso Wallace es porque la política y la demagogia destruyeron la posibilidad de obtener verdad jurídica. En este sentido se parece a otros casos, como el de Florence Cassez o el de Ayotzinapa, donde Isabel también ha sido muy vocal, con sus métodos y argumentos.

Esta es la principal lección del caso Wallace: el día que la sociedad deje de clamar venganza a ciegas y que el gobierno se prohíba simular eficiencia a través de fuegos artificiales es que podremos comenzar a recuperar una política criminal que sea conforme a la Constitución y el derecho.

Este reportaje se publicó el 23 de diciembre de 2018 en la edición 2199 de la revista Proceso.

Fabricación de culpables, una política de terror implementada desde Fox hasta Peña Nieto; Solalinde hace un llamado al gobierno de AMLO para liberar presos por caso Wallace

REVOLUCION 3.0

11 de diciembre 2018

Por: Ricardo García

(12 de diciembre, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).-  El 30 de marzo del 2006, fue exhibido el rostro de Brenda Quevedo con las palabras secuestradora y asesina, en un espectacular pagado por Isabel Miranda; se exhibió el domicilio en el que residía, indicando que era una guarida de secuestradores.

Su madre, Enriqueta Cruz, fue amenazada por elementos de seguridad, le pedían que entregará a su hija, sino matarían a ambas.

Posteriormente, fue torturada y violada por más de dos horas para firmar una declaración de culpabilidad, lo que la llevó a ingresar a prisión en el 2009, narró para Revolución TRESPUNTOCERO, Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo.

Este medio ha informado con anterioridad sobre el caso, en donde se acusa a Isabel Miranda de haber declarado muerto a su hijo, Hugo Alberto, para después simular su secuestro.

Isabel Miranda contó en su proceder con el respaldo incondicional de Felipe Calderón como presidente y también de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública.

Todos los inculpados aseguran haber sido torturados. César Freyre, Albert Castillo y Tony Castillo, fueron condenados a 100 años de prisión. Jacobo Tagle, Brenda Quevedo y Jael Malangón llevan alrededor de una década tras las rejas, sin que se haya dictado sentencia en su contra.

A más de diez años del supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Miranda Torres, este lunes, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), los periodistas Guadalupe Lizárraga y José Reveles, en compañía del padre Solalinde, ofrecieron una rueda de prensa en la que denunciaron la falta de acciones para atender este tema y reiteraron su postura en contra de las violaciones sistemáticas cometidas por Isabel Miranda.

Durante el acto, se expresó que la fabricación de culpables en México, es una política de terror y de simulación de eficiencia en cuestiones de seguridad pública, implementada desde la administración de Vicente Fox hasta la de Peña Nieto.

“En el penal de Atlacholaya, Morelos, un grupo de 74 internos que han cumplido más de 20 años de condena, la mayoría por delitos de secuestro y delincuencia organizada, muchos de ellos únicamente con la acusación del Ministerio Público o por acusaciones de un tercero que nunca conocieron”, denunció Guadalupe Lizarraga.

También se aclaró que ninguno de ellos fue encarcelado por motivos políticos, pero al ser encarcelados sin culpabilidad, y con la intención de legitimar el sistema de justicia en México se les debe considerar así.

“Es necesario comenzar una lista de los falsos culpables, para revisar los expedientes y ayudar a su liberación, aprovechando el cambio político que el país está atravesando”, comentó José Reveles.

En entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO, el Padre Solalinde comentó:

“Para mí, en lo personal, ha sido muy doloroso, me he sentido impotente cuando voy a visitar casos que justamente tienen el sello de la señora Wallace, es claro que queda de manifiesto la ineficacia del personal de seguridad.

“Numerosas veces me he topado con policías que tienen como cometido investigar los hechos y solamente detienen personas para inculpar y fingir que dan resultados, porque si no lo hacen pierden su trabajo.

“La sociedad civil se ha dado cuenta de esto, lo bueno es que hoy estamos iniciando la cuarta transformación, estamos ante la posibilidad de un cambio y este cambio debe ser señalado en la justicia”.

Enfatizó que, es necesario constituir una comisión de la verdad para el esclarecimiento de los hechos, que, de justicia, reparación de daño y la garantía de no repetición a los afectados.

Generar leyes que impidan este tipo de casos, según mencionó, es fundamental para que el gobierno en turno cierre con el ciclo de abusos e impunidad que ha imperado en sexenios anteriores.

Recalcó que cualquiera que tenga duda de lo ocurrido, le bastará con escuchar a las víctimas para convencerse de la veracidad de los hechos y si eso no fuera suficiente, las investigaciones realizadas por Guadalupe Lizarraga demuestran claramente su inocencia.

En ese mismo sentido, aclaró que la liberación de los presos es jurídicamente procedente, puesto que las pruebas en su contra, no son sólidas. Sumado a ello se encuentran las pruebas de falsedad de declaraciones de autoridades judiciales.

Agregó que él personalmente ha escuchado al equipo del Presidente, específicamente al secretario de seguridad, analizar el problema.

“Ellos tienen una claridad muy buena sobre los culpables fabricados que se encuentran en la cárcel. Si los familiares me lo permiten, yo puedo solicitar una audiencia con Durazo para hablar sobre el tema”, señaló.

Concluyó haciendo un llamado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que instruya a que se haga una investigación sobre fabricación de culpables, y de pie a la pronta liberación de los acusados.

ONG: el sistema de justicia está en deuda con el país

La Jornada

Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en imagen de archivo. Foto José Antonio López

 

Ciudad de México. El sistema de justicia está en deuda con México. Muchos jueces, magistrados y ministros no cuentan con legitimidad para defender sus altos ingresos mensuales debido a sus ineficaces actuaciones, a la falta de resultados en favor de la justicia y a las dificultades económicas que enfrenta el país, señalaron defensores de derechos humanos.

En una nación con 99 por ciento de impunidad y donde, de acuerdo con la Encuesta Nacional a Población Privada de Libertad realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 30 por ciento de las personas recluidas en las cárceles no ha sido sentenciada, se puede concluir que el sistema de justicia es ineficiente, coincidieron en señalar Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

No son las altas percepciones las que garantizan autonomía, independencia e incorruptibilidad para el Poder Judicial, sino sus actuaciones. Y muchas de éstas muestran que hay personas inocentes o presos políticos a quienes se ha condenado sin pruebas suficientes; con declaraciones obtenidas bajo tortura u otras violaciones al debido proceso; por presión de actores políticos, empresariales, particulares y hasta delincuenciales; por prejuicios o actos de racismo y corrupción, entre otras, dijeron.

La polémica suscitada por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República, la cual fue suspendida por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra la norma, es un debate deseable que debe darse en el país con la finalidad de transparentar los resultados del servicio público, en particular del Poder Judicial, y las graves desigualdades que existen en el país, señaló Ríos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi, la mitad de los mexicanos, 61.3 millones de personas, tiene un ingreso por debajo del mínimo necesario para alcanzar la línea de bienestar social fijada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es grave que en un país con esas condiciones, un sector privilegiado del servicio público tenga sueldos millonarios.

En el informe sombra entregado por más de 200 organizaciones civiles en el contexto del Tercer Examen Periódico Universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se subraya que mediante el acompañamiento legal que han dado a cientos de casos, se ha demostrado que el sistema de procuración de justicia en México adolece de corrupción y colusión con grupos delincuenciales, además de ser burocrático, revictimizante, carente de autonomía y profesionalismo, y sin mecanismos adecuados de rendición de cuentas.