Versión corregida del ensayo de Miranda de Wallace en El Universal

Corrección del ensayo de la alumna María Isabel Miranda Torres, alias María Isabel Miranda de Wallace, publicado en El Universal el 27 de abril 2016.

 

Debido proceso, también para las víctimas del delito

 

En el articulo (artículo) publicado  el día  martes 26 de abril  (¿cuál artículo?, ¿cual es el título y quién es el autor?) (¿y la coma?) señala (¿quién?) que el debido proceso requiere de reglas estables que todo el mundo conozca  anticipadamente para saber como deben de actuar las instituciones y garantizar los derechos de todos:  (aquí va un punto seguido de una mayúscula) sin embargo eso no es lo que usted ha promovido  en la   primera sala de la Suprema Corte de Justicia (¿porqué este espacio antes del punto?) .Señor Ministro (espacio después del punto por favor)  le pregunto si usted cree en la Justicia  cuando el articulo 20 Constitucional señala claramente cuáles son los objetivos del proceso penal: proteger al inocente , (no hay espacio antes de la coma) procurar que el culpable  no quede impune y que los daños  causados por el delito se reparen y (-)como consecuencia(-) inhibir el delito.

( ¿a quién te diriges Isabel ? Hay 5 ministros en la SCJN.)

Con la aplicación retroactiva de la jurisprudencia al nuevo modelo acusatorio desde el proceso mixto, las tesis que usted ha emitido (¿cuales?), tienen un efecto catastrófico en los derechos de las víctimas (¿qué es el derecho de las víctimas?) usando como excusa el “debido proceso”. (el debido proceso no es una excusa Isabel, es un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. Por ejemplo si a tí te arrestan y te encierran por haber inventado el secuestro de tu hijo, se tendra que respetar el debido proceso para refundirte en la cárcel).

En las clases de derecho en el ITAM, que usted imparte,  dice  a sus alumnos (¿prueba?) que la Constitución dice lo que los ministros quieren, (lo que) se puede interpretar como desprecio  al Constituyente Permanente y pasar por alto también (a modificar) el articulo  40  que indica  que el poder soberano es del pueblo  y lo ejerce mediante los Poderes de la Unión.

Es por esto  que contrariamente a lo afirmado en su articulo, usted no ha establecido reglas para el futuro, sino ha aplicado retroactivamente reglas que no estaban en la Constitución. (lea el artículo 20 constitucional por favor)

Los debates a los que hace referencia en su texto sobre el debido proceso , (no hay espacio antes de una coma) como lo que ocurrió en  Nuevo León donde liberaron a los miembros de la delincuencia organizada que secuestraron y asesinaron al ciudadano Damián González del Rio  de San Pedro Garza García (¿asi se apellidaba? ¿Damián González del Rio de San Pedro Garza García?),  se dan por que la carga impuesta a la acusación es exorbitante, ya que el Ministerio Publico  (público)¿Cómo podía haber sabido  que mucho tiempo después la Suprema Corte prohibiría lo que la legislación local permitía expresamente? (discurso directo mal integrado) Y esto (y el punto antes de la mayúscula?) contrario al texto expreso de la Constitución.. (¿dos puntos?) Los únicos que han pagado por esa reinterpretación retroactiva (¿WTF?) son las víctimas del delito que ahora ven a los secuestradores y homicidas de su familiar en la calle y con posibilidades de ser indemnizados por supuestas violaciones a los derechos humanos. (¿y las comas?)

Ministro Cossío  usted (coma después de Cossío) emitió la jurisprudencia que señala que la persona de confianza no podía estar en las diligencias de investigación a pesar de que el texto constitucional hoy vigente sigue permitiendo la asistencia  de persona de confianza.(¿y las comas Isabel?) Es evidente que cumple con lo que señala a sus alumnos, la Constitución dice en su jurisprudencia lo que usted quiere que diga. La consecuencia es que  han sido anuladas resoluciones judiciales liberando a personas condenadas, sin que se haya demostrado (¿tienes pruebas de eso?) que fueron  intimidadas, coaccionadas o torturadas  para confesar . (espacio antes de la coma) De nuevo la única afectada ha sido la víctima del delito y la sociedad que vive en peligro y con miedo.

En la  jurisprudencia contraria al texto de la Constitución, usted ha puesto una carga exagerada  para las victimas (víctimas ¿ya se te olvidó cómo se escribe?) y los fiscales, como  cuando usted voto en la jurisprudencia en el caso al que se referiría Nelson Vargas,  en la cámara de Gesell estuviera presente el abogado a la hora de hacerse la identificación.  Dígame usted señor Ministro. porqué (Punto interrogativo y mayúscula Isabel) ha impuesto esas cargas  hacia el pasado y contrario a lo afirmado en su articulo (artículo)  publicado en este periódico.

Es evidente,  señor ministro (que) como estudioso del derecho, (usted) conoce la jurisprudencia de la Suprema Corte  norteamericana y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (se llama Corte Europea de los Derechos Humanos, CEDH)  ya que en esos lugares hay reglas especificas para la aplicación retroactiva de la jurisprudencia y no se da (de) manera   generalizado (de manera generalizada Isabel).

Por que (porque) si como dice en su articulo , (espacio antes de la coma…)se trata de mejor (de mejorar Isabel… usted está empeorando) la actuación de los policías y ministerio (ministerios)  públicos,  usted sabe bien que el pasado no se puede cambiar (¿a poco Isabel?) y que el fin didáctico que la jurisprudencia norteamericana señala  a la regla de exclusión probatoria (???), se justifica de esa manera (¿de cual manera Isabel?), porque hay otros bienes (?) como el de la seguridad publica (pública) y los derechos de las víctimas (¿cuales son?) que también el ordenamiento constitucional  y de los derechos humanos deben proteger.

Sr Ministro (Sr.), con esto le digo que usted no ha sabido interpretar (es su trabajo Isabel…tú no eres juez de la Suprema Corte, él si) correctamente lo que nuestra  Constitución señala en materia de derechos humanos.(¿y qué es lo que señala nuestra Constitución en materia de Derechos Humanos, Isabel?)

El gran reto histórico que ha tenido para adecuar el cambio del modelo procesal acusatorio, manteniendo la obligación de llegar a la verdad y obtener justicia a las victimas (víctimas, Isabel) (y qué significa obtener justicia a las víctimas ? ¿Sera “para” las víctimas?) que, como sabe (¿quién?),  tenemos  derecho (¿quiénes?) a la Verdad y a la Justicia.(No se entiende tu razonamiento Isabel…)

Por ultimo (último, Isabel) le digo, señor Ministro, (muy bien Isabel, muy bien) usted forma parte del estado al cual critica y comparto su critica, en la incapacidad de proteger a los gobernados, (no se entiende Isabel) si usted creyera en el debido proceso (pues cree en el debido proceso, es ministro de la SCJN) no ignoraría a las víctimas del delito, sus derechos humanos y jurídicos, las cuales (los cuales Isabel) hoy con las malas resoluciones apegadas a tecnicismos les es denegada la  justicia (no se entiende nada Isabel : las cuales les es denegada… no se entiende nada). Las víctimas del delito exigimos justicia y debido proceso también para nosotros (el debido proceso es nada más para los inculpados Isabel, no para las víctimas) no únicamente para los inculpados (punto y mayúscula) no aceptamos (¿quiénes?) una justicia “tuerta”.

Presidenta de la organización Alto al Secuestro

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Calificación : 3/10

Isabel, tienes que leer más y aprender a redactar. Al principio del artículo debes de nombrar la persona a la que te diriges y poner un link para saber de qué artículo estás hablando, el título del artículo y su autor. Debes de ser más precisa.

Tienes que respetar la puntuación también, meter más comas, puntos.

Tus frases no tienen significado. Son del nivel de un alumno de secundaria.

También confundes el femenino y el masculino.

Espero que la próxima vez redactaras mejor o que tus amigos de El Universal se tomaran media hora para corregir tus horrores de ortografía y tu estilo. Este ensayo no debería de haber sido publicado. ¡Qué vergüenza Isabel! Y eso que eres dueña del Saint John’s, del Colegio Aztlán y que eres accionista de la UVM… ¡Qué vergüenza!

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Miranda de Wallace presenta su propio grupo de expertos…dependientes

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El Poder Judicial bajo ataque por defender el debido proceso

El juego de la Corte (Nexos)

por Alberto Toledo Urbina

El pasado lunes 18 de abril, la organización Alto al Secuestro, dirigida por Isabel Miranda de Wallace, llevó a cabo una conferencia de prensa sobre la liberación de una persona que había sido sentenciada por el secuestro de un empresario. Este individuo también había sido acusado por Nelson Vargas por el asesinato de su hija, pero en ese caso no había pruebas suficientes, por lo que la sentencia no estaba relacionada con él.

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En días posteriores, varios medios de comunicación dieron seguimiento a la historia y abrieron sus páginas y sus micrófonos a Nelson Vagas, además de otras autoridades del Poder Ejecutivo, siguiendo una línea editorial que les daba completamente la razón y abonaba al sentimiento de ira.

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La conferencia de prensa presentó una acusación preocupante: la culpa de la liberación de los criminales es del poder judicial. Como lo puso el periódico Reforma en una nota del 20 de abril, “Delincuentes peligrosos o acusados de delitos de alto impacto han logrado su liberación por tecnicismos o interpretaciones muy estrictas de la ley”. Varias declaraciones de Nelson Vargas en diferentes medios muestran la ferocidad de las acusaciones:

¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué esperamos del poder judicial? Magistrado José Mercedes Pérez Rodríguez: es indignante lo que acaba de hacer. Desgraciadamente, [los] Ministros de la Suprema Corte, máximas autoridades judiciales, a todos los juzgan igual por un infeliz como este Magistrado (Conferencia de prensa)

Estoy casi seguro que después de [mi muerte] seguirá el juicio por la incapacidad, por el valemadrismo del poder judicial. No digo que todos son así, pero aquí hay un juez, aquí se dejó en libertad a una gente que estaba implicado en el caso de mi niña. Y por eso levanto la voz . . . [Primero] sentencia [un] juez federal, confirma [un] magistrado unitario, [y] lo deja libre el colegiado. Así se maneja la justicia en México . . . [El] diez de septiembre [de 2008] levantaron a mi niña y estamos en 2016. ¿Qué pasa con la justicia mexicana? ¿Seguiremos esperando que salgan los demás delincuentes que asesinaron a mi hija? No creo que sea justo. (Entrevista a Foro TV)

Que toda la sociedad sepa que por los tecnicismos del Magistrado José Mercedes Pérez Rodríguez salió. . . . Tecnicismos del debido proceso que realmente es ridículo, que desgraciadamente para la sociedad es un golpe muy fuerte. . . . Es una banda muy poderosa, no encuentro otra explicación. (Entrevista a MVS Noticias)

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Ahora bien, la liberación del sentenciado al que se refieren estas declaraciones ocurrió porque el caso contenía una inconsistencia grave: se probó la existencia de los hechos a través de varias pruebas y testimonios, pero el nexo entre el imputado y los hechos se dio únicamente por la identificación que hizo una víctima en la cámara de Gessell y por la confesión del imputado. El problema fue que el abogado defensor no estuvo presente en el momento en que se realizaron ambos procedimientos

El Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Distrito, compuesto por los magistrados José Pérez Rodríguez, Selina Avante Juárez y Juan Pedro Contreras Navarro, determinó por unanimidad que la identificación y la confesión no podían ser aceptadas como pruebas y, por tanto, se debía otorgar un amparo al imputado que anulara la sentencia en su contra (este es el texto del amparo).

Para esta resolución el tribunal se basó en jurisprudencias de la Suprema Corte, además de otras tesis aisladas. Dichos textos se refieren a que la identificación en la cámara de Gessell y la declaración del imputado deben realizarse ante la presencia de un defensor, y que las pruebas viciadas que violan el derecho a una defensa adecuada deben ser consideradas como nulas porque si no se dejaría al imputado sin un juicio justo.

. . . [E]n todas las actuaciones, diligencias y etapas del procedimiento penal en que participe directa y físicamente la persona imputada en la comisión de un delito, como podría ser la diligencia de reconocimiento a través dela Cámara de Gesell, se requerirá también la presencia y asistencia efectiva de su defensor para asegurar que formal y materialmente se cumplan los requisitos legales en su desarrollo, así como la salvaguarda de los derechos de defensa adecuada, debido proceso legal y obtención lícita de la prueba. (1ª/J.6/2015)

. . . Esto es así, porque la defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es asegurar que el poder punitivo del Estado se desplegará a través de un proceso justo, lo que además busca asegurar que pueda tener garantizados en su integridad sus derechos fundamentales. Así, tratándose de la diligencia de reconocimiento que se lleva a través de la cámara de Gesell, como acto formal, en virtud del cual se identifica a una persona mediante la intervención de otra, quien al verla afirma o niega conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias, y ser un acto en el cual participa físicamente de forma activa y directa el inculpado, resulta necesaria la presencia del defensor, para asegurar que material y formalmente se cumplan los requisitos legales en el desarrollo de tal diligencia; de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la persona que se acusa y, por ende, se violarían sus derechos fundamentales, al no existir la plena certeza jurídica de que efectivamente se presentaron los testigos o denunciantes, que lo reconocieron y que no fueron inducidos al efecto. (1ª/J.10 /2015)

. . . [S]i se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional.  (1ª/J.139/2011)

. . . La violación al derecho humano de defensa adecuada, que se actualiza cuando el imputado (lato sensu) declara sin la asistencia jurídica de un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público), no puede concurrir con circunstancias que en apariencia la convaliden, de manera que transformen la realidad jurídicamente observable como si no hubiera acontecido. Lo cual implica que la declaratoria de ilicitud de la diligencia no debe supeditarse a actos posteriores que puedan interpretarse como el consentimiento o superación de la actuación que se realizó de forma contraria a derecho y que dejó en estado de indefensión al imputado. En consecuencia la diligencia practicada en los términos resaltados, no deberá considerarse para efectos de valoración al dictar cualquier resolución por la que se determine la situación jurídica de la persona sujeta a un procedimiento penal, sino que tendrá que excluirse como medio de prueba, con independencia de su contenido.  (1ª/J.27/2015)

Por lo tanto, puede apreciarse que la resolución del Tribunal se apegó a la jurisprudencia existente y que protegió al imputado de una violación a sus derechos. No se trató de una ocurrencia, de un mero tecnicismo ni de una interpretación demasiado estricta de la ley.

De ahí el riesgo de las campañas mediáticas contra el Poder Judicial que hacen organizaciones como Alto al Secuestro, pues debilitan la confianza de los ciudadanos en los jueces y ponen en peligro los avances que se han hecho en la última década a favor de los derechos humanos, especialmente de los derechos procesales y el principio de presunción de inocencia. Con campañas como ésta se abre la puerta para que legisladores irresponsables aprovechen la ola mediática para proponer contrarreformas que busquen devolvernos al viejo sistema, donde la justicia se hacía de manera autoritaria y abusiva.

La sed de justicia es perfectamente comprensible, todos podemos empatizar con el dolor de las víctimas de delitos tan terribles como el secuestro. Sin embargo, esa ira se vuelve completamente reprobable cuando se transforma en un deseo de venganza a toda costa, en una cacería de brujas en lugar de una búsqueda imparcial de la verdad.

Los argumentos de organizaciones como Alto al Secuestro se basan en la idea falaz de que “los criminales” no merecen tener derechos. Que no debe existir la presunción de inocencia y que basta con que el ministerio público le muestre una persona detenida a la sociedad para que todos concluyamos que es un criminal, que es culpable, que es escoria a la que debe caerle un castigo fuerte. Ellos abogan por un régimen legal en el que no se busque a quién se las hizo, sino quién se las pague, sin importar todas las arbitrariedades e injusticias que se cometan en el camino.

Los derechos del debido proceso no son una forma de “proteger al delincuente” por encima de la justicia para la víctima. Son derechos que nos protegen a todos contra acusaciones injustas y actos autoritarios. ¿Cómo se sentiría el lector si lo acusaran falsamente de un delito grave y le fabricaran pruebas en su contra o las obtuvieran de manera viciada? ¿Cómo se sentiría si el juicio no se hiciera con pruebas duras en una corte imparcial, sino como un linchamiento en los medios de comunicación, ante la opinión pública, y sin posibilidad de defenderse?

Aquí la fuente de la injusticia no son los jueces. Ellos están aquí para proteger los derechos de todos los ciudadanos, las víctimas y los imputados. Muchos de ellos hacen un gran trabajo en ese respecto. La ira debe estar enfocada, más bien, en contra de las autoridades del ministerio público que fallan siempre en las investigaciones y en el litigio de los casos. Su incapacidad institucional para hacer investigaciones profesionales es lo que causa los altos índices de impunidad y la sensación de la sociedad de que la justicia es imposible. Y, por ello, a ellos les conviene culpar a los jueces para no enfrentar su responsabilidad.

Es importante señalar que la investigación en contra del imputado se realizó mientras éste se encontraba arraigado. Es decir, estaba detenido sin una acusación formal y sin el control de un juez que protegiera sus derechos. Dentro de este contexto de arbitrariedad y violación de derechos humanos, el ministerio público se sintió en libertad de crear pruebas ilegales en contra del imputado. Según la lógica del ministerio público, con eso ya no hubo necesidad de realizar cualquier otra diligencia de investigación para relacionarlo con los hechos.

¿Qué debemos hacer los ciudadanos ante esta situación? Por un lado, nos toca exigirles a nuestros medios de comunicación que sean más rigurosos con la información que publican. Las notas con este tono de indignación venden, pero están llenas de sesgos e ideas incorrectas. Se prefiere exaltar las emociones en lugar de presentar una visión responsable que esté basada en los derechos humanos. No es ético, porque viola todos los estándares del periodismo y porque le hace daño sin causa justificada a las instituciones judiciales. Para ser imparciales, los medios deben incluir también las voces de quienes defienden la presunción de inocencia y el debido proceso, para que el público pueda ver la razonabilidad de los argumentos que están del otro lado.

Por el otro lado, es necesario que repudiemos el populismo criminal, especialmente el que proviene del Poder Ejecutivo para tapar su incapacidad. En su lugar, debemos exigir que el ministerio público se reforme completamente. Que se creen políticas criminales efectivas, con investigadores capaces que puedan armar casos sólidos, y que se abandonen todas las prácticas autoritarias. Si todos aprendemos defender la importancia de los derechos y si entendemos que los jueces están ahí para defenderlos, entonces avanzaremos a ser una sociedad más justa y más desarrollada.

Alberto Toledo Urbina. Investigador Asociado del Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.

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PREOCUPACIÓN FRENTE A LA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO Y DIFAMACIÓN CONTRA VÍCTIMAS Y DEFENSORES EN MÉXICO

Página internet de Wola, Washington Office for Latin America

Carta abierta conjunta al Presidente Enrique Peña Nieto

Excmo. Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,

De manera muy atenta, las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a usted para expresar nuestra profunda preocupación frente a la campaña de desprestigio que están viviendo integrantes de organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en México. Paralelamente, queremos manifestar nuestra inquietud aguda respecto a los actos de difamación y criminalización contra las víctimas de tortura y en particular las del caso conocido como los “4 civiles de Rosarito[1].

En relación con las víctimas del mencionado caso, el 8 de marzo de 2016, el Sr. Héctor de Mauleón, en una columna del periódico El Universal,  con el título “Secuestró, huyó y lo indemnizaron”, pone en duda su condición de víctimas y critica que se les haya indemnizado, reiterando su supuesta participación en múltiples homicidios, desapariciones, decapitaciones y secuestros[2]. Este hecho no constituye un caso aislado, ya que tenemos constancia de otros episodios de descalificación, particularmente en los meses posteriores a la decisión del Comité contra la Tortura[3].

El pasado 4 de marzo, en la estación 104.1 FM de Radio Fórmula, en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, la Sra. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación “Alto al Secuestro”, aludió al caso “4 civiles de Rosarito” para denunciar un “modus operandi” en virtud del cual, las organizaciones de derechos humanos defenderían a presuntos secuestradores, ya sentenciados, para ganar pleitos y pedir indemnizaciones cuantiosas[4]. La acusación, en particular, se dirigía al Sr. José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), quien trabajaría en una “red de corrupción que se sirve de la tortura para hacer dinero”, junto con otras organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el apoyo del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, el Sr. Juan E. Méndez. En la misma dirección, se han publicado otros artículos recientemente en los que directivos y ex–directivos de la CMDPDH son calificados como “mercenarios de los derechos humanos” o “defensores de delincuentes”[5].

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra solidaridad y respeto máximo hacia el trabajo del Sr. José Antonio Guevara, la CMDPDH, CEJIL y secundamos el pronunciamiento público que divulgó la CMDPDH, esclareciendo los señalamientos e informaciones difundidas en el citado programa de radio.

Tememos que la reiteración de declaraciones públicas tendientes a desprestigiar a las víctimas y al movimiento de derechos humanos, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y mecanismos internacionales, forme parte de una campaña de descrédito y criminalización en contra de estas, con el fin de deslegitimar su labor en defensa de los derechos humanos y poner en duda estándares internacionales de rango imperativo, como la prohibición absoluta de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Estas declaraciones tienen lugar en un contexto preocupante, por un lado, por la inacción gubernamental frente a dichos pronunciamientos y, por el otro, por la descalificación del trabajo de organismos internacionales de derechos humanos que llevan a cabo las autoridades mexicanas.

El 2 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el  informe “Situación de derechos humanos en México” resultado de su visita in loco en septiembre/octubre del 2015. El informe confirma la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México, con particular énfasis en las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. En un comunicado firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno mexicano desacreditó tanto la metodología como el diagnóstico del informe.

En el transcurso de la misma semana, el 29 de febrero de este año, el Sr. Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, cuestionó la rigurosidad y la objetividad del trabajo de los mecanismos de la ONU en la apertura del 31º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Cabe precisar que, en el año 2015, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura publicaron informes en los cuales se urgía a las autoridades mexicanas a tomar un amplio abanico de medidas para hacer frente a la grave situación de derechos humanos que enfrenta el país.

Igualmente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH con el fin proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero), ha sido el blanco de una ola de descalificaciones y señalamientos contra sus integrantes a medida que avanza el esclarecimiento de los hechos.

Señor Presidente, queremos recordar que en 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) fue notificada de casi 6 casos diarios de personas procesadas únicamente a nivel federal que denunciaban actos de tortura[6]. En el informe publicado recientemente por la CIDH se afirma que “la práctica de la tortura es alarmante en México”, destacando que “[e]l Estado mexicano informó que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal”. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió entre 2006 y 2015 más de 9.200 quejas por tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

A las organizaciones firmantes nos preocupa profundamente lo que parece un patrón de descalificación por parte de las autoridades, de cualquier informe o pronunciamiento  emanante de mecanismos internacionales que identifique la comisión de graves violaciones de derechos humanos en el país. Estas reacciones crean un terreno fértil para el señalamiento y estigmatización de víctimas y personas defensoras de derechos humanos por parte de actores privados.

En este marco, instamos al Gobierno de México:

– A tomar las medidas adecuadas para enfrentar la grave crisis de derechos humanos actual,observando e implementando las decisiones y recomendaciones de organismos expertos internacionales, de conformidad con las obligaciones internacionales contraidas por el Estado mexicano en virtud de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos. En el mismo contexto, sería altamente recomendable que, en el transcurso de este año, los Relatores Especiales de la ONU sobre la cuestión de la tortura y sobre la situación de los defensores de derechos humanos recibieran el visto bueno del Gobierno para realizar las visitas oficiales solicitadas.

– A garantizar, en particular en el caso de los ”4 civiles de Rosarito”, el pleno reconocimiento y legitimidad de las víctimas y tome las medidas necesarias para protegerlas de todo ataque o señalamiento que ponga en duda su inocencia y las exponga a la revictimización. Estas acciones se enmarcan en el deber que tienen las autoridades mexicanas de implementar cabalmente las medidas de reparación establecidas por el Comité contra la Tortura, entre las cuales se dictaminó la plena reparación, incluida una indemnización justa y adecuada y la rehabilitación de las víctimas.

– A reconocer públicamente la legitimidad y el valor de la labor que realizan la CMDPDH y en general las organizaciones de derechos humanos en favor de los derechos de las víctimas, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución. Sr. Presidente, las organizaciones que suscriben esta carta confiamos en su firme compromiso con los derechos humanos e instamos a su Gobierno a condenar de forma pública los actos de desacreditación y difamación descritos en este comunicado y cualquier otro acto que señale a las víctimas y a las personas defensoras de derechos humanos en México.

Estimado Sr. Presidente, agradeciéndole su atención a la presente, nos suscribimos de usted muy respetuosamente,

Las organizaciones que suscribimos la carta:

Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia)

Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights)

Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)

A la atención de:

Excmo. Sr. Presidente Enrique Peña Nieto

Con copia a:

Lic. Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores de México

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación

Mtra. Arely Gómez González, Procuradora General de la República


[1] El 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez, Rodrigo Ramírez, Orlando Santaolaya y Ramiro López fueron detenidos sin orden de aprehensión en Playas de Rosarito, estado de Baja California. Durante la aprehensión, el traslado y el arraigo en las instalaciones militares del 28º Batallón de Infantería, ubicadas en la ciudad de Tijuana, fueron sometidos repetidas veces a actos de tortura y malos tratos, incluyendo golpes, descargas eléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, extracción de uñas y amenazas de muerte con el fin de forzarlos a autoinculparse de los delitos de secuestro y posesión de armas. La CMDPDH, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la OMCT presentaron el caso ante el Comité contra la Tortura en 2012. El 4 de agosto de 2015, durante su 55º período de sesiones, el Comité contra la Tortura concluyó que el Estado mexicano había vulnerado los artículos 1º, 2º, 12, 13, 14, 15 y 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradante, y dictaminó que las víctimas debían ser liberadas y reparadas por los actos de tortura a los que fueron sujetos. La tortura y los malos tratos infligidos tuvieron como objetivo la extracción de declaraciones autoinculpatorias que posteriormente fueron usadas para sostener su culpabilidad y la privación de libertad en espera de juicio durante más de 6 años.

[2] Hemos sido informados de que el Sr. de Mauleón rectificó su posicionamiento en un artículo titulado “Sólo es posible saber que la tortura existió” de fecha 15 de marzo de 2016: http://goo.gl/WR5LuM.

[3] Ver, por ejemplo, noticias difundidas por TV Azteca Puebla el 10 de marzo de 2016:https://youtu.be/0PHs29DslTs; grabación radiofónica del Grupo Acir el 12 de marzo de 2016:https://goo.gl/jLq7X8.

[4] Al mismo tiempo, desde la cuenta twitter de la Sra. Wallace, circularon unas infografías estableciendo conexiones entre personas y organizaciones en un supuesto complot para apoyar a delincuentes. Entre las personas señaladas, figuran reconocidos defensores de derechos humanos en México, entre ellos Marieclaire Acosta, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Alejandra Nuño, Sergio Méndez Silva y Miguel Sarre.

[5] El 9 de marzo, El Universal publicó una columna del Sr. Héctor de Mauleón, titulada “Mercenarios de los derechos humanos”, en la cual se reiteran las supuestas pretensiones económicas de la CMDPDH, citando el caso Rosendo Radilla Pacheco y la emblemática sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el defensor torturado y desaparecido durante la “Guerra Sucia”.

[6] Comparecencia del Procurador Jesús Murillo Karam ante la Cámara de Diputados, 24 de septiembre de 2014; ver aquí, a partir del minuto 7:40.

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Sigue la campaña de desprestigio en contra de la ONU

Témoris Grecko, Facebook

Organizaciones internacionales han ejemplificado con @hdemauleon y @wallaceisabel la campaña contra organismos de derechos humanos que ayer, con las declaraciones del secretario Osorio Chong, confirmó que su objetivo inmediato es sacar al Grupo de Expertos de la CIDH del país. 

Ya antes expliqué aquí cómo, con títulos engañosos y ofensivos (“Mercenarios de los derechos humanos”), Héctor de Mauleón se sumaba a la ofensiva de mentiras de Isabel Miranda de Wallace para desacreditar a la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Una carta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (que agrupa a organizaciones civiles de decenas de países), la Organización Mundial contra la Tortura, WOLA y otros, denuncia la maniobra de Wallace, canalizada a través de articulistas como De Mauleón. 

Me parece, sin embargo, que olvidaron al activista más agresivo de esta ofensiva, que es José Antonio Ortega Sánchez, miembro muy destacado del Yunque, promotor de ataques contra todo lo que huela a progreso y cuñado de Jorge Serrano Limón.

La campaña está viva y en plena marcha. Un periódico que no lee nadie pero vive de gritar desde su portada mientras cuelga en los puestos, La Razón, publica varias primeras planas a la semana contra el GIEI. Constantemente se difunden informaciones parciales o abiertamente mentirosas contra los expertos, la CIDH y otras organizaciones. Se trata de minimizar el costo político de expulsar al GIEI.

La carta donde mencionan a De Mauleón y Wallace, pero no a Ortega Sánchez: http://www.wola.org/…/preocupacion_frente_a_la_campana_de_d…

Sobre el artículo “Mercenarios”: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153470167788017&set=pb.518893016.-2207520000.1459352728.&type=3&theater

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Mujeres que distraen

Cada día mas y más periodistas comentan nuestra queridíssima amiga Isabel Miranda de Wallace. Hoy encontramos este excelente articulo: Mujeres que distraen. Se lo compartimos.

Gracias Sr José García Sánchez por decir la verdad. Usted es un excelente periodista.

Marzo 20, 2016

 José García Sánchez
Ojala hubiera en México más mujeres como Néstora Salgado, conscientes de su entorno, responsables con el momento histórico que les tocó vivir, con un sentido innato de la justicia y con una ética envidiable. Pero México sería mejor todavía si no hubiera mujeres como Arely Gómez o Isabel Miranda de Wallace.
La comandante de la policía comunitaria de Guerrero, pugna, por la unidad de los pueblos y que éstos tengan voz. Le interesa transformar la realidad del lugar donde vive, a pesar de las condiciones adversas y de los enemigos de estas transformaciones, que fueron quienes la encarcelaron.
Hay quienes la única condición adversa que tienen en la vida son personas como Néstora Salgado, que lucha por la justicia, pero la justicia no es un problema que afecte o interese a quienes viven cómodamente en México, como es el caso de la procuradora Arely Gómez, o la comerciante anuncios espectaculares Isabel Miranda de Wallace.
Porque alguien debió ser culpable de que Néstora Salgado estuviera dos años en la cárcel injustamente, pero a esa persona nadie la va a tocar porque está del lado de los que no quieren que cambie nada. La descomposición del orden político en México se hace evidente en casos judiciales como éste, donde la encargada de hacer justicia actúa de manera injusta y, por si fuera poco no busca a los culpables de una acusación equivocada o mal intencionada. Tal y como lo hizo su antecesora Marisela Morales con los generales por órdenes de Felipe Calderón.
Si Néstora Salgado hubiera sido Humberto Moreira la realidad hubiera sido muy diferente, no hubiera pasado ni un día en la sombra, tal y como lo hicieron con el ex gobernador en España. Nadie cree en la inocencia de Humberto Moreira, pero Arely Gómez fue una de las primeras personas en hundir en la cárcel a Néstora Salgado, sin averiguación ni pruebas, con sus argumentos sobre la cercanía de Olinalá, lugar donde opera la policía comunitaria, y la actividad guerrillera del ERPI, grupo armado que ha dejado no sólo la zona sino el estado de Guerrero, precisamente gracias a la presencia de la policía comunitaria que encabeza Néstora Salgado, pero como la propia procuradora expresó que ella actúa por intuición, poco puede lograrse en materia de justica ante esta postura.
Otra delas mujeres que aseguraron que Néstora Salgado era culpable de asesinato y secuestro fue Isabel Miranda de Wallace, una empresaria que chantajea con su postura de madre víctima de los secuestros para hacer lo que le viene en gana con los espectaculares que maneja en la ciudad de México y el Estado de México, donde quita, tapa o desaparece los espectaculares de la competencia a su antojo, con la complacencia de los mandatarios de ambas entidades, a quienes tiene comiendo de su mano, precisamente porque si tratan de meter orden en materia de espectaculares, ella convoca a la prensa y dice que aumentaron los secuestros en la capital y esos son puntos menos para Mancera o Eruviel, quienes quieren un expediente limpio para competir por la Presidencia de la República.
El chantaje de Miranda de Wallace ha hecho que muchos cuestionen no sólo la veracidad del secuestro de su hijo sino que hay quienes aseguran que está vivo y que sólo fue una artimaña para que no fuera acusado de secuestro.
Hace unos días, defensores de derechos humanos refutaron las declaraciones de Wallace porque acusó a Juan Méndez, relator especial sobre tortura de la ONU, de no defender a las víctimas y de tener una red de complicidades. Lo mismo que hizo contra Néstora Salgado. Añadió Wallace que a Méndez se le olvidó que ella es una víctima indirecta del secuestro y asesinato de su hijo, ’y me parece que él está faltando a mi dignidad de persona, al insultarme y faltarme al respeto, por discrepar de algo que es a todas luces cierto’.
Las dudas sobre la veracidad de la versión de Wallace se multiplican y comienza a salir a la luz. Así, la arbitraria empresaria señaló que en su informe el funcionario de la ONU establece que no usó ninguna metodología para determinar si hubo tortura o no en nuestro país, siendo que sólo visitó cuatro estados, en los cuales no acudió a todas las cárceles, pero además no usó una metodología para determinar si los reos habían sido torturados o no.
Organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron su respaldo al relator de la ONU, donde indicaron que ’las aseveraciones gratuitas y ya escuchadas a lo largo de los años de la señora María Isabel Miranda de Wallace distraen la atención sobre la discusión esencial en México, un país con importantes e impostergables retos en materia de derechos humanos para todas las personas, especialmente para las víctimas’.
Agregaron que lo dicho por la señora Wallace ’denuestan el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento al trabajo serio, profesional, ético y metódico del actual relator especial Juan Méndez quien es un abogado y catedrático que luchó contra la dictadura argentina y que fue apresado por ello, ha sido director de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.
Cuando se le cuestiona a la Wallace sobre la veracidad de su condición de víctima, enloquece. Se hace la ofendida, amenaza, manotea, poco falta para que se desgarre las vestiduras. Esta mujer debe ser investigada sobre el caso de su hijo.
Como podemos ver hacen falta Néstoras y sobran arelys e isabelas.

 

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El viraje absurdo

La Crónica

por Denise Dresser

En derechos humanos, el gobierno mexicano y sus aliados en la sociedad civil perdieron la brújula. Están rebasados y reaccionan negando la realidad o descalificando a los críticos. 

El Estado se encajonó en una contradicción. Para sentirse parte de la modernidad universal aprobó leyes, asignó presupuestos y derrochó discursos. Llenó su organigrama de simuladores, burócratas y algunos funcionarios comprometidos con las víctimas que operan en condiciones bastante difíciles por las trabas burocráticas y las políticas erráticas.

Felipe Calderón ocultó el problema y dejó un panorama desolador. Enrique Peña Nieto empezó bien. Se comprometió a estar del “lado de las víctimas y de sus familiares”, y el 9 de enero de 2013 recibió en Los Pinos a un grupo representativo de afectados que llegaron con sus fotos, sus lágrimas y sus reclamos. El presidente sentó a su lado a Javier Sicilia y así nació una Ley General de Víctimas ahora desdibujada.

Ayotzinapa y otras barbaridades despedazaron el espíritu de aquel 9 de enero. Puestos a elegir entre víctimas u orden establecido optaron por el segundo; y Veracruz lo confirma cada día. Se multiplicaron las críticas del exterior mientras que los organismos civiles mexicanos y algunos medios de comunicación señalaban la crisis de los derechos humanos. En algún momento de 2015 el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus aliados civiles dieron un golpe de timón e intentan levantar una muralla similar a la que había en el México autoritario.

Hay indicadores. La Secretaría de Relaciones Exteriores descalificó a Juan Méndez, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, sustituyó al independiente Miguel Sarre con un embajador de carrera y lanzó señales de inconformidad con el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La actitud hacia el GIEI muestra el viraje. En junio de 2015 el presidente alabó el trabajo del GIEI y aceptó sus recomendaciones. Poco después empezó una guerra sucia contra el GIEI y en enero de 2016 la CIDH se vio obligada a salir a expresarle públicamente su “respaldo total, absoluto e incondicional”. Lo más revelador es que la CIDH solicitó al gobierno mexicano que salieran juntos a respaldar al GIEI y tuvieron como respuesta el silencio. 

Simultáneamente los organismos civiles que coinciden con la postura oficial se lanzaron a una crítica frontal y despiadada contra Juan Méndez, Emilio Álvarez Icaza y aquellos activistas relacionados permanentemente con la comunidad internacional. Se aprovecharon de la ausencia de un código de ética para los defensores civiles de derechos humanos. Los escasos documentos sobre este tema (la Declaración de Compromisos Éticos de los Profesionales de Derechos Humanos) sólo exhortan a actuar con “veracidad” e “imparcialidad”. Eso es lo que les ha faltado a Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega, entre otros. 

La señora Wallace afiló el machete adjetivador y acusó al experto de las Naciones Unidas, Juan Méndez, de “banal” e “ignorante” en el tema de la tortura y de auspiciar “una red de corrupción” en la que participaría, entre otros, José Antonio Guevara de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Afirmaciones sin sustento que buscan distraer o neutralizar a enemigos cuidadosamente seleccionados. 

José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal interpuso el 15 de marzo una demanda penal por fraude contra el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza. Según esta absurda acusación, él seleccionó para el GIEI a un grupo de ineptos que sólo vinieron a confundir. El GIEI presentó una versión errónea de los hechos en Ayotzinapa porque la buena es la de la Procuraduría General de la República; el GIEI ha “lincha[do] mediáticamente a los militares”; y el GIEI está integrado por “activistas extranjeros” que deben ser expulsados utilizando el Artículo 33 constitucional. 

La negación y las infantiles descalificaciones no sacarán al gobierno del foso de las contradicciones ni resolverán el vía crucis cotidiano de las víctimas de la violencia de criminales protegidos, en muchas ocasiones, por funcionarios. El Estado debe regresar a la consigna de los inicios peñanietistas: estar del “lado de las víctimas y de sus familiares”. Su viraje actual es absurdo, contraproducente y condenado al fracaso.

Colaboraron Maura Álvarez Roldán y Delia Sánchez del Ángel.

*- El autor es analista político e investigador de El Colegio de México.

 

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