El caso Cassez ante la CIDH

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Fuente: ACDV 

Autor: Antonio Guillén, con la participación de Ilse Luraschi
El 6 de febrero de 2016

El caso Florence Cassez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Florence Cassez, fue detenida el 8 de diciembre de 2005, y a su detención siguió un proceso penal y condena; agotados los medios de impugnación de dicho proceso, en amparo directo en revisión 517/2011, la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana decretó su libertad, después de siete años y 30 días de reclusión; esto obedeció al efecto corruptor existente en el proceso, pues se violaron derechos fundamentales como: notificación, contacto, asistencia consular, puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público y presunción de inocencia, que vició todo el procedimiento.

No se demostró su culpabilidad ni su inocencia; sin embargo, se la puso en evidencia falsamente ante la sociedad como una secuestradora; los medios de comunicación principalmente la empresa Televisa, por conducto de su reportero Carlos Loret de Mola, que actuó como cómplice de las autoridades en el hecho falaz que llevó al enjuiciamiento de Florence, al difundir una representación ajena a la realidad, sin tomar en cuenta que era primordial considerarla inocente hasta que se probara si en verdad había sido o no culpable de los delitos imputados. Esto nunca sucedió y esa representación y proceso se tradujeron en una pena cruel, infamante e inusitada, dado que el mencionado reportero abusó del derecho de información y libre expresión, sin mostrar ningún respeto por Florence Marie Louise Cassez Crepin, mediante calificativos perjuiciosos e incluso, encubiertos, a través del uso de la mordacidad o la ironía, generadoras de daño moral por afectación al honor y, en consecuencia, con responsabilidad civil.

Una vez en libertad, se realizaron diversos trámites ante las autoridades respectivas, exigiendo la reparación del daño moral causado. Las instancias judiciales respondieron con la negativa a una demanda por daño moral, a una apelación, dos recursos de revocación, una demanda de garantías y una solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal, así como a un recurso de reclamación.

Ante la negativa de las autoridades judiciales, Florence Cassez, junto con su abogado, el Lic. José Patiño Hurtado, decidió presentar una demanda ante la CIDH para que se le reconozca su inocencia.

Según el Lic. José Patiño Hurtado, «las respuestas negativas de las instancias judiciales no fueron legítimas ya que no atendieron los puntos más importantes, como los conceptos de violación, (…) donde se expone la violación constitucional a cargo de la autoridad responsable en sus actos, que resulta ser la parte medular de la demanda». Como ejemplo, denunció que la Magistrada Ethel Lizette del Carmen Rodriguez Arcovedo, al desechar la demanda de garantías, nada expresó respecto de los conceptos de violación expuestos. «Se pidió un recurso de reclamación, pero el nuevo Magistrado Ponente, Mauro Miguel Reyes Zapata, lo declaró infundado sin dar razones al respecto» declara Patiño.

Florence Cassez, como víctima, y el Lic. Patiño, como su abogado, esperan lo siguiente:

a) Tener en cuenta que las dependencias oficiales siempre deben de estar disponibles para que se utilicen los medios al alcance de todos, a fin de llegar a conocerse la verdad legal.

b). Reivindicar y reconocer como premisa fundamental, la inocencia de Florence Marie Louise Cassez Crepin y su no culpabilidad de los delitos que le fueron imputados falsamente, en especial el delito atribuido de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, debido al efecto corruptor en el proceso seguido en su contra.

c). Establecer que Florence Marie Louise Cassez Crepin, tiene derecho a una indemnización por daño moral causado a su persona, de conformidad con lo establecido y previsto en el Artículo 10, que menciona el derecho a indemnización del Capítulo II, del Título Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Según Patiño, con esa denuncia los mexicanos pueden ganar que no se les castigue de por vida catalogándolos de delincuentes cuando no es posible comprobar su culpabilidad en algún delito. Además, pueden ganar que «se sancione a las personas a las que se demanda la reparación del daño moral causado, pues se desempeñan como servidores públicos y deberían ser los primeros en respetar y hacer respetar las leyes establecidas».

Agregó que «en cuanto a la empresa Televisa, junto con sus reporteros y comunicadores, Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah, a quienes se señala como cómplices del engaño abusando de su poder de informantes, se les haga responsables, pues su conducta derivó en una falta de cuidado toda vez que era su obligación verificar si la información difundida infringía o no un derecho, como en el caso específico de Florence Marie Louise Cassez Crepin, puesto que en su labor invocando a su ética, era, es y será siempre llevar a cabo su trabajo con la mayor diligencia, honestidad y certeza, y como comunicadores tenían la obligación, al igual que toda persona, de cooperar con la administración de justicia».

Confían en que el miércoles tribunal de Guerrero abra la vía para liberar a Nestora

Desde la época en que la Jornada publicaba la carta (falsa) de Cristina Ríos en contra de Florence Cassez hasta principios del año 2016 y sus publicaciones a favor de Nestora Salgado García, no cabe duda de que la redacción de la Jornada ha dado pasos significantes hacia el profesionalismo.

MXporFC

Artículo de Alma E. Muñoz, publicado en la Jornada

Fecha: 2 de enero de 2016

MXporFC 03-01-2016 Nestora nueva etapa - LA JORNADA

Integrantes de diferentes organizaciones se manifestaron ayer en apoyo de Nestora Salgado. Foto Roberto García Ortiz

La próxima semana, la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero resolverá un recurso de apelación que presentó la defensa de Nestora Salgado y que, en caso de ser favorable, abre la vía jurídica para su puesta en libertad, señaló el abogado Leonel Rivero.

En medio de diversas manifestaciones de apoyo para la liberación de la ex coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, el litigante aclaró en entrevista que debido a esta próxima decisión, Salgado determinó posponer la huelga de hambre que había previsto iniciar desde los primeros minutos de este año.

“Ella considera que está ante una oportunidad que durante mucho tiempo no se había presentado… Entonces decidió posponer la huelga, en tanto no se dicte esa resolución, que consideramos será la próxima semana”, dijo Rivero.

Mencionó que esperan que la resolución se dicte el próximo miércoles, y anticipó que el lunes –una vez que se reanuden las labores en el tribunal, suspendidas por periodo vacacional– solicitará una reunión con el nuevo presidente del organismo, Robespierre Robles Hurtado.

Leonel Rivero apuntó que la resolución del tribunal tendría un efecto en cadena sobre los procesos que pesan sobre Nestora Salgado, actualmente presa en el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, después de su detención el 21 de agosto de 2013, acusada de secuestro, y de haber sido recluida primero en el penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.

En lo particular somos optimistas en que la sala nos conceda la razón, y de ser así, tendría efectos sobre los demás procesos. Entonces creemos que en este momento jurídicamente se abre una oportunidad en términos de que si la sala determina procedente el incidente, sería la base para que se concluyeran todos los procesos en su contra.

Además de tres causas sobre privación ilegal de la libertad, recordó, hay igual número de órdenes de aprehensión que están impugnando por medio del amparo.

Ese fue básicamente el factor que determinó que la señora Salgado decidiera posponer unos días la huelga de hambre, pero no ha renunciado a ella, aclaró.

El abogado comentó que ha recibido llamadas de activistas preguntando sobre la huelga de la ex lideresa de la policía comunitaria, mientras en redes sociales se generó desde temprana hora de ayer un movimiento de apoyo a su lucha.

Además, un grupo de personas realizó frente a la Procuraduría General de la República un mitin para demandar la libertad de la comandanta y de todos los presos políticos que luchan por dignidad, justicia y por el pueblo.

En cartulinas colocadas en rejas de la dependencia se apuntó: Gobierno de Guerrero, libera a Nestora, y Libertad inmediata, entre otras leyendas.

En Twitter, mientras tanto, se utilizó el hashtag #Nestoralibreya, y se convocó a sumarse a la exigencia mediante pronunciamientos en contra de la situación jurídica que enfrenta.

El abogado Leonel Rivero dijo que ya no puede tardar muchos días la resolución del tribunal de Guerrero sobre la apelación presentada, porque hay un criterio firme, a escala federal, en el sentido de que Salgado no cometió el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de secuestro, porque estaba actuando en ejercicio de sus funciones como miembro de la Policía Comunitaria, avalados por la Ley 701 (de Derechos y Cultura Indígena de Guerrero).

En la apelación, apuntó el defensor, ofrecimos las sentencias de apelación, amparo y revisión correspondientes, y queda claro que en las detenciones de la Policía Comunitaria no hay un ánimo de lucro ni de privar ilegalmente la libertad de una persona, sino que se hace en ejercicio de las atribuciones que da la ley (citada).

Se mostró optimista de que la primera sala del tribunal de Guerrero les conceda la razón y se abra la vía jurídica para la liberación.

Médicos de la PGR encubren tortura, acusa Amnistía Internacional

Artículo de la revista Proceso

Fecha: 29-12-2015

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Campaña de Amnistia Internacional contra la tortura

A casi dos años de haber lanzado una campaña global para pedir la erradicación de la tortura y otros malos tratos en México, Amnistía Internacional (AI) asegura que esos delitos aún perduran y, lo peor, agentes estatales encargados de hacer cumplir la ley y mantener la seguridad los utilizan de forma habitual para extraer “confesiones”, fabricar cargos y causar sufrimiento a ciudadanos y ciudadanas.

En un informe titulado “Promesas en el papel, impunidad diaria: La epidemia de tortura en México continúa”, AI destaca que los médicos oficiales –tanto los que examinan a los detenidos después de su arresto, como los expertos que llevan a cabo exámenes forenses más profundos– son fundamentales para detectar casos de tortura y otros malos tratos como prueba sustancial para la investigación de estas prácticas.

No obstante, añade, los médicos a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido, lo que permite que esos casos queden en la impunidad.

Según AI, pese a que el Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato que aplican los médicos y psicólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) está basado en normas internacionales como el Protocolo de Estambul de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la práctica su aplicación sufre fuertes demoras y adolece de claras deficiencias.

“De forma habitual, (los expertos de la PGR) no llevan a cabo los exámenes de acuerdo con las normas internacionales y hacen caso omiso de señales de tortura y malos tratos, además de, en ocasiones, dar muestras de parcialidad y encubrir a sus colegas”, precisa el reporte.

Las víctimas, añade, han tenido que esperar incluso años después de su denuncia para que se les aplique el Dictamen Especializado, impidiendo que las investigaciones avancen.

“Resulta especialmente inquietante ver cómo, en ocasiones, el Dictamen Especializado de la PGR parece funcionar como un instrumento de impunidad, ya que demora indefinidamente las investigaciones y bloquea la posibilidad de dictar condena”, se lee en el informe.

“Dada la clara falta de capacidad de la PGR para responder adecuadamente a la demanda de exámenes forenses, resulta preocupante que los marcos jurídicos y las directrices” de la dependencia “sigan obstaculizando el acceso de las víctimas a expertos médicos y psicológicos independientes”, apunta.

De hecho, añade, el Dictamen Especializado de la PGR fue actualizado recientemente el 5 de octubre de 2015, sin embargo, la nueva norma no ha modificado muchas de las cuestiones básicas destacadas anteriormente por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos.

De acuerdo con AI, sobre el papel México muestra un amplio compromiso de prevenir y castigar la tortura. Sin embargo, esto no se ha traducido aún en unas medidas efectivas para proteger a las personas frente a la tortura y castigar a los responsables.

“El gobierno no ha demostrado que la tortura y otros malos tratos se estén abordando adecuadamente para garantizar su erradicación. Cuando se decidió centrar la campaña global de Amnistía Internacional en México, fue precisamente porque se consideraba que México era un país con recursos suficientes a su disposición para implementar metas alcanzables con el fin de hacer frente de manera efectiva a la tortura y los malos tratos. El gobierno, hasta el momento, no ha reconocido la magnitud del desafío, y tampoco ha emprendido de verdad las acciones necesarias para poner fin a este problema crucial de derechos humanos”.

El informe resalta que mediante una petición de información pública a la que respondió en junio de 2015, la PGR declaró que el número de denuncias de tortura presentadas a nivel federal se había más que duplicado entre 2013 y 2014: de mil 165 a 2 mil 403. “Esto supone un incremento espectacular en los casos de tortura denunciados a la PGR desde 2006”, subraya AI.

Agrega: “En una reunión mantenida en agosto de 2015, la PGR informó a Amnistía Internacional que habían pendientes más de mil 600 solicitudes de Dictamen Especializado, entre ellas algunas que contenían grupos de hasta 40 denuncias individuales de tortura”.

Señala que de acuerdo con las entrevistas realizadas con las autoridades federales, la PGR empezó a revisar y mejorar las bases de datos oficiales sobre denuncias de tortura en febrero de 2014; no obstante, en la información que ha registrado sigue habiendo incoherencias.

“Resulta preocupante que las autoridades federales no sean capaces de explicar por qué motivo se han duplicado las denuncias de tortura; pese a que el número de investigaciones también ha aumentado, ese aumento no ha dado lugar a un incremento del número de cargos presentados o condenas dictadas”.

Además, puntualiza, las autoridades federales tampoco han hecho un seguimiento de la información vital sobre la incidencia de la tortura y otros malos tratos, lo cual mina seriamente la capacidad del gobierno de responder de manera adecuada.

“La falta de seguimiento y control respecto a las denuncias de tortura suscita serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las que lograr una condena”, apunta el informe.

La organización también cuestiona la clasificación en que están divididas las lesiones de detenidos en México: no muestra señales de lesión, lesiones que no son graves y sanarán en menos de 15 días, y lesiones que ponen en riesgo la vida y tardarán más de 15 de días en sanar.

Esto pese a que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura no vincula a la tortura con un nivel determinado de gravedad en las lesiones.

“Estas clasificaciones no captan en toda su extensión los daños causados a las víctimas, que con frecuencia son sometidas a métodos que pueden no dejar lesiones visibles, como la asfixia, las descargas eléctricas y la tortura psicológica”, refiere el informe.

“Con el fin de abordar adecuadamente el encubrimiento de la tortura y los malos tratos en México, es necesario definir por ley que la tortura no se limita a actos que causan únicamente lesiones físicas graves, conforme establecen el derecho y las normas internacionales”, subraya.

AI resalta que además de lo deficiente de los exámenes forenses médicos y psicológicos, es habitual que las autoridades mexicanas no recopilen pruebas ni testimonios adicionales para investigar las denuncias de tortura y malos tratos.

“Pese a la importancia de esos exámenes, Amnistía Internacional insiste en que no deben ser considerados como la única prueba posible para demostrar la existencia de tortura y otros malos tratos.

En las conclusiones del informe, AI señala que las promesas en el papel no bastan para revertir la marea de la impunidad en México. No obstante, reconoce la importante oportunidad que los debates en torno a la Ley General contra la Tortura brindan para empezar a abordar cuestiones estructurales que permiten que la tortura y los malos tratos sigan siendo una práctica generalizada en México.

Si se elabora y aprueba una ley en consulta con la sociedad civil y las víctimas de tortura, y si esa ley después se aplica con mecanismos rigurosos de vigilancia, existe cierta esperanza de que pueda ayudar a hacer frente a la tortura en México. Pero si no cuenta con una concepción y un seguimiento adecuados, la ley corre el riesgo de seguir siendo una buena intención más sobre el papel, sin resultados demostrables, concluye.

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Noticias sobre el estado de salud de Héctor Casique

Publicamos el certificado del neurólogo que reciente vio a Héctor Casique. Como consta en el presente dictamen, el Dr. Francisco Brito Barrera, especializado en neurocirugía y con cedula profesional 1280759, mandó un tratamiento dirigido a oxigenar el cerebro de la víctima Héctor, torturado por esos delincuentes que otros llaman “servidores públicos”. Mientras tanto, sigue el calvario de Hector y de sus familiares.

Si descartamos el CENCOS y la CEAV, estamos en posición de afirmar que a ninguna instancia nacional le ha importado el estado de salud de Hector, ni mucho menos su inocencia. Hasta la fecha, no han hecho absolutamente nada por subsanar tanto dolor con la que él y su familia viven.  Los “servidores públicos” del estado de Quintana Roo lo han lastimado física y psicológicamente de manera permanente.

Certificado

Yaskade, estamos contigo, con tu familia y con Héctor.

#LibertadparaHéctor Casique y Cárcel para los torturadores y los políticos corruptos.

#NoalaFábricadeculpables

MXporFC

“Florence Cassez en exclusiva”: El documental que hubieran sacado hace años

El documental en tres partes de Daniel Ruiz está disponible en youtube.

Lo encontramos un poco anacrónico. Pero mas vale (muy) tarde que nunca. Que lastima también que le sigan dando la palabra a esa torturadora y corrupta de Isabel Wallace. ¿O sea que todavía creen que esta harpía tiene alguna autoridad moral para hablar de justicia?

¿Para cuándo un documental sobre Israel Vallarta, sobre Brenda Quevedo Cruz, sobre Jacobo Tagle, …? La historia de Florence abrió un camino que todavía “nos” negamos a iniciar… Llamada a los documentalistas: tomen riesgos. Es lo que nosotros hacemos cuando ustedes tuvieron miedo a denunciar las injusticias que se estaban cometiendo ante sus ojos.

Algunas palabras dirigidas a nuestros seguidores… y a Isabel Miranda de Wallace #Ladytortura

Estimados seguidores de nuestra página,

Después de casi 3 semanas de interrupción, estamos de regreso en la web. Les presentamos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes debidos a una falla técnica que tuvimos que arreglar.

Aprovechamos la ocasión para felicitarlos a todos: individuos, grupos, medios de comunicación, anónimos y famosos, … en breve a todos los que tienen el valor de difundir la información que contiene nuestro sitio y que recaudamos junto con nuestros compañeros dentro y fuera de México . No se tratan de los rumores que desde luego se saben en los círculos del poder del estado mexicano, como secretos a voces sobre la falsa muerte de Hugo Alberto Wallace, protegido y Escondido por la PGR.  Se trata de información objetiva a contra corriente de las mentiras que “nuestros” de comunicación oficiales han proporcionado y presentado como la verdad absoluta.

Los integrantes de MXporFC somos un grupo de activistas defensores de los derechos humanos dedicados al descubrimiento de la verdad y al triunfo de la justicia. No tenemos absolutamente nada que ganar, más de la libertad de nuestros hermanos y hermanas, injustamente encarcelados, una pesadilla que le puede pasar a cualquiera. Hacemos nuestro deber de ciudadano, ni más ni menos.

Aprovechamos el fin del año para reiterar nuestro compromiso todas las víctimas de la fabricación de culpables en México: con Brenda, con Jacobo, con Juana Hilda, con Cesar Freyre, con Castillo, con Jael, con Pablo, con María Elena, con Noé, con Cinthya, con Héctor, con Israel Vallarta, con Nestora, … y con los miles de inocentes encarcelados en nuestras cárceles repletas de víctimas.

Hace muchos años, le dijimos a nuestra ahora amiga Florence Cassez lo siguiente: te tenemos de la mano, y no te la soltaremos hasta que salgas libre. Florence no ha olvidado a sus compañeros de injusticia y sigue trabajando a su manera para acabar con las injusticias.

Desde la liberación de Florence, yo mismo se lo dije claramente: nuestro objetivo primero es la liberación de las víctimas de Isabel Wallace aka #Ladytortura.

Isabel, vamos en contra de ti. Quiero que sepas que acabarás en la cárcel. No porque te tenemos rencor, sino porqué los delitos que cometiste te llevaran a la cárcel. No es amenaza, porque no amenazamos a nadie, ni somos vengadores. Simplemente, es promesa, es certeza. Porque es justicia.

Nolverto Sanchez A.

MXporFC

Lady Tortura

2 publicaciones: Organizaciones internacionales rechazan presencia de Isabel Miranda Wallace

Artículo de CompaGabito2099, publicado en El Dragonario vía Cencos (Centro Nacional de Comunicación Social AC)

Fecha: 23 de diciembre del 2015

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WALLACE, FICHADA

MAESTRA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ

ASUNTO: CARTA ABIERTA A ARELY GÓMEZ SOBRE LA PRESENCIA DE ISABEL MIRANDA DE WALLACE EN LA INAUGURACIÓN DE LA UEIDT MONTREAL CANADÁ, A 14 DE DICIEMBRE DE 2015

MAESTRA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AV. REFORMA ESQ. GUADANA NO. 211-212
CUAUHTÉMOC C.P. 06500 MÉXICO, D. F. C.
Procuradora General de la República,
Con absoluta estupefacción y un alto grado de indignación nos enteramos de la presencia en la inauguración de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, de una probable delincuente, probable responsable de la fabricación de culpables, probable autor intelectual y testigo ocular de tortura en contra de – por lo menos – ocho ciudadanos inocentes en los denominados casos “Wallace” y “Martí”. Hablamos de la presencia en el evento de Isabel Miranda de Wallace [o Miranda Torres o Torres Romero].
Como titular de la PGR que por iniciativa suya, acaba de crear la UEIDT, asumimos con toda razón, que debe de estar enterada del grado de corrupción, impunidad y hasta crueldad que impera en las estructuras policiacas y judiciales, cuya escandalosa conducta se inició en sexenio de Vicente Fox, – la SSP/AFI de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, arquitectos del montaje escandaloso del 8 de diciembre de 2005 en contra de Florence Cassez siendo uno de los ejemplos paradigmáticos del fenómeno que describimos; se reforzó bajo la administración de Felipe Calderón – cuya estrella intocable fue la Sra. Isabel Miranda – y continúa siendo bajo el régimen actual, reflejando niveles escandalosos de descomposición del Estado mexicano, con la consecuencia del alarmante descrédito que vive el país a los niveles nacional e internacional.
En virtud de lo anterior nuestra pregunta a usted es inevitable y moralmente obligada: ¿por qué admite usted la presencia de Isabel Miranda en la inauguración de la mencionada unidad, habiéndose demostrado su grado de peligrosidad y carencia de principios en la burda y absolutamente desmentida patraña conocida como “Caso Wallace”? La absurda ironía que esto implica se fundamenta en las pulcras y concienzudas investigaciones sobre el citado caso, y otros como el de Fernando Martí y el de la Comandante Nestora Salgado, realizadas por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV) presidida por David Bertet, Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Ángeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, que demuestran sin lugar a dudas, que Isabel Miranda ha mentido a las autoridades, ha fabricado el jamás ocurrido secuestro y asesinato de su delincuente hijo, Hugo Alberto Miranda Torres, ilegalmente llamado Hugo Alberto Wallace.
Lo que se espera, Sra. Procuradora, es que la PGR iniciara de inmediato una concienzuda investigación con base en las incontrovertibles evidencias indagadas por las investigaciones de las personas arriba citadas, cuya comprometida labor facilita considerablemente la labor del Ministerio Publico.
Como encargada de investigar delitos, la PGR ahora bajo su cargo, está obligada a tomar en cuenta todas estas investigaciones, las cuales se fundamentan en documentos probatorios emitidos por instituciones oficiales. Lamentablemente, ha hecho todo lo contrario: ha otorgado a una probable delincuente como Isabel Miranda, todas las facilidades para disponer de agentes del MP a los que les ordena levantar, encarcelar y torturar con propósitos de auto-incriminación a víctimas inocentes, además de permitirle el ingreso a los penales para conducir interrogatorios sin ser miembro de la PGR, lo cual es totalmente ilegal y oprobioso.
Cuando usted fue nombrada como titular de la PGR, los aquí firmantes confiamos en los cambios drásticos que usted decidió implementar dentro de la institución ahora a su cargo. Esperamos que se modificara la hasta ahora vergonzante e inmoral conducta de la PGR. Lamentablemente, Sra. Gómez, con la moralmente reprehensible actuación de esta institución en casos como el de los 43 de Ayotzinapa y los citados casos: Wallace, Martí, Nestora Salgado, además de la admisión de la probable torturadora Isabel Miranda como partícipe – queremos creer que sólo en la inauguración- de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, constatamos que nuestra esperanza fue injustificada.
México está sujeto a la inmensa impunidad nacida de la igualmente omnipresente corrupción que continúa prevaleciendo en todas instituciones del estado, mientras sectores de ciudadanos siguen albergando expectativas de cambio que se ven frustradas por “servidores públicos” cuyo interés a todas luces nunca ha sido el de servir al grueso de la sociedad.
El siguiente paso necesario, Sra. Gómez, consiste en dar seguimiento a la queja interpuesta por los familiares de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace ante su institución, y en iniciar una amplia investigación sobre los delitos de falsificación de documentos, falsedad en declaraciones, así como otros delitos graves probablemente cometidos por la Sra. Isabel Miranda de Wallace y otros, con la complicidad de funcionarios que siguen trabajando dentro de la PGR.
La ACDV y el FEMCAI están dispuestos a trabajar conjuntamente con todos los actores de la sociedad civil y del gobierno, a los que realmente les importa acabar con el gravísimo y generalizado fenómeno de fabricación de culpables en su país, mediante el uso sistematizado de la tortura, de la intimidación, de la violación a la presunción de inocencia, a la dignidad y a una defensa adecuada de los presos.

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Segundo artículo por Salvador Valencia, publicado en Somos el medio.

Fecha: 22 de diciembre del 2015

¿Por qué Isabel Miranda de Wallace no está siendo investigada?, ACDV y FEMCAI

Acusaron a las autoridades de tener a Miranda de Wallace como una persona intocable desde el sexenio de Felipe Calderón.

En una carta dirigida a la procuradora General de República, Arely Gómez González, la Asociación Canadiense por el Derecho a la Vida (ACDV) y el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes (FEMCAI) se posicionaron en contra de la asistencia de Isabel Miranda de Wallace, a quien calificaron como delincuente, en la inauguración de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, el pasado 10 de diciembre.

La carta fechada el 14 de diciembre y  firmada por David Bartet, presidente del Consejo de Administración, y Antonio Guillén, integrante del Comité Ejecutivo de la ACDV, y la fundadora del FEMCAI, Patricia Barba,  cuestionan el proceder de las autoridades de justicia ante el actuar de Isabel Miranda por ser la probable autora intelectual y presenciar la tortura de ocho personas a quienes acusaba de presuntamente secuestrar y asesinar a su hijo Hugo Alberto Wallace.

“¿Por qué admite usted la presencia de Isabel Miranda en la inauguración de la mencionada Unidad, habiéndose demostrado su grado de peligrosidad y carencia de principios en la burda y absolutamente desmentida patraña conocida como “Caso Wallace”? La absurda ironía que esto implica se fundamenta en las pulcras y concienzudas investigaciones sobre el citado caso, y otros como el de Fernando Martí y el de la Comandante Nestora Salgado, realizadas por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), presidida por David Bertet, Guadalupe Lizárraga, directora de Los Ángeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, que demuestran, sin lugar a dudas, que Isabel Miranda ha mentido a las autoridades, ha fabricado el jamás ocurrido secuestro y asesinato de su delincuente hijo, Hugo Alberto Miranda Torres, ilegalmente llamado Hugo Alberto Wallace,” sentencian las organizaciones.

Acusaron a las autoridades de justicia de tener a Miranda de Wallace como una persona intocable desde el sexenio de Felipe Calderón, e incluso ahora con Enrique Peña Nieto. En este mismo sentido, demandaron a la PGR abrir una investigación que tenga como base las indagaciones realizadas por la ACDV, Los Ángeles Press y el semanario Proceso.

Sin embargo, lamentaron que la PGR  “ha otorgado a una probable delincuente como Isabel Miranda todas las facilidades para disponer de agentes del MP [Ministerio Público] a los que les ordena levantar, encarcelar y torturar con propósitos de auto-incriminación a víctimas inocentes, además de permitirle el ingreso a los penales para conducir interrogatorios sin ser miembro de la PGR, lo cual es totalmente ilegal y oprobioso”, increparon.

Mostraron su preocupación por el papel que Isabel Miranda pueda tener en la recién creada Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura y reprobaron el actuar de la Procuraduría General de la República en los procesos de investigación en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el caso Wallace, el caso Martí y el controvertido caso de la ex coordinadora de las autodefensas  de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, en el cual Mirada de Wallace ha intervenido.

Finalmente, insistieron a la procuradora Arely Gómez “dar seguimiento a la queja interpuesta por los familiares de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace ante su institución, y en iniciar una amplia investigación sobre los delitos de falsificación de documentos, falsedad en declaraciones, así como otros delitos graves probablemente cometidos por la señora Isabel Miranda de Wallace y otros, con la complicidad de funcionarios que siguen trabajando dentro de la PGR”, concluyeron.

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