Tortura y fabricación de delitos, políticas de Estado en México: Limeddh

 

En una manifestación en Oaxaca, víctimas de pres políticos piden justica al gobierno. Foto: Archivo Limeddh 

En una manifestación en Oaxaca, víctimas de pres políticos piden justica al gobierno. Foto: Archivo Limeddh

Por Guadalupe Lizárraga

Los Angeles Press

CIUDAD DE MÉXICO.- “Somos categóricos y enfáticos en sostener que en México la tortura se practica como una política de Estado”, señaló Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), en torno a la organización del acto cultural del 27 de junio (11 horas) que se realizará frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República por el Día Internacional en favor de las Víctimas de Tortura.

En un documento de campaña conjuntamente con la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las Víctimas de la Prisión Política que comprende países en todo el continente americano, el activista destacó los esfuerzos por la libertad de los presos políticos y contra todas las formas de la violencia estatal que están realizando las diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos que se han integrado a esta campaña.

Respecto a México, puntualizó Ramírez López que “el gobierno mexicano ha promovido o tolerado en mayor o menor grado, ya sea por acción u omisión, de manera directa o a través de terceros, que se cometan delitos de lesa humanidad” y enumeró entre estos delitos la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones sexuales, feminicidios, trata de personas, explotación sexual y laboral infantil, ataques a los migrantes, detenciones arbitrarias e ilegales, retenciones arbitrarias, fabricación de delitos e inducción-coacción de testigos, todos éstos “delitos que prevalecen por la total impunidad de quienes los cometen”.

En el documento también señaló que México vive una economía de guerra impuesta, en la que “se nos despoja de nuestros derechos y se fortalece un esquema represivo”. Subrayó que esta economía no permite ni provee seguridad ni justicia y sólo deja las grandes ganancias de la guerra para los grupos del poder. “Miles y miles de víctimas, millones y millones de pesos tirados a la basura en el combate a una delincuencia que el propio Estado organizó”, acentuó.

Activista contra la fabricación de delitos en México. Foto: Limeddh

Activista contra la fabricación de delitos en México. Foto: Limeddh

 

La destrucción de las vidas en las cárceles

El Reporte final del Informe Prison Insider 2015, presentado por el presidente de Limeddh, una radiografía sobre las cárceles mexicanas, destaca que hasta el 2015 el número de personas detenidas había ascendido a 260 mil, de las cuales 117 mil eran preventivos y 143 mil condenados. De esa población resguardada en un total de 423 centros penitenciarios, 12 mil 300 son mujeres y 3761 son menores de edad.

De 2010 a 2013, hubo un total de 568 fallecimientos dentro de los penales, 507 se debieron a homicidios dolosos, y 58 suicidios. En este sentido, Ramírez López comentó que “existe gran hermetismo de las autoridades penitenciarias para dar a conocer las estadísticas, sólo se conocen casos de muertes en motines o aquellos muy relevantes”.

Mencionó el caso de David Orozco Hernández, vendedor de ropa en un tianguis, quien fue recluido después de ser torturado e incriminado por secuestro en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic, Nayarit, después de que en mayo de 2009, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), dirigida entonces por Genaro García Luna, presentara un video a los medios en el que David se inculpaba de secuestro e incriminaba a la francesa Florence Cassez.

Ramírez López señaló que David Orozco “fue sentenciado a 60 años de cárcel, sin embargo, murió el 5 de enero del 2015, estando preso, a causa de secuelas dejadas por la tortura infligida. Y aún ya desahuciado no permitieron que muriera fuera de prisión”.

Otro de los dramáticos casos es el de Brenda Quevedo Cruz, quien fue acusada y encarcelada por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, inventado por su madre Isabel Miranda Torres, el 11 de julio de 2005. Miranda acusó a Brenda y a otros cinco jóvenes con enormes mamparas en la vía pública, violando la presunción de inocencia y utilizando sus influencias políticas mandó torturar a todos los inculpados dentro de las cárceles. Brenda fue torturada dentro de dos penales, en el penal de Santiaguito, y en el de Islas Marías, a donde fue llevada ilegalmente porque ella aún no ha sido sentenciada. Su proceso sigue abierto y lleva ocho años en prisión.

El activista Adrián Ramírez también ha tomado el caso de Brenda Quevedo para su defensa y ha sido contundente en el diagnóstico de México en materia de derechos humanos: “Vivimos la peor crisis de derechos humanos en la historia de nuestro país, y desde 2006 a la fecha con motivo de la declarada guerra contra la delincuencia organizada, el número de ejecuciones extrajudiciales ronda los 200 mil”, concluyó en el reporte que “la gran mayoría de estos casos son atribuidos a la impunidad con la que actúan los grupos paramilitares, las fuerzas armadas y policiales, a nivel federal, estatal y municipal, y no existen datos estadísticos confiables”.

Entre las organizaciones que integran la Coordinadora en contra de la tortura y la prisión política se encuentra la Alianza por la Justicia Global de los EE.UU, Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, Fundación Lazos de Dignidad de Colombia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de la Escuela de las Américas.

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El llamado de paz

SDP Noticias

El llamado de paz

 Activistas Sociales en Tampico llaman a la sociedad sumarse al llamado de paz en México Activistas Sociales en Tampico llaman a la sociedad sumarse al llamado de paz en México

Foto propiedad de: Internet

Las muertas de Juárez, la tragedia de la Guardería ABC, la masacre de Tlatlaya, los 43 desaparecidos, las fosas clandestinas de San Fernando; corrupción, represión e impunidad. Esto es México.

Así es como describieron a la nación un grupo de activistas sociales afines a la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, quienes refieren todo el país es un enorme cementerio  clandestino en el que no se respetan los derechos humanos, ni la vida de los periodistas al sumar casi 50 reporteros asesinados en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto.

No más silencio, es el principal emblema de la “Acción Pacífica 43” que emprendieron activistas y defensores humanos desde la Ciudad de Tampico, Tamaulipas y quienes pretenden llegar a la capital del país para aglutinarse con otros colectivos y reclamar al unísono contra los tres niveles de gobierno la falta de garantías para transitar y vivir en México. 

Mary Sainz, San Juana Barquín y Ernesto Rojas caminaron alrededor de 5 kilómetros desde las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas -Delegación Zona Costa- donde realizaron por espacio de dos horas el primer plantón de exigencia. “Seguridad, reconocimiento y respeto a todo periodista, activista y luchador social o ciudadano que se manifieste”, ese fue el mensaje principal de la cartulina que enarboló durante todo su trayecto hasta la presidencia municipal.

Como ha sido ya una costumbre en las protestas realizadas en Tamaulipas estos tres luchadores auténticos visten de blanco como símbolo de paz, mientras que Mary Sainz, una de las integrantes, muy a su estilo, vestía también en el mismo tono de la pureza pero en su prenda sobresaltaban las leyendas #NiUnaMás #NoAlSilencio #Justicia #Paz entre otras, mientras que en su rostro pinto a la altura de la boca una venda como si estuviera amordazada, en su frente, nariz y boca se escribió “no al silencio”. 

Con este movimiento de hartazgo, estos ciudadanos manifiestan su disgusto y enojo contra las autoridades porque siempre expresan ante los medios de comunicación, “no pasa nada y que no pasa nada” cuando en todo México las familias están pasando momentos de angustia, dolor y pobreza.

Para estos defensores de los derechos humanos el asesinado del periodista veracruzano Cándido Ríos, así como la detección de la osamenta humana correspondiente a la ciudadana española en Tamaulipas, son una burla para las familias víctimas de la violencia ya que el mismo gobierno usa a supuestos líderes sociales para actos proselitistas, que viven del dolor ajeno para enriquecerse y acceder al presupuesto que el Estado, destina a estas familias desdichadas, por eso argumenta que ningún líder local se suma al movimiento auténtico.

Entre su irritación, expresaron que este movimiento es un llamado de paz, exhortando a la comunidad en general que deje de lado sus intereses personales y se sumen a la defensa de las garantías individuales en México.

davidcastellanost@hotmail.com

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Miranda de Wallace demandada por 900 millones de pesos

Noticias Chiapas página 12

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Miranda de Wallace ataca a SCJN a través de varias subcuentas de Twitter

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Miranda de Wallace ataca a periodistas y activistas a través de varias subcuentas de twitter

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La inverosímil carta de Isabel Miranda de Wallace a su hijo

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Foto que utilizó Isabel Miranda para ilustrar la carta a su hijo, a 12 años de la fabricación de su secuestro.

LosAngeles Press

18 de julio del 2017

Guadalupe Lizárraga

El pasado 11 de julio de 2017, Isabel Miranda Torres, a quien conocen por su alias “Señora Wallace”, lanzó en algunos medios locales de la Ciudad de México una carta pública a su hijo supuestamente asesinado en 2005. Esa fabricación de secuestro y homicidio que dio pie al Caso Wallace, y con la que ha obtenido poder político y económico.

La carta es un pobre intento de chantaje sentimental a una sociedad consciente de la falsedad del secuestro y cansada de la impunidad de personajes como Miranda. Desde el primer párrafo, resulta inverosímil su voz de madre dolida, incongruente ante tantas evidencias de la falsedad del caso. Por ejemplo, la última línea de ese primer párrafo dice: “es un infierno el ambiente en el que vivo desde que te secuestraron aquel 11 de julio de 2005”.

Un día antes de aquel día, el 10 de julio de 2005, su abogado, Ricardo Martínez Chávez, era nombrado encargado del despacho de Secuestros en SIEDO, de la Procuraduría General de la República. Y tres días después de haber levantado los reportes en las dos procuradurías, la del Distrito Federal y la PGR, Miranda exigió que la atendiera el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga,  amigo personal de su abogado y compañero de trabajo de la misma área de SIEDO. Robles fue el mismo funcionario que coordinó y participó en las torturas de los seis jóvenes incriminados por el falso secuestro.

Isabel Miranda ya desde entonces gozaba del tráfico de influencias que le propiciaba su abogado dentro de la PGR, entraba y salía de los penales a discreción e incluso llegó a presenciar la tortura de dos incriminados. No dejaba de intervenir en el proceso judicial que se abría con el Caso Wallace, porque pretendía controlar cada detalle de su fabricación. Así logró la manipulación y corrupción de los medios, y Felipe Calderón la legitimó como “activista” con el Premio de Derechos Humanos en 2010. Con ello, gozó también del tráfico de influencias en la política local hasta lograr ser candidata del PAN a la gubernatura de la Ciudad de México en 2012, a pesar de su falta de formación profesional y por encima de quienes realmente tenían méritos para serlo como por ejemplo Santiago Creel.

Estas relaciones en la política, le ha ayudado a crecer en su empresa Showcase Publicidad, y sus principales clientes son gobernadores a quienes chantajea con su discurso inconsistente sobre estadísticas de secuestro en la entidad de turno para que le compren los servicios de su publicidad. ¿Le parece a usted lector que es un infierno vivir holgada e impunemente del tráfico de influencias en la política mexicana e intervenir tramposamente en las decisiones públicas del sistema judicial del país? Claramente se ve que Isabel Miranda disfruta el estatus que le dio la fabricación del secuestro y sobre todo las regalías que obtiene de ello.

En el segundo párrafo de su carta, Miranda afirma que “se vuelve loca” cuando se pone a pensar qué sintió su hijo cuando se dio cuenta que lo tenían secuestrado. ¿Realmente una madre a la que supuestamente le mataron a su hijo, se pregunta qué sintió cuando lo secuestraron y no cuando lo mataron? Parecería que Miranda intenta convencer a la opinión pública que es peor tener un hijo secuestrado, porque es el secuestro el tema con el que ella se ha construido.

Afirma también al final de ese mismo párrafo que “un puñado de mal vivientes te escogió para tratar de obtener dinero fácil”. Hay que recordarle a Miranda que, el 13 de julio de 2005, pusieron cuatro reportes de secuestro en menos de 48 horas en las dos procuradurías y nunca fueron exigidos a dar una recompensa. El primer reporte lo puso su exesposo Enrique Wallace; el segundo lo puso el chofer Luis Antonio Sánchez; el tercero lo puso la propia Isabel Miranda y el cuarto lo puso su sobrino. Pese al obsesivo interés de que se aceptara la desaparición de Hugo como secuestro en menos de 48 horas, el agente de la Policía Federal Investigadora, Moisés Castro Villa, adscrito a la Agencia Federal de Investigación (AFI) rindió el primer informe 18 días después, y manifestó que “hasta ese momento no se había recibido alguna llamada en la cual se confirme el secuestro o se haya dado a conocer exigencia alguna a cambio de la libertad del señor Hugo Alberto Wallace Miranda”. Es decir, no se había pedido ninguna recompensa económica ni de otro tipo hasta entonces. Y tiempo después, Miranda inventó que le habían pedido una cantidad, pero ni los mismos ministeriales le hicieron caso porque ya estaba dado el informe del agente de la AFI. ¿Dinero fácil?, es lo que ha obtenido Miranda, especialmente a costa del erario, con la invención del secuestro y la creación de su imagen como “activista” con su organización Alto al secuestro.

En la carta, Miranda hace referencia a “un profundo dolor” porque no tiene el consuelo de al menos haber tenido el cuerpo de su hijo y señala: “sé que tu esencia está con Dios, no deja de dolerme e indignarme la maldad de esos delincuentes”. No obstante, así, sin el cuerpo del supuesto hijo muerto, Isabel Miranda obtuvo un acta de defunción en la que las causas de la muerte se dedujeron de una autopsia ficticia con la complicidad de la médico forense Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, la juez Décima primera del Juzgado de lo familiar Silvia Araceli García Lara, y la juez 18 del Registro Civil del Distrito Federal, Marsella Lizeth de la Torre Martínez, ésta última dio fe y selló una copia fotostática dándole supuesta legalidad. El acta le sirvió a Miranda para legitimarse como víctima, y el Estado la compensó con 3, 800 000 pesos mexicanos.

Miranda aunque le pide a Dios “que haga justicia aquí y ahora, porque la ley terrenal no la ha hecho”, también sus víctimas piden justicia y parece que están siendo escuchados. Un ejemplo de ello es el esfuerzo que tiene que hacer para mantener la coherencia lingüística sobre la mentira del hijo muerto, y ello se refleja en su estabilidad emocional que ya se ve deteriorada en actos públicos.

Al final de la carta, Miranda escribe: “Muchas personas trataban de consolarme, diciendo que Dios sabe por qué hace las cosas, hoy entiendo que esto no es obra de Dios, sino del demonio”.

Sí, en efecto, para cualquier creyente, no sería obra de Dios que una madre llegué al grado de simular el secuestro de su hijo, lo grite al universo y lo reclame desmembrado, partido con una sierra eléctrica en un minúsculo baño. No sería obra de ningún dios que una madre se ponga furiosa cuando le presentan rastros de vida de su hijo, mientras disfruta influencias y dinero a causa de su desaparición.

En fin, la carta de Isabel Miranda es totalmente inverosímil. Su teatro simplemente ya no es creíble.

 

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Activistas van en contra de la Wallace

El Sol del sur de Tampico

19 de julio del 2017

La activista maderense Defensora de los Derechos Humanos: Mary Saenz va en contra de Isabel Miranda Wallace por exponerla con falsedad como integrante de grupo criminal.

Esta sería otra demanda más en contra la también activista Isabel Miranda Wallace a quien se vincula con espionaje gubernamental y por lo que ha sido demandada por daño moral.

CD. MADERO, TAM., 19 JULIO 2017.- Por la vía telefónica la activista Mary Saenz, contacto a esta mesa de redacción, y visiblemente nerviosa narro la historia de los ataques que ha venido sufriendo por parte de la también activista Isabel Miranda Wallace, quien no se ha cesado de hostigarla de diferentes formas, aunque la más graves es señalarla como parte del Crimen Organizado, de un grupo criminal lo que asegura es totalmente falso y la pone en riesgo a ella y su familia, que por esta situación está asustada, aunque ya interpuso la debida denuncia ante la FEADLE, que es la fiscalía especializada en contra de delitos en contra de la libertad de expresión y los derechos humanos.

Mary Saenz, es destacada activista tamaulipeca que ha participado en distintas defensas y fue el 12 de febrero en que encaró a Miranda durante la marcha “Vibra México” convocada el 12 de febrero en apoyo al titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, lo que fue mal visto por un grupo de activistas que le gritó “asesina”, “rata” y “corrupta” y Miranda se vio obligada a retirarse de la marcha, ya que le recriminaban recibir varios millones de pesos para hacer ver bien al gobierno, mismo que la utilizado para cometer fuertes abusos.

Miranda posteriormente, dijo a los medios que la activista Mary Saenz, era un hombre vestido de mujer, que iba armado y que había intentado matarla y en su coraje la vinculó con el grupo delictivo Los Zetas, utilizando también las redes sociales.

Cabe destacar que no es la primera vez que Isabel Miranda ha sido denunciada incluyendo por espionaje. Ya en 2007, la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones abrió un proceso en contra de ella por posesión de material de espionaje.

En el caso de la periodista Guadalupe Lizárraga, la demandada escribió en Twitter que gracias a que la PGR y la CNDH “no hacen su trabajo”, ella está libre, implicando que ha cometido un delito y debería estar en la cárcel. Este señalamiento lo hizo el 26 de junio.

Además de esta demanda colectiva, se prepara una denuncia por el acoso a la periodista y al activista David Bertet, ya que en noviembre de 2016, Miranda contrató a dos agentes ministeriales para que se los llevaran a declarar a una subdelegación en Baja California, después de su participación en un evento universitario de derechos humanos. 

El abogado José E. Patiño Hurtado y la organización canadiense de derechos humanos En Vero interpusieron una demanda colectiva contra Isabel Miranda Torres a raíz del daño moral ocasionado a activistas, periodistas y víctimas del falso caso Wallace. El abogado comentó que los derechos lesionados por parte de Miranda contra seis personas están relacionados con el sistema de espionaje gubernamental Pegasus, por lo que solicitó la condena de 900 millones de pesos para la reparación del daño.

Además de calumnias y difamación por parte de Miranda, ha amenazado y puesto en riesgo a los demandantes vinculándolos con grupos delictivos y contratando a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República para su acoso. Mientras que las grabaciones telefónicas fueron aportadas por ella misma, según su declaración a los medios, y difundidas masivamente en sus redes sociales.

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