Tortura y fabricación de delitos, políticas de Estado en México: Limeddh

Por Guadalupe Lizárraga

Los Angeles Press

CIUDAD DE MÉXICO.- “Somos categóricos y enfáticos en sostener que en México la tortura se practica como una política de Estado”, señaló Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), en torno a la organización del acto cultural del 27 de junio (11 horas) que se realizará frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República por el Día Internacional en favor de las Víctimas de Tortura.

En un documento de campaña conjuntamente con la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las Víctimas de la Prisión Política que comprende países en todo el continente americano, el activista destacó los esfuerzos por la libertad de los presos políticos y contra todas las formas de la violencia estatal que están realizando las diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos que se han integrado a esta campaña.

Respecto a México, puntualizó Ramírez López que “el gobierno mexicano ha promovido o tolerado en mayor o menor grado, ya sea por acción u omisión, de manera directa o a través de terceros, que se cometan delitos de lesa humanidad” y enumeró entre estos delitos la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones sexuales, feminicidios, trata de personas, explotación sexual y laboral infantil, ataques a los migrantes, detenciones arbitrarias e ilegales, retenciones arbitrarias, fabricación de delitos e inducción-coacción de testigos, todos éstos “delitos que prevalecen por la total impunidad de quienes los cometen”.

En el documento también señaló que México vive una economía de guerra impuesta, en la que “se nos despoja de nuestros derechos y se fortalece un esquema represivo”. Subrayó que esta economía no permite ni provee seguridad ni justicia y sólo deja las grandes ganancias de la guerra para los grupos del poder. “Miles y miles de víctimas, millones y millones de pesos tirados a la basura en el combate a una delincuencia que el propio Estado organizó”, acentuó.

La destrucción de las vidas en las cárceles

El Reporte final del Informe Prison Insider 2015, presentado por el presidente de Limeddh, una radiografía sobre las cárceles mexicanas, destaca que hasta el 2015 el número de personas detenidas había ascendido a 260 mil, de las cuales 117 mil eran preventivos y 143 mil condenados. De esa población resguardada en un total de 423 centros penitenciarios, 12 mil 300 son mujeres y 3761 son menores de edad.

De 2010 a 2013, hubo un total de 568 fallecimientos dentro de los penales, 507 se debieron a homicidios dolosos, y 58 suicidios. En este sentido, Ramírez López comentó que “existe gran hermetismo de las autoridades penitenciarias para dar a conocer las estadísticas, sólo se conocen casos de muertes en motines o aquellos muy relevantes”.

Mencionó el caso de David Orozco Hernández, vendedor de ropa en un tianguis, quien fue recluido después de ser torturado e incriminado por secuestro en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic, Nayarit, después de que en mayo de 2009, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), dirigida entonces por Genaro García Luna, presentara un video a los medios en el que David se inculpaba de secuestro e incriminaba a la francesa Florence Cassez.

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David Orozco, torturado en caso Cassez-Vallarta

Ramírez López señaló que David Orozco “fue sentenciado a 60 años de cárcel, sin embargo, murió el 5 de enero del 2015, estando preso, a causa de secuelas dejadas por la tortura infligida. Y aún ya desahuciado no permitieron que muriera fuera de prisión”.

Otro de los dramáticos casos es el de Brenda Quevedo Cruz, quien fue acusada y encarcelada por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, inventado por su madre Isabel Miranda Torres, el 11 de julio de 2005. Miranda acusó a Brenda y a otros cinco jóvenes con enormes mamparas en la vía pública, violando la presunción de inocencia y utilizando sus influencias políticas mandó torturar a todos los inculpados dentro de las cárceles. Brenda fue torturada dentro de dos penales, en el penal de Santiaguito, y en el de Islas Marías, a donde fue llevada ilegalmente porque ella aún no ha sido sentenciada. Su proceso sigue abierto y lleva ocho años en prisión.

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Brenda Quevedo Cruz, torturada en caso Wallace

El activista Adrián Ramírez también ha tomado el caso de Brenda Quevedo para su defensa y ha sido contundente en el diagnóstico de México en materia de derechos humanos: “Vivimos la peor crisis de derechos humanos en la historia de nuestro país, y desde 2006 a la fecha con motivo de la declarada guerra contra la delincuencia organizada, el número de ejecuciones extrajudiciales ronda los 200 mil”, concluyó en el reporte que “la gran mayoría de estos casos son atribuidos a la impunidad con la que actúan los grupos paramilitares, las fuerzas armadas y policiales, a nivel federal, estatal y municipal, y no existen datos estadísticos confiables”.

Entre las organizaciones que integran la Coordinadora en contra de la tortura y la prisión política se encuentra la Alianza por la Justicia Global de los EE.UU, Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, Fundación Lazos de Dignidad de Colombia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de la Escuela de las Américas.

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Crímenes de lesa humanidad en México y su impunidad

Nadie pude negar que en México se cometen atrocidades. En muchas ocasiones con la autorización, apoyo, aquiescencia o complicidad de funcionarios públicos. Así lo muestra el informe de la organización internacional Open Society Justice Iniciative: Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, que como su nombre lo indica, aborda la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país tanto por funcionarios de los distintos niveles de gobierno como por organizaciones criminales.

Reconocer que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad implica asumir que los casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales (asesinato por servidores públicos en ejercicio indebido de sus funciones o por motivo de estos), que se han cometido en el contexto de la política vigente de seguridad no son casos aislados. Por el contrario, se trata de una acumulación no accidental de actos que se repiten con metodologías similares y por autoridades similares con recursos públicos.

Además de presentar patrones similares en su ejecución, gozan del respaldo de instituciones al negar los hechos, modificar las escenas de los crímenes, así como por la omisión en la investigación de los delitos.

Informe Atrocidades Innegables de Open Society Foundations

¿Quién en su sano juicio puede decir que más de 4,000 denuncias por tortura ante la Procuraduría General de la República entre 2007 y 2014 son aislados? 79 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por casos de tortura en el mismo periodo donde en 44 señala a la Secretaría de Defensa Nacional como responsable, 16 a la Secretaría de Marina, 14 a la Secretaría de Seguridad Pública y 6 a PGR no pueden ser aislados.

¿Quién puede decir que más de 70 mil asesinatos y que 60 recomendaciones que involucran a 161 víctimas de ejecuciones extrajudiciales son casos aislados? ¿Quién puede decir que 28 mil desapariciones y 11 recomendaciones que implican a 54 víctimas son casos aislados?

La definición más simple de aislado es que es único, es excepcional, que se presenta o se produce separado en el tiempo y el espacio. El informe prueba que los casos documentados por las organizaciones, mecanismos internacionales de derechos humanos y la propia CNDH no pueden ser considerados como casos asilados, sino como actos que forman parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil, sean integrantes de la delincuencia organizada a quien prefieren matar que poner a disposición de autoridades, o a quienes torturan para obtener información o castigarlos extrajudicialmente; personas a quienes atribuyen dolosamente a la delincuencia organizada o ‘falsos positivos’, así como personas que fueron víctimas del uso ilegítimo o imprudencial de la fuerza, a quienes se les ha llamado ‘daños colaterales’.

Para calificar esa acumulación de actos como crímenes de lesa humanidad se debe probar, y el informe lo hace, que los mismos forman parte de una política o plan del Estado. En el caso mexicano, la política de combate a la delincuencia organizada promueve el uso de medios legítimos, así como ilegítimos o ilegales. Movilizando recursos públicos, incluido un gran despliegue militar para implementar la política de seguridad, omitir legislar en el uso de la fuerza letal, así como no investigar los abusos cometidos por militares, y en general la ausencia de consecuencias de cualquier tipo. A ello se debe agregar la retórica de funcionarios de gobierno de negar, o minimizar las atrocidades, culpar a las víctimas o criticar a los mensajeros.

Este informe debe despertar la obligación de las autoridades mexicanas no sólo de atender a las víctimas de manera distinta, sino de tomar en cuenta las consecuencias legales que implica el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son delitos que no prescriben, son delitos que no son amnistiables, delitos que no pueden estar sujetos a las inmunidades parlamentarias o de cualquier otro tipo, y se juzgan no sólo a los autores materiales, sino y sobre todo a los responsables superiores jerárquicos.

No se pueden atacar los problemas de impunidad de los delitos cometidos a gran escala como los que se han cometido en México y en los que están involucrados altos funcionarios del Estado, si no se reconoce la gravedad de la situación.

Atrocidades innegables abre nuevamente la puerta a la discusión sobre las atrocidades que se han cometido en México desde 2006, mirándolas ahora desde una perspectiva del derecho penal internacional. Las ordenes de la actual política de seguridad fueron combatir y abatir delincuentes; combatir el crimen organizado por cualquier medio, y a cualquier costo. Hoy, los cientos de miles de casos de desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales son los costos.

Conoce el informe completo aquí.

@CMDPDH

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Luis María Aguillar vs Isabel Miranda de Wallace

Arbitrariedad oficial, “la forma más ruin de la corrupción”: presidente de la SCJN

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuando faltan cuatro días para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, con todo y rezagos legislativos, de infraestructura y capacitación en todo el país,  representantes de los tres poderes se reunieron para declarar concluida la puesta en marcha de la reforma que decretó el paso de un sistema inquisitorial a uno acusatorio y oral.

El nuevo sistema ya opera al cien por ciento en todo el país, declaró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en un encuentro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que también participaron los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.

“Los mexicanos hemos dado un primer paso hacia una nueva forma de procurar y administrar la justicia”, dijo Osorio Chong, responsable en el Poder ejecutivo federal de la puesta en marcha de la reforma aprobada en 2008 y que dio ocho años para que el sistema funcionara en todo el país.

Osorio acudió a la SCJN en la puesta en marcha de cinco Centros de Justicia Penal Federal por parte del presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar, quien continuó con su advertencia de que las violaciones al debido proceso por parte de la policía y de los ministerios públicos seguirán dando lugar a liberaciones que después son criticadas.

Como en otros actos relativos a la entrada en vigor del nuevo sistema, la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, tuvo poco que decir. Se limitó a dar algunas cifras, sin precisar qué hizo la PGR en el largo periodo que estableció el Legislativo.

“Tenemos 10 sentencias condenatorias de 12 juicios orales a nivel federal. Además, 718 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados”, dijo.

Según la procuradora, “hoy la prisión preventiva es la excepción, no la regla. Más de mil medidas cautelares han sido determinadas, evitando que igual número de personas vayan a prisión”.

El ministro presidente de la Corte, dijo que en el caso de la justicia federal el nuevo sistema ya se puso en marcha a través de Centros de Justicia Penal Federal en todo el país. Este día puso en marcha los que faltaban en Baja California, Jalisco, Guerrero, Tamaulipas y en las Islas Marías.

Ante las críticas de organizaciones como Alto al Secuestro, de Isabel Miranda, y de medios de comunicación, Luis María Aguilar dijo: “los derechos de las personas no se negocian ni se someten al criterio publicitario”.

En respuesta a las liberaciones decretadas por la propia SCJN y de jueces por violaciones al debido proceso, aseguró que esos derechos “no son requisitos ni obstáculos para la justicia; son, por el contrario, la única garantía que tenemos de ser juzgados por leyes en tribunales y conforme al debido proceso legal, sólo así podrá haber seguridad jurídica y se evitará el linchamiento público.

Insistió: O los derechos y el debido proceso son absolutamente para todos, o simularemos ello siempre que nos convenga”. Pero tampoco, precisó, la justicia tiene que ser “solapadora” de quienes dañan y agravian a la sociedad.

Como lo ha hecho en sus recientes apariciones públicas, el ministro presidente salió en defensa de los fallos de los jueces federales y a reiterar que 78 funcionarios de la justicia federal, entre ellos jueces, han sido sancionados por abuso o corrupción.

Sólo saldremos de la oscuridad de la ignorancia, de la miseria y la corrupción si hacemos valer nuestros derechos y aceptamos nuestras obligaciones; si actuamos, no conforme a lo que cada quien cree que es la justicia propia, sino de acuerdo con la ley y la Constitución… sin tolerar la arbitrariedad de la autoridad, de ninguna, que es la forma más ruin de la corrupción”.

En alusión al recurso de los testigos protegidos, muy utilizado en años recientes en México, dijo: “Nadie es culpable hasta que existe una sentencia firme, y siempre y cuando se haya seguido puntalmente el debido proceso legal, sin el cual las personas, cualquiera de nosotros, correrá el riesgo de ser declarado culpable sin  haber sido realmente juzgado por sus actos sino por apariencias, por decires de terceros”.

El próximo sábado 18 de junio, el nuevo sistema de justicia empezará a funcionar en las 32 entidades del país, a pesar de que el Congreso aún tiene pendiente la aprobación de la Ley nacional de ejecución de sentencia penal, la Ley de justicia para adolescentes y las modificaciones a la Ley federal contra la Delincuencia Organizada. (Proceso 2067).

En el acto realizado en la sede SCJN también estuvieron el presidente del Senado, Roberto Gil, y el de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano.

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Miranda de Wallace se ridiculiza a nivel internacional

Miranda de Wallace envió – via Twitter – un comunicado a varios medios europeos para denunciar la liberación de secuestradores en México. El comunicado fue enviado en francés y en inglés.

Después de haber leído estos comunicados, le sugerimos a Miranda de Wallace contratar los servicios de un traductor y dejar de utilizar Google Translate. Alto al Secuestro recibe recursos millonarios, ¿qué tanto cuestan los servicios de un profesional ? ¿Menos de 600 pesos por dos páginas ? ¡No sea coda señora ! ¿Será que está ahorrando para un buen abogado ?

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traducción literal al español :

Impunidad al secuestros. algunos salido gracias al poder judicial, otros se escapan de cárceles: Isabel Miranda de Wallace.

Entre la ausencia de estrategia, la falta de confianza en las autoridades, la ineficacía y la incompetencia del sistema de justicia, liberaciones gracias a la potencia judicial y escapa de cárceles, el mensaje que el gobierno envía a los secuestradores y de los criminales es él de la impunidad, que es que de nuestros días todo el mundo puede secuestrar o de matar y de tener un ancho margen para escapar a la justicia y dejar el crimen impune.

Con una gran indignación, vemos que Agustin Miranda Orozco y Roberto Sanchez Ramirez, los dos condenados por secuestros y considerados como muy peligrosos, se escaparon de la « alta seguridad » Unidad de diamante al interior del centro Macho de Readaptación Social Santa Martha Acatitlán el lunes 30 mayo a la tarde por un barrera en el dominio de los tribunales de la cárcel del Oeste, en donde fueron agarrados a una audiencia.

Roberto Sanchez Ramirez pertenece a una de las familias los mas crueles et inhumanos de los secuestradores, mutilando sus víctimas, ellos han participado, entre otros, en el secuestro de un fabricante de textil, a quién le mutilaron el dedo meñique y al secuestro del dueño de una galería, ellos serán muy probablemente continuar a hacer eso porque no conocen otro tipo de vida.

En el mismo tiempo, Roberto Sanchez está relacionado con otros secuestradores mayores, tales como Mauricio y José Luis Pac Diaz, quién accused (es inglés) algunos años anteriores del secuestro del empresario Julian de Nicolas Gutierrez (HOMEX), y Roberto Turner, quién es ligada a los robos y homicidios.

El caso de Roberto Sanchez: fue reenviado por el PGR por secuestro, pero de México’s (en inglés) undécima Corte de Distrito, viviendo en Naucalpan de Juarez (de competencia federal), negó la orden de arresto por el crimen organizado y rechazó la competencia en favor de los la Corte de control de primera instancia del distrito judicial de Cuautitlán, Estado de México (en español), (jurisdicción común).

El tercer tribunal colegial en materia penal del segundo circuito resuelto el conflicto de competencia en favor del tribunal de distrito; pero eso fue una práctica recurrente de los jueces federales, lo que retrasa las investigaciones y afecta las víctimas de actos criminales.

Es importante subrayar que Roberto Sanchez fue transferido en una cárcel federal, por sus escpaes (?) anteriores, pero a través de los breves de amparo logró regresar en las cárceles del Estado.

Por otra parte, es importante subrayar que la Unidad de diamante del Centro Macho de readaptación social Santa Martha Acatitla, es la cárcel con el número mas importante de practicantes dedicados a la organización y a la negociación de secuestro al interior de la cárcel.

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Cuatro siglos y medio de cárcel a supuesto secuestrador de Fernando Martí… y sin pruebas

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Pablo Solórzano Castro fue condenado a casi medio milenio de cárcel. ¿El cargo? Supuestamente participó en el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí. ¿El problema? Los agentes que lo detuvieron fueron los mismos que lo habían extorsionado dos años atrás, la sentencia se basó en el dicho de un solo testigo protegido –el mismo que “fabricó” culpables en otros 80 casos–, el inculpado fue torturado, el juez aceptó pruebas inválidas de origen y no se aceptaron evidencias de descargo… Así “se impartió la ley” en un caso que toca dos sexenios.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Testis unus, testis nullus”, estableció hace siglos el derecho romano. Un testigo único es un testigo inválido. Sobre todo si no hay un solo elemento adicional de prueba que corrobore una acusación, que la convierta en categórica y convincente; y también si no existe otra imputación formal de alguien más contra el mismo acusado.

Pablo Solórzano Castro fue detenido el 12 de mayo de 2012 por los mismos agentes federales que en octubre de 2010 intentaron extorsionarlo exigiéndole medio millón de pesos con tal de no involucrarlo en uno de los casos más dramáticos del país, el del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí Haik.

El camino escogido para hacer encajar a Pablo en el esquema de la llamada Banda de la Flor y en la de Los Petriciolet fue tan sencillo como perverso: bastó conseguir una foto suya, en blanco y negro, en la Plataforma México y llevársela a uno de los testigos acusadores más prolíficos engendrados por García Luna Productions, un igualmente acusado por el caso Martí, Noé Robles Hernández, apodado El Chimuelo. Esto ocurría el 11 de diciembre de 2010, dentro del penal de entonces alta seguridad del Altiplano.

Para entonces, Noé había rendido 12 declaraciones ministeriales, en ninguna de las cuales había mencionado jamás siquiera el nombre de Pablo Solórzano Castro (rendidas ante la autoridad en julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2009; marzo, abril y septiembre de 2010).

Pero a partir de entonces Noé fantaseó, como lo hizo en unos 80 casos en los que intervino como testigo acusador protegido por el gobierno. Dijo que a Pablo le apodaban El Gallo e hizo un retrato hablado que para nada correspondía al de la foto que inútilmente trataron policías y un agente del ministerio público federales que memorizara.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2066, ya en circulación

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Otro descaro de la señora Wallace y del gobierno

La foto es del 2010, cuando le dieron el Premio Nacional de Derechos Humanos. Nada mas falta que le den el Aguila de oro por defender a la patria contra el GIEI, la CNDH, la CIDH y la ONU.

Ha de ser por si se pierde, para que la regresen a su casa.

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Piden a Peña garantías para Mariclaire Acosta

Tan descarada es Miranda de Wallace, que hasta ataca – a ladridos –  a las Naciones Unidas. 

El Diario de Coahuila

31 de mayo 2016

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- En respuesta a la campaña de desprestigio emprendida contra la representante de Freedom House, Mariclaire Acosta, funcionarios de Naciones Unidas exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto garantías de seguridad para la defensora, quien forma parte de un órgano consultativo de derechos humanos nombrado por el secretario general Ban Ki-Moon.

En un comunicado fechado en Ginebra, Lin Lim, presidenta de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos, a la que pertenece Acosta Urquidi, manifestó su alarma por la “serie de ataques verbales y amenazas” contra quien fuera subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los primeros tres años de gobierno de Vicente Fox.

Lim resaltó que los ataques contra Acosta Urquidi se registran en medio de “una campaña más amplia contra los defensores de derechos humanos en México desde la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014”.

En marzo pasado el nombre de Mariclaire Acosta fue mencionado por la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, como integrante de la red  de defensores entre los que se encontraban el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza; el relator contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez,  y el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara,  quienes –según Miranda“facilitan resoluciones por violaciones a derechos humanos y tortura, a fin de liberar a presuntos secuestradores y delincuentes y luego tramitar indemnizaciones”.

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