Protesta contra la tortura ante las oficinas de la PGR el 26 de junio del 2015

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Artículo de la Jornada

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PGR esconde pruebas de que Hugo Wallace está vivo

Entrevista con Luis Moya a finales de 2006 – principios de 2007.

Investigación científica de la tortura

Investigación científica de la tortura

“Aunque no lo veas la tortura existe”

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El 22 Junio 2015

14:00 a 16:00 horas

Instituto politécnico Nacional

Escuela Superior de Medicina

Auditorio de graduados

Ponentes:

Magdalena Rosa María Gutiérrez Escudero

María Isabel Mazo Duarte

Adrián Ramírez López

Categorías:Derechos humanos Tags:

La tortura de Hectór Casique: 2 años de prisión, 30 horas de dolor

Reportaje del programa Los Reporteros (Televisa)

Fecha: 17 de junio del 2015

ONG canadiense a favor de María Elena Ontiveros en caso Martí

Como siempre: Isabel Miranda de Wallace a favor de la liberación de la Lore (Lorena González Hernández) y nosotros al opuesto, a favor de la liberación de la mujer torturada a quien la ex AFI puso el apodo de la Güera: María Elena Ontiveros..No queremos opinar ni opinaremos sobre la posible inocencia de Lorena González Hernández, no es lo nuestro. Solo que entre una mujer detenida por Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (la Lore) y otra detenida por la Agencia Federal de Investigación, sabemos muy bien cuál de esas dos instituciones fue la más corrupta y en cuál de las dos encontramos más delincuentes y bandas de secuestradores.

MXporFC

Twitter Wallace sobre Lore

Comunicado publicado en el sitio de ACDV Editorial

Fecha: 5 de junio de 2015

Montreal, Canadá, El 05 de Junio de 2015

REF ACDV/MX/CASO/MARTI/05062015

COMUNICADO

Sra. Atziri Ávila Coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México Santo Tomas 209, Col. Xochimilco C.P. 68040 Oaxaca, México.

En calidad de presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, reciba un cordial saludo desde la ciudad de Montréal.

La presente es para dar seguimiento a su carta pública en fecha del 27 de mayo de 2015 dirigida al Lic.Jesús Ubando López, Juez Trigésimo Segundo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que las organizaciones integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se pronuncian a favor de la liberación de la Sra. Lorena González Hernández quien desde el 5 de septiembre de 2008, se encuentra detenida y privada de su libertad en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, acusada de participar en el secuestro y homicidio del menor Fernando Martí Haik, hijo del reconocido empresario Alejandro Martí.

Si bien es cierto que felicitamos su acción a favor de la Sra. Lorena González Hernández, de quién la Red Nacional alega violaciones a sus derechos fundamentales y la presunta fabricación del delito que se le imputa por parte de Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, queremos mencionar un punto sobre el cual queremos manifestar nuestro profundo desacuerdo con la estrategia de defensa que decidieron implementar.

Refiere en su carta abierta lo siguiente: “Es de nuestro conocimiento también que a nivel federal se encuentra procesada, acusada y confesa María Elena Ontiveros Mendoza, como la persona que realmente participó en el secuestro del niño Fernando Martí Haik, así como que tal aceptación de responsabilidad la sostuvo ante el propio órgano de investigación local, el cual pretende sostener la duplicada acusación, porque tanto Lorena González Hernández como María Elena Ontiveros Mendoza están siendo juzgadas por hacer exactamente lo mismo y como si fueran una sola persona; sin embargo, contrario a la situación de Lorena, existen medios de prueba que acreditan la responsabilidad penal de María Elena Ontiveros Mendoza.”

Afirman que María Elena Ontiveros Mendoza, a quién la policía federal puso el apodo de la Güera, es la persona que realmente participo en el secuestro del hijo de Alejandro Martí. Si es cierto que es de su conocimiento que María Elena Ontiveros se encuentra procesada por el mismo delito, debería ser de su conocimiento también que la mujer a la que se refiere fue torturada vilmente por los agentes de la policía federal bajo los órdenes de Luis Cárdenas Palomino. Que la sesión de tortura fue seguida por su exhibición ante los medios de comunicación por parte de la misma “autoridad investigadora”. Que se puede apreciar en los videos de la presentación de María Elena Ontiveros que ésta apenas puede caminar cuando le exigen que avance para enfrentar las cámaras de televisión en una sesión de exhibición que viola de manera grosera la sagrada presunción de inocencia a la que usted se refiere en su misiva, y por lo tanto una manera característica de las prácticas de montajes mediáticos de la policía federal cuando su titular fue Genaro García Luna.

Nota: La ACDV tiene copia del video que difundió la Secretaria de Seguridad Publica cuando presentaron a María Elena Ontiveros ante los medios de comunicación después de haberla torturada. Este video fue borrado de youtube. En la brevedad, lo volveremos a difundir.

 

Por ese motivo, su estrategia de tratar de defender la inocencia y la honra de la Sra. Lorena González Hernández mediante la acusación directa hacia María Elena Ontiveros les hace participar en la violación a los derechos humanos que pretenden defender y promover. Organizaciones que abogan por los derechos humanos no deberían hablar de supuestas confesiones por parte de una persona procesada como lo es María Elena Ontiveros, cuando a todas luces dichas declaraciones fueron obtenidas bajo tortura y sirvieron para que la policía federal bajo el mando de Luis Cárdenas Palomino siga fabricando culpables. Tampoco el hecho de pedir la liberación de la Sra. Lorena González Hernández no les autoriza a pronunciarse sobre la presunta culpabilidad de María Elena Ontiveros. Los archivos que nuestra asociación tiene sobre el caso de María Elena Ontiveros van en el sentido de su inocencia, por lo cual le pedimos respetuosamente que su trabajo a favor de la Sra. González Hernández ya no se haga perjudicando a la persona que nosotros defendemos.

No nos pertenece emitir cualquier opinión sobre la culpabilidad o la inocencia de la Sra. Lorena González Hernández. Sin embargo, espero que los integrantes de su Red tengan la misma propensión a investigar sobre el caso de las víctimas del caso Wallace, en primer lugar Brenda Quevedo Cruz y Juana Hilda Lomelí, sobre quienes a nuestro conocimiento no se han pronunciado hasta la fecha, y que el hecho que el autor de la biografía ficticia de Isabel Miranda Wallace, el Sr. Martin Moreno, sea uno de los defensores más activos de Lorena González Hernández no impida que sus organizaciones sigan haciendo su trabajo de defensa de los derechos humanos de las personas vulneradas, inocentes, injustamente encarceladas y cuya culpabilidad fue fabricada. En ese tenor, espero que no les queda desapercibido que las personas acusadas por Isabel Miranda de Wallace son a todas luces no solamente inocentes, sino víctimas de un secuestro inventado. De ser así, nuestra Asociación estará en la mejor disposición para trabajar conjuntamente con ustedes y tomara conocimiento extenso del caso de la Sra. Lorena González Hernández para contribuir a la difusión de su trabajo, en caso de que compartamos sus conclusiones. Atentamente,

DAVID BERTET

Presidente del Consejo de Administración

Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad

www.ac-dv.org

La SIEDO de Medina Mora y Marisela: más de 50 casos fabricados

Artículo publicado el 28 de mayo del 2015

Por Arturo Angel

Publicado en Animal Politico  Marisela Morales

Desde testigos falsos hasta fabricación de pruebas, el común denominador en esas acusaciones. En 2013 un juez pidió investigar a los fiscales por la operación de estos casos.

Por violaciones a los derechos humanos y fabricación de pruebas un juez liberó esta semana cuatro personas acusadas de haber perpetrado los atentados con granadas en el zócalo Morelia en septiembre del 2008. El caso, fue responsabilidad de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR. Pero esta exoneración, no es la primera que se presenta.

De hecho, con este último caso suman ya más de medio centenar de detenidos que a la postre fueron liberados tan solo en relación con tres averiguaciones previas emblemáticas integradas entre los años 2008 y 2009: la “Operación Limpieza”, el llamado “Michoacanazo”, y los referidos atentados.

Fueron en esos dos años donde la PGR estuvo encabezada por el actual Ministro de la Corte Eduardo Medina Mora, mientras que la oficina de la SIEDO era responsabilidad de la hoy cónsul en Milán Marisela Morales.

El común denominador de todas esas acusaciones fueron confesiones ministeriales hechas sin sustento, mentiras premeditadas de testigos protegidos, así como fabricación de evidencia. Algunos de los acusados pasaron solo meses en prisión pero otros estuvieron años antes de que las irregularidades fueran comprobadas.

Cabe señalar que hasta el día de hoy, y pese a la gravedad de algunos de los abusos señalados por los jueces, no hay un solo funcionario de la SIEDO o de la PGR que haya sido detenido o procesado por haber llevado a posibles inocentes a prisión.

La sucia “Operación Limpieza”

En su momento pareció el golpe más espectacular en décadas en contra de la corrupción y la infiltración del crimen organizado. Catorce funcionarios altos y medios de distintas dependencias, puestos al descubierto por colaborar con el crimen organizado y en específico con la organización criminal de los Beltrán Leyva.

A través de un spot de televisión se acusaba a ex funcionarios de “ser traidores infiltrados en las fuerzas del orden”. En la foto aparecían los rostros de algunos de los detenidos, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador de la SIEDO o el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Javier Herrera Valles.

“Vamos a limpiar a la PGR y castigaremos con todo rigor y sin contemplación alguna a los que traicionan a las instituciones” dijo en octubre del 2008 Medina Mora, en una conferencia donde apareció junto a Morales para anunciar los primeros resultados de la “Operación Limpieza”.

Cuatro años tuvieron que pasar para que la verdadera naturaleza de los casos quedara al descubierto. La mayoría de los expedientes en su momento consignados por la PGR, estaban sustentados en testimonios falsos, en declaraciones fabricadas de testigos protegidos, sin ningún otro sustento.

Por ejemplo, en el caso de Ramírez Mandujano, liberado el 14 de abril de 2013, el juez federal Mauricio Fernández de la Mora determinó que prácticamente toda la averiguación estaba sustentada en los dichos del testigo colaborador “Jennifer” mintió en los señalamientos peor fue más allá.

“En particular, en la diligencia de careo entre el acusado Noé Ramírez Mandujano, con el testigo colaborador con nombre clave ‘Jennifer’, se advirtió una posible fabricación de pruebas, motivo por el cual se dio vista al Procurador General de la República, para que conforme a sus atribuciones procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía que recabó dichos testimonios” señaló el juez en su sentencia.

De las investigaciones en contra de funcionarios no se supo nada, pero el hecho es de que para 2013, catorce capturados en la Operación Limpieza ya habían quedado en libertad bajo las mismas circunstancias.

Entre los funcionarios que fueron detenidos y luego liberados, además de Mandujano, estuvo Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal; Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México, y el ex coordinador de seguridad pública Javier Herrera Valles.

El fiasco del michoacanazo

El 26 de mayo del 2009 elementos del Ejército y la Policía Federal cumplimentaron órdenes de presentación en contra de 35 funcionarios públicos del estado de Michoacán, entre ellos 12 presidentes municipales, por presuntos nexos con la organización delictiva de “La Familia Michoacana”.

La SIEDO no tenía pruebas iniciales para encarcelar a todos los involucrados pero utilizó la figura del arraigo para impedir que quedaran en libertad mientras “reunía pruebas en su contra”.

Finalmente la dependencia se apoyó en los dichos de varios testigos protegidos, entre ellos “Zajed” o “Paco” para acusar a los políticos de colaborar con el crimen.

“Estas personas protegían y filtraban información que favorecía el desarrollo de las actividades de ese grupo criminal (…) las investigaciones permitieron demostrar que los ahora inculpados aprovechando su calidad de servidores públicos y abusando de su función, realizaban acciones que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico del cártel de La Familia” dijo en ese entonces el procurador Medina Mora.

Pero 18 meses después de haber sido encarcelados, jueces federales liberaron prácticamente a todas las personas que fueron detenidas bajo el argumento de que no existían pruebas más allá de dichos, que dieran sustento a las acusaci0ones.

En meses posteriores se descubrió que algunos de los testigos protegidos usados por la SIEDO como “Paco”, en realidad utilizaron una identidad falsa e incluso los documentos que acreditan su posible identidad también están falsificados. Una situación que en realidad se repitió con otros testigos que la PGR utilizó en diversas acusaciones como “Jennifer” o “Libre”.

Recientemente, previo a su designación como ministro de la Corte, Medina Mora defendió las investigaciones que en su momento llevaron a la cárcel a los funcionarios y alcaldes en el llamado “Michoacanazo” El ex procurador sostuvo que el Ministerio Público tenía pruebas para acusar y que fue un juez, que hoy en día está bajo investigación, quien opinó distinto.

Granadas… y tortura

El último fiasco. Esta semana un juez federal exoneró a las cuatro personas que la SIEDO consignó en el 2008 acusados de haber sido responsables de la detonación de granadas en el zócalo de Morelia durante los festejos patrios del 15 de septiembre.

El motivo fue similar al de varios de los liberados de la Operación Limpieza: testimonios que no se verificaron, pruebas dudosas o de plano fabricadas, más el agregado de prácticas de hechos de tortura en contra de los detenidos.

“Quedó plenamente demostrado (…) que fueron sometidos a actos de tortura previos a que fueran localizados y presentados ante la entonces SIEDO, donde en lugar de respetar sus  derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura” dice la sentencia.

Aunado a lo anterior los detenidos fueron exhibidos en un video promocional (como ocurrió con otros casos entre ellos la Operación Limpieza), no se respetó su principio de inocencia, su declaración se hizo sin abogados, y hasta se alteraron las firmas de las confesiones lo que confirma la fabricación de la evidencia.

Cabe recordar que desde noviembre del 2008 los familiares de los detenidos denunciaron que ellos nunca estuvieron en el lugar de los hechos sino que fueron “levantados” por civiles armados en Lázaro Cárdenas, situación que fue ratificada esta semana por la sentencia del juez.

Pero el entonces procurador Medina Mora defendió que el caso era contundente y que los testimonios, que hoy se sabe se obtuvieron mediante tortura, lo avalaban. Incluso, dijo que las declaraciones se hicieron con el defensor presente.

“Sí hay registro de estas personas en la plaza Melchor Ocampo (Morelia) en momentos previos a los hechos y esto está considerado como un elemento importante que ratifica la declaración. (su declaración) fue realizada con plenos derechos, con la asistencia del Defensor de Oficio, en donde ellos admiten los hechos” declaró el hoy Ministro de la Corte.

Huegla de hambre de Nestora Salgado: 13 días sin comer

Artículo publicado el 18 de mayo del 2015

El Sur / Sin Embargo

Salgado García fue detenida por militares el 21 de agosto de 2013, y acusada de presunto secuestro y delincuencia organizada. Foto: Especial

Salgado García fue detenida por militares el 21 de agosto de 2013, y acusada de presunto secuestro y delincuencia organizada. Foto: Especial

Zaira Rodríguez, hija de la ex coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, denunció que la activista ha sido torturada pues, desde que inició la huelga de hambre hace 13 días, es llevada al comedor del Centro de Readaptación de Jurisdicción Federal de Nayarit durante la hora de la comida.

Ayer la joven la visitó al penal y se percató del estado de salud de su madre. “Está ojerosa, con las mejillas hundidas, camina lento y en ocasiones pierde el hilo de la conversación”, denunció.

En el mismo sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que ”existen elementos suficientes que acreditan violaciones a los derechos humanos de la señora Salgado García, sobre sus condiciones de internamiento”.

La hija de Nestora Salgado informó a El Sur que acudió al penal con su hermana Ruby. “Noté que no podía sostener bien un vaso de agua, al servir le temblaba la mano, caminó muy lento, se le cae el cabello, tiene mucha caspa por la desnutrición y se sentía mareada”, describió.

Denunció, además de la tortura, que la directora del penal falsificó un reporte médico. Contó que Nestora Salgado le confió que en la visita de la CNDH le preguntaron cómo le había ido en su cita con el doctor. Ella respondió que no había visto al médico. Sin embargo, la Comisión vio una hoja médica que afirmaba que estaba muy bien.

Después le hicieron la valoración, pero aseguró que el doctor no le tomó el pulso ni la presión.

Su hija recordó que cuando le contó que Gonzalo Molina González, promotor de la Policía Comunitaria de Olinalá, inició una huelga de hambre para apoyarla, se preocupó más por su compañero que por ella.

Por su parte, el vocero del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suastegui, manifestó su solidaridad mediante una carta desde el reclusorio de La Unión.

Zaira aseguró que Nestora sigue firme pese a que sus hermanas le pidieron reconsiderar la huelga de hambre. “Respondió que la dejáramos, porque si la quieren muerta, ya será bajo el cuidado de ellos [de las autoridades], por su desatención”, concluyó.

Salgado García fue detenida por militares el 21 de agosto de 2013 y acusada de presunto secuestro y delincuencia organizada. Junto con ella fueron detenidos 30 policías comunitarios. El mismo día de su detención, fue enviada al centro de Tepic y tan sólo seis días después se le dictó auto de formal prisión.

En febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a México la adopción de una medida cautelar que garantice la atención médica a la activista presa. Posteriormente, este mes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió que se respete su integridad y su derecho a la salud.

El domingo, de acuerdo con el diario El Sur, el Gobernador Rogelio Ortega Camargo afirmó que su esposa Rosa Icela Ojeda Rivera también fue a visitarla para informarle que se está trabajando para agilizar su proceso.

“[Fue] para expresarle nuestra solidaridad, para decirle que estamos gestionando y trabajando para que también la ruta jurídica de su proceso se agilice y podamos tenerla en libertad”, dijo.

El mandatario guerrerense declaró que ojalá la prolongación de la protesta “no afecte su salud”.

TRASLADARÁN A NESTORA AL DF

 Reunión entre autoridades y las hijas de Nestora Salgado. Foto: Twitter.


Reunión entre autoridades y las hijas de Nestora Salgado. Foto: Twitter.

Hoy se llevó a cabo un encuentro entre el Gobernador Rogelio Ortega Martínez, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, las hijas de Nestora Salgado, de funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Durante la reunión se acordó que Salgado sea trasladada a una prisión del fueron común en la Ciudad de México, en atención a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó el gobierno de Guerrero por medio de un comunicado.

Sin embargo, no se dieron datos sobre la fecha del traslado ni tampoco el lugar específico donde estará la ex coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero.

Por su parte, la CNDH solicitó a Campa Cifrián, y al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández Mora, ambos de la Secretaría de Gobernación, que se proporcione atención médica a Nestora, así como que se permita a la interna la comunicación con su familia que radica en los Estados Unidos.

La CNDH dijo que tras los análisis de los antecedentes y evidencias que se allegó durante la investigación que hizo el organismo independiente, se determinó que “existen elementos suficientes que acreditan violaciones a los derechos humanos de la señora Salgado García, sobre sus condiciones de internamiento”.

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