Respuesta de Miranda de Wallace a Enriqueta Cruz, por su carta a su hija Brenda, torturada en #FalsoCasoWallace

Recibimos en este mismo blog un comentario en respuesta a la carta de Enriqueta Cruz Gomez, a su hija Brenda Quevedo Cruz.

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Tal parece ser que este comentario fue escrito por la propia Isabel Miranda de Wallace. Los familiares de las víctimas de Miranda de Wallace reconocieron el vocabulario y el estilo de la presidenta de Alto al Secuestro.

Se reconoce el estilo de la sra Wallace porque siempre proyecta en los demas lo que ella hace. Cuando habla de Brenda o de Enriqueta Cruz, habla de ella misma.

“debería pedir perdón a Dios”, “sigue prostituyendose”, “a sus víctimas las privaron de la vida”, “tu subconsciente te traiciona”, “deberias dejar de ser una alcahuate y esconderte por la hija que tienes”.

La proyección psicológica es un mecanismo de defensa mental mediante el cual una persona atribuye a otros, sentimientos, pensamientos o impulsos propios que niega o le resultan inaceptables para sí. Este mecanismo se pone en marcha en situaciones de conflicto emocional o cuando nos sentimos amenazados interna o externamente. https://habilidademocional.com/2012/03/19/la-proyeccion-psicologica/

Entonces Miranda de Wallace se siente bien amenazada porque la que debería pedir perdón a Dios por lo que hizó es ella misma, la que se prostituye (regalando pasteles y comprando favores) es ella, la que privó a sus víctimas de la vida enviandoles a prisión es ella, la que debería dejar  de ser una alcahuete (persona que sirve para encubrir lo que se quiere ocultar) y esconderse por su pasado de reclusa y por el hijo que tiene y porque se le descubrió todo su show, también es ella“.

comentariob.pngEn esta segunda captura de pantalla se puede apreciar el IP de la computadora de la sra Wallace.

 

 

 

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Carta de Enriqueta Cruz Gómez a su hija Brenda Quevedo Cruz 

Enriqueta Cruz es madre de Brenda Quevedo Cruz, inculpada y torturada en el Falso Caso Wallace

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Ciudad de Mexico, a 12 de julio de 2019.

Querida hija:

A catorce años en que iniciara esta pesadilla, en el que una mente enferma y malsana tuvo la gran idea de inventar el secuestro de su hijo, involucrando en ello gente inocente como tú, que en plena juventud  arrancaron de un tajo tu manera de ver la vida, tu sonrisa, tu identidad, tu paz;  es una fecha que taladra a toda la familia, pues también nos dieron un balazo en el alma.

A catorce años, en los que desafortunadamente ese gigante de siete cabezas te evidencio en grandes espectaculares, mostrándote como la gran secuestradora y asesina, sin dar oportunidad a pelear tu presunción de inocencia, y que sin ningún escrúpulo en todos estos años ha dejado de difamarte, calumniándote hasta el hartazgo, de la forma más ruin que se le pueda hacer a un ser humano.

Lamentablemente tuviste que padecer además torturas infames en dos ocasiones, porque valiéndose de su poder político y tráfico de influencias esa señora María Isabel Miranda De Wallace y autoridades coludidas con ella, pudieron entrar a los penales como en su casa,  seres infernales que te hicieron mucho daño pero afortunadamente no lograron su objetivo, el que firmaras algo que no hiciste.  Dios es testigo de que con lo que te hicieron me masacraron también a mí, pues soy tu madre y hubiera dado mi vida para que nunca lo hubieras padecido.

A catorce años de tanta perversidad hija, yo te suplico sigas tan valiente como hasta ahora, pues tu sabes lo que vales y que gracias a Dios nos ha allegado de gente hermosa, llámense: abogados, periodistas, escritores, activistas, sacerdotes, que al estudiar el expediente, se han dado cuenta de que no hay ninguna prueba fehaciente para demostrar los supuestos hechos, pero que lamentablemente se dan cuenta de que no se han podido romper esos lazos de cadenas de corrupción y favores políticos en los que el proceso se encuentra enredado, ya que se te ha crucificado y sentenciado aun sin tener esa etiqueta puesta por un juez.

A catorce años de impunidad, en los que por más de que se han mostrado pruebas contundentes para demostrar que ese día 11 de julio de 2005, no sucedió nada, y que lo único que tienen en tu contra es esa espantosa declaración del 8 de febrero de 2006, que desafortunadamente le hicieron firmar a Juana Hilda González Lomeli, bajo coacción, amenazas, maltrato físico y psicológico, recordamos con dolor y coraje como en los sexenios pasados solo era ley lo que el poderoso decía y hacia; hoy tenemos mucha esperanza en este nuevo gobierno que es la Cuarta Transformación, para que se analice  jurídicamente este Caso  y la balanza ya no sea inclinada hacia la otra parte.

A catorce años, te suplico sigue adelante luchando, siempre luchando hija, como buena guerrera, con la suficiente fortaleza de saberte inocente, con la frente muy en alto y con esa fe inquebrantable en Dios, pues solo Él sabe cuando te  abrirá esa puerta hacia la libertad.

Tu madre que te admira y ama tanto.

Enriqueta Cruz Gómez

Miranda de Wallace, desvió con Felipe Calderón recursos federales.

http://www.anonymousdenuncias.com/2019/07/miranda-de-wallace-desvio-con-felipe.html

Anonymousdenuncias.com/08/07/2019: Otro impacto, ahora a la organización civil y su presidenta Isabel Miranda de Wallace, según varios medios internacionales, el hijo de Miranda de Wallace, quien fuera opositora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asegura que el hijo de Miranda de Wallace, jamás fue secuestrado y fue una estrategia planeada por la administración de Felipe Calderón, cuando una periodista de México descubre la gran mentira y le va a pedir apoyo a Obrador, para que se le investgue.

 

Medios de prensa internacionales, afirman que Miranda de Wallace, se dedicó todo este tiempo a amenazar, desaparecer a periodistas que se dedicaban o se metían en más información del caso Wallace, se desviaron poco más de 780 mil millones de pesos en supuestos programas de secuestros que nunca dieron resultado, como fondo de reserva para campañas políticas y donde su hijo a nombre de un tal Adalberto R. recibe constantemente en España y se dedica a lavarlo, para poder financiar la campaña del 2024.

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Más información, clic aquí.

Durante 12 años, Isabel Miranda de Wallace, con su movimiento y ella como presidenta de dicho movimiento “Alto al secuestro” ha desviado cientos de pruebas en contra de gente que fue privada de su libertad, para poder postergar las investigaciones y mantener calmados a las víctimas de este delito y entorpecer así mismo el arduo trabajo que traten de llevar las fiscalías en aquel entonces procuradurías del país.

Anonymous por su parte, inclusive asegura que Miranda de Wallace, está fuertemente involucrada en una red de trata de menores, conocida como “Paolitas”, donde los hacktivistas en la red, se han encargado de abordar este caso desde el lamentable caso “#OpMajo”, donde pretendían dar con la pequeña desaparecida y donde según Anonymous encontraron diversas irregularidades que los obligo a soltar el caso por la paz y sin respaldo de movimientos sociales y autoridades del estado.

Videos relacionados y recomendados.

Alarma fundada de Isabel Miranda de Wallace

https://amp.eluniversal.com.mx/amp/note/amp/eluniversal/1681436

 

La mujer que mereció el premio nacional a los derechos humanos en 2010, Isabel Miranda de Wallace, replicó el pasado viernes 5 de julio en estas páginas, a un texto de mi autoría relativo al caso de su hijo, Hugo Alberto, publicado el día anterior.

Respondo aquí a cada uno de sus argumentos:

Primero, debo precisar que no defiendo delincuentes, hago un trabajo periodístico basado, principalmente, en la lectura de un expediente judicial. Entiendo que los reflectores no le estén siendo cómodos esta vez, pero su caso es de la mayor relevancia, justo por la exposición mediática, la influencia y por el poder que ella ostenta en México.

Segundo, Isabel Miranda reclama que haya centrado mi atención en los verdaderos apellidos de Hugo Alberto. No hay nada de extraordinario en ello: para determinar los delitos de secuestro y asesinato es esencial que exista una víctima, y para que este requisito se materialice es indispensable precisar su identidad.

En el caso analizado jamás se presentó una denuncia por el secuestro ni el asesinato de Hugo Alberto León Miranda; este hecho representa un problema principal para el proceso.

Tercero, Isabel Miranda insiste en que no hay duda de que la sangre encontrada en el presunto lugar de los hechos corresponde a la de su hijo. Sin embargo, de acuerdo con el documento pericial que obra en el mismo expediente, esa gota coincide con los marcadores genéticos del señor José Enrique del Socorro Wallace Díaz y por tanto la sangre no podría ser de Hugo Alberto León Miranda, cuyo padre biológico es Carlos León Miranda.

Cuarto, Isabel Miranda exige pruebas sobre la tortura practicada en contra de los presuntos secuestradores. Respondo con estas líneas concluyentes del doctor Raúl Enrique Ojeda Silva, médico perito (CJF P 123/2004):

“El procesado Jacobo Tagle Dobín, después de haberlo valorado médicamente … tanto física como clínicamente y emocionalmente se llega a la conclusión de que fue torturado, violando lo establecido por el protocolo de Estambul y donde las personas que lo realizaron son personal que labora en las áreas de la procuración de justicia, por indicaciones de la señora Isabel Miranda de Wallace…”

Quinto, ella reitera que hay constancia de la compra de una sierra eléctrica, la madrugada del 12 de julio de 2005 en una tienda de autoservicio (Wallmart); pero no hay en el expediente ninguna prueba, distinta a las auto-confesiones, que permita afirmar que esa adquisición fue realizada por las personas inculpadas.

Sexto, relativo a los gastos realizados con las tarjetas de Hugo Alberto, en fecha posterior a su desaparición, la evidencia referida por mí no apunta, como afirma Isabel Miranda, hacia gastos programados o recurrentes.

El pago al sitio de citas románticas match.com –celebrado con una tarjeta Santander, tres meses después del presunto secuestro– habría sucedido, por única vez, alrededor del 15 de octubre de 2005, por un monto de 101 pesos.

Ciertamente hay otro cargo con igual concepto, reflejado en otro estado de cuenta –el mismo día de su desaparición (el 11 de julio de 2005)–, pero el monto pagado entonces fue por 602 pesos y se celebró con una tarjeta de banco distinta, en este otro caso afiliada a Banamex.

Excepto estas dos referencias, no hay ningún gasto que se repita en concepto, que refleje una cifra similar y que haya sido pagado por la misma tarjeta, entre los meses de mayo y octubre de 2005; por tanto, no es posible afirmar que el pago al sitio match.com haya sido recurrente o programado.

A propósito del resto de cargos realizados con posterioridad al 11 de julio –compras en Liverpool, Seven Eleven, Gotcha, Los Arcos, amazon.com– vale aclarar que, contrario a los dichos de Isabel Miranda, los estados de cuenta sí distinguen, al menos en el caso de la tarjeta Santander, entre la fecha de compra y la fecha de cargo; también que la distancia temporal promedio entre un evento y otro es de 48 horas –no así de nueve días, mucho menos de noventa días, como lo reflejan esos documentos bancarios.

Séptimo y último punto, reitero que los presuntos responsables del secuestro de Hugo Alberto León Miranda no han sido sentenciados por ningún otro delito. Cabe incluso explorar la hipótesis de que las denuncias enfrentadas también se originaron en hechos falsos o fabricados.

Por ejemplo, frente a la acusación que se celebró por el supuesto asesinato de Tony Rugeiro, César Freyre resultó absuelto; fue también desechada otra acusación en su contra por una presunta violación y; en el caso de otros eventuales secuestros, las víctimas implicadas jamás acudieron a ratificar su declaración, y por tanto no habría delito que perseguir.

ZOOM: creo que tiene razón Isabel Miranda de Wallace en estar alarmada por lo que ocurra con la próxima resolución del octavo tribunal colegiado en materia penal. Mientras su hijo continúa desaparecido, el caso que la volvió célebre hace agua por todos lados, lo mismo que su fama pública –la cuál podría eventualmente haberse edificado a partir de la fabricación arbitraria de culpables, o peor aún, en complicidad con actos detestables de tortura.

Justicia y paz en el caso Wallace

https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion/justicia-y-paz-en-el-caso-wallace

por Ricardo Raphael

04/07/2019

No hay intención de afectar a las víctimas, ni de revictimizar a sus familiares, cuando se propone revisar el caso Wallace: lo merece porque se trata de uno de los expedientes judiciales más importantes de nuestra época.

Isabel Miranda de Wallace publicó en estas mismas páginas un artículo reclamando al doctor José Ramón Cossío, ministro en retiro, por haber participado en un evento académico organizado por El Colegio de México —institución donde hoy es investigador (27/06/19).

Convocado por el seminario sobre Violencia y Paz, que encabeza Sergio Aguayo, presenté ahí una ponencia, el pasado martes 18 de junio, misma que fue comentada, en efecto, entre otras personas, por Laura Flamand y el exministro.

Fue en ese contexto académico, fundado en los principios de la libertad de cátedra, de pensamiento y conciencia, que cada uno de los asistentes expusimos nuestros respectivos razonamientos, con transparencia, rigor y prudencia.

El exministro fue enfático en señalar que deben ser los tribunales quienes esclarezcan la última verdad sobre este caso.

Fue argumento mío, sin embargo, que este expediente es a tal punto ilustrativo del estado que guarda la política criminal mexicana, que vale la pena revisarlo, a partir del balcón del estudioso del derecho.

Comparto aquí solo algunos de los cuestionamientos al caso que, como ponente, me atreví a desarrollar en ese foro académico:

1. Durante 14 años se ha celebrado un proceso judicial donde la persona supuestamente secuestrada y asesinada es mencionada en el expediente judicial con un nombre falso: el nombre de la persona desaparecida el 11 de julio de 2005 no sería Hugo Alberto Wallace Miranda sino Hugo Alberto León Miranda.

2. Las pruebas principales del secuestro y asesinato son autoconfesiones obtenidas por medios irregulares y violentos. Hay evidencia en el expediente para suponer tortura y otros actos inhumanos excesivos cometidos por la autoridad en contra de los inculpados.

3. Si bien tres de las personas procesadas se autoinculparon, otras tres —que igual alegan haber soportado trato vejatorio— jamás lo hicieron.

4. No coinciden las confesiones existentes con la evidencia científica contenida en el expediente. La incoherencia entre los dichos y las pruebas es grande.

5. Destaca como evidencia crucial una supuesta gota de sangre hallada por los peritos de caso, siete meses después, en el sitio donde presuntamente ocurrió la muerte de la víctima.

Evidencia reciente demostraría que tal dictamen pericial fue fabricado: en el mismo documento se dice que la sangre en cuestión responde a los marcadores genéticos de José Enrique del Socorro Wallace Díaz y María Isabel Miranda de Wallace. Sin embargo, Hugo Alberto León Miranda no sería hijo biológico del señor Wallace y por tanto esa prueba pericial podría haber sido sembrada.

6. También se establece en el expediente que el cuerpo de la víctima fue cercenado con una sierra eléctrica, entre las 3 y las 5 de la madrugada del día 12 de julio de 2005. Pero no hubo un solo vecino que, a esa hora, hubiese escuchado el estruendo producido por una operación como la descrita. Por el contrario, prácticamente todos los habitantes del mismo inmueble (Perugino 6) relatan una noche sin mayores sobresaltos.

7. Existen, con posterioridad a la denuncia por secuestro, gastos realizados con las tarjetas de la presunta víctima. Estados de cuenta de diversas tarjetas a su nombre exhiben que dos, siete, veintidós y treinta y cuatro días después, se habrían celebrado pagos correspondientes a compras por internet, por ejemplo, en amazon.com o una suscripción al sitio match.com, dedicado a citas románticas.

Se añaden gastos en una tienda de conveniencia y otra departamental, en el centro comercial Perisur, así como en el restorán de mariscos, Los Arcos.

Sin temor al equívoco, todos estos gastos se habrían celebrado con posterioridad a la fecha en que se presume la desaparición de la víctima.

Esta evidencia, y mucha otra que no es posible exponer en este espacio, fue desatendida por los jueces que sentenciaron en primera instancia a Cesar Freyre, Juana Hilda González y los hermanos Albert y Tony Castillo. Sin embargo, deberá ser revalorada por los magistrados que resolverán el amparo presentado en el octavo tribunal colegiado en materia penal.

Miranda de Wallace argumenta que los acusados en el caso de su hijo participaron en otros secuestros. Es falso: ninguno ha sido sentenciado por un hecho similar. Es más, las demás acusaciones que pesan sobre algunos de ellos son tan endebles que el juez responsable pidió reponer, desde cero, el procedimiento.

También destaca, entre los hechos observados en el caso Wallace, el acoso político y penal que sufrieron varios de los abogados de los inculpados, y las presiones que experimentaron otros operadores responsables de la investigación, la custodia de las pruebas y la privación de la libertad de los inculpados.

ZOOM: No hay nada de equivocado, injusto o perverso en examinar estos hechos desde el plano académico. Al contrario, hace bien a la justicia que el conocimiento y la transparencia concurran para conjurar la violencia y aportar paz a las víctimas, a todas las víctimas.
www.ricardoraphael.com
@ricardomraphael

Edomex: fábrica de culpables

LA SIMULACIÓN DE JUSTICIA, LOS EXPEDIENTES ARMADOS CON PRUEBAS SEMBRADAS Y LOS FALSOS CULPABLES, FUERON PRÁCTICAS DEL GOBIERNO DE ERUVIEL ÁVILA EN EL ESTADO DE MÉXICO, QUE HOY MANTIENE MÁS DE 3 MIL DENUNCIAS CONTRA JUECES Y 78 MAGISTRADOS ESTATALES

Edomex: fábrica de culpables

Una investigación periodística realizada por el equipo del portal de noticias La Silla Rota. Este proyecto fue uno de los cuatro ganadores de la Beca de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el 2018.

https://lasillarota.com/edomex-fabrica-de-culpables-corrupcion-juicios-orales/291282

La tarde del 24 de julio de 2014, los albañiles Isidro Rivero, Alejandro Sánchez y Daniel Ramos se encontraban dentro de su casa ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, cuando elementos militares, así como policías estatales y municipales de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) tiraron de un golpe la puerta.

Una vez dentro, comenzaron a golpearlos mientras los acusaban de pertenecer al cártel de la Familia Michoacana; Alejandro intentó resistirse, pero los uniformados lo sometieron y, con un cañón de un rifle militar, lo violaron en repetidas ocasiones.

Después los presentaron ante el Ministerio Público para acusarlos de haber robado con violencia (a una mujer de la tercer a edad) y portación de arma de fuego. En ese momento, les tomaron una fotografía que fue difundida en medios de comunicación.

“Detienen a tres integrantes de la Familia Michoacana”, se leía en los titulares de periódicos que iban acompañados de una fotografía que los exhibía sosteniendo un revólver, que después se supo, fue sembrado cuando los capturaron.

Luego, según las declaraciones de los detenidos, en las instalaciones de la Fiscalía, bajo las instrucciones del entonces fiscal de Nezahualcóyotl, Mauricio Blancas, los torturaron para que reconocieran que formaban parte del grupo delictivo.

Los golpes causaron la fractura de las costillas de Isidro Rivero y fue trasladado al hospital de Gustavo Baz, en Tlalnepantla. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) certificó las lesiones.

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Meses después, los tres salieron libres bajo la defensa del abogado Montes Leal Santos, quien acreditó durante el juicio que fueron torturados, y que las pruebas que presentó la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), ahora Fiscalía, eran falsas.

No sólo eso, el juez David Virgen Adriano dio por buenas las evidencias presentadas por la fiscalía del Estado de México para ingresarlos al penal Neza-Bordo.

Estas historias no son aisladas. Una investigación realizada por La Silla Rota como parte de la Beca de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), analizó 25 expedientes judiciales, estadísticas oficiales y testimonios, donde se encontró que, durante la gestión del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, se fabricaron falsos culpables en colusión con el Poder Judicial local, quienes juzgaron y sentenciaron sin evidencias.

La razón: incrementar el número de sentencias condenatorias para elevar los índices de eficiencia y defender los avances de su gobierno en materia de seguridad pública.

“El promedio que yo les admito en juicio es del 80 por ciento de efectividad, no menos. De 10 asuntos tienen que ganar ocho y perder dos… ¿que los delitos son inventados? ¡Eso es de toda la vida, hombre!”, exigió Fernando Ulises Cárdenas, entonces fiscal central jurídico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a sus subordinados, en un video que fue filtrado el 21 de noviembre del año 2015.

La petición de Ulises Cárdenas, empleado de Eruviel Ávila, respecto a perder dos de 10 casos, no estaba lejos de la realidad. Esta investigación periodística encontró que en promedio 7 de cada 10 casos judicializados entre el año 2011 y el 2017, terminaron en sentencias condenatorias y sólo tres en condenas absolutorias.

Es decir que el 70 por ciento de los detenidos del Estado de México a quienes se les inició un proceso judicial fue sentenciado y purga una pena en prisión.

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Las estadísticas de este periodo revelan que de los 26 mil 542 juicios que tuvieron una sentencia, 82.6 por ciento fueron condenatorias y 16.2 por ciento absolutorias, es decir sólo 4 mil 246 personas salieron en libertad.

Síntoma de lo anterior es la cascada de quejas por actos de corrupción, omisión, presión, manipulación, irregularidades en el debido proceso, trato inadecuado, fallas administrativas, entre otros, en los que se iniciaron 3 mil 291 denuncias contra jueces y 78 contra magistrados durante el periodo 2011 al 2018, de acuerdo con información entregada por el Poder Judicial del Estado de México a través de solicitudes de acceso a la información.

¿Cómo se fabrican los culpables?

A través del análisis de 25 expedientes judiciales, así como más de una treintena de entrevistas a policías de investigación, ministerios públicos, abogados, personal que trabajó en la fiscalía estatal y el Poder Judicial, se encontró que el Ministerio Público utilizó cinco métodos para fabricar culpables.

La manipulación de testigos y ausencia de ellos; la tortura; cohecho como medida de retención; siembra de evidencias y ausencia de pruebas científicas y técnicas para sustentar las acusaciones.

Los involucrados en estos casos terminaron en prisión preventiva oficiosa, lo que significó esperar el proceso judicial y determinación del juez dentro de una cárcel.

Para entender este problema hay que dividir la responsabilidad en dos partes: la Fiscalía y el Poder Judicial.  La primera —antes Procuraduría dependiente del gobierno estatal y a partir de 2016 fiscalía independiente — fabricó los casos desde el Ministerio Público. La segunda, el Poder Judicial, los avaló, es decir, que dio por buenas las evidencias presentadas por el Ministerio Público pese a las irregularidades en los expedientes.

Esto sucedió a pesar de que durante el periodo en que el priista Eruviel Ávila fue gobernador, se implementó el Nuevo Sistema de Justicia Penal en México. El objetivo era que el Ministerio Público presentara pruebas científicas y técnicas que sustentaran sus acusaciones. Los jueces, tendrían que considerar al acusado inocente hasta que se probara lo contrario, la llamada “presunción de inocencia”.

Pero las estadísticas recopiladas por La Silla Rota demuestran lo contrario: durante el periodo en que Eruviel Ávila fue gobernador, el Poder Judicial señaló que no poseen ningún registro en el que se haya inadmitido pruebas al Ministerio Público, según respondieron a través de solicitudes de acceso a la información.

De acuerdo con los 25 expedientes judiciales analizados por La Silla Rota, que incluyen a 44 detenidos, en el 100 por ciento de los casos los agentes que los apresaron no se identificaron durante la detención.

Otro patrón encontrado es que, en el 64 por ciento de los casos, durante las audiencias fue recurrente la “ausencia de testigos”; es decir, que no se presentó la parte acusadora, y a pesar de ello, siguió el proceso judicial contra el detenido.

En los expedientes también se encontró que en el 40 por ciento de los casos, los detenidos reportaron haber sido víctimas de tortura para que se declararan culpables, y que las autoridades les pidieron que reconocieran pertenecer a alguna organización criminal.

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La Silla Rota también encontró con base en la revisión de expedientes, que en el 30 por ciento de los casos no existió ningún documento u orden de aprehensión contra los detenidos.

En al menos 25 expedientes judiciales, es decir el 60 por ciento de los casos, los acusados reportaron la siembra de evidencias, principalmente armas.

Por todas estas fallas se cayeron casos; 26 de los 44 que padecen prisión preventiva fueron liberados. En los expedientes más del 60 por ciento estuvo recluso más de un año pero en las audiencias posteriores demostraron su inocencia y quedaron libres.

Según solicitudes de información de la Fiscalía mexiquense: 1 mil 181 agentes del MP local fueron denunciados por ciudadanos por irregularidades administrativas y de investigación. Año con año aumentaron: en 2011 fueron 64 expedientes; 88 en 2012; 100 en 2013; 145 en 2014; 187 en 2015; 159 en 2016 y 438 en 2017.

Actualmente, Fernando Ulises Cárdenas Uribe, el funcionario de la Fiscalía del Estado México que le exigió a sus empleados en un video que inventaran delitos a los detenidos, continúa siendo fiscal central jurídico con el ahora gobernador priista, Alfredo del Mazo.

Y no sólo eso: en respuesta a una solicitud de acceso a la información la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó a La Silla Rotaque no existe un procedimiento administrativo o de investigación en contra de Fernando Ulises Cárdenas por admitir frente a un grupo de empleados que se fabricaban delitos.

La familia judicial mexiquense

Entre el año 2011 y el año 2017, cuando fue gobernador Eruviel Ávila, en el Poder Judicial del Estado de México fueron nombrados funcionarios cuya carrera estuvo forjada al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que además ocuparon cargos durante la gestión del exmandatario.

La mano del ejecutivo estatal se percibió en el Poder Judicial: los últimos tres nombramientos de integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de México fue más un movimiento político que una elección de un poder autónomo.

En la elección de tres consejeros, se presentó un enroque entre secretarías estatales y se impulsaron perfiles con poca trayectoria judicial, pero ligados a Eruviel Ávila.

Directo del gabinete de Eruviel fue designado Joel Alfonso Sierra Palacios, quien del año 2011 al 2012 fue subsecretario de asuntos jurídicos del Gobierno del Estado de México y en el año 2013 se convirtió en consejero del Poder Judicial.

Lo mismo sucedió con Otoniel Campirán Pérez, quien había trabajado en la Procuraduría de la Defensa del trabajo del 2011 al 2012 y del 2014 al 2015; hasta ese año se convirtió en consejero de la judicatura mexiquense.

Otro caso es el de Marco Antonio Morales Gómez, quien fue nombrado consejero del Instituto Electoral del Estado de México. Su nombramiento en 2008, fue impulsado en el congreso mexiquense por el líder de la bancada priista, el entonces diputado Eruviel Ávila. En 2015 también fue nombrado consejero de la Judicatura local.

En la revisión de expedientes se encontró que los jueces que condenaron o determinaron prisión preventiva oficiosa de falsos culpables fueron: Nabor Rigoberto Martínez, Petra Alcántara, Rocío Salinas, Miguel Ángel Coca, Maya Julián, Apolíneo Blanco, Bertha Araceli Díaz, Janelly Gutiérrez, Julio César Orihuela, Armando Osorio, Israel Chávez, Francisco Munguía, Gildardo Fernández, Maximiliano Vázquez, Mónica Mellado Tapia y Mónica Osorio.

Los distritos judiciales que aglomeraron estas inconsistencias fueron Ecatepec, Naucalpan, Chalco y Texcoco.

En estos distritos, los jueces validaron el 93.7 por ciento de los expedientes sostenidos solo con pruebas testimoniales conseguidas por el Ministerio Público durante las audiencias en el Nuevo Sistema. Los juzgadores -por su parte- sólo permitieron que un 3.3% de los falsos culpables llevaran sus procesos en libertad.

En los casos consultados para esta investigación periodística, hubo cinco amparos donde los jueces federales evidenciaron que los jueces locales cometieron errores e irregularidades. En estos expedientes, los “falsos culpables” recibieron protección.

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En dos procesos, revocaron las acusaciones de jueces locales, debido a que las pruebas del Ministerio Publico no acreditaban que eran culpables. En dos más, se redujeron las penas y en otro se repuso el proceso.

Uno de ellos fue el de siete comuneros de Salazar, en Lerma, quienes estuvieron encarcelados tras oponerse a un proyecto comercial en 2016. Las pruebas ­fueron tan débiles que, recientemente ante un amparo, quedaron en liberados y presentados como presos políticos por el equipo de Alejandro Encinas ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otro de los amparos notorios fue el que interpuso el reo José Humbertus Espinoza, luego de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Edomex, Sergio Medina Peñaloza, designó en 2017 a dos jueces como magistrados sustitutos para dar resolución a su caso, sin explicación alguna.

En dicho amparo, el 155/2017, los jueces federales Roberto Dionisio Pérez Martínez, Antonio Legorreta Segundo y Rubén Arturo Sánchez Valencia concluyeron que se “vulneró” su derecho fundamental a un debido proceso penal con base en el artículo 42 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Para Humbertus esa designación fue una represalia por volverse una voz incómoda desde el penal de Chiconautla, en Ecatepec. Dentro de la cárcel, él da asesorías judiciales y  cientos de reos protestan durante las audiencias porque no se respetan sus derechos.

La unión entre los internos desembocó en un amparo colectivo que lideró el propio Humbertus, y pese a que no se resolvió a su favor, fue trató de un recurso histórico debido a que aglomeraba cientos de reos que denunciaban violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, además de torturas.

Ahora Humbertus encabeza el movimiento llamado Presunción de Inocencia y Derechos Humanos; también están activos los colectivos Hazme Valer, dirigido por el exprisionero, el profesor Óscar Neri; Pena Sin Culpa de la abogada Aribel García; y los pueblos agraviados de comuneros e indígenas como Salazar, San Pedro Tlanixco y Atenco. Son las revoluciones judiciales que han brotado y sólo piden que las cárceles mexiquenses no sean ocupadas por inocentes.

Percepción de inseguridad en crisis

Cuando en noviembre del 2015, apareció en redes sociales el video donde el fiscal Fernando Ulises Cárdenas pidió a los ministerios públicos aumentar el promedio de casos concluidos, aunque de por medio hubiera inocentes, el estado de México vivía una crisis, según tres fuentes distintas: el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México (INESLE).

Los secuestros se duplicaron entre el primero y el quinto año de la administración de Eruviel Ávila: entre 2011 y 2012, los casos reportados fueron 116. En tanto, entre 2015 y 2016 hubo 233 plagios, de acuerdo con datos del SNSP.  Por otra parte, entre septiembre del 2015 y noviembre del 2016 -justo cuando se conoció el video del fiscal- se denunciaron, 2 mil 080 homicidios dolosos, la cantidad más alta respecto a los cinco años anteriores, según la misma fuente de información.

En 2014, Javier Martínez Cruz, especialista del Instituto de Estudios Legislativos declaró que, durante el gobierno encabezado por Eruviel Ávila, el Estado de México padecía las cifras más altas en algunos delitos a nivel nacional como el secuestro, el robo de vehículos, la trata de personas y la violencia de género.

“Durante el 2012 se registraron 269 mil 116 delitos; para el 2013 hubo un aumento del 0.39 por ciento con 270 mil 180, y en lo que va del 2014 se han registrado 42 mil 077 delitos, lo que representa el 16.49 por ciento a nivel nacional”.

En el 2016, El INEGI ubicó al estado de México -por segundo año consecutivo- con la peor calificación respecto a la percepción de inseguridad entre ciudadanos.

Pero 12 días antes de que terminará el sexenio, la situación ya había cambiado. Al menos eso fue lo que dijo Eruviel Ávila, el 3 de septiembre del 2017. Según sus números, el Estado de México  ya era uno de los cuatro estados con mayor capacidad para atender las demandas por inseguridad pública; lograron cerrar 71 de cada 100 carpetas de investigación. Un promedio muy cercano a lo que exigía su fiscal dos años antes, a costa de aprehender incluso a inocentes

“Nos falta hacer mucho por la seguridad del Estado de México, pero debemos de reconocer el esfuerzo de las corporaciones policiacas por trabajar en equipo para reducir la incidencia delictiva”, dijo horas antes de entregar el gobierno a su compañero de partido, Alfredo del Mazo. Ahora, Eruviel Ávila es senador por el PRI.

Conoce cuatro historias que muestran cómo se fabrican los culpables:

El ”delito” de Goyo: estar en lugar equivocado

https://contralacorrupcion.mx/caso-gregorio/

Carlos, la falsa extorsión

https://contralacorrupcion.mx/caso-carlos/

Humbertus: de la enseñanza a las celdas

https://contralacorrupcion.mx/caso-humbertus/

Era mesera, para el Edomex una “secuestradora”

https://contralacorrupcion.mx/caso-cinthya/

Consulta los audios de testimonios y entrevistas en: 

https://contralacorrupcion.mx/fabricacion-culpables/

Los escupitajos de «la señora Wallace» a México

Los Angeles Press

Enrique Domínguez Gutiérrez

Para Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Albert y Tony Castillo, César Freyre, Jael Uscanga y Juana Hilda González Lomelí, los minutos son horas y los días son años, estar privados de la libertad es permanecer en vilo en una muerte consciente.

Entró con otras personas, se acercó a Jacobo, lo jaló del pelo, le escupió en la cara, y lo amenazó diciéndole: –¡Te vas a morir! Ya le quitamos la casa a tu mamá, tu hermano está preso, y le vamos a meter un delito a tu mujer, tengo luz verde para matarte.

Para los inculpados de esta fabricación es una experiencia infernal, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Albert y Tony Castillo, César Freyre, Jael Uscanga y Juana Hilda González Lomelí, aún esperan justicia por parte de este gobierno mexicano, pues sus casos aún no han sido esclarecidos a cabalidad y, sí, juzgados por una ola mediática que les propinó el ambiente de este caso donde una psicópata de apellido Miranda Torres, alias La Wallace, aprovechó la fabricación del secuestro de su hijo para escalar los peldaños del poder e infringir la normativa de un fallido sistema judicial.

No es para menos, con antecedentes por intento de homicidio en 1998 y con el afán de salirse con la suya, no tuvo objeción en poner en riesgo la vida de trabajadores que por órdenes superiores retiraban los anuncios espectaculares cortando las mangueras de una grúa que sostenían al ejecutor de tal encomienda.

Participar y validar la tortura es una de las prácticas más viles y perversas. Isabel Miranda de Wallace forma parte de ello, hay testimonios por parte de las víctimas acusadas de manera injusta por el presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de esta señora de quien hasta ahora no se sabe si está vivo o muerto, pero, lo que es evidente es el uso que su propia madre le dio para ascender en el ámbito político y establecer nexos con personajes de una pésima reputación como el propio Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, José Luis Santiago Vasconcelos y el finado Ricardo Martínez Chávez, entre muchos otros.

El Protocolo de Estambul es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato. Su aplicación requiere reconocer el contexto en el que se dan los hechos, es decir, realizar una investigación psicosocial, puesto que cada caso es diferente. En este caso, una de las víctimas: Jacobo Tagle Dobín, resultó positivo en la aplicación de dicho protocolo y es increíble que las autoridades hasta la fecha no han tomado alguna decisión. Este Manual para la investigación y documentación de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, fue elaborado por más de 75 expertos representando a más de 40 organizaciones de 15 países. Fue presentado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 9 de agosto de 1999 y fue adoptado en el año 2000.

El escupitajo es para México, para la población, pues erigiéndose como una víctima, “la señora Wallace” se aprovechó de los medios para generar el sentido de empatía y compasión de la sociedad, su iniciativa de emplear los espectaculares y violando las reglas expuso a su modo los rostros de personas que fueron incriminadas por una foto que le bastó para hacer escarnio y criminalizar a inocentes.

Otro escupitajo es la burla, invadiendo espacios para encumbrar su crecimiento personal generando una asociación llamada “Alto al Secuestro” que mantiene métricas y mecanismos para avalar y validar los índices de secuestro en todo el país, dándole cabida en muchos medios obteniendo beneficios económicos y haciendo juicios a gobernadores estatales.

Un escupitajo más al actual gobierno, pues “la señora Wallace” aún se mantiene junto con Orlando Camacho Nacenta, Francisco Rivas Rodríguez, Mario Arroyo Juárez y Ricardo Humberto Preciado Jiménez en el Sistema Nacional de Seguridad Pública como invitada permanente, de acuerdo con la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria, conformada en 2017 con una duración en el cargo de dos años. Por ello, mantiene los privilegios que el cobijo de su organización “Alto al secuestro” le brindan para tener acceso al Senado de la República, presionar a la ahora gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, e influyendo en ámbitos que no son de su competencia, con la protección de la diputada por MORENA, María de los Ángeles Huerta, y algunos infiltrados más que le permiten seguir actuando con la mayor impunidad.

Urge una respuesta por parte del actual gobierno, si bien, ha habido buena disposición por parte de Olga Sánchez Cordero (Secretaria de Gobernación), Alejandro Encinas (Subsecretario de Gobernación) y Alejandro Gertz Manero (Fiscalía General de la República), es necesario darle celeridad a esta revisión e investigación, pues hay víctimas por la fabricación de delitos que la abominable Wallace se encargó de manera artera de acabar con la vida normal de muchas familias y el encarcelamiento de inocentes.

Gracias a Guadalupe Lizárraga por permitir tomar datos de su investigación de su libro: El falso Caso Wallace.