En apoyo a tres mujeres ejemplares víctimas del Estado (Día internacional de la mujer)

El Frente de los Medios de Comunicación Alternativos Independientes en colaboración con el medio digital Los Ángeles Press presentará el día 8 de marzo del 2015 un programa especial en apoyo a tres mujeres encarceladas que simbolizan cada quién a su manera, la lucha contra la injusticia institucionalizada y la corrupción que roe nuestro país: Nestora Salgado, Brenda Quevedo y la indígena Autora Meza Calles.

MXporFC saluda y apoya la iniciativa.

Día internacional de la mujer

Al maestro sí lo mató la Policía Federal; cuatro profesoras fueron violadas, denuncia la Ceteg

Artículo publicado el 26 de febrero de 2015 en la revista Proceso.

Claudio Castillo Peña, maestro jubilado de 65 años de edad. Foto: Tomada de Twitter @LucioVive

Claudio Castillo Peña, maestro jubilado de 65 años de edad.
Foto: Tomada de Twitter @LucioVive

El profesor jubilado Claudio Castillo Peña falleció por golpes recibidos por elementos de la Policía Federal; además, en el desalojo del martes pasado fueron violadas cuatro maestras y hay 12 desaparecidos, denunció esta mañana Manuel Salvador Rosas, integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

En entrevista con Radio Fórmula, el dirigente aseguró que tienen testimonios que confirman que policías federales sí golpearon al profesor de 65 años, fallecido la madrugada de ayer. “Tenemos videos y fotografías”, sostuvo.

A la muerte del maestro, Salvador Rosas sumó las agresiones sexuales contra cuatro profesoras.

“Tenemos a cuatro maestras violadas por la Policía Federal. Ayer las maestras rompieron el silencio, dijeron que en el momento de la represión se las llevaron en una camioneta, se las llevan a lo oscuro y las violaron”, dijo.

Detalló que una de ellas está hospitalizada. ”No vamos a decir quién es, ni donde está por temor, pero lo vamos a denunciar”.

En cuanto a la muerte de Castillo Peña, el dirigente Salvador Rosas relató:

“Nuestro compañero no se bajó de la camioneta, estuvo a bordo del aparato de sonido que quedó en frente de la Policía Federal. Tenemos vídeos y fotografías de cómo se ve nuestro compañero y el aplastamiento lo hizo la PF, ellos lo bajaron”, aseguró.

“Hay un compañero golpeado que estuvo a un lado de él y confirma que los federales lo mataron”, añadió.

Salvador Rosas denunció que hay al menos 12 profesores desaparecidos tras el desalojo del pasado martes.

“Tenemos 12 maestros desaparecidos tras el desalojo de la policía, no sabemos dónde están, sus familias no saben”, dijo.

El profesor señaló que van a presentar una denuncia con videos y fotografías para probar que Claudio Castillo Peña fue muerto a manos de elementos de la Policía Federal.

“Si no nos hacen caso, vamos a recurrir a los organismos internacionales para denunciar los hechos”, advirtió.

La noche de ayer, Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, sostuvo en conferencia de prensa que la muerte de Claudio Castillo Peña fue por un traumatismo profundo de tórax y no craneoencefálico, como los maestros dijeron en un principio.

“Muy posiblemente la defunción fue producto de un evento distinto, sin embargo, he girado las instrucciones correspondientes para profundizar en las investigaciones a efecto de determinar con toda precisión los motivos del fallecimiento de esta persona”, comentó.

De acuerdo con los resultados de la necropsia que se le aplicó por ley, Castillo Peña presentaba lesiones en ambos lados del tórax con fracturas en la mayoría de sus costillas, desgarre pleura y tenía los pulmones perforados. Según Rubido, el parte médico coincidió con la versión del Hospital Naval de Acapulco donde murió el maestro poco antes de las 4 de la madrugada de este miércoles.

Explicó que el profesor fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja al nosocomio e ingresó a las 21:40, inconsciente, con signos vitales débiles y lesiones calificadas como graves. Afirmó que la noche del desalojo los policías estaban armados únicamente con toletes y escudos.

El maestro jubilado que murió durante el desalojo de la movilización de la Ceteg no podía caminar. A las marchas asistía, pero en una camioneta. Era el encargado del sonido.

Documentos legales de la demande de Florence Cassez vs. Procuraduría General de la República

La brutal “Señora Wallace”, tras la orden de NO liberar a la activista Nestora Salgado

El diario La Jornada reveló hoy que la empresaria Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, es la causante de que el fiscal general de Guerrero negara la libertad a la líder comunitaria Nestora Salgado, presa desde agosto de 2013 en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de plagiar a dos jovencitas de 17 años.

Pese a que el empleado de Peña Nieto en el “gobierno” interino de Guerrero, Rogelio Ortega, prometió que la activista sería liberada a principios de este año, el fiscal general Miguel Ángel Godínez rechazó la petición para desistirse de los cargos contra Nestora, justo cuando la panista Miranda de Wallace y su patiño Alejandro Martí, intervinieron en el caso antes de que venciera el plazo legal para dictar la resolución.

De hecho, las causas penales contra la integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), fueron desechadas en marzo de 2014 por un tribunal federal, ordenando su excarcelación. No obstante, desde entonces se viene retrasando la ejecución de la orden con gran variedad de pretextos.

El caso de Nestora Salgado se remonta a junio de 2013, cuando ella era comandante de la CRAC-PC en su comunidad natal de Olinalá, Guerrero. Dos señoras se acercaron a ella para plantearle el caso de sus dos hijas de 17 años –Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Mesa–, que se encontraban desaparecidas desde hacía varios días y, según sus propias madres, andaban en malos pasos.

Nestora movilizó a sus fuerzas y pronto dio con el paradero de las adolescentes, halladas en casas de sus “amigos” en Huamuxtitlán y Tulcingo. Como parte de las acciones de reinserción social implementadas por la CRAC desde 1995, las jovencitas fueron remitidas con el consentimiento de sus familias a diversas casas de justicia administradas por maestros de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, encargada de proyectos educativos para jóvenes infractores en conjunción con las autoridades comunitarias. Consta el acuerdo firmado entre las madres de las jóvenes y la CRAC, con fecha del 10 de junio de 2013.

Meses más tarde, las madres se “echaron para atrás” inexplicablemente y acusaron a Nestora Salgado de secuestro agravado y extorsión, cambiando sus versiones ante el Ministerio Público. A raíz de estas acusaciones, Ángel Aguirre y Peña Nieto emprendieron una brutal cacería sobre las autodefensas de la CRAC en varias localidades de La Montaña. Duarante un violento operativo, militares y efectivos de la Marina detuvieron en Olinalá a Nestora Salgado junto a otras 50 personas. Hasta el momento, 12 autodefensas permanecen encarcelados y declarados presos políticos del régimen sangriento de Aguirre/Peña.

En marzo de 2014, tras una dura lucha de organizaciones sociales, activistas y abogados defensores de derechos humanos para recuperar la libertad de la lider comunitaria, madre de tres hijas y migrante mexicana Nestora Salgado, el juez federal del Tribunal Unitario de Acapulco, José Luis Arroyo, determinó que las acusaciones del MP federal por secuestro y delincuencia organizada no procedían, ya que Salgado había actuado facultada por su autoridad como integrante de la CRAC, reconocida por la ley estatal 701. Es decir, que los presuntos actos de secuestro y privación de la libertad fueron en realidad detenciones legales derivadas de un acto de autoridad.

El mismo juez detectó contradicciones e inconsistencias en los dichos de los denunciantes, concluyendo que los supuestos montos de dinero que la policía comunitaria les exigía para liberar a los detenidos, en realidad eran fianzas y no sobornos como habían acusado. Por todo ello, el magistrado ordenó el no ejercicio de la acción penal contra Nestora Salgado y los otros 11 integrantes de la CRAC encarcelados. Sin embargo, retrasos deliberados del “sistema de justicia” han impedido que se ejecute la orden, la diligencia se mantiene trunca y no se han presentado en su totalidad las pruebas de descargo en favor de Salgado.

A principios de enero de este año, Rogelio Ortega presentó la solicitud de desistimiento de los cargos al fiscal estatal Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien debía evaluar si procedía o no la liberación de Nestora. Un semana antes de que venciera el plazo para que Godínez informara su decisión, los empresarios panistas Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace emprendieron una campaña bestial de desprestigio contra la líder comunitaria.

Erigiéndose en jueces y dictadores de los destinos de este país, ambos panistas declararon a voz en cuello que la liberación de Nestora Salgado sería “ilegal y contraria a derecho”. Además acusaron a Ortega de no tener facultades para hacer dicha solicitud y denunciaron una supuesta “negociación” entre diputados federales y locales del PRD, para sacar raja política del caso.

Montando un teatro miserable, la “terrible Señora Wallace” ha utilizado a la joven Dulce Rubí Burgos, una de las acusadoras de Nestora, en sus conferencias de prensa para echar pestes contra las policías comunitarias. La muchacha prácticamente no habla, sólo se dedica a llorar junto a la poderosa empresaria mientras ésta, dramáticamente, la abraza.

De izquierda a derecha: Alejandro Martí, líder de “México SOS”; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de “Alto al Secuestro”, y la joven Dulce Rubí Burgos. Foto: Humberto González / La Jornada

El abogado Leonel Rivero, director del despacho Defensa Estratégica de Derechos Humanos y nuevo representante jurídico de Nestora Salgado García, denunció que la intervención de Miranda de Wallace y Martí “desvirtuó el debate jurídico” y violaría el debido proceso de Salgado, plagado ya de un sinfín de irregularidades, pues ambos sujetos pasan por alto que las víctimas que dicen representar ya habían agotado sus argumentos ante el Ministerio Público.

La feroz empresaria panista Isabel Miranda de Wallace tiene un largo historial de arbitrariedades cometidas en diversos casos, con tal de salirse con la suya. Su exabrupto más reciente lo aplicó a la periodista de investigación Anabel Hernández, luego de que ésta revelara que la empresaria manipuló a su antojo el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace, presuntamente asesinado por secuestradores, y que incluso el occiso podría seguir vivo. La panista estalló contra Hernández y acusó a la revista Proceso de presionar a testigos citados en el reportaje de la periodista para que mintieran.

En su libro “México en Llamas”, Anabel Hernández dedicó un capítulo entero a exhibir las acciones ilegales de esa terrible empresaria para hacerse “justicia” por su propia mano contra personas inocentes, solapada por el régimen genocida del usurpador Felipe Calderón.

Investigación ACDV con participación de MXporFC en manos del juez Manuel Cruz quién decidirá el futuro de Areli Cinthya Cantú Muñoz

Artículo publicado en el sitio de ACDV el 13 de febrero de 2015.

El día de ayer 12 de febrero de 2015, el juez de la causa difirió la audiencia de desahogo de las pruebas ofrecidas por la coinculpada Karen Karina Rosas Garita, ya que los elementos de la policía ministerial que fueron citados a comparecer no se presentaron. El Lic. Manuel Cruz del Juzgado 1 de control y Juicio Oral de Chalco, notificó a las partes que se había recibido por las vías institucionales las conclusiones de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad sobre el caso de de Areli Cinthya Cantú Muñoz y de sus coacusados en la toca penal CODHEM/CHA/654/2012, a la cual dio lectura, asentándose en el acta mínima de audiencia.

A Florence Cassez “le destruyeron su vida”: abogado en CNN

Artículo publicado el 2 de febrero de 2015 en el sitio Aristegui Noticias.

“La inculparon como si ella hubiera sido un ogro, realmente ella es inocente, se siente agraviada y por eso está reclamando… si ella fuera culpable o hubiera lo más mínimo de duda, no estuviera reclamando”, comentó José Patiño.

CNN 1

La ciudadana francesa, Florence Cassez es víctima del sistema mexicano, pero no del sistema de justicia en general, sino que fue víctima de una serie de personas que se reunieron para crearle un problema y ese daño moral que le han causado, desde que ingresó a la penitenciaria hasta actualmente donde vive ella en Francia. “A ella le destruyeron su vida”, señaló José Patiño Hurtado, abogado de Cassez.

En entrevista para Aristegui CNN, reconoció que todo el mundo duda de su defendida; “ella es una persona que siempre fue inocente, prueba de ello es que estas personas le escenificaron algo fuera de la realidad -como dice el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar -, y la inculparon como si ella hubiera sido un ogro, realmente ella es inocente, se siente agraviada y por eso está reclamando, porque si ella fuera culpable o hubiera lo más mínimo de duda, no estuviera reclamando”.

A través de su abogado, Cassez interpuso una demanda en México, contra el ex presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, por daño moral. La demanda también incluye a varios de funcionarios del anterior sexenio, e incluso contra el conductor de noticias de Televisa, Carlos Loret de Mola, quien transmitió en 2005 el montaje que resultó la detención de la francesa. Sin embargo, un juez federal rechazó la demanda.

Patiño aseveró que “Felipe Calderón envía a su secretario particular, eso lo leí en todas las notas, por eso lo tenemos documentado con todas las notas periodísticas, envía a Roberto Gil para que gestione e impida que los ministros la liberen, es una presión política, invadiendo un poder distinto al que el tenía, violando cualquier norma y teniendo un interés personal. Porque solamente una persona que tiene interés personal envía a su secretario particular a gestionar a que no le den un amparo, cuando realmente ya no es papel de él”.

Lo hizo “invocando que se le iba a caer el plan, que se iba a caer el secretario de Seguridad Pública, si el secretario y todos los demás están escenificando algo, el señor tenía el deber de actuar e impedir que se llevaran más anomalías en el proceso, está incurriendo en una situación anómala y por eso es su responsabilidad”, acusó Patiño.

Sobre la participación de Televisa, el abogado indicó que también tiene una responsabilidad,  “porque sabían el daño que le iban a ocasionar, al haber escenificado algo fuera de la realidad, ellos conocían el daño que iban a ocasionar, no fue delito culposo, usaron toda la fuerza del Estado para hacerle creer a la población, tanto de México como del mundo, que estaban combatiendo la delincuencia. Cuando fue una escenificación de algo que no fue cierto”.

Recordó que “también estamos demandando a la Procuraduría General de la República (PGR), por eso es una demanda de Estado, no es una demanda únicamente contra los particulares, aquí estamos demandando a la PGR, a quien era el titular Daniel Cabeza de Vaca, a los funcionarios Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Israel Zaragoza Rico, Facundo Rosas, a Roberto Gil Zuarth, y al propio ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, también a Carlos Loret de Mola y a un periodista que se llama Pablo Reinah”.

Patiño explicó que ante la demanda, “el juzgado se declara incompetente. La denuncia la presentamos el 23 de enero, tenemos tres días para impugnarlo y lo vamos a impugnar, estamos analizando los argumentos que son muy sencillos porque tiene responsabilidad, el juez tiene la jurisdicción y la capacidad de resolver este asunto”.

Buscamos “que se le repare el daño en las peticiones que estamos solicitando, de acuerdo a las capacidades económicas de los que están involucrados en haberle hecho el daño”, enfatizó.

La demanda de Cassez contra “la pandilla de altos funcionarios”

Florence Cassez.  Foto: Alexei Vassiliev.

Florence Cassez. Foto: Alexei Vassiliev

Artículo de Anne-Marie Mergier publicado el 3 de febrero de 2015 en la revista Proceso.

Florence Cassez va con todo. Además de la denuncia penal interpuesta en París contra quien resulte responsable, su abogado en México impugnará la decisión del juez Juan Manuel Vega de desentenderse de la demanda civil contra la “pandilla de altos funcionarios” (Felipe Calderón, Genaro García Luna, Daniel Cabeza de Vaca) y representantes de Televisa, a quienes acusa de haberla detenido en un burdo montaje televisivo y encarcelarla siete años. Y pide una indemnización de 36 millones de dólares.

PARÍS (Proceso).- “La decisión del juez Juan Manuel Vega Tapia es inadmisible y es evidente que la voy a impugnar”, se indigna Jorge Patiño Hurtado, abogado mexicano de Florence Cassez en entrevista telefónica con la corresponsal el pasado 27 de enero.

Patiño acababa de saber que el juez Vega Tapia se declaraba incompetente para resolver la demanda civil que, en nombre de Cassez, aquel presentó el 23 de enero, por daño moral, contra la Procuraduría General de la República (PGR) y su extitular Daniel Cabeza de Vaca, así como contra el expresidente Felipe Calderón; el exsecretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna; cuatro funcionarios del sexenio pasado; Televisa; su conductor Carlos Loret de Mola y su exreportero Pablo Reinah.

“El juez pretende que no es competente porque se trata de particulares e insiste en que la mayoría de las personas citadas ya dejaron de ser funcionarios públicos. Finge olvidar que eran funcionarios y además de altísimo rango cuando cometieron sus delitos”, denuncia Patiño Hurtado.

–¿Le indicó Juan Manuel Vega Tapia cuál juzgado sería competente? –se le pregunta.

–Afirma que en el caso de la demanda que interpuse en nombre de Florence Cassez contra exfuncionarios, la vía civil no es la procedente y es de competencia de un juez administrativo, conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En cuanto a Televisa, asegura que la demanda le compete a un juzgado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Sin embargo, no declina nuestra demanda a los juzgados que considera competentes, como tiene la absoluta obligación de hacerlo.

“Tras analizar la demanda de Florence Cassez, el juez tenía varias opciones: declararla improcedente y desoírla, considerarla de su competencia y echar a andar investigaciones o declararse incompetente y remitirla a los juzgados que considere competentes. Pero lo que hizo es absurdo y anticonstitucional: se declaró incompetente y se lavó las manos, dejando la demanda en el aire. Es, entre otras cosas, lo que voy a impugnar…

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