México, prácticas de tortura: el caso emblemático de Yarold Leyte Quintanar

A pesar de los esfuerzos de la última década llevados a cabo por parte del Estado mexicano (en particular de la Suprema Corte de Justicia) que buscan fortalecer el marco normativo con algunas decisiones significativas para uniformizar la legislación mexicana con los estándares internacionales en materia Derechos Humanos y prohibición de la tortura, los observadores Internacionales convienen, sin embargo, que México queda todavía lejos de la excelencia en esta materia.

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha expresado en reiteradas ocasiones su gran preocupación ante el alarmante uso de la tortura en los interrogatorios policiales de personas detenidas arbitrariamente en México.

En su informe de 2014, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura en México, Juan Méndez, enfatizó la función primordial del uso de la tortura por parte de los funcionarios públicos mexicanos, en concreto por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Naciones Unidas denuncia la extracción forzada de confesiones, mediante prácticas de intimidación, amenaza, uso de la fuerza y de violencia física, emocional, y sexual; dichas confesiones, incluyendo auto-incriminatorias, junto con el contenido de los partes policiales constituirán la verdadera matriz del material probatorio que sustentará la(s) acusación(es) contra el detenido. El relator insiste en que la práctica “generalizada” de la tortura en México es posible gracias a la complicidad activa del poder judicial, señalando así a los jueces que legalizan detenciones arbitrarias, que aceptan una confesión forzada con las incoherencias e irregularidades que suele contener como elemento probatorio válido, que no abren investigaciones o no ordenan que se practique el Protocolo de Estambul (Protocolo para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), cuando el acusado declara en etapa de instrucción que ha sido torturado durante su detención, entre otras atrocidades.

En ese lapso que, dependiendo de los casos puede durar entre unas 5 y 48 horas, la tortura se usa para doblegar la voluntad y la resistencia del sujeto

Las prácticas de tortura suelen ocurrir en ese lapso de tiempo que separa el momento de la detención (con frecuencia irregular, efectuada por sujetos que no se identifican como policías y vestidos de civil) del de la puesta a disposición del Ministerio público. En ese lapso que, dependiendo de los casos puede durar entre unas 5 y 48 horas, la tortura se usa para doblegar la voluntad y la resistencia del sujeto detenido y, para que salvaguarde su propia vida y la de sus familiares (madre, padre, esposo, esposa, hijos…) obligándolo a “colaborar” con sus verdugos. El lapso de tortura es la zona gris del derecho mexicano que, si bien ha constituido uno de los argumentos legales para sustentar la decisión de liberar, por ejemplo, a la francesa Florence Cassez, injustamente detenida en México entre 2005 y 2013, todavía goza de la total indiferencia de una mayoría de los jueces de la República mexicana.

Es probable que el uso de la tortura, que forma parte de una serie de prácticas institucionales que permiten el encarcelamiento de inocentes en México, evidencie las profundas deficiencias del sistema de impartición de justicia mexicano. El hecho de que la tortura no haya sido erradicada, a pesar de los esfuerzos procedentes del Máximo Tribunal y de las reformas constitucionales (2008, 2011), nos lleva a pensar que se deberían impulsar reformas nuevas y más profundas, para que los dispositivos que se implementan para prevenir y remediar las violaciones a los derechos humanos no sean colonizados por intereses ajenos a la justicia. Esta es la carga que recaerá en los hombros del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De no ser así, México seguirá alejándose de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, y alineándose con el conjunto de regímenes no democráticos.

Podríamos pensar que el sistema judicial mexicano, con sus aparentes deficiencias, funciona de facto exactamente tal y como se supone que debe funcionar; y que, por tanto, la fabricación de culpables no constituye una anomalía sistémica, sino el objetivo mismo de todo un sistema que opera libremente con la excusa de su imperfección y de su perfectibilidad; sirvan como síntesis a este respecto las palabras del filósofo francés Michel Foucault: “la prisión, al “fracasar” aparentemente, no deja de alcanzar su objeto.” (Vigilar y Castigar, 1975. “Ilegalismos y delincuencias”). En todo caso, y al margen de opiniones o puntos de vista, el sistema mexicano de impartición de justicia está lleno de sombras que solo podemos interpretar de dos formas muy distintas: como errores sistémicos que revelan una disfunción institucional generalizada del poder judicial mexicano o, más grave aún si presuponemos la intencionalidad y la connivencia del Estado mexicano detrás de los aparentes fallos del sistema.

El 29 de enero de 2016, Yarold fue sentenciado a 32 años y 6 meses de prisión por un homicidio que no cometió

Sin pretender poder decidir entre las dos perspectivas mencionadas es en este marco precario en materia de Derechos Humanos en México en el que se da el caso de Yarold Leyte Quintanar. El 29 de enero de 2016, Yarold fue sentenciado a 32 años y 6 meses de prisión por un homicidio que no cometió, el de la Sra. María Teresa González, en Veracruz. A Yarold, miembros de la entonces Agencia Veracruzana de Investigación lo detuvieron arbitrariamente en su casa el 13 de marzo de 2012, sin orden de aprehensión, lo esposaron, le vendaron los ojos. Una vez llegados al lugar de la tortura, los agentes le comenzaron a echar vasos de agua, a ahogarlo, a darle descargas eléctricas en sus genitales, le pusieron un arma en el ojo. Aún así, Yarold siguió sin “confesar” hasta que la policía llevó a su esposa y la escuchó llorar y gritar en otro cuarto. Fue cuando Yarold se autoinculpó de un delito que jamás cometió.

“Desde la hora de su detención hasta el momento en que Yarold fue presentado ante el Ministerio Público pasaron cerca de 10 horas de tortura física y psicológica durante las cuales se mermó su voluntad, produciendo un daño inmensurable. Sin embargo, no ha habido investigación alguna respecto de estas acusaciones y Yarold continúa privado de libertad aun cuando la única prueba en su contra es una confesión que se contradice con todas las demás pruebas en el proceso y que por lo demás es nula por haber sido obtenida por medio de tortura”. (Extracto de la recomendación de En Vero dirigida al Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxpán, Lic. Luis Alberto Cobos Hernández, en julio de 2015).

Yarold Leyte Quintanar.

Yarold “confesó” que forcejeó con la mujer y que la “mató” en su propia casa. Pero una “confesión” jamás se puede obtener bajo tortura, es nula de pleno derecho. Los peritajes contradicen su propio “testimonio”: la mujer no falleció en la casa de Yarold sino en una casa abandonada enfrente, tampoco murió como supuestamente lo confesó Yarold. Varios peritos han probado repetidamente que Yarold no pudo haber asesinado a María Teresa de la forma que lo dice su propia “declaración”, la cual fue calificada de creíble, coherente, y espontánea por los magistrados del tribunal colegiado de amparo (Tribunal Colegiado en Material Penal del Séptimo Circuito, Veracruz), los Lic. Salvador Castillo Garrido, Martín Soto Ortiz y José Martin Gutiérrez Martínez, Tribunal Colegiado en Material Penal del Séptimo Circuito, Veracruz, quienes, en la sentencia de fecha 25 de enero de 2018 destacaron la “capital importancia [de] la propia confesión calificada divisible del aquí quejoso [Yarold Leyte Quintanar], rendida en su declaración ministerial y ratificada en preparatoria, concatenada con el resto del material probatorio relativo a los atestes de los testigos circunstanciales” (Extracto de la sentencia del 25 de enero de 2018, p, 128, una sentencia plagada de errores, entre las cuales inconsistencias en las fechas)

Lo que sí sabemos, es que Yarold fue sometido a torturas durante más de 10 horas.

Lo que sí sabemos, es que a pesar de haber solicitado en múltiples ocasiones que se le practicara el Protocolo de Estambul, sucedió con Yarold lo mismo que en un sinnúmero de casos de presuntos torturados y falsamente acusados: los jueces de primera y segunda instancias y de amparo (tribunal colegiado) no dieron seguimiento a las peticiones de los acusados y alargan el máximo posible el proceso para que la tortura no sea investigada como obliga la ley.

Acusamos de prevaricar a los tres tribunales que juzgaron -y condenaron- a Yarold, únicamente con base a una confesión forzada obtenida bajo tortura. Exigimos la inmediata liberación de Yarold Leyte Quintanar, a quien torturaron hasta la extenuación los días 13 y 14 de marzo del 2012, no solamente porque no existe ni una sola prueba válida que demuestre su implicación en el crimen del la Sra. María Teresa González, sino porque su detención y su posterior condena a 32 años por el Tribunal de Primera Instancia (Juzgado 1o del Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz), decisión confirmada por el tribunal de apelación (7a Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, 12 de mayo de 2016), y el Tribunal Colegiado (25 de enero de 2018) sirven para obstaculizar la investigación del crimen y el acceso de la familia de la mujer fallecida a la justicia. Investigación cuya responsabilidad recayó en la Agencia Veracruzana de Investigación, de la que varios miembros, según la investigación que llevó a cabo la organización En Vero, participaron en el crimen.

El Estado mexicano ha sido cómplice y promotor de una práctica de tortura que, a la fecha, sigue en vigor

El caso de Yarold Leyte Quintanar es otro caso de impunidad y de fabricación de culpables mediante el uso de la tortura; un caso que también ejemplifica ante las instancias internacionales que el Estado mexicano ha sido cómplice y promotor de una práctica de tortura que, a la fecha, sigue en vigor.

Y, al contrario del discurso pseudohumanista que se sigue expresando en México, según el cual (1) los “delincuentes” usan la excusa de la tortura para “evadir su responsabilidad” (dixit Isabel Miranda de Wallace), y (2) aún y cuando se comprueba que un detenido sufrió tortura, solamente se tiene que invalidar la prueba obtenida bajo tortura, y no todo el proceso;

Nosotros afirmamos que la única forma para un gobierno y un sistema de justicia verdaderamente democrático de mostrar su determinación sincera a erradicar por completo las prácticas crueles, inhumanas y bárbaras de sus funcionarios, es la puesta en libertad inmediata de todas las personas detenidas de las cuales existen motivos suficientes para pensar que han sido víctimas de tortura. En otras palabras, la sospecha racional de tortura en contra de cualquier ciudadano es un motivo suficiente para que se le ponga en libertad. Cualquier otra postura sería equivalente a tolerar, e incluso legitimar, la tortura.

Cualquier Estado que ampare o tolere la tortura debería ser juzgado ante las instancias internacionales. Y México, a la luz de casos como el de Yarold, incurre en graves violaciones de derechos humanos.

Seguiremos alzando la voz contra las injusticias, seguiremos poniendo voz a Yarold Quintanar, hasta verlo en libertad. Somos conscientes de que somos incómodos para los Estados, somos conscientes que hay demasiada gente interesada en ordenar silencio ante casos como el de Yarold Leyte Quintanar. Pero los defensores de los derechos humanos no aceptamos chantajes por parte de estados, organizaciones o individuos y, por supuesto, somos y seremos la voz de los perseguidos, torturados, señalados y silenciados. Seguimos.

Mariano Beltrán, Activista y Observador de Derechos Humanos. Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos

David Bertet, Presidente de la Canadian Association for Rights and Truth (En Vero)

 

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López Obrador se compromete a pedir perdón a víctimas y a hacerles justicia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El primer día como presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador pedirá perdón a “todas las víctimas de la violencia” en nombre del Estado, y se comprometerá a que habrá justicia “en todo lo que esté humanamente en (sus) manos”.

Durante. el Segundo Diálogo por la paz, la verdad y la justicia, frente a familiares de víctimas, colectivos y organizaciones de derechos humanos –una muestra de los centenares de miles de víctimas en el país–, el presidente electo reivindicó su creencia en el lema “Olvido no, perdón sí”, lo que generó cierta molestia en la asamblea.

“Respecto a los que dicen: ‘Ni perdón, ni olvido’, pero tengo otra convicción y podemos ponernos de acuerdo”, aseveró el tabasqueño, en eco a su proyecto de conseguir la paz mediante un plan de amnistía.

Al clausurar el foro, AMLO aseveró que la llamada “cuarta transformación” buscará “la forma de reconciliarnos los mexicanos, a reconstruir la paz con justicia y con dignidad”.

Para ello, reiteró que su gobierno pedirá consejo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos y de transparencia, e insistió: “No se les va a cerrar la puerta a nadie; no vamos a tapar ningún caso, no va a haber impunidad. Queremos que todo sea transparente”.

Ante las demandas concretas de los colectivos de víctimas, el futuro mandatario indicó que su administración combatirá la violencia desde “sus causas”, entre ellas, mediante el otorgamiento de becas y trabajos a los jóvenes para que “no caigan en esa empresa fácil de la delincuencia”.

También aseguró que su política de austeridad –mediante la reducción de los salarios en la alta burocracia– y la venta de la flotilla de aviones y helicópteros presidenciales— permitirá contar con los recursos “para que se atiendan a las víctimas de la violencia (…) y las demandas de justicia”.

“La Secretaría de Gobernación (Segob) va a estar atendiendo las demandas justas de ustedes. Va a estar exclusivamente para la justicia, porque ya no estará a cargo de la Policía Federal”, prometió.

Si bien aseguró a los colectivos de víctimas que el diálogo quedará abierto, les pidió que “ayuden con la organización”, pues “si vamos a tener que reunirnos con cada uno los colectivos, no me voy a dar a dar abasto”.

Durante su discurso, de poco más de media hora, el político no mencionó la guerra contra el narcotráfico ni a la militarización de la seguridad pública, que inició el expresidente Felipe Calderón en 2006.

Sostuvo que la violencia se desató en México como consecuencia de las políticas económicas neoliberales adoptadas en los años 80, un modelo “porfirista” que se reestableció “para el beneficio de un pequeño grupo a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente”.

“Esto fue lo que ha generado todo ese dolor”, aseveró, e insistió: “Ahora el gobierno ya no estará en las manos de una minoría rapaz, de la delincuencia común y de cuello blanco”.

Fiscal ético reporta a poderes públicos sobre el falso caso Wallace

Al presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador

Al Poder Legislativo de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión

Al Poder Judicial de la Federación

Al Pueblo de México

 

El 18 de agosto de 2018, un grupo de organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos y periodistas, realizamos una jornada ética en la Ciudad de México, organizada a través del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. En este espacio cívico-ético presentamos ante un honorable jurado, para definición y sentencia de casos graves de violaciones de derechos humanos, que durante los últimos años se han cometido en nuestro país, y que han sido ignorados por los representantes de las instituciones de justicia formal del Estado mexicano.

En estos trabajos, tuve el honor de ser invitada a participar en calidad de fiscal ético para exponer uno de los casos más emblemáticos de corrupción e impunidad en el sistema de procuración de justicia en México: El caso Wallace. Creado con el apoyo de autoridades judiciales, el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, con doble identidad oficial como Hugo Alberto Miranda Torres, mantiene en prisión a siete personas a las que se les violaron su derecho a la presunción de inocencia, y que han sido sistemáticamente torturadas en un lapso de 12 años por agentes ministeriales de SEIDO-PGR bajo órdenes de Isabel Miranda Torres, madre de la supuesta víctima; han sido encarceladas injustamente 12 personas, incluyendo la defensa de los falsamente inculpados; y se han perpetrado 11 detenciones de manera arbitraria e ilegal, de las cuales en cuatro de estas detenciones, Isabel Miranda Torres participó directamente con tortura.

Durante varios años de investigación periodística independiente, y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales internacionales, como la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, Envero, hemos presentado evidencias de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda/Hugo Alberto Miranda Torres, desde el 20 de julio y 1 de noviembre de 2005 hasta la fecha, y por ello hemos sido amenazados de muerte, hostigados y calumniados en medios de comunicación y redes sociales por la misma Isabel Miranda Torres, quien insiste en mantener la fabricación del hijo muerto. En mi caso, ha habido dos intentos de secuestro por falsos agentes ministeriales, enviados a detenerme con documentación falsa, en una flagrante usurpación de funciones, con el argumento de “haber dado una versión diferente a la oficial”. Incluso, el mismo día de la audiencia del Tribunal Internacional de Conciencia, 18 de agosto, recibí una amenaza de muerte vía telefónica.

Hemos emprendido acciones judiciales como demandas por daño moral y personal, así como las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación. Sin embargo, han sido obstaculizadas, postergadas, desestimadas o los representantes judiciales y abogados han sido corrompidos para favorecer a Isabel Miranda Torres.

Por décadas, la fabricación de culpables ha fracturado profundamente el Estado de derecho en nuestro país, y ha corrompido las instancias de procuración de justicia convirtiéndolas en espacios de tortura, violación y encarcelamiento injusto. Isabel Miranda Torres ha intervenido en estas fabricaciones desde 2001, al amparo de funcionarios públicos dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, antes SIEDO, y en la Secretaría de Seguridad pública federal, desde 2006, con el apoyo del exsecretario Genaro García Luna, quien destacó por la fabricación de secuestros y rescates con montajes televisivos para simular su eficiencia.

En mi calidad de fiscal ético del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento respondo de manera pública a la interferencia –fuera de todo lugar– de Isabel Miranda Torres, quien pidió participar en este espacio cívico-ético investigando el domicilio particular del presidente del jurado y enviándole “su expediente” con una comunicación intimidatoria que adjunto al final de este documento:

En primer lugar, Isabel Miranda Torres no tiene derecho a dirigirse al Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento en calidad de víctima, porque está siendo denunciada como victimaria de tortura y violación, que de manera sistemática ha cometido contra siete personas que padecen el encarcelamiento injusto desde 2006 para mantener la fabricación del caso Wallace. El lugar que ella sólo puede tener en este tribunal ético es el de «ACUSADA», el mismo que ignoró en el momento en que se dio a conocer la realización del tribunal.

De acuerdo con las fuentes testimoniales y psicólogos que han practicado diversos protocolos a las víctimas, Isabel Miranda Torres ha promovido la violencia sexual como forma de tortura utilizando a las autoridades judiciales para perpetrar sistemáticamente este crimen de lesa humanidad, estipulado en el Estatuto de Roma, suscrito por México, el 7 de septiembre del 2000, y ratificado el 28 de octubre de 2005, tan sólo tres meses después de que se fabricara el vergonzoso el caso Wallace.

En la alusión de Isabel Miranda Torres al Tribunal Internacional de Conciencia para que no facilite el espacio “a personas que vienen a hacer afirmaciones y acusaciones sin sustento alguno, atacando y difamando a las verdaderas víctimas del delito”, es precisamente lo que estamos haciendo: evitar que personas de su calidad moral que, sin sustento y sin evidencias científicas ni jurídicas, continúe inculpando a personas inocentes con la complicidad judicial, y pretenda utilizar espacios ético-ciudadanos para legitimar estos crímenes. Ella es el caso más representativo de lo mismo que acusa.

La insolencia de Isabel Miranda Torres dirigida a deshonrar a los miembros de este tribunal cívico-ético, a todas luces, inadmisible, sostiene que no nos hemos “tomado la molestia en constatar a qué personas les prestan el foro, mismas que cuestionan casos que moralmente y jurídicamente están sustentados”. Con esta actitud, intenta pasar por alto el compromiso ético-moral de cada uno de los miembros del tribunal que, desde diferentes países, ofrecimos voluntariamente nuestro tiempo y recursos para promover la verdad y la justicia en México en casos de violaciones graves de derechos humanos, como el caso Wallace, entre otros, donde el Estado ha sido cómplice y actor de estos crímenes.

La falsedad del caso Wallace se derrumba desde el momento en que presentamos evidencias de vida de su hijo, quien se resiste a desaparecer. Cada uno de los alegatos de Isabel Miranda Torres sobre el supuesto crimen ha sido respondido oportunamente con evidencias documentales, instrumentales de actuaciones, pruebas periciales, videográficas, gráficas, y testimoniales y análisis jurídicos, ante tribunales del Poder Judicial de la Federación, además de solicitarse la atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia, misma que se negó sin mayor justificación. De esta manera, se evidencia una vez más que ministros y jueces son parte de la profunda fractura del Estado de derecho, y han corrompido la justicia al otorgar el trato preferencial a quien ha sido denunciada por delitos de lesa humanidad, además de secuestro en grado tentativa, usurpación de funciones, tráfico de influencias, falsificación de documentos, amenazas, calumnias, y perjurio.

En este contexto, cuando Isabel Miranda Torres se presenta ante este tribunal ético como coadyuvante del Agente del Ministerio Público de la Federación, corrobora contundentemente nuestra denuncia pública, en la que revelamos a sus agentes ministeriales torturadores, entre éstos, a los MP Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Osvaldo Jiménez Juárez, plenamente identificados por sus víctimas. Y ante la falacia de que la defensa de las víctimas “ha presentado infinidad de recursos de apelación, recursos de revocación, juicios de amparo, recursos de revisión… se acredita plenamente su acceso a la justicia”, le respondo recordándole las condiciones en las que mantiene a sus víctimas, gracias a su tráfico de influencias y corrupcion de autoridades judiciales y directores de penales.

Brenda Quevedo Cruz, sobreviviente de tortura y violencia sexual dentro del penal de Santiaguito, Estado de México, y el penal de Islas Marías, adonde la trasladaron ilegalmente los agentes mencionados de la SEIDO, 11 años en prisión sin sentencia; Jacobo Tagle Dobín, sobreviviente de tortura y violencia sexual, 8 años en prisión sin sentencia; Jael Malangón Uscanga, sobreviviente de tortura y ciego a causa de éstas, 12 años en prisión sin sentencia; falsamente acusados por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Otras cuatro personas torturadas con las mismas características de violencia son: Juan Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Antonio y Albert Castillo Cruz, 12 años en prisión, sentenciados a más de cien años de cárcel, por presión pública a los jueces de parte de Isabel Miranda Torres. Pregunto: ¿A qué justicia se refiere la victimaria?

Por último, respondo a una alusión personal de Isabel Miranda Torres respecto a mi “profesionalismo y humanismo”, y por lo que me llama “seudo periodista”. Informo a México que cuento con estudios de doctorado en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, y dos maestrías, una en Periodismo, en la Autónoma de Madrid en el programa del diario internacional El País, donde hice además mis prácticas, y mi segunda maestría es en Psicología, por la Universidad Sofía, en Palo Alto California. Cuento con licencia como docente en México (cédula profesional) y en Estados Unidos. En cambio, Isabel Miranda Torres se anuncia en Wikipedia como pedagoga, pero no hay registro alguno de sus estudios profesionales ni tiene cédula profesional. Es una persona que al haber participado directamente en la tortura y la detención arbitraria de las víctimas muestra una falta de piedad instintiva que todo ser humano experimenta ante el sufrimiento físico de otra persona. La mentira, la ignorancia y la crueldad han sido constantes en la vida de esta mujer que ha acumulado poder político y económico por la corrupción de los representantes del Estado mexicano. 

¿A cuenta de qué el Estado la sigue protegiendo y fomentando su impunidad? 

El Tribunal Internacional de Conciencia no es ninguna institución judicial del Estado. Existe, se funda, con un carácter estrictamente ético e independiente, con el único propósito de que se sepa la verdad y que la justicia sea una esperanza para las verdaderas víctimas ante la comunidad internacional de derechos humanos e instancias afines. En el juicio ético sobre la falsedad del caso Wallace quedó claro que Isabel Miranda Torres no es ningún ser todopoderoso, ni se trata de un caso aislado en el que ella pudo ajusticiar a una “banda de secuestradores” por su propia mano. No. El falso caso Wallace es un caso armado desde el Estado, con la complicidad de las autoridades judiciales y el tráfico de influencias de Isabel Miranda Torres, que hicieron, juntos, del sufrimiento físico y moral de las víctimas un espectáculo político y mediático, propio de un Estado totalitario.  

El falso caso Wallace ha costado a México una corrupción descomunal en todos los niveles de servidores públicos implicados, desde médicos forenses que se prestaron a expedir un acta de defunción sin cuerpo presente a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, hasta jueces que -sin tener competencia en la causa- se han prestado a realizar acciones judiciales en detrimento de las víctimas, como traslados ilegales a penales donde se les tortura o reciben golpizas pagadas por Isabel Miranda Torres. Como consecuencia de todo ello, padecemos la profunda fractura del Estado de derecho, un mal público que nos afecta a todos y cada uno de los mexicanos.

Por lo anterior, Isabel Miranda Torres no tiene cabida en este tribunal ético; a menos que sea como acusada, reitero, y que responda de manera pública y abierta a cada una de sus víctimas, directas e indirectas, por el daño ocasionado.

Por el bien de México hago público esta consideración.

Guadalupe Lizárraga
Escritora y Periodista Independiente
Fundadora de Los Ángeles Press

Documentos presentados por Isabel Miranda Torres al Tribunal Internacional de Conciencia

El falso caso Wallace #FalsoCasoWallace

La Opción

02/09/2018

El falso caso Wallace 1.jpg

Chihuahua. –  El 12 de julio de 2005, Isabel Miranda Torres, conocida como la señora Wallace, puso una denuncia a la procuraduría por el secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, en menos de 24 horas de su desaparición.

Sus familiares pusieron otras tres denuncias en la misma procuraduría. Ella, directamente, emprendió una cacería contra sus inculpados, apoyada con agentes ministeriales, exhibiendo sus rostros en espectaculares de publicidad exterior en las principales vías de la Ciudad de México y ofreciendo recompensas.

Siete meses después, denunció el homicidio de su hijo con las capturas y confesiones de sus inculpados. Logró sentencias de más de cien años de prisión para siete personas. El expresidente Felipe Calderón le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos, y fue candidata por PAN a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Su poder político y económico se multiplicó, y se convirtió en un personaje público en temas de seguridad nacional. Sin embargo, cuando aparentemente ya estaba olvidado el caso, su hijo da señales de vida.

El Falso Caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga, una investigación periodística que revela la corrupción del sistema de procuración de justicia en México y la crueldad de una madre para mantener la fabricación del secuestro y homicidio de su hijo.

A la venta en Amazon.com y Amazon.com.mx, en versión digital por Kindle App o versión impresa entrega a domicilio.

Sobre la autora: Periodista independiente y escritora. Fundadora de Los Ángeles Press, un medio digital en español basado en Los Ángeles, California. Autora del libro no ficción Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017).

Cómplice de Miranda de Wallace vinculado con los Zetas

Braulio Robles Zuñiga ayudó a fabricar el Caso Wallace, participó en torturas de los inculpados

Quería vinculado con Cártel ser Fiscal Anticorrupción

ABC Noticias 16 de maro 2017

Ciudad de México.- La Comisión de Justicia del Senado de la República descalificó al abogado Braulio Robles Zúñiga del proceso de selección para nombrar al primer Fiscal Anticorrupción debido a que presentó como suya la ponencia de otra participante, Angélica Palacios Zárate.

La senadora María del Pilar Ortega dijo que no se pueden permitir que éste tipo de hechos enturbien un proceso que es justamente para buscar a la persona que encabece la Fiscalía para combatir los delitos de corrupción.

“Es inadmisible que éstas personas siguieran participando en el proceso. Ya le dimos derecho de audiencia al señor Braulio Robles Zúñiga y ya nos presentó su declinación”.

Robles Zúñiga fue denunciado en el año 2009 de estar vinculado con el cártel de Los Zetas cuando fungía como agente ministerial de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, incluso él obstruyó una investigación en contra de un grupo delincuencial dedicado al tráfico de drogas.

Además, las comisiones del Anticorrupción y Justicia del Senado descubrieron un presunto plagio en las ponencias de los aspirantes a Fiscal. La senadora Pilar Ortega (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, evidenció que Robles Zúñiga presentó una ponencia idéntica a la de Angélica Palacios Zarate.

El senador Luis Humberto Fernández dijo: “es similitud palabra por palabra. No vamos a permitir ni dejar pasar ninguna de las cosas”.

 

Encinas recibe con brazos abiertos a la farsante Miranda de Wallace

Raúl Flores Durán. Huellas.mx

23 de agosto 2018.- Las contradicciones del gobierno electo, supuestamente progresista, continúan a la orden del día, esta vez ha sido el senador Alejandro Encinas, quien ha sostenido un amistoso encuentro con la señora Isabel Miranda de Wallace.

El encuentro ha comenzado a generar molestia e indignación, no solo en el ámbito social, sino también en el entorno periodístico, pues Miranda de Wallace es una de las principales agresoras a periodistas en México, quien además continúa disfrutando las mieles de la impunidad y la complicidad en nuestro país.

Este mismo año, reconocidas periodistas como Guadalupe Lizárraga, Fundadora de Los Ángeles Press, ha denunciado abiertamente los intentos de asesinato en su contra perpetrados por gente a las órdenes de Miranda de Wallace, quien ha pretendido silenciarla a toda costa y en múltiples ocasiones, debido a su extenso seguimiento del Caso Wallace, el cual ha desmontado con lujo de detalle documental, demostrando no solo la falsedad y la mitomanía de esta señora, sino también la intrincada red de complicidades y corrupción, que le han permitido mantenerse incólume ante la justicia.

Y no es la única, periodistas que se han atrevido a profundizar de forma independiente en el Caso Wallace, como Anabel Hernández, también han denunciado extensamente la falsedad absoluta de las versiones de Isabel Miranda, así como también las amenazas y hostigamientos realizados para intentar acallar la verdad.

Pero Isabel Miranda no solo debería estar presa por sus agresiones a la

libertad de expresión, se trata también de quien ha sido portavoz de un sector de la sociedad civil conservador, quien particularmente ha gozado de mayor poder bajo administraciones de derecha, como lo fue en el periodo de Felipe Calderón.

Y es que siempre ha sido una asidua defensora de las causas inherentes de la ultraderecha en México, por lo que resulta paradójico que ahora el senador, Alejandro Encinas, uno de los que en apariencia ha sido más comprometido con las causas de la izquierda en México, ahora rinda pleitesía a una criminal mitómana, que en vez de consideraciones merecería un par de esposas y una celda sin concesiones en Santa Martha.