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MéxicoPolítico: Morera, Martí y Wallace, juzgadores orgánicos

Publicado en AOL Noticias

El clima de violencia y la falta de seguridad en nuestro país hicieron que personas como María Elena Morera, Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace saltaran a la esfera pública como ciudadanos que pusieron en evidencia la lentitud, ineficacia y torpeza de la autoridades federal y estatales, por investigar el delito de secuestro. Con el paso del tiempo, estos tres activistas se han convertido en una suerte de conciencia moral de la ciudadanía que, con sus respectivas organizaciones, se supone buscan legalidad y justicia para quienes como ellos, fueron víctimas de algún delito.Pese al dolor que experimentaron por la transgresión sufrida estas tres personalidades, es inexplicable entender que en meses recientes su activismo se ha transformado en acciones y decisiones que legitiman y prohíjan los abusos de la autoridad y no necesariamente coadyuvan y protegen la defensa y el derecho de las víctimas. Así quedó demostrado en el segundo encuentro que sostuvo Felipe Calderón con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Don Javier Sicilia, donde la señora Miranda de Wallace se erigió en la vocera del gobierno federal que dio fe de los “buenos” (e inexistentes) resultados de la guerra contra la delincuencia. Pero hay más muestras de este activismo socarrón. Por ejemplo, María Elena Morera, esposa del empresario Pedro Galindo a quien secuestraron y mutilaron los dedos de ambas manos; la cercanía y vínculo que estableció con el gobierno federal primero como presidenta Nacional de México Unido contra la Delincuencia A.C. y hoy al frente de Causa en Común, supongo que le dio la solvencia moral y de juzgadora orgánica para intervenir en el juicio que interpuso la señora Leticia Valdés quien denunció la violación de su hijo de 5 años de edad en un colegio privado del estado de Oaxaca.

Un caso jurídico muy largo y complejo el de la violación de este infante, donde las pruebas apuntan a una protección de los violadores por parte de quienes han gobernado el estado de Oaxaca y que doña Leticia Valdés ha llevado hasta sus últimas consecuencias; resulta de la nada intervino María Elena Morera y su equipo de abogados, no para proteger a la víctima, sino para desestimar las acciones de una madre desesperada a quien la juzgadora Morera señala de estar afectada de sus facultades mentales y que inclusive se atreve a aventurar que quizá todo sea una invención de la madre y que el menor probablemente nunca fue violado, cuando las pruebas periciales demuestran lo contrario.

Otro caso igual de lamentable e injusto, es el de la ciudadana francesa Florence Cassez. Un asunto mediático que literalmente dio la vuelta al mundo y que incluso tensó las relaciones diplomáticas entre México y Francia. El capricho y deseo del secretario de seguridad pública federal Genaro García Luna, por mostrar en la televisión abierta la captura de criminales, hizo que el caso Florence Cassez estuviera colmado de vicios e inconsistencias que no han sido sanadas. Por ejemplo, el simple hecho de que la detención por parte de la policía federal hubiera sido un día antes al montaje televisivo y hasta entonces haberla presentado ante el ministerio público, es razón legal suficiente para que se reiniciara todo el procedimiento, sin embargo esto no sucedió y a la ciudadana francesa se le fabricaron todo tipo de pruebas para inculparla de un delito que jurídicamente no se sostiene.

Las pruebas y testimoniales de las víctimas de secuestro que señalan a Florence Cassez, como integrante de la banda “Los Zodiaco” son incongruentes, pues no concuerdan los rasgos físicos que señalan, ni tampoco el lugar donde estuvieron cautivos, por ejemplo, el joven quien acusa que Cassez le inyectó una sustancia en el dedo para posteriormente mutilarlo, se demuestra en prueba pericial que no es una cicatriz producto de una inyección, sino una mancha (lunar) de la piel. Lo mismo sucede con las declaraciones de quien primero la identifica como rubia y luego como peliroja y que no es capaz de distinguir el tipo de acento diferente de Cassez.

Pero si esto no fuera suficiente, es sospechoso y a la vez difícil entender, la dinámica de la justicia en México, que ante el escandalo mediático, la ciudadana francesa fue sentenciada en muy poco tiempo por el delito de secuestro, con todas las instancias de ley, mientras que el “supuesto” líder de la banda y señalado como su pareja sentimental aún no recibe sentencia condenatoria.

No obstante, ante esta serie de inconsistencias y muchas más que se quedan en el tintero, la señora Isabel Miranda de Wallace interviene en el proceso y utiliza su poder “moral”, desde su papel de activista ciudadana y no de juez, para juzgar en la tribuna de los medios de comunicación a la francesa Florence Cassez, argumentando que es una secuestradora porque así lo ha determinado la justicia mexicana, sin reparar en el proceso indecoroso y descompuesto originado por la fabricación de pruebas a cargo de García Luna y avaladas por Felipe Calderón. Finalmente, está el proceso de Alfonso Martín del Campo Dodd, un hombre acusado de haber asesinado a su hermana y cuñado hace 20 años. El caso Martín del Campo Dodd recientemente ocupó un lugar en la opinión pública debido a que sus abogados llevaron el asunto a Cortes internacionales y a la justicia mexicana no le quedo mayor remedio que volver a él. La comisión de Derechos Humanos del DF, ha hecho una defensa pulcra y legítima del caso, pues en diversas pruebas los abogados de Martín del Campo Dodd han demostrado inconsistencia en el proceso y falta de sustento en las pruebas incriminatorias. De hecho, el caso es tan turbio, que la propia CDHDF impulsó la figura del amicus curiae (amigo de la Corte) para apoyar a que se le diera el “reconocimiento de inocencia”; pero cuál fue la sorpresa que prácticamente de la nada, apareció el equipo de abogados de la señora Miranda de Wallace para intervenir en el proceso y frenar la solicitud de este reconocimiento.

De hecho, tanto es el intervencionismo en el sistema de justicia del país de la ciudadana Isabel Miranda de Wallace que acudió a Alejandro Martí para que a través de sus respectivas asociaciones civiles, Alto al Secuestro y México SOS, presentaran una demanda de amparo contra magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de la Comisión de Derechos Humanos capitalina por considerar que no cumplen su obligación de hacer justicia y defender a las víctimas de un delito. Por supuesto, argumentando que este proceso no reconoce a quienes fueron víctimas del delito, cuando jurídicamente si fue atendido.

Con todo esto, pareciera ser que estos personajes, sobre todo Isabel Miranda de Wallace, lejos de construir un Estado de derecho, lo que hacen es incidir en el sistema jurídico a su conveniencia, denostando el prestigio y autonomía de órganos como es el caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que por no convenir a sus intereses, lo acusa de no cumplir con sus obligaciones.

Quizá sea momento de exponer a quienes se han erigido como juzgadores orgánicos del gobierno de Felipe Calderón, para comenzar a saber de qué lado estará la justicia a defender, si la justicia de las verdaderas víctimas o la justicia que da glamour, escoltas y derecho de piso en los pinos, y de paso saber cuáles son sus verdaderos intereses.

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  1. 24/05/2015 en 8:58 AM

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