Sistema jurídico mexicano, a prueba por caso Cassez (El Universal)

La verdad que sí, hay periodistas buenos en el Universal. Objetivo, sin juzgar sino presentando los hechos. Eso sí se llama periodismo

Saludos @ Lopez Doriga

Fuente : El Universal
Hace un año, el caso de Florence Cassez Crepin, sentenciada a 60 años de prisión por secuestro, desató un conflicto diplomático entre Francia y México. Hoy tiene relevancia jurídica, ya que sentará precedente en la interpretación de derechos humanos en los juicios penales ante la reciente reforma en la materia, además de otros temas como debido proceso, presunción de inocencia, tortura, exclusión de prueba ilícita y asistencia consular, por el expediente que está en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
No hay un plazo para que los ministros de la Corte emitan su fallo en torno al amparo directo en revisión 517/2011, que admitió el 9 de marzo del año pasado, por lo que el caso Cassez está lejos de ser un expediente cerrado. La francesa, que defiende su inocencia, está frente al último recurso legal que tiene para alcanzar la libertad, tras su detención hace seis años; mientras, el sistema jurídico del país está a prueba, sea cual sea la decisión final, pues se fijarán estándares procesales.

Agustín Acosta, abogado defensor de la ciudadana francesa, en entrevista con EL UNIVERSAL destacó que el contenido de este amparo en revisión deja en claro que el caso “no se trata de un conflicto bilateral entre Francia y México, involucra temas de la evolución del sistema judicial mexicano y los está planteando a la luz de los desarrollos constitucionales y legislativos que hay en este país (…) es un asunto que atañe a temas sobre los cuales se ha venido pronunciado la Corte”.

Recordó que ante las reformas constitucionales de juicios orales y derechos humanos, “este amparo, en ese sentido, con los planteamientos que propone, pone a prueba todo este tipo de cambios institucionales que han ensanchado la esfera de los derechos de las personas que han sido enjuiciadas, en el terreno de lo práctico. Habremos de ver qué interpretación le da la Corte que, repito, no es un tema de conflicto binacional”.

El representante legal rechazó especular sobre el sentido del fallo del expediente Cassez. Dijo ser respetuoso de la labor de los ministros de la Corte, que ya han tomado decisiones que involucran temas de debido proceso, respeto a derechos humanos y cumplimiento de tratados internacionales como en los casos de Acteal y Rosendo Radilla, entre otros, pero cada expediente tiene sus particularidades, y el de Florence “llama a temas novedosos y no nos queda más que estar pendientes”.
El camino legal

Florence Cassez fue detenida por la Policía Federal en diciembre de 2005, como presunta integrante de la banda delictiva de Los Zodiaco, y desde entonces ha perdido todas las instancias judiciales que han conocido de su caso.
Sentenciada a 60 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y portación y posesión de arma de uso reservado al Ejército, la defensa de la francesa impugnó ante la SCJN la decisión de un Tribunal Colegiado, que el 10 de febrero de 2011 le negó un amparo directo y confirmó la condena.
La resolución del año emitida por el Tribunal provocó que el gobierno de Nicolás Sarkozy acusara que en el país hay una “denegación de la justicia”, y se desató un conflicto diplomático que derivó en la cancelación del Año de México en Francia. Más de 360 actividades programadas, con un presupuesto de 50 millones de euros, se suspendieron luego de que el presidente galo decidió, el 14 de febrero de 2011, iniciar cada evento con un discurso sobre Cassez “para que no la olviden”, lo que obligó a México a retirar de inmediato su participación.
El desencuentro fue superado parcialmente con la reunión oficial de los cancilleres de ambos países al finalizar 2011, pero en el ámbito jurídico el episodio está abierto. A seis años de su detención, Cassez ha agotado todas las instancias judiciales para recuperar su libertad y sólo espera el fallo de la SCJN, que pondría fin al procedimiento en México.
Aunque para el gobierno francés la expectativa sobre el último recurso legal no ha variado. En marzo pasado, el entonces portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia, Bernard Valero, afirmó que su gobierno espera que en este caso el amparo ante la Corte prospere y el problema “tenga una solución en el marco del derecho“, al reiterar que en México la joven tuvo un proceso injusto e irregular.
El recurso fue admitido el 9 de marzo de 2011 y radicado en la Primera Sala, en la ponencia del ministro Arturo Zaldívar, luego de que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal se declaró incompetente para pronunciarse sobre los temas de constitucionalidad que planteó la defensa y remitió el expediente a la Corte.
En el acuerdo correspondiente, el tribunal sostuvo que los magistrados no realizaron estudio de constitucionalidad de algún precepto, ley federal o local, tratados internacionales o reglamentos en la resolución impugnada, y que tampoco hicieron una interpretación directa de algún artículo de la Constitución.

Estos dos supuestos son los que justifican la intervención de la Corte para revisar las resoluciones dictadas por un tribunal colegiado en materia de amparo.

Violaciones denunciadas

La defensa de Cassez solicitó a la SCJN revisar el fallo, por considerar que contiene interpretaciones de los artículos 14, 16, 17, 20, 22 y 133 constitucionales en materia de debido proceso, presunción de inocencia, tortura, exclusión de prueba ilícita y asistencia consular.
Asimismo, argumenta que, desde el juicio de primera instancia, no se aplicaron a Cassez los tratados internacionales a los que tenía derecho como extranjera, y en la demanda de amparo expuso 17 diferentes conceptos de violación que abarcan más de 100 fojas del expediente.

Entre estos destacan violaciones al debido proceso, como inducir el testimonio de las víctimas; parcialidad de las pruebas, tortura, negación de asistencia consular inmediata, y no haber sido puesta a disposición del Ministerio Público sin demora, así como falta de certeza jurídica en la fecha y hora de su detención.

La defensa también impugnó que no se haya otorgado valor probatorio a los videos relacionados con la detención de los inculpados y la liberación de las víctimas, que resultaron ser un montaje de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

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