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“La defensa al debido proceso”, lo más importante para lectores de Homozapping en el caso Cassez

“La defensa al debido proceso”, lo más importante para nuestros lectores en el caso Cassez

29 de marzo 2012

                                           

La semana pasada, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar propuso la liberación de Florence Cassez tras ver las irregularidades existentes en el proceso que había en su contra.

La reapertura del caso provocó una serie de opiniones encontradas, tanto en ciudadanos como en miembros de la política: unos se mostraban de acuerdo ante las consideraciones del ministro mientras que otros (entre ellos la candidata al gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace) desaprobaban por completo esta decisión. Al final, tras un discurso agresivo por parte del presidente Felipe Calderón, y a pesar del evidenciado telemontaje realizado por Genaro García Luna, se le negó la libertad a la ciudadana francesa.

Ante este proceso, decidimos consultar la opinión de nuestros lectores. La semana pasada, lanzamos una encuesta con la pregunta “En el caso Cassez, tras la resolución de la Suprema Corte ¿Qué es lo más importante?”. Obtuvimos 369 respuestas, y los resultados fueron los siguientes:

144 lectores (el 39%) opinó que lo más importante de todo esto era “la defensa del debido proceso”. Respecto a esto, el lector Enrique Velasco Ugalde comentó: “Con lo que yo, en lo personal tengo de información, no sé si Florance Cassez es o no culpable; mas lo que sí sé es que el telemontaje armado por Genaro García Luna y demás policías sí debe se castigado y a partir de ahí abrir un proceso penal contra estos malos servidores públicos y un nuevo proceso a la Cassez que enjuice objetivamente su participación en los hechos que se le imputan. Pero lo que sí debe ser penalmente castigado es la simulación de la PFP con García Luna al frente. De no hacerse se está poderando la impunidad”.

Lo anterior nos lleva a la segunda respuesta más votada, con sólo 16 votos menos, el 32.52% de los votantes (120 lectores) opinó que lo más importante del caso Cassez es “la condena a los telemontajes”. Al respecto, el lector Antonio comentó: “Hay que ser duros con aquellos que sin escrúpulos, con una mentira (en este caso montaje) terminen con la vida de una persona inocente”.

En tercer lugar quedaron aquellos que opinaron que lo más importante en este caso era “la defensa de los derechos de las víctimas”. 55 votantes (14.91%) recordaron que en medio de todo este proceso hay, en teoría, una serie de víctimas que no deben ser olvidadas.

Muy cerca de este voto se encuentran aquellos que opinaron que lo más relevante es “la permanencia de Cassez en a cárcel”. El 11.11% de nuestros lectores (41 votos), considera a Cassez culpable y, por lo tanto, que debe mantenerse presa.

Entre las respuestas opcionales, hubo lectores que consideraron que los cuatro puntos anteriores eran igual de importantes en este proceso.

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Caso Cassez: Entrevista con la ministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero

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¿Qué clase de estado de derecho hay en México?

La Importancia del Caso Florence Cassez

La Polaka Mexicana

Por Nelson Razo  Nelson Razo

Director editorial, columnista y administrador web de Códice En Línea (codiceenlinea.com), periódico digital que informa sobre el panorama informativo local, estatal y nacional a la pintoresca ciudad de Tecate, Baja California. También es columnista de la sección de Tecate de la Revista Campestre (revistacampestre.com).

 

Exactamente la misma pregunta que el abogado francés de la familia Cassez, Frank Berton, es la que el pueblo mexicano siempre se ha hecho, pero que sólo resuena por unos meses después de algún gran evento de injusticia como por ejemplo el caso de la Guardería ABC.

Sin embargo, a pesar de que la ciudadanía siempre ha sabido que las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia tiene la fama de ser todo menos profesionales en su trabajo y de violar mil y un derechos humanos, el presidente Felipe Calderón, y para el caso cualquier gobernante de alto nivel, siempre se defiende asegurando que su gobierno se apega a los tratados internacionales que buscan garantizar los derechos humanos a toda costa.

Incluso nuestro presidente se atreve a declarar que ya se está depurando y “profesionalizando” las policías. Y, a pesar de que lo menciona en presente continuo (es decir, que se está haciendo, no que ya se ha hecho), no deja de defender a sus funcionarios y a su sistema cuando la sociedad le exige que se encuentre a los culpables o se reparen los daños causados por negligencia o mal proceder.

Incluso ahora resulta que, para que no le estén siempre echando la culpa a Calderón, éste se pone a declarar (en la conferencia “Un Gobierno Democrático” el día de hoy) que la Seguridad Pública no depende solamente del gobierno federal, sino en la mayoría de los casos, es responsabilidad de los estados. O sea que: “ahí les hecho la bolita a los gobiernos priístas y perredistas”, quienes tienen la mayoría de los estados que se consideran violentos. Pero ahí trae al ejército haciendo un trabajo que no le compete. Hasta donde yo sé, el ejército está trasgrediendo la responsabilidad de los estados combatiendo el narcotráfico como si fuera policía estatal y federal al mismo tiempo.

Y precisamente esta es la importancia del caso Cassez. Si nos ponemos estrictos, (precisamente para lo que está la Suprema Corte) para el nuevo derecho mexicano no interesa si es o no culpable la francesa, mucho menos lo que piensen tanto Calderón como la población en general. Lo que le interesa al derecho es la impartición de la justicia de manera ciega y sin presiones ni tendencias.

Si tiene que seguir una, la única tendencia que debe seguir la justicia de un país que se dice ser “un estado de derecho” (como le gusta declarar a Felipe Calderón), es la tendencia de los tratados de derecho internacional que el mismo presidente de la república ha firmado y recordado en tantas ocasiones ya durante su sexenio.

Y esos tratados y esas tendencia del derecho internacional son precisamente las que una decisión, como a la que se llegó hace una semana en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, claramente resulta incongruente. Y es por eso que el mismo abogado francés de Florence indignado expresó ante las cámaras: “¿qué clase de Estado de derecho es México?”

Pero hasta este nivel se debe de llegar para que un caso de mala impartición de justicia tenga la posibilidad de influir de manera positiva en el sistema de justicia y gobierno mexicano: al nivel en el que otro país debe entrar y convertirse el caso (que bien y pudo haber sido resuelto fácilmente desde el principio) en un evento internacional. Y menciono “influir de manera positiva” debido a que algo sí se logró con la resolución de la Suprema Corte: la mayoría de los ministros (incluidos algunos de los de la “ola pasada”) aceptaron que en el caso Cassez, desde el principio se violaron sus derechos humanos fundamentales, los cuales según la “nueva época” están por encima de lo que digan nuestra constitución y nuestros reglamentos jurídicos.

Lo ideal para el derecho mexicano hubiera sido, sea culpable o inocente, que la totalidad de ministros de la sala hubieran reconocido que la mezcla de la violación de sus derechos y el ilegal actuar de las autoridades que detuvieron a la francesa es lógicamente razón suficiente para que se considere a Casses ilegalmente presa, y en consecuencia (y no porque sea o no inocente) hubiera sido liberada.

Ah, pero si no fue por la presión del presidente Calderón (al declarar solo unos días antes de la reunión los ministros de la Suprema Corte que sería un error que la justicia dejara libre a Florence), resulta igual de inadecuado que la decisión de la Primera Sala haya sido producto de que en la misma Suprema Corte (el poder del Estado Mexicano que más independiente y racional debe ser, si a esas vamos) lo que impere, al igual que en la forma de trabajar de las policías en general, sea el viejo estilo de no aceptar el cambio y querer seguir haciendo las cosas como antes, de parte de algunos ministros.

Innumerables son las opiniones de expertos en derecho nacional e internacional que sacan a relucir esa incongruencia en la resolución de la Suprema Corte. ¿Cuál es la incongruencia, con peras y manzanas?

Básicamente México ya acepta que lo que se ha estado haciendo con la justicia (eso de que “primero te agarro y luego averiguo, y te agarro como se me antoje”) viola los derechos fundamentales de las personas. México acepta ya que los derechos fundamentales de las personas están por encima de lo que diga la propia Constitución y en consecuencia también los reglamentos jurídicos. Y México acepta ya que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contario”. Todo esto lo aceptó México con los tantos tratados internacionales que ha firmado y con los que se obliga a seguir las nuevas reglas (que nuevas solo son aquí en los países que apenas lo están adoptando, pero que en todos los desarrollados ya existen desde hace mucho). Y aún así, desde la misma Suprema Corte, vemos las incongruencias manifestarse.

Las incongruencias de las cuales, si recibo comentarios para que lo haga, escribiré en futuros posts. Porque el tiempo es corto y hay que escribir de otros temas. Y porque este tema dá para más y sería muy malo para México que se olvidara igual que la misma Guardería ABC.

 

Sobre las posturas de los Ministros Pardo y Cossío

Según la postura que apoyo el Ministro José Ramón Cossío, ante lo raro del proceso y las violaciones que se cometieron hacia  Florence Cassez, se debería  reponer el proceso.

La postura, al parecer, tiene sentido. Cossío propone un proyecto sensiblemente diferente al de Zaldívar y plantea que no se deberían considerar las segundas declaraciones de Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian Hilario. Se trata de los testimonios se hicieron poco después del descubrimiento del montaje mediático. En ese caso, sólo quedaría la declaración de Ezequiel Elizalde, quién incrimina a Florence desde el 9 de diciembre de 2005 (a pesar de lo poco confiable que es este testigo por sus tantas mentiras).

El principal problema con la postura de Cossío es lo siguiente. Se consideran inválidas las declaraciones posteriores al descubrimiento del montaje cuando precisamente lo que está en juego es la posible (muy probable) arbitrariedad de la totalidad de las declaraciones, todas posteriores al montaje. En resumen, Cossío considera como el inicio de la falsedad el descubrimiento del montaje y no el montaje en sí. O sea, lo reprobable empezó, según Cossío, con la revelación de la mentira y no con la mentira.

Según nosotros, las únicas declaraciones  que se deberían tomar en cuenta son los testimonios que se hicieron antes del montaje… o sea… ninguno! ya que todas las declaraciones fueron tomadas después de dicho montaje.

Vale la pena mencionar y aclarar  que ninguno de los testigos que llegaron a acusar a Florence Cassez  hablan de su participación en el montaje. Lo que quiere decir que  mienten, no porque sean mentirosos, sino porque tienen que. Alguien los impuso hacia la ley del silencio sobre este montaje que no tiene nombre. Y ahora, Isabel Miranda declara que las victimas no tienen la culpa si llegaron camarógrafos y periodistas mientras los policías hacían su perativo. Wallace, Wallace, Wallace… Hasta los policías reconocieron que hubo montaje

Pardo (quién será el tema de otro artículo) propuso castigar a los autores de la dramatizacion. ¿Que es lo que usted propone, Ministro Pardo? ¿Una multa para García Luna? ¿Si usted fuera profesor y se da cuenta que un alumno saco un acordeón en un examen, de verdad propondría castigar al estudiante y sin embargo consideraría ese examen como bueno??

 

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Justicia enlodada – la amistad entre Wallace y Margolis genera sospechas

Laregiontam.com.mx

Por: Moisés Edwin Barreda

2012-03-27 


Resulta muy sospechoso que Isabel Miranda, que desató el avispero contra el proyecto de Zaldívar, reconoce a Margolís como muy amigo suyo y compañero de aventuras, y este hombre es tan cercano a García Luna. Además, Cristina Valladares, secuestrada por la pandilla de Israel Valladares, era del servicio doméstico de Margolis.

El lamentable rechazo al proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para resolver la revisión de la negativa de amparo a Florence Cassez, y la lectura atenta del reportaje publicado en Proceso 1846, evidencian que sobre el asunto hay más lodo del que se orea. Lo denuncian varios hechos que constan en autos pero fueron ignorados por el agente del Ministerio Público Federal al integrar la averiguación previa, el juez de la causa y el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Es obligado esclarecer por qué lo turbio del asunto.

Es deseable, y creemos que hasta justo, que el nuevo proyecto, encargado a la ministra Olga Sánchez Cordero, cuyo criterio jurídico fue coincidente con él de Zaldívar, subraye el desaseo con que en procuración y administración de justicia se manejaron los autos, manipuleo grotesco magnificado por la basta y fuera de lugar presión de Felipe Calderón al Poder Judicial de la Federación para que naufragara el proyecto que excarcelaría a la súbdita francesa.

Es reprobable que el Ministerio Público Federal, el juez de la causa y el de alzada todavía no aclaren por qué durante el proceso y los análisis de la causa no se tomaron en cuenta elementos de juicio que son los vínculos entre la francesa, su hermano Sebastien, Cuauhtémoc Margolis, Israel Vallarta, Isabel Miranda de Wallace, Cristina Valladares, Genaro García Luna y Eduardo Martí, previos a la captura de Florence Cassez y el linchamiento televisivo de García Luna a la señora Florence, que quién sabe por qué no acreditan como punible por el daño moral que le causó.

Vamos por partes: Sebastien Cassez y Cuauhtémoc Margolís eran dueños de una empresa a la que Florence entró a trabajar. Margolís tiene negocios con García Luna, pues se dedica a la venta de automóviles blindados o a blindarlos, y una empresa de seguridad que también actúa como intermediaria entre parientes de secuestrados y los captores de éstos. Alejandro Martí la contrató para el rescate de su hijo Fernando, quien terminó asesinado.

Resulta muy sospechoso que Isabel Miranda, que desató el avispero contra el proyecto de Zaldívar, reconoce a Margolís como muy amigo suyo y compañero de aventuras, y este hombre es tan cercano a García Luna. Además, Cristina valladares, secuestrada por la pandilla de Israel Valladares, era del servicio doméstico de Margolís.

Aún más sospechoso todavía es que Margolís tuvo relaciones incluso sexuales con el supuesto líder de Los Zodiaco, Israel Vallarta, antes de que García Luna lo apresara y acusara de secuestro junto con Florence.

Parece que lo primero a hacer para eliminar la suciedad en este caso es determinar por qué que Felipe Calderón se obstina en defender a ultranza a Genaro García Luna a pesar del grave delito que cometió en agravio de Florence Cassez.

El fantástico caso de “Clorence Fassez” – Un relato ficticio

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Caso Cassez – “1984” hecho realidad

Por Gabriel Infante Carrillo 

“El Estado mexicano hizo de este caso en un “reality” judicial; en lugar de que los presuntos secuestradores fueron juzgados en los tribunales, como debe de ser, la opinión pública fue el juez que decide mantenerla tras las rejas.”

El caso de Florence Cassez se asemeja mucho a lo planteado por el escritor inglés, George Orwell en su emblemática novela “1984”. Distorsionar y alterar la realidad para manipular a la opinión pública para hacer creer otra realidad en beneficio de regímenes totalitarios y así tener a la población sometida. La escenificación ajena a la realidad, como el ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, calificó al montaje del arresto televisado de la ciudadana francesa, realizado por la extinta Agencia Federal de Investigación —actualmente la Policía Federal— y comandado por el hoy Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, sin duda logró que Florence Cassez fuera juzgada y sentenciada como culpable públicamente mucho antes de ser juzgada ante un tribunal y un juez, como debería ser en un Estado de Derecho y de legalidad. Los jueces que la sentenciaron en la primera instancia a 96 y luego a 60 años de prisión, aseguraron que el montaje no fue tomado en cuenta como evidencia y que de ninguna manera esto afectó a que la ciudadana francesa tuviera un debido proceso, sin embargo, como el ministro Zaldívar señaló en su proyecto de sentencia, que no próspero:

“…el efecto corruptor imbuyó en todo el proceso penal, sobre todo en el material probatorio incriminatorio, el cual es la base de todo proceso penal y que en este caso se tradujo, esencialmente, en el testimonio de personas que fueron parte de la escenificación ajena a la realidad y que pudieron verse influenciados por aquéllas”.

Y tan es así, que Cristiana Ríos Valladares, una de las víctimas, señaló en su primera declaración del 9 de diciembre de 2005, y quien dijo textualmente:

“Durante la presente diligencia tuve a la vista a las personas que ahora me entero responden a los nombres de Israel Vallarta Cisneros y Marie Louise Cassez Crepin y después de observarlos con detenimiento manifiesto que no conozco a estas personas y es la primera vez que los veo, ya que las personas detenidas que vi en la casa de seguridad las vi cuando estaban de espaldas, pero la ropa que traen es la misma, también los escuche articular palabras y manifiesto que no conozco la voz de ellos, ya que la voz de mis diferentes cuidadores era más ronca y considero que siempre fingían; también quiero señalar que nunca vi a ninguno de mis secuestradores, por lo que me sería difícil identificarlos físicamente y que estoy enterada, por voz de los agentes de la AFI, que las personas que detuvieron son parte de mis secuestradores, por lo cual denuncio el delito de Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro cometido en mi agravio y en agravio de mi menor hijo Cristian Hilario Ramírez Ríos y procede en contra de Israel Vallarta Cisneros y Marie Louise Cassez Crepin y quien o quienes resulten responsables…”

Testimonios como el mencionado que dan indicios de cierta influencia o manipulación de los agentes de la AFI sobre las víctimas para incriminar a los inculpados, así como testimonios contradictorios y en donde responsabilizan a otras personas —incluso a miembros de su familia política— como responsables de su secuestro, y que nunca fueron investigados por parte de las autoridades responsables, así como claras omisiones, abundan en el expediente. Por lo que, los testimonios de las víctimas pierden fiabilidad, y eso se debe en parte por la intervención y manipulación del AFI para cuadrar el guión de la escena ficticia que nos presentaron a través de las pantallas de nuestros televisores aquella mañana del 9 de diciembre de 2005. Así mismo, queda claro quienes conocen a fondo el expediente, que los responsables que llevaron a cabo el proceso judicial en contra de Florence Cassez sólo tomaron en cuenta aquellos elementos donde la incriminan y desecharon u ignoraron otros elementos donde apuntaban a otros presuntos responsables.

A pesar de que se descubrió el montaje, este sin duda tuvo el efecto que quizá la AFI y sobre todo Genaro García Luna deseaban que tuviera con la única finalidad de hacer creer a una sociedad mexicana vulnerada e indefensa por la inseguridad, que la agencia a su mando está dando los resultados, que aquella estaba exigiendo; tan es así, seis años después sigue en el imaginario colectivo de gran parte de la sociedad que asegura, sin conocer a fondo el caso y en parte también motivado con un fuerte sentimiento nacionalista, que la francesa es culpable. Así mismo, es evidente que la manipulación en este caso trascendió a los juzgados y la presión ejercida por parte del gobierno del presidente Calderón ha sido una constante para evitar cualquier posibilidad legal de que Florence Cassez sea puesta en libertad. La hoy candidata del PAN para la jefatura de la Ciudad de México y activista social, Isabel Miranda de Wallace, y que es vista como una heroína— por no decir una santa— por ir detrás de los supuestos secuestradores y asesinos de su hijo, ha sido un instrumento importante para que el gobierno federal, y sobre todo Genaro García Luna, sigan sosteniendo esta farsa.

Un de los argumentos que el ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar que justifica la razón por la cual propuso otorgar el amparo y la inmediata libración de Florence Cassez, y que escandalizó un sector de la población, se basa sin duda en un razonamiento lógico, y que difícilmente no podríamos estar en desacuerdo:

“…es necesario enfatizar que toda acusación debe sustentarse en evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales. En este caso, efecto corruptor, al haber subvertido el material probatorio, impide determinar la culpabilidad de la quejosa en los términos ordenados por nuestra Constitución”.

Es decir, al alterar toda la escena del crimen la solidez y fiabilidad de la evidencia carece de credibilidad, por lo que resulta difícil en base a esas evidencias presentadas por la parte acusadora determinar la culpabilidad de la acusada. Condenar alguien en base a pruebas dudosas y por la palabra de las víctimas sin ser corroboradas y sustentadas por evidencia sólida, no solo es anticonstitucional, sino que en ningún país con Estado de Derecho y con un sistema de justicia fiable e independiente, no sería procedente.

Respecto la opinión pública mexicana entorno al caso Cassez, en el que más del 80% cree en la culpabilidad de esta mujer francesa, es un clarísimo ejemplo a lo planteado por el sociólogo italiano Giovanni Sartori en su un libro “Homo videns”, en la que señala que:

“Con la televisión, la autoridad es la visión en si misma, es la autoridad de la imagen. No importa que la imagen pueda engañar aún más que las palabras […] Lo esencial es que el ojo cree en lo que ve; y, por tanto, la autoridad cognitiva en la que más se cree es lo que se ve. Lo que se ve parece «real», lo que implica que parece verdadero”.

A pesar que las autoridades reconocieron dos meses después de que la detención televisada era un montaje, el impacto de las imágenes que generó en la opinión pública fue sin duda irreversible, a pesar que todos concientemente reconocen que fue un montaje, pero inconcientemente vinculan la culpabilidad de esta mujer por aquellas imágenes. Las discusiones que se han dado a lo largo de seis años y previó al análisis en la Primera Sala de la SCJN del proyecto de sentencia del Ministro Arturo Zaldivar, por parte de la opinión pública, muestra claramente que hay aún un enorme desconocimiento del caso, ya que sólo repiten los argumentos que han escuchado en los medios de comunicación, por parte de varios “lideres de opinión”, que a su vez también desconocen a profundidad el caso o quizá lo hacen con cierta intencionalidad para quedar bien con el poder, por lo que han propiciado que la opinión pública esté aún más confundida y desinformada sobre este controversial e inédito caso, y que deja muy mal parado al gobierno mexicano.

El Estado mexicano hizo de este caso en un “reality” judicial; en lugar de que los presuntos secuestradores fueron juzgados en los tribunales, como debe de ser, la opinión pública fue el juez que decide mantenerla tras las rejas. ¡Cómo va ser posible que la autoridad vaya en contra de la opinión pública, ellos dicen que Florence Cassez es culpable, pues es culpable! ¡No señores!, este caso debe ser resuelto dentro del marco de la ley, y no lo que piense y diga una opinión pública desinformada. Fue inaceptable la presión ejercida a los cinco ministros por parte del gobierno de  Calderón y de la Sra. Isabel Miranda de Wallace. Los ministros de la Primera Sala, no debieron de haber recibido a nadie durante las dos semanas previas a la sesión del pasado 21 de marzo.

A medida que este caso se siga prolongando y no sea resuelto, la imagen de México, de por sí ya deteriorada, seguirá en detrimento, y seguirá siendo vista como un país corrupto, de ilegalidad y con un débil sistema de justicia.