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El sistema procesal penal mexicano, doblemente victimario

Fuente: Revista Pandecta

Por Fabricio Montes

octubre 25, 2012

                                                A Alfredo Castillo, siempre estuve cierto de tu inocencia. Tú sacrificio no será vano.

          “Gracias a Dios, a mis papás, a mis abogados, a toda la gente que confió en mí. En verdad nunca cometí un delito, me acusaron injustamente, me pasé cinco años y dos meses en la cárcel por un delito que no cometí […] Hay mucha gente como yo injustamente en las cárceles[1]”. Declaración desgarradora de Hugo Sánchez Ramírez, indígena mazahua detenido injustamente. Como el caso de Hugo, existen otros miles todos los días, como bien lo señaló la ONU: “en México, la tortura y las detenciones arbitrarias son pan de todos los días[2]”.

De nuevo el drama de “presunto culpable” se repite, se materializa, se perpetúa. Parecen insuperables las graves deficiencias de los sistemas procesales penales y, desde luego, el sistema penitenciario. Sin embargo, hemos sido testigos de continuas simulaciones que no atacan el fondo del asunto.

Tal es el caso de Florence Cassez, quien fue acusada de participar en diversos secuestros. La irregularidad de la detención comenzó desde la interrupción abrupta del noticiero matutino Primero Noticias de Televisa y Hechos am de Tv Azteca. Aquel nueve de diciembre de dos mil cinco, el Duopolio daba cuenta de la presunta captura de una banda dedicada al secuestro. De una forma muy estudiada, los agentes de la entonces AFI –dirigida por el actual secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna- ingresaron en el rancho Las Chinitas. El reportero, fungiendo como la voz más autorizada de la sociedad civil, como juez y como ministerio público, indicaba que en el lugar se encontraba una mujer de origen francés, quien –en voz del corresponsal- era la esposa del jefe de la banda de secuestradores, misma que participaba en dicha actividad ilícita.

El reportero interrogaba a Florence, quien se encontraba en el piso con una cobija, despeinada y asustada. Al ser cuestionada inquisitivamente, Cassez negó los hechos, dijo que jamás había participado en los secuestros y que Israel Vallarta no era su esposo. Con sendas imágenes, nadie podría osar en poner en tela de juicio la efectiva captura de una banda de secuestradores y, posteriormente, la liberación de las tres víctimas encontradas en el inmueble.

Sin embargo, en el programa Punto de Partida que encabeza la periodista Denise Maerker, Florence Cassez dio cuenta del montaje perpetrado por Genaro García Luna. Florence manifestó que la habían detenido con anterioridad y que la habían llevado al rancho Las Chinitas. Sin duda, Genaro García Luna quedó en ridículo frente a la opinión pública, así como la credibilidad en la estrategia de seguridad del gobierno calderonista, al encumbrar a un funcionario capaz de orquestar y avalar, con la complicidad del Duopolio, tremendas violaciones.

No obstante, Florence Cassez fue sentenciada en primera instancia a noventa y seis años de prisión. Desde luego, recurrió a la apelación y obtuvo una sentencia de sesenta años. Por tal motivo, los padres de Florence, Charlotte y Bernard Cassez, recurrieron a la ayuda del entonces presidente francés Nicolás Sarkozy.

De un momento a otro, el caso de Cassez pasó de un asunto jurídico, a un asunto de corte político. Indudablemente, Felipe Calderón se mostró de lo más obstinado al decir que se debía privilegiar a las víctimas en lugar de los victimarios y que si la francesa había cometido el hecho en México, en México debía purgar su condena[3].

Sin embargo, el asunto parece ser aún más profundo. Recientemente, los periodistas franceses Patrice du Tertre y Othello Kahn realizaron en México el documental “Florence Cassez, el último recurso”. Dicho documental fue transmitido en “Le monde en face[4]”.

El reportaje “Florence Cassez, el último recurso”, da cuenta del montaje realizado por el entonces director de la AFI Genaro García Luna, de las contradicciones de las víctimas encontradas en el rancho antes mencionado, así como las amenazas que sufrió Sebastián Cassez -hermano de Florence- por parte de Eduardo Margolis, allegado a Genaro García Luna y a Isabel Miranda de Wallace[5]. Quizás de ahí el interés que demostró la señora Wallace, respecto a que la francesa no fuese liberada, al presentarse puntualmente en las sesiones de la primera sala del máximo tribunal. ¿Qué pretende ocultar la señora Wallace? ¿Qué intereses persigue?

La situación parece más que complicada. Por principio de cuentas, debido a la investigación que emprendió la Iglesia Católica mexicana -por petición de la Santa Sede- dirigida por Pedro Arellano y veintisiete investigadores, quienes concluyeron que Florence Cassez es inocente. Esta investigación fue enviada al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al presidente Felipe Calderón, a través de Margarita Zavala. Por otro lado, las relaciones diplomáticas entre Francia y México parecían desquebrajarse por la incertidumbre del asunto, por el desconocimiento del Tratado de Estrasburgo[6] y por la falta de tacto y sensibilidad del gobierno federal.

Recientemente el presidente electo, en gira por Europa, al reunirse con Francois Hollande[7] -actual presidente francés-, se pronunció por la neutralidad en el caso Cassez; el cual, se encuentra pendiente en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, se returnó a la Ministra Olga Sánchez Cordero.

Es de recordar que, el primer proyecto del amparo en revisión 517/2011, a cargo del Ministro Arturo Zaldivar, proponía la inmediata liberación de Cassez, sin embargo, como es del conocimiento general, el proyecto fue rechazado por no alcanzar la mayoría. Dicho proyecto derivó en ríspidas relaciones entre la Corte y la presidencia de la República, a través del secretario de gobernación, Alejandro Poire.

Parece ser que en México el estado de derecho es una frase sin contenido, utilizada a modo e invocada en discursos demagógicos. Para la opinión pública, el asunto se ha tornado como una especie de nacionalismo mal entendido. Las opiniones respecto al caso se han polarizado, tal vez por la gran carga emotiva que implica el delito de secuestro, la impunidad y la complicidad de corporaciones policíacas.

En el caso de Cassez, percibo una clara injusticia con una falta tremenda de seguridad jurídica. La señora Wallace olvida que el Estado de Derecho es el orden en el que un pueblo políticamente maduro se reconoce[8]; construirlo, pues, es tarea de todos. La presunción de inocencia de Cassez fue totalmente violada por la opacidad de la AFI y su director, así como por la complicidad del Duopolio televisivo. ¿Cómo preservar bienes básicos de la Constitución, si se pueden vulnerar en cualquier situación?

La señora Wallace, el gobierno federal y un amplio sector de la sociedad han olvidado que ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad. Tampoco, ninguna mayoría puede hacer verdadero lo que es falso, o falso lo que es verdadero, ni, por tanto, legitimar con su consenso una condena infundada por haber sido decidida sin pruebas[9].

Pese a las dudas y las constantes violaciones de principios contenidos en nuestra Carta Magna, los atropellos de las autoridades siguen siendo una característica primordial de su actuar, de nuestras policías, de nuestros juzgados, de nuestras cárceles pero, sobre todo y lo más preocupante, del silencio y la aprobación de la sociedad civil, ¿acaso no somos conscientes de la tremenda posibilidad de convertirnos en la siguiente víctima? ¡Hasta la próxima!


[1] Méndez, Alfredo, “Me robaron 5 años de vida, dice mazahua encarcelado injustamente por secuestro”, en La Jornada, 2012, no. 10135, México, D. F., miércoles 24 de octubre, p. 14.

[2] Ibidem, “En México la tortura y las detenciones arbitrarias son pan de todos los días: ONU”.

[3] Jiménez, Sergio Javier, “FCH: Cassez purgará su sentencia en México”, en El Universal, 2009, no. 33,480, México, D. F., martes 23 de junio, Nación, p. A 13. Véase también: http://www.youtube.com/watch?v=xOjVcCC7nag

[6] Queriendo desarrollar más la cooperación internacional en materia penal;

Considerando que dicha cooperación debe servir a los intereses de una buena administración de justicia y favorecer la reinserción social de las personas condenadas;

Considerando que esos objetivos exigen que los extranjeros privados de su libertad como

consecuencia de una infracción penal tengan la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen;

Considerando que el mejor medio para ello es trasladarlos a sus propios países.

[7] Reséndiz, Francisco, “Se reúne Peña y Hollande, dan golpe de timón en el caso Cassez”, en El Universal, 2012, no. 34,685, México, D. F., jueves 18 de octubre, Nación, p. A 8.

[8] Benda, Ernesto, El Estado social de derecho, p.496.

[9] Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías: la ley del más débil, Madrid: Trotta, pp. 24-27.

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  1. Brandom
    08/11/2012 en 5:11 AM

    Claro que no cometiste un delito, cometiste al menos dos y lo sabes

    • 08/11/2012 en 10:04 AM

      ¿Explicación?

    • Fabricio Montes
      08/01/2013 en 4:34 PM

      Pues ya lo dijo Alejandro Madrazo, profesor investigador del CIDE: “Se demostró que existieron violaciones a los derechos de la ciudadana francesa, que no hay elementos para mantenerla en prisión y sí para investigar a quienes cometieron delitos en su contra.
      “Debe quedar claro que no es aceptable que los policías secuestren y, en su caso, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino secuestraron a Florence Cassez”. (El Universal, 8 de enero de 2013).

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