Archivo

Archive for 28 febrero 2013

HOY: EVENTO – Coloquio sobre “Ley General de Víctimas”

Coloquio sobre “Ley General de Víctimas
Fecha: Jueves 28 de febrero de 2013
Hora: 19:00 horas
Lugar: Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico (Revolución 1500, Colonia Guadalupe Inn)
Participan: Javier Sicilia, Rafael Estrada Michel, Santiago Corcuera y Julio Hernández Barros.
Academia Mexicana de
Jurisprudencia y Legislación
La Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación
Se complace en invitar a usted al Coloquio sobre:
“Ley General de Víctimas”
que tendrá el honor de contar con los siguientes ponentes:
Javier Sicilia
Líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
Javier Sicilia
Santiago Corcuera Cabezut
Académico de la Universidad Iberoamericana
experto en Derechos Humanos
Rafael Estrada Michel
Director General del INACIPE
Académico supernumerario
Julio Hernández Barros
Co-redactor de la Ley General de Víctimas
Académico de número Sitial 22
El coloquio se llevará a cabo en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, sito en Avenida Revolución número 1500, Colonia Guadalupe Inn, el día jueves 28 de febrero de 2013 en punto de las 19:00 horas.
Entrada Libre        
Al finalizar el coloquio se servirá un vino de honor
R.S.V.P. acajurisprudencia@hotmail.com
Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación A. C. Av. Revolución 1500, Col Guadalupe Inn, México, D. F. 01020
acajurisprudencia@hotmail.com
Categorías:Sin categoría Etiquetas: , ,

La lección del caso Cassez sobre el debido proceso‏

Fuente: ADN Político

Por: Ricardo Sepúlveda

El 25 de Febrero, 2013  

Ricardo Sepúlveda es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, licenciado por la Escuela Libre de Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Es también director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad.

La reciente resolución de la Suprema Corte en el caso de la ciudadana de origen francés Florence Cassez, generó un fuerte debate público sobre la justificación y oportunidad de esta resolución. Partiendo de que fueron notorias las irregularidades que se cometieron en este proceso, uno de los puntos centrales del debate consistió en si la violación al debido proceso es o no suficiente razón para liberar a una persona sobre la que existe una seria duda de su posible culpabilidad (no concordamos con esa suposición. Si “existe duda”, existe beneficio de la duda y prevalencia de la presunción de inocencia).

En razón de ello, y con el afán de aportar algo positivo para fortalecer la cultura de la legalidad en nuestro país, dedico estas líneas a reflexionar sobre el debido proceso y qué lugar debe ocupar éste en la construcción de una sociedad justa y legal en México.

Una de las grandes innovaciones del Derecho a partir del siglo XVIII fue la llamada sumisión del Estado al Derecho. La novedad consistió en establecer que también la autoridad se encontraba sometida al orden jurídico, a las leyes. Ésta fue la manera en la que el ciudadano, de por sí débil y vulnerable ante la fuerza del Estado, podía resistir a los embates del avasallamiento del Estado que se habían convertido en la regla de vida de la sociedad en los siglos anteriores.

Una de estas expresiones fue y es precisamente el debido proceso, conforme al cual el Estado sólo puede privar de la libertad –o de un derecho- a una persona, si llega a una sentencia o resolución que así lo determine, habiendo cumplido el debido proceso. En ese sentido, éste se convierte en un derecho de protección de todo individuo frente a los posibles abusos de poder del Estado.

La trascendencia de esta salvaguarda se puede medir claramente si reconocemos, en primer lugar, que cualquiera puede ser -hoy o mañana- objeto de abusos y/o arbitrariedades por parte de las autoridades y, en el caso de países con sistemas de seguridad y justicia débiles, el riesgo es mayor, ya que la propia deficiencia de las autoridades para sancionar los delitos se convierte en un incentivo para que se utilice el monopolio de la fuerza que tiene el Estado para culpabilizar a inocentes. Esto es lo que sucede muchas veces en nuestro país. La situación se vuelve crítica ya que, por definición lógica, ninguna sociedad puede construir bases de justicia sobre actos de injusticia.

En ese sentido, el debido proceso es un medio que incentiva la eficiencia de las instituciones de seguridad y justicia, ya que impide que se generen “chivos expiatorios” o que se abuse de quien no puede defenderse.

Con esto bastaría para ponderar la importancia que tiene el que se respete el debido proceso como norma, pero aún cabe hacer una siguiente reflexión sobre su contenido, ya que muchas veces se le ve como un conjunto de reglas arbitrarias o meros formalismos legales. Este es un punto realmente importante a aclarar, ya que si así fuera no tendría justificación e incluso se podría convertir en un obstáculo para la aplicación de la justicia y del derecho.

De ninguna manera es así. En realidad el debido proceso es un conjunto de requerimientos mínimos, básicos, indispensables… para que un proceso de privación de un derecho a una persona, pueda tener garantía de objetividad y por tanto proximidad a una decisión justa. Sin ello, no habría posibilidad de afirmarlo. Éste es su fin y su sentido, poder garantizar -como dice Roxín- que un proceso, del cual derivará posiblemente hasta la pérdida de libertad de una persona, se apegue a criterios de justicia.

Es por ello que dentro de los requisitos de un debido proceso se encuentran cuestiones tan elementales como, por ejemplo, el derecho a la defensa, lo que incluye ser oído y presentar pruebas, contar con una asesoría legal, derecho a un juez imparcial, derecho a poder apelar una primera resolución, derecho a la presunción de inocencia, derecho a ser informado de la acusación que se presenta, derecho a no ser obligado a declararse culpable, etc. Contra el debido proceso van todas las acciones de detenciones arbitrarias, tortura, incomunicación y no se diga las ejecuciones extrajudiciales.

Todos estos derechos que componen el debido proceso se encuentran establecidos en los tratados internacionales y en la totalidad de las constituciones del mundo, ya que se trata de un principio universal del Estado de Derecho.

Como puede observarse, el debido proceso viene a ser también la forma en que se compaginan la obligación que tiene el Estado de perseguir el delito y ofrecer seguridad a sus ciudadanos, con la de respetar sus derechos. Éste es precisamente su sentido; si no existiera, quedaríamos a merced de la suerte o del capricho de las autoridades. El debido proceso es, pues, un pilar del Estado de Derecho, única base sobre la que se puede construir un proyecto de desarrollo de una nación.

Cabe aún un cuestionamiento más. Aceptando la importancia que tiene el debido proceso, ¿cómo funciona éste cuando existen casos en los que se enfrenta una situación patente de culpabilidad y, sin embargo, no se puede sancionar porque no se respetó el debido proceso?

Ésta es una cuestión real, que sucede incluso en los sistemas de justicia más eficientes. Aquí es donde entra el valor del debido proceso como derecho humano fundamental, ya que si bien en casos extremos el debido proceso podría llevar a generar situaciones de injusticia, como sería el de no sancionar a un culpable, su respeto en todos los casos –sin excepción- nos garantiza una base de igualdad que es una premisa de cualquier planteamiento de justicia en una sociedad.

Si queremos que el debido proceso se respete en un caso, tiene que respetarse en todos. Así funcionan los derechos humanos, son los mínimos que deben ser cumplidos universalmente. Un derecho para mí, vale igual para todos. Es el modo como lo explicaba Dworkin al hablar de los derechos en serio, por encima incluso del interés general.

Si a estos razonamientos, de carácter más bien general y teórico, añadimos la grave experiencia en México, donde los principios del debido proceso y en general de respeto a la ley, se ven constantemente socavados por la corrupción, la ineficiencia y la inequidad, resulta aún más importante que defendamos el debido proceso como un pilar de nuestra nación.

Existen datos que nos llevan incluso a la conclusión de que el debido proceso en México es la excepción y no la regla. De acuerdo con los resultados de la Primera Encuesta a la Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal del CIDE, 53% de los presos federales no tiene una sentencia y está esperándola en prisión preventiva. Asimismo, de acuerdo con esta encuesta, se pudo observar que aproximadamente la mitad de las personas sentenciadas indicó que fueron aprehendidos en flagrancia, mientras que 91.7% de quienes no fueron detenidos en flagrancia señaló que no se les mostró una orden de aprehensión.

En conclusión, consideramos que más allá de este caso, pero tomando ocasión de él, requerimos dar un vuelco al modo como se respeta el debido proceso en México. No podemos seguir admitiendo que se proceda sin sujeción o respeto al Estado de Derecho y a las garantías mínimas de seguridad jurídica que a todos los ciudadanos nos corresponden.

Secundamos la indignación que tenemos en México por la falta de justicia de tantas víctimas, y es por ello que levantamos la voz para que el debido proceso sea respetado en todos los casos… pero si una preferencia habría que tener, sería para aquellos que tienen menos medios para defenderse, que más vejaciones han sufrido.

Categorías:Sin categoría Etiquetas: , ,

ONGs se dirigen a AMLO

Las ONGs Gente de México por la Democracia y AFCDDH (Canadá), con las que tuvimos el gusto de colaborar en el caso Cassez, emitieron un comunicado contestando las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre la liberación de Florence Cassez.

México DF, 19 de febrero  de 2013

Lic. Andrés Manuel López Obrador,

En respuesta a sus declaraciones más recientes sobre la liberación de Florence Cassez que usted califica de “barbaridad”.

Durante cinco años trabajamos en un caso que es emblemático de una triste realidad en nuestro país. Un caso que es un ejemplo representativo de las violaciones al debido proceso judicial y a los derechos humanos, en las que incurren las autoridades policíacas: el caso de Florence Cassez.

El caso de Florence Cassez debió y deberá tomarse siempre como un caso mexicano y no como el caso de una francesa a la que la Suprema Corte hubiera hecho el favor de liberarla por ser extranjera. Esto porque éste es uno de miles de casos en nuestro país de inocentes injustamente encarcelados, víctimas de la fabricación de culpables por parte de las autoridades para hacer creer a la población que existen avances en el combate a la delincuencia. Es inaceptable que inocentes cumplan condenas injustas cuando los verdaderos culpables siguen en las calles.

Por lo que lamentamos sus declaraciones que tacharon de barbaridad la liberación de Cassez, la Corte hizo valer las leyes mexicanas y nuestra Constitución y anuló una sentencia que nació de violaciones graves a éstas. La Suprema Corte libero a una persona cuya culpabilidad nunca ha sido comprobada. Al contrario, se demostró la falsedad y
el carácter ilegal de todas las pruebas que las autoridades federales habían presentado en su contra.

Usted siempre exige que se no se pisoteé la Constitución, ¿por qué está vez no fue congruente? ¿Acaso pretende que sólo se haga valer la ley cuando a uno le conviene y no siempre? Usted, que presume ser un hombre de izquierda, debía ser congruente y abogar por quienes son víctimas de la fábrica de culpables. Sus declaraciones fueron populistas, electoreras y lo ponen en el mismo nivel de la “mafia del poder” que usted tanto critica.

 

GielMeza                                                                                                                                                

Presidente          

Gente de México por la democracia

http://gentedemexico.blogspot.ca/

gentedemexico@hotmail.com

Logotipo Oficial GMD

  David Bertet

  Presidente

  Asociación  contra la Fábrica de Culpables y por la   Defensa de los Derechos Humanos

afcddh@live.ca

logo 6

La verdadora historia del caso Wallace: investigación

Fuente: Carceldemujeres2

Se ha señalado a Brenda Quevedo Cruz, Juana Hilda González Lomeli, Cesar Freyre Morales, Jacobo Tagle y los hermanos Tony y Alberto Castillo Cruz, como los autores del plagio y desaparición de Hugo Alberto Castillo Cruz. Sin embargo la ‘’investigación” realizada mas por la madre del secuestrado que por la SIEDO, no deja de ser una especulación de la señora María Isabel Miranda de Wallace, para encontrar un culpable en la desaparición de su hijo.

Ella refiere que tuvo convencimiento que a su hijo lo habían secuestrado en el domicilio de Perugino número 6, porque como lo refiere en su declaración del 13 de julio de 2005, su sobrino Jorge Ortega Fuentes le comentó que

el chofer de Hugo Alberto conocía un restaurante donde trabajaba una muchacha que frecuentaba a Hugo Alberto

Se dirigen al lugar. Sin embargo, cuando llegan al restaurante reconocen que no identificaron  a ninguna muchacha. De manera peculiar el señor Jorge Ortega le sugiere que busquen por ahí  la camioneta. Finalmente la localizan en la calle de Empresa y Carraci.  Es en ese momento que, según la declaración de la Sra. Wallace, se le acerca un curioso. Este hombre le informa que en la madrugada escuchó enfrentones. Al asomarse se dio cuenta de que de ese vehículo estaban bajando a la fuerza a una persona y se la llevaron a un edificio en la calle de Perugino, lugar donde acudió la señora. Entonces, un menor de edad le informó que en la noche había escuchado balazos y había observado que del departamento 6 bajaron a una persona herida; además le informó el niño de que en ese lugar viven unas muchachas que son visitadas por policías judiciales. Además eso lo escuchó también Jorge Ortega Fuentes.

Todo el resto de la “investigación” llevada a cabo por la Sra. Wallace se desprende de una fotografía encontrada en el domicilio de Juana Hilda González Lomeli, durante un cateo realizado, donde aparece la mayoría de la gente involucrada en este caso. Simplemente decidió la Sra. María Isabel Miranda Torres que ellos eran los culpables de la desaparición de su hijo.

  • Las declaraciones de Juana Hilda González Lomeli

En la primera declaración rendida ante la PGR SIEDO, por parte de Juana Hilda González Lomeli, en fecha 11 de enero del 2006[1], (persona recluida en el CEFERESO No. 4, Tepic, Nayarit), ella refiere

no saber nada y desconoce los hechos que se le imputan,

el 12 del mismo mes, a petición del Ministerio Público una ampliación[2] de la misma, en la que consta la reiterada negativa de su participación de los hechos que le fueron imputados.

Posteriormente, Juana Hilda es arraigada en la Colonia de los Doctores,  y casi un mes después, Juana Hilda, es sacada del arraigo el día 8 de febrero del 2006 a las 3 de la tarde, hacia las oficinas de la SIEDO, sin que existiera una orden que justificara su salida (no tenían porque haberla sacado), supuestamente para practicar una diligencia, increíble en el centro de arraigo existen módulos para practicar diligencias. En la SIEDO le dijeron que tenía que firmar una declaración, la cual había sido previamente elaborada por el Ministerio Público Federal, PGR, en la que involucraba a los hermanos Castillo y a otras personas. Al negarse a firmar, fue torturada física y psicológicamente con amenazas de sembrarle droga a su familia o matarlos etc; si no firmaba.

Posteriormente, es regresada al centro de arraigo, en la madrugada del 9 de febrero del 2006, y en el trayecto sufren un accidente, la camioneta de los AFIS choca con un vehículo particular y ocurre una volcadura falleciendo un miembro del AFI, (de esto nunca se dijo nada) al estar Juana Hilda en el arraigo, presentaba lesiones en el cuello y excoriaciones en el cuerpo, al solicitar esta el servicio medico le dijeron que tenía que firmar unas hojas en blanco.

Pese a que en la declaración preparatoria, Juana Hilda, nunca ratifica su confesión del 8 de febrero del 2006[4], en el Juzgado, ya que ésta se obtuvo con amenazas del Lic. Fermín Ubaldo Cruz. Se le indicó al Juez que estas amenazas consistían en que si no firmaba una declaración que se encontraba preparada, en la que confesaba su participación en el delito que se le imputa, le harían daño a su familia y a cualquier persona que tuviera relación directa con ella.

La presunta responsabilidad, que llevó al Ministerio Publico a detener a Juana Hilda, se ha dirigido por la hipótesis de la señora María Isabel Miranda, lo que se corrobora con un escrito que presenta el día 13 de enero del 2006, y al cual se hace referencia en la hoja 540 del auto de plazo constitucional, en donde sin tener pruebas suficientes ni confesiones que incriminen a Juana Hilda, manifiesta lo que posteriormente hacen firman a Juana Hilda en su confesión de fecha 8 de febrero de 2006.

  • Análisis del video en él que Juana Hilda confiesa su participación en el secuestro de Hugo Wallace

Ver el Cuadro comparativo de declaración de Juana Hilda Gonzalez

De la propia transcripción que hace el Perito designado por el C. Agente del Ministerio Público Federal del video de la declaración acaecida el 8 de febrero de 2006, en las Instalaciones de la SIEDO, lo que se corrobora de la leyenda en el mismo video, podemos advertir la evidente alteración que el representante social hizo de las palabras vertidas por la procesada, y que todavía tenga el descaro de presentarlo como prueba en este H. Juzgado.

Sin embargo, probablemente sin la presencia del video, nunca hubiéramos estado en posibilidad de conocer desde las entrañas de SIEDO, lo que sucedió ese día 8 de febrero de 2006. En primer término, se aprecia que la procesada JUANA HILDA GONZALEZ, se encuentra en una sala de audiencias, ya que frente a ella se encuentra una persona sentada frente a una computadora y que de manera increíblemente rápida, está escribiendo lo que JUANA HILDA dice. Sin embargo se advierte que en ningún momento es interrumpida por su interlocutor o siquiera por el mecanógrafo para que repita los hechos que va narrando. Tal parece que eso no importa tal vez porque la declaración ya está lista.

Por otro lado a pesar que el C. Agente del Ministerio Público, le está haciendo preguntas sobre los hechos ocurridos el 11 de julio de 2005, y que resulta un derecho constitucional que se le haga saber al procesado que tiene derecho o no a contestar las preguntas que le haga el representante social, fundando el principio de la no incriminación; no se aprecia que en algún momento se lo hagan saber a la procesada.

En tercer término, tal vez el más importante de dicho video, es que durante los 50 minutos que aproximadamente dura dicho video no se aprecia la presencia de su entonces abogada de oficio Lic. Dolores Vera Murcia, la que se supone debe estar junto con su defendida, puesto que se aprecia una silla vacía al lado de JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, y en ningún momento, se advierte la comparecencia de ninguna persona que asista en dicha diligencia a la procesada. Entonces no es correcto otorgarle valor pleno ni siquiera indiciario, por no haberse producido con las formalidades legales que la ley establece al respecto, determinándose que la confesión rendida ante el Ministerio Público, sin la asistencia de un defensor carecerá de todo valor probatorio.

No es óbice para desestimar lo anterior, el hecho que en la declaración firmada por Juana Hilda (la cual fue obtenida por los medios a que se ha hecho alusión en el punto que antecede) aparezca la firma de la licenciada Dolores Vera Murcia, puesto que ante la evidencia notoria y visible como lo es la prueba de video ofrecida por el propio Agente del Ministerio Público, en que la percepción no depende de los sentidos ni de la interpretación, sino de los hechos que se muestran en él, se denota la verdad de las circunstancias existentes, y es que JUANA HILDA no estaba asesorada de abogado. Esta prueba, se advierte sin ediciones y sobre todo, es entregada por su autor: LA SIEDO.

Como se advierte de la hora del video, este sucede a las 8pm, siendo conteste con lo declarado por Juana Hilda en declaración preparatoria rendida ante este órgano jurisdiccional indicando

Cuando llegó a las oficinas de SIEDO, preguntó por su defensora de oficio y le dijeron que ya le habían hablado que no tardaba y mientras las pasaron a ella, a un acuarto donde nada mas había una mesita y cerraron la puerta, estaba el licenciado Fermin Ubaldo …

Mesita que se observa en el video, así como un licenciado que es quien le está haciendo preguntas, quien nunca se identifica, a lo que desconocemos quien es la persona que está hablando, pero si sabemos que es un agente del ministerio publico.

Además resulta indiciario que el video se haya tomado a las 8 de la noche, cuando como consta en autos, Juana Hilda Gonzalez arribó a las oficinas de SIEDO cerca de las 4pm; y del dicho de la  defensora de oficio, en su escrito a fojas 685 del tomo 4, indica que ella fue avisada a esa misma hora. Además según los datos que se advierten del tomo 4, se supone que la declaración de Juan Hilda empezó a las 4.10 pm el 8 de febrero de 2006. No así a las 8 de la noche.

Es más que evidente que la declaración que el Agente del  Ministerio Público presentó ante este juzgado como confesión obtenida por la procesada no es la que se advierte en el video de referencia, ya que existen datos, circunstancias, horas, completamente diferentes de las que se señala en dicho video y que sin embargo, son perfectamente editadas por el representante social, y lo que es peor, le hizo creer al Juez que Juana Hilda había declarado la deposición escrita, para que fuera tomada en cuenta al momento de resolver el auto de término, quedando más que acreditado que la declaración de 8 de febrero visible a fojas 748 a 757 del Tomo IV de autos  no es la que nos ha acreditado el agente del Ministerio Público, conteste con la que manifestó Juana Hilda, ese día, demostrando así que la declaración estaba ya preparada, pues cuando llegó la defensora de oficio pues ésta solo firmó frente a ella, para darle “legalidad” a la diligencia. Pues como Juana declaró en su declaración preparatoria

Su defensora se fue a las siete de la noche y la declarante seguía en ese lugar, lo cual el licenciado Fermin molesto por el comentario que le hizo a la declarante la volvió a regresar y desde las 19 horas a las cuatro de la manaña la tuvo en dicho lugar otra vez con intimidación.

Demostrándose con el video esta aseveración.

De ningún modo, puede considerarse a dicha declaración en video la calidad de confesión o ratificación ante órgano judicial, puesto que la procesada no ratificó en ninguna diligencia ni las manifestaciones del video, ni las que el Ministerio Público confeccionó en sus oficinas, por lo que la prueba analizada y valorada debidamente tiene por demostrado que de ninguna manera se corrobora la confesión. El representante social actúo indebidamente al inducir la deposición escrita.

La declaración que consta en video y cuyos peritos detallan en su dictamen, denota la clara contradicción con otros elementos de prueba y que el Ministerio Público pretende que ambos materiales probatorios, sean tomados como prueba plena a su favor. Como por ejemplo el hecho que en ningún momento Juana Hilda indica en el video las horas que de manera cronométrica se señala  en la deposición escrita. O cuando en el video nos habla de la compra de un serrucho, y en la deposición escrita, hasta marca le ponen a la sierra BLACK AND DECKER. Lo que resulta por demás sospechoso es que a pesar que no se determinan las horas en que se suponen fueron al súper a comprar la sierra y a pesar del conocimiento que el agente de la Federación tenía de este video, la coadyuvante del representante social se apresura a comprar la sierra eléctrica cuyas especificaciones técnicas conoce más que los propios procesados para que el día de la inspección judicial con carácter de reconstrucción de hechos forme parte de las fotos y de la teatralidad que implicaba poner a funcionar la sierra en el departamento.

Incluso, la deposición escrita es contradictoria con la del video y lo declarado por Vanesa Figueroa, en su totalidad, ya que recordemos que Vanesa Figueroa dijo en su declaración de 2 de Febrero, que oyó a Hilda decirle a alguien

Nos vemos en el cine

Pero, en el video nunca dice eso, al contrario dice

Te vuelvo a llamar.

Situaciones que en evidente contradicción de la deposición escrita del video, se detallan en la pericial ofrecida por el Agente del Ministerio Público. Es prueba plena para desvirtuar en su totalidad la que fue ofrecida como prueba ante este órgano jurisdiccional, pues se acredita que fue editada, alterada, y se entregó como la verdad de la narración de los hechos, actuación deplorable que por supuesto debe ser desestimada, en lugar de ser premiada como pretende el Agente del Ministerio Público.

  • Declaración de Vanesa Figueroa Martínez, con domicilio en el edificio de Perugino número 6 – acosada por la familia Wallace

En su declaración rendida el 15 de julio del 2005[4], Vanesa Figueroa Martínez refiere que ella vive desde hace un mes en el edificio de Perugino número 6, y que desde la fecha que habita su departamento, los departamentos son muy tranquilos y que ella vive únicamente con su hijo. Refiere además que no ha visto nada raro en el tiempo que tiene viviendo en su departamento. El día 12 de julio del año en curso, tocaron a su timbre y eran unos policías uniformados quienes le preguntaron si en la madrugada del 12 de julio, había escuchado disparos de arma de fuego. Contestando que NO, posteriormente le preguntaron si en el edificio vivía un niño de 8 años. Contestando que NO, y que ese día solo había ido a visitarla su hijo en la mañana. Comentó que su hijo de nombre Erik Figueroa Martínez no vive con ella, y que no era posible que su hijo le hubiera dicho a una persona vestida de civil que había escuchado balazos en la madrugada del lunes, porque en ese momento él se encontraba en el interior del departamento viendo la televisión. El niño solo salió un momento a los pasillos, pero nunca salió del edificio. Al llamar al menor, la persona que declaró que el niño le había dicho que había escuchado balazos dijo “si es él”. Cuando el menor es interrogado por su madre, el menor refiere que él no le dijo a nadie eso, y que lo único que indicó, fue que le preguntaron si en ese edificio vivía una mujer bustona y güera, y al contestar que no, se retiraron.

La misma Vanesa refiere que

yo pienso que esta persona mal informó a los policías y a las personas vestidas de civil, que esto fue puro chisme y malos entendidos.

Además, resulta preponderante la importancia de señalar que esta testigo fue llamada por la SIEDO y acudió de manera libre y espontanea, declaró que el lunes 11 de julio del 2005, estuvo platicando hasta las 5:00 de la madrugada del martes 12 de julio del 2005, en la puerta de su departamento con un vecino de nombre Noel, y que sabe la hora porque antes de meterse a dormir vio su reloj e indicó que en todo ese tiempo no escuchó nada de ruido y tampoco escuchó balazos.  Además nos confirma en su declaración que el menor no durmió en el departamento.

Mas impactante, la testigo señala el acoso que sufría por parte de la familia WALLACE, indicando el 12 de Noviembre de 2005:

“..En uso de la voz, la declarante sigue diciendo que solicita que asentado que al principio de todo esto, o sea cuando comenzó a ir la policía por que según habían secuestrado a alguien, yo me sentí  muy acosada par la familia de la persona que fue secuestrada, e inclusive en algunas ocasiones, me hicieron seguimientos, por lo cual siento temor de que la familia del supuesto secuestrado me cause algún daño a mi o a mi familia en especial por la señora que dice ser madre del secuestrado, par lo que quiero dejar asentado que hago responsable a estas personas por algo que me pueda pasar a mi o a mi familia”.

  • Declaración de Jaqueline Isabel Galvan Lopez, administradora del edificio de Perugino No. 6

En la declaración del 11 de noviembre del 2005, de Jaqueline Isabel Galvan Lopez, administradora del edificio de Perugino No. 6, en la indagatoria respecto a este caso, menciona que

la alfombra del departamento 4, que es donde habitaba Juana Hilda, no se ha cambiado, ya que la que esta actualmente la mando instalar Juana Hilda desde 7 u 8 meses y ella la cambió por su cuenta, la alfombra que si se cambió fue la del departamento 5, y esto ocurrió cuatro o cinco días después del 11 de julio, esto lo autorice yo, debido a que me lo solicitó el inquilino que ahí habitaba, además de que la alfombra estaba muy sucia y maltratada.

Robusteciendo con esto las innegables contradicciones en las declaraciones de la testigo María Isabel Miranda Torres, y los hechos que nos ocupan, es cuando indica,

por otro lado solicito se cite de ser posible al dueño de la casa de alfombras Colors, ya que dos días después de la desaparición de su hijo, en el domicilio señalado, se cambió la alfombra en algún departamento, lo que presupone que están quitando evidencias que los pudiera comprometer…

La anterior transcripción, denota el aleccionamiento e intencionalidad en las acusaciones de Isabel Miranda en su insistencia por encontrar el culpable en el departamento número 4; ya que la alfombra al no haberse cambiado, debería haber mantenido evidencia suficiente que acreditara lucha, rasgaduras ó sangre, sin que haya sido así de ningún modo.  Además desde este momento debe resaltarse el hecho que el departamento estaba rentado, se dice por el señor Rodrigo Oswaldo De Alba y su esposa desde el 1 de octubre de 2005 Sin embargo, cuando la SIEDO ingresa al inmueble a principios de febrero de 2006, el inmueble estaba vacío y sin vestigios de haber estado ocupado como lo demuestran las fotografías que se encuentran agregadas en autos. Sin embargo, la propia Jaqueline Galvan reconoce que casi no acudía a los departamentos, situación que resulta muy favorable para quien quisiera haber ingresado al inmueble cuando Juana Hilda lo desocupó.

  • Detención de Tony y Alberto Castillo Cruz y tortura de Alberto

Tony y Alberto Castillo Cruz fueron torturados. Alberto fue detenido por la señora María Isabel Miranda, su hermano y otras personas con pistola en mano, saliendo de su trabajo en Reforma y Milán a unos minutos de la SIEDO el 7 de marzo 2006, lo golpearon y lo torturaron, después de varias horas lo entregaron a los AFIS, y estos también lo torturaron físicamente y psicológicamente con toallas mojadas y bolsas de plástico en la cabeza, al grado de ponerle una pistola en la cabeza para que confesara su participación, porque si no confesaba lo mataban. Él contestó que

si quieren matarme, háganlo, no voy a confesar ni a firmar nada que no haya hecho.

A Tony, su madre lo presento en la PGR, SIEDO ante el Ministerio Público Federal, el día 23 de marzo del 2006, porque él nos dijo

yo no hice nada, ni tengo que ver nada en el asunto, y quiero presentarme a declarar.

¿Qué supuesto delincuente se entrega ante un delito como este?

Tony y Alberto Castillo Cruz en su declaración ministerial, dijeron ser Ciudadanos Americanos. Pero el Ministerio Público Federal, Braulio Robles Zúñiga, les contestó

Me vale madres, están en México

y

Aquí se chingan, y donde ustedes digan algo sobre su nacionalidad vamos sobre su madre y su tío. 

Después de ser arraigados, fueron consignados y enviados al Reclusorio Norte, quedando a disposición del Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales. Rindieron su declaración preparatoria, manifestando que son inocentes, que nada tienen que ver con los hechos que se investigan. Solicitaron el careo con Juana Hilda Gonzales Lomeli, persona que depone en su contra. Al tenerla de frente, le preguntaron:

¿Nosotros estuvimos con ustedes?, ¿Nos viste a nosotros secuestrarlo? ¿Nos viste a nosotros golpearlo? ¿Nos viste a nosotros destazarlo? Etc.

A todas las preguntas, ella contesto que

NO, perdónenme.

Ellos preguntan:

¿Entonces porque nos involucras?

Y es cuando ella expone la forma de cómo firmó la declaración, por la cual Tony y Alberto Castillo Cruz están recluidos en ese centro penitenciario (Reclusorio Norte). Posteriormente fueron trasladados a CEFERESOS números 3 y 2, respectivamente, donde se encuentran actualmente.

Así como estas atrocidades y todas las irregularidades, violaciones y anomalías que usted pueda imaginarse, obran en el expediente. En el caso más especifico de Tony y Alberto Castillo Cruz, ellos nunca estuvieron en el lugar de los hechos. De todos los vecinos del edificio, donde supuestamente sucedieron los hechos y fueron citados a declarar ante la Procuraduría General de la Republica y quienes se presentaron a ampliar su declaración ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales, nadie los conoce, nadie declaró que los hayan visto en el lugar de los supuestos hechos, asimismo no vieron movimiento y escucharon ruido alguno.

  • Ausencia de prueba en la investigación realizada por la PGR y la PJDF – el asesinato de Hugo Alberto Wallace no está comprobado

Cuando se presenta la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en el lugar de los supuestos hechos, se realizó una inspección ministerial en el pasillo y escaleras del edificio, pero no encontraron huellas, evidencia o indicios de ningún tipo.

Asimismo, se presentó la PGR en el departamento de los supuestos hechos, haciendo su estudio de campo, sin encontrar huella alguna, ni manchas hemáticas, donde se presume que fue destazado una persona de 1.80 metros de estatura y más de 140 kilogramos de peso, en un baño con una superficie de un metro cuadrado, situación que resulta imposible e increíble, por el tamaño de la sierra eléctrica, instrumento que supuestamente se utilizó, por razón de lógica y mecánica de los hechos contenidos en la confesión de Juana Hilda, relacionados con las declaraciones, los testigos de cargo que obran en autos. Nadie declaró haber oído el ruido que hace una moto sierra, al funcionar cortando algo.  Además esas sierras no vienen con silenciador, puesto que por lo regular son utilizadas para cortas cosas fuertes, como arboles. Y como se desprende de la inspeccionar ocular realizada por el C. Juez y personal del juzgado, la audición en el departamento 4 de Perugino, es muy amplia, y no resulta posible que si fue accionada una moto sierra, no hubiese sido escuchada por nadie.

Se reitera que la dimensión del baño es sumamente pequeña, para que cupieran los cuerpos de Hugo Alberto Wallace, Tony Castillo Cruz, Alberto Castillo Cruz y la moto sierra, con la finalidad de cortar el cuerpo del primero en pedazos, mismo que suponiendo que con dificultad hubieran manipulado la moto sierra, no existen evidencias de un descuartizamiento dentro del baño, puesto que como ya se ha expresado anteriormente, solo se encontró una gota de sangre de un milímetro de longitud.

Cabe mencionar que siete meses después se presenta la Procuraduría General de la Republica,  realizando su estudio de campo y encuentran una supuesta gota de sangre, de la cual una “perito” de la misma Procuraduría, rinde su dictamen, y al presentarse el “perito” a ratificar su peritaje ante el Juzgado de Distrito que lleva la causa y una vez realizada la ratificación, se le cuestiona, sobre si la muestra de sangre encontrada, pertenece al sexo masculino, a lo que responde la “perito” que sí. Sin embargo, la muestra de sangre encontrada según su peritaje (informe), pertenece al sexo femenino. Se argumentó que es un “error de dedo”. Esto no es posible, se supone que los peritos son profesionales y expertos en su materia y no pueden darse al error. Cuando se solicita la muestra de sangre encontrada, para realizar y ofrecer una prueba pericial, al respecto por parte de los procesados, la perito en la Materia contes que el hisopo no servía para nuevas confrontas y que esta se había desechado, dejando con esto en estado de indefensión a los procesados.

Es una aberración que uno de los peritos ofrecidos por parte de la PGR manifiesta en su dictamen que Hugo Alberto Wallace murió a consecuencia de unos golpes que le provocaron un infarto, para posteriormente ser destazado. ¿Cómo es posible que el juez de la causa le de valor probatorio a este dictamen, si al cuerpo que nunca encontraron nunca se le practicó la necropsia de ley para saber con certeza las causas de la muerte, y solo se basan en conjeturas.

  • Incertidumbre sobre Hugo Alberto Wallace

Existe un acta de reconocimiento de Hugo Alberto Wallace en Coautlichan, Texcoco Estado de México, donde éste fue reconocido por José del Socorro Wallace, cuando Hugo, tenía 6 años de edad.

Se duda de que José Enrique del Socorro Wallace no sea el padre biológico de Hugo, cuando se le requirió a José Enrique del Socorro Wallace, en infinidad de ocasiones para que se presentara a ampliar su declaración en el Juzgado, la Sra. María Isabel siempre lo escondió, ya que José Enrique del Socorro Wallace, cuando rindió su declaración ministerial, el 22 de julio del 2005, manifestó que

…no me han hecho ninguna exigencia económica o de cualquier índole, para liberar a mi hijo o para decirme donde se encuentra o porque motivo desapareció… no puedo decir que se trate de un secuestro, porque no he recibido exigencias de parte de ninguna persona, para liberar a mi hijo de algún tipo de privación ilegal de la libertad…

Por otra parte, la misma Procuraduría General de la Republica, supuestamente encontró una licencia de conducir vencida en el lugar de los supuestos hechos a nombre de Hugo Alberto Wallace. La pregunta: ¿Qué Hacia Hugo Alberto, con una licencia vencida, sí el ya tenia una licencia de conducir vigente? Y en la supuesta licencia encontrada no se encontró huella alguna ni del mismo titular.

  • La tarjeta de crédito de Hugo Alberto Wallace

La Señora María Isabel Miranda Torres manifestó ante la PGR, que al día siguiente del la supuesta desaparición (11 de Julio del 2005) de Hugo Alberto Wallace, en el domicilio de su hijo encontró, una tarjeta bancaria, con la que Hugo Alberto, realizó un retiro de mil pesos de un cajero automático, en plaza universidad como a las 21:00 horas, posteriormente se presentó al banco con el estado de cuenta a efecto de verificar si su hijo había retirado esa cantidad de dinero, confirmándole dicha institución, que efectivamente, el había sido quien hizo el retiro.

Lo sorprendente y la pregunta es: ¿Cómo es posible, que la tarjeta con la que Hugo Alberto Wallace, hizo el retiro, esa tarjeta, apareció en su domicilio, si Hugo Alberto, ese mismo día fue secuestrado, golpeado y destazado, y no regreso a su domicilio? La Sra. María Isabel Miranda Torres dijo que los únicos que ingresaron al domicilio de su hijo fueron la persona del servicio domestico, el chofer de su hijo y el vigilante del condominio, y sospechaba de ellos. Sin embargo, estas personas nunca fueron presentadas como indiciados, ni se les investigó al respecto.

  • Hugo Alberto Wallace seguía vivo… 4 meses después de su muerte

Se desprende de la declaración del señor José García Sepúlveda, rendida a principios de noviembre del 2005[5] [Declaracion Min del Sr. Sepulveda, dueno telefono], quién refiere que recibió una llamada el 1° de noviembre del 2005, y le dejaron un mensaje de voz que decía:

Qué onda, mira ando hasta la madre, ya se que te falle, pero me vale verga, que, aquí puto, que onda güey, mírame aquí pistiando güey, me vale verga, sabes que güey, sabes quién me jugo…

Esta voz es reconocida por personas de nombres: Vanesa Bárcenas[6] [Declaracion de exnovia de Hugo] ex-novia de Hugo Alberto Wallace, por Isabel Neri Lujano[7], su trabajadora domestica [Declaracion de sirvienta Hugo] , Carlos Colorado Martinez[8], Vigilante del condominio de Hugo Alberto Wallace, así como de Rodolfo Munguía López[9], lo que se puede acreditar que el Sr. Hugo Alberto Wallace no fue victimado.  Esta llamada fue realizada cuatro meses después de su supuesta desaparición.

Por consiguiente, por todo esto y mucho más que obra en el expediente, se tiene la duda y todo indica que hace suponer que Hugo Alberto Wallace está vivo.



[1] Declaración ministerial de Juana Hilda Gonzalez Lomeli, del 11 de enero del 2006, Tomo III, fojas 501 a 512.

[2] Ampliación de declaración de Juana Hilda Gonzalez Lomeli, del 12 de enero del 2006, Tomo III, fojas 1 a la 10.

[3]  Tercer Declaración Ministerial de Juana Hilda Gonzalez Lomeli, de fecha 8 de febrero del 2006, Tomo IV, fojas 748 a 757. A pesar de que se indicó que en la declaración del 8 de febrero del 2006, se encontraba presente la Defensora de Oficio, la verdad de los hechos, es que la licenciada Maria Dolores Vera Murcia no “estuvo presente” cuando Juana Hilda supuestamente refirió los datos que se advierten en la precitada comparecencia, ya que esa declaración estaba ya preparada, pues cuando llegó la Defensora de Oficio, ésta solo firmó frente a ella, para darle “legalidad” a la diligencia.  Incluso, Juana Hilda, se encontraba muy mal, pues había sido sujeta a presión moral, hecho que posteriormente refiere la propia Defensora, en un escrito visible a fojas 685 a 687 del tomo VII.

[4] Declaración ministerial de Vanesa Figueroa Martinez, del 15 de julio del 2005, Tomo I, fojas 129 y 130

[5] Declaraciones ministeriales de José García Sepúlveda, del 10 de noviembre del 2005, Tomo 1, fojas 553 a 556 y otra del 15 de noviembre del 2005, Tomo I, fojas 679 y 680.

[6] Declaración ministerial de Vanesa Bárcenas Díaz, del 15 de noviembre del 2005, Tomo I, fojas 647 a 650.

[7] Declaración ministerial de Isabel Neri Lujano, del 14 de noviembre del 2005, Tomo I, fojas 618 a 623.

[8] Declaración ministerial de Carlos Colorado Martinez, del 25 de octubre  del 2005, Tomo I, fojas 419 a 423.

[9] Declaración ministerial de Rodolfo Munguía, del 18 de noviembre del 2005, Tomo I, fojas 789 a 800.

Comentario encontrado en la página de Proceso. Sobre la expresión “mantener en cartera”

A este procedimiento se le denomina “mantener en cartera” o “mantener en la reserva”

Opera de la siguiente:

Todos los judas en su trabajo cotidiano van recabando información. Logran identificar perfectamente la ubicación de los delincuentes. Saben dónde viven, con quienes, qué lugares y personas frecuentan y hasta no es remoto que tengan tratos de protección con ellos…”los mantienen en la reserva”.

¿Para qué?

Para que cuando truene un pedo del tamaño del de las españolas violadas, en unas cuantas horas agarran a sus chompiras que “mantienen en la reserva”

Y este parece ser el caso. Un evento similar contra mexicanas que aconteció hace meses donde no había detenidos y casualmente hoy los presentan.

Y si el problema crece, tienen hasta elementos que se autoculpan siendo totalmente ajenos a los hechos. El objetivo único es parar la bronca en medios. Los presentan, los procesan, los declaran, los encarcelan y…a la vuelta de unos meses están libres. ¿A quien le importa? ¿Quien indaga?

Todo el sistema de persecución del delito y administración de justicia en México es una película de horror, o tal vez un programa de Laura Brozo.

Amores perros.

Categorías:Sin categoría Etiquetas:

2o Foro: Ley General de victimas – de la publicación a la aplicación

flyer

Categorías:Sin categoría

Las oscuras razones de la intervención de Isabel Miranda de Wallace en el caso Cassez

Fuente: Homozapping

Por Miguel A. Elorza-Vásquez @melorzav

El 25 enero 2013

Fuente: CNN

Desde que en 2005 la señora Isabel Miranda de Wallace colocó espectaculares acusando con nombre y apellido a los supuestos secuestradores de su hijo, ésta se convirtió en figura pública. Desde que recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 de manos del expresidente  Felipe Calderón, hoy acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad —paradojas de la vida—, la señora Wallace se convirtió en una voz que todos los medios de comunicación repetían, como vocera de víctimas de secuestro.

Por esta razón, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció la liberación inmediata de la francesa Florence Cassez el pasado 23 de enero, muchos fueron los medios que pidieron la opinión de la señora Wallace y, además, ésta se expresó a través de su cuenta de Twitter @wallaceisabel: “Fue un gran teatro lo que hoy vimos en la SCJN, me parece que el Ministro Cossío y Pardo fueron los congruentes”, “Hoy es un día de LUTO para las víctimas y para el Derecho, ya no hay necesidad de juicios”.

¿Por qué a la señora Wallace le parece que “fue un gran teatro lo que hoy vimos en la SCJN? ¿Por qué la señora Wallace cree que el 23 de enero es “un día de LUTO para las víctimas y para el derecho”?

Las respuestas a las preguntas anteriores podemos encontrarlas en el reportaje Lo sórdido del caso Wallace de Jorge Carrasco Araizaga publicado por el semanario Proceso en su edición 1842. El reportero refiere el testimonio de Brenda Quevedo Cruz, acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda —cuya fotografía apareció en los espectaculares que la señora Wallace colocó—  narrado en una carta fechada el 29 de noviembre de 2009:

Alrededor de las siete de la mañana del día 27 una custodia fue por ella para una supuesta audiencia,con el consentimiento del director del penal la llevaron a una sala. […] Cuando entró vio a tres personas volteadas hacia la pared. Vestían de traje. Se pusieron pasamontañas. Tenían las manos enguantadas […] Afirma que la sujetaron [y le dijeron] “Ya sabes por parte de quién venimos hija de tu pinche Madre”. Llorando respondió:  “Sí de la señora Isabel Miranda de Wallace”.

“Ahora sí vas a sentir lo que sintió Hugo el día que lo secuestraron” sostiene que le dijeron. En seguida, asegura, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, la tiraron al piso, la patearon en el estómago y le golpearon la cabeza. […] Uno de los hombres le dijo: “A ver si ahora sí nos vas a decir dónde está el cuerpo de Hugo. Nos vas a dar una dirección y te vamos a sacar del penal. Y si nos das un dato en falso, te vamos a torturar hasta que te dejemos irreconocible y vamos a ir con cada uno de tu familia. Tu hermano está en Canadá, ¿no?” Brenda Sostiene que la agredieron sexualmente.

Como es usual en el inconsciente colectivo nacional, la opinión pública ha puesto en duda el testimonio de Brenda Quevedo Cruz así como su inocencia —como ocurrió en el caso de Florence Cassez y el montaje televisivo—, sin embargo, en el mismo reportaje citado, Jorge Carrasco Araizaga refiere que Alberto Castillo Cruz, acusado junto con su hermano, Tony, de mutilar el cuerpo de Hugo Alberto, fue golpeado el 8 de marzo de 2006 “por personas vestidas de negro y cubiertas con pasamontañas que acompañaban a Isabel Miranda”.

Además, según María Elena Cruz Bustamante, madre de Alberto Castillo, en un cuarto del Centro De Observación y Clasificación (COC) de Puente Grande —a cargo del entonces Secretario de Seguridad Pública Genaro Garcia Luna—, “hombres encapuchados lo esposaron de manos y pies. Lo envolvieron en una sábana y lo empezaron a golpear. Para asfixiarlo usaron agua y bolsas de plástico. Y le dijeron: “Tienes que decir que participaste. Y lo vas a hacer ante el juez”. Al día siguiente lo llevaron al juzgado. Ahí —afirma la señora Cruz— estaban Braulio Robles, Isabel Miranda y su hermano Roberto, a quien identificó como una de las personas que, pistola en mano, lo detuvo en marzo de 2006. En la audiencia Alberto denuncio la tortura. Al siguiente día le pasó lo mismo en el COC. “¿Con que te pasaste de pendejo ayer?”.

Hasta aquí, según Carrasco Araizaga, dos de los acusados del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda han referido y denunciado que fueron torturados por personas enviadas por la señora Wallace que siguieron el mismo modus operandi de tortura, pero los relatos de violación a los derechos humanos de los acusados no terminan.

Según el mismo reportaje, Jacobo Tagle Dobin, también señalado por la señora Wallace del secuestro y asesinato de su hijo, fue detenido por “hombres encapuchados, vestidos de negro que circulaban en autos particulares lo esposaron y lo subieron a una camioneta panel blanca donde iban otros encapuchados. Le cubrieron la cabeza y al cabo de 40 minutos de trayecto, según calcula, uno de los hombres le dijo a una mujer: ‘ya tengo su paquete. ¿Qué quiere que hagamos, señora?. Según Tagle la respuesta fue: ‘Tortúrenlo hasta que diga dónde está mi hijo’”.

Ya en la procuraduría, después de haber sido torturado, Jacobo Tagle refiere:

Un señor canoso, creo que era el jefe, me dijo que iba a entrar la señora Wallace y que si no cooperaba con ella me iban a dar otra chinga…entró un chaparro que venía de jeans y camisa a cuadros. Sacaron una pistola, cortaron cartucho y me apuntaron a la cabeza.  […] Más vale que cooperes o te mueres. Te he estado buscando por todos lados y me las vas a pagar. Tengo bien ubicada a tu mamá Raquel y a tu hermana Judith, y tenemos clavado a tu hermano Salomón. […] Se salió el chaparro y regresó con la señora Wallace, su hija, su sobrino y dos señores más. La señora se puso del otro lado del escritorio y me dijo que me iba a morir, que iban a lastimar a mi familia y a refundir a mi hermano (también acusado del secuestro) en la cárcel.

Le pidieron que repitiera lo que le decían. ‘No me dejaron hacer ni una llamada y me hicieron firmar unos documentos que no me dejaron leer. Nos dirigimos a Cuemanco y la señora me dijo que ella me iba a señalar un lugar donde supuestamente se tiró el cuerpo de su hijo. Me llevaban en una camioneta tipo Van y ella iba en una Cherokee, con muchos escoltas y policía. En Cuemanco me pasaron a la Cherokee y la señora me dijo: ‘Nos vamos a degtener y vas a caminar. Donde veas una entrada de casa, dices que ahí es. Entras y vas a ver unos montones de arena movidos y vas a decir que ahí tiraron el cuerpo de mi hijo’

En su texto, Jorge Carrasco Araizaga también relata que César Freyre Morales, señalado por la señora Wallace como el jefe de la banda que secuestró a su hijo, “también fue torturado para declararse culpable”. María Rosa Morales, Madre de César asegura:

Después de cinco años, tuvo que firmar una declaración. […] Casi lo matan. Recién le sacaron unos coágulos porque lo metieron muchas veces a bolsas con agua. Un testículo se le hizo más pequeño, producto de toques eléctricos. Pero insisten en que entregue el cuerpo. Freyre contesta: “¿Cómo les voy a entregar una cosa que ni siquiera sé que existe?”

Como es posible advertir en el reportaje, cuatro de los señalados por la señora Isabel Miranda de Wallace, Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, fueron torturados presuntamente por órdenes suyas, por lo anterior, puede decirse que la señora Wallace afirma que “fue un gran teatro lo que hoy vivimos en la SCJN” porque no hubo episodios de tortura a los que, presuntamente ella está acostumbrada a ordenar y presenciar, como fue el caso de César Freyre Morales.

Más aún, puede afirmarse que para la señora Wallace el 23 de enero es “un día de LUTO para las víctimas y para el derecho”  porque los derechos humanos —aunque fueran de una presunta acusada— fueron respetados y, continuando en este sentido, puede decirse que la señora Wallace no está de acuerdo con la liberación de Florence Cassez porque no hubo tortura que la hiciera firmar una declaración en la que se declarara culpable.