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Caso Cassez: nuevos aires de justicia

Fuente: La-CH.com

por Raúl Ramírez Baena

29 de enero 2013

A riesgo de ser crucificado por quienes piensen diferente, que sin duda son muchos, expreso aquí mi opinión sobre el controversial caso que resolvió el pasado 23 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dice un indignado Ciro Gómez Leyva así como María Elena Morera que, ahora, la Suprema Corte de Justicia deberá ofrecer al pueblo de México una explicación “lisa y llana” del por qué se libero a Florence Cassez. Humildemente disiento de esa opinión.
Quienes deben ofrecer una explicación al pueblo y rendir cuentas ante la justicia son Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna y Daniel Cabeza de Vaca, acerca del por qué el montaje mediático y su empecinamiento en encubrir violaciones graves al debido proceso y a la presunción de inocencia de Florence, que metieron en un predicamento al país ante Francia y el mundo entero. Algo así sucedió con el “Michoacanazo”, con los generales detenidos y con miles de personas exhibidas y sentenciadas a pesar de graves irregularidades y violaciones de origen a sus derechos humanos.
A mi juicio hay tres grupos de personas que se oponen a la resolución de la Corte que arrojó la liberación de la ciudadana francesa:
1)      Aquellos académicos y juristas que de buena fe interpretan las leyes asumiendo que los ministros tomaron la decisión equivocada. De hecho, la resolución de la Primera Sala de la SCJN que favoreció la liberación inmediata de Florence fue dividida: tres contra dos;
2)      Ciudadanas y ciudadanos, incluso medios de comunicación, que opinan también de buena fe pero invadidos de miedos y prejuicios propios de una cultura de la violencia; caen en confusiones y prejuzgan que se liberó a una secuestradora, que las víctimas del secuestro quedan desamparadas de justicia y que la Corte avaló la impunidad. Es verdaderamente preocupante que una gran mayoría indignada no entienda el fondo y el alcance de la resolución de la SCJN, y
3)      Sectores conservadores como Gustavo Madero, dirigente del PAN, los  periodistas Ciro Gómez Leyva y Carlos Marín; Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí (estos dos, víctimas de delito), Ma. Elena Morera y Samuel González, entre otros cercanos al calderonismo, que confunden a la opinión pública, politizan el caso y radicalizan su posición en aras de audiencia y protagonismo. Contradictoriamente, se oponen también a la nueva Ley General de Víctimas.
AMLO politiza también el asunto al declarar que “se cometió una injusticia y la decisión de los ministros de la SCJN -influida por Peña Nieto para quedar bien con Francia, dice- sólo subraya que en México lo que reina es la impunidad y la corrupción”.
Hay un falso debate que se promueve en algunos medios y que habría que aclarar: La Corte no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de Cassez ni despojó a las víctimas de secuestro de sus derechos. La Corte sólo decidió anular las pruebas de la SSP y del Ministerio Público en contra de Cassez porque FUERON OBTENIDAS DE MANERA IRREGULAR, y la justicia no se puede impartir mediante corruptelas, errores en los procesos legales y violaciones de origen a los derechos humanos, en contra de quien sea.
El amparo que resolvió la SCJN, como todos, no juzgó a las partes en conflicto, a las víctimas y a los presuntos victimarios, sino las violaciones a los derechos humanos, que las hubo, cometidas por las autoridades. La SCJN no entró a la litis del asunto, no negó ni dio la razón a las víctimas del secuestro en que se juzgó a Cassez. Resolvió sobre la legalidad y validez de las pruebas obtenidas para impartir justicia y llegar a la verdad jurídica.
No podemos hacer de México un país de linchamiento físico y mediático. La justicia y los derechos humanos no son asuntos de opinión pública. La justicia no se puede politizar y manipular como lo hizo Felipe Calderón y sus incondicionales.
Valiente y trascendental fue la decisión de la SCJN, que ahora siembra un gran precedente para fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho. En adelante, queda claro que TODOS los casos procesados y que se procesen en las agencias del ministerio público y en los juzgados deberán desahogarse respetando los derechos humanos de las víctimas y de los victimarios desde la detención, porque la experiencia nos demuestra que la corrupción y la impunidad oficial fabrican delincuentes y desprotegen a las víctimas.
De hecho, la SCJN enmendó la plana al ministerio público y a los jueces y magistrados de la causa; con las pruebas irregulares en su poder (violación al debido proceso y a la presunción de inocencia, montaje televisivo, tortura de detenidos, falta de aviso al consulado francés) los jueces NUNCA debieron sentenciar a Florence. Su obligación era rechazar las pruebas por ilegales.
Bajo el esquema de la Nueva Reforma Penal Acusatoria que entrará en vigor en todo México a más tardar en 2016, Florence nunca hubiera sido sentenciada como culpable.
Ahora, el Estado Mexicano deberá reparar el daño a las víctimas del secuestro, que siguen mereciendo justicia y reparación del daño. Estas han sido doblemente victimizados: por sus secuestradores (que a ciencia cierta ahora no sabemos quiénes son) y por los actos de autoridades que pervirtieron el proceso para llegar a la verdad jurídica.
Y nos guste o no, sin saber en realidad si es inocente o culpable de secuestro y otros delitos graves, Florence Cassez es también víctima porque estuvo presa más de 7 años gracias a argucias extralegales que la inculparon. A ella y a las víctimas del secuestro el Estado deberá reparar el daño bajo la nueva Ley General de Víctimas, además de perseguir y juzgar a quienes torcieron la ley.
Así nomás. Que nos sirva de lección.
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