Una CNDH “convenenciera”

Fuente: Proceso
Por Gloria Leticia Díaz
El 30 de abril, 2013
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Más de siete años después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibiera una queja en torno al caso de Florence Cassez, Raúl Plascencia Villanueva, presidente del organismo, formalizó el viernes 15 una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República (PGR) contra Genaro García Luna y otros 20 exfuncionarios de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) y agentes del Ministerio Público una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó poner en libertad a la ciudadana francesa por violaciones al debido proceso.
Para Édgar Cortez Morales, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la actitud de la CNDH y de su titular es “convenenciera” y se ampara en un discurso de velar por las víctimas del delito cuando “la defensa de los derechos humanos es por todos, víctimas y acusados”.
El IMDHD es una de las seis organizaciones de derechos humanos que en febrero de 2012 presentaron a la SCJN el recurso jurídico de amicus curiae solicitando un amparo directo a favor de Cassez, por considerar que se violaron sus derechos de asistencia consular y al debido proceso.
En el documento presentado a la PGR la CNDH reconoce que el 14 de febrero de 2006 integró la queja CNDH/20067656/5/Q, interpuesta por el entonces reportero de Televisa Pablo Reinah, quien dio cobertura “en vivo” a la detención de Cassez en diciembre de 2005, asumiéndose como víctima de un engaño; responsabilizó a García Luna y a Luis Cárdenas Palomino, entones director general de Investigación Policial de la AFI.
La queja fue cerrada el 18 de enero de 2007 con una propuesta de conciliación entre la PGR y el quejoso. La Procuraduría dirigió una carta a Reinah en la que se hizo constar que “en la información que se le había proporcionado sobre el multicitado operativo del 9 de diciembre de 2005 no se precisó que la detención de las personas había ocurrido antes de su llegada y que, por lo tanto, no se le había proporcionado información completa, objetiva y veraz”.
Además se recuerda que el 13 de febrero de 2006 la Visitaduría General de la PGR abrió un expediente por las revelaciones periodísticas en las que se evidenciaron esas irregularidades, así como el inicio de una averiguación previa en ese mismo año por la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la dependencia federal, de la que se desconoce su conclusión.
Dice Cortez: “Desde que sucedió lo de Cassez y conforme fuimos sabiendo de todas las irregularidades y teniendo abierta una queja, (la CNDH) pudo haber presentado la denuncia por los agravios a Florence, a las víctimas y a todos los ciudadanos, pero como el tema de Florence Cassez era muy polémico no se quiso arriesgar y lo hace ahora que hubo una decisión de la Corte”.
Para él, la reacción del organismo es “totalmente convenienciera porque se espera a que las cosas estén muy claras y entonces actúa, cuando ella (la Comisión) tendría que ayudar desde el principio a la clarificación con su actuación; es una CNDH paradójica, porque estando obligada a ser la primera institución que actúa ante violaciones de derechos humanos, lo hace al final, ya cuando las cosas están resueltas”.
La mano de Wallace
El informe especial en el que se basa la denuncia de hechos ante la PGR fue divulgado a los medios el miércoles 13, y el viernes 15 se presentó ante la PGR otra demanda en la que se presume que García Luna y 20 servidores públicos más, entre ellos Cárdenas Palomino, habrían incurrido en los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y delitos cometidos en contra de la administración de la justicia.
El documento está siendo analizado actualmente por la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
En el informe Plascencia admite que su reacción se fundamenta en los presuntos agravios cometidos contra las víctimas de secuestro involucradas en el caso Cassez, toda vez que con su liberación “vieran obstaculizado su derecho al acceso a la justicia y a recibir una adecuada reparación de daño”.
Plascencia acusa a los agentes de la AFI encabezados por García Luna de no “considerar como eje rector de su actuación precisamente la protección adecuada de los derechos de las víctimas del delito, propiciando que con su conducta se limitara el derecho a la justicia de éstas”.
Se argumenta que “con su actuación irregular” los funcionarios propiciaron “la libertad el 23 de enero de 2013, tal y como lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la señora Cassez ‘no por ser inocente sino por violaciones al debido proceso’ derivado de la actuación indebida de servidores públicos, lo cual colocó a las víctimas privadas ilegalmente de su libertad en una situación de indefensión y especial vulnerabilidad”.­
Sin poner en duda los derechos de las víctimas, Cortez considera que “bajo ese discurso de los derechos de las víctimas están queriendo que pasemos de un extremo en el que las víctimas han sido ignoradas a que ahora sean el centro absolutamente de todo y que a favor de las víctimas pasemos por encima de los derechos de los acusados”.
Agrega que ese discurso se ha justificado “un poco bajo el argumento de que los acusados tienen muchos derechos pero en el papel, no en la realidad”.
No descarta que entre los motivos de la CNDH de no denunciar hasta ahora a García Luna y a quienes participaron en la detención de Cassez esté la mano de personajes como la excandidata del PAN al Gobierno de la Ciudad de México Isabel Miranda de Wallace.
Y es que en el texto, Plascencia advierte que la decisión de la CNDH estuvo alentada porque, emitido el fallo de la SCJN: “Las víctimas del delito y organizaciones dedicadas a la protección de sus derechos humanos manifestaron su inconformidad ante tal resolución judicial, exigiendo justicia y que los hechos delictivos perpetrados por los delincuentes, así como las irregularidades de los servidores públicos involucrados, no quedaran en la impunidad”.
Los personajes que expusieron dicha inconformidad fueron precisamente Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y una de las presuntas víctimas de Cassez, Ezequiel Elizalde, quienes dieron entrevistas luego de presenciar la sesión en la que los ministros de la primera sala de la SCJN resolvieron otorgar el amparo liso y llano a la francesa.
“Es claro un dato significativo: El presidente de la CNDH le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos (en diciembre de 2010) a la señora Wallace cuando no tenía ninguna trayectoria en derechos humanos; incluso su posición de defensa de las víctimas en realidad es contraria a los derechos humanos. Es clarísimo que ahí hay una relación muy estrecha”, apunta.
Ante versiones divulgadas en algunos medios de que los delitos que la CNDH le imputa García Luna habrían prescrito, Cortez sostiene que no se puede determinar a priori la procedencia o no de las acusaciones.
“Me parece que esta corriente de opinión que dice que ya prescribieron los delitos le hace el favor a García Luna; la PGR está obligada a investigar toda denuncia y sólo así podrá decidir. El resultado lo podría presentar ante un juez para que ahí se discuta”, señala.
Cortez considera que el caso de Cassez tendría que ir más allá de buscar castigo para los policías encabezados por García Luna y los agentes del Ministerio Público que participaron en la indagatoria; debería pugnar por abrir una investigación en la Judicatura Federal, porque los jueces “avalaron las irregularidades”.­
Por ello insiste en que la reciente denuncia contra García Luna es muestra de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos “convenenciera”.
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