Brenda Quevedo Cruz, involucrada vilmente en el “caso Wallace” – violaciones cometidas por el MP

Antecedentes:

1)      La señora MARIA ISABEL MIRANDA DE WALLACE, denunció en julio de 2005, la supuesta desaparición de su hijo HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, menos de un día después de que según ella sucedió dicho secuestro, ante el C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ORGANIZADA,  el cual le dio curso a la investigación, a pesar que no existían elementos que determinaran la competencia federal, ya que al no estar involucrada en el momento de la denuncia, actos como delincuencia organizada o delitos contra la salud, desde el principio la PGR debió desestimar la investigación.

2)      Es el caso que en el periodo comprendido de julio de 2005 a finales de febrero de 2006, no se aportaron al caso elementos de prueba que comprobaran el secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace, ni que involucraran personalmente a Brenda Quevedo Cruz en el caso iniciado por la señora Wallace. Sin embargo, ya que incluso después de la detención de la señora Juana Hilda Gonzalez Lomeli, en el mes de enero de 2006, por agentes adscritos a la Subprocuraduría de Investigación EN DELINCUENCIA ORGANIZADA, no existían elementos de prueba suficientes que señalen a Brenda como participe en el supuesto secuestro.

3)      Posteriormente Brenda vio su propia fotografía en esos infames espectaculares en donde se la acusaba de ASESINA, lo que provocó que ante la desmedida presión de los medios de comunicación y sobre todo, para salvaguardar su vida y la de su madre y hermano, Brenda tuvo que huir del país para refugiarse en los E.U.A, en donde finalmente fue detenida y pasó más de un año tratando de probar su inocencia ante las cortes americanas.

Difunden rostro de Brenda  30 03 2006.

4)      Sin embargo, allá fue donde Brenda se enteró de las diversas pruebas alteradas y que en su contra fueron fabricadas por el C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION EN DELINCUENCIA ORGANIZADA, pisoteando todo derecho humano que le corresponde.

Con las pruebas que se han desahogado dentro del proceso 35/06, seguido ante el C. JUEZ DECIMO SEXTO DE PROCESOS PENALES FEDERALES, solo se acredita que se la ha perseguido de manera injusta, y que las autoridades señaladas cometen una grave injusticia al insistir en acusarla de un delito que no ha cometido, poniendo en peligro su integridad moral y personal y que por su naturaleza y gravedad deben ser sancionadas e investigadas.

Existen las constancias de lesiones causadas a JUANA HILDA GONZALEZ LOMELI, que se rindieron después de una declaración en la que confesó bajo tortura el delito y que es la causa por la que se  persigue a Brenda y sigue proceso, además de otros elementos, como la propia declaración posterior de esta persona que evidencian tortura e intimidación, y a pesar que dichas violaciones fueron denunciadas ante la Visitaduria de la PGR, la autoridad no ha hecho nada al respecto, lo que  claramente vulnera los derechos humanos de Brenda al permitir que la acusación en su contra se base en una confesión obtenida por tortura, por los agentes Federales Ministeriales.

El Ministerio Público Federal, cuando consignó la averiguación, realizó todas las diligencias necesarias para obtener los elementos para comprobar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad  en uso de las facultades que le confiere las Constitución para el ejercicio de la acción penal, amén de que en tal etapa, actúa como autoridad y no como parte. Sin embargo, es de notar que a pesar que realizó la diligencia de cateo en el domicilio de Calle Popocatepetl 372, edificio Alfa, departamento 401, Colonia General Pedro María Anaya, departamento de la madre de BRENDA QUEVEDO CRUZ, el día 26 de febrero de 2006, y que en dicho departamento se llevaron un CPU encontrado dentro del inmueble, el cual fue trasladado desde esa fecha a las oficinas de la Unidad de SIEDO, se haya practicado el peritaje de informática hasta el 10 de agosto de 2007, es decir UN AÑO SIETE MESES DESPUÉS que dicho CPU fue asegurado por la SIEDO.

Por ello es que resulta a todas luces incorrecto que el Ministerio Publico quien durante el proceso actúa como parte y no como órgano investigador, haya realizado diversas pruebas de manera UNILATERAL al CPU asegurado, el cual debió quedar a disposición del órgano judicial, y bajo este aspecto, debieron solicitarse con anterioridad las practicas de las periciales que se consideraban pertinentes, pues de otro modo y como se desprende sucedió, que el Ministerio Público Federal, actuando como órgano investigador, no puso a disposición del juzgado el CPU asegurado, y simplemente presentó un dictamen pericial sobre la computadora que estaba en su poder, violentando notoriamente con esa acción los derechos constitucionales y procesales de todos los acusados en este proceso.

Existen diversas pruebas que demuestran que la única prueba que vincula a Brenda Quevedo Cruz al caso Wallace es la confesión bajo tortura de JUANA HILDA GONZALEZ, pero esa ha sido suficiente para desatar una persecución en su contra, y ante la ineficacia de los organismos nacionales para defenderla de tales ataques.

Brenda Quevedo Cruz ha sido torturada brutalmente por hombres con pasamontañas y vestidos de civil, a efectos de que se declare culpable en el secuestro y desaparición del Sr. Hugo Alberto Wallace Miranda. La primera vez fue el 27 de noviembre del 2009, en el Penal de Santiaguito, en Almoloya, Estado de México. Y la segunda, fue el 13 de octubre de 2010, en el Penal Federal de Islas Marías, lugar donde por cierto yo era la única en calidad de “procesada”, en esta última tortura, fueron 6 hombres vestidos de civil y encapuchados, que lo primero que le dijeron cuando entraron: “..¿Nos reconoces?, ahora aquí nadie te va escuchar, ¿sabes de parte de quien venimos verdad?  ¡De parte de la señora Isabel Miranda de Wallace!”

Además, se la ha difamado en espectaculares y medios de comunicación, en donde el juez que lleva el proceso, ha permitido el uso desmedido de información sin que se haya dictado sentencia en su contra y que afecta notoriamente su buen nombre.

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