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Cinthya Cantú Muñoz, fabricada culpable

Fuente: AFCDDH

El 8 de noviembre de 2012 inicia lo que será una travesía llena de injusticia y dolor para la familia Cantú Muñoz. Son aproximadamente las 21:00 horas y Areli Cinthya Cantú Muñoz de 30 años de edad se encuentra en su domicilio en Ixtapaluca, estado de México. Con ella está su amiga y compañera de trabajo Itzel, con quien desde hacía tres meses compartía casa, también se encuentra en casa el hijo de Cinthya, de 13 años y dos de sus amiguitos.

Súbitamente golpean con gran violencia la puerta y comienzan a romper vidrios de las ventanas, en seguida hombres encapuchados entran a la casa gritando insultos, humillando y comienzan a golpear a las mujeres. Lo que era un hogar tranquilo en segundos se convierte en un infierno. Los niños lloran, las mujeres están aturdidas. Areli Cinthya no puede comprender que es lo que está sucediendo, jamás ha hecho daño a nadie. A rastras y tirones de cabello Areli e Itzel son sacadas del domicilio. Numerosos vecinos son testigos desde sus ventanas o desde las aceras, perciben como suben con lujo de violencia y en distintos carros a las dos mujeres. Los encapuchados también se llevan a los niños. Desde el automóvil en el que se encuentra cautiva, Cinthya alcanza a ver algo asombroso: los encapuchados detienen a un joven que camina tranquilamente con otro amigo y sin más ni más lo suben a otro carro.

Areli e Itzel y el joven son llevados a una casa; ahí se encuentran dos hombres, uno de ellos tiene el brazo, a la altura del codo, completamente inflamado de las torceduras que le han dado, se distingue como ambos han sido brutalmente golpeados. Las dos amigas, tienen registrado en sus celulares un número telefónico que pertenece a un taxista, a quien llaman frecuentemente cuando salen tarde del trabajo para que les de servicio. Los captores le dicen a Cinthya que lo llame, ella se niega y dice que no tiene saldo, la golpean para que llame y enseguida le piden lo mismo a Itzel quien también se niega a llamar, ambas alegan que es el taxista que suele darles servicio. Finalmente y tras múltiples vejaciones, Itzel le llama y lo cita en la casa. Cuando llega es detenido y pasará a ser parte de la “banda”.

La información falsa que divulgara la prensa, es que la casa en donde fueron retenidos injustamente Cinthya, Itzel y las demás personas, es una casa de seguridad donde la policía detuvo a toda la banda y liberan al secuestrado. En esta casa ponen a todos los falsamente incriminados contra la pared y les toman fotos, que más tarde serán destruidas pues registran la presencia de menores de edad. Los detenidos son de nuevo subidos a diferentes carros y tras un recorrido de aproximadamente quince minutos se paran en una calle. Cinthya ve que entran los policías en otra casa y sacan a Karen, otra compañera que trabaja con ellas, en su celular también está registrado el número del mismo taxista, pues las tres precisan por separado de sus servicios. Entre risas nerviosas los inculpados comienzan a preguntarse unos a otros que nombre le podrán a la banda: Los Zetas, La familia Michoacana, Los caballeros templarios…?? dieron en el clavo, será una célula de los “Caballeros Templarios”.

Los llevan a todos ante el ministerio público. Dos mujeres más aparecerán en escena para hacer un total de doce detenidos. Cinthya solo conoce a sus dos compañeras, al taxista y obviamente a su hijo y a sus dos amiguitos, a los demás “miembros de la banda” los desconoce por completo y ellos a su vez confirmaran lo mismo, no conocen a Cinthya. Para completar la falacia y hacerla parece real falta naturalmente la confesión. Este documento regularmente se presenta ya redactado, solo para que el acusado lo firme. Cintyha, que se sabe inocente, se niega a firmar, sin embargo sus captores tienen amplia experiencia en crueles prácticas de tortura: ponen a su hijo frente a ella, sacan una pistola y apuntan al niño en la cabeza, -tú decides, firmas o no–, le dice uno de ellos.

Así una buena mujer, una buena madre, se culpa para que dejen libre a su hijo. El pequeño queda libre junto a uno de sus amigos. El otro menor quedará definitivamente como miembro de la banda. Cinthya le pide a su hijo que de aviso a su tía de lo sucedido, el pequeño va con su tía Alejandra, le cuenta lo vivido, ésta le avisa a su madre y comienzan la búsqueda de Cinthya, quien para entonces ha sido trasladada a Toluca, junto con el resto de la “banda” en donde serán presentados a la prensa.

Los supuestos delitos de esta temible “banda” son tres secuestros y dos homicidios, además de extorsiones diversas y el cobro de derecho de piso a centros nocturnos. Después de las confesiones y el traslado el propio Procurador confirma que están todos confesos.  Pero ante el juez y según el relato de Cinthya, no sólo se les acusa de estos delitos, sino de 25 secuestros y 50 homicidios. Al entrevistarla, el 6 de junio de 2013, Cinthya explica que tan sólo se le sigue proceso por el secuestro de una persona, todo lo demás le ha sido retirado a la “banda”. Se encuentra dentro del proceso en desahogo de pruebas.

Algunas de las inconsistencias del caso, incluyen el secuestro de un hombre de 55 años el mismo 8 de noviembre por la mañana, cuando éste sale de su domicilio en su carro y que horas después será puesto en libertad. En este caso se implica a Cinthya quien supuestamente es detenida en una gasolinera cuando se dispone a cobrar el rescate y a su vez se ubica en la casa de seguridad como la persona que pone en libertad al secuestrado, momentos antes a cobrar el supuesto rescate. Es decir, al parecer Cinthya se divide en dos, una parte se queda en la casa y libera al secuestrado mientras que la otra parte está en la gasolinera cobrando el rescate.

La dirección que se da de la mencionada gasolinera no existe, además el secuestrado en dos audiencias dice no reconocer a nadie y en otra dice que Cinthya era una de las que lo retenían en la casa de seguridad. Otro absurdo en esta historia es lo que la supuesta “banda” pide de rescate: Una camioneta y dos aparatos electrónicos para repartir entre diez personas. En las fotos de prensa, la primera mujer de la izquierda con chamarra negra, es Cinthya ¿la detienen en la casa de seguridad o en la gasolinera? Sabemos que en ninguno de los dos lugares, pues Cinthya fue violentamente arrancada de su hogar.

Patricia Muñoz Omaña, tenía 54 años y era de profesión maestra. Por encima de todo era una amorosa madre y desde que se entera de que su hija Cinthya, -la segunda de tres hermanas- ha sido encarcelada, no deja de luchar por su libertad. Va ante ministerios públicos, ante el fiscal de secuestros del Estado de México y les habla fuerte, les exige la libertad de Cinthya. El cuatro de marzo del 2013, cuatro meses después de la detención de su hija, la maestra Patricia camina despreocupada por la calle, se acerca a ella una moto con dos individuos, escucha el ruido de un disparo y siente el impacto en su cuerpo, trata de voltearse pero no lo consigue, otros tres o cuatro tiros la alcanzan. Uno de ellos pega en su celular sin llegar a su cuerpo. La madre de Cinthya queda tendida en el suelo herida de muerte mientras que sus asesinos huyen del lugar.

Aún con vida es trasladada al hospital y poco antes de las siete de la tarde, Alejandra su hija mayor, Georgina la hija menor y uno de sus tíos reciben la tremenda noticia, Patricia ha fallecido. Dulce Georgina Cantú parece tomar el relevo de su madre y comienza una titánica lucha en busca de justicia. Apenas va a cumplir los 22 años, es estudiante universitaria y su vida ha cambiado por completo. Sabe a los peligros que se enfrenta, sabe que su vida puede estar en peligro, pero su principal objetivo en la vida, al margen de que sean detenidos y castigados los asesinos de su madre, es ver libre a su hermana y no deja de acompañarla todos los días de visita.

Cinthya se quedó sin abogado particular tras el asesinato de su madre, quien se encargaba de cubrir los honorarios, y a pesar de que la joven Georgina señala que se va a hacer cago de los gastos, el abogado no espera y renuncia. Ahora es defendida por uno de oficio, sus esperanzas de salir libre son grandes, pues sabe que es inocente. El menor de edad implicado en el caso recibió una sentencia de cuatro años, lo que no es buena señal para Cinthya, esperemos que con ella se haga justicia.

Además de la preocupación que nos embarga respecto al caso de Cinthya y del que esperamos una resolución justa y su completa libertad, debemos tener bien presente el caso de Georgina, su hermana, ella está en peligro y es obligación del gobierno proteger su vida, para ello nada mejor que detener lo antes posible a los asesinos de su madre. A ellos responsabilizamos de cualquier cosa que le pueda pasar.

Agradecimientos: Bere y Koldo Mikel

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Las dos Güeras del caso Martí

Fuente: Nexos

Por: Alumnos de la maestría de Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE

El 01/08/2013

A la izquierda: María Elena Ontiveros Mendoza, “La Güera”, a la derecha: Lorena González Hernández, “La Lore”

A la izquierda: María Elena Ontiveros Mendoza, “La Güera”, a la derecha: Lorena González Hernández, “La Lore”

 

El secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo de un prominente empresario, marcó un antes y un después  en la historia de la tolerancia cívica de los mexicanos a la impunidad del crimen. Fue la voz de alarma y la señal  de arranque para una oleada de organización de la sociedad civil en exigencia de seguridad y esclarecimiento  de los crímenes que la afectan. A cinco años de sucedido, el Caso Martí es una medalla más en la historia  de aberraciones del poder judicial mexicano. Dos investigaciones distintas, una del orden federal y otra del orden local, han identificado a distintos culpables y tienen en la cárcel a dos mujeres, ambas señaladas  en las declaraciones como “La Güera”, acusadas de lo mismo.

El texto que aquí presentamos es la investigación periodística de los expedientes que contienen y explican  esta locura. Ha sido hecha por los alumnos de la maestría de Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE,  bajo la guía de sus maestros, los doctores en derecho Sergio López Ayón y Antonio Caballero, el doctor en historia Carlos Bravo, y el periodista Carlos Puig.

Los autores de la investigación son Marcela Alcántara Guerra, Alejandra Arteaga Rodríguez, Fernando Bolaños Zárate, Homero Campa Buitrón, Ixchel Cisneros Soltero, Lizbeth Paola De Loera Méndez , Marco Dueñas Barrera, Ricardo Gónzalez Bernal, Alejandro Guzmán Rodríguez, Carlos Alejandro Ibarra Hernández, Yadira Mena Flores, Vanessa Reyes Calderón, Atzimba Romero Gallegos, Lilia Saúl Rodríguez, Jonathan Vazquez Betancourt.

Esta es la historia

La aberración judicial

El miércoles 4 de junio de 2008 Christian Salmones se presentó a las 6:45 horas en la residencia del empresario Alejandro Martí, en el barrio de San Ángel, al sur de la ciudad de México. Llevaba menos de una semana trabajando ahí. El viernes anterior, el 30 de mayo, lo había contratado Aquesta Terra Comunicación (empresa encargada de la seguridad de los negocios de Alejandro Martí) para ser guardaespaldas del joven de 14 años Fernando Martí.

Esa mañana Salmones iba a repetir la rutina de los dos días anteriores: llevar al joven Fernando, junto con el chofer Jorge Palma, al colegio British American School. Los tres salieron de la residencia alrededor de las 7:00 horas a bordo de un BMW blindado de color gris, modelo 1996, con placas 816-MPG. Palma, el chofer, se dispuso a tomar la misma ruta que había seguido durante todo el ciclo escolar: salir a avenida Revolución, doblar a la derecha hasta llegar al estadio de Ciudad Universitaria para rodearlo y tomar Insurgentes rumbo al sur.

Pero donde termina la avenida Revolución, en el número 2045, justo donde comienza Ciudad Universitaria, frente a la Dirección General de Obras de la UNAM, el BMW se topó con lo que parecía un retén policiaco: había varios vehículos con estrobos en las calaveras y con apariencia de patrullas, conos anaranjados alineados en la vía para restringir la circulación y entre 10 y 15 sujetos, algunos de ellos vestidos con uniformes que asemejaban a los de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Palma detuvo el auto frente al retén, haciendo caso a la indicación que, a mano alzada, les hizo una mujer que Salmones describiría después como delgada, con cara afilada, vestida con un pantalón de mezclilla deslavado, con un chaleco con las siglas AFI, con lentes oscuros y gorra, con cabello “güero” —o con “rayos dorados”—, corto y peinado hacia atrás.

Un hombre con gorra, lentes y “barba crecida” se acercó a la ventanilla del chofer y pidió a los ocupantes que descendieran del vehículo. Dijo que se trataba de una revisión. Obedecieron. Salmones refirió primero que la mujer abrió la puerta del copiloto, donde él viajaba, y que fue ella quien lo empezó a revisar; después dijo que la puerta la abrió otro de los individuos. Le preguntaron si traía pistola. Contestó que no. Alguien dijo: “está limpio”. Salmones declaró que dos sujetos “se fueron” sobre Palma y seis lo rodearon a él y a Fernando. Llevaban pistolas y armas largas. Se percató que en ese momento se acercó hasta el lugar una camioneta tipo “Town Country o Bolagar” de “color oscuro”; cuando la camioneta se detuvo las personas del supuesto operativo los sometieron y les colocaron “trapos o bolsas oscuras” en la cabeza.

Todo ocurrió muy rápido: entre gritos y empujones los individuos subieron a Fernando, a su chofer y a su guardaespaldas a la parte trasera de la camioneta. No tenía asientos. Los acostaron en el piso. Cuatro sujetos subieron junto con ellos. Tomaron Insurgentes hacia el sur. Los individuos no hablaron. Sólo algunas veces hicieron referencia al “comandante”. Después de 30 o 40 minutos llegaron a una casa de seguridad.

Así inició la tragedia del secuestro y asesinato de Fernando Martí.

Pese a que su familia pagó cinco millones 135 mil pesos de rescate, su cuerpo sin vida apareció el 31 de julio de ese año dentro de la cajuela de un auto Chevrolet Corsa, abandonado en la colonia Villa Panamericana.

Unos días después, el 21 de agosto, Alejandro Martí fue invitado al Consejo Nacional de Seguridad Pública en donde Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, le concedió la palabra. Ahí, frente a los gobernadores, al jefe de gobierno del DF, a funcionarios federales y al presidente Felipe Calderón, el padre de Fernando exigió: “Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también  es corrupción”.

Cinco años después del secuestro y asesinato de Fernando Martí el Estado mexicano, en su versión de autoridades locales o federales, en su versión de ministerio público, defensor de oficio o juez ha sido incapaz de resolver el caso: no hay un solo sentenciado por los hechos de junio y julio de 2008.

Peor aún: durante años ha mantenido uno de los asuntos más bizarros del que muchos abogados tengan memoria. En dos juzgados, en dos competencias, la federal y la local, tiene como acusadas y procesadas a dos mujeres por cometer el mismo acto, por ser la misma persona. Lorena González Hernández y María Elena Ontiveros Mendoza están en prisión acusadas —la primera por la justicia del DF, la segunda por la justicia federal— de ser la mujer güera que hizo el alto al automóvil de Martí, descrita por Christian Salmones.

En aquel retén, según coinciden todos los testigos citados en ambos expedientes, sólo había una mujer. ¿Cómo es posible que haya dos mujeres acusadas por el mismo hecho y a punto de ser sentenciadas?

Esto es apenas un fragmento de la historia de cómo nuestro aparato de impartición de justicia no ha sido capaz de resolver el caso más público de los últimos años. El caso que inspiró la frase “si no pueden, renuncien”, el cual el Estado mexicano no ha podido finiquitar.

Las dos mujeres son imputadas de pertenecer a grupos distintos de la delincuencia organizada (Lorena a la banda de La Flor; María Elena a la banda de Los Petriciolet) que presuntamente cometieron los mismos actos delictivos: el secuestro y asesinato de Fernando Martí y de su chofer Jorge Palma, así como el secuestro e intento de homicidio del guardaespaldas Christian Salmones.

Ambas enfrentan procesos judiciales que se desarrollan en paralelo, pero en distintos ámbitos de competencia: Lorena en el juzgado 32 de lo penal en el Distrito Federal y María Elena en el juzgado 4 de distrito en Procesos Penales Federales. La primera lleva cuatro años y nueve meses en la cárcel de Santa Marta Acatitla; la segunda ha estado presa tres años y dos meses en el Centro Preventivo de Readaptación Femenil de Tonalá, Jalisco. Ninguna ha recibido sentencia en primera instancia.

Documentos de la causa penal 292/08, de competencia del Distrito Federal, y de la causa penal 23/2010-VI, del fuero federal, describen la presunta participación de ambas mujeres en el llamado caso Martí y exhiben el absurdo.

Los anónimos y la prisa 
La Dirección de Comunicación Social de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal filtró a varios medios la siguiente historia: la noche del viernes 22 de agosto de 2008, un día después del discurso de Martí, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, recibió una llamada telefónica anónima con el siguiente mensaje: “Ahí les dejamos al que secuestró y mató a Fernando Martí. Eso le pasa por cabrón”.

Después de esa llamada, contaron funcionarios de la PGJDF a varios reporteros, Mancera pidió a sus colaboradores buscar hechos violentos que se hubieran registrado durante ese mismo día. Recibió el informe de una persona que unas horas antes fue baleada mientras circulaba a bordo de un auto Derby color gris en el cruce de las calles de Acoxpa y División del Norte, en la delegación Tlalpan. Dos personas en una motocicleta se le habían emparejado y una de ellas le disparó en tres ocasiones. Uno de los impactos le había dañado la columna vertebral. Se trataba de Sergio Humberto Ortiz Juárez, de 63 años, quien en ese momento se encontraba hospitalizado en la cama 1 del área de terapia intensiva del Hospital General número 2 del IMSS, ubicado en Calzada de las Bombas.

Sin embargo, en la causa penal 292/08 no existe documento alguno que consigne dicha versión de la llamada telefónica, y por lo tanto no hay explicación frente al juez de la detención —en este caso custodia— de Ortiz Juárez la noche del viernes 22.

La aberración judicial

En el expediente la historia es otra. Ahí aparecen documentos que de manera anónima habrían llegado en un sobre a la oficina del procurador Mancera el 31 de agosto de ese año. En dicho sobre había un mensaje que decía: “Sr. Procurador: soy un ciudadano que sí creo que pueden cambiar las cosas. Por alguna circunstancia tengo acceso a la información que le envío y espero que le sea de gran utilidad para acabar con esta ola de delincuentes que nos están agotando. Por favor actúe […]”.

El sobre contenía fichas informativas de los supuestos miembros de la banda, los cuales habrían cometido diversos secuestros y asesinatos, incluidos los de Fernando Martí y su chofer Jorge Palma. Según estas fichas, la banda estaba encabezada por Ortiz Juárez, quien tenía diferentes alias: El ApáEl JefeEl Patrón y el CMTE. El sobre también contenía croquis y fotografías de viviendas y de negocios vinculados a los secuestradores.

Una de esas fichas se refiere, específicamente, a Lorena González Hernández. Apunta textualmente:

(Macarena AFI no.1) (Colin no. 2) apodada la gorda o “La Lore”. Parte activa en los secuestros es el muro, ejecuta el levantón, ella y los policías y ex policías que participaron con los secuestradores del niño Martí, la mujer decapitada, la que recibió vejaciones y fotografías entregadas a sus víctimas utiliza esa camioneta (una que se aprecia en la foto), ella junto con Fredy, Ricardo y otra mujer son los que le ponen la bolsa al menor Martí y el tal Duran sirve de contacto para la compra del auto Corsa con los robacoches de IZP. Siempre trae a uno o dos sujetos armados, alta peligrosidad ha tenido enfrentamientos con autoridades y ella dio esquina para que acribillaran al pj D.F. art. Hdz. Por parte de un tal Vicente de la calle de Ixnahualtongo, por la Merced.

Oficialmente, este anónimo fue el primer señalamiento contra Lorena González Hernández. Salvo Ortiz Juárez —quien estuvo sujeto a proceso penal hasta su muerte, ocurrida el 12 de noviembre de 2009—, el resto de los señalados por su nombre o alias en esas fichas no aparecen en el resto de los expedientes del caso.

Testimonios sin testigos 
Agentes de la PGJDF detuvieron a González Hernández el 5 de septiembre de 2008 en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública federal, ubicadas en la calle de Santa Cruz Cacalco, colonia México Nuevo, en la delegación Miguel Hidalgo, donde trabajaba como subinspectora en la Coordinación de Inteligencia para la Prevención de Delito. Con ese cargo hizo su última declaración patrimonial el 17 de mayo de ese año —casi cuatro meses antes de que la detuvieran—, según aparece en el registro de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

De 35 años de edad, casada y madre de un hijo, estudió la licenciatura en negocios internacionales en el Instituto Politécnico Nacional. Vivía en la colonia Vicente Villada, en Ciudad Nezahualcóyotl. En su última declaración patrimonial reportó ingresos anuales por 488 mil 707 pesos.

Según dichos registros de la SFP, ocupó el cargo clasificado como “policía judicial” de febrero de 1999 a mayo de 2006 en la Agencia Federal de Investigación (AFI), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR). En junio de 2006 subió de rango: subdirectora de área de la misma agencia. El 15 de octubre de 2007 dejó la PGR y se incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública con el mencionado cargo de subinspectora.

El 4 de noviembre de 2008, el juez 32 de lo penal en el Distrito Federal, Jesús Ubando López, dictó auto de formal prisión contra Lorena y otros seis presuntos miembros de la banda de La Flor por los delitos de secuestro agravado, homicidio del secuestrado, homicidio en grado de tentativa, robo y delincuencia organizada.

De acuerdo con el auto, el juez no sólo emitió su dictamen para el caso Martí, sino para otros seis casos. En cinco de ellos los supuestos integrantes de la banda habrían cometido el secuestro de ocho personas, de las cuales dos fueron asesinadas. Un caso más se refiere al robo de dos vehículos marca Corsa con placas 614-THL y 130-SUJ, respectivamente. En el primer automóvil la policía encontró muerto a Jorge Palma, el chofer de Fernando Martí, y herido al guardaespaldas de éste, Christian Salmones, a quien los secuestradores dieron por muerto. En el segundo vehículo fue abandonado el cuerpo sin vida de Fernando Martí.

Con base en declaraciones de testigos y de víctimas, el juez estableció que existía un modus operandi similar en esos secuestros y asesinatos, por lo que dedujo que “se trata de la misma banda” e incluyó a todos los inculpados como “coautores materiales” de los delitos registrados en los siete casos, a pesar de que algunos de los inculpados sólo son señalados en uno de los casos y no en el resto.

Eso ocurre con Lorena González Hernández.

De las siete personas que declararon en su contra, sólo una, el escolta Christian Salmones, la imputa directamente en el caso Martí: asegura que es la mujer que hizo la seña con la mano para que se detuviera el BMW en que viajaba el adolescente. Ninguna de las víctimas o testigos de los otros cinco secuestros la mencionan.

Las otras seis personas que declararon contra González Hernández refirieron que ella y Ortiz Juárez se conocían y habrían participado juntos en secuestros y extorsiones. Ninguno de estos hechos delictivos es materia de la causa penal que lleva el juez Ubando López, pero le sirvieron para determinar que Lorena pertenecía a una organización dedicada a la delincuencia organizada liderada por El Apá.

Rodrigo Higuera, abogado de González Hernández, presentó recursos para desestimar esos testimonios como elementos de prueba en contra de su defendida. Por ejemplo: en los testimonios de Jorge Eduardo Mondragón y Sergio Sandoval Ambriz. El primero, “comerciante” de la calle Jesús Carranza, en el barrio de Tepito, se presentó ante el Ministerio Público el 6 de septiembre de 2008 a declarar en “forma voluntaria” que se enteró por la televisión de la detención de La Lore, a quien reconoció como la mujer que vio unas siete ocasiones en compañía de El Apá. Aseguró que éste pedía información para comprar mercancía de contrabando y droga.

El segundo testigo, Sandoval Ambriz, se presentó ante el Ministerio Público el 9 de septiembre de ese año también de “forma voluntaria”. Dijo que era “comerciante de calzado chino” en la calle Costa Rica, en la colonia Centro, y que se enteró por la televisión y por el diario Metro de la detención de La Lore y de El Apá a quienes identificó como agentes federales que desde 2004 cobraban una “renta” a los comerciantes de la zona y que, por referencias de “un primo”, sabía que ambos ofrecían dinero a cambio de que les “pusieran” a gente que pudieran secuestrar.

A solicitud de la defensa, el Instituto Federal Electoral emitió dos documentos que certifican la inexistencia en el padrón electoral de las credenciales de elector que presentaron ambos testigos para acreditar su identidad; es decir, eran credenciales falsas. La PGJDF no ha logrado localizar a estas dos personas para que ratifiquen sus declaraciones. Estos dos testigos que relacionan a Lorena con Ortiz Juárez se esfumaron después de su primera y única declaración.

Otro ejemplo: el 12 de septiembre declaró Porfirio Bueyes Santana, quien dijo que hasta 2006 fue coordinador del área de recuperación de vehículos en Cuernavaca, Morelos. Explicó que, por petición de César Octavio Posadas, “comandante de secuestros” en el estado de Veracruz, participó en 2006 en una investigación durante la cual grabó en video la confesión de Ortiz Juárez de que se dedicaba al secuestro. Afirmó que entregó a Posadas dicha grabación incriminatoria, la cual no se integró a la causa penal del caso Martí. Cuando el Ministerio Público mostró a Bueyes Santana una fotografía de González Hernández dijo que no la conocía en persona, pero que había escuchado su nombre porque era amiga de un conocido suyo a quien apodaban El Colín.

Posteriormente, durante una audiencia de desahogo de pruebas realizada el 22 de febrero de 2010, Bueyes Santana dijo que no reconocía la firma asentada en su declaración realizada el 27 de enero de 2008 (sic) y que tampoco reconocía ni el contenido ni su firma de la declaración que se le atribuyó a él con fecha 27 de octubre de 2008. Sostuvo que las declaraciones que rindió ante la PGJDF las realizó en dos días seguidos y que éstas no coinciden con las fechas anotadas. Respecto de sus señalamientos sobre González Hernández dijo que “en la sábana (sic) estaba el nombre de Lorena, pero que ésta no era amiga de Colín”.

El testigo miope con “agudeza visual”
Casi todos los acusadores de Lorena que figuran en el expediente han sido desacreditados o están desaparecidos; el único testimonio que sobrevive es el de Christian Salmones, quien imputa directamente a González Hernández como partícipe en el secuestro de Fernando Martí.

Su testimonio es clave debido a que sobrevivió al intento de los delincuentes por asesinarlo, es el único que supuestamente sabe lo que ocurrió durante el secuestro.

Pero en sus declaraciones ante el Ministerio Público Salmones ha incurrido en contradicciones.

Su primera declaración la realizó el 6 de junio, un día después de que la policía lo encontró en la cajuela del auto Corsa en el que también estaba el cuerpo sin vida del chofer Jorge Palma.

En esa primera declaración, Salmones dijo que la mujer que hizo el alto en el retén falso era delgada, de cara afilada, con “rayos muy rubios”, vestía pantalón de mezclilla deslavado, chaleco con siglas de la AFI, lentes oscuros, gorra, y tenía el cabello güero, corto y peinado hacia atrás. Aseguró que la mujer que hizo el alto en el retén abrió la puerta del copiloto, donde él viajaba, que lo bajó del vehículo y lo revisó. Sin embargo, sostuvo que no podía realizar un retrato hablado de ella ni de los otros sujetos, pero que podría reconocerlos si los veía.

La aberración judicial

14 días después —el 20 de junio— Salmones realizó una nueva declaración. En ella afirmó que todos los sujetos del retén eran hombres y que el alto lo marcó un sujeto de barba medio crecida, de complexión mediana, 1.70 metros de estatura, tez blanca, lentes oscuros, gorra azul sin logotipos, chaleco azul sin siglas de una corporación policiaca, quien se acercó a la ventana del chofer para decirle que se trataba de una revisión, sin mostrarle identificación alguna.

En esta misma declaración aceptó que no podía reconocer a nadie porque a esa hora —entre las 7:00 y 7:15 horas— “todavía estaba oscuro”. Afirmó que fue uno de los individuos —y no la mujer que hizo la señal de alto—, el que abrió la puerta de su lado, lo obligó a agacharse y le cubrió la cabeza con un trapo o bolsa oscura.

El 21 agosto de 2008 Salmones hizo una nueva declaración en la que reiteró que en el retén sólo pudo ver a una mujer de la cual no podría hacer un retrato hablado, pero sí reconocerla “por su voz o si la viera”. Añadió que la mujer medía 1.65 metros de estatura y repitió dos características que mencionó en su primera declaración: que es de complexión delgada y tiene rayos dorados en el cabello. Ya no mencionó la gorra, los lentes oscuros ni el chaleco con siglas de la AFI.

El 3 de septiembre de 2008 realizó otra declaración ministerial. En ella agentes de la PGJDF le mostraron una fotografía a color de Lorena González Hernández, quien para esas fechas aún no había sido detenida. Después de observar la fotografía “identificó plenamente y sin temor a equivocarse” a Lorena como la misma persona que les hizo señas para que se detuviera el día 4 de junio de 2008 en las cercanías de Ciudad Universitaria.

A González Hernández la detuvieron el 5 de septiembre. Tres días después Salmones la identificó entre cinco mujeres colocadas en la cámara de Hessel. “Definitivamente sí estoy seguro que es ella y no tengo el más mínimo temor a equivocarme, ya que de ninguna manera culparía a una persona inocente”, afirmó.

No obstante, las fotografías de Lorena que aparecieron en los medios de comunicación cuando el 8 de septiembre de 2008 la PGJDF la presentó, no la muestran delgada ni con cabello “güero” o “rayos dorados”, características físicas de la mujer que, según Salmones, hizo el alto en el falso retén.

Otro dato llama la atención: Salmones padece miopía o al menos dice padecerla.

Cuando ocurrió el secuestro llevaba puestos sus lentes. En una de sus declaraciones dijo que los delincuentes se los quitaron en la casa de seguridad para vendarle los ojos.

El 20 de abril de 2010 hizo una ampliación de sus declaraciones. En ella dijo que los lentes que le quitaron los usa desde 2006 o 2007 porque en el ojo izquierdo padece “miopía y no recuerdo qué otra cosa”. Explicó que supo que tenía que usar lentes porque veía un “poco borroso”.

Debido a esta declaración, la defensa de Lorena pidió al juez que solicitara los estudios médicos y clínicos que se le realizaron a Salmones para ser contratado como escolta. El 31 de mayo de 2010 Ernesto Mendieta, encargado de la seguridad de la familia Martí, entregó dichos estudios clínicos. En ellos se lee que el médico encontró a Salmones “íntegro físicamente, sin defecto ni anomalías del aparato locomotor y con agudeza visual […]”. Los estudios están firmados por el doctor Edgar Kenneth Pacheco Haro, con cédula profesional 4452170. Tienen fecha del 17 de enero de 2008, más de cuatro meses antes de que Salmones fuera contratado.

Así, mientras Salmones declaró ser miope y utilizar lentes, el doctor Kenneth sostuvo que el guardaespaldas tiene “agudeza visual”.

Salmones es el único testigo que vio a la mujer del retén.

“Argumentos defensistas”
En sus declaraciones ministeriales y ante el juez Ubando López, La Lore negó que conociera a Ortiz Juárez y al resto de los presuntos integrantes de la banda; y negó igualmente su participación en el falso retén donde se secuestró a Fernando Martí. Afirmó que esa mañana se encontraba en Acapulco, Guerrero, a donde fue de vacaciones en compañía de su esposo.

Su abogado presentó una ficha de retiro de una sucursal en Acapulco del banco HSBC y solicitó al juez realizar diligencias para acceder a dos pruebas más: el registro de puño y letra de González Hernández en el hotel Lissette de Acapulco y los videos de ese día en las cinco casetas de cobro que existen en “el tramo carretero Cuernavaca-Acapulco”, lo cual supuestamente demostraría que ella dejó el puerto después del secuestro de Fernando Martí.

En el expediente consta la ficha múltiple de retiro del banco HSBC por la cantidad de seis mil 95 pesos. Está fechada el 3 de junio de 2008, un día antes del secuestro del joven Martí. Aparece la firma de Lorena. La ficha fue avalada por el apoderado legal del banco, César Cepeda Miranda. Sin embargo, el juez desestimó esta evidencia debido a que el retiro de dinero se realizó un día antes del secuestro, lo que le daba oportunidad a Lorena de regresar a la ciudad de México y participar en el acto delictivo.

El juez Ubando López ordenó una inspección judicial en el libro de registro del hotel Lissette, pero ésta nunca se llevó a cabo.

El juez también ordenó que se solicitara a Caminos y Puentes Federales (Capufe) los videos de las cinco casetas de cobro ubicadas entre Cuernavaca y Acapulco. En el oficio DZIVCS/SO/0049/09 de Capufe se asienta que el 20 de enero de 2009 Arsenio J. Campos Santos Coy, subdelegado de operación de Capufe, envió los videos de las cinco casetas solicitadas. Sin embargo, en el documento de la audiencia en la cual éstos se reprodujeron —el 22 de junio de 2010— se consigna que en varias partes las imágenes se aprecian borrosas, “no estaban completamente enfocadas” y la “pantalla se veía con rayas y brincaba”. Señala que los videos corresponden a diversas casetas, “entre las que destacan La Venta, Palo Blanco e Ing. Francisco Velasco Durán”. El abogado de Lorena interpretó que faltaban los videos de dos casetas. Solicitó al juez que volviera a solicitar los videos. El juez aceptó. Capufe respondió el 7 de septiembre de 2010 que había entregado los videos completos y que ahora ya no los tenía: los había borrado de su archivo, pues la ley le obliga a guardarlos sólo por 60 días.

La aberración judicial

En el expediente el juez Ubando López admitió que González Hernández y el resto de los inculpados se niegan a reconocer su participación en los hechos. Dijo incluso no desconocer que González Hernández asegura que el día del secuestro se encontraba en Acapulco. Pero señaló que ello “no debe tomarse en consideración, ya que refleja una simple argumento defensista, carente por el momento de sustento probatorio alguno”.

Además, González Hernández enfrenta otro proceso penal por el delito de secuestro que también lleva el juez Ubando López. De acuerdo con documentos de la causa penal 110/09, José Manuel Domínguez Palacio presentó una denuncia contra La LoreEl Apá y otros dos miembros de la banda de La Flor porque presuntamente lo secuestraron en febrero de 2004 en un falso retén que éstos montaron en calzada de Tlalpan. Según Domínguez, pagó 100 mil pesos por su propio rescate. Para ello supuestamente pidió por celular a “un amigo” que acudiera a una casa de huéspedes donde Domínguez se alojaba para retirar el dinero en efectivo y posteriormente entregarlo a los secuestradores.

En una “Declaración de testigos de hechos” —que se integró a la averiguación previa FSP1/T1/100606-08D1—, se precisa que Domínguez presentó la denuncia por escrito después de que vio a La Lore y a El Apá en los medios de comunicación. En su primera página, el documento tiene como fecha 28 de enero de 2008, pero en esa fecha los inculpados no habían aparecido en la prensa y ni siquiera se había realizado el secuestro de Fernando Martí. Sin embargo, el mismo documento anota, posteriormente, que la denuncia se presentó el 28 de enero de 2009.

En su denuncia Domínguez se negó a identificar el nombre del “amigo” que lo ayudó a pagar el rescate, y pidió que no quedara registro de su domicilio ni de su automóvil, “ni dato alguno que pueda ser usado para realizar algún atentado en mi contra”. Para colmo, el documento con el que se identificó (cédula profesional no. 2843943) resultó falso.

Este proceso se encuentra en suspenso en tanto se resuelve el amparo indirecto que la defensa de Lorena presentó ante el juzgado noveno en materia de amparo.

La segunda güera
En la madrugada del 17 de julio de 2009 agentes de la Policía Federal detuvieron a Noé Robles Hernández, alias El Chimuelo, y a su cuñado José Montiel Cardozo, en una casa ubicada en las inmediaciones de Xochimilco, donde mantenían secuestrados a un hombre y a una mujer.

A partir de esas detenciones, la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la PGR, inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/137/2005 en la que imputó a Robles los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

Unas horas más tarde Luis Cárdenas Palomino, entonces coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal, encabezó una conferencia de prensa en la que presentó a Robles y a Cardozo. Ahí leyó un comunicado: “La Secretaría de Seguridad Pública informa que el día de ayer (sic), en las inmediaciones de la delegación Xochimilco, en la ciudad de México, fueron liberadas dos víctimas que se encontraban privadas de su libertad desde el pasado 7 de julio, y detenidos dos integrantes de la banda conocida como ‘Los Petriciolet’, presuntos responsables del secuestro y muerte de los jóvenes de 14 y 16 años de edad Fernando Martí y Antonio Equihua, respectivamente”.

Así, 13 meses después del secuestro del adolescente Martí, un caso que había quedado sólo en el ámbito de la justicia de la ciudad de México, tomó un nuevo camino: el del proceso federal.

El gobierno del Distrito Federal se enteró de la aprehensión unas horas antes de la conferencia de prensa. Nunca fue parte de las investigaciones de la federal ni le compartieron información hasta que habían concluido.

A la obvia pregunta de cómo se relacionaban esas nuevas aprehensiones con los detenidos años antes por el Distrito Federal simplemente no hubo respuesta.

Frente a El Apá La Lore que siempre negaron su participación en los hechos, los federales presentaron confesiones de quienes asesinaron al joven Martí y su chofer. De quienes lo cuidaron y negociaron el rescate.

Sin explicación pública alguna federales y locales prefirieron seguir cada uno su camino. Como si fueran dos delitos se continuaron dos procesos a dos supuestas bandas de secuestradores, dos presuntos asesinos por un solo asesinato.

Y por supuesto el nuevo proceso tenía que tener su propia güera.

Desde su detención aquel 17 de julio, Noé Robles se refirió a María Elena Ontiveros Mendoza, alias La Güera. Lo hizo ante los suboficiales de la Policía Federal que lo pusieron a disposición del Ministerio Público, según consta en el expediente de la causa penal 23/2010-VI del fuero federal.

De acuerdo con este documento, cuando Robles describió a los suboficiales cómo se suscitaron los hechos del plagio y asesinato de Fernando Martí, señaló que sabía de la existencia de una mujer que pertenecía a la banda de Los Petriciolet y que la vio en dos ocasiones.

“La describe como una mujer caderota (sic), alta como de 1.78 metros de estatura, de tez blanca, cabello ondulado güero; desconoce si se lo pinta o es natural. En la cara está cacariza y las ocasiones que la vio estaba en compañía de ‘El Jefe’”, explicaron los agentes sobre lo que expresó Robles. Afirmaron además que, según Robles, a la mujer le pagaron 90 mil pesos por participar en el secuestro.

En sus posteriores declaraciones Robles fue precisando la presunta participación de Ontiveros en el plagio de Fernando Martí: el 4 de septiembre de ese año dijo que la banda que llevó a cabo el secuestro se denomina “De la Flor”. Afirmó que ésta empezó a operar en 2007 y que estaba formada por dos células: una encargada de “vigilar” a las posibles víctimas y otra integrada por policías judiciales del DF y agentes de la AFI. A esta segunda, aseguró Robles, pertenecía La Güera, quien participaba en las reuniones en la que “se organizaban”.

El 22 de septiembre Robles describió los hechos del 4 de junio de 2008 en el falso retén: “Al ver el vehículo Mercedes Benz (sic) propiedad de la familia Martí, nos ponemos en formación de batería diagonal a efecto de dejar un solo carril, siendo éste el de en medio, hasta que se acerca el Mercedes Benz, a lo que ‘La Güera’ les marca el alto”, declaró.

El 2 de septiembre la Policía Federal detuvo a José Antonio Jiménez, alias El Niño, y 21 días más tarde, el 23 de septiembre, a Abel Silva Petriciolet, alias El Di Caprio. Identificó a ambos como los líderes de la banda de Los Petriciolet.

Silva Petriciolet mencionó en su declaración ministerial que Ontiveros era la “encargada de saber a qué carro detener”. Sostuvo que cuando observó que ella le marcó el alto a un Mercedes Benz gris (sic), él y sus compañeros supieron que se trataba del auto de Fernando Martí. Acto seguido, detalló, se acercaron para “bajar” a Martí, Palma y Salmones a quienes se los llevaron en una camioneta Voyager negra.

El 16 de abril de 2010 —nueve meses después de la captura de Noé Robles Hernández—, elementos de la Policía Federal detuvieron a Ontiveros en la zona de Aragón, en la ciudad de México. La trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). El expediente consigna que durante la revisión de su estado psicofísico, tenía moretones rojizos en el rostro y en el dorso, así como excoriaciones en el muslo derecho y en el pie izquierdo. Ella se quejó posteriormente que en la SSP un comandante la pateó y la “cacheteó” con “la finalidad de que declarara de acuerdo con las indicaciones que ellos me dieron”. Afirmó que el comandante le dijo: “Voy a mandar a traer a tu puto hijo y a tu puta madre y los voy a matar frente a ti, pinche secuestradora de mierda”.

Aseguró que después la obligaron “a salir en los medios de comunicación” y a decir que había intervenido en varios secuestros, “cuando eso no es cierto”.

Unas horas más tarde Luis Cárdenas Palomino —quien en febrero de 2010 asumió como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal— presentó ante los medios de comunicación a Ontiveros y a Jorge Manuel Rico Trejo, alias El Johny, detenido dos días antes, y quien supuestamente la invitó a ser parte de la banda Los Petriciolet.

La confesión
El mismo día de su detención —16 de abril de 2009— Ontiveros rindió su declaración ante el agente del Ministerio Público federal, Gualberto Ramírez Gutiérrez. Dijo tener 43 años, ser soltera, de ocupación comerciante, tener un hijo de cinco años y residir en la colonia San Juan de Aragón. Aseguró que terminó el bachillerato y que percibía un sueldo mensual de tres mil 800 pesos. “(Los apodos ‘La Güera’ y/o ‘La Güerita’) los tengo desde que tengo uso de razón, ya que por mis características físicas mis amigos y vecinos así me dicen”.

Consta en esa declaración ministerial que de 1994 a 2000 trabajó en la PGR, primero como secretaria en la Dirección General de Desarrollo Corporativo, y después en el área de Finanzas. Indicó que salió de esa institución mediante el programa de retiro voluntario, y que lo hizo sin que hubiera antecedentes penales ni procedimientos administrativos en su contra.

Refirió que posteriormente comenzó a trabajar en la hoy extinta Fiscalía Especializada para Atención de Delitos contra la Salud (FEADS). Era secretaria en la oficina que esa institución tenía en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. Ahí elaboraba tarjetas, reportes, memorandos y archivaba documentos. En este puesto, dijo, conoció a personal de migración y de aduanas.

Dejó la FEADS a raíz de la salida de su jefa de esa institución, pero decidió aprovechar las relaciones que había establecido en el aeropuerto para dedicarse a la “gestoría” ante aduanas e inmigración.

Contó que en 2006, cuando ya se dedicaba a la “gestoría”, fue detenida sorpresivamente mientras acudía a recoger unos documentos en Ciudad Satélite. La arraigaron durante 90 días para investigarla por el secuestro de un colombiano. Fue liberada sin cargos en su contra. “Al ser levantado el arraigo […] me dediqué a labores de mi casa, no saliendo por un tiempo”, declaró.
Pero fue durante el periodo en que trabajó en la oficina de la FEADS del aeropuerto que conoció a Jorge Manuel Rico Trejo, Johny o Rico, y a José Antonio Jiménez Cuevas, alias El Niño, presuntos miembros de Los Petriciolet y señalados por la Policía Federal como participantes en el secuestro de Fernando Martí.

En su declaración ministerial del 16 de abril de 2010, Ontiveros narró la historia sobre su presunta participación en el secuestro de Fernando Martí: contó que en “abril o mayo” de 2007, durante un paseo por la Feria del Caballo en Texcoco, le pidió a Rico Trejo —a quien se refiere de manera indistinta como El Johny o El Rico— que le consiguiera un empleo “de lo que fuera”. En mayo de 2008, éste la llamó por teléfono. “Güerita, ya te conseguí un trabajo”, le dijo. Pero no fue hasta el 2 de junio en que le volvió a hablar para decirle que le urgía verla. Se vieron un día después, a las tres de la tarde en “La Maquinita”; es decir, en donde se encuentra la locomotora de Plaza de la Revolución, en el centro.

—Te tengo un trabajo. Consiste en un operativo para la detención de una persona que se dedica a cosas ilícitas  —le dijo El Johny.
—¿De qué se trata?… Dame más datos —pidió Ontiveros.
—Mira, es narco. Es de lo peor. Yo tengo un hijo y por él te lo juro: este sujeto es de lo peor.
—Coméntame más —insistió Ontiveros
—Tu función es sólo marcar el alto, no tienes que acercarte —comentó El Johny.

Y le dijo que la esperaba a las cinco de la mañana del día siguiente (4 de junio) “en las flores”, en referencia al mercado de flores de San Ángel.

Ontiveros declaró que accedió a la propuesta después de “pensarlo mucho” y debido a “la necesidad económica que tenía, pensando que era cosa de (detener a) delincuentes y nada deshonesto”.

La aberración judicial

Se despertó en la madrugada del 4 de junio. Se vistió con pantalón y chamarra de mezclilla, una blusa de algodón negra y botas de piel también negras. A las 4:30 de la mañana estaba lista. Salió de su casa en Valle de Aragón. Contó que durante el camino pensaba que si se trataba de algo malo “ojalá que Dios” no la “dejara llegar”.

A las 5:30 arribó al lugar de la cita, que ya no fue el mercado de las flores sino la gasolinera que está en la esquina de avenida Revolución y la calle Amargura. Recordó que no vio a nadie y sintió alivio, pero unos minutos después apareció Rico. Venía caminando del parque que se encuentra frente a la gasolinera. Vestía un traje oscuro. “Estaba en el parquecito”, le dijo El Rico y la saludó.

Ambos caminaron hacia el parque. Ahí se encontraron con dos hombres apodados Los Chiquitos: José Armando y Óscar, quienes estaban a bordo de un automóvil Stratus color vino. María Elena supo que era una patrulla por el radio y la sirena. Óscar, apodado El Alvin, condujo hacia la gasolinera porque al copiloto, José Armando, alias El Chiquito, “le andaba del baño”. El Johny y María Elena ocupaban el asiento trasero del auto.

Ontiveros recordó que mientras el Stratus avanzó, sus tripulantes permanecieron en silencio. A las 7:00 sonó el celular de El Chiquito. Éste contestó. Recibió la orden de encaminarse al lugar del operativo. El Alvin tomó avenida Revolución en dirección a Ciudad Universitaria. A la altura de la Dirección General de Obras de la UNAM, Ontiveros vio vehículos, conos y a unas 15 personas que instalaban un retén.

Rico le indicó a La Güera que observara al hombre uniformado que portaba un arma larga. Ésta era “de juguete”, le confesó. Y destacó que se veía “chistoso”. Ese hombre era Noé Robles Hernández, alias El Chimuelo. Según las declaraciones de Ontiveros, era la primera vez que lo veía. También notó que adentro de una patrulla estaba quien después se enteraría que le apodaban El Pelón.

Ontiveros declaró que José Antonio Jiménez, El Niño, sacó de un auto unas bolsas que le dio aRico. Éste extrajo de ellas una chamarra y una gorra con las iniciales de la AFI y se las dio a Ontiveros. Ella se puso la gorra y la chamarra pero, afirmó, sintió “asco” y se despojó de ambas prendas.

Rico repitió la orden que le había dado previamente, pero esa vez con mayor precisión: “Al ver un carro gris BMW, de modelo reciente, le marcas el alto. No te acerques y ni lo toques”.

María Elena siguió las indicaciones.

Contó: “Al ver el carro, lo paro y de inmediato Jorge Manuel Rico Trejo, alias Rico o El Johny, José Elmer Bahena Sotelo, alias El Pelón, José Antonio Jiménez Cuevas, alias El Niño, y Noé Robles Hernández, alias El Esqueleto (o El Chimuelo), se acercan al carro, pero de inmediato un sujeto conocido como El Gallo me jala a un carro tipo patrulla”.

Ontiveros indicó que “debido al sol” no se percató de más detalles.

Unas horas después, los plagiarios la invitaron a desayunar tamales y atole. Luego almorzaron en un mercado del sur de la ciudad de México.

Días más tarde, sostuvo Ontiveros, se enteró por los medios de comunicación que en el “operativo” que había participado se realizó el secuestro del hijo del empresario Alejandro Martí.

La Güera no sabe si es La Güera
Tras la primera declaración de Ontiveros, su entonces abogada Esmeralda Martínez Cruz argumentó que a su defendida no podía acreditársele el delito de delincuencia organizada debido a que desconocía el motivo del falso operativo y debido a que no podía comprobarse que participaba frecuentemente con ese grupo. Argumentó, además, que no podía acreditarse el delito de secuestro pues Ontiveros nunca solicitó rescate alguno por la libertad de una persona.

Pero para la juez Osiris Ramón Cedeño, titular del juzgado noveno de distrito en materia penal en el estado de Jalisco, las declaraciones de Ontiveros fueron simple y llanamente una “confesión” de su participación en el plagio de Fernando Martí y de su pertenencia, con labores de “subordinación”, a la banda de La Flor o de Los Petriciolet. En virtud de ello, y de las declaraciones de los demás inculpados, así como de “el cúmulo” de testimonios y pruebas, el 1 de mayo de 2010 dictó en su contra auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

¿Por qué la Secretaría de Seguridad Pública no transfirió su investigación al juez 32 en materia penal del Distrito Federal y puso a disposición de éste a los detenidos de la banda Petriciolet, si dicho juez ya llevaba el caso Martí?… O, incluso, ¿por qué un mismo caso es llevado por dos juzgados distintos, uno de competencia local y otro federal?

El pasado 8 de enero Lorena González Hernández presentó ante el juzgado 4 de distrito en Procesos Penales Federales el recurso de “incidente de competencia por inhibitoria”, por medio del cual solicitó que dicho juzgado se declare competente para conocer su caso. Argumentó que ella es acusada y procesada en un juzgado del fuero común por presuntamente realizar una “conducta idéntica a la que también está conociendo y juzgando la autoridad federal”. Es decir, pidió que el juzgado federal unifique en uno solo los casos de las dos “güeras”.

El pasado 21 de marzo Roberto Antonio Domínguez Muñoz, titular de ese juzgado federal, rechazó ese recurso por “improcedente”. A pesar de que el proceso federal ha retomado declaraciones, documentos y diligencias que se realizan en el juzgado del fuero local… y viceversa.

Por ejemplo, El 17 de julio de 2009 Christian Salmones acompañó a agentes de la Policía Federal a la casa donde aprehendieron a Noé Robles: en la calle Aralia, sin número, en la colonia Ejido de San Pedro, delegación Tlalpan. Salmones reconoció que en esa casa lo tuvieron secuestrado junto con Fernando Martí y Jorge Palma.

Ese mismo día, los agentes de la Policía Federal lo llevaron a las oficinas de Cárdenas Palomino, en la SSP. Pero ahí no reconoció a Noé Robles, ni a su cuñado, José Montiel Cardozo, como sus “cuidadores” durante el secuestro. Recordó que Robles se refirió a que en el plagio del joven Martí había participado “una mujer güera, cacariza, voluptuosa y caderona”, por lo que señaló que en el falso retén “nunca vio a una mujer de esas características”.

Y, una vez más, reiteró que la persona que vio en ese retén era Lorena González Hernández y no “ninguna otra mujer”.
Más aún: el 16 de abril de 2010, Salmones acudió a una diligencia en las instalaciones de la SIEDO donde le mostraron a Ontiveros a través de la cámara de Hessel. Tuvo enfrente a la mujer que confesó haber participado en el retén instalado para secuestrar a Fernando Martí. Incluso, “personal de custodia” ordenó a Ontiveros repetir la frase: “Ya se los cargó la chingada. Es un secuestro”. Pero Salmones afirmó que “no la reconocía, ni por su voz ni por su físico, y que nunca antes la había visto”. Ahí mismo dijo que la mujer que les hizo el alto en el retén “era más baja de estatura, más joven, más delgada y que no tenía senos grandes”.

Por su parte, algo similar ocurrió con Ontiveros cuando fue llevada a declarar a las oficinas de la PGJDF tras sus primeras declaraciones ante la SIEDO. Ahí reiteró su participación en el falso retén donde fue plagiado Fernando Martí. A la pregunta de “¿conoce a Lorena González Hernández?”, María Elena contestó que no, pero que los medios de comunicación hicieron tanta referencia a La Lore como la mujer que hizo el alto al vehículo en que viajaba el joven Martí que hasta ella misma empezó “a dudar si yo era la misma persona a la que se referían como la güera”.

Maria Elena Ontiveros no es la única confundida respecto a la verdadera identidad de la güera.

No es imposible que en unos meses dos jueces mexicanos declaren culpables de un mismo hecho, de ser la misma persona, a dos mujeres diferentes.

Nadie parece preocupado.

En instancias superiores se resolverá, dicen los abogados.

En el camino las vidas de dos mujeres —al menos una de ellas inocente— habrán sido destrozadas para siempre.

En el camino se habrán perdido la verdad histórica de la tragedia Martí, la justicia para las víctimas y la posibilidad de creer que por lo menos en un caso, en uno con la fuerza pública que tuvo éste, el Estado mexicano era capaz de impartir algo parecido a la justicia.

Pero no pudo. Y hasta la fecha nadie ha renunciado. n

Marcela Alcántara Guerra, Alejandra Arteaga Rodríguez, Fernando Bolaños Zárate, Homero Campa Buitrón, Ixchel Cisneros Soltero, Lizbeth Paola De Loera Méndez , Marco Dueñas Barrera, Ricardo González Bernal, Alejandro Guzmán Rodríguez, Carlos Alejandro Ibarra Hernández, Yadira Mena Flores, Vanessa Reyes Calderón, Atzimba Romero Gallegos, Lilia Saúl Rodríguez, Jonathan Vazquez Betancourt. Alumnos de la maestría de Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE.