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Archive for 24 mayo 2014

Mi hija fue torturada en México: Enriqueta Cruz

Fuente: Los Ángeles Press

El 23 de mayo, 2014

Brenda Quevedo Cruz, torturada dos veces en los penales mexicanos para que se incrimine por un delito que no cometió. Foto: red Los Angeles Press

Brenda Quevedo Cruz, torturada dos veces en los penales mexicanos para que se incrimine por un delito que no cometió. Foto: red Los Angeles Press

Brenda Quevedo Cruz es una de las presuntas implicadas en el secuestro y desaparición de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista ciudadana y presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Brenda lleva ocho años presa sin recibir sentencia aún y actualmente se encuentra en un penal de máxima seguridad en el Estado de Nayarit. En dos ocasiones fue torturada para que firmara una confesión de culpabilidad y pese a ello rehusó hacerlo.

La primera vez fue torturada en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Santiaguito de Almoloya en el Estado de México, la noche del 27 de noviembre de 2009 a las 19 horas. Una custodia llevó a Brenda a una sala de audiencia. Al llegar, ella dijo “que al abrir la puerta vio a tres hombres volteados hacia la ventana. Recibieron una orden, se pusieron el pasamontaña y fueron hacia ella”, cuenta Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, y añade que por más que su hija pidió a la custodia que la llevaba del brazo que no la dejara sola, ésta hizo caso omiso.

Una vez dentro de la sala, continúa la madre, los hombres le preguntaron a su hija si ella sabía de parte de quiénes venían. Brenda respondió:

–De parte de la señora Isabel Miranda de Wallace.

Inmediatamente la empezaron a insultar, a patearle el estómago; después, le pusieron una bolsa en la cabeza y la comenzaron a asfixiar. Le advirtieron que no intentara gritar porque todos estaban de acuerdo, desde el director del penal hasta los vigilantes, por lo que nadie la escucharía.

“Le jalaban los cabellos, le ponían cerca una grabadora y le decían que estaban ya cansados de sus tonterías y si le quitaban la mano de la boca y decía una cualquier cosa le iba ir peor. Ella empezó a llorar y ellos volvieron a pegarle, a taparle la boca y le gritaban que no se hiciera la valiente ya que iría peor y que se iban a quedar toda la noche con ella”, narra Enriqueta Cruz.

Asimismo, los hombres la amenazaron con que iban a sacarla del penal y luego empezaron a tocar con brusquedad sus partes genitales y sus pechos. Después le mostraron una jeringa con un líquido rojo y le afirmaron que era sangre infectada con VIH, y que si no decía que ella era responsable del secuestro –al igual que los demás implicados– se la iban inyectar cada mes hasta que firmara su confesión de responsabilidad, cuenta la madre de Brenda Quevedo Cruz, y añade que esta táctica transcurrió a lo largo de hora y media, hasta que los vigilantes del penal tocaron a la puerta.
La segunda ocasión en la que Brenda Quevedo Cruz fue torturada fue el 13 de octubre de 2010 al mediodía en las Islas Marías.

Entre cinco y seis hombres fueron al lugar donde se encontraba incomunicada, una casa a medio construir. La tortura, asegura Cruz Gómez “fue tremenda, independientemente de los golpes, el agua en la nariz, de las bolsas de asfixia, fue una violación”, y añade que Brenda asegura que ella sentía que algo le metían en la vagina mientras estaba esposada.

Los hombres le decían que si ella no firmaba iban a irse contra su familia, contra su madre y también contra su hermano, que sabían dónde encontrarlos. Al cabo de un tiempo los hombres se retiraron, pero antes de irse uno de ellos le dijo a Brenda que repitiera la razón por la que ella estaba ahí. Ella respondió:

–Por el secuestro de Hugo Alberto Wallace –y el hombre espetó:

–¡No, para ti es el señor Hugo Alberto Wallace! –y acompañando sus palabras le dio un fuerte golpe en la cara.

En el momento en que los hombres se retiraban, uno regresó y le dio otra cachetada, cuenta la señora Enriqueta Cruz, y añade que Brenda decía “que sentía que le había volado el oído, se quedó sorda por un buen tiempo”, e insiste que la tortura fue muy fuerte.

“Por todo lo que le hicieron; el ahogamiento, los toques eléctricos, la bolsa, la amenaza y la violación. De todo esto, obviamente si quedó muy afectada mi hija, eran ya dos torturas”, explica la madre de Brenda.

Brenda fue traslada a las Islas Marías a pesar de que aún no tiene sentencia. Para Enriqueta Cruz y su familia fue como si hubiera sido secuestrada y asegura que transcurrieron más de cuarenta horas antes de que les dijeran a dónde se la habían llevado. Un comandante de enlace reconoció que él había sido el responsable y que se la habían llevado al aeropuerto. La madre de Brenda señala que ni el juez, ni el abogado ni los familiares supieron por qué se la habían llevado. “Cuando hice la denuncia, lo primero que el juez solicitó fue un informe de por qué sacaron a Brenda [de Santiaguito] sin notificación previa” cuenta Cruz Gómez y añade que después de unas diligencias los responsables justificaron que se la habían llevado por cuestión de seguridad, por su perfil y por los cargos que tenía.

Enriqueta Cruz Gómez denunció hace un año al ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Dr. Raúl Plascencia Villanueva ante el actual Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por omisión ante el caso de tortura de su hija. Ella cuenta que cuando Brenda ya había sido reubicada en el penal de máxima seguridad en la ciudad de Tepic en el Estado de Nayarit, después de lo ocurrido en las Islas Marías, empezaron a castigarla sin ningún motivo por lo que la señora Cruz Gómez empezó a enviar nuevamente solicitudes y quejas a la CNDH. Brenda fue trasladada entonces a un cuarto de castigo llamado “El Apando”, un área muy pequeña de dos por tres metros que tiene un foco, una cámara, el WC y la regadera.
“La veían todo el día como un animal, no la sacaban para nada, allí le llevaban la comida”, señala la madre de Brenda Quevedo Cruz, y añade que estuvo allí dos meses.

“En una conversación mantenida entre Brenda y la psicóloga que la valoró en las Islas Marías, descubrieron que la CNDH había mentido en un escrito fechado en septiembre de 2011, en el que les informaban que los resultados de la investigación en Islas Marías indicaban que no había ocurrido nada.” Al escuchar esto la psicóloga dijo que eso no era posible, puesto que ella hizo la valoración bajo los criterios del protocolo de Estambul en julio de 2011 y había salido positiva. “La CNDH ocultó esa información y permitieron que se llevaran a Brenda a “El Apando”, el cuarto de castigo”, dice Enriqueta Cruz, y añade que cuando estuvo allí, le vino una crisis nerviosa a su hija porque pensaba que la iban a volver a torturar, por eso demandamos al Dr. Plascencia Villanueva”.

Enriqueta Cruz no puede decir con certeza por qué actuó de esa manera la CNDH, pero sospecha que fue porque ella se enteró a través de la prensa de que Isabel Miranda de Wallace había promovido al Dr. Raúl Plascencia Villanueva para que lo nombraran ombudsman, y además “hemos pensado y se ve muy claro que todo lo que hicieron en 2010 y 2011 fue porque estaba por entregar el doctor Plascencia Villanueva el premio de Derechos Humanos a la señora Wallace”, señala Enriqueta Cruz.

Ante el hecho de que el caso de Brenda saliera positivo en el protocolo de Estambul, Enriqueta Cruz asegura que el Estado mexicano no ha resarcido el daño que esto ocasionó a su hija. Únicamente a principios de febrero del año pasado le atendió un psiquiatra debido a que se sentía muy mal y sufría de insomnio y taquicardia por lo que la medicaron. La CNDH por su parte la visitó en tres ocasiones después de la demanda.

En cuanto al estado físico, psíquico y emocional actual de Brenda Quevedo Cruz, asegura Enriqueta que “está saliendo poco a poco” y añade que apenas la integraron en terapia con una psicóloga, pero en realidad está muy sola y se está apoyando en la Biblia. Además, comenta que “le quitaron todos los medicamentos y eso le afectó mucho porque le estaban dando altas dosis, en realidad no le están dando una buena atención médica”.

El infierno de la justicia mexicana

La tortura se ha vuelto una práctica sistemática por parte de las autoridades mexicanas a partir de que el ex presidente Felipe Calderón emprendiera su lucha contra el crimen organizado en 2006. Desde entonces, los presuntos culpables han enfrentado maltrato, abusos y vejaciones a mano de las policías y de las fuerzas armadas con el objetivo de obtener información sobre el crimen organizado u obligarlos a confesar su supuesta culpabilidad. Según Human Right Watch, esto ocurre generalmente entre el periodo que transcurre en la “detención arbitraria” de las víctimas hasta que son presentadas ante el ministerio público. En ese lapso de tiempo, a las víctimas las mantienen incomunicadas.

De acuerdo con el informe de 2011 de Amnistía Internacional “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: Tortura y maltrato en México”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió tan sólo en ese mismo año 1.669 denuncias de torturas y malos tratos, sumando un total de 4.841 desde el 2007. Sin embargo, el informe señala que si bien la información ofrecida por la CNDH “es la más exhaustiva que se dispone”, pero subraya que sigue estando muy lejos de representar la verdadera cifra de denuncias de tortura de todo el país. Esto se debe, según indica dicho informe, que la CNDH únicamente interviene cuando hay funcionarios federales implicados en los abusos, por lo que los datos de dicho organismo “no incluyen necesariamente las denuncias de torturas y malos tratos cometidas por funcionarios estatales o municipales (salvo si hay también funcionarios federales presuntamente implicados)”.

Algunas de las prácticas de tortura que son utilizadas por los miembros de todas las fuerzas de seguridad, según Human Right Watch y que documenta en su informe de noviembre de 2011 “Ni Seguridad, ni derechos”, en general incluyen golpizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, tortura sexual y amenaza de muerte. Durante el primer año del gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto, la CNDH indicó –a través de su ombudsman el doctor Raúl Plasencia Villanueva— que se recibieron 1.506 quejas por tortura y tratos crueles, cifra que representa el 30% menos respecto al 2012, último año del gobierno del presidente Felipe Calderón, cuando sumaron un total de 2.113.

Este artículo fue autorizado por su fuente original RNW/El Toque

 

COMUNICADO DE PRENSA – Reporteros sin fronteras: “Las autoridades mexicanas deben otorgar protección cuanto antes a los periodistas amenazados”

El 23 de mayo de 2014

Reporteros sin fronteras expresa su gran preocupación por las amenazas que recibió el periodista Gustavo Sánchez Cabrera, director general del portal de noticias La Policiaca del Istmo, que se edita en Salina Cruz, Oaxaca, por parte de personas que al parecer pertenecen al crimen organizado. El periodista es hostigado desde hace varios meses, sin que las autoridades hagan nada al respecto. En la ciudad de México, Martha Durán de Huerta, corresponsal de Radio Nederland en México, también se encuentra en peligro. Recibió amenazas de muerte por teléfono el 13 de mayo 2014, probablemente vinculadas con su trabajo periodístico.
Ambos periodistas presentaron denuncias ante las autoridades. Gustavo Sánchez Cabrera acudió a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República. Martha Durán de Huerta presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y espera poder ratificar su denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Hasta la fecha no se ha profundizado en las investigaciones ni se les ha otorgado ninguna medida cautelar.
Pedimos a las autoridades que ofrezcan medidas de protección a Gustavo Sánchez Cabrera y a Martha Durán de Huerta lo antes posible, señaló Camille Soulier, responsable del Despacho Américas de Reporteros sin Fronteras. El gobierno de Enrique Peña Nieto debe cumplir con los compromisos expresados al Secretario General de Reporteros sin Fronteras, Christophe Deloire, durante su visita oficial a México en abril pasado, otorgando medidas de protección concretas a los periodistas que las solicitan”, agregó.

El 5 de mayo sujetos vestidos de negro y encapuchados, que circulaban a bordo de una camioneta, interceptaron a Gustavo Sánchez Cabrera y lo amenazaron de muerte. Días antes de esta amenaza directa, el periodista recibió una llamada telefónica de una persona que no se identificó y que le dijo: “te tenemos ubicado, te vamos a matar”. Ese mismo día una camioneta roja con vidrios polarizados pasó cuatro veces frente al domicilio del comunicador. Sin embargo, no se pudo identificar de quién se trataba. Además de estas amenazas, hace algunos meses el periodista también fue víctima de amenazas. El 10 de marzo recibió una llamada telefónica durante la trasmisión del noticiero “Línea Abierta” de una persona que le dijo que lo tenía ubicado para asesinarlo y después colgó. En 2013 el periodista también fue amenazado de por un expolicía de tránsito destituido por actos de corrupción que él había denunciado en sus notas informativas. Los hechos recientes obligaron al periodista a resguardarse en otro lugar del país, donde se encuentra actualmente.

La periodista Martha Duran señaló a Reporteros sin Fronteras que las amenazas en su contra podrían estar relacionadas con sus actividades recientes, como el apoyo que ha dado a la madre de Hester Susanne Van Nierop, una joven holandesa asesinada en Ciudad Juárez en 1998, quien el 7 de mayo pasado presentó el libro Un grito de socorro desde Juárez, o como un reportaje publicado en Radio Nederland en marzo de 2014, titulado Los Vallarta y el montaje calderonista, entre otros reportajes sobre el cartel de los Zetas. La periodista ha tomado sus propias medidas de seguridad, pero espera que las autoridades capitalinas o federales le brinden la orientación y protección necesarias.

 

La empresa ShowCase Publicidad

Fuente: AlterƝativo

Archivo 2012

Isabel Miranda de Wallace

 

Corría el año de 1998 y el juez 12 de lo penal en Distrito Federal, Joel Blanno García encontró a Isabel Miranda de Wallace como presunta culpable de resistencia de particulares. La Sra. Miranda de Wallace habría pagado una fianza y poco después su expediente habría sido borrado.

Como dueña de la empresa ShowCase Publicidad, la gente de Miranda de Wallace cortó las mangueras de una de las grúas que habría de eliminar uno de los espectaculares de su empresa que estaban en contra de los reglamentos vigentes del Distrito federal en la delegación Tlalpan, esto el 16 de julio de 2008. De acuerdo a información publicada por la Revista Proceso, el día siguiente la Sra. Miranda ingresaba al Reclusorio Norte al ser acusada por la Procuraduría General de Jusitica del Distrito Federal de homicidio en grado de tentativa, daños en propiedad ajena y resistencia de particulares.

Años después, ShowCase Publicidad aún existe, y los fantasmas del pasado rondan a Miranda de Wallace. Y tristemente, aún hay en el haber de su empresa estructuras y anuncios que violan la Ley y que operan con amparos y otros artilugios para evutar su remoción. La Sra. Miranda argumenta que su familia y no ella es quien opera la empresa, en lo particular, su hijo. Cita sin embargo, El Economista que Wallace está perfectamente al tanto de la operación de su empresa tras participar en las sesiones del Consejo de Publicidad Exterior. El mismo diario asegura en la nota firmada por Pedro Suárez Aguilar que la mayoría de los espectaculares con que cuenta la empresa operan con amparos y están sobredimensionados, en azoteas, adosados o invadiendo espacios en la vía pública.

Además, se dice, la empresa de Wallace tiene espectaculares en donde presentan peligro inminente al estar ubicados en espacios como escuelas, en donde la seguridad de maestros niños y padres de familia constantemente se ve amenazada (Periférico Sur casi Esq. Renato Leduc).

La Sra. Miranda de Wallace hoy busca con poco éxito la candidatura a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, según se dice – más no se asegura -, no para llevar a cabo un plan de gobierno en beneficio de los habitantes de la Ciudad, sino por intereses de negocio particulares. De hecho, recién se ha armado un alboroto por una supuesta campaña de desacreditación contra el candidato puntero, Miguel Ángel Mancera, quien en el foro de CANACINTRA fue increpado con mantas de acusaciones de complicidad en los temas de reordenamiento y publicidad exterior.

Las empresas, cámaras y asociaciones que se han visto comprometidos por las campañas de desprestigio (Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal, Asociación Mexicana de Publicidad Exterior, Asociación de Publicistas en Exterior) han lanzado un boletín que llegó a esta redacción en la que condenan dichas campañas. Además ratifican los acuerdos que se han logrado en apego a la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y su Reglamento.

Esto último en rechazo y echando abajo las acusaciones de Miranda de Wallace contra el GDF y la SEDUVI que por cierto fueron tomadas por periodistas como Jennifer Alcocer Miranda, Sara Pantoja, Kenya Ramírez y Fernando Ríos entre otros y que fueron vertidos en diversos diarios de circulación nacional, incluyendo entre otros, a El Universal.

Por su lado y en entrevista, Daniel Escotto, titular de la Autoridad del Espacio Publicitario comentó que ante el llamado de SEDUVI, 25 empresas del rubro presentaron en tiempo y forma sus propuestas de reubicación, 10 más llevaron a cabo el trámite pero se ampararon. Entre las empresas amparadas está Show case de Miranda de Wallace.

Cabe destacar que Wallace no usa ninguno de los espectaculares de su empresa para promover su candidatura. ¿Será que en su lucha por el GDF, ya ni ella se da a sí misma esperanzas en el proceso? ¿Será que sólo busca en su candidatura negociar con quienes ataca en el GDF por mejores condiciones para su empresa?

Piden sancionar empresa Showcase de Wallace tras caída de espectacular

Fuente: El Sol de México

Hugo Hernández

El 22 de mayo, 2014

Por Hugo Hernández

Cd. de México.- Vecinos de Canal de Miramontes, en Coyoacán, solicitaron a las autoridades capitalinas para que sancione y obligue a la empresa Show Case, propietaria de un anuncio espectacular que cayó, por los fuertes vientos que azotaron la zona, y causó daños en varios inmuebles de la zona.

Se logró saber que la dueña de la empresa es la ex candidata a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace.

De acuerdo a con algunos de los afectados, la también activista se ha negado a pagar los daños ocasionados a un inmueble ubicado en avenida Canal de Miramontes 2802, pues se dice protegida por sus “contactos políticos”.

Los afectados se presentaron en las procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y General de la República para exigir que se haga justicia y se aplique la ley, sin excepciones, menos tratándose de una figura pública como Miranda de Wallace. – See more at: http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3400778.htm#sthash.TSKe70Sh.dpuf

Se cayó el espectacular de Miranda (foto: El Sol de México)

Se cayó el espectacular de Miranda (foto: El Sol de México)

Cd. de México.- Vecinos de Canal de Miramontes, en Coyoacán, solicitaron a las autoridades capitalinas para que sancione y obligue a la empresa Show Case, propietaria de un anuncio espectacular que cayó, por los fuertes vientos que azotaron la zona, y causó daños en varios inmuebles de la zona.
Se logró saber (¿a poco no lo sabían?) que la dueña de la empresa es la ex candidata a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace.

De acuerdo a con algunos de los afectados, la también activista se ha negado a pagar los daños ocasionados a un inmueble ubicado en avenida Canal de Miramontes 2802, pues se dice protegida por sus “contactos políticos”.

Los afectados se presentaron en las procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y General de la República para exigir que se haga justicia y se aplique la ley, sin excepciones, menos tratándose de una figura pública como Miranda de Wallace.

De acuerdo con las investigaciones, el espectacular se vino abajo por falta de mantenimiento, debido a que no se respetaron las disposiciones obligatorias de la ley de publicidad exterior vigente en el Distrito Federal.

Los reportes técnicos identifican al anuncio espectacular como uno del tipo autosoportado en una altura de 20 metros, por lo que el impacto de la estructura con las azoteas fue destructivo.

El mismo riesgo se vive en la avenida Patriotismo, particularmente en el inmueble que alberga al Colegio Williams toda vez que ahí se colocó otro autosoportado, y están en riesgo los estudiantes del prestigiado centro académico.

Otro se ubica en Periférico Sur 4125 a un costado de TV Azteca, lo mismo que en varios puntos del Circuito Interior donde varios automovilistas han sufrido percances y siniestros porque se distraen al mirar los espectaculares colocados en puntos prohibidos.

Un importante número de estos espectaculares es propiedad de Show Case, los cuales están amparados y subsisten por acuerdos políticos de sus dueños y algunas autoridades, pero incumplen la normatividad vigente.

 

Wallace delincuente

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Audiencia suspendida en Caso Martí

Por MXporFCassez

El 22 de mayo 2014

El 20 de mayo 2014 tenía que llevarse a cabo una audiencia decisiva en el caso Marti con la comparecencia por videoconferencia desde Nayarit de cuatro de los co-acusados de Pablo Solórzano Castro en este caso de secuestro y asesinato. Cuatro de ellos, entre los cuales María Elena Ontiveros Y Edgar Ulises Carrillo, iban a ampliar sus declaraciones cuando súbitamente se suspendió la señal alrededor de la una de la tarde, después de que se abrió la audiencia a las 11.45 de la mañana.
Familiares de Pablo Solórzano Castro, del cual hemos estudiado el caso con detenimiento, se encontraban en la regia de prácticas n. 1 del Altiplano, cuando se suspendió la señal de transmisión, lo que llevo a la interrupción de la audiencia y a la posposición de la misma hasta una fecha posterior.
Tenemos la convicción firme que Marie Elena Ontiveros y Edgar Ulises Carrillo, a los que los federales los apodaron respectivamente la Güera y el Romel, fueron ambos torturados para declararse culpables, tal como sucedió en el caso de Pablo Solórzano Castro, sobre el cual hemos publicado una investigación amplia que demuestra su inocencia y su carácter de culpable fabricado.
Por lo que se nos hace muy sospechoso que, de casualidad, justamente cuando estaban a punto de declarar unos culpables fabricados sobre otro culpable fabricado (Pablo Solórzano Castro), cuando iban a declarar que habían sido torturados y que no se relacionaban entre ellos ya que no se conocían, que se haya justamente suspendido la señal.

 

Ex policía profugo

Por otro lado, mencionamos que el agente FERNANDO MORALES SORIANO responsable de la detención ilegal de Pablo Solórzano Castro, así como de la de Noé Robles Hernández (otro acusado en el caso Martí), cofirmante del parte informativo policiaco del 12 de mayo 2011 cuyo contenido es falso, se encuentra actualmente prófugo en Estados Unidos tras la emisión de una denuncia en su contra por la defensa de Pablo Solórzano Castro.

La tortura tiene nombre propio: Brenda Quevedo Cruz a nombre de Isabel Miranda de Wallace

Fuente: El Toque

El 16 de mayo, 2014
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Brenda Quevedo Cruz torturada a nombre de Isabel Miranda de Wallace

Brenda Quevedo Cruz es una de las presuntas implicadas en el secuestro y desaparición de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista ciudadana y presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Ella lleva 8 años presa sin recibir sentencia aún y actualmente se encuentra en un penal de máxima seguridad en el Estado de Nayarit. En dos ocasiones fue torturada para que firmara una confesión de culpabilidad y a pesar de todo rehusó hacerlo.

 

Fue torturada por primera vez en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Santiaguito de Almoloya en el Estado de México la noche del 27 de noviembre de 2009 a las 19 horas cuando una custodia llevó a Brenda a una sala de audiencia. Al llegar a dicha sala, ella refiere “que al abrir la puerta vió a tres hombres volteados hacia la ventana. Recibieron una orden, se pusieron el pasamontaña y fueron hacia ella”, cuenta Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz al Toque de RNW,  y añade que por más que Brenda le pidió a la custodia que la llevaba del brazo que no la dejara sola, ésta hizo caso omiso.

Una vez dentro, continúa Cruz Gómez, los hombres le preguntaron si ella sabía de parte de quién venían ante lo cual Brenda respondió que de parte de la señora Isabel Miranda de Wallace. Inmediatamente la empezaron a insultar, a patearle el estómago; después le pusieron una bolsa en la cabeza y la comenzaron a asfixiar.

Le advirtieron que no intentara gritar porque todos estaban de acuerdo, desde el director del penal hasta los vigilantes, por lo que nadie la escucharía.

“Le jalaban los cabellos, le ponían cerca una grabadora y le decían que estaban ya cansados de sus tonterías y si le quitaban la mano de la boca y decía una estupidez le iba ir peor. Ella empezó a llorar y ellos volvieron a pegarle, a taparle la boca y le gritaban que no se hiciera la valiente ya que le iba ir peor y que se iban a quedar toda la noche”, narra Enriqueta Cruz.

Asimismo los hombres la amenazaron con que iban a sacarla del penal y luego empezaron a tocar sus partes genitales y los pechos con brusquedad. Después le mostraron una jeringa con un líquido rojo y le afirmaron que era sangre infectada con VIH y si no les decía que ella era responsable del secuestro al igual que los demás implicados se la iban inyectar cada mes hasta que firmara la confesión de que ella era responsable del secuestro, cuenta la madre de Brenda Quevedo Cruz, y añade que esta táctica transcurrió a lo largo de hora y media hasta que los vigilantes del penal tocaron a la puerta.

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La segunda ocasión en la que Brenda Quevedo Cruz fue torturada fue el 13 de octubre de 2010 al mediodía en las Islas Marías. Entre cinco y seis hombres fueron al lugar donde se encontraba incomunicada, una casa a medio construir. La tortura, asegura Cruz Gómez “fue tremenda, independientemente de los golpes, el agua en la nariz, de las bolsas de asfixia, fue una violación”, y añade que Brenda asegura que ella sentía que algo le metían en la vagina mientras estaba esposada.

Los hombres le decían que si ella no firmaba iban a ir contra su familia, contra su madre y también contra su hermano, que sabían dónde encontrarlo. Al cabo de un tiempo los hombres se retiraron, pero antes de irse uno de ellos le dijo a Brenda que repitiera la razón por la que ella estaba ahí, ella respondió que era por el secuestro de Hugo Alberto Wallace y el hombre respondió: “¡No, para ti es el señor Hugo Alberto Wallace!” acompañando sus palabras de un fuerte golpe en la cara de Brenda.

En el momento en que los hombres se retiraban, uno regresó y le dió otra cachetada, cuenta la señora Enriqueta Cruz, y añade que Brenda decía “que sentía que le había volado el oído, se quedó sorda por un buen tiempo”, e insiste que la tortura fue muy fuerte.

“Por todo lo que le hicieron; el ahogamiento, los toques eléctricos, la bolsa, la amenaza y la violación. De todo esto, obviamente si quedó muy afectada mi hija, eran ya dos torturas”, explica la madre de Brenda.

Brenda fue traslada a las Islas Marías a pesar de que aún no tiene sentencia. Para Enriqueta Cruz y su familia fue como si hubiera sido secuestrada y asegura que transcurrieron más de cuarenta horas antes de que les dijeran a dónde se la habían llevado. Un comandante de enlace reconoció que él había sido el responsable y que se la habían llevado al aeropuerto. La madre de Brenda señala que ni el juez, ni el abogado ni los familiares supieron por qué se la habían llevado. “Cuando hice la denuncia, lo primero que el juez solicitó fue un informe de por qué sacaron a Brenda [de Santiaguito] sin notificación previa” cuenta Cruz Gómez y añade que después de unas diligencias los responsables justificaron que se la habían llevado por cuestión de seguridad, por su perfil y por los cargos que tenía.

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Enriqueta Cruz Gómez denunció hace un año al ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Dr. Raúl Plascencia Villanueva ante el actual Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por omisión ante el caso de tortura de su hija. Ella cuenta que cuando Brenda ya había sido reubicada en el penal de máxima seguridad en la ciudad de Tepic en el Estado de Nayarit, después de lo ocurrido en las Islas Marías, empezaron a castigarla sin ningún motivo por lo que la señora Cruz Gómez empezó  a enviar nuevamente solicitudes y quejas a la CNDH. Brenda fue trasladada entonces a un cuarto de castigo llamado “El Apando”, un área muy pequeña de dos por tres metros que tiene un foco, una cámara, el WC y la regadera.

“La veían todo el día como un animal, no la sacaban para nada, allí le llevaban la comida”, señala la madre de Brenda Quevedo Cruz, y añade que estuvo allí dos meses. 

“En una conversación mantenida entre Brenda y la psicóloga que la valoró en las Islas Marías, descubrieron que la CNDH había mentido en un escrito fechado en septiembre de 2011, en el que les informaban que los resultados de la investigación en Islas Marías indicaban que no había ocurrido nada.” Al escuchar esto la psicóloga dijo que eso no era posible, puesto que ella hizo la valoración bajo los criterios del protocolo de Estambul en julio de 2011 y había salido positiva. “La CNDH ocultó esa información y permitieron que se llevaran a Brenda a “El Apando”, el cuarto de castigo”, dice Enriqueta Cruz, y añade que cuando estuvo allí, le vino una crisis nerviosa a su hija porque pensaba que la iban a volver a torturar, por eso demandamos al Dr. Plascencia Villanueva”.

Enriqueta Cruz no puede decir con certeza por qué actuó de esa manera la CNDH, pero sospecha que fue porque ella se enteró a través de la prensa de que Isabel Miranda de Wallace había promovido al Dr. Raúl Plascencia Villanueva para que lo nombraran ombudsman, y además “hemos pensado y se ve muy claro que todo lo que hicieron en 2010 y 2011 fue porque estaba por entregar el Dr. Plascencia Villanueva el premio de Derechos Humanos a la señora Wallace”, señala Enriqueta Cruz.

Ante el hecho de que el caso de Brenda saliera positivo en el protocolo de Estambul, Enriqueta Cruz asegura que el Estado mexicano no ha resarcido el daño que esto ocasionó a su hija. Únicamente a principios de febrero del año pasado le atendió un psiquiatra debido a que se sentía muy mal y sufría de insomnio y taquicardia por lo que la medicaron. La CNDH por su parte la visitó en tres ocasiones después de la demanda.

En cuanto al estado físico, psíquico y emocional actual de Brenda Quevedo Cruz, asegura Enriqueta que “está saliendo poco a poco” y añade que apenas la integraron en terapia con una psicóloga, pero en realidad está muy sola y se está apoyando en la Biblia. Además, comenta que “le quitaron todos los medicamentos y eso le afectó mucho porque le estaban dando altas dosis, en realidad no le están dando una buena atención médica”.

El infierno de la justicia mexicana

La tortura se ha vuelto una práctica sistemática por parte de las autoridades mexicanas a partir de que el ex presidente Felipe Calderón emprendiera su lucha contra el crimen organizado en 2006. Desde entonces, los presuntos culpables han enfrentado maltrato, abusos y vejaciones a mano de la policía y de las fuerzas de seguridad con el objetivo de obtener información sobre el crimen organizado u obligarlos a confesar su supuesta culpabilidad. Según Human Right Watch, esto ocurre generalmente entre el periodo que transcurre “arbitrariamente la detención” de las víctimas hasta que son presentadas ante el ministerio público. En ese lapso de tiempo las víctimas son mantenidas incomunicadas.

De acuerdo con el informe de 2011 de Amnistía Internacional  “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: Tortura y maltrato en México”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió tan solo en ese mismo año 1.669 denuncias de torturas y malos tratos, sumando un total de 4.841 desde el 2007. Sin embargo, el informe señala que si bien la información ofrecida por la CNDH  “es la más exhaustiva que se dispone”, pero subraya que sigue estando muy lejos de representar la verdadera cifra de denuncias de tortura de todo el país. Esto se debe, según indica dicho informe, que la CNDH únicamente interviene cuando hay funcionarios federales implicados en los abusos, por lo que los datos de dicho organismo “no incluyen necesariamente las denuncias de torturas y malos tratos cometidas por funcionarios estatales o municipales (salvo si hay también funcionarios federales presuntamente implicados)”.

Algunas de las tácticas de tortura que son utilizadas por los miembros de todas las fuerzas de seguridad, según Human Right Watch y que documenta en su informe de noviembre de 2011 “Ni Seguridad, ni derechos”, en general incluyen golpizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, tortura sexual y amenaza de muerte. Durante el primer año del gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto, la CNDH— indicó a través de su ombudsman el Dr. Raúl Plasencia Villanueva— que se recibieron 1.506 quejas por tortura y tratos crueles, cifra que representa el 30% menos respecto al 2012, último año del gobierno del presidente Felipe Calderón, cuando sumaron un total de 2.113.

Trasladado a Cefereso Núm. 12: Represalias contra Jacobo Tagle Dobin

Por MXporFCassez

El 17 de mayo, 2014

Cefereso Núm. 12 en Guanajuato

Cefereso Núm. 12 en Guanajuato

A principios de esta semana, el 12 o el 13 de mayo del 2014, Jacobo Tagle Dobín fue trasladado al Cefereso Núm. 12 en Guanajuato. Precisamente, Jacobo Tagle Dobin estaba tramitando una denuncia ante el juez de la causa penal  en relación a actos de tortura que sucedieron en Villaldama. Jacobo Tagle Dobín iba a incluir en su denuncia los nombres de oficiales que se prestaron a la tortura en su contra  y a mencionar la participación de Isabel Miranda de Wallace.

El traslado sucede un poco mas de un mes después del careo del  5 de marzo de 2014 entre Brenda Quevedo Cruz, Cesar Freyre Morales y Jacobo Tagle Dobin y Cesar Freyre Morales, en el Juzgado Decimo Sexto de Procesos Penales Federales, al final del cual Jacobo Tagle Dobin reconoció a Oswaldo Jiménez Juárez, agente del Ministerio Público adscrito a la SIEDO, como uno de sus torturadores.

 

#WallaceMiente

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Wallace delincuente