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ONGs piden revocación del Premio Nacional de Derechos Humanos que se otorgó a Isabel Miranda de Wallace

Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle (cuarta parte)

Fuente: Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

Publicado el 22 de junio del 2014

 

Leer la primera parte.

Leer la segunda parte.

Leer la tercera parte.

Espectacular de la empresa Show Case, de Isabel Miranda en violación al derecho de presunción de inocencia. Foto: La Jornada

Espectacular de la empresa Show Case, de Isabel Miranda en violación al derecho de presunción de inocencia. Foto: La Jornada

LOS ÁNGELES, California.- Jacobo Tagle Dobín fue uno de los primeros acusados del Caso Wallace por Isabel Miranda Torres. Según ella, “Tagle le presentó una mujer a su hijo Hugo Alberto” con la que habría ido al cine el 11 de julio de 2005, fecha del supuesto secuestro y homicidio en el Distrito Federal. Desde entonces, Miranda Torres no sólo acusó a Tagle ante instancias judiciales y en espectaculares públicos, también participó directamente en su captura, en su tortura y condujo la grabación ante la cámara de video para que se incriminara, según consta el Protocolo de Estambul realizado el 16 de julio de 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así mismo, Tagle Dobín envió una misiva con fecha del 7 de mayo de 2014 enviada a la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en la que desglosa los pormenores de su detención y la tortura.

A Tagle lo detuvieron cuatro policías ministeriales de Cuautitlán, Izcalli, reza la declaración en el documento de la CNDH, el 4 de diciembre de 2010. Su orden de aprehensión se había girado el 6 de abril de 2006 por la causa penal 35/2006, por el Juzgado 16º de Procedimientos Penales del Distrito Federal. No obstante, después de su detención lo llevaron al Juzgado 4º. de Distrito en el Estado de México por la causa 7/2007.

Sobre ese hecho, Tagle Dobín explicó en la misiva al presidente de la organización canadiense, David Bertet, que de acuerdo a la Constitución mexicana, el deber de la autoridad, después de haberlo detenido, deberían de haberlo puesto a disposición del primer juez que libró la orden de aprehensión; y no fue así, lo que calificó de “una gran violación” a sus derechos, porque en esos días fue torturado, y hasta el 12 de diciembre de 2010 lo pusieron a disposición del Juzgado que realmente le correspondía.

Jacobo 2

 

De acuerdo al documento certificado de la CNDH, los oficiales lo subieron a una camioneta blanca. Tagle les preguntó por qué le hacían eso. Y en respuesta le pisaron la espalda, le patearon los testículos tres veces y le ordenaron que se callara. Unos cuarenta minutos después de camino, detuvieron la camioneta y abrieron la puerta:

–Señora, aquí le tenemos su paquete –dijo uno de los policías a Isabel Miranda Torres.

–Ya saben lo que tienen qué hacer para que diga todo –respondió Miranda.

Cerraron las puertas y anduvieron en el auto por unos quince minutos más. Cuando llegaron, Tagle escuchó que alguien dijo: “aquí están las cosas”. Después lo bajaron de la camioneta, lo desnudaron, le pusieron una venda apretada en los ojos, lo maniataron y lo empezaron a golpear en la espalda y de nuevo en los testículos. Le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico para generarle asfixia y luego se la quitaban para que tomara aire, así repetidamente.

La tortura duró como una hora, según lo declarado ante la CNDH, y luego lo vistieron y lo llevaron a la Policía Ministerial de Tlalnepantla, a un primer piso. En esa oficina llegó Isabel Miranda Torres:

“Entró la señora Wallace con otras personas, se acercó a él, lo jaló del pelo, le escupió en la cara, y lo amenazó diciéndole «te vas a morir, ya le quitamos la casa a tu mamá, tu hermano está preso, y le vamos a meter un delito a tu mujer, tengo luz verde para matarte»”.

En la página ocho del expediente número CNDH/3/2011/2802/Q  también está asentado que Isabel Miranda Torres ordenó que le llevaran una laptop y su sobrino llegó con una cámara de video. Lo sentaron en una silla, y la mujer le ordenó:

–Refunde a otras personas, y en recompensa le vamos a regresar la casa a tu mamá y a sacar de la cárcel a tu hermano –dijo Miranda.

Tagle, después de ser presionado, dio el nombre de César Freyre. Pero precisó, en la declaración, que no le regresaron la casa a su madre y su hermano todavía seguía preso en ese tiempo.

–Te vamos a llevar a lugares donde vas a decir que allí tiraron el cuerpo de mi hijo y te vamos a hacer preguntas –instruyó Miranda a Tagle.

La hija de Miranda, Claudia Wallace, según el protocolo de la CNDH, también se encontraba en el lugar, y escribió en la computadora la declaración que querían que dijera Tagle frente a la cámara. Lo obligaron a que se la aprendiera, y él estuvo repitiéndola una y otra vez. Si se equivocaba, los agentes lo encañonaban con las armas y le golpeaban la cabeza. Así fue como filmaron el video. Cuando terminaron de grabar, lo llevaron a otra oficina y lo obligaron a firmar unos documentos que no supo de qué trataban y fue supervisado por Miranda Torres y su hija Claudia.

 

Miranda promueve video que ella filmó como propiedad de la PGR en sus redes sociales. Foto: pantalla

Miranda promueve video que ella filmó como propiedad de la PGR en sus redes sociales. Foto: pantalla

Tagle declaró que lo llevaron a Cuemanco a “buscar” el supuesto cuerpo de Hugo Alberto, y le dieron instrucciones de que ahí dijera dónde estaba, mientras el sobrino de Isabel Miranda lo grababa en video.

Al día siguiente, Tagle fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la ciudad de Toluca, donde estuvo varias horas en el estacionamiento, mientras Miranda Torres hablaba con la prensa. Luego lo llevaron al baño para que se lavara, y ahí le dijeron los agentes que si decía algo de lo que le habían hecho lo matarían. El siguiente traslado fue a la SIEDO, donde estuvo durante tres días más. En ese tiempo, lo llevaron al departamento de Perugino #6, para la “reconstrucción de hechos”.

Isabel Miranda declaró sin titubeos en aquel 5 de diciembre de 2010 que la detención de Tagle tenía importancia “porque él conocía el paradero de los restos de su hijo”. Y en esa misma declaración agradeció a Enrique Peña Nieto la detención del inculpado: “Agradezco al gobernador Enrique Peña Nieto, quien se coordinó con el procurador Alfredo Castillo, cuando se supo de la permanencia de Tagle Dobín en la entidad”.

El análisis del Protocolo de Estambul sostiene que:

“De acuerdo con el relato del agraviado, lo incomunicaron, lo desnudaron, amenazaron su integridad física, mediante el vendaje de los ojos lo privaron de orientación espacial y temporal, por medio de la sujeción le imposibilitaron todo tipo de control sobre su cuerpo, le provocaron asfixia y recibió amenazas en contra de su familiares; aunado a que, a decir de él, en el penal donde se encuentra recluido está ubicado en un módulo donde permanece encerrado todo el día y está procesado por varios delitos graves, le han obstaculizado su defensa, y su familia está sufriendo daños y amenazas de la persona que acusa…”.

Cronología de la detención y tortura

Jacobo Cronologia

 

La carta a David Bertet, desde el penal

En la misiva enviada a David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y  de la que Los Ángeles Press obtuvo copia, Tagle narra cómo fue su detención y destacó las discrepancias con la declaración del video que le obligó a grabar Isabel Miranda Torres y sus familiares.

Escribió a Bertet que lo torturaron para que se incriminara frente a una cámara de video, lo que coincide con lo declarado ante la CNDH para el análisis del Protocolo de Estambul. Después de ser detenido y torturado, llegó Isabel Miranda y condujo la filmación del video. Este material, posteriormente lo presentó Miranda al juzgado como prueba de culpabilidad de Tagle, y hasta la fecha lo promueve en las redes sociales por su organización Alto al Secuestro.

“El jefe del Cefereso Número 5 de Seguridad era el comandante Jiménez Santana, él fue el que permitió que me torturaran y es el mismo que permitió que a Brenda la torturaran en Islas Marías”, denunció. Tagle se refirió al comandante  de custodios Javier Jiménez Santana, quien en 2010 fue director de Seguridad del complejo federal penitenciario Islas Marías y el responsable de trasladar a Brenda Quevedo  Cruz a la Isla María Madre, la mayor del archipiélago, a un cuarto abandonado donde cinco hombres la torturaron y la humillaron sexualmente.

Tagle –en su misiva– señaló que la segunda tortura de la que él fue víctima también estuvo permitida por el mismo comandante Jiménez Santana, quien en 2013 fungía como director de Seguridad ahora en el penal federal de Perote, Veracruz, por lo que puso la denuncia número AP/PGR/Ver/Xal/235/2013.

Firma de Jacobo Tagle en la carta enviada a David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad. Copia completa: LA Press

Firma de Jacobo Tagle en la carta enviada a David Bertet, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad. Copia completa: LA Press

En audiencia pública del Juzgado Décimo Sexto de Procedimientos Penales, del 5 de marzo de 2014, Tagle pidió la palabra al juez cuando identificó por su voz a un agente ministerial como su torturador cuando dio lectura a un documento. El juez dijo a Tagle que no era el momento ni las formas de presentar la denuncia, que respetara el proceso. Tres meses después –que fue la semana pasada– el juez le notificó que dos agentes del Ministerio Público realizarían un nuevo Protocolo de Estambul por la denuncia de esta segunda tortura perpetrada en Veracruz, en la que participó el ministerial Oswaldo Jiménez Juárez.

“Después de mi detención llegó la señora Wallace. Obvio que ya sabía que era yo, Jacobo, hicieron la filmación de un video donde yo declaro a base de torturas y amenazas.  Esa grabación fue sin un mandato o autorización judicial y ese video lo metieron como prueba documental en el juzgado y no debe tener ningún valor probatorio”.

Jacobo Tagle fue detenido por la denuncia de su expareja Edith Nava Sánchez con el propósito de obtener la recompensa de 5 millones de pesos (USD $400 000) que ofrecía la Procuraduría General de la República, mientras que Isabel Miranda de Wallace ofreció otros 250 mil pesos (USD $20 000). Tagle precisó que la declaración de su exmujer también fue alterada por la Procuraduría General de la República (PGR) “quizá para no darle el dinero de la recompensa”.

 

Sobre el parentesco biológico de Enrique Wallace

Desde la cárcel, Jacobo Tagle preguntó en la misiva: “¿Por qué no se hace una prueba de ADN al papá de Hugo con la hija de Hugo? Ahí saldría que Hugo no es hijo de ese señor y se demostraría todo…”.

Tagle recordó en la misiva al activista canadiense, David Bertet, que:

“cuando se llevaba con Hugo, le dijo que él no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz,  que él solo era papá de su hermana Claudia, entonces, ¿cómo es posible que haya salido positiva la supuesta mancha de sangre de ADN que se encontró en el departamento de Perugino, donde salió que era mancha de sangre femenina? Y pues es obvio, esa sangre la sembraron de la hermana de Hugo y sí tiene compatibilidad con la de la de Enrique del Socorro Wallace Díaz, y argumentan que fue un error de dedo al decir que la mancha es femenina”.

Por la observación de Tagle, Los Ángeles Press entrevistó a la Doctora Mercedes Alemañ Romero, experta en genética y directora del Centro de Fertilidad y Genética (Cefegen), a quien se le preguntó expresamente si era posible verificar con una prueba de parentesco entre abuelo y nieta, el parentesco biológico de Enrique Wallace Díaz y Hugo Alberto Wallace Miranda.

La científica explicó puntualmente el proceso de discriminación de alelos que tienen los genes y que para una prueba de ADN con fines a verificar el parentesco biológico entre Enrique Wallace y Hugo Alberto, sería conveniente que participara la madre y la hija de Hugo Alberto, Isabel Miranda y Enrique Wallace. Comentó que es una prueba un tanto complicada, pero no imposible y con altas probabilidades de conocer la verdad.

 

Nuevas contradicciones de la novia de Hugo Alberto

Un último punto aludido por Tagle en su misiva fue respecto a la declaración de Geazul Ponce Juliá, novia de Hugo Alberto hasta esa fecha de su desaparición. El 3 de noviembre de 2005, en su declaración ministerial Ponce reconoció, junto con otras cuatro personas, la voz de Hugo Alberto en el mensaje grabado en el celular de José García Sepúlveda realizada el 1 de noviembre de ese año, cuatro meses después de la presunta muerte de Hugo Alberto. Y en esa misma declaración señaló que Geazul negó la declaración de la empleada doméstica de que ella había sacado de la habitación una maleta con droga y joyas, más aparte tres pistolas que había en los cajones de arriba del clóset de Hugo Alberto. Geazul también declaró este día que su novio tenía problemas con el publicista Ricardo Escoto de la empresa Rentable.

Sin embargo, en otra declaración ministerial del 14 de noviembre del mismo año, Geazul Ponce Juliá dijo que “después de haber escuchado la grabación que le fue puesta, al principio se le hizo parecida la voz a la de Hugo Alberto, pero no está segura de que sea la voz de éste”. El asunto de la maleta con la droga y los problemas con Ricardo Escoto ya no fue ratificado.

Para el 20 de junio de 2006, confirmó estas declaraciones ministeriales ya cortadas y reconoció como suyas las firmas. En el interrogatorio que le formuló en ese entonces la defensa particular de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, una de las preguntas fue: “A la primera que diga la testigo, si recuerda cómo era la audición de la grabación que refiere en su segunda declaración”.  Geazul Ponce Juliá respondió: “no se acuerda, porque tiene mucho tiempo en que la escuchó”.

Jacobo Tagle hace algunas alusiones más en su misiva, y  cuestiona: “¿Cómo es posible que Hugo haya llamado por teléfono en noviembre, si supuestamente murió en julio?”. Insiste en que personas muy cercanas a él, reconocieron su voz, pero sólo la familia lo niega. Y concluye el párrafo:

“La verdad, David, Hugo está vivo. Estoy seguro de eso”.

 

Se enturbia aún más el caso Miranda de Wallace

Fuente: Latin Post

Por Gonzalo Rojas

el 10/06/2014

Wallace Angel

Nuevos indicios señalan que Isabel Miranda de Wallace podría haber proporcionado declaraciones y pruebas falsas en el caso del supuesto secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. La versión oficial del secuestro y asesinato de Hugo Alberto es endeble. La prueba principal del supuesto homicidio es una gota de sangre que no podría pertenecer a la víctima, pues coincide con el ADN de un hombre que no es su padre biológico, como lo demuestra su primera acta de nacimiento. Esa gota de sangre a partir de la cual se construyó el caso, pudo haber sido sembrada meses después de los hechos denunciados por Isabel Miranda.

Tras llevar a cabo diversos estudios sobree la gota de sangre, que fue considerada válida, pues coincidió con los ADN tanto de la señora María Isabel Miranda Torres como de José Enrique Wallace Díaz, análisis posteriores sobre la misma podrían invalidar las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde el principio, Miranda Torres dio al Ministerio Público información falsa. En su declaración del 23 de julio de 2005, a pocos días del supuesto asesinato de su hijo, afirmó: “Contraje matrimonio con el señor Enrique Wallace Díaz el año de 1968 con quien procreé dos hijos de nombres Hugo Alberto Wallace Miranda y Claudia Wallace Miranda”. Se trataba de establecer que el padre biológico de Hugo Alberto era Wallace Díaz.

En febrero de 2006 la gota de sangre fue encontrada por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el departamento de la calle Perugino, el cual no había sido custodiado por la PGR durante medio año. El ADN de esa sangre coincidió con el de Wallace y Miranda; la conclusión fue que su hijo había sido secuestrado y asesinado en ese lugar el 11 de julio de 2005.

Caso Wallace, ¿ejemplo de fabricación de culpables?

Fuente: Noticias Terra MX

Por Armando Hernández

Las dudas en torno al caso Wallace abren el debate y cruda realidad en México sobre la fabricación de delitos y culpables.

El caso es complejo. Investigaciones dadas a conocer por la periodista Anabel Hernández señalan que la activista, quien recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010, ayudada por autoridades, protagonizó la fabricación de pruebas para encontrar culpables en torno al supuesto secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Anabel Hernández generó controversia con sus últimas publicaciones sobre el Caso Wallace.

Foto: Terra

En los últimos días, la periodista dio conocer las supuestas anomalías del caso, en el que habría encontrado tres interrogantes:

1)      Isabel Miranda mintió sobre la verdadera paternidad de Hugo Alberto, ya que no es producto de su matrimonio con Enrique Wallace Díaz.
2)      Se sospecha de una doble identidad de Hugo Alberto, con la posibilidad que esté con vida.
3)      Quedaría al descubierto la presunta complicidad de la PGR en la investigación, con omisiones y alteraciones periciales.

Según la periodista, el caso va más allá de una guerra de declaraciones entre ella y Miranda de Wallace, pues su objetivo es mostrar la deficiencia del sistema judicial en México.

“La señora no es mi problema, el problema es cómo la PGR permitió fabricar estos temas y ayudar a sostenerlos por tanto tiempo”, dijo en entrevista para Terra.

Agregó que la PGR, lejos de refutar o confirmar la posible fabricación de pruebas y culpables, parece dejar sola a la presidenta de la asociación civil “Alto al Secuestro”.

Revista Proceso Número 1961, donde se revivió el tema.

Foto: Revista Proceso

Isabel Miranda y el fallido del sistema de justicia 

De acuerdo al análisis de Hernández,  Isabel Miranda Torres es una de las figuras más importantes de la fábrica de culpables en México.

Entre los cabos sueltos, también está que aun sin el cuerpo de la víctima, se expidió una autopsia ficticia firmada por un médico forense, además de la desaparición de la única muestra de sangre que acompañó el peritaje inicial, principal sostén de la acusación y  que desencadenó condenas a César Freyre, Juana Hilda González y los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz, junto a Jacobo Tagle y Brenda Quevedo Cruz.

Pese a ello, en una de sus últimas declaraciones públicas, Wallace aseguró la solidez en el proceso penal sobre el secuestro y asesinato de su hijo, donde hay tres confesiones de los sentenciados aceptando el crimen. Sin embargo, la sombra de la supuesta tortura a la que fueron sometidos también acompaña esta afirmación.

Para la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, que respaldó  a Florence Cassez ante la violación del debido proceso y la fabricación de pruebas, los hechos anteriores demuestran que el caso del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace está plagado de irregularidades y contradicciones.

También la política está envuelta. Jenaro Villamil, periodista especializado en medios de comunicación, considera que el protagonismo de Miranda de Wallace se dio al convertirse en el contrapeso a las críticas que encabezó otro activista,  Javier Sicilia, dirigente del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, quien condenó la violenta estrategia del gobierno calderonista. En tanto que, Miranda, quien siempre apoyó la lucha de Felipe Calderón, recibió de las manos del Presidente el Premio Nacional de Derechos Humanos.

Isabel Miranda de Wallace recibió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos.

Foto: Notimex

La falacia en el sistema de justicia 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) asegura que el panorama es claro: en México es notorio que existe un arcaico sistema de justicia, que corresponde en muchos casos a intereses.

“Los ministerios públicos y autoridades en general trabajan con la fabricación de delitos, utilizan pruebas ilícitas, sin investigaciones reales. En su mayoría, los delitos quedan impunes o personas inocentes están en prisión”, aseguró Andrés Díaz Fernández, coordinador del Área de Defensa del Centro.

“Existen muchas personas que son parte de esta gran falacia en el sistema de justicia”, agregó el abogado, quien formó parte de la defensa que logró la libertad de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial,  junto a Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas, sin pruebas contundentes pero efectivas para las autoridades, para mantenerlas en prisión durante tres años.

“Un gran problema en este sistema es el centralismo de Poder Ejecutivo, por encima del Legislativo y Judicial, donde hay grandes intereses que operan en ciertas áreas”, sin dejar de lado la corrupción que permea entre jueces y ministerios públicos, explicó Díaz Fernández.

Por este y otros casos, no sorprende la desconfianza de los ciudadanos ante el sistema judicial. Incluso,  de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental, 8 de cada 10 mexicanos percibe a la policía como el sector social más corrupto, seguido por los ministerios públicos y partidos políticos.

Familiares de detenidos por caso Wallace protestan en PGR

Fuente: El Universal

18/06/2014

Protesta

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Fuente: Milenio

Por César Velázquez

18/06/2014

Los manifestantes pidieron que se mande a declarar a la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, por las irregularidades mostradas en el caso.

Familiares de los seis detenidos, cuatro de ellos sentenciados, por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, se manifestaron esta mañana frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República.

Los inconformes exigen ser recibidos por el procurador Jesús Murillo Karam para entregarle un documento, donde se pide la revisión del caso Wallace por diferentes irregularidades, sobre todo las que ha acreditado el juez 16 de procesos penales federales, dentro del expediente penal 35/06.

Los manifestantes señalan que por ese caso, seis personas están detenidas, cuatro de ellas fueron sentenciadas y dos más se encuentran bajo proceso.

Piden que la PGR realice una investigación por las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y que se mande a declarar a la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, por las irregularidades en el caso.

Con cartulinas donde muestran los rostros de sus hijos, los manifestantes dicen que entregarán un pliego de peticiones y estarán atentos a la respuesta y seguimiento de la autoridad federal.

Durante la protesta, tres jóvenes increparon a los manifestantes para reclamar el hecho de defender a supuestos secuestradores.

Después de un intercambio de palabras, se retiraron del lugar los jóvenes que dijeron estudiar en el Estado de México y que hacían un trabajo de investigación en el DF.

Los manifestantes señalaron que Miranda de Wallace está en situación de ventaja ante cualquier persona de la sociedad, debido a las ganancias de publicitarias y políticas, por lo cual se ha complicado el proceso y no se lleva de una manera transparente y justa.

Fuente: Reforma

El 18/06/2014

Familiares de los inculpados por la muerte de Hugo Wallace Miranda exigen una reunión con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, para exponer irregularidades en los casos.

Reunidos frente a las instalaciones de la PGR en esta ciudad, los inconformes aseguran que los inculpados fueron torturados múltiples veces para confesar, y que son acusados de un crimen que no cometieron.

Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, quien fue sentenciado a 70 años de prisión por participar en tres secuestros, aseguró que los inculpados fueron señalados por Isabel Miranda de Wallace sólo por aparecer juntos en una fotografía.

Desde entonces, afirmó, han sido torturados y vinculados con pruebas falsas.

“A la señora Isabel Miranda de Wallace la acuso directamente por haber vinculado a mi hijo con casos que el Ministerio Público no tenía resueltos”, expresó Uscanga.

Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, agregó que, aunque se han concedido cinco sentencias condenatorias, existe línea para que los procesados paguen por un crimen que no cometieron.

Los manifestantes traen consigo una investigación realizada por la asociación canadiense Contra la Fabricación de Culpables y por la Defensa de Derechos Humanos (AFCDDH), la cual expone que no hay pruebas válidas que constaten que Hugo Wallace Miranda fue secuestrado y asesinado.

Hasta el momento, los familiares no han sido recibidos por ningún funcionario de la PGR.

Hace unos días, Miranda de Wallace ofreció una conferencia de prensa para presentar los videos con las confesiones de los inculpados, y las pruebas que los vinculan al asesinato de su hijo. Asimismo, presentó imágenes y resultados periciales que demuestran la muerte del joven.  (¿Cuáles pruebas? Grabaciones de supuestas confesiones)    

La simulación del secuestro Wallace (tercera parte)

Fuente: Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

El 15 de junio 2014

 

Leer la primera parte.

Leer la segunda parte.

 

Isabel Miranda Torres construyendo mediáticamente el caso Wallace. Foto: blog actuamos por México

Una llamada realizada del celular de Hugo Alberto Wallace el primero de noviembre de 2005, cuatro meses después de su supuesto homicidio, ha entrampado a la madre, Isabel Miranda Torres, en contradicciones durante nueve años. Miranda intentó explicar a los medios, el pasado 8 de junio, en la Ciudad de México, el origen de la llamada y por qué estuvo aún activo el celular de su hijo después de su presunta muerte, a raíz de reportajes que revelaron recientemente rastros de vida de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, sus fechas y declaraciones no coincidieron con los testimonios de cinco personas: el dueño del celular al que se hizo la llamada y cuatro personas más que reconocieron la voz de su hijo Hugo Alberto.

“Hay una declaración del señor José García Sepúlveda, la persona que recibe una llamada del teléfono celular de mi hijo; cuando a mi hijo lo secuestran yo seguí pagando –durante casi un año, hasta que supe que estaba muerto– el teléfono, con la idea de poder ubicar el aparato, de poder tener una respuesta”, declaró Miranda a los medios hace una semana.

Miranda Torres supo oficialmente que su hijo estaba presuntamente muerto el 9 de febrero de 2006, por la declaración de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, de la que ahora se evidencia tortura psicológica, humillación sexual y amenazas de muerte contra ella y su familia y quien se encuentra presa desde entonces, al igual que otros cinco inculpados más. Pero desde las primeras horas del 13 de julio de 2005, sin ningún indicio delictivo claro, y sin investigación judicial todavía, el padrastro de Hugo Alberto, el nicaragüense Enrique del Socorro Wallace Díaz, puso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por “privación de libertad”.

Ese mismo día, a las 3:48 horas, apenas 30 horas después de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace, el chofer Luis Antonio Sánchez Rubio, declaró ante la misma instancia judicial que Hugo Alberto “había sido secuestrado”. Dos horas más tarde, a las 5:26 horas, y ante la misma instancia, Isabel Miranda levantó otra denuncia por secuestro. Y posteriormente, el sobrino de Miranda, Abraham Pedraza hizo lo mismo. En menos de 48 horas, la familia puso cuatro denuncias por secuestro de la misma presunta víctima. Los dos únicos indicios para levantar la denuncia eran su ausencia y el haber encontrado “casualmente” su auto estacionado cerca del restaurante Konditori, de Extremadura Insurgentes, en la cerrada de Empresa y Carracci.

Habían transcurrido siete días después del supuesto suceso, el 18 de julio de 2005, cuando rindió el primer informe el agente de la Policía Federal Investigadora, Moisés Castro Villa, adscrito a la Agencia Federal de Investigación (AFI). El agente manifestó que “hasta el momento no se había recibido alguna llamada en la cual se confirme el secuestro o se haya dado a conocer exigencia alguna a cambio de la libertad del señor Hugo Alberto Wallace Miranda”.

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La llamada con la voz de Wallace

La Fiscalía federal realizó, por su parte, un rastreo de las llamadas que fueron hechas del teléfono de la víctima, y localizaron la llamada que se registró en el teléfono de José García Sepúlveda el primero de noviembre de 2005. Sin embargo, Isabel Miranda Torres afirmó ante los medios –nueve años después– que ella fue la primera que denunció en aquel entonces el mensaje grabado a las autoridades.

“Esta llamada que sale del teléfono de mi hijo hacia este teléfono, yo fui la primera que lo denuncié (…); y después este señor se presenta a declarar porque lo llama el Ministerio Público y él aporta una grabación…”, declaró Miranda, y negó conocer el número de teléfono que quedó registrado: 5552-081512, “otro teléfono muy diferente al de mi hijo”.

Isabel Miranda también ocultó a los medios que su hijo tenía dos celulares, reportado en la nuestra primera parte por Los Ángeles Press. De acuerdo a la declaración ministerial de Vanesa Bárcenas Díaz, exnovia de Hugo Alberto, el 15 de noviembre de 2005, ella reconoció la voz de Wallace y confirmó la existencia del uso de dos celulares.

“…después de escuchar, en repetidas ocasiones y detenidamente esa conversación, manifiesto que reconozco plenamente y sin temor a equivocarme la voz de la persona como la voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, ya que durante el tiempo que duró la relación lo escuché muchas veces hablar cuando se emborrachaba y él utilizaba esas palabras. Además es su tono de voz y puedo asegurar que es la voz de él; además Hugo Alberto Wallace Miranda acostumbra hablar por dos teléfonos a la vez; acostumbra a traer consigo dos teléfonos celulares”.

Las otras tres personas que reconocieron la voz de Hugo Alberto Wallace fueron la empleada doméstica Isabel Neri Lujano, el chofer Luis Antonio Sánchez Rubio y el amigo electricista e instalador de las cámaras de seguridad en su casa Rodolfo Munguía. Isabel Miranda tampoco respondió a la prensa cómo esas personas reconocieron la voz de su hijo en la grabación, ni acreditó el supuesto pago mensual “por un año para localizar el aparato”, después de su presunta muerte. Mientras que la declaración del dueño del teléfono declaró ante el Ministerio Público, el 10 de noviembre, los pormenores de la llamada recibida. Corroboró que el número era 5552081512, y acreditó que su número era 044 55 54 56 30 24, el cual fue comprado el 15 de julio de ese mismo año y presentó la factura número 901-2995892, con el número de contrato A-04653.

García Sepúlveda abundó en su declaración ministerial que recibió la primera llamada relacionada con Hugo Alberto Wallace de un número desconocido, el 30 de septiembre de 2005. Afirmó que era una voz de mujer que le preguntaba si “era el teléfono de Wallace”, y él respondió que no, que se había equivocado de número. La mujer insistió en que si conocía o trabajaba “para el señor Wallace”. Y volvió a decirle que estaba equivocada, le dio su nombre completo como propietario de ese número, y la mujer se molestó y colgó. La segunda llamada fue el primero de noviembre, a las 3:28 de la madrugada, cuando quedó grabado el mensaje con la voz reconocida de Wallace:

“..qué onda, mira ando hasta la madre güey, ya sé que te fallé pero me vale verga, que, aquí puto, qué onda güey, mírame aquí pistiando güey, me vale verga, sabes que güey, sabes quién me jugó”.

José García Sepúlveda fue citado por las autoridades a una segunda comparecencia 14 días después de ese mensaje. En esta reunión mostró a los ministeriales el registro de sus llamadas correspondientes del periodo del 2/09/2005 al 03/11/2005. Incluso ratificó su declaración en una tercera comparecencia, el 23 de noviembre de 2005.

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La declaración de la sirvienta

Isabel Neri Lujano, empleada doméstica de Hugo Alberto Wallace, también reconoció la voz de su empleador en el mensaje dejado a José García Sepúlveda el primero de noviembre de 2005. Así lo declaró el 14 de noviembre de ese año ante el Ministerio Público de la Federación, donde dijo que había empezado a trabajar con Wallace a principios de junio, con un horario de diez a veinte horas de lunes a viernes y los sábados hasta las seis de la tarde.

Neri Lujano señaló que el último día que vio a Hugo Alberto Wallace fue el 11 de julio de 2005, el día de su presunto secuestro y asesinato. Ese día escuchó a Wallace discutir con el chofer, Luis Antonio Sánchez, a quien le apodan “El Chaparro”, y que también reconoció el mensaje de voz dejado en el celular de García Sepúlveda.

Neri Lujano destacó en su declaración que Wallace –ese día– había recibido una llamada durante la cena, y cuando terminó de comer se subió a su recámara. Media hora después, escuchó que se había ido en un vehículo. Según el vigilante de la casa le dijo a la empleada que “el jefe” se había ido y que le había llamado a su celular para “encargarle la casa”. Eso sería, según su declaración ministerial, a las 20:50 horas.

Al día siguiente, 12 de julio, señaló la empleada que Isabel Miranda la estaba buscando, y que el vigilante le dijo que “se comunicara con la señora”. Neri la llamó por teléfono en torno a las 11 horas y Miranda de inmediato le preguntó por Hugo Alberto Wallace. Según lo declarado por la empleada, “ella no sabía nada” –le dijo– “acabo de llegar”, y al subir a la recámara se dio cuenta que todo estaba igual como la noche anterior, por lo que supuso que Hugo Alberto no había llegado a dormir.

La empleada puntualizó que al colgar la llamada con Isabel Miranda, llegó Geazul Ponce Julia, novia de Hugo Alberto. “Llorosa, le dijo que Hugo estaba desaparecido”, contó Neri y que “la mujer se subió a la recámara donde buscó recibos telefónicos, agendas o papeles con números de teléfonos, pero no encontró nada”. Sin embargo, la novia comentó a la sirvienta, que allí estaban las pistolas, “no se las llevó”, le dijo y le mostró “tres pistolas”. Neri afirmó que Geazul se llevó un folder amarillo, diciéndole que era suyo, con unos documentos como de diez hojas.

También Neri Lujano declaró que la hermana de Hugo Alberto, Claudia Wallace, llegó poco después de Geazul Ponce Julia, aproximadamente a las dos de la tarde, y le ordenó que bajara los teléfonos que se encontraban en las habitaciones, habló con la novia de Hugo y después se retiró.

El 13 de julio, “como a la una y media o dos de la mañana, llegó la señora Wallace acompañada de su hermano Roberto, a quien le dijo que ahí se quedara y en la mañana se fuera temprano”, narró la empleada ante las autoridades, y dijo que el hermano de Isabel Miranda antes de irse le pidió una gorra de Hugo Alberto y se fue en su camioneta. La declaración de la empleada concluyó con la identificación de los amigos frecuentados por Hugo Alberto, a petición de las instancias investigadoras que ya tenían fotografías de los amigos más cercanos a Hugo Alberto, sin que aún se cumplieran las 48 horas de desaparecido. La empleada identificó a Karla Patricia Zamudio Izquierdo (La Vampi) “a quien solo vio una vez”, Geoazul Ponce Julia (la novia), Mónica Pacheco Salazar (amiga), Ricardo Gómez “El Chucky” (primo de Geazul y amigo de Hugo), César Chávez “El Gato” (amigo de Hugo) “lo vio una sola vez” y “El Coby”, de quien no se reportó el nombre.

Isabel Miranda asumía el secuestro de su hijo a las 12 horas de su ausencia

Isabel Miranda Torres, al momento en que habló por teléfono con la empleada doméstica el 12 de julio por la mañana, ya había alertado a su familia y amigos del supuesto secuestro. Una de las primeras en enterarse de la desaparición de Hugo Alberto fue Geazul Ponce Julia, quien llegó “llorosa” a la casa de su novio como a mediodía. Después de las dos de la tarde, de ese mismo día, según la declaración de Miranda Torres, fue a la administración de la empresa Cinépolis Perisur, lugar al que supuestamente habría ido su hijo, para pedir el video de la cámara de seguridad y saber a qué horas habría salido. El encargado le respondió que no era posible si no llevaba una orden judicial. De ahí, dijo, haber “peinado la zona” y recorrido los estacionamientos, avenidas y alrededores, acompañada de su esposo, su hermano, su sobrino Jorge Alejandro Ortega, y el chofer de Hugo Alberto, quien dijo que su hijo podría haber ido al restaurante Konditori, como en otras ocasiones lo había llevado a ver a una mujer.

En la declaración del 13 de julio, ante la PGJDF, Miranda Torres indicó que su sobrino localizó la camioneta el 12 de julio, e incluso vio a otra camioneta blanca sin placas acercarse a las 15:30 horas, y al llegar ella al lugar, los vecinos y curiosos le informaron que “en la mañana (del 12 de julio) habían visto bajar a una persona” y se la llevaron a los departamentos de Perugino #6.

wallacecherokee

Diez días después, Isabel Miranda es citada a comparecer nuevamente por el Ministerio Público y al repetir su declaración modificó la hora en que encontraron la camioneta, señaló que la encontraron “casualmente” a las 20 horas.

“…donde casualmente el doce de julio de dos mil cinco, como a las veinte horas, encontraron abandonada la camioneta negra blindada, Cherokee, modelo 1998, placas 518-SRR, propiedad de Hugo Alberto”.

Respecto a la hora en que vieron a dos personas bajar a una tercera:

“…habían varias personas y vecinos de la calle, acercándose uno de ellos quién al verla llorar le preguntó que qué era de ella la persona que bajaron del vehículo, contestándole que era su hijo, diciéndole éste que en la mañana había escuchado frenarse un vehículo, al asomarse por la ventana alcanzó a ver que bajaban a una persona a la que llevaron al edificio ubicado en la calle el Perugino”. (Declaración ministerial ante la PGJDF de Isabel Miranda, 13 y 23 de julio de 2005).

Discrepancias entre Enrique Wallace, su esposa y los hechos

En la declaración de Enrique Wallace Díaz puntualizó que ese día –12 de julio–, al ir al departamento de Perugino #6, lugar donde presuntamente fue el homicidio, se encontró con un niño como de nueve o diez años de edad. Según Wallace Díaz, el niño le informó que en la noche del lunes había escuchado unos balazos, y que después, como a las cuatro de la madrugada, “vio que entre dos personas sacaban a una persona herida que sangraba, sujetándola de los brazos, la bajaron por las escaleras”. Wallace dijo en su declaración que esa persona a la que llevaban herida era su hijo, y el niño le informó que el departamento donde ocurrieron los hechos había sido en el número cuatro.

Isabel Miranda sostuvo su propia versión sobre la supuesta declaración del niño:

“…un menor de edad como de ocho o diez años, les dijo que las muchachas vivían en el departamento número cuatro, pero que no podrían atenderlos porque esa noche se había suscitado un problema en ese departamento, donde se habían escuchado disparos, y habían bajado por la escalera a una persona entre dos, refiriendo el menor que era un judicial que ve con frecuencia y un individuo, que en la puerta habían dos personas que estaban como vigilando; que en la mañana habían limpiado la escalera, que una de las muchachas se había ido, porque algo había pasado, y no podría atenderlos”.

La madre del menor, Vanesa Figueroa Martínez, desmintió a ambos en su declaración ministerial:

“…como a las dieciocho horas, salió (su hijo) a jugar a los pasillos del edificio donde vive su madre; se le acercó una persona del sexo masculino, quién le preguntó si había visto a una mujer güera, alta, bustona, y sí ésta vivía en el edificio, contestándole que no, volviéndole a preguntar que si vivía alguien con esas características dentro del edificio, respondiéndole de nueva cuenta que no. Posteriormente, como a las diecinueve horas llegaron unas patrullas que se estacionaron afuera del edificio, las personas no iban uniformadas; en ese momento su mamá lo llamó, pero una persona dijo que él era el niño, sin saber a qué se refería, y su mamá les dijo que no era posible que él les dijera algo, ya que él no vivía ni dormía en su departamento; se enteró por su mamá que esas personas decían que él había dicho que escuchó balazos en el edificio; les dijo que él no escuchó nada de balazos el martes doce de julio en ese edificio, que un día antes no sabía qué había ocurrido, ya que no había ido al departamento de su mamá y no durmió ahí; y que en ningún momento vio a ningún hombre herido, no sabía nada; en su vida ha escuchado balazos, sólo los ha escuchado en televisión o cine”.

Para el 22 de septiembre de 2005, el padrastro de Hugo Alberto, Enrique Wallace modificó su declaración ante las autoridades investigadoras, y sostuvo que para él no era un secuestro, porque no se les había pedido ninguna exigencia a cambio. Así lo dejó asentado en un oficio, signado por el agente Moisés Castro Villa, quien dio el primero en dar su informe una semana después de los hechos, para sostener que no se trataba de un secuestro.

Declaración de Enrique Wallace:

“…que hasta ese momento su hijo seguía desaparecido, no recibió llamada telefónica o comunicado alguno respecto de su paradero, tampoco le habían hecho ninguna exigencia económica para liberarlo; los resultados sobre las investigaciones del paradero de su hijo fueron negativos; posiblemente su hijo desapareció ya que no podía asegurar que se tratara de un secuestro porque no había recibido exigencia de parte de persona alguna”.

Isabel Miranda Torres, en alusión a lo declarado por su esposo en ese día, fue a presentar una declaración más el 28 de septiembre. En esa audiencia dijo a las autoridades investigadoras que el 22 de septiembre, a las 13:15 horas, “recibió una llamada telefónica de dos sujetos quienes la amenazaron con matar a la víctima; uno de los sujetos le dijo: No te mandé las fotos ni el comunicado para que forme parte del expediente de SIEDO, no habrá comunicación hasta que retires el negociador de la AFI”. Y Miranda concluyó que por ese motivo su esposo pidió al Ministerio Público que no se investigara más por el momento.

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Isabel Miranda contra Isabel Neri Lujano

La declaración del 13 de julio de Isabel Miranda discrepó también de la declaración de la empleada doméstica Isabel Neri Lujano. Miranda dijo a las autoridades que la empleada le había dicho que el 11 de julio, su hijo había regresado del gimnasio y le había pedido de merendar. “A los cinco minutos alcanzó a escuchar que le hablaron al celular, y sin bañarse ni encender las luces salió apresuradamente”, dijo Isabel Miranda.

Estos supuestos hechos declarados por Miranda no coincidieron con lo declarado por los testigos de ese día, además de la empleada doméstica. El policía del edificio, Carlos Coronado Martínez, ratificó su testimonio el 25 de octubre en el que señaló que Hugo Alberto Wallace le llamó después de salir a las 20:50 horas y le dijo que “le encargaba la casa”, y que iba al cine con una amiga. Otra declaración que coincidió en este sentido fue la de Karla Patricia Zamudio Izquierdo (La Vampi), a quien Hugo presuntamente le llamó por teléfono en su trayecto al cine y le dijo a dónde se dirigía y con quién.

Miranda Torres destacó que en el domicilio se presentó Geazul Ponce Julia, tal como se lo había afirmado la empleada doméstica. Sin embargo, Miranda tergiversó de nuevo la declaración y entró en detalles sobre el suceso de hacía apenas unas horas. Señaló que” “Geazul era prima de Ricardo Gómez Medina, quien tiene relación con César Chávez, alías «El Gato»”, Karla Zamudio, alías “La Vampy”, quienes tienen acceso directo a la información de los estados financieros y al domicilio de su hijo. Geazul abrió la puerta para entrar con un cuchillo, dirigiéndose a la recámara de Hugo Alberto, de donde sacó varios objetos, le dijo (la empleada) que no podía hacer eso, diciéndole ésta (Geazul) que no se metiera, que ella sabía lo que hacía”.

Geazul Ponce Julia había declarado ser la novia de Hugo Alberto desde el 7 de febrero de 2005 hasta el día de su desaparición. No obstante, Isabel Miranda le atribuyó una relación amorosa con uno de los amigos que ubicaba de Wallace, y a Mónica Salazar Pacheco (amiga de Hugo la ubicó como su novia). Pero quien iba a la casa con familiaridad y así fue identificada tanto por el guardia del edificio como por la empleada doméstica es a Geazul, que en su declaración ministerial dijo haber estado en la casa de Hugo Alberto después de mediodía hasta como las dos de la tarde cuando llegó la hermana de Hugo, Claudia Wallace. También señaló que “entró a la casa de Hugo Alberto donde hay cámaras de video”, con la autorización de la empleada doméstica, a quien le dijo:

“que buscara los teléfonos celulares de Hugo para ver en los directorios los números telefónicos de sus amigos y preguntarles por Hugo, pero ésta le dijo que en la mañana habían ido por los teléfonos y se los habían llevado sin señalar qué persona se los había llevado”.

En contraste, Miranda Torres señaló que Geazul entró con un arma blanca, en franca amenaza a la empleada doméstica. Lo cual no fue confirmado por Neri Lujano ni mencionado por la empleada a las autoridades investigadoras.

Los amigos de Hugo Alberto Wallace, todos sospechosos

El 13 de julio, en menos 48 horas, Isabel Miranda Torres, había logrado dejar asentadas cuatro denuncias por privación de libertad contra su hijo, sin previa investigación judicial ni exigencia económica alguna. Y diez días después, para el 23 de julio, tenía ubicados a los amigos más cercanos de su hijo, y una lista de posibles responsables sugerida de la información sacada de las “sabanas” de sus celulares. Aunque a la distancia, esos teléfonos fueron ignorados por ella misma como evidencias al encontrar otra coartada.

“…ese mismo día (11 de julio de 2005) a las doce recibió una llamada al nextel, de César Chávez alias “El Gato”, preguntando por Hugo Alberto, dejándole recado que se comunicara con él a su celular, que después se enteró que “El Gato”, se quedó a dormir en la casa de su hijo, ya que dijo se sentía muy cansado y era muy tarde para irse a su casa negándose abandonar la casa de Hugo Alberto, que le preguntó al policía del condominio sí el resto de las casas del condominio eran propiedad de Hugo Alberto, lo que se le hizo raro al vigilante; que después le habló a Ricardo Gómez alias “El Chuckie”, quien le dijo que la última vez que vio a Hugo Alberto, fue el ocho de julio de dos mil cinco en la noche, junto con Víctor Varela Paco, alías “Versace” y César alias “El Gato”, después ya no lo había visto, que de la sábana de llamadas se advierte que éste habló con su hijo el día en que éste desapareció; después le llamó al “Gato”, quien le dijo que la última vez que vio a su hijo fue el viernes en la noche junto con Ricardo y Víctor, de hecho el sábado se había quedado a dormir en su casa; el martes doce julio de dos mil cinco, como a las dieciocho horas, habló con Karla alías “La Vampy”, quien le platicó que había hablado con Hugo el lunes como a las veintiuna horas con dos minutos”.

La simulación del secuestro cobró fuerza cuando su esposo se retiró del caso, y ella condujo la investigación contradiciendo a los agentes federales, pese a evidencias como la de la llamada que salió del celular de Hugo Alberto, cuatro meses después de su presunta muerte. Para febrero de 2006, Miranda tenía armado el caso Wallace con nuevos inculpados y una historia diferente, la historia de que a su hijo lo habían asesinado y cercenado con una sierra eléctrica en el departamento de Perugino #6, y le habían pedido un rescate de 950 mil dólares.

 

Caso Wallace: la misteriosa gota de sangre

Fuente: Proceso (vía Puebla Directo)

Por Anabel Hernández

El 7 de junio, 2014

Como todo el caso Wallace, la versión oficial del secuestro y asesinato de Hugo Alberto también es endeble. La prueba principal del supuesto homicidio es una gota de sangre que no podría pertenecer a la víctima, pues empata con el ADN de un hombre que no es su padre biológico, como lo demuestra su primera acta de nacimiento. Esa gota de sangre –tal vez perteneciente a una mujer– a partir de la cual se construyó el caso, pudo haber sido sembrada meses después de los hechos denunciados por Isabel Miranda.

La gota de sangre que fue la prueba pericial clave en el caso del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, y la cual se dio por buena pues coincidió con los ADN tanto de la señora María Isabel Miranda Torres como de José Enrique Wallace Díaz, es ahora la misma que podría sepultar las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde el principio, Miranda Torres dio al Ministerio Público información falsa. En su declaración del 23 de julio de 2005, a pocos días del supuesto asesinato de su hijo, afirmó: “Contraje matrimonio con el señor Enrique Wallace Díaz el año de 1968 con quien procreé dos hijos de nombres Hugo Alberto Wallace Miranda y Claudia Wallace Miranda”. Se trataba de establecer que el padre biológico de Hugo Alberto era Wallace Díaz.

En febrero de 2006 la gota de sangre fue encontrada por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el departamento de la calle Perugino, el cual no había sido custodiado por la PGR durante medio año. El ADN de esa sangre coincidió con el de Wallace y Miranda; la conclusión fue que su hijo había sido secuestrado y asesinado en ese lugar el 11 de julio de 2005.

Pero la declaración de Miranda Torres difiere de la registrada en documentos oficiales, y eso echa por tierra la prueba pericial del supuesto delito.

Según el acta de matrimonio número 76, asentada en el libro 16, en el Juzgado 20 correspondiente a la delegación Coyoacán, Miranda Torres y Wallace Díaz se casaron en septiembre de 1978, no en 1968. En el acta quedó registrado que vivían en lugares distintos; él comerciante, ella dedicada al hogar. Firmaron como testigos Miriam Wallace, hermana de José Enrique, y Roberto, Guadalupe y Fausto Miranda, hermanos de María Isabel.

De acuerdo con la propia acta de nacimiento de María Isabel Miranda Torres y la primera acta de nacimiento de su hijo, ella es pariente de Jacinto Miranda Jaimez, quien se halla anotado como padre de Hugo Alberto.

Al comparar estos datos, incongruentes unos con otros, la paternidad de la supuesta víctima aparece como falseada; en consecuencia, el resultado de la prueba de ADN no podría demostrar el homicidio de Hugo Alberto.

Según los documentos publicados en este semanario (Proceso 1961), Hugo Alberto, nacido el 12 de octubre de 1969, tenía dos actas de nacimiento cuando supuestamente ocurrió su asesinato: la primera, de enero de 1970, emitida en el Distrito Federal con los apellidos Miranda Torres; la segunda, de noviembre de 1975, expedida en Texcoco, Estado de México, con los apellidos Wallace Miranda.

En los registros oficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob) el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres fue utilizada en 2010 para tramitar una Clave Única de Registro de Población.

Esa información no ha sido desmentida por la Segob.

 

Una “pequeña trampa”

Proceso obtuvo nueva información relacionada con el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres –quien es la misma persona que Hugo Alberto Wallace Miranda– expedida en la delegación Milpa Alta el 15 de enero de 1970.

Jacinto Miranda Jaimez quedó registrado como padre de Hugo Alberto y María Isabel Miranda Torres aparece usando el nombre de Isabel Torres Romero y aumentándose la edad (declaró tener 21 años, pero tenía 18).

El de Isabel Torres Romero se armó a partir del nombre de su abuela paterna, Isabel. El primer apellido es el de su abuelo materno, Torres. Romero es el primer apellido de su abuela paterna.

No era la primera vez que Miranda Torres hacía una “pequeña trampa”, como dice Martín Moreno en su libro Caso Wallace, con prólogo de la propia Miranda Torres: en el capítulo “Isabel” narra cómo hizo para hacerse pasar por una persona de 18 años y no de 14, que tenía realmente, para conseguir empleo:

“En la Universidad Motolinía estudió Comercio. Gracias a la mecanografía y a una pequeña trampa en sus documentos oficiales, tuvo su primer trabajo a los 14 años en la aseguradora La Territorial. En sólo tres meses ya era secretaria del director general”, dice el libro, el cual no especifica en qué consistió la “trampa en sus documentos oficiales”.

En el acta de nacimiento de María Isabel Miranda Torres –expedida el 27 de diciembre de 1951 y de la cual este semanario tiene copia– se señala que nació el 27 de mayo de 1951 en Huasteca 319, Distrito Federal; en este documento se refleja su edad real y no pudo ser el que presentó para conseguir empleo siendo menor de edad.

Pero con el nombre de Isabel Torres Romero, María Isabel Miranda Torres sí pudo simular que tenía cuatro años más. De ahí la diferencia de edades entre Miranda Torres y Torres Romero, la madre de Hugo Alberto según una de sus actas de nacimiento.

Hugo Alberto no fue registrado con el apellido Wallace Miranda hasta los seis años, el 19 de noviembre de 1975, siete meses después del nacimiento de su hermana Claudia; ella nació en abril de ese año y fue registrada de inmediato.

Enrique Wallace estuvo casado con María Guadalupe Magallanes. Cuando conoció a Miranda Torres, Hugo Alberto ya había nacido.

Jacinto Miranda Jaimez, quien aparece en la primera acta de nacimiento como padre de Hugo Alberto, y María Isabel Miranda Torres, eran parientes. Esa podría ser la razón por la cual ella se cambió el nombre y la edad.

Pese a que se ha citado en varias ocasiones a José Enrique Wallace a ampliar su declaración sobre el caso de Hugo Alberto, ya que él fue el primero en denunciar su desaparición ante la procuraduría capitalina, hasta la fecha no lo ha hecho aunque incluso se emitió una orden de arresto por desacato a los citatorios.

El 9 de noviembre de 2006, ante el juez y cuando le pidieron que revelara el paradero de Enrique Wallace, Miranda Torres afirmó que desconocía dónde se encontraba: “En virtud de que por cuestiones personales, familiares y de seguridad nos separamos por mutuo acuerdo, esto fue debido a los problemas derivados del secuestro de nuestro hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, por lo que en la actualidad no convivo con él y desconozco dónde pueda ser localizado”, dijo.

No obstante, en 2012, cuando estaba en campaña por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México bajo las siglas del PAN, Miranda Torres se presentó en varios actos acompañada por Wallace.

 

Testimonios ignorados

 

La PGR dice haber recogido una muestra de sangre de Hugo Alberto Wallace Miranda en el departamento 4 de Perugino 6, en la colonia Extremadura Insurgentes, el 14 de febrero de 2006, meses después del supuesto secuestro y homicidio. Esa muestra fue examinada por peritos de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, y cuando se comparó con la muestra de ADN de Miranda Torres y el supuesto padre biológico José Enrique Wallace, resultó positiva.

Como María Isabel Miranda Torres había hecho creer que José Enrique Wallace era el padre biológico, la prueba se dio por buena para declarar que sí había ocurrido el homicidio, como la propia Miranda Torres había declarado a la PGR con base en una supuesta investigación que dice haber realizado ella misma ante la negligencia de las autoridades.

En el informe de la perito Yanet Rogel Montes, fechado el 20 de marzo de 2006, se señala que la muestra corresponde a un cromosoma de mujer (XX). Pero la misma perito declaró el 10 de julio de 2006 que había cometido un “error de dedo” y el cromosoma era XY (hombre). Y afirmó que la muestra tenía una seguridad casi de cien por ciento con los perfiles genéticos de Wallace y Miranda.

Por cierto, la pareja Wallace-Miranda tuvo una hija en 1975.

De acuerdo con la declaración de la perito, el documento de análisis de la muestra de sangre es un informe y no un dictamen, pues la muestra de sangre recogida en el departamento nunca fue confrontada con una muestra de ADN de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Rogel señaló en su declaración ministerial: “Un informe es un documento emitido por el perito donde se entregan resultados, pero no existe un análisis de comparación o de confronta con otras muestras biológicas, mientras que el dictamen es un documento que emite el perito donde también se entregan resultados pero existen elementos de confronta con otras muestras biológicas”.

Dentro de esta maraña de incongruencias e irregularidades, la pregunta es cómo la Procuraduría General de la República –responsable de la averiguación previa del supuesto homicidio de Hugo Alberto, la PGR/SIEDO/UEIS/146/2005– pudo haber permitido que en el caso se introdujera o sembrara una prueba falsa.

Además, la dependencia ignoró los testimonios que obran en la causa penal 35/2006-II, en la cual cuatro vecinos del edificio de Perugino 6 –Jesús Noel Montano Gainza, Emmanuel Sánchez Ledezma, Raúl Carvallo Thome y Karla Fabiola Sánchez Cadena– declararon ante el Ministerio Público que entre la noche del 11 de julio de 2005 y la mañana del día siguiente no escucharon ningún ruido extraño ni se percataron de ningún hecho violento en el inmueble.

La PGR tampoco hizo caso de las declaraciones ministeriales de cuatro personas allegadas a Hugo Alberto Wallace –Carlos Colorado Martínez, cuidador de la casa donde vivía; Rodolfo Munguía López, su empleado; Isabel Neri Lujano, empleada doméstica, y su exnovia Vanessa Bárcenas Díaz– quienes reconocieron que la voz grabada en un mensaje dejado en el teléfono 55 52 08 15 12, de José García Sepúlveda, el 1 de noviembre de 2005 a las 3:28 de la mañana, meses después de ocurrido el homicidio, correspondía a la de la presunta víctima.

El agente del Ministerio Público responsable del caso desde un inicio fue Braulio Robles Zúñiga, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, quien estuvo relacionado con el homicidio de Guillermo Vélez Mendoza en 2002, por el cual la PGR fue condenada en 2006 a pagar una millonaria indemnización por haberlo torturado hasta la muerte tras acusarlo falsamente de cometer un secuestro.