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Juicio político contra el titular de la CNDH. Raúl Plascencia Villanueva

Artículo publicado en SDP noticias

Por Manuel Alejandro Vázquez Flores

El 25 de septiembre de 2014

Nota: El artículo siguiente expresa la opinión de su autor con respecto a la denuncia de juicio político contra el actual ombudsman nacional, Doctor Raúl Plascencia Villanueva. Sin embargo, no refleja necesariamente la opinión del Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El día de ayer por medio de un comunicado de prensa emitido por el Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas, informaron que “más de 85 personas y ONG´s” presentaron ante la Cámara de Diputados denuncia de juicio político contra el actual ombudsman nacional, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, bajo los argumentos de “faltar a su mandato de defender a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos; y la utilización de la institución a “modo” y para fines distintos a la defensa de los derechos humanos.”

Asimismo se enlistan las presuntas omisiones en que ha incurrido Plascencia Villanueva durante el ejercicio de sus funciones como Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de las cuales, a juicio de los denunciantes, además de tener conocimiento pleno de las violaciones que se enumeran a continuación, ha solapado en su calidad de “ombudsman nacional”:

Las setenta mil personas asesinadas  en el periodo del 1 de diciembre del 2006 al 1º de diciembre del 2012, es decir, durante el mandato de Felipe Calderón.

Los “miles” de migrantes calificados como secuestrados, pero que también fueron y son desaparecidos, desaparecidos forzosos, extorsionados, reclutados para trata, el crimen organizado, asesinados, etcétera.

Las 1.6 millones de víctimas de “desplazamiento forzado” a consecuencia de la violencia del crimen organizado.

Los “cientos de miles de personas” detenidas por el Gobierno Federal, señaladas como delincuentes sin haber comprobado su culpabilidad o inocencia, en el período del 2006 al 2012, de igual manera, en el ejercicio del mandato de Felipe Calderón.

Las 25,276 personas desaparecidas en el período del 1 de diciembre del 2006 al 1 de diciembre del 2012, y 23,322 personas del 1  de diciembre del 2012 al 31 de junio del 2014, donde ya corresponde una parte al ejercicio del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto.

La tortura en México continúa siendo una práctica sistemática.

El caso de la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, la mayoría migrantes.

“Los hechos del 1 de diciembre del 2012” en la Ciudad de México, donde no se especifican los mismos.

Las reformas a las Constituciones de varios Estados de la República que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres.

Las restricciones a la libertad de expresión en “la reglamentación de la protesta social”, donde tampoco se especifican las circunstancias de modo y tiempo de tales restricciones.

La nueva ley de Telecomunicaciones y las posibles violaciones a derechos humanos.

El incumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos para la emisión de recomendaciones.

El caso del General Tomás Ángeles Duahare y otros Generales del Ejército Mexicano, acusados “de oídas” por “testigos protegidos”.

El caso de la detención ilegal y arbitraría, violación sexual y tortura en perjuicio de la Sra. Miriam Isaura López Vargas.

El caso de 4 personas civiles en Rosarito, Baja California, detenidos ilegalmente y torturados para que confesaran crímenes que no cometieron.

Los casos de Florence Cassez e Israel Vallarta Cisneros y el daño irreparable al debido proceso por lo que fue imposible la administración de la justicia.

Recomendaciones para “desacreditar a personas e instituciones” como los casos de José Luis Luege Tamargo, entonces titular de la Comisión Nacional del Agua; del Lic. Luis Raúl González Pérez, Abogado General de la UNAM, al Dr. Luis González Plascencia su homólogo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde no se especifica en qué consisten tales descréditos y las circunstancias en que se dieron.

Todos estos casos, de acuerdo con el boletín de prensa del Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas están detalladamente documentados en la denuncia de juicio político que fuera presentada ante la Cámara de Diputados el día de ayer, pero conforme a derecho, siendo objetivos, tanto la CNDH, así como todas y cada una de las estatales, incluyendo la del Distrito Federal, son retóricos “organismos constitucionales autónomos” los cuales dependen claramente del Ejecutivo en los dos primeros niveles de gobierno (Federal y Local), ya que se encuentra la injerencia tanto de este poder, como del Legislativo en la toma de decisión para la elección del ombudsman y no es un secreto, máxime que, en el caso en concreto, bien vale la pena colegir, que de acuerdo con el artículo 102 constitucional que las Comisiones de Derechos Humanos exclusivamente conocen de “quejas” en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos, y lo más claro:  estos organismos únicamente formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Es debido a lo anterior, que estas Comisiones son organismos que además de no servir, de ser verdaderos “elefantes blancos” creados con la flagrante intención de justificar o mejor dicho “gastar” el presupuesto, lo único que realizan es como ya se mencionó emitir sus “recomendaciones” que en estricto derecho no sirven de nada a la sociedad, y para dar “asesorías”, o ser organismos de gestión para que nada más se canalicen “las quejas o denuncias” a la autoridad competente, es decir, es un mero círculo vicioso que en el mejor de los casos sirve para “hacerle presión a la autoridad” mas no para obligarla en ningún momento, dado a que se insiste, y no lo digo yo, sus recomendaciones son eso nada más y mucho menos tienen carácter vinculatorio.

Es por lo anterior que el actual titular de la CNDH, es únicamente la “figura representativa o personaje” que representa en “eventos” a este organismo, pero, en el caso historico de que verdaderamente la Cámara de Diputados actuara contra el funcionario en lo que concierne a las omisiones de las recomendaciones que debió haber emitido en su momento por los casos que fueran enlistados; siendo en todos y cada uno de los casos penalmente responsables de las acusaciones contra Plascencia Villanueva el ex Presidente Felipe Calderón, el ex Secretario de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, los ex Procuradores del mandato calderonista, el actual Enrique Peña Nieto,  así como el actual Fiscal General de la República, Jesús Murillo Karam, este último mediante juicio político, que siendo realistas mis queridos lectores, ¿realmente creen que proceda algo en contra de todos estos personajes, en específico contra Plascencia Villanueva que es el caso que nos ocupa en esta columna?

En mi opinión estos organismos de Derechos Humanos bien deberían de ser extinguidos por intrascendentes e inservibles, o en su defecto, elaborar una verdadera reforma constitucional, como aquella del 2011 donde fueron reconocidos estos “Derechos”, en la cual ejerzan las funciones de autoridad que como órganos públicos autónomos deben tener dentro de las cuales realmente emitan no recomendaciones, sino resoluciones y sanciones para que cumplan con su verdadero objetivo que es la salvaguarda de los Derechos Humanos tanto de víctimas como de la sociedad en su conjunto.

Germán Martínez Cázares: “Si Raúl Plascencia tiene vergüenza, debe declinar de la CNDH”

Artículo publicado en Noticias Terra.mx

Por Germán Martínez Cázares

El 29 de septiembre de 2014

Para Germán Martínez Cázares, el “defensor del pueblo” estira y encoge los plazos para resolver los asuntos según le convenga.

Raúl Plascencia intenta reelegirse como presidente de la CNDH..  Foto: Agencia Reforma

Raúl Plascencia intenta reelegirse como presidente de la CNDH..
Foto: Agencia Reforma

Si Raúl Plascencia Villanueva tiene vergüenza pública debe declinar su aspiración de reelegirse como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tlatlaya lo desnudó. Dejó al descubierto el peor defecto de un ombudsperson: inclinarse por utilidad política.

¿No tenía tiempo para investigar una masacre de 22 personas en el Estado de México, porque al mismo tiempo diseñaba, calculaba y recababa apoyos para su reelección, con un regaño al gobierno de Puebla? ¿Mutis en Tlatlaya, gritos justicieros en Ocoyucan?

Al doctor Plascencia se le nota feliz con el lucimiento personal, el dolor de las personas parece incomodarle. Su desempeño en muchas ocasiones es frívolo, en otras, deficiente por genuflexo frente al poder.

Se extraña aquella comisión nacional de Jorge Carpizo, fuente de autoridad cívica y decoro profesional, porque en los últimos cinco años -y con un presupuesto similar al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- el señor Plascencia ha convertido a la CNDH en un tiliche burocrático al servicio de contrataciones personales, ataques políticos y venganzas privadas.

El “defensor del pueblo” estira y encoge los plazos para resolver los asuntos según le convenga. Guarda expedientes como amenazas o premios en su cajón, ¿no? Fueron “tiempos largos” para resolver el caso Ayotzinapa, en cambio, cuando los medios descubrieron el bochornoso asunto de Genaro Góngora Pimentel, ordenó resolver con urgencia. “Recomendación” dura y puntual a su adversario el abogado general de la UNAM, por acoso sexual de un profesor, pero para sus cuates un silencio cómplice. Las denuncias por hostigamiento laboral, recién le preguntó la senadora Saldaña, ¡en su propia oficina!, ¿para cuándo?, ¿ya investigó en su oficialía mayor?

El ombudsman nacional presume la creación de la Sexta Visitaduría especializada en tutelar derechos laborales, económicos, culturales y ambientales. ¿Qué hizo en los últimos desastres ecológicos de Sonora, Tamaulipas y Veracruz? ¿Algún pronunciamiento sobre el asistencialismo gubernamental en el combate a la pobreza? ¿Algún reclamo por la confiscatoria reforma fiscal?

Quizá con demasiada frecuencia en la oficina del señor Plascencia se usa la palabra “remitir”. La CNDH puede ordenar la “remisión” de las denuncias a los órganos estatales (además reenvía a defensorías públicas y por “orientación directa” a distintas dependencias). ¿Acaso ese escurridizo trámite de endosar asuntos es el motivo de la disminución de quejas? ¿El gobierno de Peña comparte ese espejismo?

Después de Tlatlaya el compromiso del PRI con los derechos humanos se medirá a la hora de examinar al doctor Plascencia para ratificarlo. El gobierno debe saber que una tapadera

CNDH ha fallado su misión por corrupción y tráfico de influencias: ONG

Artículo publicado en Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

El 10 de octubre de 2014

La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en voz de su presidente David Bertet, se pronunció en contra del tráfico de influencias para elegir al nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Observó casos de corrupción en esta institución que ha afectado la vida de muchas familias, por lo que opinó que no debería elegirse para esta tarea a personas que llegaron a ocupar altos cargos políticos por el nivel de compromisos que establecen con particulares y grupos de poder.

Bertet, quien también fue uno de los firmantes para promover el juicio político contra Raúl Plascencia Villanueva por su omisión en cientos de casos graves de violaciones de derechos humanos, recordó que Plascencia fue elegido como titular de la CNDH por la propuesta de Isabel Miranda de Wallace, denunciada ante la PGR por simular el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace. “Lo que resulta particularmente sintomático de una gravísima desviación del sentido ético dentro del sistema de justicia mexicano”, dijo el activista.

Enfatizó Bertet que la CNDH falló con su misión en el registro puntual de las violaciones de derechos humanos. “No solamente por la decena de familias víctimas de servidores públicos corrompidos por la misma persona que impulsó a Plascencia, Isabel Miranda de Wallace, sino por la división artificial que se hizo entre derechos humanos y privilegios de las personas que se autoproclamaron «víctimas» sin serlo, como esta señora”.

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El falso caso Wallace favorecido por Plascencia

El activista canadiense, David Bertet, quien ha impulsado los trabajos de investigación sobre el falso secuestro y homicidio de Wallace, sostuvo que “con Plascencia se rompió la coherencia de las leyes y de la Constitución mexicana para favorecer intereses privados” y mencionó que entre éstos, los de la persona que lo propuso en ese cargo público.

Un ejemplo de la gravedad de las faltas en las que incurrió Plascencia como titular de la CNDH fue la omisión de tortura en el caso de Brenda Quevedo Cruz, y en el de cuatro personas más inculpadas para sostener el falso secuestro Wallace, más aparte se omitió la documentación de detenciones arbitrarias, privación de libertad y abuso de poder de funcionarios contra familiares de las víctimas.

Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, presentó la denuncia formal contra Plascencia ante la Procuraduría General de la República el 23 de mayo de 2013, por su omisión en las violaciones de derechos humanos a su hija perpetradas desde septiembre de 2009 y octubre de 2010. Al denunciar los hechos en primera instancia a la CNDH, la respuesta de esta institución fue que el caso no era de su competencia sino del Ministerio Público, pese a que se especificaba el abuso de autoridades judiciales, como la participación directa de agentes ministeriales en la tortura física y violación a la víctima, y posteriormente el resultado positivo del Protocolo de Estambul con el que se validaba la tortura.

Denuncia ante la PGR contra Plascencia.

Un caso similar fue el de Alberto Castillo Cruz, inculpado por el mismo falso secuestro, quien fue torturado también en octubre de 2010 para obligarlo a incriminarse y a pedirle perdón a Isabel Miranda. Su madre, María Elena Cruz y su tío Luis Carrillo Bustamante presentaron la denuncia de hechos a la CNDH y ésta volvió a omitir su intervención y a responder que no era de su competencia; por lo que fue denunciado nuevamente Raúl Plascencia ante la PGR.

Otras de las quejas omitidas, éstas desde 2006 a 2010, por la CNDH que afectó fatalmente a una de las víctimas de violaciones de derechos humanos fue la interpuesta por la madre y la hermana de César Freyre Morales, culpable fabricado del mismo caso Wallace. María Rosa Morales y la ya fallecida Julieta Freyre, fueron encarceladas por año y medio a raíz de las denuncias de Miranda por falsos delitos, mientras que la CNDH volvió a omitir sus recomendaciones a los funcionarios públicos implicados en esta situación.

“Tal complicidad entre Plascencia y la persona que inventó el secuestro y homicidio de su hijo, es el ejemplo más emblemático de la corrupción no sólo dentro de la CNDH, sino de las instituciones de justicia del Estado mexicano”, comentó al respecto Bertet para Los Ángeles Press, y advirtió que “mientras el tráfico de influencias sea la regla implícita en la elección del Ombudsman mexicano, las verdaderas víctimas seguirán indefensas y su sufrimiento será ignorado”.

Respecto a la posibilidad de que Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados, se convierta en el sucesor de Plascencia como titular de la CNDH, Bertet expresó su preocupación: Simplemente por el hecho de que ese precandidato ya ejerce actualmente una función pública, y su candidatura es impulsada por el PRI, eso debería ser suficiente para descartarla. México merece que una institución del tamaño de la CNDH sea realmente independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, y no una puerta más para beneficiarse del tráfico de influencias”.

Isabel Miranda pretende entorpecer justicia a Alfonso Martín del Campo

Artículo publicado en Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

El 15 de septiembre de 2014

 

Isabel Miranda aleccionando en fabricar culpables a las hijas Zamudio Martín del Campo por el hmicidio de sus padres. Foto: cortesía

Isabel Miranda aleccionando en fabricar culpables a las hijas Zamudio Martín del Campo por el hmicidio de sus padres. Foto: cortesía

El caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, preso durante 22 años por la confesión bajo tortura del homicidio de su hermana Juana Patricia y su cuñado Gerardo Zamudio en 1992, ha servido a periodistas y cineastas para obtener reconocimientos internacionales por demostrar las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano. Pero también ha sido pretexto para Isabel Miranda Torres, conocida como la “señora Wallace”, para presionar a miembros del Poder Judicial a preservar estas fallas y evitar la reparación de justicia.Recientemente, Martín del Campo lanzó un comunicado para denunciar públicamente a Isabel Miranda de interferir en su proceso sin tener personalidad jurídica para ello. La acusó de desafiar al Estado de derecho y de sembrar la duda sobre la independencia del Poder Judicial. “Ella da por hecho que no se va a comprobar la tortura en mi caso y da a entender de que ya sabe el sentido de la resolución, lo cual sería gravísimo”, señaló.

En entrevista a Los Ángeles Press, Martín del Campo dijo que ignoraba por qué Isabel Miranda se ha entrometido en su caso, sin siquiera conocerlo a profundidad ni tener personalidad jurídica para ello. Incluso se mostró sorprendido de los recursos que ha destinado Miranda para la campaña mediática y en las redes sociales para que no lo liberen, pese a que se trata de un caso emblemático de violaciones por derechos humanos del Estado mexicano. “¿Qué interés tiene esta señora en mi caso? Ella puede decir cualquier cosa, pero no tiene ninguna validez jurídica”, comentó telefónicamente Martín del Campo Dodd desde la prisión.

Isabel Miranda Torres, quien también ha sido denunciada ante la Procuraduría General de la República por simular el secuestro de su hijo Hugo Wallace, obtener lucro con ello y fabricar culpables bajo tortura, el pasado 6 de septiembre difundió en las redes que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México “se probará que no hubo tortura” en el caso de Martin del Campo. De la misma manera, hizo referencia a que la víctima sólo quería que el Estado lo compensara “millonariamente” por el tiempo que lleva en la cárcel.

Hijas de los Zamudio Martin del Campo con Emilio ALvarez Icaza, de la CIDH. Foto: especial

Hijas de los Zamudio Martin del Campo con Emilio ALvarez Icaza, de la CIDH. Foto: especial

Junto con las declaraciones por la próxima resolución del Poder Judicial, Miranda Torres también exhibió en espectaculares públicos cuestionamientos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la defensa a Alfonso Martín del Campo, durante la visita del secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, el pasado 15 de agosto. No obstante, el funcionario sin hacer alusión a los cuestionamientos posó para las fotografías junto a las hijas de los occisos Zamudio Martin del Campo.

El caso de Alfonso fue uno de los primeros atendidos por tortura y violaciones al debido proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se acreditó cabalmente que fue obligado a confesar bajo tortura física el doble homicidio de sus familiares perpetrado el 30 de mayo de 1992 en la Ciudad de México, se le detuvo ilegalmente y se le sentenció a 50 años de prisión sin respeto a las normas del debido proceso, según el informe 117/09 de la CIDH. Las violaciones a su integridad física y a sus garantías constitucionales fueron validadas también ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otras. Incluso se argumentó la simulación de pruebas por agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El Comité por la liberación de Alfonso Martín del Campo, coordinado por Alejandro Juárez, ha registrado y documentado las violaciones de derechos humanos, ordenando la información con las evidencias del caso en el blog #AlfonsoLibre y ha elaborado varios videos con la argumentación jurídica y pruebas periciales que demuestran la inocencia del inculpado. Incluso periodistas como Kevin Sullivan y Mary Jordan del The Washington Post ganaron el Pulitzer en 2003 por demostrar las violaciones en el caso de Alfonso. Sin embargo, su liberación de ha sido postergada.

Las sobrinas de Alfonso Martín del Campo, por su parte, han abierto un blog para subir imágenes y documentos orientados a incriminarlo; y aleccionadas por Isabel Miranda, han lanzado una campaña de hostigamiento contra la víctima de tortura y prisión injustificada en las redes sociales. María Fernanda escribió una narración en el blog en el que acusa directamente a su tío, a quien dijo haberlo visto matar a sus padres a los cuatro años de edad. Mientras Brenda no duda en posar frente a las cámaras empuñando armas, quien junto con su hermana Tamara se lanzan contra la libertad de Alfonso ignorando el proceso judicial durante 22 años.

Brenda Zamudio empuñando armas y luciendo autos lujosos. Foto: especial

Brenda Zamudio empuñando armas y luciendo autos lujosos. Foto: especial

Los presuntos responsables del homicidio

En la investigación realizada para juntar las evidencias que demuestran la fabricación de la culpabilidad contra Alfonso Martín del Campo dos personas han sido señaladas como principales beneficiados del crimen: José Roberto Zamudio Aldaba y su madre María del Carmen Aldaba Corral. Ambos con un largo historial de fraudes millonarios en diferentes ciudades mexicanas desde principios de los años noventa y con antecedentes delictivos en Reno, Nevada.

Alfonso Martín del Campo también ha denunciado que a raíz de las evidencias reveladas contra los presuntos delincuentes, ellos han dejado de fungir como coadyuvantes del Ministerio Público en su caso, y se encuentran en calidad de prófugos. Ante la ausencia de los presuntos autores intelectuales del crimen, Isabel Miranda de Wallace ha tomado la estafeta de “fiscal”, y pese a que no tiene personalidad jurídica para ello hace declaraciones, presiona a los jueces, y manipula a las jóvenes hijas de los occisos a quienes incluso les adjudica frases en espectaculares de su empresa Show Case Publicidad, SA de CV como las siguientes:

¿Por qué te olvidas de las víctimas de Alfonso Martín del Campo? ¿Será porque no nos representas?

No somos invisibles, somos las víctimas del Alfonso Martín del Campo.

Yo vi que Alfonso Martín del Campo mató a mis padres.

Esta última frase, Miranda Torres se la adjudicó a María Fernanda Zamudio Martín del Campo, cuando tenía cuatro años de edad, y a quien doce años después llevó a declarar ante los medios de comunicación que había visto asesinar a sus padres. Miranda usa el espectular para volver al caso de Brenda Quevedo Cruz, acusando a la CIDH de favorecerla en referencia al falso secuestro de su hijo, dado a conocer en los medios por ella como “el caso Wallace”.

 


Aunque María Fernanda Zamudio tampoco tiene personalidad jurídica en el proceso de Alfonso Martín del Campo, se puso en evidencia que Gerardo García Chavarría, cuñado del occiso Gerardo Zamudio Aldaba, al haber sido el primero en entrar en la escena del crimen, declaró ante el Ministerio Público que sacó dormidas a las entonces niñas Brenda y a María Fernanda (quien es la que ha declarado en contra de Alfonso Martín del Campo).

Más aún, la propia procuraduría concluyó que no podía incorporar las imputaciones hechas ahora de la joven, por tratarse de hechos que fueron juzgados hace más de doce años.

Sin embargo, para Isabel Miranda no ha pasado el tiempo, y al igual que manipula la prensa, falsea declaraciones y ratifica la simulación de pruebas pese a testimonios y evidencias de rastros de vida de Hugo Wallace, pretende inmiscuirse en el proceso de Alfonso Martín del Campo, quien se encuentra desde hace años a un paso de la libertad.

Desde lo más alto de la verdad pura y transparente…

Por Grupo MXporFC – Oscar

El 16 de septiembre de 2014

 

Wallace angelita

“Desde lo más alto de la verdad pura y transparente,” de las nubes de los cielos azules desde los cuales Dios, los ángeles y el alma de su hijo descuartizado que nunca tuvo antecedentes penales platican diario con ella, la autoproclamada activista y voz de la ciudadanía que se cree la representante terrestre de la palabra divina, nos amonesta: “No caigan en la trampa de la Sra. Anabel Hernández cuyo único propósito es de difamarme.”

Síntomas de victimización sistemática cuando uno la contradice, reacción violenta a la contestación, rechazo radical de otra línea de pensamiento, convicción mórbida de tener la razón, de hacer lo correcto, aun y cuando lo correcto implica el uso de la violencia física y psicológica, identificación con la figura divina de la Santa Virgen cuyo hijo fue crucificado – el suyo fue, en la mente de la seudo-activista, descuartizado, otro paradigma de la crucifixión y del sacrificio -, convicción irracional de cumplir con el destino y la voluntad de Dios mismo, trastorno mental de la personalidad múltiple (María Isabel Miranda Torres, Isabel Miranda de Wallace,…), la patología de la que sufre la impostora más famosa de nuestro país tiene nombre : esquizofrenia.

A la diferencia de las otras personas que sufren de esa patología mental y a la que mandamos el abrazo mas fraternal, ya que luchan cada día para combatir con valor esa enfermedad, no solamente la esquizofrenia de Isabel Miranda de Wallace no recibió, al parecer, el tratamiento adecuado, sino que le sirvió para adquirir el poder y la fama de los que hasta hace poco gozaba incondicionalmente. A Isabel Miranda de Wallace le dieron poder. El criminal Felipe Calderón en primer lugar. El poder de decidir quién era culpable. El poder de calumniar. El poder de destrozar. El poder de presionar a los jueces. El poder de amenazar. En otros tiempos, gente con poderes semejantes se convirtieron en las figuras más sanguinarias de la inquisición. Más bien, la cruzada de Isabel Miranda es la figura moderna de la inquisición. Nuestra carga que como Mexicanos tendremos que asumir, tarde o temprano.

Un tiempo, nos identificamos con la increíble historia – con el cuento – de una madre desesperada luchando sola para encontrar a su hijo secuestrado, para hacerse justicia y cazar a los verdugos de su criado. Su aparente dolor se volvió el nuestro. Hartos de la impunidad, de la complaciente incompetencia de las autoridades con los grupos del crimen organizado, de la inseguridad, del temor, cotidiano, coincidimos con el rostro de esa mujer, desconocida y anónima, que pretendía ser una humilde maestra de preparatoria en búsqueda de su hijo… cuando no era así.

Tardamos, como muchos, en darnos cuenta de la trampa. Porque nos convenía creer en lo inverosímil. No queríamos admitir que nuestro odio a los secuestradores inducido por la campaña mediática de la Sra. Wallace a través de los espectaculares de su empresa de publicidad Showcase, no tenía ningún fundamento racional. Y por esa tardanza de la que somos responsables, les pedimos perdón a las víctimas cuyos rostros fueron expuestos a la vista de todos, tachados de secuestradores, de delincuentes y de asesinos.

Ahora Isabel Miranda de Wallace, sea cual sea su nombre real, trata de minimizar la importancia de las pruebas – contundentes, del dominio público y que no logró en desaparecer antes de que fueron encontradas – que fueron publicadas y difundidas por los medios de comunicación que decidieron dejar de cumplir con la línea de pensamiento gubernamental. Ahora Isabel Wallace nos quiere hacer creer que es la víctima de algunas personas aisladas que le quieren hacer daño. A ella, personalmente. Porque siempre se ha tratado de ella. Se valoriza a sí misma con ese estatus de víctima absoluta del que se ha apoderado de manera ilícita, fraudulenta.

Escrito por uno de sus acolites, el texto de introducción de la nueva campaña de Isabel Miranda de Wallace usa ad nauseam expresiones tan pesadas como falsas como la de “verdad pura y transparente”. Gracias a Dios, Isabel Miranda de Wallace y quienes la apoyaron no tienen el monopolio de la verdad. Isabel Wallace no se encuentra más cercana al divino que los demás. Esa pretensión enferma que la caracteriza es lo primero que debemos denunciar. Al contrario de la luminosa y ficticia verdad que nos propone, y a medidas que se está cayendo el teatro de Isabel Wallace, mas ruda, más verosímil, más evidente, mas fría, hasta más grosera nos aparece la simple verdad que siguen tratando de esconder bajo el estilo pomposo de quién escribe en lugar de la impostora Wallace: si Hugo Alberto Wallace estuvo secuestrado – y absolutamente nada nos permite corroborar que así fue -, no sucedió en las circunstancias que Isabel Wallace narró – o más bien nos gritó hasta adormecernos. Fue ella misma quien inventó el secuestro y el descuartizamiento de Hugo Alberto, ella quien fabricó una banda de secuestradores que nunca existió, apoyada por unos funcionarios que vieron en la esquizofrenia de Wallace una oportunidad para crecer en la administración.

Para quienes han tenido conocimiento de los documentos que se publicaron, de las investigaciones que se llevaron a cabo de manera estrictamente profesional, no cabe duda: el caso Wallace no es una historia de secuestro sino la de una vergonzosa simulación desde el principio. Una simulación planeada, orquestada por la familia del desaparecido. Más adelante tendremos que investigar el papel que desempeñó Isabel Wallace como agente del gobierno de Calderón y de gobiernos locales, para hundir las víctimas de la fabricación de culpables. Más adelante, tendremos que evidenciar quien o quienes sacaron algún provecho de lo que hizo Isabel Wallace.

Punto de mira actual de la campaña de ataque que Isabel Wallace lanzó bajo el pretexto de defenderse – como lo hacen mayoría de los despostes en ese mundo, Anabel Hernández no necesita a la verdad que la defendamos. Fuerte, esa periodista ha publicado las conclusiones de una pequeña parte de su investigación. Tampoco necesitarán ayuda los otros puntos de mira que Isabel Miranda, en su delirio, no tardará en señalar, en difamar, como siempre lo ha hecho, cumpliendo con su papel de acusadora pública del que ha sacado provecho. Esa es la última obra de Wallace, una obra vergonzosa que caerá por su propio peso. Sin ninguna duda.

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No somos héroes. Nos somos ángeles, ni santos, ni nada por el estilo. No queremos ni pretendemos serlo. Somos humildes ciudadanos indignados por el engaño en el que caímos. Como todos. Y a la diferencia de muchos, ya no queremos formar parte de los que se dejan engañar, voluntariamente, por interés o pereza intelectual. No queremos participar, con nuestro silencio y apatía, a la tortura que viven actualmente siete personas, todas inocentes.

Pero si Isabel Miranda de Wallace quiere llevar el asunto al terreno religioso como parece hacerlo, si quiere meternos en la posición de escoger entre la luz transparente de su seudo-verdad absoluta y el supuesto obscurantismo de los que la contradicen usando de su razón, entonces le podemos contestar que es la característica maestra de Satanás el Diablo de disfrazarse de ángel de luz y ocultar con ese disfraz su verdadera naturaleza y sus propósitos (2 Corintios 11:14).

Oscar V.

Grupo MXporFC

 

 

 

 

 

Wallace y sus trolles (#trolldeWallace)

Por Grupo MXporFC

El 15 de septiembre de 2014

 

Algunos ejemplos de los trolles de Isabel Miranda de Wallace, que casualmente aparecen cada vez que la Sra. no sabe qué contestar. Gracias Isabel, por hacernos reir tanto.

Wallace Dumbo

 

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La Señora Wallace, acusada ante la PGR

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

 

Artículo publicado en Proceso y el Diario de Coahuila

Por Jorge Carrasco Araizaga

El 14 de septiembre de 2014

 

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Familiares de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y empleados de la propia PGR por considerar que cometieron diversos delitos para responsabilizarlos de la desaparición del hijo de la activista.

Sin que después de nueve años haya sentencia firme en contra de los acusados, sus familiares presentaron la denuncia ante la oficina del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el miércoles 3, luego de que se hiciera pública la existencia de una doble documentación oficial sobre Hugo Alberto Wallace.

Además de Isabel Miranda, los señalados son su esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, su hermano Roberto Miranda y los siguientes empleados de la PGR: los agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, y la perito de la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales Yanet Rogel Montes de Oca.

A los siete les imputan delitos contra el estado civil, de falsedad de informes dados a la autoridad, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, tráfico de influencias y cohecho, cargos que tendría que investigar la PGR.

Los denunciantes son Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste del Rincón, en Tepic, Nayarit; y Raquel Dobin Rosenthal, madre de Jacobo Tagle Dobin, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2, en Jalisco. Ambos acusados aún están a la espera de sentencia en primera instancia.

Los otros denunciantes son María Guadalupe González Lomelí, hermana de Juana Hilda González Lomelí, presa también en el Centro Federal Femenil del Rincón; y María Elena Cruz Bustamante y Luis Carrillo Bustamante, madre y tío de Alberto y Tony Castillo Cruz, ambos de nacionalidad estadunidense. El primero está preso en el Cefereso número 12, en Guanajuato, y el segundo en el Cefereso número 3, en Matamoros, Tamaulipas.

‘PRUEBAS FABRICADAS’

Según la denuncia de hechos, con la revelación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y la del matrimonio de Isabel Miranda con Enrique Wallace, así como la existencia de pruebas cuestionadas, publicadas en mayo y junio pasados por el periódico digital Los Ángeles Press y Proceso (ediciones 1961 y 1962), “se pone en evidencia” los delitos denunciados.

En una de las actas, emitida en el Distrito Federal, Hugo Alberto aparece como hijo de Jacinto Miranda. En la otra, de un juzgado civil de Texcoco, el papá es José Enrique del Socorro Wallace, de nacionalidad nicaragüense; mientras que la activista en la primera se llama Isabel Torres, y en la segunda, María Isabel Miranda Torres.

Los denunciantes aseguran que Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres, nombres de la activista que aparecen en los documentos oficiales, así como su esposo Enrique del Socorro Wallace, son presuntos responsables del delito contra el estado civil porque al registrar a Hugo Alberto como hijo de ambos, la primera adjudicó “a un tercero la paternidad que no le corresponde” y el segundo asumió “la filiación de padre sin corresponderle”.

Señalan que el artículo 227, fracción III del Código Penal Federal (CPF) impone de uno a seis años de prisión, entre otros, “a los padres que no presenten a un hijo suyo al Registro con el propósito de hacerle perder su estado civil, o que declaren falsamente su fallecimiento, o lo presenten ocultando nombres o suponiendo que los padres son otras personas”.

Según la denuncia, ambos cometieron falsedad de declaración ante las autoridades judiciales y ministeriales respecto a la autenticidad del apellido, lugar y fecha de nacimiento de Hugo Alberto, “así como el ocultamiento doloso ante tales autoridades de la identidad del padre biológico de la víctima”.

Los familiares de los procesados aseguran también que Isabel Miranda y su esposo “declararon falsamente ante la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre la verdadera fecha de su matrimonio con el fin de encubrir la verdadera filiación de Hugo Alberto”. Citan que la falsedad de declaración está penada con prisión de cuatro a ocho años en el Código Penal Federal (CPF).

Sobre la simulación de pruebas, dicen que la evidencia “más trascendental” para condenar a cuatro de los seis acusados y “supuestamente encontrada en la escena del supuesto crimen, fue falseada y alterada con el único objetivo de inculparlos de los supuestos delitos de privación de la libertad, en su modalidad de secuestro, delincuencia organizada y otros”.

‘SEMBRADOS’

Explican que la gota de sangre y un pelo de la alegada víctima encontradas en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los hechos denunciados, no sólo fueron “sembrados” sino también alterados porque el perfil genético de lo que se presentó como prueba originalmente fue identificado como cromosoma de mujer (XX) en el informe de la perito Yanet Rogel Montes, el 20 de marzo de 2006.

De acuerdo a los denunciantes, ese perfil genético “corresponde al del padre adoptivo del desaparecido”. Ante esa inconsistencia, la perito aseguró que se equivocó y que al momento de redactar su informe, “por un error de dedo”, escribió XX en lugar de XY para identificar el cromosoma.

Aseguran que el delito de simulación de pruebas fue cometido por Isabel Miranda y su hermano Roberto, y que de acuerdo al artículo 248 Bis del mismo CPF, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión al que, con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales.

De la perito Yanet Rogel Montes dicen que cometió el delito de falsedad en informes dados a una autoridad, penado en el artículo 247 Bis del CPF con una pena de cinco a 12 años de cárcel.

A partir de esa prueba aportada por la PGR, fueron sentenciados de 78 a 131 años de prisión los hermanos Castillo Cruz, César Freyre y Juana Hilda González. Los familiares dicen que a la perito se le podría aplicar una pena de ocho a 15 años, debido a que ese mismo artículo dice que cuando a un sentenciado se le imponga una pena de más de 20 años de prisión, la pena se incrementa por el testimonio o peritajes falsos.

“Además exigimos que se investigue la comisión de los delitos que se derivan de la falsedad de declaración y de informes dados a una autoridad judicial, tales como el soborno o la coacción de cualquier naturaleza hacia la perito”, dice la denuncia.

También piden a la PGR que investigue la probable comisión de los ilícitos de cohecho, amenazas y tráfico de influencias. En este último delito, no sólo mencionan a la perito, sino también a “todas las partes que dentro del proceso han sido sujetos de los actos denunciados” y que “han favorecido a la parte acusadora y coadyuvante del Ministerio Público federal, María Isabel Miranda Torres o María Isabel Miranda de Wallace”.

Respecto al tráfico de influencias, dicen, “hay que tomar en consideración el personaje Isabel Miranda de Wallace como figura pública y su poder económico, así como (su) cercanía… con los agentes del Ministerio Público Oswaldo Jiménez Juárez, Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz… encargados de llevar a cabo las averiguaciones previas y acusaciones en contra de los acusados”.

CONTRADEMANDA

La publicación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y de su acta de matrimonio llevó a Isabel Miranda a presentar una denuncia ante la PGR. La Unidad Antisecuestros inició de inmediato la averiguación previa AP/SEIDO/UEIDMS/464/2014. Por esa razón han sido llevados a declarar, sin orden de presentación, Giel Meza, activista de la organización Gente de México por la Democracia, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo.

En esa denuncia está incluido David Bertet, activista canadiense que promueve la liberación de los acusados del caso Wallace, como lo hizo con Florence Cassez. La ciudadana francesa fue acusada también de secuestro en el pasado gobierno y la presidenta de Alto al Secuestro fue una fuerte opositora a su liberación.

Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet anunció en agosto pasado que presentaría en la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) una denuncia por la investigación penal que se sigue en su contra en México, luego de la publicación de las actas en Proceso y Los Ángeles Press.

“Acudiré ante la GRC para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulten responsables de las amenazas de las que soy víctima”, escribió en una denuncia de hechos que hizo pública tras presentarla ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), también de la PGR.

Para el activista, se trata de una represalia e intimidación a “consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda”.

En respuesta a la publicación de esos documentos, Isabel Miranda aseguró que se trató de “una gran canallada”. En una entrevista con Sergio Sarmiento de Televisión Azteca, el 2 de julio pasado, señaló:

“No la puedo llamar de otra manera. Es algo que de verdad no tiene nombre” porque la publicación del reportaje se hizo “sabiendo de manera deliberada que sí existen pruebas. Indudablemente que fue ganas de golpetear, de exponer públicamente mi vida o lo que ellos consideran que es mi vida.

“Pero no es la verdad de lo que está en el expediente. Tan no es así, que precisamente una semana después que sacara esta señora (Anabel Hernández) el reportaje (en Proceso), el juez le confirma el auto de formal prisión a Brenda (Quevedo). Esa es la mejor respuesta que yo puedo tener, sabiendo que jurídicamente tengo la confianza que ella va a permanecer en la cárcel siempre, por más estrategias de medios de comunicación que hagan, por más mentiras que digan.”

 

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

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 Wallace delincuente

Demandan a Wallace por simular secuestro de su hijo

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Artículo publicado en Hoy Estado
El 4 de septiembre de 2014

Isabel Miranda de Wallace fue demandada ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR), por familiares de los inculpados del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace en julio de 2005.

Los denunciantes manifiestan que Wallace ha caído en contradicciones en sus declaraciones ministeriales dadas a las autoridades, así como amenazas, tráfico de influencias y cohecho.

El documento ya fue presentado ante el procurador Jesús Murillo Karam, en donde además se denuncia a varias autoridades ministeriales de la Federación que presuntamente la ayudaron con torturas a las víctimas y a sostener la simulación de pruebas.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación implicados en la denuncia bajo cargos de torturas, amenazas, tráfico de influencias, cohecho y simulación de pruebas, fueron Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, todos adscritos a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).

La denuncia se deriva de “una serie de pruebas en diversos reportajes del medio digital Los Ángeles Press y la revista Proceso”, donde se puso en evidencia los delitos en contra del estado civil, la simulación de pruebas y la falsedad en declaraciones judiciales.

Hugo Alberto Wallace, no es hijo del nicaragüense Enrique Wallace Díaz, si no que éste lo reconoció como hijo adoptivo cuando contrajo matrimonio con Isabel Miranda.

Una de las funcionarias de la PGR implicadas en la denuncia fue la perito Yanet Rogel Montes, por falsear información en el reporte forense sobre la gota de sangre encontrada en el departamento de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los supuestos hechos.

Rogel Montes atestiguó como perito que esa gota de sangre sí correspondía al perfil genético de Isabel Miranda Torres y de Enrique del Socorro Wallace, simulando con ello la única prueba pericial que pretendía sostener el asesinato, pues ahora se sabe que Hugo no era hijo biológico de Enrique Wallace.

Por su parte, El presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, dijo que con la presentación de esta denuncia contra la Señora Wallace y sus cómplices, este caso, se vuelve emblemático para la comunidad internacional de derechos humanos y para todas las personas que han sido víctimas de la simulación de pruebas en México.

Con información de: Los Ángeles Press

 

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Wallace delincuente

Era cuestión de tiempo: denuncian a Wallace ante PGR por simulación de pruebas y fabricación de falso secuestro de su hijo

Publicado en Los Ángeles Press
Por Guadalupe Lizárraga
Fecha : 4 de septiembre de 2014
 
 wallacecuartooscuro

Isabel Miranda Torres, denunciada ante la PGR por fabricar culpables y simular pruebas en el falso secuestro de su hijo Hugo Alberto. Foto: Enrique Ordoñez/Cuartoscuro

Por Guadalupe Lizárraga

Familiares de los inculpados del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace en julio de 2005 pusieron ayer -3 de septiembre- una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra Isabel Miranda de Wallace y varias autoridades ministeriales de la Federación que la ayudaron con torturas a las víctimas y a sostener la simulación de pruebas.

La denuncia fue puesta directamente en la oficina del procurador Jesús Murillo Karam, y especificó que se deriva de la publicación de “una serie de pruebas en diversos reportajes del medio digital Los Ángeles Press y la revista Proceso”, donde se puso en evidencia los delitos en contra del estado civil, la simulación de pruebas y la falsedad en declaraciones judiciales. Así mismo, se destacó en la denuncia la falsedad y las contradicciones en las declaratorias ministeriales de Miranda Torres dados a las autoridades, así como amenazas, tráfico de influencias y cohecho.

En el documento se denunció que Isabel Miranda ha sido favorecida a lo largo del proceso judicial como parte acusadora y coadyuvante del Ministerio Público Federal, en perjuicio de los acusados. Las supuestas pruebas que ella ha presentado como “contundentes” en la averiguación previa número PGR/SIEDO/UEIS/146/2005, así como en la causa 35/2006-II, radicada en el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, “carecen de sustento legal y validez, puesto que han sido obtenidas ilícitamente y violentando los derechos humanos” de los inculpados para acreditar la tesis del secuestro y del asesinato de Hugo Alberto Wallace.

También se señaló a Enrique del Socorro Wallace Díaz, esposo de Miranda Torres, como presunto responsable en la comisión del delito contra el Estado Civil, y por haber mentido sobre el parentesco de Hugo Alberto Miranda Torres, hijo adoptivo de éste, y sobre la fecha de matrimonio con Isabel Miranda Torres.

Acta de matrimonio que revela que Enrique Wallace no es padre biológico de la supuesta víctima, una de las evidencias publicadas.

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Funcionarios de la PGR acusados de complicidad

Una de las funcionarias de la PGR implicadas en la denuncia fue la perito Yanet Rogel Montes, por falsear información en el reporte forense sobre la gota de sangre encontrada en el departamento de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los supuestos hechos.

Rogel Montes atestiguó como perito que esa gota de sangre correspondía al perfil genético de Isabel Miranda Torres y de Enrique del Socorro Wallace, simulando con ello la única prueba pericial que pretendía sostener el falso crimen contra Hugo Alberto Wallace. Mientras tanto, las evidencias publicadas en los reportajes sobre la doble acta de nacimiento de la supuesta víctima, demostraron que la gota de sangre no pertenecía a Hugo Alberto Wallace, puesto que Enrique Wallace no era su padre biológico, sino que el nicaragüense Wallace Díaz lo reconoció como hijo adoptivo a la edad de seis años, cuando contrajo matrimonio con Isabel Miranda.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación implicados en la denuncia bajo cargos de torturas, amenazas, tráfico de influencias, cohecho y simulación de pruebas, fueron Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, todos adscritos a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO.

Todos ellos han sido identificados por las víctimas de haber participado directamente en las torturas infringidas para que se incriminaran. No obstante, de acuerdo a los testimonios de los inculpados, el MP Braulio Robles Zúñiga es quien ha sido identificado como el “brazo derecho” de Miranda para entrar a los penales a discreción, y perpetrar los abusos de autoridad con amenazas y violencia física contra los inculpados.

Sin duda, la fabricación del secuestro Wallace: Bertet

El presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, quien ha coordinado la investigación de las evidencias del falso secuestro de Hugo Wallace, señaló que la presentación de esta denuncia formal ante las autoridades mexicanas es una etapa clave en el denominado caso Wallace.

“Ya no nos cabe duda de que la historia del supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace ha sido fabricada por la familia del desaparecido que cuenta con antecedentes penales, y con la complicidad de altos funcionarios del Estado”, dijo.

El activista canadiense enfatizó que “se trata de una etapa decisiva no solamente en cuanto a la defensa de las personas que han sido acusadas injustamente por la comisión de hechos de nunca sucedieron, sino también para que las verdaderas víctimas en este caso, es decir los acusados y sus familiares, puedan finalmente considerarse como tal”.

Concluyó que con la presentación de esta denuncia contra la “Señora Wallace” y sus cómplices, este caso, se vuelve emblemático para la comunidad internacional de derechos humanos y para todas las personas que han sido víctimas de la simulación de pruebas en México.

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Categorías:Caso Wallace