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La SIEDO de Medina Mora y Marisela: más de 50 casos fabricados

Artículo publicado el 28 de mayo del 2015

Por Arturo Angel

Publicado en Animal Politico  Marisela Morales

Desde testigos falsos hasta fabricación de pruebas, el común denominador en esas acusaciones. En 2013 un juez pidió investigar a los fiscales por la operación de estos casos.

Por violaciones a los derechos humanos y fabricación de pruebas un juez liberó esta semana cuatro personas acusadas de haber perpetrado los atentados con granadas en el zócalo Morelia en septiembre del 2008. El caso, fue responsabilidad de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR. Pero esta exoneración, no es la primera que se presenta.

De hecho, con este último caso suman ya más de medio centenar de detenidos que a la postre fueron liberados tan solo en relación con tres averiguaciones previas emblemáticas integradas entre los años 2008 y 2009: la “Operación Limpieza”, el llamado “Michoacanazo”, y los referidos atentados.

Fueron en esos dos años donde la PGR estuvo encabezada por el actual Ministro de la Corte Eduardo Medina Mora, mientras que la oficina de la SIEDO era responsabilidad de la hoy cónsul en Milán Marisela Morales.

El común denominador de todas esas acusaciones fueron confesiones ministeriales hechas sin sustento, mentiras premeditadas de testigos protegidos, así como fabricación de evidencia. Algunos de los acusados pasaron solo meses en prisión pero otros estuvieron años antes de que las irregularidades fueran comprobadas.

Cabe señalar que hasta el día de hoy, y pese a la gravedad de algunos de los abusos señalados por los jueces, no hay un solo funcionario de la SIEDO o de la PGR que haya sido detenido o procesado por haber llevado a posibles inocentes a prisión.

La sucia “Operación Limpieza”

En su momento pareció el golpe más espectacular en décadas en contra de la corrupción y la infiltración del crimen organizado. Catorce funcionarios altos y medios de distintas dependencias, puestos al descubierto por colaborar con el crimen organizado y en específico con la organización criminal de los Beltrán Leyva.

A través de un spot de televisión se acusaba a ex funcionarios de “ser traidores infiltrados en las fuerzas del orden”. En la foto aparecían los rostros de algunos de los detenidos, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador de la SIEDO o el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Javier Herrera Valles.

“Vamos a limpiar a la PGR y castigaremos con todo rigor y sin contemplación alguna a los que traicionan a las instituciones” dijo en octubre del 2008 Medina Mora, en una conferencia donde apareció junto a Morales para anunciar los primeros resultados de la “Operación Limpieza”.

Cuatro años tuvieron que pasar para que la verdadera naturaleza de los casos quedara al descubierto. La mayoría de los expedientes en su momento consignados por la PGR, estaban sustentados en testimonios falsos, en declaraciones fabricadas de testigos protegidos, sin ningún otro sustento.

Por ejemplo, en el caso de Ramírez Mandujano, liberado el 14 de abril de 2013, el juez federal Mauricio Fernández de la Mora determinó que prácticamente toda la averiguación estaba sustentada en los dichos del testigo colaborador “Jennifer” mintió en los señalamientos peor fue más allá.

“En particular, en la diligencia de careo entre el acusado Noé Ramírez Mandujano, con el testigo colaborador con nombre clave ‘Jennifer’, se advirtió una posible fabricación de pruebas, motivo por el cual se dio vista al Procurador General de la República, para que conforme a sus atribuciones procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía que recabó dichos testimonios” señaló el juez en su sentencia.

De las investigaciones en contra de funcionarios no se supo nada, pero el hecho es de que para 2013, catorce capturados en la Operación Limpieza ya habían quedado en libertad bajo las mismas circunstancias.

Entre los funcionarios que fueron detenidos y luego liberados, además de Mandujano, estuvo Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal; Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México, y el ex coordinador de seguridad pública Javier Herrera Valles.

El fiasco del michoacanazo

El 26 de mayo del 2009 elementos del Ejército y la Policía Federal cumplimentaron órdenes de presentación en contra de 35 funcionarios públicos del estado de Michoacán, entre ellos 12 presidentes municipales, por presuntos nexos con la organización delictiva de “La Familia Michoacana”.

La SIEDO no tenía pruebas iniciales para encarcelar a todos los involucrados pero utilizó la figura del arraigo para impedir que quedaran en libertad mientras “reunía pruebas en su contra”.

Finalmente la dependencia se apoyó en los dichos de varios testigos protegidos, entre ellos “Zajed” o “Paco” para acusar a los políticos de colaborar con el crimen.

“Estas personas protegían y filtraban información que favorecía el desarrollo de las actividades de ese grupo criminal (…) las investigaciones permitieron demostrar que los ahora inculpados aprovechando su calidad de servidores públicos y abusando de su función, realizaban acciones que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico del cártel de La Familia” dijo en ese entonces el procurador Medina Mora.

Pero 18 meses después de haber sido encarcelados, jueces federales liberaron prácticamente a todas las personas que fueron detenidas bajo el argumento de que no existían pruebas más allá de dichos, que dieran sustento a las acusaci0ones.

En meses posteriores se descubrió que algunos de los testigos protegidos usados por la SIEDO como “Paco”, en realidad utilizaron una identidad falsa e incluso los documentos que acreditan su posible identidad también están falsificados. Una situación que en realidad se repitió con otros testigos que la PGR utilizó en diversas acusaciones como “Jennifer” o “Libre”.

Recientemente, previo a su designación como ministro de la Corte, Medina Mora defendió las investigaciones que en su momento llevaron a la cárcel a los funcionarios y alcaldes en el llamado “Michoacanazo” El ex procurador sostuvo que el Ministerio Público tenía pruebas para acusar y que fue un juez, que hoy en día está bajo investigación, quien opinó distinto.

Granadas… y tortura

El último fiasco. Esta semana un juez federal exoneró a las cuatro personas que la SIEDO consignó en el 2008 acusados de haber sido responsables de la detonación de granadas en el zócalo de Morelia durante los festejos patrios del 15 de septiembre.

El motivo fue similar al de varios de los liberados de la Operación Limpieza: testimonios que no se verificaron, pruebas dudosas o de plano fabricadas, más el agregado de prácticas de hechos de tortura en contra de los detenidos.

“Quedó plenamente demostrado (…) que fueron sometidos a actos de tortura previos a que fueran localizados y presentados ante la entonces SIEDO, donde en lugar de respetar sus  derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura” dice la sentencia.

Aunado a lo anterior los detenidos fueron exhibidos en un video promocional (como ocurrió con otros casos entre ellos la Operación Limpieza), no se respetó su principio de inocencia, su declaración se hizo sin abogados, y hasta se alteraron las firmas de las confesiones lo que confirma la fabricación de la evidencia.

Cabe recordar que desde noviembre del 2008 los familiares de los detenidos denunciaron que ellos nunca estuvieron en el lugar de los hechos sino que fueron “levantados” por civiles armados en Lázaro Cárdenas, situación que fue ratificada esta semana por la sentencia del juez.

Pero el entonces procurador Medina Mora defendió que el caso era contundente y que los testimonios, que hoy se sabe se obtuvieron mediante tortura, lo avalaban. Incluso, dijo que las declaraciones se hicieron con el defensor presente.

“Sí hay registro de estas personas en la plaza Melchor Ocampo (Morelia) en momentos previos a los hechos y esto está considerado como un elemento importante que ratifica la declaración. (su declaración) fue realizada con plenos derechos, con la asistencia del Defensor de Oficio, en donde ellos admiten los hechos” declaró el hoy Ministro de la Corte.

Huegla de hambre de Nestora Salgado: 13 días sin comer

Artículo publicado el 18 de mayo del 2015

El Sur / Sin Embargo

Salgado García fue detenida por militares el 21 de agosto de 2013, y acusada de presunto secuestro y delincuencia organizada. Foto: Especial

Salgado García fue detenida por militares el 21 de agosto de 2013, y acusada de presunto secuestro y delincuencia organizada. Foto: Especial

Zaira Rodríguez, hija de la ex coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, denunció que la activista ha sido torturada pues, desde que inició la huelga de hambre hace 13 días, es llevada al comedor del Centro de Readaptación de Jurisdicción Federal de Nayarit durante la hora de la comida.

Ayer la joven la visitó al penal y se percató del estado de salud de su madre. “Está ojerosa, con las mejillas hundidas, camina lento y en ocasiones pierde el hilo de la conversación”, denunció.

En el mismo sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que ”existen elementos suficientes que acreditan violaciones a los derechos humanos de la señora Salgado García, sobre sus condiciones de internamiento”.

La hija de Nestora Salgado informó a El Sur que acudió al penal con su hermana Ruby. “Noté que no podía sostener bien un vaso de agua, al servir le temblaba la mano, caminó muy lento, se le cae el cabello, tiene mucha caspa por la desnutrición y se sentía mareada”, describió.

Denunció, además de la tortura, que la directora del penal falsificó un reporte médico. Contó que Nestora Salgado le confió que en la visita de la CNDH le preguntaron cómo le había ido en su cita con el doctor. Ella respondió que no había visto al médico. Sin embargo, la Comisión vio una hoja médica que afirmaba que estaba muy bien.

Después le hicieron la valoración, pero aseguró que el doctor no le tomó el pulso ni la presión.

Su hija recordó que cuando le contó que Gonzalo Molina González, promotor de la Policía Comunitaria de Olinalá, inició una huelga de hambre para apoyarla, se preocupó más por su compañero que por ella.

Por su parte, el vocero del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suastegui, manifestó su solidaridad mediante una carta desde el reclusorio de La Unión.

Zaira aseguró que Nestora sigue firme pese a que sus hermanas le pidieron reconsiderar la huelga de hambre. “Respondió que la dejáramos, porque si la quieren muerta, ya será bajo el cuidado de ellos [de las autoridades], por su desatención”, concluyó.

Salgado García fue detenida por militares el 21 de agosto de 2013 y acusada de presunto secuestro y delincuencia organizada. Junto con ella fueron detenidos 30 policías comunitarios. El mismo día de su detención, fue enviada al centro de Tepic y tan sólo seis días después se le dictó auto de formal prisión.

En febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a México la adopción de una medida cautelar que garantice la atención médica a la activista presa. Posteriormente, este mes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió que se respete su integridad y su derecho a la salud.

El domingo, de acuerdo con el diario El Sur, el Gobernador Rogelio Ortega Camargo afirmó que su esposa Rosa Icela Ojeda Rivera también fue a visitarla para informarle que se está trabajando para agilizar su proceso.

“[Fue] para expresarle nuestra solidaridad, para decirle que estamos gestionando y trabajando para que también la ruta jurídica de su proceso se agilice y podamos tenerla en libertad”, dijo.

El mandatario guerrerense declaró que ojalá la prolongación de la protesta “no afecte su salud”.

TRASLADARÁN A NESTORA AL DF

 Reunión entre autoridades y las hijas de Nestora Salgado. Foto: Twitter.


Reunión entre autoridades y las hijas de Nestora Salgado. Foto: Twitter.

Hoy se llevó a cabo un encuentro entre el Gobernador Rogelio Ortega Martínez, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, las hijas de Nestora Salgado, de funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Durante la reunión se acordó que Salgado sea trasladada a una prisión del fueron común en la Ciudad de México, en atención a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó el gobierno de Guerrero por medio de un comunicado.

Sin embargo, no se dieron datos sobre la fecha del traslado ni tampoco el lugar específico donde estará la ex coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero.

Por su parte, la CNDH solicitó a Campa Cifrián, y al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández Mora, ambos de la Secretaría de Gobernación, que se proporcione atención médica a Nestora, así como que se permita a la interna la comunicación con su familia que radica en los Estados Unidos.

La CNDH dijo que tras los análisis de los antecedentes y evidencias que se allegó durante la investigación que hizo el organismo independiente, se determinó que “existen elementos suficientes que acreditan violaciones a los derechos humanos de la señora Salgado García, sobre sus condiciones de internamiento”.

Cómo ha pisoteado Roberto Borge los derechos humanos: su imperio de tortura

Artículo de Carlos Cantón Zetina

Publicado el 15 de Mayo del 2015

En el blog de Carlos Cantón Zetina

Quintana Roo es el reino de la tortura, y una fábrica de “culpables”.

El gobernador priista Roberto Borge Angulo desprecia los derechos humanos, de los que es contumaz violador.

Por eso y por su deshonestidad y la altísima deuda pública que ha contratado, activistas quintanarroenses iniciaron un movimiento para revocar su mandato en las elecciones del 7 de junio.

Su rostro represor y vengativo  fue exhibido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su resolutivo respecto al periodista maya Pedro Canché Herrera.

También quedaron evidenciados otros cuatro ruines personajes de Quintana Roo:

1.- Gaspar Armando García Torres, procurador de Justicia.

2.- Harley Sosa Guillén, titular de la Comisión de Derechos Humanos (CEDH).

3.- Fidel Villanueva Rivero, presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, y

4.- Lino Magos Acevedo, director del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial. (Este jueves acusado por la diputada federal Alicia Ricalde ante la PGR por delitos electorales).

Este siniestro cuarteto ha convertido las dependencias que dirigen en viles instrumentos para retorcer o cancelar  la justicia, y acosar a disidentes.  Son marionetas del poder, lacayos sin perdón.

CASIQUE, TORTURADO

Son los “verdugos” de Canché y de otros periodistas y disidentes del gobierno estatal.

El 11 de mayo, la CNDH instó al mandatario quintanarroense a liberar, ofrecer disculpa pública e   indemnizar al  comunicador maya   encarcelado injustamente desde el 30 de agosto en esta entidad. Dio un plazo de 15 días hábiles.

Lo malo es que Borge  se ha pasado por el arco del triunfo las recomendaciones del  organismo.

Su desacato es reiterativo desde antes de  que, en abril de 2011, asumiera  el cargo. Es de los mandatarios estatales contra quien  más quejas se han formulado ante la CNDH.

No sería extraño que ignore el dictamen  en  el caso de Canché.

Lo  acatará  sólo si la orden viene  de  Peña Nieto, como se supone ante  la presión internacional de que es objeto. El asunto del comunicador maya se convirtió en ícono más allá de nuestras fronteras…

CANCHÉ, TORTURADO

En todo caso, Borge cumpliría parcialmente la recomendación, sólo para taparle el ojo al macho.

Esto significa que los responsables de las violaciones a las garantías individuales de Canché no serán castigados. El periodista fue torturado por policías y ha sido golpeado por reclusos. Es preso político, Borge no le perdona que lo haya criticado y desafiado en un video.

De nada valió el “convenio de colaboración” firmado el 22 de mayo de 2013 por el gobernador y Raúl Plascencia Villanueva, el entonces presidente  de la CNDH, ceremonia en la que Borge se comprometió al irrestricto respeto de los derechos humanos.  (Ahora el titular es Luis Raúl González Pérez).

Por lo pronto, la CNDH dejó muy mal parado al sistema de procuración e impartición de justicia  y ratificó que en Quintana Roo  no existen los derechos humanos ni la libertad de expresión.

Y, desde luego, al gobernador se le cayó el teatro que dolosamente montó contra Canché para mantenerlo en prisión. Incluyó una campaña negra para tildarlo de “alborotador” y negar su condición de periodista. Para ello echó mano del ejército de comunicadores y medios locales  a los que tiene comprados, así como  a sus “trolles” como Lino Magos.

Ejemplos del menosprecio de Borge hacia la CNDH:

A.- En junio de 2013, la CNDH obtuvo el Protocolo de Estambul en el que demuestra que el ex policía municipal y ex escolta del gobernador, Héctor Casique Fernández, fue inculpado bajo tortura  de un multihomicidio por la Procuraduría de Justicia estatal. El documento (primero que se aplica en Quintana Roo) fue enviado a la CEDH… ¡y nadie le hizo caso!.

B.- En enero de 2014, la CNDH urgió a Borge que aplique medidas cautelares para resguardar al periodista Sergio Caballero, corresponsal de la revista Proceso, víctima de ataques cibernéticos. Demandó “que la autoridad investigue de manera amplia e imparcial hasta lograr el esclarecimiento de los hechos, deslinde responsabilidades y garantice que la agresión no quede impune”. Nadie fue castigado, pese a que concretamente se señaló a César Mortera, cabeza del Movimiento Nacional Cibernautas de Quintana Roo, que coordina los “trolles” y “boots”, al servicio del gobernador.

(En febrero pasado, esos mismos agresores en redes sociales  acusaron falsamente a la periodista Lydia Cacho de haber recibido dinero de políticos. Ocurrió  luego de que ella publicó  un artículo en el que culpa al gobernador  de la injusta detención de Canché. En su cuenta de Twitter, denunció que mediante ‘trolls’ el gobierno de Borge pretende desacreditarla).

C.- En septiembre de 2012, la CNDH dictaminó que las  cárceles de Quintana Roo (Cancún y el CERESO de Chetumal) están en el último lugar en algunos rubros como el de condiciones de gobernabilidad, con una calificación general de 5.44. Pero al señor  Borge le importó un pito. Los motines y otras irregularidades, son el pan de cada día.

D.- El 3 de abril de 2011, una semana antes de que Borge tomara posesión, la CNDH emitió una recomendación al entonces gobernador priista Félix González Canto para que investigara las irregularidades en el caso del cantante Kalimba, acusado de violar en Cancún a dos colegialas menores de edad en diciembre de 2010. Francisco Alor Quezada, procurador de Justicia,  “fue ineficiente”. Borge prometió darle seguimiento al caso. Pero ni él ni  Félix  atendieron el dictamen.

Así como ha desoído a la CNDH, el gobernador ignora los veredictos de jueces:

El 19 de septiembre de 2014, el Juez Cuarto de Distrito (federal), con sede en Cancún, otorgó una suspensión provisional a la periodista y editora de Luces del Siglo, Norma Madero Jiménez, contra actos del mandatario quintanarroense a quien acusa de ordenar la elaboración y distribución de ejemplares apócrifos de la revista  en el juicio de amparo 458/2014. ¡Pero la clonación  ha continuado!.

Antes, el 27 de agosto, el mismo Juez concedió  una primera suspensión de amparo a Luces del Siglo contra Lino Magos a quien le exige “se abstenga de difundir y circular” las portadas falsas  y que “cese la transmisión de mensajes difamatorios, denostativos o acusatorios” contra el medio. Lo anterior porque Magos, junto a César Mortera,  son los personajes que difunden más portadas apócrifas.

En la recomendación de  Derechos Humanos relativa a Pedro Canché, como en otras,  está involucrado principalmente  el procurador García Torres, quien a pesar de ser exhibido como torturador y violador de leyes permanece impune… y en su puesto.

La recomendación 13/2015 comprueba que es injusto (venganza personal del mandatario estatal) el encarcelamiento del comunicador maya, desde hace ocho y medio meses.

Es particularmente severo el texto: “por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal, cometidas en agravio del periodista Pedro Canché”.

La inexistencia de derechos humanos en Quintana Roo fue abordada por este periodista el 26 de enero de este año:

HÉCTOR CASIQUE, TORTURADO Y PRESO

Héctor Manuel Casique Fernández es un claro ejemplo de que en Quintana Roo la tortura y la fabricación de “culpables” son  práctica común. Tiene más de dos años injustamente preso en Cancún.

Fue arbitrariamente detenido el 16 de marzo de 2013; enseguida puesto a disposición de miembros de la Policía Judicial del estado (PJE), quienes lo incomunicaron y torturaron brutalmente durante 30 horas continuas.

El procurador García Torres, experto en fabricar “culpables” (igual en el caso Canché),  lo acusa del asesinato de siete personas ocurrido en el bar ‘La Sirenita’ de Cancún el 14 de marzo de ese año.

El proceso de Casique ha estado plagado de irregularidades; primero fue acusado de ser el autor material de los homicidios pero como la prueba de radisonato de rodio resultó negativa se le tildó de ser el autor intelectual.  También fue exhibido como jefe Zeta y posteriormente como miembro del Cártel del Golfo.

Los abogados del ex policía han demostrado la inocencia de su representado pero al gobernador Borge y a su procurador, eso no les importa.

La verdadera causa del encarcelamiento sería una venganza del corrupto capitán Arturo Olivares Mendiola, en aquel entonces director de la PJE y hoy jefe de la Policía Municipal de Cancún.

Unos meses antes de su arresto, Casique había negociado la compra de una plaza con Olivares Mendiola, a quien le adelantó 75 mil pesos de los 150 mil que le costaría la incorporación como primer comandante de la PJE.  Como el capitán no cumplió, Héctor lo amenazó con denunciarlo penalmente. A los pocos días lo aprehendieron.

Tal como lo hicieron contra el periodista Canché, los “trolles” y periodistas “maiceados” por Borge emprendieron una campaña de desprestigio contra Casique, a quien incluso le impusieron apodo: “El Diablo”.

Y resulta que Olivares Mendiola es súper amigo de Borge, quien lo impuso como jefe en Cancún sin respetar la autonomía municipal.

Esa es la “justicia”  en Quintana Roo…

URGENTE – Situación preocupante de Nestora Salgado García

Nestora Salgado

La Comandante Nestora Salgado García, quién se encuentra presa en el Penal de Alta Seguridad de Tepic, Nayarit bajo cargos inventados, está en huelga de hambre para protestar por los malos tratos que recibe en ese penal, así como la injusticia de la que es víctima. Una injusticia a la cual contribuye activamente Isabel Miranda de Wallace, en apoyo a dos de sus cómplices: su abogado Ricardo Martínez acusado de formar parte de una red de trata de mujeres, e Iñaki Blanco quién fungió como testigo de asistencia en algunas ocasiones para “validar” declaraciones autoincriminatorias obtenidas bajo tortura.

Cabe recordar que Nestora Salgado García, cuando era Coordinadora de la Policía Comunitaria del Municipio. de Olinalá, Gro, había destapado y combatía la red de trata en la que están inmiscuidos Ricardo Martínez e Iñaki Blanco, respectivamente ex Procurador y ex Subprocurador bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Nuestras fuentes nos informaron que el estado físico y mental de Nestora es sumamente precario, Y que posiblemente podría morir a consecuencias de la huelga.

No permitamos que siga la injusticia.

Inundemos las cuentas twitter de @Altoalsecuestro @MexicoSOS @PGR_MX CON mensajes de apoyo a Nestora.

Gracias a David Bertet de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad por la noticia

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Entrevista con Anabel Hernández en Contra Punto Radio

El descubrimiento de una segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto Wallace Miranda, tan oficial como la primera, da un vuelco al caso que se sigue por el presunto secuestro y homicidio de esta persona, cuyo cadáver sigue sin encontrarse. Ahora resulta que el desaparecido, quien de haber sido realmente asesinado habría hecho una llamada telefónica de ultratumba, tiene dos nombres, dos fechas de nacimiento, dos CURP y dos lugares donde vio la luz.

Una llamada telefónica de alguien que supuestamente estaba muerto. Una madre que afirma que su hijo ha sido asesinado. Un cadáver que no aparece. Una muestra de ADN que atribuyó a la víctima el sexo femenino. Y testimonios autoinculpatorios presuntamente obtenidos bajo tortura…

Esos habían sido, sobre todo, los factores implicados en el expediente judicial abierto por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda hasta que, nueve años después de que éste desapareció, en los últimos días el caso ha dado un vuelco debido a nueva información que pone en duda incluso su muerte.