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PREOCUPACIÓN FRENTE A LA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO Y DIFAMACIÓN CONTRA VÍCTIMAS Y DEFENSORES EN MÉXICO

Página internet de Wola, Washington Office for Latin America

Carta abierta conjunta al Presidente Enrique Peña Nieto

Excmo. Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,

De manera muy atenta, las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a usted para expresar nuestra profunda preocupación frente a la campaña de desprestigio que están viviendo integrantes de organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en México. Paralelamente, queremos manifestar nuestra inquietud aguda respecto a los actos de difamación y criminalización contra las víctimas de tortura y en particular las del caso conocido como los “4 civiles de Rosarito[1].

En relación con las víctimas del mencionado caso, el 8 de marzo de 2016, el Sr. Héctor de Mauleón, en una columna del periódico El Universal,  con el título “Secuestró, huyó y lo indemnizaron”, pone en duda su condición de víctimas y critica que se les haya indemnizado, reiterando su supuesta participación en múltiples homicidios, desapariciones, decapitaciones y secuestros[2]. Este hecho no constituye un caso aislado, ya que tenemos constancia de otros episodios de descalificación, particularmente en los meses posteriores a la decisión del Comité contra la Tortura[3].

El pasado 4 de marzo, en la estación 104.1 FM de Radio Fórmula, en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, la Sra. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación “Alto al Secuestro”, aludió al caso “4 civiles de Rosarito” para denunciar un “modus operandi” en virtud del cual, las organizaciones de derechos humanos defenderían a presuntos secuestradores, ya sentenciados, para ganar pleitos y pedir indemnizaciones cuantiosas[4]. La acusación, en particular, se dirigía al Sr. José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), quien trabajaría en una “red de corrupción que se sirve de la tortura para hacer dinero”, junto con otras organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el apoyo del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, el Sr. Juan E. Méndez. En la misma dirección, se han publicado otros artículos recientemente en los que directivos y ex–directivos de la CMDPDH son calificados como “mercenarios de los derechos humanos” o “defensores de delincuentes”[5].

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra solidaridad y respeto máximo hacia el trabajo del Sr. José Antonio Guevara, la CMDPDH, CEJIL y secundamos el pronunciamiento público que divulgó la CMDPDH, esclareciendo los señalamientos e informaciones difundidas en el citado programa de radio.

Tememos que la reiteración de declaraciones públicas tendientes a desprestigiar a las víctimas y al movimiento de derechos humanos, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y mecanismos internacionales, forme parte de una campaña de descrédito y criminalización en contra de estas, con el fin de deslegitimar su labor en defensa de los derechos humanos y poner en duda estándares internacionales de rango imperativo, como la prohibición absoluta de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Estas declaraciones tienen lugar en un contexto preocupante, por un lado, por la inacción gubernamental frente a dichos pronunciamientos y, por el otro, por la descalificación del trabajo de organismos internacionales de derechos humanos que llevan a cabo las autoridades mexicanas.

El 2 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el  informe “Situación de derechos humanos en México” resultado de su visita in loco en septiembre/octubre del 2015. El informe confirma la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México, con particular énfasis en las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. En un comunicado firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno mexicano desacreditó tanto la metodología como el diagnóstico del informe.

En el transcurso de la misma semana, el 29 de febrero de este año, el Sr. Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, cuestionó la rigurosidad y la objetividad del trabajo de los mecanismos de la ONU en la apertura del 31º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Cabe precisar que, en el año 2015, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura publicaron informes en los cuales se urgía a las autoridades mexicanas a tomar un amplio abanico de medidas para hacer frente a la grave situación de derechos humanos que enfrenta el país.

Igualmente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH con el fin proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero), ha sido el blanco de una ola de descalificaciones y señalamientos contra sus integrantes a medida que avanza el esclarecimiento de los hechos.

Señor Presidente, queremos recordar que en 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) fue notificada de casi 6 casos diarios de personas procesadas únicamente a nivel federal que denunciaban actos de tortura[6]. En el informe publicado recientemente por la CIDH se afirma que “la práctica de la tortura es alarmante en México”, destacando que “[e]l Estado mexicano informó que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal”. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió entre 2006 y 2015 más de 9.200 quejas por tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

A las organizaciones firmantes nos preocupa profundamente lo que parece un patrón de descalificación por parte de las autoridades, de cualquier informe o pronunciamiento  emanante de mecanismos internacionales que identifique la comisión de graves violaciones de derechos humanos en el país. Estas reacciones crean un terreno fértil para el señalamiento y estigmatización de víctimas y personas defensoras de derechos humanos por parte de actores privados.

En este marco, instamos al Gobierno de México:

– A tomar las medidas adecuadas para enfrentar la grave crisis de derechos humanos actual,observando e implementando las decisiones y recomendaciones de organismos expertos internacionales, de conformidad con las obligaciones internacionales contraidas por el Estado mexicano en virtud de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos. En el mismo contexto, sería altamente recomendable que, en el transcurso de este año, los Relatores Especiales de la ONU sobre la cuestión de la tortura y sobre la situación de los defensores de derechos humanos recibieran el visto bueno del Gobierno para realizar las visitas oficiales solicitadas.

– A garantizar, en particular en el caso de los ”4 civiles de Rosarito”, el pleno reconocimiento y legitimidad de las víctimas y tome las medidas necesarias para protegerlas de todo ataque o señalamiento que ponga en duda su inocencia y las exponga a la revictimización. Estas acciones se enmarcan en el deber que tienen las autoridades mexicanas de implementar cabalmente las medidas de reparación establecidas por el Comité contra la Tortura, entre las cuales se dictaminó la plena reparación, incluida una indemnización justa y adecuada y la rehabilitación de las víctimas.

– A reconocer públicamente la legitimidad y el valor de la labor que realizan la CMDPDH y en general las organizaciones de derechos humanos en favor de los derechos de las víctimas, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución. Sr. Presidente, las organizaciones que suscriben esta carta confiamos en su firme compromiso con los derechos humanos e instamos a su Gobierno a condenar de forma pública los actos de desacreditación y difamación descritos en este comunicado y cualquier otro acto que señale a las víctimas y a las personas defensoras de derechos humanos en México.

Estimado Sr. Presidente, agradeciéndole su atención a la presente, nos suscribimos de usted muy respetuosamente,

Las organizaciones que suscribimos la carta:

Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia)

Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights)

Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)

A la atención de:

Excmo. Sr. Presidente Enrique Peña Nieto

Con copia a:

Lic. Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores de México

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación

Mtra. Arely Gómez González, Procuradora General de la República


[1] El 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez, Rodrigo Ramírez, Orlando Santaolaya y Ramiro López fueron detenidos sin orden de aprehensión en Playas de Rosarito, estado de Baja California. Durante la aprehensión, el traslado y el arraigo en las instalaciones militares del 28º Batallón de Infantería, ubicadas en la ciudad de Tijuana, fueron sometidos repetidas veces a actos de tortura y malos tratos, incluyendo golpes, descargas eléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, extracción de uñas y amenazas de muerte con el fin de forzarlos a autoinculparse de los delitos de secuestro y posesión de armas. La CMDPDH, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la OMCT presentaron el caso ante el Comité contra la Tortura en 2012. El 4 de agosto de 2015, durante su 55º período de sesiones, el Comité contra la Tortura concluyó que el Estado mexicano había vulnerado los artículos 1º, 2º, 12, 13, 14, 15 y 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradante, y dictaminó que las víctimas debían ser liberadas y reparadas por los actos de tortura a los que fueron sujetos. La tortura y los malos tratos infligidos tuvieron como objetivo la extracción de declaraciones autoinculpatorias que posteriormente fueron usadas para sostener su culpabilidad y la privación de libertad en espera de juicio durante más de 6 años.

[2] Hemos sido informados de que el Sr. de Mauleón rectificó su posicionamiento en un artículo titulado “Sólo es posible saber que la tortura existió” de fecha 15 de marzo de 2016: http://goo.gl/WR5LuM.

[3] Ver, por ejemplo, noticias difundidas por TV Azteca Puebla el 10 de marzo de 2016:https://youtu.be/0PHs29DslTs; grabación radiofónica del Grupo Acir el 12 de marzo de 2016:https://goo.gl/jLq7X8.

[4] Al mismo tiempo, desde la cuenta twitter de la Sra. Wallace, circularon unas infografías estableciendo conexiones entre personas y organizaciones en un supuesto complot para apoyar a delincuentes. Entre las personas señaladas, figuran reconocidos defensores de derechos humanos en México, entre ellos Marieclaire Acosta, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Alejandra Nuño, Sergio Méndez Silva y Miguel Sarre.

[5] El 9 de marzo, El Universal publicó una columna del Sr. Héctor de Mauleón, titulada “Mercenarios de los derechos humanos”, en la cual se reiteran las supuestas pretensiones económicas de la CMDPDH, citando el caso Rosendo Radilla Pacheco y la emblemática sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el defensor torturado y desaparecido durante la “Guerra Sucia”.

[6] Comparecencia del Procurador Jesús Murillo Karam ante la Cámara de Diputados, 24 de septiembre de 2014; ver aquí, a partir del minuto 7:40.

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Sigue la campaña de desprestigio en contra de la ONU

Témoris Grecko, Facebook

Organizaciones internacionales han ejemplificado con @hdemauleon y @wallaceisabel la campaña contra organismos de derechos humanos que ayer, con las declaraciones del secretario Osorio Chong, confirmó que su objetivo inmediato es sacar al Grupo de Expertos de la CIDH del país. 

Ya antes expliqué aquí cómo, con títulos engañosos y ofensivos (“Mercenarios de los derechos humanos”), Héctor de Mauleón se sumaba a la ofensiva de mentiras de Isabel Miranda de Wallace para desacreditar a la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Una carta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (que agrupa a organizaciones civiles de decenas de países), la Organización Mundial contra la Tortura, WOLA y otros, denuncia la maniobra de Wallace, canalizada a través de articulistas como De Mauleón. 

Me parece, sin embargo, que olvidaron al activista más agresivo de esta ofensiva, que es José Antonio Ortega Sánchez, miembro muy destacado del Yunque, promotor de ataques contra todo lo que huela a progreso y cuñado de Jorge Serrano Limón.

La campaña está viva y en plena marcha. Un periódico que no lee nadie pero vive de gritar desde su portada mientras cuelga en los puestos, La Razón, publica varias primeras planas a la semana contra el GIEI. Constantemente se difunden informaciones parciales o abiertamente mentirosas contra los expertos, la CIDH y otras organizaciones. Se trata de minimizar el costo político de expulsar al GIEI.

La carta donde mencionan a De Mauleón y Wallace, pero no a Ortega Sánchez: http://www.wola.org/…/preocupacion_frente_a_la_campana_de_d…

Sobre el artículo “Mercenarios”: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153470167788017&set=pb.518893016.-2207520000.1459352728.&type=3&theater

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Mujeres que distraen

Cada día mas y más periodistas comentan nuestra queridíssima amiga Isabel Miranda de Wallace. Hoy encontramos este excelente articulo: Mujeres que distraen. Se lo compartimos.

Gracias Sr José García Sánchez por decir la verdad. Usted es un excelente periodista.

Marzo 20, 2016

 José García Sánchez
Ojala hubiera en México más mujeres como Néstora Salgado, conscientes de su entorno, responsables con el momento histórico que les tocó vivir, con un sentido innato de la justicia y con una ética envidiable. Pero México sería mejor todavía si no hubiera mujeres como Arely Gómez o Isabel Miranda de Wallace.
La comandante de la policía comunitaria de Guerrero, pugna, por la unidad de los pueblos y que éstos tengan voz. Le interesa transformar la realidad del lugar donde vive, a pesar de las condiciones adversas y de los enemigos de estas transformaciones, que fueron quienes la encarcelaron.
Hay quienes la única condición adversa que tienen en la vida son personas como Néstora Salgado, que lucha por la justicia, pero la justicia no es un problema que afecte o interese a quienes viven cómodamente en México, como es el caso de la procuradora Arely Gómez, o la comerciante anuncios espectaculares Isabel Miranda de Wallace.
Porque alguien debió ser culpable de que Néstora Salgado estuviera dos años en la cárcel injustamente, pero a esa persona nadie la va a tocar porque está del lado de los que no quieren que cambie nada. La descomposición del orden político en México se hace evidente en casos judiciales como éste, donde la encargada de hacer justicia actúa de manera injusta y, por si fuera poco no busca a los culpables de una acusación equivocada o mal intencionada. Tal y como lo hizo su antecesora Marisela Morales con los generales por órdenes de Felipe Calderón.
Si Néstora Salgado hubiera sido Humberto Moreira la realidad hubiera sido muy diferente, no hubiera pasado ni un día en la sombra, tal y como lo hicieron con el ex gobernador en España. Nadie cree en la inocencia de Humberto Moreira, pero Arely Gómez fue una de las primeras personas en hundir en la cárcel a Néstora Salgado, sin averiguación ni pruebas, con sus argumentos sobre la cercanía de Olinalá, lugar donde opera la policía comunitaria, y la actividad guerrillera del ERPI, grupo armado que ha dejado no sólo la zona sino el estado de Guerrero, precisamente gracias a la presencia de la policía comunitaria que encabeza Néstora Salgado, pero como la propia procuradora expresó que ella actúa por intuición, poco puede lograrse en materia de justica ante esta postura.
Otra delas mujeres que aseguraron que Néstora Salgado era culpable de asesinato y secuestro fue Isabel Miranda de Wallace, una empresaria que chantajea con su postura de madre víctima de los secuestros para hacer lo que le viene en gana con los espectaculares que maneja en la ciudad de México y el Estado de México, donde quita, tapa o desaparece los espectaculares de la competencia a su antojo, con la complacencia de los mandatarios de ambas entidades, a quienes tiene comiendo de su mano, precisamente porque si tratan de meter orden en materia de espectaculares, ella convoca a la prensa y dice que aumentaron los secuestros en la capital y esos son puntos menos para Mancera o Eruviel, quienes quieren un expediente limpio para competir por la Presidencia de la República.
El chantaje de Miranda de Wallace ha hecho que muchos cuestionen no sólo la veracidad del secuestro de su hijo sino que hay quienes aseguran que está vivo y que sólo fue una artimaña para que no fuera acusado de secuestro.
Hace unos días, defensores de derechos humanos refutaron las declaraciones de Wallace porque acusó a Juan Méndez, relator especial sobre tortura de la ONU, de no defender a las víctimas y de tener una red de complicidades. Lo mismo que hizo contra Néstora Salgado. Añadió Wallace que a Méndez se le olvidó que ella es una víctima indirecta del secuestro y asesinato de su hijo, ’y me parece que él está faltando a mi dignidad de persona, al insultarme y faltarme al respeto, por discrepar de algo que es a todas luces cierto’.
Las dudas sobre la veracidad de la versión de Wallace se multiplican y comienza a salir a la luz. Así, la arbitraria empresaria señaló que en su informe el funcionario de la ONU establece que no usó ninguna metodología para determinar si hubo tortura o no en nuestro país, siendo que sólo visitó cuatro estados, en los cuales no acudió a todas las cárceles, pero además no usó una metodología para determinar si los reos habían sido torturados o no.
Organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron su respaldo al relator de la ONU, donde indicaron que ’las aseveraciones gratuitas y ya escuchadas a lo largo de los años de la señora María Isabel Miranda de Wallace distraen la atención sobre la discusión esencial en México, un país con importantes e impostergables retos en materia de derechos humanos para todas las personas, especialmente para las víctimas’.
Agregaron que lo dicho por la señora Wallace ’denuestan el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento al trabajo serio, profesional, ético y metódico del actual relator especial Juan Méndez quien es un abogado y catedrático que luchó contra la dictadura argentina y que fue apresado por ello, ha sido director de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.
Cuando se le cuestiona a la Wallace sobre la veracidad de su condición de víctima, enloquece. Se hace la ofendida, amenaza, manotea, poco falta para que se desgarre las vestiduras. Esta mujer debe ser investigada sobre el caso de su hijo.
Como podemos ver hacen falta Néstoras y sobran arelys e isabelas.

 

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El viraje absurdo

La Crónica

por Denise Dresser

En derechos humanos, el gobierno mexicano y sus aliados en la sociedad civil perdieron la brújula. Están rebasados y reaccionan negando la realidad o descalificando a los críticos. 

El Estado se encajonó en una contradicción. Para sentirse parte de la modernidad universal aprobó leyes, asignó presupuestos y derrochó discursos. Llenó su organigrama de simuladores, burócratas y algunos funcionarios comprometidos con las víctimas que operan en condiciones bastante difíciles por las trabas burocráticas y las políticas erráticas.

Felipe Calderón ocultó el problema y dejó un panorama desolador. Enrique Peña Nieto empezó bien. Se comprometió a estar del “lado de las víctimas y de sus familiares”, y el 9 de enero de 2013 recibió en Los Pinos a un grupo representativo de afectados que llegaron con sus fotos, sus lágrimas y sus reclamos. El presidente sentó a su lado a Javier Sicilia y así nació una Ley General de Víctimas ahora desdibujada.

Ayotzinapa y otras barbaridades despedazaron el espíritu de aquel 9 de enero. Puestos a elegir entre víctimas u orden establecido optaron por el segundo; y Veracruz lo confirma cada día. Se multiplicaron las críticas del exterior mientras que los organismos civiles mexicanos y algunos medios de comunicación señalaban la crisis de los derechos humanos. En algún momento de 2015 el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus aliados civiles dieron un golpe de timón e intentan levantar una muralla similar a la que había en el México autoritario.

Hay indicadores. La Secretaría de Relaciones Exteriores descalificó a Juan Méndez, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, sustituyó al independiente Miguel Sarre con un embajador de carrera y lanzó señales de inconformidad con el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La actitud hacia el GIEI muestra el viraje. En junio de 2015 el presidente alabó el trabajo del GIEI y aceptó sus recomendaciones. Poco después empezó una guerra sucia contra el GIEI y en enero de 2016 la CIDH se vio obligada a salir a expresarle públicamente su “respaldo total, absoluto e incondicional”. Lo más revelador es que la CIDH solicitó al gobierno mexicano que salieran juntos a respaldar al GIEI y tuvieron como respuesta el silencio. 

Simultáneamente los organismos civiles que coinciden con la postura oficial se lanzaron a una crítica frontal y despiadada contra Juan Méndez, Emilio Álvarez Icaza y aquellos activistas relacionados permanentemente con la comunidad internacional. Se aprovecharon de la ausencia de un código de ética para los defensores civiles de derechos humanos. Los escasos documentos sobre este tema (la Declaración de Compromisos Éticos de los Profesionales de Derechos Humanos) sólo exhortan a actuar con “veracidad” e “imparcialidad”. Eso es lo que les ha faltado a Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega, entre otros. 

La señora Wallace afiló el machete adjetivador y acusó al experto de las Naciones Unidas, Juan Méndez, de “banal” e “ignorante” en el tema de la tortura y de auspiciar “una red de corrupción” en la que participaría, entre otros, José Antonio Guevara de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Afirmaciones sin sustento que buscan distraer o neutralizar a enemigos cuidadosamente seleccionados. 

José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal interpuso el 15 de marzo una demanda penal por fraude contra el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza. Según esta absurda acusación, él seleccionó para el GIEI a un grupo de ineptos que sólo vinieron a confundir. El GIEI presentó una versión errónea de los hechos en Ayotzinapa porque la buena es la de la Procuraduría General de la República; el GIEI ha “lincha[do] mediáticamente a los militares”; y el GIEI está integrado por “activistas extranjeros” que deben ser expulsados utilizando el Artículo 33 constitucional. 

La negación y las infantiles descalificaciones no sacarán al gobierno del foso de las contradicciones ni resolverán el vía crucis cotidiano de las víctimas de la violencia de criminales protegidos, en muchas ocasiones, por funcionarios. El Estado debe regresar a la consigna de los inicios peñanietistas: estar del “lado de las víctimas y de sus familiares”. Su viraje actual es absurdo, contraproducente y condenado al fracaso.

Colaboraron Maura Álvarez Roldán y Delia Sánchez del Ángel.

*- El autor es analista político e investigador de El Colegio de México.

 

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Respuesta a Diario La Razón sobre las mentiras de Isabel Miranda de Wallace

por Paty Barba, FEMCAI

25 de marzo 2016

Respuesta a articulo publicado en La Razón: Usan modelo Cassez para intentar liberar a plagiaria

Carta a “periodista” del Diario “La Razón” sobre las mentiras de Isabel Miranda [de Wallace o como se llame]

Sr. Jiménez,

Un ciudadano tan indignado como la que suscribe y muchos otros, me hizo llegar una nota de su autoría en la que sin más elementos que las delirantes afirmaciones y fabricaciones de la mente enferma de Isabel Miranda [de Wallace, Miranda Miranda o Miranda Torres], usted califica de secuestradores a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Cinthya Cantú y la francesa Florence Cassez, víctimas de ficciones infames como el “Caso Wallace” o de repugnantes montajes como el orquestado por Genaro García Luna, un auténtico hampón cobijado por Calderón Hinojosa junto con Isabel. No sé si recuerde usted el descrédito en que cayó Televisa por haber participado en tan escandaloso affaire.

Ignoro cuáles sean sus verdaderas motivaciones para afirmar lo que no le consta, haciendo gala de irresposabilidad e ignorancia imperdonables en un periodista, en el mejor de los casos, o de infamia y corrupción, en el peor.

Lo cierto es, Sr. Jiménez, que su especie constituye un auténtico oprobio de la que debería ser una noble labor informativa. No me puedo imaginar qué haría usted si a alguno de sus hijos –si es que los tiene– o a cualquier otro familiar, utilizando elementos corrompidos de la SEIDO/PGR, alguien de la calaña de Isabel Miranda Como se Llame, lo mandara secuestrar, encarcelar, torturar y difamar por delitos que jamás ocurrieron y que sólo existieron en la mente sociópata de esta “activista”. ¿Se conformaría usted con los dichos de una mujer así, sin que exista evidencia sólida que los soporte? ¿No sería una obligación moral y ética el comprobar si efectivamente, las invenciones de una persona enferma de codicia y maldad, están apoyadas en hechos irrefutables? Y si el horror de verse privado de la libertad, injuriado y torturado para auto-incriminarse, le ocurriera a usted, no querría que sus colegas y demás lectores, radioescuchas y televidentes se cercioraran de su veracidad, antes de creer narrativas tan absurdas y ridículas como la infame historieta de ficción conocida como “Caso Wallace” o el igualmente inicuo montaje de García Luna sobre la inexistente banda “Los Zodiaco”?

Isabel Miranda no sólo es altamente corrompida e inmoral, sino que también exhibe un elevado grado de ignorancia y estupidez, al solicitar al profundamente desacreditado gobierno mexicano que ejerza controles sobre una asociación extranjera, como es el caso de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, cuya encomiable labor en apoyo a víctimas de encarcelamiento y tortura bajo cargos fabricados, debería ser emulada y fomentada en beneficio de los cientos de inocentes que padecen en los terroríficos penales de nuestro pobre país.

Finalmente, ¿tanto desprecio siente usted no sólo por la verdad sino por usted mismo y, peor aún, por la vida humana, que con tanto entusiasmo y facilidad cree usted cualquier ficción, por ridícula, fantasiosa e inverosímil que parezca?

¡Qué triste y terrible que así sea!

Con el respeto que me merece, le recomiendo consultar las impecables investigaciones de verdaderas periodistas como Anabel Hernández, Guadalupe Lizárraga y Emmanuelle Steels, si existe todavía en su conciencia algún rastro de ética y pundonor.

Para ser un buen periodista, hay que ser una buena persona; las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Ryszard Kapuscinski

Patricia Barba Avila

Miembro Fundador del FEMCAI

Titular del Programa “Desde la raíz”

Colaboradora de Resumen Latinoamericano y Red Contacto Sur – Patria Grande

http://femcai.org

Twitter: @PatySeti2014 Facebook: Patricia Barba/Comunicación Ciudadana

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Miranda de Wallace al ataque…

Gracias a Miranda de Wallace para hacer publicidad a todos los que luchan para un México Mejor, para una justicia que deje de fabricar culpables utilizando la tortura.

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Miranda de Wallace ataca a Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad

Miranda de Wallace se está volviendo loca. Es tal su estado de desesperación que después de acusar al GIEI, a la ONU, a varias ONGs defensoras de derechos humanos, ahora ataca, junto con su compadre José Antonio Ortega Sanchez del Yunque a Alvarez Icaza y a nuestros compañeros de AC-DV (Asociación Canadiense para el Derecho y la verdad).

Miranda de Wallace, también muy ardida por la liberación de Nestora está tratando de tapar todos los casos de culpables fabricados y de tortura cometidos por sus amigos policías, federales y MPs.

Acusa a la asociación canadiense de haber defendido a Florence Cassez, de defender a dos acusados en el caso de su hijo, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, y ahora los acusa de defender a Cynthia Cantú Muñoz, acusada de secuestro. Para llevar a cabo este ataque, utiliza a sus amigos de La Razón, mas precisamente a Carlos Jimenez (carlos.jimenez@razon.com.mx).

Miranda de Wallace está tratando de impedir liberación de Brenda Quevedo y Jacobo Tagle. Si salen libres Brenda y Jacobo, los demás inculpados saldrán libres tambiénCuando Brenda solicitó que se le practicara el Protocolo de Estambul, Miranda de Wallace, quién se pronuncia en contra de la tortura, metió 4 amparos para impedir el Protocolo de Estambul a Brenda.

Miranda de Wallace dejó entender que varias ONGs se van a quejar de ella con “papá  gobierno”. Afirma que el gobierno no la podrá callar a ella.

El fin de Miranda de Wallace está por llegar. La señora se va a volver todavía más loca, tan loca que la van a tener que encerrar en algún manicomio. Les podemos asegurar que falta poco, muy poco para que la encierren a ella.

Muy pronto, la asociación Canadiense (ac-dv.org) le contestará a Miranda de Wallace la desesperada que nos está haciendo publicidad y que al final va a lograr que mas personas se interesen en los casos que AC-DV y México por Florence Cassez defendemos.

Usan modelo Cassez para intentar liberar a plagiaria

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La Razón 24 de marzo de 2016

La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), la misma que defendió a la secuestradora Florence Cassez; y que defiende a dos de los captores y homicidas de Hugo Alberto Wallace, ahora busca que quede en libertad una mujer detenida hace cuatro años en flagrancia junto con una banda de plagiarios en el Estado de México.

Aunque un juez penal consideró que había elementos suficientes para mantener presa y bajo proceso a esta mujer identificada como Arely Cinthya Cantú Muñoz, y un médico legista consideró que no presentaba lesiones al ser capturada, según la ACDV, fue violentada en sus derechos fundamentales por lo cual ahora acusa al gobierno mexiquense de “fabricar” el caso con “actos de tortura”.

Según el expediente, la mujer fue detenida en 2012, por agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada en Secuestros, junto con otros integrantes de la banda de plagiarios, mientras mantenía cautiva a su víctima.

La detención se efectuó en el momento en que realizaban el cobro del rescate por el plagio de un hombre quien fue privado de su libertad en Ixtapaluca. Como rescate, la banda a la que pertenecía Cantú Muñoz, exigió un pago de 200 mil pesos.

El hombre fue liberado por los agentes, poco después de que capturaron a los plagiarios, según se detalla en la carpeta de investigación 302070840567612 de noviembre de 2012.

Aún con ello, al igual que lo hizo en su momento con la francesa Florence Cassez, y lo hace con Jacobo Tagle Dobín y Brenda Quevedo Cruz, la ACDV ahora pide a las autoridades mexiquenses “no seguir”, según ellos, “violentando los derechos fundamentales de las víctimas en el presente caso”.

Ante esos hechos reiterados, la presidenta de la Organización Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, reprochó que esa Asociación se dedique a defender a personas acusadas de secuestro y no a las víctimas de este delito, considerado como uno de los más graves.

“Llama mucho la atención que este tipo de asociaciones sólo defienden a secuestradores y delincuentes. ¿Por qué no buscar defender a víctimas del delito, sino sólo a delincuentes?”, cuestionó.

La activista calificó a la ACDV como una organización poco seria, con poca calidad jurídica y humana y llamó al Gobierno federal a “regular este tipo de organizaciones para que transparenten sus recursos.

En su portal de Internet la Asociación Canadiense colocó fotos de las personas a las que defiende, entre ellas aparecen Jacobo Tagle Dobín, quien confesó detalles sobre el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, también Brenda Quevedo, quien tenía en su computadora fotografías de Hugo Alberto y la carta que escribió para pedir un rescate.

 

 

 

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