La Impresentable señora Wallace

Todo deja pensar que el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda nunca sucedió, que a la señora Wallace la hicieron pasar por una víctima de la delincuencia organizada, dandole poderes como el de comandanta de la SSP, dandole el poder de torturar a sus víctimas, para asi legitimizarla como activista.

Martín Moreno escribió un libro – que parece mas bien diarrea verbal – sobre el – falso –  secuestro de Hugo; ella metió a su amiga Marisela Morales a la PGR y a su compadre Raúl Plascencia a la CNDH para protegerla. Su primo Felipe Calderón Hinojosa y su compadre Raúl Plascencia le otorgaron en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos, legitimizandola aún más.

Eso le permitió presentarse como candidata del PAN para el DF en el 2012. Le permitió también recibir jugosos contratos para Showcase y mucho dinero del erario para su Asociación Alto al Secuestro. Su amiga Maria Elena Morera recibió en el 2009, 4 millones de pesos por parte de la SSP de Genaro García Luna y eso que nunca sale en la televisión para defender al gobierno. Como que es una activista de segunda como Alejandro Marti. ¿Cuánto le pagara el gobierno mexicano a María Isabel Miranda Torres – con dinero del erario – para engañarnos ? ¿Cuantos millones de pesos recibira mensualmente por su papel de negacionista de la verdad, de defensora de lo indefendible?

Mx por FC

Desinformemonos

Karla Micheel

22 marzo 2016

En las semanas recientes en diversos medios de comunicación han consignado las declaraciones de Maria Isabel Miranda Torres, mejor conocida como la señora Wallace, sobre una supuesta red de corrupción internacional en la que intervienen personas defensoras de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.

Según la señora Wallace como se hace llamar,  las personas defensoras de derechos humanos han “fabricado” casos de tortura, defendido “delincuentes confesos” y han orquestado toda una campaña internacional para contradecir la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, según ella, todo con el fútil objetivo de obtener jugosos ingresos económicos.

Más allá de su palabra y suposiciones, la señora Wallace no tiene pruebas de sus dichos, simplemente porque esas pruebas no existen.  Esta campaña de desprestigio que ha montado en contra reconocidos defensores y defensoras de derechos humanos, lo ha hecho apropiándose  de la voz de las víctimas, así en abstracto, y construyendo una ficticia defensa de los derechos humanos.

Estas declaraciones no se dan en el vacío, se presentan en un contexto donde las autoridades del Estado mexicano han mostrado una particular resistencia ante el escrutinio internacional y donde ha habido un deterioro crítico de la situación de derechos humanos en nuestro país.

Cuando se contrasta por un lado, la actitud negacionista de las autoridades mexicanas y por otro la virulencia en las declaraciones de la señora Wallace, al referirse a las personas defensoras  y a las instituciones de protección de los derechos humanos, es fácil encontrar similitudes en el discurso, que incluso podrían llevar a sospechar que no se trata de una mera coincidencia.

Pareciera que en esta relación Wallace-Gobierno,  la primera sirve de vocera de un discurso que el segundo, no puede decir directa y abiertamente.  De actualizarse esta suposición, me surgen algunas interrogantes sobre la actitud de Wallace: cuando ésta dice hablar en defensa de las víctimas, ¿se referirá a las autoridades mexicanas que se consideran víctimas del escrutinio en derechos humanos? y ¿a cambio de qué habría asumido esta vocería virulenta y violenta?

Esta presunta relación Wallace-Gobierno, también me recuerda a la que tuvieron en Perú, Laura Bozzo y el gobierno de terror de Alberto Fujimori, donde ésta elogiaba al segundo, cuestionaba a la oposición y al “terrorismo” que combatía el régimen y hacía uso de su imagen para manipular a la opinión pública.

Así también podemos comparar la actitud que ha tenido el gobierno mexicano de cuestionar lo documentado por los organismo internacionales y su insistencia en negar la grave situación de violencia en nuestro país, como la que en su momento tuvo  el gobierno de Alberto Fujimori ante los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Perú como ahora en México, se atacaba y denostaba a las personas defensoras y a las instituciones que evidenciaban las violaciones a los derechos humanos.

Recientemente, el relator de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos,  Michel Forst señaló a México como “uno de los países más represivos contra los defensores de los derechos humanos”. Este señalamiento no es gratuito, considerando que a las campañas de desprestigio -como las que sufren en este momento algunos y algunas colegas- se suman otros tipo de ataques de los que son víctimas, ya sea por parte de agentes estatales o de particulares.

La historia ha demostrado que negar las violaciones y el ocupar vocerías virulentas, no contribuyen a mejor la imagen del gobierno sino que con ellas se ahonda en la falta de credibilidad y confianza en el gobierno mismo. Ojalá que el gobierno mexicano no replique este modelo, pues a todas luces fracasará.

Finamente, como reflexión general, cuando personajes impresentables utilizan el discurso de los derechos humanos  para hacer una defensa del gobierno, parafraseando a Mario Benedetti: quizá sea momento de hablar de los izquierdos humanos.

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