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Excluir prueba obtenida bajo tortura, un avance: ONU-DH

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) aplaudió la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en México, y señaló que un aspecto central para su efectividad “radica en la exclusión de la prueba obtenida bajo tortura”.

Luego de hacer un llamado a las autoridades para que se garantice su rápida consolidación y correcta implementación en todo el país, destacó que la reforma “supone un gran avance en el respeto a los principios del debido proceso y una oportunidad histórica para erradicar la tortura y proteger los derechos de las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos”.

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, reconoció el esfuerzo realizado por las distintas instancias involucradas en la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal que, apuntó, debe conducir a la protección efectiva del derecho a la integridad de todas las personas y al combate decidido de la tortura.

La exclusión de este tipo de pruebas es un acto de justicia para las víctimas de tortura, una forma de evitar que quienes cometieron el delito que se persigue no evadan el castigo y, sobre todo, que las personas que han sido lesionadas por el delito que se investiga reciban una justicia verdadera y no simulada”, subrayó en un comunicado Jan Jarab, representante en México de ONU-DH.

El organismo enfatizó la importancia de la implementación de esa regla por parte de las autoridades, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, así como de una investigación rigurosa de todos los actos de tortura y la sanción a los responsables.

Para la ONU-DH, el éxito del nuevo sistema de justicia penal dependerá, entre otros factores, de que se superen las limitaciones de los servicios periciales y forenses en el país. La documentación de la tortura y otros malos tratos, y la consiguiente salvaguarda de los derechos de las víctimas, requiere de la intervención de peritos profesionales, independientes e imparciales, apuntó.

En ese sentido, alentó nuevamente a las autoridades a crear una institución nacional autónoma de servicios periciales y forenses, y recordó que los esfuerzos legislativos contra la tortura deben complementarse con la aprobación de Ley General en la materia cuya adopción y sobre todo efectiva implementación “ha sido reclamada por las víctimas, actores de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos.

De manera especial, la ONU-DH reiteró “su plena solidaridad con las personas sobrevivientes de tortura” y manifestó su reconocimiento a todos aquellos que defienden sus derechos, particularmente desde el ámbito civil y judicial “y que en los últimos meses han sido objeto de actos reprobables de denostación”.

Por último, llamó a la sociedad mexicana a sensibilizarse ante el sufrimiento humano que implica la tortura y apoyar a quienes trabajan para su eliminación.

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Mi primera tortura en la cárcel: Brenda Quevedo Cruz

Guadalupe Lizárraga

Los Angeles Press

Testimonio

Primera Parte

Mi nombre es Brenda Quevedo Cruz, tengo 36 años y me encuentro actualmente recluida en un penal de alta seguridad en México desde hace ocho años.

El 26 de septiembre de 2009 fue autorizada mi extradición a México, ya que yo me encontraba en Estados Unidos, en Chicago, internada en un Centro Correccional acusada por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Después de mi extradición, fui encarcelada en el Centro de Readaptación de Santiaguito en Almoloya, Estado de México. El día 27 de noviembre aproximadamente a las 7 de la tarde, una custodia de nombre María Luisa Capula Capula me llamó para decirme que el director “me estaba pidiendo y que tenía que subir”. Cuando llegamos a la explanada, estaban otras personas de Vigilancia y le comentaron a la custodia que yo tenía una audiencia. Yo les dije que no era posible, porque mi caso era del Distrito Federal y todo lo recibía por exhorto. La verdad, a mí no me daban confianza y yo quería que me regresaran a mi celda. Pregunté a la custodia si había forma de negarme, y ella me dijo que no me preocupara, que se iba a quedar conmigo.

Me metieron a una supuesta sala de audiencias orales para casos federales en la cual no había cámaras. Algo que me pareció extraño porque en todo el penal las había. Cuando llegamos a la entrada de la sala vi a tres hombres de espaldas volteadas hacía la pared. Y como si alguien les hubiera dado una señal, se pusieron los pasamontañas al mismo tiempo y se dirigieron hacia mí. Yo le grité a la custodia que me tenía del brazo: ¡Por favor, no me deje! ¡No me deje! Pero me metieron a la fuerza. Les pedí que por favor me dijeran de qué se trataba todo eso. No recibí respuesta. La custodia se quedó afuera y ellos cerraron la puerta. Al momento de cerrarla, me contestaron con brusquedad que las preguntas las hacían ellos, y me jalaron del brazo. Asustada, yo empecé a gritar más fuerte que de qué se trataba todo eso. Pero ellos me taparon la boca.

Los tres usaban guantes y vestían de traje. Uno de ellos me agarró y me esposó. Otro me puso una venda en los ojos. Yo intenté gritar pero tenía la boca tapada con la mano de uno de ellos y entonces también me tapó la nariz. Después me dijo:

–Si sigues gritando, vas a ver cómo te va ir aquí. Ya sabes por parte de quién venimos hija de tu pinche madre!

Yo empecé a llorar, y respondí.

Sí, de la señora Isabel Miranda de Wallace.

Ahora, sí vas a sentir lo que sintió Hugo el día que lo secuestraron.

Después me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y me empezaron a asfixiar, me tiraron al piso y me empezaron a patear en el estómago y a golpear en la cabeza. Cuando me quitaron la bolsa de plástico, me dijeron que tenía sólo de dos: o decirles lo que querían o que esto siguiera cada vez peor, que al fin como ya habían visto, todos estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, desde el director hasta los de Vigilancia, y que ni intentara gritar porque nadie me iba a ayudar.

Pregunté qué querían que les dijera. Ellos traían un maletín de dónde sacaron las esposas, unas vendas, unas jeringas, una grabadora, unos papeles, una pluma y una máquina plateada que yo asumo era la de toques eléctricos. De esa maleta utilizaron la grabadora, la encendieron y me quitaron las vendas de los ojos. Mientras me ponían la grabadora cerca de mi boca me jalaban hacia atrás del cabello. Uno de ellos me dijo:

–Ya me cansé de tus mamadas y si al destaparte la boca dices una pendejada te va a ir cada vez peor. –Entonces me preguntó– a ver, ahora sí nos vas a decir: ¿En dónde está el cuerpo de Hugo? Nos vas a dar una dirección y te vamos a sacar del penal. Si no es ahí, si nos das algo falso, te vamos a torturar hasta que te dejemos irreconocible y vamos a ir con cada uno de tu familia. Te los vamos a tirar uno por uno hasta que nos digas lo que queremos. ¿Tu hermano está en Canadá, no? Entonces ni le juegues al valiente, y ahora sí dime…

En eso me destaparon la boca y les pregunté de nuevo:

–Por favor díganme qué quieren que les diga, si yo no tengo información, ¿qué quieren? Yo no puedo inventar nada, por favor, créanme.

Empecé a llorar y me volvieron a pegar y a tapar la boca.

–Te dije que no le hicieras al valiente, porque te iba a ir peor, y nos vamos a quedar aquí toda la noche y te vamos a sacar del penal hasta que nos pidas parito.

– Si quieren mátenme, pero no puedo decir algo que no sé.

Me siguieron pegando, y me empezaron a tocar mis genitales y los senos. Después, sacaron una jeringa que tenía un líquido rojo.

–Es sangre infectada de Sida –me dijeron– y si no nos dices que tú eres la responsable del secuestro de Hugo Alberto, al igual que los demás (en referencia a los demás incriminados) te la vamos a inyectar y te vas a morir a la chingada, y lentamente.

–Todo eso te lo vamos a hacer cada mes –me dijo otro de los hombres– hasta que te saquemos lo que queremos, que firmes la confesión de que tú fuiste responsable del secuestro de Hugo.

Así siguieron durante casi una hora, me ponían la bolsa de plástico en la cabeza y me la quitaban cuando estaba a punto de asfixiarme, tomaba aire y volvían a ponérmela. Me golpeaban en el estómago, en las piernas, en la cabeza con la mano abierta y me ponían la pluma en la mano para que firmara unas hojas en blanco. En eso tocaron la puerta. Uno de los encapuchados la abrió. Eran los de Vigilancia y salió a hablar con ellos. Un par de minutos estuvo de regreso y les dijo a los demás algo en voz muy baja que no alcancé a escuchar. Se apuraron a ponerme la bolsa de plástico de nuevo y me taparon también la boca aparte con la mano y me jalaron el cabello para tirarme hasta el suelo. Me dijeron:

–Ahora sí valió madres, si no dices nada te vamos a sacar del penal.

En eso volvieron a tocar la puerta. Los tres hombres empezaron a hablar entre sí en voz muy baja, y pusieron todas las cosas en el maletín, abrieron la puerta y alcancé a ver a muchas personas de Vigilancia. Ellos se salieron, y yo empecé a gritar porque creí que me iban a sacar del penal. Cuando entraron las personas de Vigilancia, no pude más con mis nervios, entré en un shock, y empecé a llorar desesperadamente. Las personas de Vigilancia me preguntaron que qué había pasado, pero yo no podía responder, sólo podía llorar a gritos. Una de las custodias entró con un celular y me tomó fotos. Cuando pude reaccionar un poco y les pregunté:

–¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué los dejaron pasar?

–Nosotras no sabíamos nada, sólo que había una orden desde hasta arriba y fue el director el que dio la orden.

En ese momento entró el jefe de turno, Jorge Mercado, y me dijo:

–No sabíamos nada, en verdad…

–¡No es cierto! ¡No es cierto! –Les grité–. Los custodios vieron a los encapuchados y no hicieron nada!

El jefe de turno llamó a un médico que minutos más tarde llegó y me revisó. Certificó todos los golpes. Después estuve esperando dos horas con los de Vigilancia, porque según había dicho el director del penal que quería hablar conmigo. Pero se pasaron las dos horas y nunca lo hizo. Entonces los de Vigilancia me bajaron a mi dormitorio. Yo pedí la llamada a mi abogada, pero me la negaron. Pero cuando ya después que me regresaron al dormitorio, pude llamar a mi madre.

Quiero exponer el miedo y la impotencia que siento al haber sido torturada, ultrajada y humillada para conseguir una confesión de algo que yo no soy responsable. Temo por mi seguridad, por mi integridad y la de mi familia. Por favor, pido ayuda, que esto lo sepa toda la sociedad, no es justo que las autoridades se presten al juego de esta señora, que no hagan las investigaciones legales y solo practiquen la tortura como medio para conseguir la confesión que ella quiere. Señalo como responsable de mi tortura a la señora Isabel Miranda de Wallace y al Director del Penal como responsable de haber dejado entrar a los torturadores.

Campaña #TorturaNuncaMás #NiUnPresuntoCulpableMás

Liga Mexicana de la Defensa de Derechos Humanos@limeddh/email: presidencia.limeddh@gmail.com

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La SCJN pide sentencias impecablemente fundadas

 :: La Razón :: 27 de junio de 2016

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, garantizó que el Poder Judicial de la Federación dará respuesta a los mexicanos en defensa de los derechos humanos de las víctimas y de quienes intervienen en los juicios. Esto luego de las críticas de asociaciones civiles que denunciaron que no se protegen los derechos de los afectados.

Al reunirse con los coordinadores de los jueces federales del país, el ministro sostuvo que la legitimación del Poder Judicial “pasa necesariamente por sentencias impecablemente fundamentadas”, pero, sobre todo, por “la pronta impartición de justicia y por una conducta independiente e intachable”.

Durante la reunión que tuvo como objetivo exponerles su programa de trabajo, luego de ser nombrado el pasado 2 de enero como presidente de la SCJN, garantizó que este poder “dará la respuesta que los mexicanos demandan: defensa de los derechos humanos, de las víctimas y de quienes intervienen en los juicios; sentencias de calidad, expedites, profesionalismo y transparencia en su actuar”.

Además subrayó que la justicia está comprometida con la máxima protección a las víctimas de delitos o actos de la autoridad.

De las decisiones que ustedes toman a diario dependen la libertad de personas, la reintegración de un patrimonio, el dar a cada quien lo que en derecho le corresponde”, dijo Aguilar a los juzgadores federales del país.

El ministro presidente de la SCJN conminó a los jueces a hacer de la justicia el medio por el cual se materialicen la justicia social y el respeto irrestricto de los derechos humanos y remarcó que el Poder Judicial de la Federación debe estar fortalecido y consciente de hay un clamor por una justicia pronta en la sociedad mexicana.

“Ésta es la hora del Poder Judicial de la Federación. Todos los actores sociales y políticos buscan sus tribunales, sus juzgados y a los jueces constitucionales, para encontrar soluciones”, indicó.

El mensaje del ministro de la Corte se da dos días después de que la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y el presidente de México SOS, Alejandro Martí, criticaron al Poder Judicial al afirmar que no se protegen los derechos de las víctimas.

“Señores jueces: les pedimos que antes de emitir una libertad piensen en la víctima; si realmente conviene que se quede con las manos vacías. Basta de tener una justicia tuerta, que únicamente vea para un lado, para el lado de los imputados”, señaló Miranda de Wallace durante el Foro Nacional de Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso Penal, el pasado martes.

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Tortura y fabricación de delitos, políticas de Estado en México: Limeddh

Por Guadalupe Lizárraga

Los Angeles Press

CIUDAD DE MÉXICO.- “Somos categóricos y enfáticos en sostener que en México la tortura se practica como una política de Estado”, señaló Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), en torno a la organización del acto cultural del 27 de junio (11 horas) que se realizará frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República por el Día Internacional en favor de las Víctimas de Tortura.

En un documento de campaña conjuntamente con la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las Víctimas de la Prisión Política que comprende países en todo el continente americano, el activista destacó los esfuerzos por la libertad de los presos políticos y contra todas las formas de la violencia estatal que están realizando las diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos que se han integrado a esta campaña.

Respecto a México, puntualizó Ramírez López que “el gobierno mexicano ha promovido o tolerado en mayor o menor grado, ya sea por acción u omisión, de manera directa o a través de terceros, que se cometan delitos de lesa humanidad” y enumeró entre estos delitos la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones sexuales, feminicidios, trata de personas, explotación sexual y laboral infantil, ataques a los migrantes, detenciones arbitrarias e ilegales, retenciones arbitrarias, fabricación de delitos e inducción-coacción de testigos, todos éstos “delitos que prevalecen por la total impunidad de quienes los cometen”.

En el documento también señaló que México vive una economía de guerra impuesta, en la que “se nos despoja de nuestros derechos y se fortalece un esquema represivo”. Subrayó que esta economía no permite ni provee seguridad ni justicia y sólo deja las grandes ganancias de la guerra para los grupos del poder. “Miles y miles de víctimas, millones y millones de pesos tirados a la basura en el combate a una delincuencia que el propio Estado organizó”, acentuó.

La destrucción de las vidas en las cárceles

El Reporte final del Informe Prison Insider 2015, presentado por el presidente de Limeddh, una radiografía sobre las cárceles mexicanas, destaca que hasta el 2015 el número de personas detenidas había ascendido a 260 mil, de las cuales 117 mil eran preventivos y 143 mil condenados. De esa población resguardada en un total de 423 centros penitenciarios, 12 mil 300 son mujeres y 3761 son menores de edad.

De 2010 a 2013, hubo un total de 568 fallecimientos dentro de los penales, 507 se debieron a homicidios dolosos, y 58 suicidios. En este sentido, Ramírez López comentó que “existe gran hermetismo de las autoridades penitenciarias para dar a conocer las estadísticas, sólo se conocen casos de muertes en motines o aquellos muy relevantes”.

Mencionó el caso de David Orozco Hernández, vendedor de ropa en un tianguis, quien fue recluido después de ser torturado e incriminado por secuestro en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic, Nayarit, después de que en mayo de 2009, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), dirigida entonces por Genaro García Luna, presentara un video a los medios en el que David se inculpaba de secuestro e incriminaba a la francesa Florence Cassez.

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David Orozco, torturado en caso Cassez-Vallarta

Ramírez López señaló que David Orozco “fue sentenciado a 60 años de cárcel, sin embargo, murió el 5 de enero del 2015, estando preso, a causa de secuelas dejadas por la tortura infligida. Y aún ya desahuciado no permitieron que muriera fuera de prisión”.

Otro de los dramáticos casos es el de Brenda Quevedo Cruz, quien fue acusada y encarcelada por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, inventado por su madre Isabel Miranda Torres, el 11 de julio de 2005. Miranda acusó a Brenda y a otros cinco jóvenes con enormes mamparas en la vía pública, violando la presunción de inocencia y utilizando sus influencias políticas mandó torturar a todos los inculpados dentro de las cárceles. Brenda fue torturada dentro de dos penales, en el penal de Santiaguito, y en el de Islas Marías, a donde fue llevada ilegalmente porque ella aún no ha sido sentenciada. Su proceso sigue abierto y lleva ocho años en prisión.

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Brenda Quevedo Cruz, torturada en caso Wallace

El activista Adrián Ramírez también ha tomado el caso de Brenda Quevedo para su defensa y ha sido contundente en el diagnóstico de México en materia de derechos humanos: “Vivimos la peor crisis de derechos humanos en la historia de nuestro país, y desde 2006 a la fecha con motivo de la declarada guerra contra la delincuencia organizada, el número de ejecuciones extrajudiciales ronda los 200 mil”, concluyó en el reporte que “la gran mayoría de estos casos son atribuidos a la impunidad con la que actúan los grupos paramilitares, las fuerzas armadas y policiales, a nivel federal, estatal y municipal, y no existen datos estadísticos confiables”.

Entre las organizaciones que integran la Coordinadora en contra de la tortura y la prisión política se encuentra la Alianza por la Justicia Global de los EE.UU, Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, Fundación Lazos de Dignidad de Colombia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de la Escuela de las Américas.

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Crímenes de lesa humanidad en México y su impunidad

Nadie pude negar que en México se cometen atrocidades. En muchas ocasiones con la autorización, apoyo, aquiescencia o complicidad de funcionarios públicos. Así lo muestra el informe de la organización internacional Open Society Justice Iniciative: Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, que como su nombre lo indica, aborda la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país tanto por funcionarios de los distintos niveles de gobierno como por organizaciones criminales.

Reconocer que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad implica asumir que los casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales (asesinato por servidores públicos en ejercicio indebido de sus funciones o por motivo de estos), que se han cometido en el contexto de la política vigente de seguridad no son casos aislados. Por el contrario, se trata de una acumulación no accidental de actos que se repiten con metodologías similares y por autoridades similares con recursos públicos.

Además de presentar patrones similares en su ejecución, gozan del respaldo de instituciones al negar los hechos, modificar las escenas de los crímenes, así como por la omisión en la investigación de los delitos.

Informe Atrocidades Innegables de Open Society Foundations

¿Quién en su sano juicio puede decir que más de 4,000 denuncias por tortura ante la Procuraduría General de la República entre 2007 y 2014 son aislados? 79 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por casos de tortura en el mismo periodo donde en 44 señala a la Secretaría de Defensa Nacional como responsable, 16 a la Secretaría de Marina, 14 a la Secretaría de Seguridad Pública y 6 a PGR no pueden ser aislados.

¿Quién puede decir que más de 70 mil asesinatos y que 60 recomendaciones que involucran a 161 víctimas de ejecuciones extrajudiciales son casos aislados? ¿Quién puede decir que 28 mil desapariciones y 11 recomendaciones que implican a 54 víctimas son casos aislados?

La definición más simple de aislado es que es único, es excepcional, que se presenta o se produce separado en el tiempo y el espacio. El informe prueba que los casos documentados por las organizaciones, mecanismos internacionales de derechos humanos y la propia CNDH no pueden ser considerados como casos asilados, sino como actos que forman parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil, sean integrantes de la delincuencia organizada a quien prefieren matar que poner a disposición de autoridades, o a quienes torturan para obtener información o castigarlos extrajudicialmente; personas a quienes atribuyen dolosamente a la delincuencia organizada o ‘falsos positivos’, así como personas que fueron víctimas del uso ilegítimo o imprudencial de la fuerza, a quienes se les ha llamado ‘daños colaterales’.

Para calificar esa acumulación de actos como crímenes de lesa humanidad se debe probar, y el informe lo hace, que los mismos forman parte de una política o plan del Estado. En el caso mexicano, la política de combate a la delincuencia organizada promueve el uso de medios legítimos, así como ilegítimos o ilegales. Movilizando recursos públicos, incluido un gran despliegue militar para implementar la política de seguridad, omitir legislar en el uso de la fuerza letal, así como no investigar los abusos cometidos por militares, y en general la ausencia de consecuencias de cualquier tipo. A ello se debe agregar la retórica de funcionarios de gobierno de negar, o minimizar las atrocidades, culpar a las víctimas o criticar a los mensajeros.

Este informe debe despertar la obligación de las autoridades mexicanas no sólo de atender a las víctimas de manera distinta, sino de tomar en cuenta las consecuencias legales que implica el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son delitos que no prescriben, son delitos que no son amnistiables, delitos que no pueden estar sujetos a las inmunidades parlamentarias o de cualquier otro tipo, y se juzgan no sólo a los autores materiales, sino y sobre todo a los responsables superiores jerárquicos.

No se pueden atacar los problemas de impunidad de los delitos cometidos a gran escala como los que se han cometido en México y en los que están involucrados altos funcionarios del Estado, si no se reconoce la gravedad de la situación.

Atrocidades innegables abre nuevamente la puerta a la discusión sobre las atrocidades que se han cometido en México desde 2006, mirándolas ahora desde una perspectiva del derecho penal internacional. Las ordenes de la actual política de seguridad fueron combatir y abatir delincuentes; combatir el crimen organizado por cualquier medio, y a cualquier costo. Hoy, los cientos de miles de casos de desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales son los costos.

Conoce el informe completo aquí.

@CMDPDH

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Luis María Aguillar vs Isabel Miranda de Wallace

Arbitrariedad oficial, “la forma más ruin de la corrupción”: presidente de la SCJN

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuando faltan cuatro días para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, con todo y rezagos legislativos, de infraestructura y capacitación en todo el país,  representantes de los tres poderes se reunieron para declarar concluida la puesta en marcha de la reforma que decretó el paso de un sistema inquisitorial a uno acusatorio y oral.

El nuevo sistema ya opera al cien por ciento en todo el país, declaró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en un encuentro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que también participaron los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.

“Los mexicanos hemos dado un primer paso hacia una nueva forma de procurar y administrar la justicia”, dijo Osorio Chong, responsable en el Poder ejecutivo federal de la puesta en marcha de la reforma aprobada en 2008 y que dio ocho años para que el sistema funcionara en todo el país.

Osorio acudió a la SCJN en la puesta en marcha de cinco Centros de Justicia Penal Federal por parte del presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar, quien continuó con su advertencia de que las violaciones al debido proceso por parte de la policía y de los ministerios públicos seguirán dando lugar a liberaciones que después son criticadas.

Como en otros actos relativos a la entrada en vigor del nuevo sistema, la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, tuvo poco que decir. Se limitó a dar algunas cifras, sin precisar qué hizo la PGR en el largo periodo que estableció el Legislativo.

“Tenemos 10 sentencias condenatorias de 12 juicios orales a nivel federal. Además, 718 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados”, dijo.

Según la procuradora, “hoy la prisión preventiva es la excepción, no la regla. Más de mil medidas cautelares han sido determinadas, evitando que igual número de personas vayan a prisión”.

El ministro presidente de la Corte, dijo que en el caso de la justicia federal el nuevo sistema ya se puso en marcha a través de Centros de Justicia Penal Federal en todo el país. Este día puso en marcha los que faltaban en Baja California, Jalisco, Guerrero, Tamaulipas y en las Islas Marías.

Ante las críticas de organizaciones como Alto al Secuestro, de Isabel Miranda, y de medios de comunicación, Luis María Aguilar dijo: “los derechos de las personas no se negocian ni se someten al criterio publicitario”.

En respuesta a las liberaciones decretadas por la propia SCJN y de jueces por violaciones al debido proceso, aseguró que esos derechos “no son requisitos ni obstáculos para la justicia; son, por el contrario, la única garantía que tenemos de ser juzgados por leyes en tribunales y conforme al debido proceso legal, sólo así podrá haber seguridad jurídica y se evitará el linchamiento público.

Insistió: O los derechos y el debido proceso son absolutamente para todos, o simularemos ello siempre que nos convenga”. Pero tampoco, precisó, la justicia tiene que ser “solapadora” de quienes dañan y agravian a la sociedad.

Como lo ha hecho en sus recientes apariciones públicas, el ministro presidente salió en defensa de los fallos de los jueces federales y a reiterar que 78 funcionarios de la justicia federal, entre ellos jueces, han sido sancionados por abuso o corrupción.

Sólo saldremos de la oscuridad de la ignorancia, de la miseria y la corrupción si hacemos valer nuestros derechos y aceptamos nuestras obligaciones; si actuamos, no conforme a lo que cada quien cree que es la justicia propia, sino de acuerdo con la ley y la Constitución… sin tolerar la arbitrariedad de la autoridad, de ninguna, que es la forma más ruin de la corrupción”.

En alusión al recurso de los testigos protegidos, muy utilizado en años recientes en México, dijo: “Nadie es culpable hasta que existe una sentencia firme, y siempre y cuando se haya seguido puntalmente el debido proceso legal, sin el cual las personas, cualquiera de nosotros, correrá el riesgo de ser declarado culpable sin  haber sido realmente juzgado por sus actos sino por apariencias, por decires de terceros”.

El próximo sábado 18 de junio, el nuevo sistema de justicia empezará a funcionar en las 32 entidades del país, a pesar de que el Congreso aún tiene pendiente la aprobación de la Ley nacional de ejecución de sentencia penal, la Ley de justicia para adolescentes y las modificaciones a la Ley federal contra la Delincuencia Organizada. (Proceso 2067).

En el acto realizado en la sede SCJN también estuvieron el presidente del Senado, Roberto Gil, y el de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano.

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Miranda de Wallace se ridiculiza a nivel internacional

Miranda de Wallace envió – via Twitter – un comunicado a varios medios europeos para denunciar la liberación de secuestradores en México. El comunicado fue enviado en francés y en inglés.

Después de haber leído estos comunicados, le sugerimos a Miranda de Wallace contratar los servicios de un traductor y dejar de utilizar Google Translate. Alto al Secuestro recibe recursos millonarios, ¿qué tanto cuestan los servicios de un profesional ? ¿Menos de 600 pesos por dos páginas ? ¡No sea coda señora ! ¿Será que está ahorrando para un buen abogado ?

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traducción literal al español :

Impunidad al secuestros. algunos salido gracias al poder judicial, otros se escapan de cárceles: Isabel Miranda de Wallace.

Entre la ausencia de estrategia, la falta de confianza en las autoridades, la ineficacía y la incompetencia del sistema de justicia, liberaciones gracias a la potencia judicial y escapa de cárceles, el mensaje que el gobierno envía a los secuestradores y de los criminales es él de la impunidad, que es que de nuestros días todo el mundo puede secuestrar o de matar y de tener un ancho margen para escapar a la justicia y dejar el crimen impune.

Con una gran indignación, vemos que Agustin Miranda Orozco y Roberto Sanchez Ramirez, los dos condenados por secuestros y considerados como muy peligrosos, se escaparon de la « alta seguridad » Unidad de diamante al interior del centro Macho de Readaptación Social Santa Martha Acatitlán el lunes 30 mayo a la tarde por un barrera en el dominio de los tribunales de la cárcel del Oeste, en donde fueron agarrados a una audiencia.

Roberto Sanchez Ramirez pertenece a una de las familias los mas crueles et inhumanos de los secuestradores, mutilando sus víctimas, ellos han participado, entre otros, en el secuestro de un fabricante de textil, a quién le mutilaron el dedo meñique y al secuestro del dueño de una galería, ellos serán muy probablemente continuar a hacer eso porque no conocen otro tipo de vida.

En el mismo tiempo, Roberto Sanchez está relacionado con otros secuestradores mayores, tales como Mauricio y José Luis Pac Diaz, quién accused (es inglés) algunos años anteriores del secuestro del empresario Julian de Nicolas Gutierrez (HOMEX), y Roberto Turner, quién es ligada a los robos y homicidios.

El caso de Roberto Sanchez: fue reenviado por el PGR por secuestro, pero de México’s (en inglés) undécima Corte de Distrito, viviendo en Naucalpan de Juarez (de competencia federal), negó la orden de arresto por el crimen organizado y rechazó la competencia en favor de los la Corte de control de primera instancia del distrito judicial de Cuautitlán, Estado de México (en español), (jurisdicción común).

El tercer tribunal colegial en materia penal del segundo circuito resuelto el conflicto de competencia en favor del tribunal de distrito; pero eso fue una práctica recurrente de los jueces federales, lo que retrasa las investigaciones y afecta las víctimas de actos criminales.

Es importante subrayar que Roberto Sanchez fue transferido en una cárcel federal, por sus escpaes (?) anteriores, pero a través de los breves de amparo logró regresar en las cárceles del Estado.

Por otra parte, es importante subrayar que la Unidad de diamante del Centro Macho de readaptación social Santa Martha Acatitla, es la cárcel con el número mas importante de practicantes dedicados a la organización y a la negociación de secuestro al interior de la cárcel.

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