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Hay pruebas suficientemente documentadas para que autoridad acepte que el caso Wallace es un completo montaje: Uscanga

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(12 de julio, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).-En pleno sexenio Calderonista usó su propia empresa de espectaculares para colocar anuncios en las principales avenidas de la Ciudad de México con las fotos de los hoy procesados, en las que ofrecía 250 mil pesos de recompensa a quien le diera información sobre los autores del secuestro que se encontraban desaparecidos.

De diversas partes del mundo llegaron equipos de televisión para grabar y difundir la historia de la llamada “Madre coraje”, a la par de la fama llegó el reconocimiento. En 2010 recibió de manos del panista Felipe Calderón el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010.

En 2014 Felipe Calderón operó políticamente para que Miranda de Wallace fuera la candidata al gobierno del Distrito Federal por el partido blanquiazul, su derrota fue descomunal, y la única victoria fue para su sobrino Andrés Sánchez Miranda, designado candidato plurinominal a diputado local de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF).

Once años después de la desaparición de su hijo Isabel Mirando de Wallace es cuestionada duramente por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV) sobre si la historia del secuestro y desaparición de su hijo, es realmente como ella lo asegura y si las personas que hoy se encuentran presas pagando por este delito son realmente los responsables.

Los integrantes de esta organización internacional defensora de los derechos humanos, familiares y abogados de los procesados por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda presentaron en una conferencia de prensa pruebas que aseguraron desmienten la investigación del Isabel Miranda de Wallace incluso calificaron todo el caso de “una gran mentira”.

La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), activistas y abogados presentaron un análisis contundente del caso, en el que se evidencia que los supuestos plagiarios fueron torturados para confesar.

En un informe de 30 páginas, la organización refiere que la única prueba pericial que Hugo Alberto fue descuartizado en el departamento de Juana Hilda Lomelí (acusada) es una gota de sangre que se encontró en el lugar, cuyo ADN corresponde al sexo femenino, es decir, al de la madre de la supuesta víctima o al de su media hermana, Claudia Wallace.

La gota de sangre fue hallada ocho meses después en el departamento de uno de los presuntos plagiarios que no fue asegurado por las autoridades, a pesar de que se investigaba por homicidio.

La investigación  plantea que Isabel Miranda incluso mintió con respecto a la paternidad de su hijo, “ella aseguró que contrajo matrimonio a los 18 años de edad con su actual esposo y padre de sus hijos, Enrique del Socorro Wallace Díaz, cuando este tenía 31 años de edad, en 1968. Sin embargo, el acta de matrimonio tiene fecha de 1978, cuando ella tenía 27 años, apenas tres años después que el empresario se había divorciado de su primer matrimonio. Aunque Enrique Wallace sostuvo una relación extramarital con Isabel Miranda Torres durante un año, Hugo Alberto nació en 1968.

Su padre José Enrique del Socorro Wallace Díaz estaba casado cuando nació Hugo Alberto, quien en su acta aparece con el nombre y firma de otra persona como su  padre. Esta acta, autentificada por el juez 28 del registro civil, señala a Fausto Miranda. Así que el padre real de Hugo Alberto se llama Fausto Miranda o Isabel fue madre soltera. Si Isabel hubiera mantenido una relación con un hombre casado por más de siete años, por qué se niega a reconocerlo y mintiendo asegurando que se casó con Enrique en 1968. En ambos casos miente sobre la paternidad de su hijo, precisó a Revolución TRESPUNTOCERO David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, al terminar la conferencia.

El activista también comentó que pedirá de manera formal a las autoridades mexicanas la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, acusados del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, quien actualmente tendría 47 años de edad. Además, exigirá la revisión de los juicios contra Juana Hilda Lomelí, César Freyre Morales, Tony y Alberto Castillo, y Jael Malagón Uscanga, implicados en el caso.

La investigación de los canadienses también incluye evidencia que una persona identificada como Hugo Alberto Miranda Torres quien tramitó un juicio ante Corte en el año 2010, cinco años después del homicidio del hijo de Isabel.

En este sentido Daphne, hija de Juana Hilda Lomelí, quien fue detenida el 10 de enero de 2006 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, comentó que su madre, como los otros seis acusados, no tuvieron acceso a un proceso jurídico legal.

Por su parte, Luis Castillo, tío de Tony y Alberto Castillo, dijo que ambos fueron interceptados por gente de Isabel Miranda que lo amedrentaron y le dijeron “más te valía meterte con el hijo del Presidente que con el mío”. Los jóvenes, declaró, fueron torturados por agentes de la extinta corporación AFI con el fin de declararse culpables y ya presos, señala la indagatoria, se enteraron que eran acusados de secuestro y homicidio.

“La señora Wallace se acercó a mi hijo, Jael Malagón Uscanga, solicitándole que inculpara a César Freyre Morales prometiéndole la libertad y cambio de identidad a través de un programa de federal.

“Los activistas canadienses y los periodistas nacionales y extranjeros apenas se atrevieron a cuestionar la palabra de Isabel Miranda de Wallace, en su papel de defensora de los derechos de las víctimas tras el supuesto secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto. Nadie se había atrevido a hacerlo y creemos que hay evidencia, pruebas suficientemente documentadas y fiables para que la autoridad acepte que el caso de la señora Isabel Miranda es un completo montaje”, dijo a Revolución TRESPUNTOCERO Elena Uscaganda, madre de Jael.

Finalmente los activistas y familiares hicieron un llamado al gobierno federal para que proceda a la creación de una comisión independiente de investigación -que no pertenezca a la Procuraduría General de la República- para investigar la red de complicidades dentro de las instituciones estatales que permitieron la fabricación de culpables en el caso Wallace.

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