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Wallace estuvo presa cinco días

ARTICULO del 2012

El Diario de Coahuila

15/04/2012

Leopoldo Morante Cervantes, director de Apoyo Institucional de la Subsecretaría de Coordinación Delegacional y Metropolitana del gobierno del Distrito Federal en 1998, asegura a Proceso que María Isabel Miranda de Wallace, la ‘activista’ cercana al poder y ahora metida a política, sí estuvo en el Reclusorio Norte, donde permaneció cinco días en julio de ese año

MÉXICO, DF (Apro).- María Isabel Miranda de Wallace ingresó al Reclusorio Norte la noche del viernes 17 de julio de 1998. Acusada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de homicidio en grado de tentativa, daños en propiedad ajena y resistencia de particulares, y encausada por un juez penal, salió del reclusorio el miércoles 22.

El Ministerio Público adscrito a la delegación Tlalpan consignó a la ahora candidata del PAN al gobierno del Distrito Federal por la resistencia que el 16 de julio de ese año había opuesto a un mandato de la demarcación para que retirara uno de los 2 mil anuncios espectaculares que su empresa, Showcase Publicidad, tenía instalados en la ciudad.

Protagonistas de los hechos y notas periodísticas que dieron cuenta del asunto confirman que Miranda de Wallace, entonces presidenta de la Asociación de Publicistas en Exterior (Apex), ingresó al Reclusorio Norte, donde fue fichada y permaneció cinco días.

En una conferencia de prensa a la que convocó el martes 10, Wallace aseguró rotundamente que es “falsa” la fotografía de su fichaje que se le tomó antes de su ingreso al penal y que fue publicada por Proceso en la portada de su edición 1849. La foto de la ahora candidata quedó registrada en los archivos penitenciarios.

La causa en su contra duró más de tres meses y terminó con la absolución de los cargos que le imputaba la delegación Tlalpan, con lo que evitó que quedaran antecedentes penales en su contra, como claramente lo informó este semanario en su edición de la semana anterior.

ANTECEDENTES POLICIALES

Lo que sí tiene Wallace son antecedentes policiales. Por orden judicial del 21 de julio de 1998 se realizó su ficha signalética, en la que se registraron sus huellas y su fotografía, así como un estudio de su personalidad.

A raíz de su pleito con la delegación, no fue condenada en efecto por ningún delito –Proceso nunca sostuvo, como ella dijo en su reacción del martes 10, que hubiera sido condenada o que tuviera antecedentes penales–; su ficha se hizo reglamentariamente al ingresar al reclusorio encausada por un juez que ordenó su identificación, señalan quienes hace casi 14 años declararon en su contra.

En su conferencia de prensa, en la que no estuvo acompañada por ningún dirigente o representante del partido que la postuló, la ahora presidenta de la asociación Alto al Secuestro negó “haber sido fichada o haber sido condenada por algún delito”.

Para su defensa, Isabel Miranda se apoyó, irónicamente, en el Gobierno del Distrito Federal. Uno de sus principales argumentos para exculparse fue un oficio de la subsecretaría de esa dependencia.

Fechado el 23 de mayo de 2006, el documento niega que ella “hubiera ingresado a algún centro preventivo o penitenciario” de la capital. La constancia, según explicó Miranda de Wallace, la solicitó para demostrar su calidad moral en el caso de la desaparición de su hijo Hugo Alberto Wallace.

A su vez, la PGJDF, que en ese entonces la consignó, ahora es su defensora oficiosa. Apenas la candidata del PAN había terminado de exculparse, la procuraduría emitió el comunicado CS2012-240, que abonó a la idea de que Isabel Miranda es objeto de una campaña negra de cara a las elecciones del 1 de julio.

SÍ ESTUVO EN EL RECLUSORIO

Carlos Vieyra, asistente del director de Comunicación Social de la PGJDF, Ricardo Nájera, asegura que el comunicado no aludía a lo publicado por Proceso, sino que responde a los señalamientos sobre “los antecedentes penales” de Miranda referidos en las redes sociales y diversos medios a partir de la publicación del semanario.

Sin embargo, el jueves 12 el titular de la procuraduría, Jesús Rodríguez Almeida, anunció la apertura de oficio de una averiguación previa “para ver si hay alguna responsabilidad, ya sea de servidores públicos o de personas privadas”, en la “filtración” de la ficha signalética de la candidata panista que la propia Wallace dice que no existe.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también actuará de oficio, según dijo Miranda el viernes 13. Aseguró que el organismo abrió una queja de oficio contra quien resulte responsable de la presunta filtración del expediente.

De acuerdo con el documento exhibido por Miranda en su conferencia de prensa, la Subsecretaría de Gobierno declara inexistente la actuación del entonces fiscal de la PGJDF adscrito a Tlalpan, Salomón Baltazar Samoyoa, quien en 1998 integró la averiguación previa AP 52-3342/98-07 y la consignó al juzgado en turno del Reclusorio Norte, el Décimo Segundo de lo Penal del Distrito Federal, a cargo en ese momento de Joel Blanno García.

El juez –ahora magistrado de la Novena Sala Penal– resolvió la situación jurídica de Wallace cuatro días después, tiempo en el que la ahora candidata panista permaneció en el reclusorio como encausada.

El 21 de julio, dentro de la causa penal 121/98, Blanno García ordenó “la formal prisión o preventiva de María Isabel Miranda de Wallace como probable responsable por la comisión del delito de resistencia de particulares, por la que fue consignada y se le seguirá proceso“.

PROCESO EN LIBERTAD

En su resolución de cinco puntos el juez ordenó también su “libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley… por lo que hace al delito de homicidio en grado de tentativa doloso”.

En su tercer punto resolutivo dio tres días para que las partes ofrecieran sus pruebas; en el cuarto estableció: “se ordena identificar a la procesada María Isabel Miranda de Wallace por los Sistemas Administrativos adoptados en vigor, recábense sus ingresos anteriores, así como su estudio de personalidad correspondiente“.

Por el primer delito, el de resistencia de particulares, catalogado como no grave, pagó 37 mil 757 pesos y 15 mil pesos por concepto de garantías, lo que le permitió enfrentar el proceso en libertad.

En su quinto punto, el juez pidió: “Hágase saber a la procesada el derecho y término que tiene para apelar la presente resolución”. El abogado de la empresaria, Ricardo Martínez Chávez, apeló esa resolución y tres meses después, el 1 de octubre de 1998, la Novena Sala Penal en el DF la exoneró de ambos cargos.

La PGJDF también había impugnado la resolución del juez porque pretendía que la empresaria fuera procesada por ambos delitos. Pero sus argumentos fueron considerados “inoperantes y deficientes” por los tres magistrados de la sala.

Dentro del toca número 852/98, a propuesta del magistrado ponente José de Jesús Hernández Alatorre, la sala decretó la libertad de la dueña de Showcase Publicidad por falta de elementos.

LA VERSIÓN DEL TESTIGO

Leopoldo Morante Cervantes, testigo de los hechos como funcionario del GDF, asegura en entrevista con Proceso que Isabel Miranda de Wallace “salió hasta el miércoles” 22 de julio, cinco días después de los hechos ocurridos en un terreno aledaño a TV Azteca.

“Todos fuimos a la delegación. Pasamos toda la noche dando nuestras declaraciones. A ella la consignaron al Reclusorio Norte y salió hasta el miércoles. Es cierto que meses después fue absuelta, pero de que ingresó al reclusorio, ingresó”, dice quien entonces era director de Apoyo Institucional de la Subsecretaría de Coordinación Delegacional y Metropolitana del GDF.

Explica que él no compareció ante la fiscalía de la PGJDF como denunciante, sino como testigo: “Yo no acusé porque no iba al frente del operativo. Sólo fui testigo. No busqué ser testigo de nada, pero dije lo que vi. Así lo declaré ante el Ministerio Público y así lo repito ahora. De manera que lo que ella dice respecto a que nunca estuvo dentro del predio es falso de toda falsedad“.

Abunda: “No puede decir que no estuvo en el predio porque yo estaba a un metro de ella y vi cómo cortó la manguera con un cúter y luego se lo pasó a un sujeto“, que al parecer era su hijo, de acuerdo al denunciante, José Patiño Hurtado, entonces subdirector Jurídico y de Gobierno de la delegación Tlalpan.

CORTÓ LAS MANGUERAS

Como lo dijo en su declaración ministerial, Morante Cervantes reitera que Miranda de Wallace llegó antes del mediodía del 16 de julio al predio donde se iba a desmontar uno de los anuncios de Showcase Publicidad por encontrarse en una zona de peligro.

“Dilató todo hasta las seis de la tarde. A esa hora, ella había acordado quitar ‘el arte’ (el anuncio) y la delegación la estructura. Pero Miranda se acercó a la grúa y fue cuando cortó una de las mangueras y luego pasó el cúter al sujeto que la acompañaba. La grúa se empezó a tambalear.

“Me volteé hacia la gente de la delegación y le pedí que lo registraran. ‘¿A ti te consta que yo corté algo, cabrón?’, me dijo el sujeto y salió corriendo hacia su coche, que había ingresado al predio. Casi nos atropella”.

Dice que además de la caída de la grúa pudo haber otra tragedia: “Ella corrió a su coche, pero no logró huir. Cuando menos 30 empleados de la delegación fueron detrás de ella en protesta por lo que habían hecho. Quisieron voltear su carro.

El daño que causó a la grúa fue intencional; lo hizo para que no se llevaran su anuncio, afirma, y recuerda que la actual candidata “siempre asistía cuando uno de sus anuncios se iba a retirar. Después de eso, lo dejó de hacer”.

El gobierno capitalino había echado a andar el Programa de Reordenamiento de Publicidad Exterior. Era ejecutado por las delegaciones políticas, pero por falta de equipo para retirar los anuncios ilegales el gobierno central los apoyaba con grúas. “Por eso ese día estuve en el predio”, dice Morante Cervantes.

MISMA VERSIÓN

El denunciante, Patiño Hurtado, dio la misma versión de los hechos en una entrevista, el miércoles 11, en el noticiario de Carmen Aristegui, en MVS. Calificó a Wallace de “obstinada, tozuda, terca”, que terminó por ser consignada y encausada, por lo que se debió integrar su ficha de ingreso al reclusorio.

Indicó que como protocolo, los jueces ordenan que se tomen las huellas y se tomen las fotografías de los encausados. “Ella no puede manifestar que desconoce esto”.

Sobre la ficha, Patiño le dijo a la periodista: “Seguramente esa foto (publicada por Proceso) es cierta porque los jueces ordenan que se haga la ficha signalética. A todo procesado se le toman ese tipo de datos; se le toma foto (y) se le pone el número de reclusorio donde está internado”.

Aristegui insistió:

–¿Tiene duda de la foto?

–Mire, yo puedo casi afirmarle que sí existe o existió porque ella estuvo internada en el reclusorio femenil norte. Yo me trasladé al Juzgado 12 por esas fechas y a la señora yo la señalé en la rejilla de prácticas, ratificando mi denuncia.

Aristegui preguntó al denunciante:

–La señora Wallace dice que mide 1.60 y en la foto aparece midiendo como 1.65, 1.68. ¿Qué nos puede decir sobre la estatura?

–¿Qué edad tiene la señora?

–No lo sé.

–… Como unos sesenta y tantos años…Yo no soy perito en esto. De que existió la ficha existió. Desconozco por qué aparezca con una medida inferior (sic), pero es cierto lo que dice la revista Proceso.

REGISTRO EN LOS DIARIOS

Los periódicos de la época registraron la consignación de Wallace. El Universal publicó el 19 de julio de 1998: “La presidenta de la Asociación de Publicistas en Exterior (Apex), Isabel Miranda de Wallace, fue consignada durante la noche del viernes al juzgado en turno del Reclusorio Norte; al mismo tiempo, informó el abogado de la mujer, Ricardo Martínez Chávez, tres personas que fueron remitidas a la 52 agencia del Ministerio Público junto con la empresaria quedaron en libertad bajo caución, entre ellos el hijo de la inculpada.

Un día antes, el periódico La Jornada informó que la delegación Tlalpan había solicitado la acción penal contra la presidenta de Apex por los “delitos de daños en propiedad ajena, oposición a un mandato administrativo y homicidio en grado de tentativa“.

El 18 de julio del mismo año, el diario Reforma informó sobre la solicitud de acción penal y reportó: las autoridades de la demarcación aseguran que Miranda de Wallace tiene por costumbre impedir el retiro de espectaculares, “utilizando incluso métodos ilegales”.

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BALCONEA DARÍO CELIS A LA FICHA DE ISABEL MIRANDA DE WALLACE

El Publicista

diciembre 21, 2016

Siempre habíamos sospechado que Doña Chabelita Wallace era una malhechora de cuidado, pero no sabíamos qué tanto. Chequen ustedes la revolcada que le dio a la susodicha el Sr. Darío Celis Estrada, columnista del diario Excélsior, en la sección “Yo lector” de ese medios, el pasado 06/09/16.

Al parecer, en uno de sus desplantes tipo “estos aguacates me los agandallo y los embarro en mis teleras”, la Sra. Wallace escribió a Excélsior una carta de esas que acostumbra. Y que le contesta el Sr. Celis todo lo que de ella se sabe. Que no es poco y es hasta para dar pena.

Échenle un ojito a dicha respuesta, sobre todo en la parte que subrayamos y que es toda una patente de corso para Chabelita: a ella, que poco necesita para sus ladronadas, le dan armas para seguir haciéndolas.

Réplica a la señora Isabel Miranda

“Señor director:

Respecto a la carta que la señora María Isabel de Wallace envió y publicó en este mismo espacio la semana pasada, deseo informar lo siguiente:

La empresa Showcase niega tener relación o haber trabajado con algún partido político.

Miranda de Wallace fue candidata al Gobierno de la Ciudad de México por el PAN en 2012. Utilizó anuncios espectaculares de Showcase para promoverse como candidata de ese partido. Incluso su sobrino, Andrés Sánchez Miranda, fue diputado local por el PAN.

Fundó junto con Ricardo Escoto la Asociación de Publicistas en Exterior (APEX), misma que después dejó debido a que Escoto no aceptó sus imposiciones.

Luego se agremió al Consejo de Industriales de la Publicidad Exterior (CIPE), el cual se desintegró en gran medida porque algunos miembros se opusieron a que Miranda de Wallace tomara la Presidencia debido a sus prácticas empresariales y legales y por buscar el beneficio propio en lugar del de los miembros del Consejo.

Ahora, debido a su presión político-activista, está representada por ella misma en el Consejo de Publicidad Exterior, siendo que no forma parte de alguna asociación u organización dedicada a la publicidad como lo marca el Reglamento del Consejo. Éste es uno de tantos amparos que consiguió, pues no obstante no tener representación de ninguna empresa, participa en el Consejo.

Su representante es su sobrino, Luis Alberto Miranda Mondragón, pero cada ocasión que ella quiere, se presenta para presionar a la autoridad (se tienen audios y versiones estenográficas).

Es tal la presión, que habla en el propio Consejo del tema de los amparos que promueve a través de su empresa Showcase para amedrentar a la autoridad y forzar a encaminar los informes justificados que ella busca hacia los procesos litigiosos, y desplazar competidores del mercado (se tienen las versiones estenográficas y el audio).

Es falso que se haya aseverado que la empresa Showcase tenga por sí sola 50% del mercado. Se afirmó que la empresa Rentable, con Showcase, sí representa 50%.

La asociación Alto al Secuestro es conocida por presionar a jueces y magistrados. De una revisión de noticias es fácil encontrar declaraciones en que se critica a dichos funcionarios”.

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Firma la petición para pedir la libertad de Brenda

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FIRMA LA PETICION

Demand freedom for Brenda Quevedo Cruz tortured and falsely accused!

Brenda has been falsely accused in 2005 for a murder and kidnapping of a person that is only missing. She’s been imprisoned for 8 years plus and tortured twice to make her sign a confession where she claims guilty but she didn’t sign. She hasn’t received any sentence yet but neither has been released. Only a corrupt government and false accusations keep her away from having her life back. Her family are fighting for her, please support this petition to make the corruption in Mexico stop…

Gobierno de México. 

De manera urgente solicitamos la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz acusada y encarcelada por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace el cual no se ha demostrado que este muerto ni mucho menos la culpabilidad de Brenda.

Por estos motivos, en nombre de los derechos humanos pedimos la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz. 

Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad. 

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La paranoia de Chabela

Por favor, diganle que deje de fumar mota…

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Revés para Miranda de Wallace

Miranda de Wallace trató de impedir que CEAV indemnizara a torturados. Qué raro, si ella dice que inculpados en caso de su hijo no fueron torturados. ¿Porqué tanto miedo ?

Rechazan cambio a mecanismo de CEAV

El Economista

La Cámara de Diputados argumentó no poder modificar el mecanismo de reparación del daño por violaciones graves de derechos humanos, como proponía la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

Cabe destacar que Miranda solicitó al Congreso que modificara la Ley General de Víctimas para evitar que procesados por delitos argumentaran tortura o violaciones a los derechos humanos con el propósito de obtener una indemnización por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV).

La activista aclaró que su sugerencia no implicaba dejar sin reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos, sino únicamente a quienes fueron procesados por algún delito.

“Como hemos denunciado, al mes de junio de este año, 90% de los pagos realizados por la CEAV fueron destinados a acusados por algún delito y sólo 10% se realizó a víctimas del delito”, dijo Miranda.

Sin embargo, la diputada federal Lía Limón (PVEM), ex subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y actual integrante de la Comisión de Justicia, explicó que México no puede modificar el esquema de reparación del daño contemplado en la ley, debido a que cumple con recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) y de sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ejemplificó que en del caso Campo Algodonero contra México, la CIDH estableció que es una obligación del Estado mexicano “que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño sea reparado”.

Argumentó que también el sistema universal de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2005 establece que son principios básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones el interponer recursos para obtener reparaciones.

Sin embargo, la legisladora comentó que las reformas a la Ley de Víctimas que aprobarán la próxima semana, ayudará a que la CEAV analice con mayor detenimiento los casos de solicitud de ayuda.

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“Me metieron en la cárcel por denunciar la farsa del Caso Wallace”

Entrevista a Luis Miguel Ipiña, víctima de Isabel Miranda de Wallace.

“Me metieron en la cárcel por denunciar la farsa del Caso Wallace”. El escritor vasco, autor del libro “Tras las rejas de Chiconautla“, explica cómo su interés por conocer la verdad sobre el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace le llevó a pasar un año y medio en prisión. En entrevista para Los Ángeles Press, habla del poder que Isabel Miranda alcanzó a partir del supuesto crimen, de las inconsistencias del caso y de la facilidad para crear falsos culpables en México.

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Víctimas del Caso Wallace piden a PGR estatus de denuncia contra Miranda

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El 22 de agosto de 2014, cuando presentaron las primeras denuncias contra Isabel Miranda Torres.

Los Angeles Press

06 de diciembre 2016

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de los inculpados por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, conocido como el Caso Wallace, enviaron un pronunciamiento al procurador general de la república en México para exigir información de nueva cuenta sobre el estatus de las denuncias presentadas en 2014 contra Isabel Miranda Torres, a quien se le acusó de fabricar el crimen contra su hijo, y que le ha representado poder político y económico.

En el pronunciamiento señalan que desde que se dio cabida institucional al Caso Wallace con la causa penal 35/2006, “se fabricaron pruebas, se aceptaron falsas declaraciones a autoridades judiciales y se corrompió a autoridades que a su vez avalaron el tráfico de influencias en diferentes instancias de gobierno, y se privilegió judicialmente a la ciudadana María Isabel Miranda Torres, alias María Isabel Miranda de Wallace…”.

Sin embargo, hasta la fecha, se han ignorado estas denuncias por parte de la PGR, incluyendo la denuncia por tortura a Brenda Quevedo Cruz, y por las múltiples violaciones de derechos humanos a los inculpados para que se incriminaran por el supuesto delito, del que nunca se ha logrado acreditar por la parte acusadora.

La exigencia del estatus de las denuncias a la PGR vinieron a cuento por el reciente intento de intimidación a la periodista Guadalupe Lizárraga, de Los Ángeles Press, el pasado 11 de noviembre, cuando dos agentes ministeriales viajaron desde la Ciudad de México a la frontera norte donde se llevaba a cabo un evento universitario de derechos humanos. Los agentes pedían a la periodista que los acompañara a la subdelegación para declarar sobre su trabajo periodístico en el que reveló rastros de vida de Hugo Alberto Wallace.

En el pronunciamiento se hace referencia a las personas que han sido afectadas, amenazadas e incluso privadas de su libertad, al intentar esclarecer los hechos o inducir líneas de investigación alternativas a la versión oficial, proveída por Isabel Miranda Torres. Uno de estos casos más dramáticos fue el de Ámbar Treviño, abogada defensora de Brenda Quevedo Cruz, quien fue acusada por Miranda Torres de falsificar documentos, lo que la mantuvo en cautiverio hasta demostrar su inocencia.

El documento enviado a la PGR consta de cuatro páginas, con copia para los diferentes poderes del gobierno mexicano, así como para instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, y es firmado por los familiares de los inculpados del caso Wallace, algunos de ellos ya sentenciados con penas mayores a los cien años de cautiverio.

Acceso al documento completo en el portal de Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad

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