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Víctimas del Caso Wallace piden a PGR estatus de denuncia contra Miranda

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El 22 de agosto de 2014, cuando presentaron las primeras denuncias contra Isabel Miranda Torres.

Los Angeles Press

06 de diciembre 2016

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de los inculpados por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, conocido como el Caso Wallace, enviaron un pronunciamiento al procurador general de la república en México para exigir información de nueva cuenta sobre el estatus de las denuncias presentadas en 2014 contra Isabel Miranda Torres, a quien se le acusó de fabricar el crimen contra su hijo, y que le ha representado poder político y económico.

En el pronunciamiento señalan que desde que se dio cabida institucional al Caso Wallace con la causa penal 35/2006, “se fabricaron pruebas, se aceptaron falsas declaraciones a autoridades judiciales y se corrompió a autoridades que a su vez avalaron el tráfico de influencias en diferentes instancias de gobierno, y se privilegió judicialmente a la ciudadana María Isabel Miranda Torres, alias María Isabel Miranda de Wallace…”.

Sin embargo, hasta la fecha, se han ignorado estas denuncias por parte de la PGR, incluyendo la denuncia por tortura a Brenda Quevedo Cruz, y por las múltiples violaciones de derechos humanos a los inculpados para que se incriminaran por el supuesto delito, del que nunca se ha logrado acreditar por la parte acusadora.

La exigencia del estatus de las denuncias a la PGR vinieron a cuento por el reciente intento de intimidación a la periodista Guadalupe Lizárraga, de Los Ángeles Press, el pasado 11 de noviembre, cuando dos agentes ministeriales viajaron desde la Ciudad de México a la frontera norte donde se llevaba a cabo un evento universitario de derechos humanos. Los agentes pedían a la periodista que los acompañara a la subdelegación para declarar sobre su trabajo periodístico en el que reveló rastros de vida de Hugo Alberto Wallace.

En el pronunciamiento se hace referencia a las personas que han sido afectadas, amenazadas e incluso privadas de su libertad, al intentar esclarecer los hechos o inducir líneas de investigación alternativas a la versión oficial, proveída por Isabel Miranda Torres. Uno de estos casos más dramáticos fue el de Ámbar Treviño, abogada defensora de Brenda Quevedo Cruz, quien fue acusada por Miranda Torres de falsificar documentos, lo que la mantuvo en cautiverio hasta demostrar su inocencia.

El documento enviado a la PGR consta de cuatro páginas, con copia para los diferentes poderes del gobierno mexicano, así como para instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, y es firmado por los familiares de los inculpados del caso Wallace, algunos de ellos ya sentenciados con penas mayores a los cien años de cautiverio.

Acceso al documento completo en el portal de Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad

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