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Miranda de Wallace obstaculiza transmisión de información legal sobre #CasoWallace a @CIDH

Caso Wallace (26 de enero 2017)

Fuente: ACDV JURÍDICO ACDV DIT

Autora: María E. Rivas

El 26 de enero de 2017

Revisión: María Gabriela Zurbarán Duque

El 23 de enero de 2017, Brenda Quevedo Cruz, quien se encuentra injustamente detenida en el Penal Federal Femenil, interpuso con la ayuda de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad un recurso de revisión en contra de la resolución recién emitida por el Juez del Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Estado de México. El 30 de diciembre de 2016, el juez Alfonso Javier Flores Padilla decidió a favor de la Sra. María Isabel Miranda Torres quien en ese proceso actúa como quejosa en juicio de Amparo Indirecto; dicha resolución ampara a la Sra. Miranda de la siguiente manera:

Único. La justicia de la Unión ampara y protege a MARIA ISABEL MIRANDA TORRES, por los motivos y para los apuntados en las últimas consideraciones de esta resolución.

En pocas palabras, la resolución del Juez Alfonso Javier Flores Padilla obliga el Estado mexicano a que bloquee la transmisión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la información legal que fue solicitada por esa instancia internacional, información referente al caso de falso secuestro más famoso y vergonzoso en México: el nominado “caso Wallace”. Flores Padilla también considera como validos los argumentos de Miranda Torres Cuando ella distorciona de manera grave las normas nacionales e internacionales que rigen el Estado mexicano, al alegar que el gobierno de México tiene la obligación de ocultar información frente a una organización internacional defensora de los derechos humanos como lo es la CIDH.

A partir de ahí, nace la inconformidad de la suscrita para que sin conocimiento de causa se remitan informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (…) a fin de investigar una supuesta tortura contra los aquí terceros interesados.

…Razones por las cuales los actos reclamados son violatorios de derechos humanos, por no intervenir en nombre de México ante la comunidad internacional para evitar que el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recabe informes

(extractos del recurso de Amparo promovido por María Isabel Miranda Torres)

Del mismo modo, la sentencia antes mencionada determinó que la Sra. Miranda logró fundamentar el derecho violado–lo cual en nuestra opinion, es absolutamente falso desde un punto de vista jurídico– siende el derecho en cuestión el que consiste en la omisión incurrida por las instancias gobernamentales: la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Asuntos Exteriores. Dicha omisión establece que las autoridades del gobierno federal mexicano fallaron en notificarle a la Sra. Miranda, en su calidad de “víctima indirecta” del secuestro de su hijo, acerca de la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de quienes estarían involucrados en el supuesto crimen cometido en contra de su hijo. La sola fundamentación de este derecho que la quejosa alega violado fue suficiente, para que el Tribunal otorgase el amparo y protección de la justicia federal a la  Miranda Torres, decisión que a juicio de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, resulta inaceptable desde un punto de vista legal, asi como muy indicativo del “temor fundado” (extracto) que siente la Sra. Miranda Torres desde que organizaciones internacionales como la CIDH y la ACDV decidieron investigar sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso en el caso del supuesto secuestro y asesinato de su hijo en Julio de 2005.

“Cualquier resolución emitida por organismos internacionales podría revocar o modificar lo resuelto por la autoridad mexicana.” (extracto del recurso de Amparo promovido por María Isabel Miranda Torres)

  1. Uno de los motivos que impulsaron a la Sra. Miranda Torres a iniciar una solicitud de amparo indirecto, fue el supuesto conflicto de interés que, según ella, existía con el entonces Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Dr. Emilio Alvarez Icaza, siendo el caso que dicho conflicto de interés la perjudicaba a ella en su calidad de víctima indirecta. Este argumento no fue probado en ninguna oportunidad procesal y, a juicio del Tribunal, se le encomendó a las autoridades, supuestamente responsables, emitir una resolución que contenga las excusas, si proceden o no, para pedir la inhabilitación del entonces Secretario Ejecutivo. Esto debido a que el Secretario Ejecutivo habría solicitado información a las Autoridades del gobierno mexicano, con el objetivo de dar cumplimiento a sus funciones otorgadas por la CIDH. Este hecho indignó a la Sra. Miranda, pues no se le otorgó una audiencia previa ya que ella alegaba un supuesto conflicto de interés que, a su vez, nunca fue probado a lo largo del juicio, lo cual el Tribunal jamás consideró.
  2. La Sra. Miranda alegó una violación de su derecho humano denominado “Administración de Justicia” (sic.). Sin embargo, la supuesta violación de este derecho no fue probada y además ella utilizó este argumento a su favor, incluso citando normas del Estado de México que lo obligan a respetar los tratados internacionales  y esta comprometido por luchar contra la corrupcion. Lamentablemente, estas acciones no hacen más que avalar su ignorancia en lo que respecta a los Derechos Humanos. Si recurrimos al Pacto de San José de Costa Rica o a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, no existe tal derecho mencionado por la Sra. Miranda. Además, entendemos que con el término “Administración de Justicia” nos referimos al resultado de la acción de administrar justicia, es decir de ejercer jurisdicción.
  3. La Sra. Miranda alega su supuesto derecho a una audiencia con la CIDH previa a cualquier entrega de documentacion juridica entorno a su propio caso, en margen del cual los acusados alegan tortura y violaciones a sus derechos fundamentales. No obstante, es imposible que alguien se pueda apoyar en esta argumentación, debido a que, si bien ante los tribunales Mexicanos, Miranda Torres se puede prevaler de su estatus de “víctima indirecta”, cabe dentro de la categoria de las personas denunciadas en los procesos instruidos por las verdaderas víctimas del caso Wallace ante la CIDHEstas acciones solo demuestran de parte de la Sra. Miranda la afán de controlar, obstaculizar e interponerse ante la aplicación de las leyes mexicanas, y la desesperación de no lograrlo ante instancias internacionales.

A nuestro juicio, la decisión del Tribunal a favor de la Sra. Miranda representa una violación a los principios y a los derechos humanos consagrados en la Carta Constitucional del Estado de México y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Este veredicto viola derechos tales como la igualdad de todas las personas ante la Ley. Tristemente, los denunciantes, con la esperanza de seguir luchando por la verdad y justicia, recurren a instancias internacionales en su calidad de condenados y-o procesados, lo cual los hace vulnerables ante personas con mayor poder político y social como lo es la Sra. Miranda Torres (o Isabel Miranda de Wallace). 

Esperamos que la justicia mexicana revoque la resolución del juez Alfonso Javier Flores Padilla que concedió el Amparo en favor a Maria Isabel Miranda Torres, y falle a favor de Brenda y de los demás autores de las denuncias interpuestas ante la CIDH por las víctimas de la Sra. Miranda. Esta acción justa lograría restablecer el Derecho y la buena fe de las verdaderas víctimas de tortura y de amenazas que siguen luchando, en instancias internacionales, para obtener la verdad y justicia que se merecen.

La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad reafirma su entero compromiso con las víctimas directas e indirectas del caso Wallace, y no dejará de trabajar para que los inocentes de nombres: Jacobo Tagle Dobin, Brenda Quevedo Cruz, Tony y Albert Castillo, Cesar Freyre Morales, Juana Hilda Lomeli, Jael Malagon Uscanga, esten declarados inocentes y obtengan justicia.

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Anabel Hernandez habla sobre caso Wallace

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En declaración ministerial, Jacobo Tagle denunció tortura y amenazas de Miranda de Wallace

En su declaración ministerial del 14 de diciembre del 2010, Jacobo Tagle Dobin, acusado del (inexistente) secuestro de Hugo Alberto Wallace, describe la tortura de la que fue víctima cuando se lo llevaron en una camioneta de la policía : “recibió patadas en los testículos, golpes en los oídos, le pusieron unas almohadas o telas para no dejarle marcas en el cuerpo, también le echaban agua en la cara con una toalla tapándole la nariz, todo ello fueron torturas sin dejar huela…”

También describe las amenazas: “… llegando a la delegación Tlalnepantla, le dijeron que si  no decía todo lo que ellos le iban a decir, le iba a ir de la chingada en la declaración ante el ministerio público”

Presentación de Jacobo ante los medios (le levantan la camiseta para demostrar que no fue torturado)

Y describe cómo llenaron su declaración : ella (Ma Isabel) junto con su hija, llenaron la declaración sin ser Ministerios Públicos delante del Procurador , antes de firmar, sacaron a mucha gente que se encontraba ahí, la señora Isabel me dijó en plano que si no firmaba y declaraba lo antes escrito en el acta y si no me careaba con César Freyre Morales y le decía eso en su cara, se las iba a pagar mi familia, de las cuales consta que sabía en donde trabajaba su hermana Judith Tagle Dobín, también el transporte que usaba, o sea, la pesera que tomaba, y si no quería que la levantara (esas son palabras de secuestradora), tenía que declarar lo que ella le había dicho : de igual manera, a su madre Raquel Esther Dobin Rosenthal, le podía pasar algo y a su hermano Salomón Tagle Dobin, iba a ver la manera de refundirlo en la cárcel, o a cualquiera de sus tíos o abuela, les podía pasar algo…”

Y cita a los que ayudaban en este entonces a Isabel Miranda de Wallace :”… que por si no se había enterado, ella era amiga del actual presidente Felipe Calderón Hinojosa, asi como del Procurador del DF, Miguel Angel Mancera y del Procurador del Estado de México y de muchos políticos más, entonces que más valía que estuviera de acuerdo con esa declaración o se atuviera a las consecuencias…”

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Miranda de Wallace y Felipe Calderón

 

Y Jacobo también cuenta que escuchó que Isabel Miranda de Wallace le decía al MP Braulio Robles que  iba a cobrar un seguro por la muerte de su hijo y darle su parte a Braulio : “…estando él en la camioneta de custodia, escuchó que le decá al licenciado Braulio de la PGR que ” a ver si así, con esa declaración que logró formar ella, iba a poder cobrar el seguro de su hijo y le iba a dar su parte

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MP Braulio Robles  (cabello gris) al lado de Jacobo

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Y Jacobo denunció que Miranda de Wallace pronto iba a tener un cargo político : “dichas actas fueron manipuladas para poder acabar con él. Igualmente desea agregar que la señora Isabel Miranda también le dejo en claro que no le convenía ponerse en su contra o negarse a declarar, porque dentro de poco iba a tener un cargo político y con más poder podía acabar con su familia…”

Y Miranda de Wallace obtuvo un puesto político pocos días después del arresto de Jacobo, el 15 de diciembre del 2010. Felipe Calderón le entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010. Desde entonces es la vocera oficiosa de Los Pinos (caso Cassez, caso Nestora Salgado, GIEI, ONU, etc…)

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Declaración ministerial de Jacobo Tagle Dobín, 14 de diciembre del 2010

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ONU hace llamado a México para luchar contra la impunidad en México por tortura

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Miranda de Wallace denigra a familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

La “activista” Miranda de Wallace, la que afirma estar del lado de las víctimas, demuestra una vez más que está mas bien del lado del gobierno asesino.

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Activistas internacionales envían carta a PGR por acoso a periodista

Los Angeles Press

01/01/2017

Redacción

LOS ÁNGELES, CA.- Para concluir el año 2016, un grupo de organizaciones y activistas internacionales enviaron una carta al titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade, en la que manifiestan su preocupación por el acoso de agentes ministeriales a la periodista Guadalupe Lizárraga por sus investigaciones en las que reveló la falsedad del caso Wallace.

Los hechos de acoso tuvieron lugar el pasado 11 de noviembre dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California en un evento de derechos humanos organizado por el Frente Refundación para recoger firmas de apoyo para la creación de una Comisión de Justicia y Verdad en México, en el que participaba Lizárraga.

La iniciativa en apoyo internacional a la periodista fue liderada por el presidente sección Nueva York del Freedom Socialist Party, Stephen Durham, y el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, con base en Montreal, David Bertet.

En la misiva al procurador se hace mención de las falsas declaraciones de María Isabel Miranda de Wallace sobre el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Miranda en 2005, que hasta la fecha las autoridades judiciales no han podido acreditar pericial ni científicamente y que, pese a ello, se mantiene en la cárcel a seis personas inocentes, cuatro de éstas sentenciadas a más de 100 años de cautiverio.

Así mismo se hace alusión a los periodistas asesinados en el desempeño de su trabajo, y de la falta de interés de la PGR para resolver esos crímenes:

“En lugar de tratar de intimidar y hostigar a periodistas como Lizárraga, su oficina debe tomar en serio el número sin precedentes de periodistas mexicanos que han sido asesinados desde que el presidente Felipe Calderón inició la guerra contra las drogas en 2006. Es hora de que usted y su personal dediquen recursos necesarios para investigar y enjuiciar a los criminales responsables de estas muertes” (Traducción propia).

Entre los firmantes, destacan activistas de Nueva York, San Francisco, Seattle, Los Ángeles, y de otros países como Canadá, Argentina, Brasil, Australia y República Dominicana.

Dr. Raúl Cervantes Andrade

Procurador General de la República

Procuraduría General de México

Paseo de la Reforma 211-213

Cuauhtémoc, Cuidad de México, C.P 6500

MEXICO

Dear Attorney General Cervantes Andrade,

We, the undersigned individuals and organizations, are writing to express our concern over the recent harassment of Ms. Guadalupe Lizárraga, an award-winning journalist based in Los Angeles, California, by agents of your office.

These persons confronted Ms. Lizárraga during the proceedings of a human rights conference organized by the Frente Refundación at the Instituto de Investigaciones Culturales on the Universidad de Baja California campus in Mexicali in November. They subjected this much-respected reporter to questioning regarding her news stories–based on sound investigative journalism–on the false allegations of Sra. Maria Isabel Wallace Miranda that her son was kidnapped and murdered by six innocent individuals.

We believe that sending agents thousands of miles to interrogate Ms. Lizárraga constitutes an attack on freedom of the press and the public’s right to know about the six defendants who have suffered physical torture and psychological abuse while awaiting trial, jailed since 2006.

Rather than trying to intimidate and harass journalists like Ms. Lizárraga, your office should be taking seriously the unprecedented number of Mexican journalists who have been assassinated since President Felipe Calderón initiated the government’s war on drugs in 2006. It is time you and your staff devoted the necessary resources to investigate and prosecute the criminals responsible for their deaths.

This escalating violence as well as the erosion of civil liberties, the blatant disregard for due process, the impunity for crimes committed by government officials, and the attacks on freedom of the press all undermine the pursuit of justice in your country.

Most glaringly, the case of the missing 43 Ayotzinapa teachers’ college students remains unsolved after 27 long months of protests and global outrage. The subsequent cover-up has implicated President Enrique Peña Nieto and points to corruption at the highest level of the Mexican government. The families of these students and the world deserve a conclusive investigation by your office of this crime, just as Mexican journalists and the Mexican public deserve access to a free press in which those who cover such stories are not afraid for their lives.

We call on you to end the harassment of Ms. Lizárraga, whom we will continue to defend in the context of building international support for freedom of the press in Mexico.

Sincerely,

Stephen Durham, International Secretary, Freedom Socialist Party (FSP), U.S.A. Section, New York City

Frederick W. Hyde, Administrative Law Judge (Retired),* Seattle, Washington

Jim Lafferty, Executive Director Emeritus, National Lawyers Guild, Los Angeles, California

Daniel Vila, Program Director, “La Voz Latina”, WBAI-99.5FM and President Manhattan Greens*, New York City

David Bertet, President of Board of Directors, Canadian Association for Rights and Truth, Montreal, Canada

Partido Obrero Socialista (POS), México

Núcleo por un Partido Obrero Revolucionario Internacionalista (NUPORI), República Dominicana

Juan Marino, Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR), Argentina

Partido Causa Operário (PCO), Brazil

Radical Women, USA Section

Debbie Brennen, Organizer, Radical Women, Australia Section, Melbourne, Australia

Alison Thorne, Organizer, Freedom Socialist Party, Australia Section, Melbourne, Australia

Socialist Action, San Francisco, California

Socialist Viewpoint, San Francisco, California

YoSoy132 NY, New York City

Ayotzinapa NY, New York City

Ayotzinapa New York/Connecticut

Antonio Flores Quin, Community Organizer with Orgulho P’urhepecha*, Seattle, Washington

Carole Seligman, Retired Teacher, California Teachers Association-South San Francisco Chapter* and Labor Action Committee to Free Mumia Abu-Jamal*, San Francisco, California

Bob Price, American Federation of Teachers, Local 2121* and San Francisco Labor Council*, San Francisco, California

*Affiliation listed for identification purposes only

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