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Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías

Los Angeles Press

27 de abril 2017

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, California.- Ricardo Martínez Chávez fue asesinado el 5 de enero de 2017, en Tamaulipas. Era el abogado que, desde los años noventa, asistía jurídicamente a su inseparable cliente Isabel Miranda Torres, la señora Wallace, en la Ciudad de México. Pero desde octubre de 2016, había sido nombrado coordinador regional de la procuraduría de Tamaulipas, y dos meses después lo emboscaron junto con otros ministeriales. Terminó su vida relacionado con el narcotráfico, uno de los “giros negros” que le señalaban los medios y por lo que el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) lo investigaba como servidor público en el sistema de procuración de justicia mexicano durante el periodo de 2006 a 2014.

Esta investigación de la CNS, a través de la Policía Federal, especificaba el recurso de revisión RDA 4093/13, en el que se pedía hacer públicos los resultados de evaluaciones en control y confianza a varios servidores públicos del estado de Guerrero, entre éstos, figuraban Ricardo Martínez Chávez, Iñaki Blanco Cabrera y Víctor León Maldonado. Los tres unidos por una amistad de más de 20 años, desde sus incursiones como ministeriales en la PGJDF a finales de los noventa, los tres promovidos en la PGR en la Ciudad de México, específicamente en el área de Secuestros en diferentes fechas, los tres en la procuración de justicia del Estado de Guerrero, y los tres al servicio de Isabel Miranda de Wallace.

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El inicio de la existencia de Martínez Chávez en la vida de Isabel Miranda, nos remonta a aquellas cuatro noches y cinco días de julio de 1998, cuando la señora Wallace estuvo presa en el Reclusorio Norte por homicidio en grado tentativa y desacato a la autoridad. Martínez, desde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, movía influencias con el Subprocurador de Averiguaciones Previas, Hugo Vera, para quien trabajaba como secretario particular, al tiempo que pagaba la fianza por la libertad de su amiga. Desde aquellos años, Martínez ya se relacionaba con Víctor León Maldonado, con Iñaki Blanco Cabrera y con Braulio Robles Zúñiga, y jugaba en dos canchas, en la pública dentro de la PGJDF, de 1997 a 1999, y en la privada, como abogado de Miranda.

Los pasos de Martínez Chávez en la burocracia de la procuración de justicia parecían ser los pasos de Isabel Miranda. En octubre de 2001, fue incorporado a la Procuraduría General de la República, como agente ministerial dentro de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), al igual que Iñaki Blanco Cabrera y Braulio Robles Zúñiga. Justo en ese mes, el día 21, se giraba orden de reaprehensión contra el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace, de acuerdo al oficio 5525, de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), por el delito de contrabando cometido en julio del mismo año, con el que se abrió el expediente 196/2001 y se le dio una sentencia condenatoria por tres meses.

Sin embargo, la oportuna incorporación de Martínez Chávez a la PGR, y a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, logró que Hugo Alberto Wallace evadiera la justicia. Y el 3 de junio de 2004, la orden de reaprehensión fue cancelada por el juez XIII de Distrito de Procesos Penales Federales del DF, bajo el pago de una multa de 14 665.20 pesos (824 dlls).

En octubre de 2002, Martínez Chávez adquiría la responsabilidad de la jefatura Antisecuestros de la misma UEDO, bajo las órdenes de José Luis Santiago Vasconcelos. El 25 de julio de 2003, se le ascendió a fiscal Antisecuestros, en sustitución de Oscar Moreno Villatoro, ya de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). No obstante, según reportes de prensa, Martínez presentó su renuncia por supuestas diferencias con la AFI, el 31 de diciembre de ese mismo año 2003, y simultáneamente armaba casos a Isabel Miranda como la expropiación ilegal de terrenos en Tlalpan, bajo documentos falsos y peritos corrompidos, firmando como apoderada de ella.

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Con la designación de Daniel Francisco Cabeza de Vaca como nuevo titular de la PGR en abril 2005, en sustitución de Rafael Macedo de la Concha, se inició un proceso de desmilitarización de la dependencia, y retiraron a 169 militares. Los cambios de personal alcanzaron la SIEDO, según una nota de la revista Proceso publicada el 10 de julio de 2005, en la que se especificaba que José Luis Santiago Vasconcelos se mantendría en el cargo de subprocurador, pero con dos nuevos encargados de despacho, Ricardo Martínez Chávez en el área nuevamente de Secuestros, y Eduardo Luna Alonso en el área de robo de vehículos.

Así, un día antes del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, se daba a conocer que de nuevo la pieza clave de la maquinaria de la SIEDO para la fabricación de culpables por secuestros era el amigo de Isabel Miranda Torres, el abogado Ricardo Martínez Chávez. Varios días después, Braulio Robles Zúñiga fue designado como ministerio público, después de una queja de Miranda, y fue el mismo que coordinó las torturas a los inculpados para que se incriminaran por el falso secuestro.

 Braulio Robles, el coordinador de las torturas

De acuerdo a su propia ficha curricular presentada ante el Senado de la República, al presentarse como aspirante a fiscal Anticorrupción, Braulio Robles Zúñiga estuvo desempeñándose como agente ministerial del Distrito Federal, del 1º de octubre de 1990 al 30 de abril de 1999. Durante este período coincidiría con Ricardo Martínez Chávez en la misma dependencia del DF, y habrían establecido una relación suficientemente estrecha para después seguir los mismos pasos dentro de la PGR, específicamente en el área de Secuestros.

Tras un curso de tres meses de entrenamiento como ministerial federal, Robles Zúñiga fue incorporado a la PGR, oficialmente el 16 de noviembre de 2001, en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. Su incorporación fue al mes de haber entrado Ricardo Martínez e Iñaki Blanco a la misma unidad.

Pese a que en noviembre de 2002, Robles Zúñiga fue promovido dentro de la procuraduría para asistir a un nuevo curso, ahora «para combatir la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes», del cual obtuvo constancia y acreditación, fue quien coordinó las torturas de los inculpados del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, bajo las órdenes de Miranda y Martínez Chávez.

Incluso, en el libro dictado por Miranda a Martín Moreno, titulado El Caso Wallace, Miranda se refirió a Braulio Robles «como una bendición», y allí destacó Miranda su disposición para «cualquier tema que ameritara su intervención».

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La primera víctima fue Juana Hilda González Lomelí, quien recientemente interpuso un amparo penal, el 4 de abril de 2017, contra Robles Zúñiga y su jefe en el Ministerio público, Fermín Ubaldo Cruz, por amenazas, tortura física y psicológica e incomunicación. A partir de la declaración arrancada bajo tortura, en 2006, Juana Hilda fue obligada a incriminar a las otras cinco personas, su pareja César Freyre, Jacobo Tagle Dobín, Brenda Quevedo Cruz, Alberto y Tony Castillo Cruz, señalándolas a partir de una fotografía extraída de su departamento en un cateo ilegal por los agentes ministeriales dirigidos por el ministerio público Fermín Ubaldo Cruz. En esa declaración, Isabel Miranda estuvo presente y mandó filmarla para difundir los videos en las redes sociales como una evidencia de culpabilidad, pese a que aún no se llevaba el juicio.

Bajo la jerarquía de Braulio Robles Zúñiga, se encontraba el agente ministerial Osvaldo Jiménez Juárez, quien desde 2010, servía también públicamente a Miranda. En 2013, este agente fue identificado plenamente como verdugo de tortura por Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, en diferentes audiencias, y el testimonio de Jacobo fue registrado ante un juez federal.

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Iñaki de testigo de cargo de Wallace a procurador de Guerrero

Aquel 2001, fue significativo para la PGR en el área de secuestros. Se configuraba un equipo de fiscales y agentes ministeriales fabricantes de culpables, todos alrededor de Ricardo Martínez Chávez e Isabel Miranda Torres. Así fue cómo llegó también Iñaki Blanco Cabrera, a la PGR en 2001. Y en el correr de los años junto a Martínez Chávez, en 2010, Martínez pidió a Blanco que fuera testigo de cargo para el caso Wallace. Ese mismo año, Blanco Cabrera, recién nombrado titular de la SIEDO por la entonces procuradora Marisela Morales, encarceló a Jacobo Tagle Dobín, quien era el único que faltaba del grupo de la fotografía robada del departamento de Juana Hilda.

En el año 2010, el arropo gubernamental a Isabel Miranda en la administración de Felipe Calderón se expresaba en privilegios y poder también para el equipo de funcionarios y cómplices que sostenía el falso crimen contra su hijo desde la SIEDO, donde las recompensas por secuestros fabricados y compensaciones a los medios condescendientes con la mentira eran un rumor que cobraba fuerza alrededor de los subordinados de Marisela Morales.

Ese mismo año, se tramitaban documentos oficiales –como el CURP– bajo el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, identidad oficial del hijo de Miranda Torres en sus primeros seis años de edad. También se publicaba, con ostentosa mercadotecnia, el libro El Caso Wallace, con el que se legitimaba la fabricación de culpables en los medios. Al mismo tiempo, se intensificaba el acoso de funcionarios de la SIEDO contra familiares de las víctimas de Miranda Torres, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ignoraba las quejas de torturas cometidas contra Albert Castillo Cruz y su hermano Tony Castillo Cruz, así como las de César Freyre Morales. Mientras, en agosto de 2010, el director del penal de Santiaguito, Estado de México, Irineo Monroy Dávila, reconocía la tortura a Brenda Quevedo Cruz cometida en 2009 por ministeriales de la SIEDO y se disculpaba con ella por haberlos dejado entrar al penal bajo su cargo. No obstante, meses más tarde de esa disculpa, en octubre de 2010, Brenda fue trasladada ilegalmente al penal federal de Islas Marías, y los mismos ministeriales de la SIEDO perpetraban la segunda tortura contra ella. De los seis inculpados por Miranda, los hermanos Albert y Tony Castillo y Brenda Quevedo, pese a las torturas, nunca se incriminaron del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace.

El trío de fabricantes de culpables de la antigua SIEDO, nuevamente destacaron en Guerrero con los delitos fabricados de secuestro contra Nestora Salgado, la líder de la Policía comunitaria de Olinalá, quien fue encarcelada dos años y medio en un penal federal. Caso en el que intervino Isabel Miranda para darle legitimidad a la falsa incriminación y recriminar al juez la libertad condicionada que le otorgaban a la líder en marzo de 2014, al no encontrar pruebas en su contra.

Los cambios en la SIEDO

Pese al semblante gris y trayectoria mediocre de Iñaki Blanco Cabrera, en 2011, un año después de su macabra trayectoria por la SIEDO, se estrenaba como delegado de la PGR en el estado de Guerrero, y en 2013 era designado por el gobernador Ángel Aguirre como procurador general del estado. Iñaki Blanco entonces invitó a trabajar con él a dos de sus amigos que lo ayudaron a crecer en la SIEDO: a Ricardo Martínez Chávez y a Víctor León Maldonado, éste último incorporado en 2008.

Para la PGR, el año 2008, también fue muy revelador de la corrupción interna, porque fueron removidos de sus cargos los subprocuradores Noé Ramírez Mandujano, del área de Terrorismo y acopio de armas de la SIEDO, Felipe de Jesús Muñoz, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), y Víctor Manuel Corzo Cabañas, de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA). Aunque la decisión había sido tomada desde la presidencia de la República, las fabricaciones de acusaciones surgieron desde la SIEDO y el supuesto motivo era por trabajar con el cártel de los Beltrán Leyva. A la situación la llamaron “Operación Limpieza”.

Junto con esta operación, con Marisela Morales al frente de la SIEDO, se denunció la fabricación de delitos en más de 50 casos. Sin embargo, el expresidente Calderón la nombró titular de la PGR, pese a que los funcionarios inculpados desde su dependencia, fueron absueltos cuatro años después de prisión al descubrirse que habían utilizado testigos protegidos con identidades falsas para incriminarlos.

En ese periodo de investigaciones a los subprocuradores acusados, en julio de 2008, Víctor León Martínez era incorporado a la SIEDO, primero como asesor, y luego como coordinador general, el 1º de noviembre de 2008. José Luis Santiago Vasconcelos había sido designado, por Felipe Calderón, como secretario técnico para la implementación de la reforma penal en materia de seguridad y justicia penal, pero murió tres días después, el 4 de noviembre de 2008, junto con el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en un supuesto accidente de avión por fallas mecánicas.

Samuel González, el abogado de las contradicciones

Samuel González Ruiz es otro de los abogados destacados de Isabel Miranda. Fue coordinador de asesores del Procurador General de México, de 1994 a 1996. También se presenta como fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) en PGR, del cual fue titular, «encargado de todos los casos de delincuencia organizada en el ámbito nacional» de 1996 a 1998.

En 2012, cuando Isabel Miranda Torres fue candidata por el PAN a la gubernatura de la Ciudad de México, González Ruiz amenazó al abogado José Patiño Hurtado por confirmar, en entrevista con Carmen Aristegui, que Miranda había estado en la cárcel en 1998. Su faceta académica en la UNAM, en la ONU, en la Universidad de Sevilla, y en varios países como capacitador en sistemas penales de varios países, contrasta con la defensa de casos como el de Wallace en el que la fabricación de culpables ha sido uno de los profundos quiebres del Estado de derecho en México.

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Homenaje luctuoso a Ricardo Martínez Chávez en Tamaulipas
y demás agentes ministeriales. Foto: La Opinión de Tamaulipas.

El silencio de Isabel Miranda

Después del asesinato de Ricardo Martínez Chávez, Isabel Miranda de Wallace guardó silencio. No utilizó su acceso privilegiado a los medios para reclamar el crimen de su amigo y cómplice de más de veinte años de convivencia, como lo hizo de manera difamatoria y violatoria al derecho de presunción de inocencia de las víctimas del caso Wallace para denunciar un crimen que nunca sucedió, el de su hijo. El 5 de enero de 2017, la señora Wallace no dio declaraciones a los medios, no exigió a la PGR que se investigara hasta las últimas consecuencias, no reclamó la inseguridad al gobernador de Tamaulipas, como lo acostumbra a hacer con el tema del secuestro. Incluso, tampoco fue al funeral de Ricardo Martínez Chávez, su abogado desde 1998.

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De izquierda a derecha : Roberto Miranda Torres (hmno de Miranda de Wallace), Oswaldo Jimenez Juarez (MP y torturador), Miranda de Wallace, Ricardo Martinez Chavez y un sobrino de Miranda de Wallace.

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Isabel Miranda de Wallace va contra periodistas

Entrevista a Guadalupe Lizarraga

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El abogado que metió a la cárcel a la señora Wallace (PODCAST)

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Activistas y académicos acusan a las ONGs pro Gobierno de hacer difícil la labor a la sociedad civil

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Por Juan Luis García Hernández

SinEmbargo

abril 14, 2017

6:30 pm

Activistas condenaron la docilidad de algunas organizaciones civiles hacia el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. La complacencia pasa facturas en términos generales este sector que alberga una amalgama de causas. En enero, la activista Miranda de Wallace entregó un reconocimiento a la Fiscalía de Nayarit, cuyo entonces titular Edgar Veytia se encuentra hoy detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Este no es el único caso de intercambio de guiños entre autoridades y activistas, pero ha sido suficiente para que diversos grupos no lo dejasen pasar por desapercibido. ¿A qué apuestan los reconocimientos públicos de autoridades por parte de la sociedad civil?

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– El oficialismo también se esconde detrás de máscaras en la sociedad civil, coinciden una serie de activistas consultados por SinEmbargo. Apenas hace tres meses, Édgar Veytia Cambero, ex Fiscal de Nayarit, recibió un reconocimiento de la organización Alto al Secuestro por la caída de ese delito en la entidad, pero hoy el ex funcionario está preso en Estados Unidos y acusado por tráfico de estupefacientes y ligas con el crimen organizado, entre otros crímenes.

Aunque operan dentro de la diversidad de posturas, organizaciones civiles críticas al Gobierno federal no dudan en desmarcarse de las complacientes. Es el caso de Wallace, quien ha seguido una línea que el Padre Alejandro Solalinde no ha dudado en tachar de oficialista.

“No me extraña que la señora Wallace haya hecho eso, porque ella finalmente ha sido oficialista, ha estado del lado del Gobierno federal, favoreciendo al PRI, al PAN. […] Ella le dio algo que no tiene a un señor que no lo merece ”, dijo Solalinde.

La revista Proceso documentó que Wallace negó la entrega del reconocimiento durante el programa “Despierta” del conductor Carlos Loret de Mola.

Sin embargo, la circulación de fotografías en redes la hicieron asegurar que el reconocimiento había sido a la institución y no al funcionario.

De acuerdo con una respuesta vía el mecanismo de transparencia de la Procuraduría General de la República (PGR), en Nayarit opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y bajo el conocimiento de Édgar Veytia ese grupo criminal ensanchó su poder.

“Es lamentable el reconocimiento a un Fiscal que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, se dedicaba a traficar diversos tipos de drogas. No sólo desacredita a la ONG que le entregó el reconocimiento, sino que abona para que este Gobierno se dedique a perseguir a organizaciones civiles, sociales, que se dedican a cuestionarlo”, dijo Ricardo Espinoza, profesor de la Universidad Nacional Autónoma (UAM).

Si bien, una serie de organizaciones civiles han reconocido que Miranda de Wallace no sabía que Veytia sería detenido al momento de premiarlo, sí rechazaron el acto de entregar reconocimientos a funcionarios.

Clara Jusidman Rapoport, presidenta fundadora de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social), apuntó que la forma de conducirse de Wallace no corresponde a la de la mayor parte de las organizaciones civiles que hay en México.

“Los reconocimientos que yo conozco se dan a otras organizaciones de la sociedad civil o proyectos. No conozco casos en donde la sociedad civil se arrogue el derecho a reconocer funcionarios”, detalló.

Esta no es la primera vez que Miranda de Wallace siembra la discordia dentro de las organizaciones de la sociedad civil.

El 12 de febrero la marcha contra Trump denominada VibraMéxico tuvo lugar del Auditoría al Ángel de la Independencia, gracias a la convocatoria de decenas de organizaciones de la sociedad civil.

Wallace puso en jaque los motivos de la marcha al convocar una movilización en la misma fecha y finalización del recorrido en el mismo lugar que la de VibraMéxico; con la salvedad de que su marcha no criticaría al Presidente Peña Nieto.

“Ella tiene actitudes fallidas, como la tuvo en la marcha de Vibra México que fue un fracaso. Yo pienso que la persona debería de dedicarse a cosas buenas. Cosas que tuvieran un aval moral y no lo que está haciendo.”, dijo Solalinde.

HISTORIAL DE PRESEAS

La activista Rosi Orozco, presidente de la Comisión Todos Unidos contra la Trata, resaltó en octubre del 2015 la manera en la que el Gobernador Eruviel Ávila Villegas combate el delito de la trata.

“La manera en cómo se está combatiendo aquí en el Estado de México, es la manera correcta, es determinante; es decir, cero tolerancia, es ponerse de lado de ellas, y muchas gracias Gobernador”, dijo Orozco, durante la presentación de su libro, al mandatario estatal en aquella oportunidad.

No obstante, el Edomex reportó, del 2013 a junio del 2015, al menos 13 sentencias condenatorias por el delito de trata.

En ese momento, el Estado de México era el quinto más afectado del país por este delito, sólo detrás del Distrito Federal, Puebla, Chiapas y Tlaxcala.

“Honestamente la señora Orozco no ha hecho nada por ayudar. Y , por el contrario, los señalamientos a su persona de que revictimiza víctimas nadie los ha objetado”, dijo David Mancera Figueroa, de la organización Solidaridad por las Familias, que aboga por mujeres víctimas de violencia en el Estado de México.

Las condiciones para las mujeres del Edomex y de todo el país no han mejorado.

En el 2016 se reportaron 65 carpetas de investigación por feminicidio, una cifra superior a la de cualquiera de los años a partir del 2011. En cinco años la fiscalía estatal sumó 306 carpetas por este delito.

“La señora Wallace podría entregarle un reconocimiento a la señora Orozco, y viceversa. Quedarían contentas las dos porque de eso viven”, sentenció Mancera, quien enfatizó que la labor de las oenegés se realiza sin ánimo de reconocimiento y por sentido humano.

Otra activista que ha exaltado la labor de autoridades es María Elena Morera, de la organización Causa en Común, que ha dado seguimiento a los avances de profesionalización policial en el país.

En el 2013, Morera inauguró el foro “Sumemos Causas: Ciudadanos + Policías“. La organización que en diversas ocasiones ha logrado aglutinar a las autoridades resaltó en esa ocasión la labor del Gobernador Rubén Moreira.

María Elena Morera, Presidenta de Causa Común A. C., ha desarrollado monitoreos de seguridad pública. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro

“En nuestra organización se reconoce el esfuerzo que hace el gobierno del estado para dignificar la carrera policial por medio de una reingeniería policial”, detalló, de acuerdo con declaraciones recogidas por Radio Fórmula.

La organización destacó que el Gobernador, quien tomó posesión en diciembre del 2011, había en dos años pasado de tener un avance del 30 por ciento en las evaluaciones de control y confianza a uno de 74.79 por ciento.

Sin embargo, la situación de los policías no cambió en Coahuila.

“Si le preguntas a cualquier ciudadano de Coahuila cuál es su percepción cuando ve una patrulla en las noches es de miedo, jamás es de sentirse seguro, la gente en Coahuila no confía en sus policías. Tan es así es que surgió Fuerza Coahuila, una de las policías más polémicas”, detalló Raymundo, otrora vocero del extinto Movimiento de los Indignados Coahuila.

Hoy Morera, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, conforma el Colectivo Seguridad Sin Guerra, cuyo fin es extender a la ciudadanía la discusión que se lleva en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Seguridad Interior.

La iniciativa presentada el 27 de octubre pasado por el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz, pretende que las Fuerzas Armadas cuenten con un marco regulatorio para realizar tareas policiales.

Incluir a las organizaciones civiles en las discusiones camerales no es igual a rechazar la propuesta, lamentó Tomás Guevara, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Eso tiene que ver con ciertos privilegios que gozan algunas ONGs. Hay presupuesto [gubernamental] para este tipo de decisiones y, por desgracia, sucede cuando no hay un compromiso ante el problema”, detalló Guevara sobre las organizaciones que han mermado su oposición a la iniciativa de Ley que legisladores prevén aprobar este mes.

¿JUSTOS PAGAN POR PECADORES?

Cuestionado sobre el perjuicio que una organización hace al conglomerado al ser complaciente con las autoridades. Raymundo dijo que sí, porque la ciudadanía no siempre logra distinguir  entre unas y las otras.

Por otro lado, José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero rechazó la idea.

“Hay una realidad, muchas de las oenegés de la sociedad civil no nos sentimos representadas por la figura de Miranda de Wallace, o Rosi Orozco. Marcamos nuestra distancia totalmente. Nosotros no trabajamos como ellas, justamente porque tenemos una fuerte crítica a los gobiernos, instituciones y a las personas que las integran”, expuso.

Desde el punto de vista de esta organización del Edomex las autoridades y políticos son parte del problema que atraviesa la entidad, y el país.

–¿Qué riesgos conlleva tener una postura crítica hacia las autoridades?

–Esa labor nos conlleva agresiones, inicios de investigaciones falsas y a varios de nuestros una prisión indebida, como es el caso de Idelfonso Zamora, liberado hace poco. O Humberto Pérez un defensor de la vivienda digna preso en un penal de Ecatepec. Y por qué no decirlo: la privación ilegal de la vida.

Por Juan Luis García Hernández

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El abogado que metió a la cárcel a la señora Wallace

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El abogado José E. Patiño Hurtado. Foto: Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

¡El que se suba, mátenlo! –gritó una mujer para impedir que se subieran a la estructura que sostenía un panel de publicidad exterior.

Era la tarde del 17 de  julio de 1998 y la voz de María Isabel Miranda Torres, «la señora Wallace». Su aspecto corpulento de mujer poco afable destacaba entre una veintena de hombres a su alrededor. Empleados bajo sus órdenes intentaban impedir el retiro de tres espectaculares de su empresa Showcase Publicidad en zonas prohibidas de Tlalpan, sobre Periférico Sur, en la colonia Héroes de Padierna.

Por parte de la Delegación Tlalpan, unas ochenta personas enfrentaban la resistencia Wallace, al tiempo que también iban desmontando las estructuras de otra empresa. El abogado José Patiño Hurtado, entonces subdirector Jurídico y de Gobierno, lideraba el conflicto. Un hombre alto, moreno, de estructura fuerte, cuarenta y tanto años de edad, vestido con chamarra de piel negra y camisa color claro, intentaba que la mujer entrara en razón.

Señora, voy a quitarle los espectaculares, grite o patalee, los tengo que quitar porque son peligrosos, no tiene autorización para montarlos ahí –relataba Patiño haberle dicho en aquel momento.

Pero ella, con cúter en mano, empezó a cortar una de las mangueras de las cuatro que tenía unidas el sistema hidráulico de la grúa que operaba el trabajador de Tlalpan, quien tenía la orden de quitar los paneles. Cuando Isabel Miranda terminó de cortar la manguera dio el cúter a un hombre joven que estaba a su lado y éste continuó cortándolas. Era su hijo, Hugo Alberto Wallace.

Después del corte de tres mangueras, la grúa empezó a desestabilizarse y Hugo Alberto corrió a subirse a su auto, un Cutlass gris, que había metido al predio sin autorización, mientras uno de sus empleados corrió a abrir la puerta a toda prisa. Patiño y otros funcionarios también corrieron para bloquear la salida con la intención de impedirle que huyera. Sin embargo, Hugo Alberto aceleró el auto, lanzándolo con determinación contra ellos.

¡Nos aventó el coche! Otro funcionario me jaló de la chamarra para evitar que nos atropellara –prosiguió Patiño, instalándosele un gesto de sorpresa que vino del recuerdo.

El conflicto se llevó el tiempo promedio de una jornada laboral, desde las once de la mañana hasta las ocho de la noche. Patiño no era la primera vez que se encontraba con Isabel Miranda por problemas similares. Sin embargo, ese día impidió que la mujer impusiera su voluntad y quedara impune.

Hugo Alberto Wallace logró escapar, pero los empleados de la delegación impidieron que ella hiciera lo mismo y fue llevada por la policía local al Ministerio Público. Los cargos fueron resistencia a la autoridad, daño a propiedad ajena en agravio al Gobierno del Distrito Federal y homicidio en grado tentativa. El juez Joel Blanno García, a cargo en ese momento del juzgado en turno del Reclusorio Norte, del Décimo Segundo de lo Penal del Distrito Federal, la absolvió de los dos últimos cargos, pero dictó prisión preventiva por el de resistencia a las autoridades. Cinco días después, salió libre.

II  

Hablar con el abogado José E. Patiño Hurtado es un vertiginoso vaivén entre la historia y el presente. Su memoria privilegiada para los nombres y hechos nos retrata realidades a detalle de aquel día en que metió a la cárcel a la «señora Wallace».

Yo la iba a meter a la cárcel por el uso indebido de documentos falsos –explicó Patiño–. Preparé un expediente con los supuestos permisos y escrituras que tenía para montar los espectaculares en los bosques públicos.

¿Escrituras?

Sí, eran escrituras falsas. Cuando llegamos como gobierno a la delegación de Tlalpan, empezamos a hacer recuperación de esos terrenos, unos en Lomas de Cuilotepec, La Cuchilla de Padierna, El llano, Coapa, son algunos.  

Patiño comentó que no todo fue éxito. Isabel Miranda llegó a quedarse con propiedades acreditándolas con documentos falsos de administraciones pasadas.

Uno de estos casos que confirmaron las afirmaciones del abogado fue el expediente 762/2000 que se abrió en contra de Luciano Ureña Pérez, propietario original del predio ubicado en la avenida Miramontes #3158, Ex hacienda de Coapa, Delegación Tlalpan. Ureña Pérez había denunciado y demostrado la falsedad en peritajes y documentos por parte de Isabel Miranda. Sin embargo, perdió el caso en 2001 contra Hugo Alberto Wallace Miranda y Claudia Wallace Miranda. El perito, ingeniero civil Eduardo Adolfo Castañeda Niebla, falseó el dictamen en favor de los Wallace y Miranda presentó documentos notariales falsos, utilizando también sellos falsos del testimonio notarial 35004 con fecha del 20 de julio de 1992, de la Notaría número 4 y falsificando además la firma del notario Felipe de Jesús Zacarías Ponce.

Copia de averiguación previa del despacho jurídico de Isabel Miranda para alegar ser propietaria de terrenos pese a falsedad de documentos y falsificación de firmas notariales.

Desde entonces, Miranda empezaba a cobrar notoriedad por sus acciones ilícitas e infundía temor al rodearse de abogados como Ricardo Martínez Chávez, quien hizo las gestiones para sacarla de la cárcel en 1998, y quien después fue acusado de trata sexual en el Distrito Federal, y asesinado en Tamaulipas el 5 de enero de 2017 por supuestas relaciones no satisfactorias con el narcotráfico, tres meses después de haber sido nombrado como coordinador regional de la procuraduría local en ese estado.

III

José Patiño vivía en las colinas del norte de la Ciudad de México. El camino serpenteaba para llegar a su casa, rodeado de macizos de flores y árboles pequeños. El edificio era de tres niveles y utilizaba el primero como garaje. Un amplio salón se abría con la puerta en el segundo nivel. La decoración destacaba en paredes con arte prehispánico y pisos de madera cubiertos con tapetes estilo persa. Un piano antiguo atraía la vista a uno de los costados; del otro, una sala de estar en piel café con una mesita al centro cubierta de expedientes judiciales. Entre éstos, se asomaba un pequeño libro con las hojas amarillas por el tiempo.

Cuando mis ojos se posaron en automático sobre el libro, Patiño lo cogió, buscó el índice y estiró la mano para mostrármelo: Santa Ana y Juan Álvarez, frente a frente, el autor era Fernando Díaz Diaz, de una colección de la SEP de 1972. El entusiasmo le inyectó un brillo a su mirada de ojeras sombrías. Me contó que se trataba de su tatarabuelo Juan Álvarez Hurtado, por parte de su madre. De cómo el general, miembro de una pléyade de liberales en 1854, había participado junto con Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal en la elaboración del Plan de Ayutla para terminar la dictadura de Santa Anna.

La conversación con José Patiño era intensa. La madrugada no hacía mella en el vigor de sus relatos. Desde la historia del general Álvarez  y cómo entregó sus riquezas a la causa para ayudar a la liberación de México, hasta su niñez en el orfanato Nuestros Pequeños Hermanos con el Padre Wasson,  en Cuernavaca, Morelos. Patiño tenía cinco años cuando secuestraron y asesinaron a su padre. Su madre investigó el crimen por su cuenta y descubrió que se trataba de un grupo de gavilleros, dedicados a asaltar y a violar en la sierra de Guerrero y solían esconderse en Iguala. La familia se apoyó en el abuelo y se mudaron a Cuernavaca para proteger a los hijos. Dos años después, la madre de Patiño falleció de cáncer.

–El Padre Wasson, cuando se entera de la muerte de mi madre, le dice a mis tías “déjenos a los muchachos”, y mi hermana fue la única que no entró, pero mis hermanos y yo nos quedamos ahí, porque mi madre había sido bienhechora del orfanato.

Allí,  José Patiño conoció al escritor Erich Fromm. Él vivía en Cerritos, Cuernavaca, y Patiño ya cursaba la preparatoria.

–Erich Fromm nos daba clases de Psicología en la prepa. Era algo maravilloso platicar con ese personaje. Recuerdo que nos decía: «Lo más importante del hombre es la raíz, pero más  importante aún es su existencia. A ver platícame tu vida», y empezábamos los jóvenes a tartamudear con nuestras historias, y nos interrumpía: «No, no, lo más importante eres tú, a ver cuéntame de ti». Era tan preciso en su vida.

IV

En  2012, José Patiño Hurtado dio una entrevista a Carmen Aristegui, conductora entonces de MVS, quien buscaba verificar si la fecha signalética de Isabel Miranda de Wallace, publicada el 14 de abril de ese año por la revista Proceso, era oficial. El hecho cobraba relevancia porque Miranda corría como candidata a la gubernatura de la Ciudad de México por el PAN. Y Patiño confirmó los hechos de aquel día de 1998: “Miranda sí estuvo presa”.

Fue un golpe seco a la imagen mediática de la señora Wallace, quien todavía desafiando en tono de burla al semanario Proceso, mandó imprimir en tamaño poster la fotografía de su ficha policial negando que fuera ella y jugaba con la información sobre su estatura. También dijo que se trataba de una campaña negra. Algunas encuestas sobre preferencias electorales todavía en marzo de ese año de 2012, la sostenía en la segunda posición para los capitalinos, pero después de las declaraciones de Patiño y la amplia difusión de los medios bajó a la tercera posición perdiendo por más de 300 mil votos con respecto al PRI que fue el que subió a la segunda posición.

Patiño recuerda que después de esa entrevista, incluso en la misma noche, recibió una llamada del abogado de Isabel Miranda, Samuel González Ruiz. Fue para amenazarlo.

A mí no me andes amenazando –respondió Patino a González– Demándame, yo sí me dedico a esto. Y dile a esa señora que conmigo se topa con pared. (…) ¡Te espero donde gustes!

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Patiño con el documento que ampara a la periodista contra acoso de PGR. Foto: Los Ángeles Press

V

En noviembre de 2016, José Patiño volvió a cruzarse con el nombre de Isabel Miranda de Wallace. Esta vez, el abogado tramitaba mi amparo y protección de la Justicia federal contra el acoso de autoridades de la Procuraduría General de la República, específicamente contra supuestos agentes ministeriales que pretendían llevarme a declarar a una “subdelegación” por mis reportajes sobre la falsedad del caso Wallace, mientras participaba en un evento universitario de derechos humanos en Baja California. La acción venía presuntamente como consecuencia de la denuncia interpuesta por Isabel Miranda en 2014, de acuerdo a la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 contra David Bertet, presidente de la organización de derechos humanos En Vero y contra mi persona.

Ante la viralización de la noticia en las redes sociales lanzada por la directora de La Jornada de Baja California, Mireya Cuéllar, la señora Wallace cuestionó a través de su cuenta de Twitter que por qué tenía miedo en ir a declarar. Que mi negativa había sido un «ardid publicitario» para llamar la atención. Pero Patiño me informó que autoridades de la PGR confirmaron en audiencia judicial que ellos no habían enviado agentes ministeriales a Baja California, y que ya no existía la averiguación previa mencionada, pese a que David Bertet llegó a trasladarse desde Canadá a México para ratificar ante el Ministerio Público su recepción. 

Cuando pregunté a Patiño su opinión sobre Miranda respecto a estas agresiones a la prensa respondió con indignación:

Atacar a libertad de prensa, a los periodistas y a los activistas de derechos humanos que se preocupan por gente que no tienen a nadie quien les ayude, que han sido condenados a la injusticia, es de alguien perverso. Isabel Miranda de Wallace es perversa, es mala en ese sentido. Se ha puesto a hablar que los defensores de derechos humanos son delincuentes, eso es muy grave… Además su arrogancia, su ignorancia, su prepotenciatiene todo lo negativo de un ser humano.

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Asesinan a jefe y agentes de la PGJ de Tamaulipas que indagaban nexos de funcionarios con el narco

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Ricardo Martinez Chavez, ex abogado de la Sra Wallace

Noticias en la Red

El controvertido ex funcionario federal, Ricardo Martínez Chávez, quien fuera Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y ex subprocurador de Justicia en el estado de Guerrero, arribo a esta frontera, como titular de la Coordinación Regional de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.

Ligado como defensor al caso del bar Heaven, donde defendió a las 14 personas consignadas por el delito de trata de personas y como titular de la SIEDO al caso de la francesa, Florence Cassez además del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero, Martínez Chávez asume una nueva responsabilidad.

De acuerdo al Grupo Imagen Multimedia, Martínez Chávez, quien fuera abogado de Isabel Miranda de Wallace y de algunos funcionarios involucrados con el fallido operativo de la discoteca News Divine, es acusado de amenazar a bailarinas –victimas de trata de blancas- para que no declararan contra sus defendidos.

En noviembre de 2014, Martínez Chávez compareció ante el Congreso del Estado de Guerrero, por su implicación en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala; también fue citado ante la SEIDO de la PGR  junto al entonces Fiscal General Iñaqui Blanco Carera, en torno al mismo caso.

El controvertido exfuncionario federal, sustituyo en Nuevo Laredo a Ricardo Mancillas Castillo, quien fungió por varios años como titular de la Coordinación Regional de la Procuraduría General de Justicia.

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Juan Alberto Cedillo 5 enero, 2017

NUEVO LAREDO, Tamps (apro).- El gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca condenó hoy el “cobarde” asesinato de Ricardo Martínez Chávez, coordinador regional de la Procuraduría del estado, y de tres agentes quienes investigaban la complicidad de funcionarios con el crimen organizado.

Ricardo Martínez Chávez, un experimentado policía exintegrante de la SEIDO y capacitado por el FBI, fue emboscado al filo de las 22:30 de anoche por un grupo de hombres armados que los acribilló cuando se desplazaban en un auto por el cruce de las avenidas Eva Sámano y Municipio Libre de esa ciudad fronteriza.

En el atentado también resultó herida una agente Ministerial quien fue trasladada a un hospital local, donde le atendieron las lesiones producidas por las balas.

El gobernador Cabeza de Vaca informó que Martínez Chávez y sus acompañantes integraban tres carpetas de investigaciones sobre delitos recientemente ocurridos en Nuevo Laredo, en las cuales salió a relucir la complicidad de autoridades con el crimen organizado.

Una de las carpetas de investigación integra la Procuraduría era sobre el reparto de regalos que realizó el Cartel del Noreste (CDN) el pasado periodo navideño, el cual fue ampliamente difundido por algunos medios ya que se les avisó a los reporteros locales, e incluso el CDN mandó un “boletín” con fotos del evento.

Martínez Chávez y su grupo habían interrogado a los reporteros que cubrieron el evento del CDN, anteriormente Zetas.

Las otras dos carpetas que integra la Procuraduría son por el delito de “trata de personas”, ya que Chávez y su grupo investigaban el caso de 20 mujeres que fueron rescatadas de un antro local donde se les obligaba a prostituirse.

Además, el caso de un grupo de migrantes que habían sido secuestrados, delitos que son posibles gracias a la complicidad de funcionarios de la alcaldía de Nuevo Laredo.

“Es la primera ocasión que yo recuerdo en más de 12 años que la Procuraduría de Justicia estatal investiga eventos como la supuesta entrega de regalos, lo que implica una investigación más amplia sobre las actividades del crimen organizado”, enfatizó Cabeza de Vaca.

El gobernador reiteró que esos asesinatos, ni alguna otra reacción del crimen organizado, frenarán la voluntad de restablecer la paz, el orden y el estado de serecho en Tamaulipas.

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Carta a reportero de La Razón, solapador del Caso Wallace

losangelespress.org

Patricia Barba Ávila*

Para ser un buen periodista, hay que ser una buena persona; las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Ryszard Kapuscinski

Sr. Jiménez,

Un ciudadano tan indignado como la que suscribe y muchos otros, me hizo llegar una nota de su autoría en la que sin más elementos que las delirantes afirmaciones y fabricaciones de la mente enferma de Isabel Miranda [de Wallace, Miranda Miranda o Miranda Torres], usted califica de secuestradores a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Cinthya Cantú y  la francesa Florence Cassez, víctimas de ficciones infames como el “Caso Wallace” o de repugnantes montajes como el orquestado por Genaro García Luna, un auténtico hampón cobijado por Calderón Hinojosa junto con Isabel. No sé si recuerde usted el descrédito en que cayó Televisa por haber participado en tan escandaloso affaire.

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Ignoro cuáles sean sus verdaderas motivaciones para afirmar lo que no le consta, haciendo gala de irresponsabilidad e ignorancia imperdonables en un periodista, en el mejor de los casos, o de infamia corrupción, en el peor. Lo cierto es, Sr. Jiménez, que su especie constituye un auténtico oprobio de la que debería ser una noble labor informativa. No me puedo imaginar qué haría usted si a alguno de sus hijos –si es que los tiene– o a cualquier otro familiar, utilizando elementos corrompidos de la SEIDO/PGR, alguien de la calaña de Isabel Miranda Como se Llame, lo mandara secuestrar, encarcelar, torturar y difamar por delitos que jamás ocurrieron y que sólo existieron en la mente sociópata de esta “activista”. ¿Se conformaría usted con los dichos de una mujer así, sin que exista evidencia sólida que los soporte?  ¿No sería una obligación moral y ética el comprobar si efectivamente, las invenciones de una persona enferma de codicia y maldad, están apoyadas en hechos irrefutables?

Y si el horror de verse privado de la libertad, injuriado y torturado para auto-incriminarse, le ocurriera a usted, no querría que sus colegas y demás lectores, radioescuchas y televidentes se cercioraran de su veracidad, antes de creer ficciones infames como la infame historieta de ficción conocida como “Caso Wallace” o el igualmente inicuo montaje de García Luna sobre la inexistente banda “Los Zodiaco”?

Isabel Miranda no sólo es altamente corrompida e inmoral, sino que también exhibe un elevado grado de ignorancia y estupidez, al solicitar al profundamente desacreditado gobierno mexicano que ejerza controles sobre una asociación extranjera, como es el caso de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, cuya encomiable labor en apoyo a víctimas de encarcelamiento y tortura bajo cargos fabricados, debería ser emulada y fomentada en beneficio de los cientos de inocentes que padecen en los terroríficos penales de nuestro pobre país.

Finalmente, ¿tanto desprecio siente usted no sólo por la verdad sino por usted mismo y, peor aún, por la vida humana, que con tanto entusiasmo y facilidad cree usted cualquier ficción, por ridícula, fantasiosa e inverosímil que parezca?

¡Qué triste y terrible que así sea!

Con el respeto que me merece, le recomiendo consultar las impecables investigaciones de verdaderas periodistas como Anabel Hernández, Guadalupe Lizárraga y Emmanuelle Steels, si existe todavía en su conciencia algún rastro de ética y pundonor.

*La autora es miembro Fundador del FEMCAI, titular del Programa “Desde la raíz” y colaboradora de Resumen Latinoamericano y Red Contacto Sur – Patria Grande

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