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Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías

Los Angeles Press

27 de abril 2017

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, California.- Ricardo Martínez Chávez fue asesinado el 5 de enero de 2017, en Tamaulipas. Era el abogado que, desde los años noventa, asistía jurídicamente a su inseparable cliente Isabel Miranda Torres, la señora Wallace, en la Ciudad de México. Pero desde octubre de 2016, había sido nombrado coordinador regional de la procuraduría de Tamaulipas, y dos meses después lo emboscaron junto con otros ministeriales. Terminó su vida relacionado con el narcotráfico, uno de los “giros negros” que le señalaban los medios y por lo que el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) lo investigaba como servidor público en el sistema de procuración de justicia mexicano durante el periodo de 2006 a 2014.

Esta investigación de la CNS, a través de la Policía Federal, especificaba el recurso de revisión RDA 4093/13, en el que se pedía hacer públicos los resultados de evaluaciones en control y confianza a varios servidores públicos del estado de Guerrero, entre éstos, figuraban Ricardo Martínez Chávez, Iñaki Blanco Cabrera y Víctor León Maldonado. Los tres unidos por una amistad de más de 20 años, desde sus incursiones como ministeriales en la PGJDF a finales de los noventa, los tres promovidos en la PGR en la Ciudad de México, específicamente en el área de Secuestros en diferentes fechas, los tres en la procuración de justicia del Estado de Guerrero, y los tres al servicio de Isabel Miranda de Wallace.

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El inicio de la existencia de Martínez Chávez en la vida de Isabel Miranda, nos remonta a aquellas cuatro noches y cinco días de julio de 1998, cuando la señora Wallace estuvo presa en el Reclusorio Norte por homicidio en grado tentativa y desacato a la autoridad. Martínez, desde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, movía influencias con el Subprocurador de Averiguaciones Previas, Hugo Vera, para quien trabajaba como secretario particular, al tiempo que pagaba la fianza por la libertad de su amiga. Desde aquellos años, Martínez ya se relacionaba con Víctor León Maldonado, con Iñaki Blanco Cabrera y con Braulio Robles Zúñiga, y jugaba en dos canchas, en la pública dentro de la PGJDF, de 1997 a 1999, y en la privada, como abogado de Miranda.

Los pasos de Martínez Chávez en la burocracia de la procuración de justicia parecían ser los pasos de Isabel Miranda. En octubre de 2001, fue incorporado a la Procuraduría General de la República, como agente ministerial dentro de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), al igual que Iñaki Blanco Cabrera y Braulio Robles Zúñiga. Justo en ese mes, el día 21, se giraba orden de reaprehensión contra el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace, de acuerdo al oficio 5525, de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), por el delito de contrabando cometido en julio del mismo año, con el que se abrió el expediente 196/2001 y se le dio una sentencia condenatoria por tres meses.

Sin embargo, la oportuna incorporación de Martínez Chávez a la PGR, y a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, logró que Hugo Alberto Wallace evadiera la justicia. Y el 3 de junio de 2004, la orden de reaprehensión fue cancelada por el juez XIII de Distrito de Procesos Penales Federales del DF, bajo el pago de una multa de 14 665.20 pesos (824 dlls).

En octubre de 2002, Martínez Chávez adquiría la responsabilidad de la jefatura Antisecuestros de la misma UEDO, bajo las órdenes de José Luis Santiago Vasconcelos. El 25 de julio de 2003, se le ascendió a fiscal Antisecuestros, en sustitución de Oscar Moreno Villatoro, ya de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). No obstante, según reportes de prensa, Martínez presentó su renuncia por supuestas diferencias con la AFI, el 31 de diciembre de ese mismo año 2003, y simultáneamente armaba casos a Isabel Miranda como la expropiación ilegal de terrenos en Tlalpan, bajo documentos falsos y peritos corrompidos, firmando como apoderada de ella.

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Con la designación de Daniel Francisco Cabeza de Vaca como nuevo titular de la PGR en abril 2005, en sustitución de Rafael Macedo de la Concha, se inició un proceso de desmilitarización de la dependencia, y retiraron a 169 militares. Los cambios de personal alcanzaron la SIEDO, según una nota de la revista Proceso publicada el 10 de julio de 2005, en la que se especificaba que José Luis Santiago Vasconcelos se mantendría en el cargo de subprocurador, pero con dos nuevos encargados de despacho, Ricardo Martínez Chávez en el área nuevamente de Secuestros, y Eduardo Luna Alonso en el área de robo de vehículos.

Así, un día antes del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, se daba a conocer que de nuevo la pieza clave de la maquinaria de la SIEDO para la fabricación de culpables por secuestros era el amigo de Isabel Miranda Torres, el abogado Ricardo Martínez Chávez. Varios días después, Braulio Robles Zúñiga fue designado como ministerio público, después de una queja de Miranda, y fue el mismo que coordinó las torturas a los inculpados para que se incriminaran por el falso secuestro.

 Braulio Robles, el coordinador de las torturas

De acuerdo a su propia ficha curricular presentada ante el Senado de la República, al presentarse como aspirante a fiscal Anticorrupción, Braulio Robles Zúñiga estuvo desempeñándose como agente ministerial del Distrito Federal, del 1º de octubre de 1990 al 30 de abril de 1999. Durante este período coincidiría con Ricardo Martínez Chávez en la misma dependencia del DF, y habrían establecido una relación suficientemente estrecha para después seguir los mismos pasos dentro de la PGR, específicamente en el área de Secuestros.

Tras un curso de tres meses de entrenamiento como ministerial federal, Robles Zúñiga fue incorporado a la PGR, oficialmente el 16 de noviembre de 2001, en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. Su incorporación fue al mes de haber entrado Ricardo Martínez e Iñaki Blanco a la misma unidad.

Pese a que en noviembre de 2002, Robles Zúñiga fue promovido dentro de la procuraduría para asistir a un nuevo curso, ahora «para combatir la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes», del cual obtuvo constancia y acreditación, fue quien coordinó las torturas de los inculpados del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, bajo las órdenes de Miranda y Martínez Chávez.

Incluso, en el libro dictado por Miranda a Martín Moreno, titulado El Caso Wallace, Miranda se refirió a Braulio Robles «como una bendición», y allí destacó Miranda su disposición para «cualquier tema que ameritara su intervención».

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La primera víctima fue Juana Hilda González Lomelí, quien recientemente interpuso un amparo penal, el 4 de abril de 2017, contra Robles Zúñiga y su jefe en el Ministerio público, Fermín Ubaldo Cruz, por amenazas, tortura física y psicológica e incomunicación. A partir de la declaración arrancada bajo tortura, en 2006, Juana Hilda fue obligada a incriminar a las otras cinco personas, su pareja César Freyre, Jacobo Tagle Dobín, Brenda Quevedo Cruz, Alberto y Tony Castillo Cruz, señalándolas a partir de una fotografía extraída de su departamento en un cateo ilegal por los agentes ministeriales dirigidos por el ministerio público Fermín Ubaldo Cruz. En esa declaración, Isabel Miranda estuvo presente y mandó filmarla para difundir los videos en las redes sociales como una evidencia de culpabilidad, pese a que aún no se llevaba el juicio.

Bajo la jerarquía de Braulio Robles Zúñiga, se encontraba el agente ministerial Osvaldo Jiménez Juárez, quien desde 2010, servía también públicamente a Miranda. En 2013, este agente fue identificado plenamente como verdugo de tortura por Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, en diferentes audiencias, y el testimonio de Jacobo fue registrado ante un juez federal.

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Iñaki de testigo de cargo de Wallace a procurador de Guerrero

Aquel 2001, fue significativo para la PGR en el área de secuestros. Se configuraba un equipo de fiscales y agentes ministeriales fabricantes de culpables, todos alrededor de Ricardo Martínez Chávez e Isabel Miranda Torres. Así fue cómo llegó también Iñaki Blanco Cabrera, a la PGR en 2001. Y en el correr de los años junto a Martínez Chávez, en 2010, Martínez pidió a Blanco que fuera testigo de cargo para el caso Wallace. Ese mismo año, Blanco Cabrera, recién nombrado titular de la SIEDO por la entonces procuradora Marisela Morales, encarceló a Jacobo Tagle Dobín, quien era el único que faltaba del grupo de la fotografía robada del departamento de Juana Hilda.

En el año 2010, el arropo gubernamental a Isabel Miranda en la administración de Felipe Calderón se expresaba en privilegios y poder también para el equipo de funcionarios y cómplices que sostenía el falso crimen contra su hijo desde la SIEDO, donde las recompensas por secuestros fabricados y compensaciones a los medios condescendientes con la mentira eran un rumor que cobraba fuerza alrededor de los subordinados de Marisela Morales.

Ese mismo año, se tramitaban documentos oficiales –como el CURP– bajo el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, identidad oficial del hijo de Miranda Torres en sus primeros seis años de edad. También se publicaba, con ostentosa mercadotecnia, el libro El Caso Wallace, con el que se legitimaba la fabricación de culpables en los medios. Al mismo tiempo, se intensificaba el acoso de funcionarios de la SIEDO contra familiares de las víctimas de Miranda Torres, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ignoraba las quejas de torturas cometidas contra Albert Castillo Cruz y su hermano Tony Castillo Cruz, así como las de César Freyre Morales. Mientras, en agosto de 2010, el director del penal de Santiaguito, Estado de México, Irineo Monroy Dávila, reconocía la tortura a Brenda Quevedo Cruz cometida en 2009 por ministeriales de la SIEDO y se disculpaba con ella por haberlos dejado entrar al penal bajo su cargo. No obstante, meses más tarde de esa disculpa, en octubre de 2010, Brenda fue trasladada ilegalmente al penal federal de Islas Marías, y los mismos ministeriales de la SIEDO perpetraban la segunda tortura contra ella. De los seis inculpados por Miranda, los hermanos Albert y Tony Castillo y Brenda Quevedo, pese a las torturas, nunca se incriminaron del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace.

El trío de fabricantes de culpables de la antigua SIEDO, nuevamente destacaron en Guerrero con los delitos fabricados de secuestro contra Nestora Salgado, la líder de la Policía comunitaria de Olinalá, quien fue encarcelada dos años y medio en un penal federal. Caso en el que intervino Isabel Miranda para darle legitimidad a la falsa incriminación y recriminar al juez la libertad condicionada que le otorgaban a la líder en marzo de 2014, al no encontrar pruebas en su contra.

Los cambios en la SIEDO

Pese al semblante gris y trayectoria mediocre de Iñaki Blanco Cabrera, en 2011, un año después de su macabra trayectoria por la SIEDO, se estrenaba como delegado de la PGR en el estado de Guerrero, y en 2013 era designado por el gobernador Ángel Aguirre como procurador general del estado. Iñaki Blanco entonces invitó a trabajar con él a dos de sus amigos que lo ayudaron a crecer en la SIEDO: a Ricardo Martínez Chávez y a Víctor León Maldonado, éste último incorporado en 2008.

Para la PGR, el año 2008, también fue muy revelador de la corrupción interna, porque fueron removidos de sus cargos los subprocuradores Noé Ramírez Mandujano, del área de Terrorismo y acopio de armas de la SIEDO, Felipe de Jesús Muñoz, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), y Víctor Manuel Corzo Cabañas, de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA). Aunque la decisión había sido tomada desde la presidencia de la República, las fabricaciones de acusaciones surgieron desde la SIEDO y el supuesto motivo era por trabajar con el cártel de los Beltrán Leyva. A la situación la llamaron “Operación Limpieza”.

Junto con esta operación, con Marisela Morales al frente de la SIEDO, se denunció la fabricación de delitos en más de 50 casos. Sin embargo, el expresidente Calderón la nombró titular de la PGR, pese a que los funcionarios inculpados desde su dependencia, fueron absueltos cuatro años después de prisión al descubrirse que habían utilizado testigos protegidos con identidades falsas para incriminarlos.

En ese periodo de investigaciones a los subprocuradores acusados, en julio de 2008, Víctor León Martínez era incorporado a la SIEDO, primero como asesor, y luego como coordinador general, el 1º de noviembre de 2008. José Luis Santiago Vasconcelos había sido designado, por Felipe Calderón, como secretario técnico para la implementación de la reforma penal en materia de seguridad y justicia penal, pero murió tres días después, el 4 de noviembre de 2008, junto con el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en un supuesto accidente de avión por fallas mecánicas.

Samuel González, el abogado de las contradicciones

Samuel González Ruiz es otro de los abogados destacados de Isabel Miranda. Fue coordinador de asesores del Procurador General de México, de 1994 a 1996. También se presenta como fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) en PGR, del cual fue titular, «encargado de todos los casos de delincuencia organizada en el ámbito nacional» de 1996 a 1998.

En 2012, cuando Isabel Miranda Torres fue candidata por el PAN a la gubernatura de la Ciudad de México, González Ruiz amenazó al abogado José Patiño Hurtado por confirmar, en entrevista con Carmen Aristegui, que Miranda había estado en la cárcel en 1998. Su faceta académica en la UNAM, en la ONU, en la Universidad de Sevilla, y en varios países como capacitador en sistemas penales de varios países, contrasta con la defensa de casos como el de Wallace en el que la fabricación de culpables ha sido uno de los profundos quiebres del Estado de derecho en México.

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Homenaje luctuoso a Ricardo Martínez Chávez en Tamaulipas
y demás agentes ministeriales. Foto: La Opinión de Tamaulipas.

El silencio de Isabel Miranda

Después del asesinato de Ricardo Martínez Chávez, Isabel Miranda de Wallace guardó silencio. No utilizó su acceso privilegiado a los medios para reclamar el crimen de su amigo y cómplice de más de veinte años de convivencia, como lo hizo de manera difamatoria y violatoria al derecho de presunción de inocencia de las víctimas del caso Wallace para denunciar un crimen que nunca sucedió, el de su hijo. El 5 de enero de 2017, la señora Wallace no dio declaraciones a los medios, no exigió a la PGR que se investigara hasta las últimas consecuencias, no reclamó la inseguridad al gobernador de Tamaulipas, como lo acostumbra a hacer con el tema del secuestro. Incluso, tampoco fue al funeral de Ricardo Martínez Chávez, su abogado desde 1998.

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De izquierda a derecha : Roberto Miranda Torres (hmno de Miranda de Wallace), Oswaldo Jimenez Juarez (MP y torturador), Miranda de Wallace, Ricardo Martinez Chavez y un sobrino de Miranda de Wallace.

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  1. Elena Uscanga
    27/04/2017 en 10:50 AM

    El hilo negro) de esta madeja de mentiras fabricadas a conveniencia para obtener dinero, poder, inmunidad, impunidad y la Pgr no ve, ni oye y menos investiga, que pobreza de justicia en este retrógrado gobierno en crisis

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