Defensa de los culpables fabricados, aprendizaje para el Estado mexicano

Guadalupe Lizárraga*

Reflexionar en nuestros éxitos en la lucha por la justicia para obtener un aprendizaje se antoja una tarea embarazosa, compleja. Más aún cuando esta tarea se enfrenta a una de las expresiones más monstruosas y cínicas del régimen autoritario como es la fabricación de culpables bajo tortura en México. El éxito en esta lucha significa salvar a un ser humano, liberarlo a tiempo del cautiverio, y lograr la reparación del daño para la víctima y su familia. Sin embargo, la tarea no concluye en ello. El aprendizaje, además de ser asequible a nosotros como activistas y periodistas, lo debe ser para el Estado. No obstante, los llamados más diversos en materia de derechos humanos y sensatez democrática se estrellan contra el muro de su indiferencia y contra esa especie de veleidad pertinaz que empapa nuestra vida pública.

Cuando uno piensa en México, el país más violento del mundo como ya se le ha señalado, se hace indispensable recordar a Hanna Arendt en aquella imagen cuando sugiere que las víctimas del Holocausto habían perdido algo de su humanidad mientras caminaban a su extinción. Esa dolorosa imagen, me lleva invariablemente a pensar en las víctimas mexicanas pero también en sus verdugos. ¿Y acaso no pierde algo de humanidad la sociedad toda con su indiferencia? México vive una tragedia permanente y potencialmente suicida alimentada por la impunidad. Se mata porque se puede. Se viola porque se puede. Se fabrican culpables y se tortura por la impunidad de la burocracia responsable de procurar justicia. Es decir, porque pueden.

Uno de los casos planteados en esta ponencia como éxito de lucha es la liberación de la líder comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, detenida arbitrariamente por el ejército mexicano e incriminada por secuestro de parte del mismo gobierno en agosto de 2013. Cuando impulsé la campaña por su liberación como periodista desde California –a través de las redes sociales y mi propio portal Los Ángeles Press– sabía que cruzaba la línea del periodismo para convertirme en una militante por la justicia. Logramos la atención de los medios, primero en Estados Unidos, antes que en México. Logramos la sensibilidad y consciencia en otros países como Canadá, España, Alemania, antes que en nuestro propio país. Y logramos su liberación después de casi tres años por la presión internacional y por un sinnúmero de personas que participaron espontáneamente en esta campaña desde diferentes partes del mundo. Sí, lo logramos. ¿Pero cuál fue el aprendizaje para el Estado?

La sociedad mexicana nunca se planteó la pregunta: ¿cómo fue posible este horror? El gobierno contra una mujer solidaria que lo único que hacía era ayudar al mismo Estado a proveer servicios básicos de seguridad, salud y alimentación para la supervivencia de las comunidades indígenas. No obstante, después de ello, el gobierno ha seguido cometiendo nuevas atrocidades, incluso mayores, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Nochixtlán por parte del ejército, asesinatos y secuestros de periodistas y de activistas, y podríamos seguir nombrando casos, antes y después de Nestora, y una larga lista de culpables fabricados por la burocracia para proteger a criminales en el poder. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuál es el aprendizaje para el Estado mexicano ante todos estos horrores cometidos por sus gobiernos?

La lucha por la justicia es muy larga y tortuosa en México, lo sabemos. Pero lo que no sabemos es qué tan acostumbrada está la sociedad mexicana a las condiciones que les imponen sus opresores: esa burocracia siniestra especializada en el horror de la tortura, la fabricación de culpables, la simulación de justicia a costa de vidas inocentes a quienes arrancan juventud y dignidad porque pueden. Un caso poco conocido mediáticamente y no menos espeluznante es el de José Eduardo Toledano Téllez, un hombre que iniciaba su carrera como policía de la Ciudad de México, casado y con familia, honesto y entregado al servicio público. Fue incriminado por narcotráfico por tener el mismo apellido que un criminal. Su madre, maestra de yoga y terapias alternativas, hoy adulta mayor, lleva 17 años luchando por la libertad de su hijo, a quien después de un tortuoso proceso determinan su inocencia, además de la detención del verdadero culpable. Sin embargo, José Eduardo sigue preso, sin ninguna justificación.  

El Estado se resiste al aprendizaje. Y lo que no sabemos, es qué tanto la sociedad facilita su propia opresión, en la imagen de Arendt, toda proporción guardada. Una tolerancia silenciosa al sufrimiento tejida fuertemente con la corrupción del gobierno mexicano es lo que provee ese poder siniestro. Una sociedad indiferente a su propio sufrimiento porque se percibe al margen de las víctimas, las aísla. El historiador inglés Norma Cohn escribió en su ensayo Garantía para el genocidio en referencia al Holocausto que “cuando la gente sabe, aunque sólo sea con la mitad de la cabeza, que se está cometiendo una gran injusticia y no tiene ni el valor ni la generosidad para protestar, automáticamente echa la culpa a las víctimas: es la forma más sencilla de apaciguar su conciencia” (1967, p.267).  

Romper con esta inercia sólo puede darse desde la constante que todos los regímenes autoritarios les es insoportable, la internacionalización de sus crímenes. Esto es, exhibir el horror desde fuera,  develar ese rostro sanguinario e inadmisible para lo que hoy todavía se percibe como mundo democrático. Lo constatamos en el caso de Nestora. Lo constatamos en el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez. Lo estamos constatando en el caso de Ayotzinapa, y en tantos otros perpetrados en cada administración sexenal. La internacionalización del horror en México ya no da cabida a dudas de la naturaleza de su régimen. Y nuestro activismo en derechos humanos y en el ejercicio de nuestras libertades de expresión y prensa ha ayudado a este señalamiento internacional. Ha ayudado a que la impunidad no sea absoluta. Eso por una parte.

Por otra, quienes alzamos la voz por la justicia, generalmente, hacemos más de lo que creemos. No vemos la completa magnitud de nuestras acciones, y al hacer referencia a la magnitud implica un cambio cuantitativo, pero que en algún punto de su expansión alcanza un cambio cualitativo. Y este cambio es la acción moral. Para decirlo en términos del creador de esta idea, Zygmunt Bauman, sostiene que “la moralidad es un momento de generosidad”.  Es la idea del amor gratuito, de la acción gratuita por los demás. Debido a su gratuidad, los actos morales no se pueden comprar, atraer, exigir, no se pueden convertir en rutina ni en un plan. Un gobierno criminal no puede competir contra ello. Y es aquí donde surge la conciencia de lo político y se comparte, donde el Estado se emplaza frente a su propia imagen para reconocerse víctima y victimario. En ese momento se da el aprendizaje.  

El ejemplo de la autora de la fabricación del Caso Wallace es muy contundente para esta idea. La sociedad mexicana compró la mentira de Isabel Miranda Torres cuando ésta se presentaba con la máscara de madre dolida por el supuesto secuestro de su hijo. En aquel tiempo, supo manejar la empatía del dolor a través de los medios y supo engañar a la sociedad por tener acceso privilegiado a las instituciones. Pero al cambiar de máscara, de madre dolida a activista, ha tenido que ser legitimada e incorporada en la estructura de la dominación del régimen, como una criminal más, porque sola era imposible sostener su mentira. Su acción no es moral ni ética. Y esta debilidad es nuestra fuerza, una fuerza conjunta con la de los familiares de las verdaderas víctimas que no desfallecen pese a los titánicos esfuerzos, como los de Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, o los de Lourdes Téllez, madre de José Eduardo Toledano, y en su momento los de José Ávila, esposo de Nestora Salgado, o los de Yaskade Fernández por su hijo torturado, incriminado, y asesinado después de su liberación, y los esfuerzos de miles y miles más. Contra estas acciones, contra la lucha auténtica, moral y ética, el autoritarismo y la corrupción no pueden competir.

Podemos ver estos logros, pues, por nuestra capacidad para actuar fuera de las fronteras geográficas del conflicto, fuera del régimen opresor, y éste sería uno de los aprendizajes que propongo registrar y sistematizar en la lucha por los derechos humanos. Porque además lo que desarrolla esta capacidad colectiva de lucha consciente, es la confianza que nos estimula día a día en nosotros mismos, como activistas, en mi caso como periodista, pero también en la comunidad creada virtualmente y en persona que sin condiciones se suma a la defensa de las víctimas. Para terminar, recapitulo mi propuesta:

La internacionalización del horror, el fortalecimiento de la confianza y el ejercicio impecable de nuestra responsabilidad moral. Cuestiones, insisto, con las que no puede competir el gobierno ni su burocracia criminal. Desde mi punto de vista, es la mejor lección para el Estado.

*Ponencia en Caribbean Philosophical Association en la mesa “Building a Blueprint: What can we learn from our successes against false imprisonment to better serve the innocents?”.
David Bertet y María José Espejo en Nueva York en la conferencia sobre culpables fabricados en México. Foto: perfil Twitter David Bertet
Guadalupe Lizárraga de la videoconferencia desde California sobre culpables fabricados en México. Nueva York/CPA

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