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ONG piden plena aplicación de nueva ley antitortura

La Jornada

Emir Olivares Alonso lunes, 26 jun 2017 

Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil llamaron al Estado mexicano a priorizar la plena implementación y aplicación de la nueva Ley General contra la Tortura, que se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que entrará en vigor mañana; y demandaron investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de cometer tortura y que se rechacen todos los testimonios obtenidos a través de esta práctica.

En un pronunciamiento conjunto, 18 de las más importantes organizaciones defensoras de derechos humanos del país, subrayaron que diversos mecanismos internacionales han acreditado que actualmente la tortura es generalizada en México. Agregaron que se trata de un crimen y una violación grave a las garantías fundamentales y, en ciertas circunstancias, puede ser considerada un crimen de lesa humanidad.

Ante la vigencia de esta práctica, que por ninguna razón debe ser tolerada, saludamos la publicación hoy en el DOF de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La Ley contribuirá a la erradicación de la tortura, sólo en la medida en que sea plenamente implementada y cumplida por las autoridades correspondientes”.

 El posicionamiento es firmado por casi una veintena de organizaciones entre las que están los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña “Tlachinollan”, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e Idheas Litigio estratégico en Derechos Humanos.

“Hoy, en el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, las organizaciones y personas que suscribimos este pronunciamiento mostramos nuestra solidaridad con todas las personas sobrevivientes de la tortura.

“Instamos al Estado mexicano a priorizar la plena implementación y aplicación de la nueva Ley General, y en particular a investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de cometer tortura, incluyendo a aquellos que la ordenen o toleren. Llamamos a garantizar la exclusión de cualquier prueba fabricada u obtenida bajo tortura; a reparar a las víctimas; y a tomar todas las acciones necesarias para poner fin a esta práctica. Urgimos a generar diagnósticos confiables de la situación de la tortura en el país a fin de construir herramientas de política pública certeras para erradicar la tortura en México y la impunidad en torno a ella”.

Recordaron que de 2007 a finales de 2016 se presentaron 7 mil 695 quejas por tortura en las comisiones estatales de derechos humanos y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Y si se incluyen las quejas calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, el total aumenta a más de 12 mil. En el mismo periodo, la CNDH ha emitido al menos 144 recomendaciones en donde se aprecian actos de tortura, que involucran a 730 víctimas.

 “Las torturas documentadas van desde las amenazas y golpes, hasta choques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, waterboarding y en muchas ocasiones violencia sexual. Por su parte, en los últimos años la Procuraduría General de la República (PGR) registra más de 2 mil averiguaciones y ahora carpetas de investigación por tortura al año”.

Por su parte, a través de un comunicado, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad consideró que “el saldo es muy negativo para la población mexicana expuesta a la violencia extrema del Estado mexicano”.

Agregó que pese a que el Estado mexicano ha ratificado diversos acuerdos y convenciones internacionales para erradicar ese delito, “la tortura es cotidiana en espacios abiertos tanto como en lugares de detención. Los señalamientos, observaciones y recomendaciones de instancias internacionales sobre la responsabilidad de policías de la Seguridad Publica de niveles municipal, estatal y federal tanto como de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) en la tortura y su uso generalizado y sistemático en el país, no han sido atendidos plenamente. Son de conocimiento público diversos videos que muestran a policías y soldados cometiendo actos de tortura: golpes, amenazas, asfixia con bolsas de plástico, encañonar con armas de fuego, etcétera”.

Subrayó que se trata de una práctica sistemática y cotidiana en el país como lo acreditan organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, como lo hizo hace unos años el Relator de ONU contra la Tortura en un informe, mismo que “el gobierno mexicano trató de desacreditar en una campaña mediática sin precedentes”.

De acuerdo con esta organización, 65 por ciento de los torturadores son policías, 15 por ciento policías junto a ministerios públicos; en 57 por ciento de los casos, ésta se realiza en la vía pública y 31 por ciento en el domicilio de la víctima.

 Agregó que de las víctimas sobrevivientes 78 por ciento son hombres y 22 mujeres; el rango de edad más frecuente es entre 19 y 31 años. Las declaraciones arrancadas por tortura más frecuentes, contienen los delitos de secuestro y/o delincuencia organizada; en 80 por ciento de los sobrevivientes de tortura, hay efectos psicológicos severos.

Además, enfatizó, la impunidad en este delito es de 99.75 por ciento, “en un Estado en el que la ley es una mercancía y en el que sus agentes son los torturadores”.

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