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Prisión preventiva: condena sin sentencia

Arturo Zaldivar

11/07/2017

Existen voces que pretenden plantear un falso debate entre el respeto a los derechos humanos y el combate a la delincuencia. Presentan la cuestión como un juego de suma cero, en el que a mayor garantismo penal corresponde menor protección del orden público, o como un asunto de tensión entre los derechos de víctimas y delincuentes. En esta lógica, sostienen que la prisión preventiva es necesaria para la seguridad en las calles, para evitar que los delincuentes las invadan con motivo de la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal y que sin ella, persistirá la impunidad.

La realidad es que el uso de la prisión preventiva está profundamente arraigado en nuestra cultura y en nuestra práctica judicial, y que con ello se ha normalizado la percepción de que es un instrumento válido de persecución penal. Sin embargo, las consecuencias negativas de su uso excesivo están ampliamente documentadas: propicia condiciones de hacinamiento y violencia en las cárceles; tiene un impacto desproporcional en las personas de menores recursos por la dificultad de acceder a una defensa adecuada o pagar una fianza; eleva los costos de la gestión penitenciaria, y genera un incentivo para alargar los procesos, así como para dictar sentencias condenatorias que justifiquen los largos periodos de reclusión preventiva.

Pero lo más grave son las consecuencias para el estado de derecho y la democracia. El derecho a la presunción de inocencia es de los más elementales y se reduce al principio básico de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable. Tanto nuestra Constitución como las normas de derecho internacional son claras en el sentido de que este derecho conlleva el de excepcionalidad de la prisión preventiva; esto es, que al ser la medida más severa que puede imponerse a una persona que no ha sido sentenciada, solo puede dictarse para garantizar la efectividad del proceso, cuando otras medidas menos graves no sean suficientes para ese efecto.

El uso generalizado de la prisión preventiva viola gravemente los derechos humanos en tanto adelanta la pena por delitos que quizá no fueron cometidos, o que habiendo sido cometidos, son irresponsablemente calificados como graves en las legislaciones locales, como las deudas de carácter civil. De esta manera, personas inocentes o culpables de delitos menores, terminan siendo recluidos en condiciones inhumanas y marcados para siempre, con pocas alternativas para continuar con su vida, más allá de seguir vinculados con los delincuentes condenados que conocieron en prisión, dada la falta de separación entre ambos.

Así, es un mito que la prisión preventiva sirva para evitar que delincuentes peligrosos sigan libres. Por el contrario, el sistema basado en su uso indiscriminado demostró con creces su ineficacia. La prisión preventiva no sirve para desalentar la comisión de delitos, ni para salvaguardar los derechos de las víctimas, y en tal sentido, los argumentos que llaman a reforzarla son falaces. Un sistema en el que la prisión preventiva sea la regla general no es más eficaz, sino profundamente injusto, porque sirve para castigar la pobreza, no la delincuencia.

En este contexto, el nuevo Sistema de Justicia Penal busca generar un cambio cultural en la manera como nos aproximamos a la justicia penal y ello pasa por reconcebir a la prisión preventiva como una medida extrema, excepcional, de último recurso. Bajo este nuevo paradigma, es necesario que los jueces realicen, en cada caso, una motivación individualizada de las razones que justifican la prisión preventiva, tomando en cuenta los datos concretos que demuestren su necesidad. Los jueces del nuevo sistema ya no operan sobre la base de criterios tajantes establecidos en la ley; los jueces del nuevo sistema valoran pruebas, ponderan, perciben matices y hacen distinciones. Debemos confiar en su capacidad para hacerlo.

En un verdadero estado de derecho, no se adelantan las penas, no se sanciona antes de condenar. En una democracia, por regla general, los juicios se enfrentan en libertad. No podemos dar marcha hacia una realidad en la que la prisión preventiva sea utilizada como una forma de justicia sumaria.

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  1. 17/07/2017 en 9:15 AM

    EXACTO, estoy de acuerdo.

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