Nuevo intento de intimidación fallido en contra de periodista Guadalupe Lizarraga

Hoy en la ciudad de México, agentes de la PGR abordaron a la periodista Guadalupe Lizarraga que investiga el caso Wallace desde el 2014. Se la quisieron llevar a declarar a la SEIDO. Tenían una orden de presentación.

Pero no contaban con la presencia del abogado José Patiño, el mismo abogado que metió a Miranda de Wallace a la carcél en el 1998 por tentativa de homicidio. Tampoco contaban con la presencia de la activista Mary Sainz que los empezó a filmar. Cuando vieron a Mary Sainz y a José Patiño, cambiaron de semblante y hasta le dijeron a Guadalupe Lizarraga que la admiraban por su valentía.

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los agentes de la PGR

Video del intento de intimidación de Guadalupe Lizarraga por parte de agentes de la PGR enviados por Isabel Miranda de Wallace https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256329964511465&id=100004034214687&_rdr

En noviembre del 2016, agentes de la PGR también se quisieron llevar a declarar a Guadalupe Lizarraga. Pero la orden de presentación que llevaban era falsa, probablemente redactada por Isabel Miranda de Wallace. Ademas, uno de los apellidos de Guadalupe Lizarraga no correspondía. Guadalupe Lizarraga los puso en su lugar de inmediato, la escena fue filmada.

Asi funciona la justicia en México: denuncias a una criminal y la criminal manda a la PGR a arrestarte por denunciarla… La PGR está bajo las órdenes de María Isabel Miranda de Wallace.

La relación entre Miranda de Wallace y Osorio Chong al descubierto

Sin Embargo

24 de febrero del 2018

Osorio pedía a fiscales y procuradores maquillar cifras de asesinatos y secuestros: ex Secretario Nacional de Seguridad

Una de las maneras que en su opinión se manipulan las cifras era reportar carpetas de investigación y no el número total de fallecidos en cada carpeta, entonces así reportaban un caso en lugar de varios. Alcántara puntualizó que incluso en Guanajuato se dio este fenómeno, amparados bajo la petición de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Guanajuato/Ciudad de México, 24 de febrero (ZonaFranca/SinEmbargo).- De acuerdo con información obtenida por el experto en temas de seguridad, Juan Miguel Alcántara, desde la oficina del ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se les pedía a los fiscales y procuradores maquillar las cifras de asesinatos y secuestro, esto con el fin de ver favorecidos a algunos gobiernos priistas.

Por ello, “la salida de Osorio Chong es importante para empezar a recuperar” reportes fidedignios “de los centros de acopio de información estatal; en el caso de Guanajuato la procuraduría del estado, más allá de una norma técnica… hubo una instrucción puntual de manipular las cifras”, comentó en entrevista quien fuera secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

Una de las maneras que en su opinión se manipulan las cifras era reportar carpetas de investigación y no el número total de fallecidos en cada carpeta, entonces así reportaban un caso en lugar de varios. Alcántara puntualizó que incluso en Guanajuato se dio este fenómeno, amparados bajo la petición de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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Con razón tanto amor entre Chong y Miranda de Wallace, ella le ayuda a publicar cifras manipuladas. Su relación viene confirmada en este artículo

El Miguel Angel Osorio que visitó Sinaloa hoy, fue un Osorio muy diferente al de otras ocasiones que ha pisado estas mismas tierras.

Desde luego en este juego de mostrarse y muestrearse como presidenciable, la señora Isabel Miranda de Wallace jugó un papel importante.

Se podría decir que fue la pitcher que le lanzó las propuestas que desde el gobierno a veces es difícil y hasta imposible hacer, porque se correría el riesgo de verse mal.

Miguel Angel Osorio fue el bateador que aprovechó cada una de las rectas lanzadas por la dirigente nacional de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda.

¿Pero por qué decimos que Miguel Angel Osorio contestó sin palabras la interrogante sobre sus aspiraciones presidenciales?. Bueno, porque con sus posturas, estas las hizo más que evidentes.

1.-De entrada, Miguel Angel Osorio aprovechó muy bien el evento de la reunión nacional de los grupos antisecuestros para dos cosas. La primera para mostrar resultados en un tema sensible para la sociedad como es la inseguridad y el otro para mostrarse como presidenciable.

2.-Para lograr el primer objetivo es donde decimos que la señora Isabel Miranda de Wallace fue clave y jugó la posición de pitcher.

Isabel Miranda, la misma que tiempo atrás cuestionó y desafió el actuar de las instituciones de seguridad al emprender ella misma la búsqueda de su hijo secuestrado, y a la vez, la búsqueda de sus secuestradores, hoy pidió respeto, exigió fortalecer las instituciones y pidió confianza de la sociedad en ellas.

3.-Pero además, Isabel Miranda de Wallace pidió que se reformen leyes para que los jueces no dejen libres a los secuestradores o delincuentes bajo el pretexto de que se le violaron sus derechos humanos, solo porque se les pegó un par de cachetadas.

Exigió además al poder judicial dejar de lado los tecnicismos que son aprovechados por abogados para conseguir la libertad de los delincuentes, porque detrás de cada expediente hay una víctima que merece justicia.

4.-La propuesta de Isabel Miranda sin lugar a dudas es polémica. Desde luego puede haber muchas voces a favor de que los delincuentes no se aprovechen de las leyes que le garantizan sus derechos humanos, pero pedir que se le supriman esos derechos, en un país donde la justicia no es pareja, los índices de corrupción son tan altos y la falta de profesionalización de los cuerpos policíacos es muy marcada, una propuesta así puede ser temeraria.

5.-Pues bien, después de lanzadas estas bolitas de turrum por parte de la señora Isabel Miranda de Wallace, es donde decimos que Osorio se mostró como protagonista o como presidenciable.

6.-De entrada, acogió bien la propuesta de fortalecer las unidades antisecuestros hechas por la señora Miranda y ponderó que a pesar de que el delito del secuestro se encuentra presente en México desde hace 35 años, fue hasta el presente sexenio -donde el figura como Secretario de Gobernación y como encargado del gabinete de seguridad- que se emprendió una verdadera política pública para enfrentar este delito.

Peña esconde ante la ONU el “desastre” en México por desapariciones, advierten

Familiares de desaparecidos protestan en Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz

Familiares de desaparecidos protestan en Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto ya advirtió que en éste, su último año de gestión, no permitirá el escrutinio internacional, de manera que casos particulares de desaparición forzada no podrán ser examinados por el órgano especializado de Naciones Unidas.

Proceso

Como responsable de coordinar el informe para dar respuesta –el pasado martes 13– a las recomendaciones que formuló en 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en inglés), el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, adelantó una semana antes a un grupo de familiares de víctimas, así como a representantes de organizaciones sociales, que en lo que resta del gobierno de Peña Nieto se mantendrá la negativa a que se realice una visita oficial a México por parte de expertos de la ONU, y tampoco admitirá la competencia del órgano para conocer de casos individuales.

La reticencia del gobierno de Peña Nieto resulta grave ante la posición que guarda México en el CED, es decir, el país al que más acciones urgentes ha dirigido. De las 419 comunicaciones que el órgano de la ONU envió de marzo de 2012 a octubre de 2017, 304 corresponden a México, y 2015 fue el año en el que más acciones urgentes envió al Estado por desapariciones forzadas: 166.

“En el fondo sigue habiendo renuencia a que órganos internacionales vengan a darse cuenta del desastre del país que tenemos y de la tragedia que cada vez es mayor, porque las desapariciones, ya sea forzadas o por particulares, se dan día a día”, comenta Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), quien asistió al encuentro con Ruiz Cabañas.

La reunión fue posible luego de que el pasado 26 de enero alrededor de 30 colectivos de familiares de víctimas de desaparición, junto con organizaciones sociales que los acompañan, solicitaron una audiencia con motivo del informe que debe rendir el Estado mexicano ante el CED y que no ha sido compartido con la sociedad civil, como se esperaba.

Según Culebro, bajo el pretexto de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Ruiz Cabañas argumentó que no era necesario reconocer la competencia del CED y que tampoco se requería una visita de expertos, como lo ha solicitado el órgano desde 2013.

Durante su informe anual ante el Consejo de la ONU, en octubre del año pasado, la presidenta del CED, Suela Janina, recordó que México es el país que más acciones urgentes ha registrado en los últimos cinco años, y desde mayo de 2013 el Comité ha inquirido al país sobre la posibilidad de una visita, “lo cual ha rechazado”.

En marzo de 2015 el CED consideró que en México hay “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”, y citó como ejemplo paradigmático el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Entre las 18 recomendaciones que el CED hizo a México –a las que tenía que dar respuesta el martes 13–, urgió a “reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales (…) con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas”.

Pero Culebro dice que Ruiz Cabañas fue enfático en señalar que el gobierno de Peña Nieto “no está en esa disposición, toda vez que ya hay un marco normativo que es la Ley General, a lo que en mi intervención advertí que no es posible que un instrumento que está firmado y ratificado por el Estado mexicano, como lo es la Convención contra la Desaparición Forzada, se use a medias; no podemos decir que aceptamos una parte de este instrumento sí y otros no”.

Además, advierte, “no se puede poner de pretexto las normas internas para no aplicar los tratados internacionales; peor aún, si algo está demostrado en este país es que las leyes no funcionan, las instituciones no funcionan, se necesita la asistencia internacional. Casos como el de Veracruz, en donde están siendo procesados 19 exfuncionarios por desaparición forzada, son muestra de que el Estado mexicano está rebasado”.

En cuanto a la visita solicitada, apunta, el funcionario aseguró que “ellos han sido muy abiertos y ha habido una gran apertura para la visita de relatores y de grupos de trabajo, pero que esto no es necesario, toda vez que hay un plan de trabajo establecido ya entre el CED, lo que para nosotros fue una sorpresa porque no tenemos conocimiento de la existencia de dicho plan, que se comprometió a darnos a conocer la próxima semana”.

La directora del IMDHD resalta que otro punto de preocupación para las organizaciones, los familiares y el propio CED es la necesidad de responder a las acciones urgentes y solicitudes de medidas cautelares, recurrentemente ignoradas por el Estado mexicano.

Al respecto, el funcionario de la Cancillería les comentó “que iban a ver cómo darle cauce, junto con la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República; que iban a analizar el procedimiento para tomar en cuenta esas acciones urgentes” que de manera recurrente no son atendidas.

El IMDHD e IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, han formulado al menos siete solicitudes de intervención del CED, que ha emitido seis acciones urgentes y medidas cautelares en beneficio de al menos 130 personas, entre desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda, quienes no han tenido una respuesta adecuada.

Uno de esos casos es el de seis jóvenes detenidos en operativos de las llamadas Fuerzas Tácticas –integradas por policías estatales, de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI), de la Secretaría de Marina y elementos del Ejército Mexicano–, realizados entre el 6 y el 11 de diciembre de 2013 en la colonia Formando Hogar en Veracruz. Las acciones urgentes y medidas cautelares del CED se emitieron a favor de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez Hernández, Pablo Darío Miguel Hernández, José Armando Cortés Rioja y Marisa Arrioja Reyes. (Proceso 2050).

Perla Damián Marcial, madre de Víctor Álvarez, quien estaba a punto de cumplir 17 años cuando fue sacado de su trabajo, el 11 de diciembre, lamenta que las acciones internacionales no sean atendidas por el Estado mexicano.

“Lo que ordena la ONU es que nos brinde protección, porque nosotros andamos en las fosas, y que se localice a los muchachos, pero las autoridades no hacen nada”, se queja Damián, integrante del colectivo El Solecito de Veracruz.

La madre de Víctor dice estar convencida de que entre los responsables de la desaparición forzada de su hijo y de los otros muchachos están los 19 expolicías del gobierno de Javier Duarte.

“Al final de cuentas, el responsable es Javier Duarte, eso lo hemos dicho siempre y eso es parte de la investigación que tiene que llevarse a cabo y que ni las autoridades federales ni las estatales quieren hacer”, denuncia Perla Damián.

A su vez, Juan Carlos Gutiérrez, director de IDHEAS, considera que hay una política de tratamiento de los tratados internacionales hacia afuera, que es incompatible con su aplicación a nivel interno.

El defensor recuerda que la negativa del gobierno de Peña Nieto a aceptar la reconvención de órganos internacionales fue evidente en una minuta sobre medidas cautelares y acciones urgentes del CED a favor de 117 personas desaparecidas, reclamadas por la organización “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, firmada el 21 de enero de 2015 por funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Cancillería y la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos Sara Irene Herrerías, quien entonces era titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Segob y ahora funge como subprocuradora de Derechos Humanos.

En dicho documento los funcionarios sostienen que “las medidas requeridas por el Comité (CED) tienen un carácter de recomendación y no implican obligación alguna por parte del Estado Mexicano”.

Comenta Gutiérrez: “Al final pudimos dar protección a los familiares de los 117 desaparecidos, entre ellos Mario Vergara, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero no porque se cumpliera con el tratado internacional”.

Y puntualiza que casos como el de Veracruz y de Iguala demuestran que “la política de Cancillería de incumplir las medidas está generando un impacto entre las autoridades que desconocen los tratados internacionales porque en los hechos se niegan a aceptar el cumplimiento de las medidas cautelares, pero a nivel internacional lo que contesta Cancillería a la CED es que se están realizando las acciones de búsqueda de desaparecidos”.

EnMazatlan piden libertad para Brenda Quevedo, inculpada en Caso Wallace

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Gracias a la consciencia y solidaridad de Mazatlán, Sinaloa, por sumarse al repudio contra la fabricación de culpables en México, y exigir la liberación de Brenda Quevedo Cruz, César Freyre, Jacobo Tagle Dobín, Alberto y Tony Castillo y Juana Hilda González Lomelí. Todos ellos, torturados y encarcelados por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace orquestado por su madre Isabel Miranda Torres desde 2005. #TorturaNuncaMás

“Mi hijo fue sometido y golpeado hasta el delirio”, denuncia madre de Marco Antonio tras marcha a Rectoría

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Mi hijo fue sometido. Mi hijo fue lastimando. Mi hijo fue golpeado y no sé qué tanto más le hicieron, al grado de que presenta delirio”, denunció Edith Flores Rojas, madre de Marco Antonio, el joven desaparecido por cinco días, luego de ser detenido por cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-CDMX).

Frente a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, tras la marcha que organizaron estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 8 para exigir justicia en el caso de su compañero, la madre del joven de 17 años denunció que el día que presentaron a Marco Antonio en el hospital Hospital Psiquiátrico “Dr. Juan N. Navarro” les impidieron que médicos le practicaran el Protocolo de Estambul, el cual establece los parámetros para documentar la posible tortura y sus consecuencias.

Ante cientos de universitarios y una docena de familiares de jóvenes estudiantes de la UNAM víctimas de homicidio, feminicidio y desapariciones, Edith Flores reprochó la revictimización de la que ha sido sujeta su hijo desde que se dio a conocer su denuncia.

“Mi hijo no le debía nada a los policías. Su delito fue tomar unas fotos y lo acusaron de que le estaban robando un celular a alguien. Mi hijo no tenía necesidad de robar. A mi hijo le robaron dos celulares y su computadora”, contó.

La mujer también cuestionó las actuaciones de la policía local y la violencia ejercida contra los jóvenes.

“Por todo lo que veo, por todo lo que escucho, tal parece que ser joven en este México nuestro es un delito. Desgraciadamente, en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana tal parece que los policías, que son los órganos de guarda de nuestra integridad, son los que nos desgracian”.

En su discurso, repudió los cambios en la información que presentó la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX), así como el ocultamiento de datos y actuación sin autorización de la familia al difundir datos sensibles de Marco Antonio a los medios de comunicación.

“¿Por qué presenta vídeos que no nos han enseñado? ¿Por qué da información que a mí no me ha dicho? Nadie le autorizó. Dos días antes, en su Ministerio Público le pedí que no revictimizara más a mi hijo. Los servidores públicos nos tratan como mierda. No puede ser posible eso. Estoy bastante indignada”, concluyó en el mitin que realizaron los universitarios frente al edificio de gobierno de la máxima casa de estudios del país.

En el acto, Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlin Rivera Osorio, la joven cuyo cuerpo fue encontrado atado del cuello en una cabina telefónica en Ciudad Universitaria, hizo un llamado a los padres de los jóvenes víctimas de violencia a conformar un frente y organizarse para denunciar cada uno de los casos.

“Justicia para Marco”

Antes de la concentración en Rectoría, cientos de estudiantes de nivel bachillerato de la UNAM salieron a las calles para exigir justicia y el esclarecimiento del caso de Marco Antonio Sánchez Flores.

El contingente de aproximadamente 250 personas salió de la Escuela Nacional Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz”, ubicada en Lomas de Plateros, en la delegación Álvaro Obregón, y caminó por las avenidas Barranca del Muerto y Revolución hasta Ciudad Universitaria.

El contingente que encabezó la Prepa 8 -donde es estudia Marco- estuvo acompañado por colectivos de estudiantes de las preparatorias 9, 6, 5 y los Colegios de Ciencias y Humanidades Oriente y Vallejo, de la Universidad Nacional.

A la cabeza del grupo también caminaron las madres de cuatros estudiantes víctimas de violencia: Verónica Guadalupe Benítez Vega, víctima de feminicidio en 2016; Luis Roberto Malagón de Gaona, quien fue encontrado asfixiado en 2017; y Lesvy Berlin Rivera Osorio, cuyo cuerpo fue encontrado atada por el cuello en CU, el 3 de mayo del año pasado.

Los jóvenes corearon “¡Justicia para Marco!” y entre goyas y folletos repartidos de mano en mano, repudiaron la criminalización de los jóvenes por su apariencia, así como la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

“Justicia para Marco. Que desaparezca el gobierno, no la juventud”; “Alto a la Guerra”; “Que la juventud no nos sea indiferente” y “Justicia real para Marco Antonio” fueron las leyendas visibles en algunas pancartas.

Los colectivos arribaron al territorio puma por detrás del estadio de Ciudad Universitaria minutos antes de las 18:00 horas. Luego caminaron por el Circuito Escolar a la altura de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se les unió Edith Flores, la madre de Marco.

En el contingente también marcharon jóvenes encapuchados, quienes realizaron al menos dos pintas sobre Lomas de Plateros y Barranca de Muerto.