López Obrador se compromete a pedir perdón a víctimas y a hacerles justicia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El primer día como presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador pedirá perdón a “todas las víctimas de la violencia” en nombre del Estado, y se comprometerá a que habrá justicia “en todo lo que esté humanamente en (sus) manos”.

Durante. el Segundo Diálogo por la paz, la verdad y la justicia, frente a familiares de víctimas, colectivos y organizaciones de derechos humanos –una muestra de los centenares de miles de víctimas en el país–, el presidente electo reivindicó su creencia en el lema “Olvido no, perdón sí”, lo que generó cierta molestia en la asamblea.

“Respecto a los que dicen: ‘Ni perdón, ni olvido’, pero tengo otra convicción y podemos ponernos de acuerdo”, aseveró el tabasqueño, en eco a su proyecto de conseguir la paz mediante un plan de amnistía.

Al clausurar el foro, AMLO aseveró que la llamada “cuarta transformación” buscará “la forma de reconciliarnos los mexicanos, a reconstruir la paz con justicia y con dignidad”.

Para ello, reiteró que su gobierno pedirá consejo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos y de transparencia, e insistió: “No se les va a cerrar la puerta a nadie; no vamos a tapar ningún caso, no va a haber impunidad. Queremos que todo sea transparente”.

Ante las demandas concretas de los colectivos de víctimas, el futuro mandatario indicó que su administración combatirá la violencia desde “sus causas”, entre ellas, mediante el otorgamiento de becas y trabajos a los jóvenes para que “no caigan en esa empresa fácil de la delincuencia”.

También aseguró que su política de austeridad –mediante la reducción de los salarios en la alta burocracia– y la venta de la flotilla de aviones y helicópteros presidenciales— permitirá contar con los recursos “para que se atiendan a las víctimas de la violencia (…) y las demandas de justicia”.

“La Secretaría de Gobernación (Segob) va a estar atendiendo las demandas justas de ustedes. Va a estar exclusivamente para la justicia, porque ya no estará a cargo de la Policía Federal”, prometió.

Si bien aseguró a los colectivos de víctimas que el diálogo quedará abierto, les pidió que “ayuden con la organización”, pues “si vamos a tener que reunirnos con cada uno los colectivos, no me voy a dar a dar abasto”.

Durante su discurso, de poco más de media hora, el político no mencionó la guerra contra el narcotráfico ni a la militarización de la seguridad pública, que inició el expresidente Felipe Calderón en 2006.

Sostuvo que la violencia se desató en México como consecuencia de las políticas económicas neoliberales adoptadas en los años 80, un modelo “porfirista” que se reestableció “para el beneficio de un pequeño grupo a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente”.

“Esto fue lo que ha generado todo ese dolor”, aseveró, e insistió: “Ahora el gobierno ya no estará en las manos de una minoría rapaz, de la delincuencia común y de cuello blanco”.

Fiscal ético reporta a poderes públicos sobre el falso caso Wallace

Al presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador

Al Poder Legislativo de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión

Al Poder Judicial de la Federación

Al Pueblo de México

 

El 18 de agosto de 2018, un grupo de organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos y periodistas, realizamos una jornada ética en la Ciudad de México, organizada a través del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. En este espacio cívico-ético presentamos ante un honorable jurado, para definición y sentencia de casos graves de violaciones de derechos humanos, que durante los últimos años se han cometido en nuestro país, y que han sido ignorados por los representantes de las instituciones de justicia formal del Estado mexicano.

En estos trabajos, tuve el honor de ser invitada a participar en calidad de fiscal ético para exponer uno de los casos más emblemáticos de corrupción e impunidad en el sistema de procuración de justicia en México: El caso Wallace. Creado con el apoyo de autoridades judiciales, el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, con doble identidad oficial como Hugo Alberto Miranda Torres, mantiene en prisión a siete personas a las que se les violaron su derecho a la presunción de inocencia, y que han sido sistemáticamente torturadas en un lapso de 12 años por agentes ministeriales de SEIDO-PGR bajo órdenes de Isabel Miranda Torres, madre de la supuesta víctima; han sido encarceladas injustamente 12 personas, incluyendo la defensa de los falsamente inculpados; y se han perpetrado 11 detenciones de manera arbitraria e ilegal, de las cuales en cuatro de estas detenciones, Isabel Miranda Torres participó directamente con tortura.

Durante varios años de investigación periodística independiente, y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales internacionales, como la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, Envero, hemos presentado evidencias de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda/Hugo Alberto Miranda Torres, desde el 20 de julio y 1 de noviembre de 2005 hasta la fecha, y por ello hemos sido amenazados de muerte, hostigados y calumniados en medios de comunicación y redes sociales por la misma Isabel Miranda Torres, quien insiste en mantener la fabricación del hijo muerto. En mi caso, ha habido dos intentos de secuestro por falsos agentes ministeriales, enviados a detenerme con documentación falsa, en una flagrante usurpación de funciones, con el argumento de “haber dado una versión diferente a la oficial”. Incluso, el mismo día de la audiencia del Tribunal Internacional de Conciencia, 18 de agosto, recibí una amenaza de muerte vía telefónica.

Hemos emprendido acciones judiciales como demandas por daño moral y personal, así como las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación. Sin embargo, han sido obstaculizadas, postergadas, desestimadas o los representantes judiciales y abogados han sido corrompidos para favorecer a Isabel Miranda Torres.

Por décadas, la fabricación de culpables ha fracturado profundamente el Estado de derecho en nuestro país, y ha corrompido las instancias de procuración de justicia convirtiéndolas en espacios de tortura, violación y encarcelamiento injusto. Isabel Miranda Torres ha intervenido en estas fabricaciones desde 2001, al amparo de funcionarios públicos dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, antes SIEDO, y en la Secretaría de Seguridad pública federal, desde 2006, con el apoyo del exsecretario Genaro García Luna, quien destacó por la fabricación de secuestros y rescates con montajes televisivos para simular su eficiencia.

En mi calidad de fiscal ético del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento respondo de manera pública a la interferencia –fuera de todo lugar– de Isabel Miranda Torres, quien pidió participar en este espacio cívico-ético investigando el domicilio particular del presidente del jurado y enviándole “su expediente” con una comunicación intimidatoria que adjunto al final de este documento:

En primer lugar, Isabel Miranda Torres no tiene derecho a dirigirse al Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento en calidad de víctima, porque está siendo denunciada como victimaria de tortura y violación, que de manera sistemática ha cometido contra siete personas que padecen el encarcelamiento injusto desde 2006 para mantener la fabricación del caso Wallace. El lugar que ella sólo puede tener en este tribunal ético es el de «ACUSADA», el mismo que ignoró en el momento en que se dio a conocer la realización del tribunal.

De acuerdo con las fuentes testimoniales y psicólogos que han practicado diversos protocolos a las víctimas, Isabel Miranda Torres ha promovido la violencia sexual como forma de tortura utilizando a las autoridades judiciales para perpetrar sistemáticamente este crimen de lesa humanidad, estipulado en el Estatuto de Roma, suscrito por México, el 7 de septiembre del 2000, y ratificado el 28 de octubre de 2005, tan sólo tres meses después de que se fabricara el vergonzoso el caso Wallace.

En la alusión de Isabel Miranda Torres al Tribunal Internacional de Conciencia para que no facilite el espacio “a personas que vienen a hacer afirmaciones y acusaciones sin sustento alguno, atacando y difamando a las verdaderas víctimas del delito”, es precisamente lo que estamos haciendo: evitar que personas de su calidad moral que, sin sustento y sin evidencias científicas ni jurídicas, continúe inculpando a personas inocentes con la complicidad judicial, y pretenda utilizar espacios ético-ciudadanos para legitimar estos crímenes. Ella es el caso más representativo de lo mismo que acusa.

La insolencia de Isabel Miranda Torres dirigida a deshonrar a los miembros de este tribunal cívico-ético, a todas luces, inadmisible, sostiene que no nos hemos “tomado la molestia en constatar a qué personas les prestan el foro, mismas que cuestionan casos que moralmente y jurídicamente están sustentados”. Con esta actitud, intenta pasar por alto el compromiso ético-moral de cada uno de los miembros del tribunal que, desde diferentes países, ofrecimos voluntariamente nuestro tiempo y recursos para promover la verdad y la justicia en México en casos de violaciones graves de derechos humanos, como el caso Wallace, entre otros, donde el Estado ha sido cómplice y actor de estos crímenes.

La falsedad del caso Wallace se derrumba desde el momento en que presentamos evidencias de vida de su hijo, quien se resiste a desaparecer. Cada uno de los alegatos de Isabel Miranda Torres sobre el supuesto crimen ha sido respondido oportunamente con evidencias documentales, instrumentales de actuaciones, pruebas periciales, videográficas, gráficas, y testimoniales y análisis jurídicos, ante tribunales del Poder Judicial de la Federación, además de solicitarse la atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia, misma que se negó sin mayor justificación. De esta manera, se evidencia una vez más que ministros y jueces son parte de la profunda fractura del Estado de derecho, y han corrompido la justicia al otorgar el trato preferencial a quien ha sido denunciada por delitos de lesa humanidad, además de secuestro en grado tentativa, usurpación de funciones, tráfico de influencias, falsificación de documentos, amenazas, calumnias, y perjurio.

En este contexto, cuando Isabel Miranda Torres se presenta ante este tribunal ético como coadyuvante del Agente del Ministerio Público de la Federación, corrobora contundentemente nuestra denuncia pública, en la que revelamos a sus agentes ministeriales torturadores, entre éstos, a los MP Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Osvaldo Jiménez Juárez, plenamente identificados por sus víctimas. Y ante la falacia de que la defensa de las víctimas “ha presentado infinidad de recursos de apelación, recursos de revocación, juicios de amparo, recursos de revisión… se acredita plenamente su acceso a la justicia”, le respondo recordándole las condiciones en las que mantiene a sus víctimas, gracias a su tráfico de influencias y corrupcion de autoridades judiciales y directores de penales.

Brenda Quevedo Cruz, sobreviviente de tortura y violencia sexual dentro del penal de Santiaguito, Estado de México, y el penal de Islas Marías, adonde la trasladaron ilegalmente los agentes mencionados de la SEIDO, 11 años en prisión sin sentencia; Jacobo Tagle Dobín, sobreviviente de tortura y violencia sexual, 8 años en prisión sin sentencia; Jael Malangón Uscanga, sobreviviente de tortura y ciego a causa de éstas, 12 años en prisión sin sentencia; falsamente acusados por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Otras cuatro personas torturadas con las mismas características de violencia son: Juan Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Antonio y Albert Castillo Cruz, 12 años en prisión, sentenciados a más de cien años de cárcel, por presión pública a los jueces de parte de Isabel Miranda Torres. Pregunto: ¿A qué justicia se refiere la victimaria?

Por último, respondo a una alusión personal de Isabel Miranda Torres respecto a mi “profesionalismo y humanismo”, y por lo que me llama “seudo periodista”. Informo a México que cuento con estudios de doctorado en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, y dos maestrías, una en Periodismo, en la Autónoma de Madrid en el programa del diario internacional El País, donde hice además mis prácticas, y mi segunda maestría es en Psicología, por la Universidad Sofía, en Palo Alto California. Cuento con licencia como docente en México (cédula profesional) y en Estados Unidos. En cambio, Isabel Miranda Torres se anuncia en Wikipedia como pedagoga, pero no hay registro alguno de sus estudios profesionales ni tiene cédula profesional. Es una persona que al haber participado directamente en la tortura y la detención arbitraria de las víctimas muestra una falta de piedad instintiva que todo ser humano experimenta ante el sufrimiento físico de otra persona. La mentira, la ignorancia y la crueldad han sido constantes en la vida de esta mujer que ha acumulado poder político y económico por la corrupción de los representantes del Estado mexicano. 

¿A cuenta de qué el Estado la sigue protegiendo y fomentando su impunidad? 

El Tribunal Internacional de Conciencia no es ninguna institución judicial del Estado. Existe, se funda, con un carácter estrictamente ético e independiente, con el único propósito de que se sepa la verdad y que la justicia sea una esperanza para las verdaderas víctimas ante la comunidad internacional de derechos humanos e instancias afines. En el juicio ético sobre la falsedad del caso Wallace quedó claro que Isabel Miranda Torres no es ningún ser todopoderoso, ni se trata de un caso aislado en el que ella pudo ajusticiar a una “banda de secuestradores” por su propia mano. No. El falso caso Wallace es un caso armado desde el Estado, con la complicidad de las autoridades judiciales y el tráfico de influencias de Isabel Miranda Torres, que hicieron, juntos, del sufrimiento físico y moral de las víctimas un espectáculo político y mediático, propio de un Estado totalitario.  

El falso caso Wallace ha costado a México una corrupción descomunal en todos los niveles de servidores públicos implicados, desde médicos forenses que se prestaron a expedir un acta de defunción sin cuerpo presente a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, hasta jueces que -sin tener competencia en la causa- se han prestado a realizar acciones judiciales en detrimento de las víctimas, como traslados ilegales a penales donde se les tortura o reciben golpizas pagadas por Isabel Miranda Torres. Como consecuencia de todo ello, padecemos la profunda fractura del Estado de derecho, un mal público que nos afecta a todos y cada uno de los mexicanos.

Por lo anterior, Isabel Miranda Torres no tiene cabida en este tribunal ético; a menos que sea como acusada, reitero, y que responda de manera pública y abierta a cada una de sus víctimas, directas e indirectas, por el daño ocasionado.

Por el bien de México hago público esta consideración.

Guadalupe Lizárraga
Escritora y Periodista Independiente
Fundadora de Los Ángeles Press

Documentos presentados por Isabel Miranda Torres al Tribunal Internacional de Conciencia

El falso caso Wallace #FalsoCasoWallace

La Opción

02/09/2018

El falso caso Wallace 1.jpg

Chihuahua. –  El 12 de julio de 2005, Isabel Miranda Torres, conocida como la señora Wallace, puso una denuncia a la procuraduría por el secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, en menos de 24 horas de su desaparición.

Sus familiares pusieron otras tres denuncias en la misma procuraduría. Ella, directamente, emprendió una cacería contra sus inculpados, apoyada con agentes ministeriales, exhibiendo sus rostros en espectaculares de publicidad exterior en las principales vías de la Ciudad de México y ofreciendo recompensas.

Siete meses después, denunció el homicidio de su hijo con las capturas y confesiones de sus inculpados. Logró sentencias de más de cien años de prisión para siete personas. El expresidente Felipe Calderón le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos, y fue candidata por PAN a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Su poder político y económico se multiplicó, y se convirtió en un personaje público en temas de seguridad nacional. Sin embargo, cuando aparentemente ya estaba olvidado el caso, su hijo da señales de vida.

El Falso Caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga, una investigación periodística que revela la corrupción del sistema de procuración de justicia en México y la crueldad de una madre para mantener la fabricación del secuestro y homicidio de su hijo.

A la venta en Amazon.com y Amazon.com.mx, en versión digital por Kindle App o versión impresa entrega a domicilio.

Sobre la autora: Periodista independiente y escritora. Fundadora de Los Ángeles Press, un medio digital en español basado en Los Ángeles, California. Autora del libro no ficción Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017).

Cómplice de Miranda de Wallace vinculado con los Zetas

Braulio Robles Zuñiga ayudó a fabricar el Caso Wallace, participó en torturas de los inculpados

Quería vinculado con Cártel ser Fiscal Anticorrupción

ABC Noticias 16 de maro 2017

Ciudad de México.- La Comisión de Justicia del Senado de la República descalificó al abogado Braulio Robles Zúñiga del proceso de selección para nombrar al primer Fiscal Anticorrupción debido a que presentó como suya la ponencia de otra participante, Angélica Palacios Zárate.

La senadora María del Pilar Ortega dijo que no se pueden permitir que éste tipo de hechos enturbien un proceso que es justamente para buscar a la persona que encabece la Fiscalía para combatir los delitos de corrupción.

“Es inadmisible que éstas personas siguieran participando en el proceso. Ya le dimos derecho de audiencia al señor Braulio Robles Zúñiga y ya nos presentó su declinación”.

Robles Zúñiga fue denunciado en el año 2009 de estar vinculado con el cártel de Los Zetas cuando fungía como agente ministerial de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, incluso él obstruyó una investigación en contra de un grupo delincuencial dedicado al tráfico de drogas.

Además, las comisiones del Anticorrupción y Justicia del Senado descubrieron un presunto plagio en las ponencias de los aspirantes a Fiscal. La senadora Pilar Ortega (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, evidenció que Robles Zúñiga presentó una ponencia idéntica a la de Angélica Palacios Zarate.

El senador Luis Humberto Fernández dijo: “es similitud palabra por palabra. No vamos a permitir ni dejar pasar ninguna de las cosas”.