Fiscal ético reporta a poderes públicos sobre el falso caso Wallace

Al presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador

Al Poder Legislativo de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión

Al Poder Judicial de la Federación

Al Pueblo de México

 

El 18 de agosto de 2018, un grupo de organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos y periodistas, realizamos una jornada ética en la Ciudad de México, organizada a través del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. En este espacio cívico-ético presentamos ante un honorable jurado, para definición y sentencia de casos graves de violaciones de derechos humanos, que durante los últimos años se han cometido en nuestro país, y que han sido ignorados por los representantes de las instituciones de justicia formal del Estado mexicano.

En estos trabajos, tuve el honor de ser invitada a participar en calidad de fiscal ético para exponer uno de los casos más emblemáticos de corrupción e impunidad en el sistema de procuración de justicia en México: El caso Wallace. Creado con el apoyo de autoridades judiciales, el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, con doble identidad oficial como Hugo Alberto Miranda Torres, mantiene en prisión a siete personas a las que se les violaron su derecho a la presunción de inocencia, y que han sido sistemáticamente torturadas en un lapso de 12 años por agentes ministeriales de SEIDO-PGR bajo órdenes de Isabel Miranda Torres, madre de la supuesta víctima; han sido encarceladas injustamente 12 personas, incluyendo la defensa de los falsamente inculpados; y se han perpetrado 11 detenciones de manera arbitraria e ilegal, de las cuales en cuatro de estas detenciones, Isabel Miranda Torres participó directamente con tortura.

Durante varios años de investigación periodística independiente, y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales internacionales, como la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, Envero, hemos presentado evidencias de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda/Hugo Alberto Miranda Torres, desde el 20 de julio y 1 de noviembre de 2005 hasta la fecha, y por ello hemos sido amenazados de muerte, hostigados y calumniados en medios de comunicación y redes sociales por la misma Isabel Miranda Torres, quien insiste en mantener la fabricación del hijo muerto. En mi caso, ha habido dos intentos de secuestro por falsos agentes ministeriales, enviados a detenerme con documentación falsa, en una flagrante usurpación de funciones, con el argumento de “haber dado una versión diferente a la oficial”. Incluso, el mismo día de la audiencia del Tribunal Internacional de Conciencia, 18 de agosto, recibí una amenaza de muerte vía telefónica.

Hemos emprendido acciones judiciales como demandas por daño moral y personal, así como las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación. Sin embargo, han sido obstaculizadas, postergadas, desestimadas o los representantes judiciales y abogados han sido corrompidos para favorecer a Isabel Miranda Torres.

Por décadas, la fabricación de culpables ha fracturado profundamente el Estado de derecho en nuestro país, y ha corrompido las instancias de procuración de justicia convirtiéndolas en espacios de tortura, violación y encarcelamiento injusto. Isabel Miranda Torres ha intervenido en estas fabricaciones desde 2001, al amparo de funcionarios públicos dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, antes SIEDO, y en la Secretaría de Seguridad pública federal, desde 2006, con el apoyo del exsecretario Genaro García Luna, quien destacó por la fabricación de secuestros y rescates con montajes televisivos para simular su eficiencia.

En mi calidad de fiscal ético del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento respondo de manera pública a la interferencia –fuera de todo lugar– de Isabel Miranda Torres, quien pidió participar en este espacio cívico-ético investigando el domicilio particular del presidente del jurado y enviándole “su expediente” con una comunicación intimidatoria que adjunto al final de este documento:

En primer lugar, Isabel Miranda Torres no tiene derecho a dirigirse al Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento en calidad de víctima, porque está siendo denunciada como victimaria de tortura y violación, que de manera sistemática ha cometido contra siete personas que padecen el encarcelamiento injusto desde 2006 para mantener la fabricación del caso Wallace. El lugar que ella sólo puede tener en este tribunal ético es el de «ACUSADA», el mismo que ignoró en el momento en que se dio a conocer la realización del tribunal.

De acuerdo con las fuentes testimoniales y psicólogos que han practicado diversos protocolos a las víctimas, Isabel Miranda Torres ha promovido la violencia sexual como forma de tortura utilizando a las autoridades judiciales para perpetrar sistemáticamente este crimen de lesa humanidad, estipulado en el Estatuto de Roma, suscrito por México, el 7 de septiembre del 2000, y ratificado el 28 de octubre de 2005, tan sólo tres meses después de que se fabricara el vergonzoso el caso Wallace.

En la alusión de Isabel Miranda Torres al Tribunal Internacional de Conciencia para que no facilite el espacio “a personas que vienen a hacer afirmaciones y acusaciones sin sustento alguno, atacando y difamando a las verdaderas víctimas del delito”, es precisamente lo que estamos haciendo: evitar que personas de su calidad moral que, sin sustento y sin evidencias científicas ni jurídicas, continúe inculpando a personas inocentes con la complicidad judicial, y pretenda utilizar espacios ético-ciudadanos para legitimar estos crímenes. Ella es el caso más representativo de lo mismo que acusa.

La insolencia de Isabel Miranda Torres dirigida a deshonrar a los miembros de este tribunal cívico-ético, a todas luces, inadmisible, sostiene que no nos hemos “tomado la molestia en constatar a qué personas les prestan el foro, mismas que cuestionan casos que moralmente y jurídicamente están sustentados”. Con esta actitud, intenta pasar por alto el compromiso ético-moral de cada uno de los miembros del tribunal que, desde diferentes países, ofrecimos voluntariamente nuestro tiempo y recursos para promover la verdad y la justicia en México en casos de violaciones graves de derechos humanos, como el caso Wallace, entre otros, donde el Estado ha sido cómplice y actor de estos crímenes.

La falsedad del caso Wallace se derrumba desde el momento en que presentamos evidencias de vida de su hijo, quien se resiste a desaparecer. Cada uno de los alegatos de Isabel Miranda Torres sobre el supuesto crimen ha sido respondido oportunamente con evidencias documentales, instrumentales de actuaciones, pruebas periciales, videográficas, gráficas, y testimoniales y análisis jurídicos, ante tribunales del Poder Judicial de la Federación, además de solicitarse la atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia, misma que se negó sin mayor justificación. De esta manera, se evidencia una vez más que ministros y jueces son parte de la profunda fractura del Estado de derecho, y han corrompido la justicia al otorgar el trato preferencial a quien ha sido denunciada por delitos de lesa humanidad, además de secuestro en grado tentativa, usurpación de funciones, tráfico de influencias, falsificación de documentos, amenazas, calumnias, y perjurio.

En este contexto, cuando Isabel Miranda Torres se presenta ante este tribunal ético como coadyuvante del Agente del Ministerio Público de la Federación, corrobora contundentemente nuestra denuncia pública, en la que revelamos a sus agentes ministeriales torturadores, entre éstos, a los MP Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Osvaldo Jiménez Juárez, plenamente identificados por sus víctimas. Y ante la falacia de que la defensa de las víctimas “ha presentado infinidad de recursos de apelación, recursos de revocación, juicios de amparo, recursos de revisión… se acredita plenamente su acceso a la justicia”, le respondo recordándole las condiciones en las que mantiene a sus víctimas, gracias a su tráfico de influencias y corrupcion de autoridades judiciales y directores de penales.

Brenda Quevedo Cruz, sobreviviente de tortura y violencia sexual dentro del penal de Santiaguito, Estado de México, y el penal de Islas Marías, adonde la trasladaron ilegalmente los agentes mencionados de la SEIDO, 11 años en prisión sin sentencia; Jacobo Tagle Dobín, sobreviviente de tortura y violencia sexual, 8 años en prisión sin sentencia; Jael Malangón Uscanga, sobreviviente de tortura y ciego a causa de éstas, 12 años en prisión sin sentencia; falsamente acusados por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Otras cuatro personas torturadas con las mismas características de violencia son: Juan Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Antonio y Albert Castillo Cruz, 12 años en prisión, sentenciados a más de cien años de cárcel, por presión pública a los jueces de parte de Isabel Miranda Torres. Pregunto: ¿A qué justicia se refiere la victimaria?

Por último, respondo a una alusión personal de Isabel Miranda Torres respecto a mi “profesionalismo y humanismo”, y por lo que me llama “seudo periodista”. Informo a México que cuento con estudios de doctorado en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, y dos maestrías, una en Periodismo, en la Autónoma de Madrid en el programa del diario internacional El País, donde hice además mis prácticas, y mi segunda maestría es en Psicología, por la Universidad Sofía, en Palo Alto California. Cuento con licencia como docente en México (cédula profesional) y en Estados Unidos. En cambio, Isabel Miranda Torres se anuncia en Wikipedia como pedagoga, pero no hay registro alguno de sus estudios profesionales ni tiene cédula profesional. Es una persona que al haber participado directamente en la tortura y la detención arbitraria de las víctimas muestra una falta de piedad instintiva que todo ser humano experimenta ante el sufrimiento físico de otra persona. La mentira, la ignorancia y la crueldad han sido constantes en la vida de esta mujer que ha acumulado poder político y económico por la corrupción de los representantes del Estado mexicano. 

¿A cuenta de qué el Estado la sigue protegiendo y fomentando su impunidad? 

El Tribunal Internacional de Conciencia no es ninguna institución judicial del Estado. Existe, se funda, con un carácter estrictamente ético e independiente, con el único propósito de que se sepa la verdad y que la justicia sea una esperanza para las verdaderas víctimas ante la comunidad internacional de derechos humanos e instancias afines. En el juicio ético sobre la falsedad del caso Wallace quedó claro que Isabel Miranda Torres no es ningún ser todopoderoso, ni se trata de un caso aislado en el que ella pudo ajusticiar a una “banda de secuestradores” por su propia mano. No. El falso caso Wallace es un caso armado desde el Estado, con la complicidad de las autoridades judiciales y el tráfico de influencias de Isabel Miranda Torres, que hicieron, juntos, del sufrimiento físico y moral de las víctimas un espectáculo político y mediático, propio de un Estado totalitario.  

El falso caso Wallace ha costado a México una corrupción descomunal en todos los niveles de servidores públicos implicados, desde médicos forenses que se prestaron a expedir un acta de defunción sin cuerpo presente a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, hasta jueces que -sin tener competencia en la causa- se han prestado a realizar acciones judiciales en detrimento de las víctimas, como traslados ilegales a penales donde se les tortura o reciben golpizas pagadas por Isabel Miranda Torres. Como consecuencia de todo ello, padecemos la profunda fractura del Estado de derecho, un mal público que nos afecta a todos y cada uno de los mexicanos.

Por lo anterior, Isabel Miranda Torres no tiene cabida en este tribunal ético; a menos que sea como acusada, reitero, y que responda de manera pública y abierta a cada una de sus víctimas, directas e indirectas, por el daño ocasionado.

Por el bien de México hago público esta consideración.

Guadalupe Lizárraga
Escritora y Periodista Independiente
Fundadora de Los Ángeles Press

Documentos presentados por Isabel Miranda Torres al Tribunal Internacional de Conciencia

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s