Carta al subsecretario Alejandro Encinas por víctimas del Caso Wallace

Los Ángeles, California, 28 de enero de 2019

Lic. Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos
Secretaría de Gobernación

Le informo sobre la grave situación de las víctimas del caso Wallace, del que estamos esperando una acción expedita e inmediata por el riesgo a la integridad física y deterioro de la salud emocional que cada día padecen.

Desde el 10 de diciembre de 2018, acompañada del presbítero Alejandro Solalinde y del periodista José Reveles, pedimos la libertad inmediata de las víctimas de Isabel Miranda Torres, especialmente porque el postergar su libertad repercute en las condiciones de represalias que viven en los penales bajo consigna de Miranda. Hemos entregado información precisa y suficiente con los elementos de prueba de inocencia de las víctimas y del acoso a sus familias y defensores a la Fiscalía General de la República, directamente al Dr. Alejandro Gertz Manero, quien instruyó el abrir la investigación penal del caso, incluyendo la denuncia por las agresiones contra mi persona.

Entre los elementos de prueba que presentamos, se encuentra:

  1. Protocolo de Estambul, ratificado y judicializado como prueba con resultados positivos de tortura y violación sexual, de Jacobo Tagle Dobín.

  2. Informe médico y valoración psicológica de Brenda Quevedo Cruz, con resultados de alto estrés post-traumático debido a las torturas con violación sexual.

  3. Falsedad en declaraciones a las autoridades judiciales por la parte acusadora.

  4. Los años que llevan en prisión preventiva sin sentencia, e incluso las víctimas con sentencia no ha sido ejecutoria, como en el caso de Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz.
  5. Declaración de la bióloga Yanet Rogel, en la que sostiene haberse equivocado en el informe sobre el peritaje de la gota de sangre encontrada en Perugino No. 6, Depto. 4., el cual resultó corresponder al gen sexual amelogenina XX (femenino), y se justifica diciendo que es un “error de dedo” y debía ser XY (masculino).

  6. Solicitud de liberación de George Khoury Layón, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, quien fue vinculado con las víctimas del caso Wallace para simular una “banda de secuestradores”.

  7. Solicitud de la abogada defensora de la nulidad de declaración de Juana Hilda González Lomelí en la que incrimina a cinco personas más.

Adicionalmente, hay una situación crítica de salud de Jacobo Tagle Dobín debido a las torturas y golpizas de los custodios, relacionada con la próstata. Su alimentación es muy deficiente porque es discriminado por motivos religiosos, al negarse a comer cerdo, que es lo que frecuentemente les dan en el penal de Tapachula, Chiapas, negándole otros alimentos, y son los internos compañeros de celda y módulo, quienes le obsequian sus tortillas que ingiere con agua. Uno de los castigos fue rociarlo con gas lacrimógeno en boca y genitales, y otro dejarlo sin alimentos durante tres días. Todo, sabemos, es consigna de Isabel Miranda Torres.

La salud emocional y física de Brenda Quevedo Cruz sigue en deterioro, con sangrados vaginales abundantes, insomio, migraña, adormecimiento del cuerpo que le impide hacer ejercicio, y un quiste o bola de grasa debajo de la axila con mucho dolor que no le han atendido. Su madre, quien la acaba de visitar en el penal de Coatlán del Río, sospecha que es a raíz del medicamento que se lo hayan cambiado. Además, ha sido discriminada en la atención psiquiátrica por parte de la dirección del penal.

Del resto de las víctimas desconocemos sus estados de salud, por la incomunicación en las que los mantienen, como en el caso de Jael Malangón Uscanga, en el penal de Hermosillo, y Albert Castillo Cruz, en el de Ciudad Juárez, adonde fueron trasladados ilegalmente.

Si bien, nos han atendido en diferentes reuniones en la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República para escuchar los testimonios y denuncias de los familiares de las víctimas, las víctimas directas no han tenido ninguna atención con respecto a su salud, ni para evitar represalias por la consigna de Miranda. No han sido trasladados a su lugar de origen, un derecho que se les está violando, ni se han propuesto trasladarlos a un hospital donde sean atendidos por el daño irreversible que ya tienen debido a las torturas.

En cambio, María Isabel Miranda Torres, pese a ser indiciada por la investigación penal sobre la falsedad del caso Wallace bajo el número de expediente NA/CDMX/SEIDF/0002056/2018, sigue asistiendo a las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, continúa difamando y calumniando a las víctimas y sus defensores en los medios de comunicación, y hace vida pública con los privilegios que siempre le han otorgado desde el gobierno federal de las anteriores administraciones.

Por este conducto, pido nuevamente su atención expresa a estos casos de violaciones de derechos humanos tan graves, porque no hay un solo motivo por el que las víctimas sigan un día más en prisión. La falta de atención a ellas, no puede interpretarse de otra forma más que de una indiferencia gubernamental ante el sufrimiento que sigue impactando sus vidas y su salud, y ante el riesgo que corremos quienes hemos denunciado sistemáticamente la falsedad del caso Wallace.

Le informo, que estaremos en Palacio Nacional, el 6 de febrero de 2019, para reiterar nuestra petición personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ustedes mejor que nadie saben que las víctimas del caso Wallace son inocentes, y hoy están siendo hostigadas en su cautiverio igual que antes.

Los queremos vivos, sanos  y libres.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista
Los Ángeles Press

  • C.c.p. Lic. Jorge Ruíz del Ángel. DDHH. Segob.
  • C.c.p. David Bertet. En Vero. Canadá
  • C.c.p. Las víctimas.

Elementos de prueba

Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle Dobín, consta de 88 páginas, con resultado positivo, identifica a dos de sus torturadores, y narra las torturas y la violencia sexual de la que fue objeto, y las secuelas que ya tiene por las torturas.

Solicitud de liberación de George Khoury Layón por parte del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU. El documento completo consta de 10 páginas que refiere a la primera detención arbitraria de Khoury, el 30 de enero de 2006, después de que policías federales intentaran extorsionarlo y detenerlo el 16 de julio de 2005. Fue absuelto por juez federal el 26 de septiembre de 2007. Nuevamente, fue detenido arbitrariamente y torturado, bajo cargos de delincuencia organizada, el 2 de septiembre de 2009. Volvió a ser absuelto el 14 de febrero de 2012, sin embargo no fue puesto en libertad. Antes, el 29 de julio de 2011, estando en prisión, se le giró una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro, relacionándolo con el falso caso Wallace. Quien lo acusó bajo tortura es Jacobo Tagle Dobin. El mismo día que salió en libertad, el 26 de febrero de 2012, se le dictó auto de formal prisión. Isabel Miranda ha intervenido en sus detenciones desde 2005.

Valoración psicológica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó a Brenda Quevedo Cruz, el 30 de julio de 2011, en la que concluye que al momento de la entrevista, Quevedo presentaba trastorno por estrés post-traumático crónico, depresión y ansiedad severa. El documento consta de 11 páginas y destaca la dificultad para defenderse jurídicamente, la soledad y el miedo por su familia, así como la percepción de no tener justicia.

Informe médico de Brenda Quevedo Cruz sobre el trastorno y depresión como secuela de las torturas y violación en dos ocasiones por parte de agentes ministeriales de SIEDO, enviados por Isabel Miranda Torres.

Solicitud de nulidad de ampliación de declaración de Juana Hilda González Lomelí, obtenida el 8 de febrero de 2006, por parte del agente ministerial Fermín Ubaldo, con el propósito de que incriminara a César Freyre, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, y los hermanos Tony y Albert Castillo. La abogada hace alusión a la condición visiblemente de maltrato en que encontró a Juana Hilda, y pide la nulidad de la declaración por haber sido obtenida bajo coacción y violencia; asímismo que sea nulo el careo solicitado por Isabel Miranda frente a su acusada, por ser inconstitucional.

Declaración de la bióloga Yanet Rogel en que dice que fue “un error de dedo” el informe pericial de la gota de sangre que Isabel Miranda Torres presentó como prueba científica del suspuesto destazamiento de su hijo Hugo Alberto Wallace, encontrada siete meses después en Perugino No. 6, departamento 4. El resultado inicial fue el gen sexual amelogenina XX que corresponde a una gota de sangre de mujer.

“Error de dedo”

México pide cinco veces perdón a la periodista Lydia Cacho

El Gobierno se disculpa, 14 años después, por violar los derechos humanos de la reportera Lydia Cacho tras publicar una investigación sobre una red de explotación infantil
La periodista Lydia Cacho en el acto de disculpa pública.
La periodista Lydia Cacho en el acto de disculpa pública. Gladys Serrano

Es poco común que el Gobierno mexicano pida perdón y este jueves lo ha hecho cinco veces. La periodista mexicana Lydia Cacho ha recibido una disculpa de parte del Gobierno por la persecución que sufrió en 2005 tras la publicación de Los demonios del Edén, una investigación sobre una red de trata y explotación infantil en el Estado de Quintana Roo. El reconocimiento sobre las omisiones del Estado en su caso ha llegado después de que la Organización de Naciones Unidas, a través de su comité de Derechos Humanos, haya reconocido que Cacho fue objeto de múltiples violaciones de sus derechos fundamentales.

“A nombre del Estado mexicano le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”, ha dicho Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. El discurso de perdón ha llevado a Encinas a enumerar los cinco elementos por los que el Estado se disculpó: violación del derecho a la libertad de expresión; detención arbitraria; tortura como instrumento de investigación; violencia y discriminación en razón de su género; e impunidad y corrupción alentada por las instituciones.

Cacho fue detenida ilegalmente en Quintana Roo, nueve meses después de publicar su investigación, por diez personas que aseguraron ser policías del Estado de Puebla. Los agentes la llevaron desde el sureste mexicano hasta el centro del país en un trayecto de 20 horas en carretera. La periodista fue víctima de tortura psicológica, tocamientos y amenazas de muerte. Todo ese episodio fue producto de la complicidad entre el empresario Kamel Nacif, involucrado en la red de pederastia, y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. Un audio de la conversación telefónica entre ambos, donde se exponía la colusión del poder político y económico para callar a la periodista, cimbró el 14 de febrero de 2006 a la clase política de México.

Las palabras del exgobernador y el empresario, que ahora se encuentra en prisión, resonaron en la sala. Tras aceptar la disculpa del Gobierno mexicano, la periodista puso las grabaciones que demostraron que su detención había sido ilegal. Las mismas que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los jueces determinaron, en 2007, que las violaciones a sus derechos no habían sido graves. “Si las mujeres como yo hemos jugado hasta la vida por los derechos humanos, lo menos que puede hacer este país es proteger a sus periodistas”, dijo Cacho tras escuchar la disculpa del Estado. La autora de Los demonios del Edén también ha mencionado que durante todos los años que temió por su vida también fue víctima de burlas misóginas.

“Nos dijeron que el periodismo era de hombres y que los derechos humanos eran una sensiblería. He perdonado a mis torturadores porque no permití jamás que colonizaran ni mi cuerpo, ni mi espíritu”, añadió.

El Gobierno mexicano tendrá que trabajar en los próximos meses para derogar los delitos de difamación y calumnia que todavía están vigentes en los códigos penales de ocho de los 32 Estados. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, —que en 2007 votó en la Corte en contra de reconocer los actos contra Cacho como delitos graves— expresó que el Estado se dedicará a fortalecer la protección para los periodistas. “Nunca más la censura ha de tener cabida”, dijo. En 2017, 11 periodistas fueron asesinados; en 2018, al menos nueve murieron en homicidios relacionados con su trabajo.

En los últimos años, el Gobierno mexicano solo había ofrecido disculpas en dos ocasiones: en 2015 a dos soldados que fueron discriminados en las Fuerzas Armadas por ser portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y en 2017 a tres mujeres indígenas que fueron encarceladas por supuestamente secuestrar a seis agentes de la Policía Federal. En marzo, el Estado pedirá perdón a las familias de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por miembros del Ejército mexicano al confundirlos con miembros de un cartel de drogas.

Fiscalía de Querétaro desmiente supuesto secuestro denunciado por Isabel Miranda de Wallace

La activista pidió a esa instancia investigar un supuesto secuestro difundido en un video de diciembre de 2017 que resultó ser otra circunstancia
FOTO: EL UNIVERSAL
FOTO: EL UNIVERSAL

La Fiscalía General del Estado de Querétaro desmintió un supuesto caso de secuestro ocurrido en la capital queretana, luego de que Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro compartiera este viernes en su cuenta de Twitter un video solicitando la intervención de la fiscalía.

“Circula en redes presunto intento de #secuestro en Querétaro. Solicitamos a @fiscaliaqro su intervención en este hecho que podría ser constitutivo de delito”, señaló en la cuenta de Twitter @WallaceIsabel.

La Fiscalía del estado respondió que dicho video correspondía a un hecho registrado en diciembre de 2017 en el que se descartó que fuese un secuestro y detalló que como consecuencia se abrió una investigación por el delito de lesiones en el que los involucrados llegaron a un arreglo.

“Hola @WallaceIsabel comentarte que este video, circuló en diciembre del 2017. Además, hacemos énfasis en que no fue un secuestro, se inició una carpeta por lesiones y ya hubo un arreglo entre las partes, quedando esclarecido el hecho. Que tenga buen día”, fue la respuesta de la Fiscalía.

En el video se ve cómo un par de individuos que intentan subir a la fuerza a una mujer a la cajuela de un automóvil, la cual fue rescatada por otra persona. De acuerdo a la Policía municipal de Querétaro, el hecho fue una discusión entre una pareja que se registró a la salida de una conocida discoteca de la capital queretana ubicada sobre la avenida Constituyentes.

El caso fue derivado a la Fiscalía en donde las partes involucradas finalmente llegaron a un acuerdo.

En su momento, el video que se hizo viral en redes sociales y en el que se acusaba un secuestro, las autoridades pidieron a la población hacer uso responsable de estos medios de difusión para no compartir información inexacta.

Luego del tuit de Isabel Miranda de Wallace, muchos usuarios criticaron que la activista compartiera información desactualizada.

jno