Isabel Miranda acosa a madre de César Freyre por denuncias de tortura a periodista

Guadalupe Lizárraga

 

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy a las 7:20 horas, la madre de César Freyre, víctima del falso caso Wallace, María Rosa Morales, recibió una llamada intimidatoria de parte de Isabel Miranda Torres, en la que la secretaria de Miranda, le dijo que “la señora la esperaba en su oficina la semana entrante”. Sin embargo, tres horas después y de haber denunciado a la Fiscalía General de la República, la madre de Freyre recibió una nueva llamada en la que le dijeron que “la señora Isabel Miranda iba a mandar un auto en la mañana para que la recogieran y llevaran a su oficina”. 

María Rosa, en un estado emocional alterado, denunció a Los Ángeles Press, que la intimidación de Miranda es por la carta que su hijo escribió el pasado 30 de enero de 2019, a este medio, en la que reveló las torturas sufridas directamente por Isabel Miranda Torres, dentro del penal federal El Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México. En la misma misiva, Freyre señaló a Renato Sales Heredia, de ser uno de los funcionarios que permitieron las torturas, y la entrada de Miranda al penal, en su gestión como comisionado nacional de Seguridad, desde agosto de 2015 a septiembre de 2018.

“A mí me quitaron mi libertad, así –dice la madre de César Freyre en entrevista telefónica–.

“María Rosa Morales, madre de César Freyre”

Yo me presenté para ver a mi niño en el arraigo, y allí me quitaron mi libertad. Y a mi hija igual, ya ve que ella falleció a consecuencia de eso. La verdad ahorita, yo no le tengo miedo a la señora, es como yo le digo, yo no le tengo miedo por tanto daño que me ha hecho. Es que la señora no me deja vivir en paz, si ya lo tiene ahí, ¿qué más quiere?”. Después de la entrevista, y de poner la denuncia formal, Morales Ibarra recibió la segunda llamada. 

María Rosa Morales fue encañonada dentro de su casa por agentes ministeriales de SEIDO-PGR, el 26 de septiembre de 2016, y desde allí los ministeriales le hablaron por teléfono a su hijo poco antes de tener un careo judicial ante el Juez Décimo Sexto de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, para que se incriminara por segunda ocasión del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, e incriminara a sus coprocesados. Así mismo fue obligado a escribir una carta en la que confiesa su participación y es la que presenta Isabel Miranda a los medios de comunicación como prueba irrefutable del supuesto crimen.

Los hechos fueron denunciados ante Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, donde se están revisando los casos de fabricación de culpables por el falso caso Wallace; y se puso la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, institución que abrió la investigación penal contra Isabel Miranda Torres, desde el 11 de diciembre de 2018.

Anuncios

El caso Wallace y el cerco mediático

Reversos El Otro Lado

Reversos

Por Antonio Rosales

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005.

Este hecho no solo marcó el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, en 2012; del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010, que recibió de manos de Felipe Calderón,  y de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz es autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Marti, Nestora Salgado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y el cuestionamiento de la organización canadiense En Vero, sobre el caso de su hijo.

El jueves 7 de febrero, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un reportaje al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press

También investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado, en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

 

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

–Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

“Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos”.

–De acuerdo a las investigaciones que has podido realizar, ¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?… ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

–Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero.

FP-ElCasoWallace-600x294.jpg

“Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (…) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las victimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella”.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no sólo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.”

Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

FI-ElCasoWallace.jpg

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizárraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Asimismo, la tarde de ayer la organización canadiense En Vero, presidida por David Bertet, respaldó la protesta con el siguiente tuit:

Pedimos a @lopezobrador_
que saque @WallaceIsabel
del Consejo de Seguridad Nacional. Una persona denunciada por tortura y fabricación de delitos no tiene su lugar en instancias y facilidades del gobierno.

3:28 p. m. · 6 feb. 2019 · Twitter Web Client

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizárraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

FI-ElCasoWallace2.jpg

–Isabel Miranda no debería estar en libertad– concluyó la periodista en entrevista en diciembre pasado, y reiteró la semana pasada en entrevista con el programa Sin Censura.

Empiezan a salir libres los presos políticos del gobierno anterior

La liberación de los primeros cuatro presos políticos –todos ellos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación– es muestra de la buena voluntad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta es la opinión del Comité Cerezo, que durante 16 años ha documentado el hostigamiento contra dirigentes sociales. La agrupación confía en que se atiendan los casos pendientes, sobre todo ahora que la Secretaría de Gobernación estudia una lista de 368 personas recluidas de manera injusta. Se trata de casos que serán revisados, uno a uno, en forma “exhaustiva”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Luego de permanecer cinco años preso en el penal jalisciense de Puente Grande, Leonel Manzano Sosa, uno de los primeros presos políticos liberados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asegura enfático:

“Estuve preso por oponerme a la reforma educativa impulsada por Peña Nieto y también a los intereses caciquiles en Oaxaca. Esa fue la verdadera causa de mi detención.”

Manzano y otros cuatro compañeros oaxaqueños de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron arrestados en mayo de 2013, acusados de delincuencia organizada y de secuestrar a dos sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

“Esos cargos fueron puro montaje, delitos fabricados sin ningún sustento y con la única intención de golpear políticamente a la CNTE y al magisterio disidente”, agrega Manzano.

–¿Y cómo fue que hoy salen libres?

–Desde su campaña, López Obrador prometió liberar a los presos políticos. Y al llegar a la Presidencia, simplemente se acabó la consigna que durante el gobierno de Peña Nieto había contra los presos de la CNTE. Por lo tanto, las autoridades se ciñeron al debido proceso. Y salimos libres porque no había pruebas que nos inculparan. Así de sencillo.

Junto con Manzano fueron excarcelados, a fines de diciembre pasado, otros cuatro maestros de la CNTE: Lauro Atilano Grijalva, Damián Gallardo Martínez, Sara Altamirano Ramos y Enrique Guerrero, quienes se habían convertido en figuras emblemáticas de la lucha magisterial.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2205, ya en circulación)