Edomex: fábrica de culpables

LA SIMULACIÓN DE JUSTICIA, LOS EXPEDIENTES ARMADOS CON PRUEBAS SEMBRADAS Y LOS FALSOS CULPABLES, FUERON PRÁCTICAS DEL GOBIERNO DE ERUVIEL ÁVILA EN EL ESTADO DE MÉXICO, QUE HOY MANTIENE MÁS DE 3 MIL DENUNCIAS CONTRA JUECES Y 78 MAGISTRADOS ESTATALES

Edomex: fábrica de culpables

Una investigación periodística realizada por el equipo del portal de noticias La Silla Rota. Este proyecto fue uno de los cuatro ganadores de la Beca de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el 2018.

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La tarde del 24 de julio de 2014, los albañiles Isidro Rivero, Alejandro Sánchez y Daniel Ramos se encontraban dentro de su casa ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, cuando elementos militares, así como policías estatales y municipales de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) tiraron de un golpe la puerta.

Una vez dentro, comenzaron a golpearlos mientras los acusaban de pertenecer al cártel de la Familia Michoacana; Alejandro intentó resistirse, pero los uniformados lo sometieron y, con un cañón de un rifle militar, lo violaron en repetidas ocasiones.

Después los presentaron ante el Ministerio Público para acusarlos de haber robado con violencia (a una mujer de la tercer a edad) y portación de arma de fuego. En ese momento, les tomaron una fotografía que fue difundida en medios de comunicación.

“Detienen a tres integrantes de la Familia Michoacana”, se leía en los titulares de periódicos que iban acompañados de una fotografía que los exhibía sosteniendo un revólver, que después se supo, fue sembrado cuando los capturaron.

Luego, según las declaraciones de los detenidos, en las instalaciones de la Fiscalía, bajo las instrucciones del entonces fiscal de Nezahualcóyotl, Mauricio Blancas, los torturaron para que reconocieran que formaban parte del grupo delictivo.

Los golpes causaron la fractura de las costillas de Isidro Rivero y fue trasladado al hospital de Gustavo Baz, en Tlalnepantla. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) certificó las lesiones.

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Meses después, los tres salieron libres bajo la defensa del abogado Montes Leal Santos, quien acreditó durante el juicio que fueron torturados, y que las pruebas que presentó la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), ahora Fiscalía, eran falsas.

No sólo eso, el juez David Virgen Adriano dio por buenas las evidencias presentadas por la fiscalía del Estado de México para ingresarlos al penal Neza-Bordo.

Estas historias no son aisladas. Una investigación realizada por La Silla Rota como parte de la Beca de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), analizó 25 expedientes judiciales, estadísticas oficiales y testimonios, donde se encontró que, durante la gestión del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, se fabricaron falsos culpables en colusión con el Poder Judicial local, quienes juzgaron y sentenciaron sin evidencias.

La razón: incrementar el número de sentencias condenatorias para elevar los índices de eficiencia y defender los avances de su gobierno en materia de seguridad pública.

“El promedio que yo les admito en juicio es del 80 por ciento de efectividad, no menos. De 10 asuntos tienen que ganar ocho y perder dos… ¿que los delitos son inventados? ¡Eso es de toda la vida, hombre!”, exigió Fernando Ulises Cárdenas, entonces fiscal central jurídico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a sus subordinados, en un video que fue filtrado el 21 de noviembre del año 2015.

La petición de Ulises Cárdenas, empleado de Eruviel Ávila, respecto a perder dos de 10 casos, no estaba lejos de la realidad. Esta investigación periodística encontró que en promedio 7 de cada 10 casos judicializados entre el año 2011 y el 2017, terminaron en sentencias condenatorias y sólo tres en condenas absolutorias.

Es decir que el 70 por ciento de los detenidos del Estado de México a quienes se les inició un proceso judicial fue sentenciado y purga una pena en prisión.

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Las estadísticas de este periodo revelan que de los 26 mil 542 juicios que tuvieron una sentencia, 82.6 por ciento fueron condenatorias y 16.2 por ciento absolutorias, es decir sólo 4 mil 246 personas salieron en libertad.

Síntoma de lo anterior es la cascada de quejas por actos de corrupción, omisión, presión, manipulación, irregularidades en el debido proceso, trato inadecuado, fallas administrativas, entre otros, en los que se iniciaron 3 mil 291 denuncias contra jueces y 78 contra magistrados durante el periodo 2011 al 2018, de acuerdo con información entregada por el Poder Judicial del Estado de México a través de solicitudes de acceso a la información.

¿Cómo se fabrican los culpables?

A través del análisis de 25 expedientes judiciales, así como más de una treintena de entrevistas a policías de investigación, ministerios públicos, abogados, personal que trabajó en la fiscalía estatal y el Poder Judicial, se encontró que el Ministerio Público utilizó cinco métodos para fabricar culpables.

La manipulación de testigos y ausencia de ellos; la tortura; cohecho como medida de retención; siembra de evidencias y ausencia de pruebas científicas y técnicas para sustentar las acusaciones.

Los involucrados en estos casos terminaron en prisión preventiva oficiosa, lo que significó esperar el proceso judicial y determinación del juez dentro de una cárcel.

Para entender este problema hay que dividir la responsabilidad en dos partes: la Fiscalía y el Poder Judicial.  La primera —antes Procuraduría dependiente del gobierno estatal y a partir de 2016 fiscalía independiente — fabricó los casos desde el Ministerio Público. La segunda, el Poder Judicial, los avaló, es decir, que dio por buenas las evidencias presentadas por el Ministerio Público pese a las irregularidades en los expedientes.

Esto sucedió a pesar de que durante el periodo en que el priista Eruviel Ávila fue gobernador, se implementó el Nuevo Sistema de Justicia Penal en México. El objetivo era que el Ministerio Público presentara pruebas científicas y técnicas que sustentaran sus acusaciones. Los jueces, tendrían que considerar al acusado inocente hasta que se probara lo contrario, la llamada “presunción de inocencia”.

Pero las estadísticas recopiladas por La Silla Rota demuestran lo contrario: durante el periodo en que Eruviel Ávila fue gobernador, el Poder Judicial señaló que no poseen ningún registro en el que se haya inadmitido pruebas al Ministerio Público, según respondieron a través de solicitudes de acceso a la información.

De acuerdo con los 25 expedientes judiciales analizados por La Silla Rota, que incluyen a 44 detenidos, en el 100 por ciento de los casos los agentes que los apresaron no se identificaron durante la detención.

Otro patrón encontrado es que, en el 64 por ciento de los casos, durante las audiencias fue recurrente la “ausencia de testigos”; es decir, que no se presentó la parte acusadora, y a pesar de ello, siguió el proceso judicial contra el detenido.

En los expedientes también se encontró que en el 40 por ciento de los casos, los detenidos reportaron haber sido víctimas de tortura para que se declararan culpables, y que las autoridades les pidieron que reconocieran pertenecer a alguna organización criminal.

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La Silla Rota también encontró con base en la revisión de expedientes, que en el 30 por ciento de los casos no existió ningún documento u orden de aprehensión contra los detenidos.

En al menos 25 expedientes judiciales, es decir el 60 por ciento de los casos, los acusados reportaron la siembra de evidencias, principalmente armas.

Por todas estas fallas se cayeron casos; 26 de los 44 que padecen prisión preventiva fueron liberados. En los expedientes más del 60 por ciento estuvo recluso más de un año pero en las audiencias posteriores demostraron su inocencia y quedaron libres.

Según solicitudes de información de la Fiscalía mexiquense: 1 mil 181 agentes del MP local fueron denunciados por ciudadanos por irregularidades administrativas y de investigación. Año con año aumentaron: en 2011 fueron 64 expedientes; 88 en 2012; 100 en 2013; 145 en 2014; 187 en 2015; 159 en 2016 y 438 en 2017.

Actualmente, Fernando Ulises Cárdenas Uribe, el funcionario de la Fiscalía del Estado México que le exigió a sus empleados en un video que inventaran delitos a los detenidos, continúa siendo fiscal central jurídico con el ahora gobernador priista, Alfredo del Mazo.

Y no sólo eso: en respuesta a una solicitud de acceso a la información la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó a La Silla Rotaque no existe un procedimiento administrativo o de investigación en contra de Fernando Ulises Cárdenas por admitir frente a un grupo de empleados que se fabricaban delitos.

La familia judicial mexiquense

Entre el año 2011 y el año 2017, cuando fue gobernador Eruviel Ávila, en el Poder Judicial del Estado de México fueron nombrados funcionarios cuya carrera estuvo forjada al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que además ocuparon cargos durante la gestión del exmandatario.

La mano del ejecutivo estatal se percibió en el Poder Judicial: los últimos tres nombramientos de integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de México fue más un movimiento político que una elección de un poder autónomo.

En la elección de tres consejeros, se presentó un enroque entre secretarías estatales y se impulsaron perfiles con poca trayectoria judicial, pero ligados a Eruviel Ávila.

Directo del gabinete de Eruviel fue designado Joel Alfonso Sierra Palacios, quien del año 2011 al 2012 fue subsecretario de asuntos jurídicos del Gobierno del Estado de México y en el año 2013 se convirtió en consejero del Poder Judicial.

Lo mismo sucedió con Otoniel Campirán Pérez, quien había trabajado en la Procuraduría de la Defensa del trabajo del 2011 al 2012 y del 2014 al 2015; hasta ese año se convirtió en consejero de la judicatura mexiquense.

Otro caso es el de Marco Antonio Morales Gómez, quien fue nombrado consejero del Instituto Electoral del Estado de México. Su nombramiento en 2008, fue impulsado en el congreso mexiquense por el líder de la bancada priista, el entonces diputado Eruviel Ávila. En 2015 también fue nombrado consejero de la Judicatura local.

En la revisión de expedientes se encontró que los jueces que condenaron o determinaron prisión preventiva oficiosa de falsos culpables fueron: Nabor Rigoberto Martínez, Petra Alcántara, Rocío Salinas, Miguel Ángel Coca, Maya Julián, Apolíneo Blanco, Bertha Araceli Díaz, Janelly Gutiérrez, Julio César Orihuela, Armando Osorio, Israel Chávez, Francisco Munguía, Gildardo Fernández, Maximiliano Vázquez, Mónica Mellado Tapia y Mónica Osorio.

Los distritos judiciales que aglomeraron estas inconsistencias fueron Ecatepec, Naucalpan, Chalco y Texcoco.

En estos distritos, los jueces validaron el 93.7 por ciento de los expedientes sostenidos solo con pruebas testimoniales conseguidas por el Ministerio Público durante las audiencias en el Nuevo Sistema. Los juzgadores -por su parte- sólo permitieron que un 3.3% de los falsos culpables llevaran sus procesos en libertad.

En los casos consultados para esta investigación periodística, hubo cinco amparos donde los jueces federales evidenciaron que los jueces locales cometieron errores e irregularidades. En estos expedientes, los “falsos culpables” recibieron protección.

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En dos procesos, revocaron las acusaciones de jueces locales, debido a que las pruebas del Ministerio Publico no acreditaban que eran culpables. En dos más, se redujeron las penas y en otro se repuso el proceso.

Uno de ellos fue el de siete comuneros de Salazar, en Lerma, quienes estuvieron encarcelados tras oponerse a un proyecto comercial en 2016. Las pruebas ­fueron tan débiles que, recientemente ante un amparo, quedaron en liberados y presentados como presos políticos por el equipo de Alejandro Encinas ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otro de los amparos notorios fue el que interpuso el reo José Humbertus Espinoza, luego de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Edomex, Sergio Medina Peñaloza, designó en 2017 a dos jueces como magistrados sustitutos para dar resolución a su caso, sin explicación alguna.

En dicho amparo, el 155/2017, los jueces federales Roberto Dionisio Pérez Martínez, Antonio Legorreta Segundo y Rubén Arturo Sánchez Valencia concluyeron que se “vulneró” su derecho fundamental a un debido proceso penal con base en el artículo 42 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Para Humbertus esa designación fue una represalia por volverse una voz incómoda desde el penal de Chiconautla, en Ecatepec. Dentro de la cárcel, él da asesorías judiciales y  cientos de reos protestan durante las audiencias porque no se respetan sus derechos.

La unión entre los internos desembocó en un amparo colectivo que lideró el propio Humbertus, y pese a que no se resolvió a su favor, fue trató de un recurso histórico debido a que aglomeraba cientos de reos que denunciaban violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, además de torturas.

Ahora Humbertus encabeza el movimiento llamado Presunción de Inocencia y Derechos Humanos; también están activos los colectivos Hazme Valer, dirigido por el exprisionero, el profesor Óscar Neri; Pena Sin Culpa de la abogada Aribel García; y los pueblos agraviados de comuneros e indígenas como Salazar, San Pedro Tlanixco y Atenco. Son las revoluciones judiciales que han brotado y sólo piden que las cárceles mexiquenses no sean ocupadas por inocentes.

Percepción de inseguridad en crisis

Cuando en noviembre del 2015, apareció en redes sociales el video donde el fiscal Fernando Ulises Cárdenas pidió a los ministerios públicos aumentar el promedio de casos concluidos, aunque de por medio hubiera inocentes, el estado de México vivía una crisis, según tres fuentes distintas: el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México (INESLE).

Los secuestros se duplicaron entre el primero y el quinto año de la administración de Eruviel Ávila: entre 2011 y 2012, los casos reportados fueron 116. En tanto, entre 2015 y 2016 hubo 233 plagios, de acuerdo con datos del SNSP.  Por otra parte, entre septiembre del 2015 y noviembre del 2016 -justo cuando se conoció el video del fiscal- se denunciaron, 2 mil 080 homicidios dolosos, la cantidad más alta respecto a los cinco años anteriores, según la misma fuente de información.

En 2014, Javier Martínez Cruz, especialista del Instituto de Estudios Legislativos declaró que, durante el gobierno encabezado por Eruviel Ávila, el Estado de México padecía las cifras más altas en algunos delitos a nivel nacional como el secuestro, el robo de vehículos, la trata de personas y la violencia de género.

“Durante el 2012 se registraron 269 mil 116 delitos; para el 2013 hubo un aumento del 0.39 por ciento con 270 mil 180, y en lo que va del 2014 se han registrado 42 mil 077 delitos, lo que representa el 16.49 por ciento a nivel nacional”.

En el 2016, El INEGI ubicó al estado de México -por segundo año consecutivo- con la peor calificación respecto a la percepción de inseguridad entre ciudadanos.

Pero 12 días antes de que terminará el sexenio, la situación ya había cambiado. Al menos eso fue lo que dijo Eruviel Ávila, el 3 de septiembre del 2017. Según sus números, el Estado de México  ya era uno de los cuatro estados con mayor capacidad para atender las demandas por inseguridad pública; lograron cerrar 71 de cada 100 carpetas de investigación. Un promedio muy cercano a lo que exigía su fiscal dos años antes, a costa de aprehender incluso a inocentes

“Nos falta hacer mucho por la seguridad del Estado de México, pero debemos de reconocer el esfuerzo de las corporaciones policiacas por trabajar en equipo para reducir la incidencia delictiva”, dijo horas antes de entregar el gobierno a su compañero de partido, Alfredo del Mazo. Ahora, Eruviel Ávila es senador por el PRI.

Conoce cuatro historias que muestran cómo se fabrican los culpables:

El ”delito” de Goyo: estar en lugar equivocado

https://contralacorrupcion.mx/caso-gregorio/

Carlos, la falsa extorsión

https://contralacorrupcion.mx/caso-carlos/

Humbertus: de la enseñanza a las celdas

https://contralacorrupcion.mx/caso-humbertus/

Era mesera, para el Edomex una “secuestradora”

https://contralacorrupcion.mx/caso-cinthya/

Consulta los audios de testimonios y entrevistas en: 

https://contralacorrupcion.mx/fabricacion-culpables/

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Los escupitajos de «la señora Wallace» a México

Los Angeles Press

Enrique Domínguez Gutiérrez

Para Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Albert y Tony Castillo, César Freyre, Jael Uscanga y Juana Hilda González Lomelí, los minutos son horas y los días son años, estar privados de la libertad es permanecer en vilo en una muerte consciente.

Entró con otras personas, se acercó a Jacobo, lo jaló del pelo, le escupió en la cara, y lo amenazó diciéndole: –¡Te vas a morir! Ya le quitamos la casa a tu mamá, tu hermano está preso, y le vamos a meter un delito a tu mujer, tengo luz verde para matarte.

Para los inculpados de esta fabricación es una experiencia infernal, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Albert y Tony Castillo, César Freyre, Jael Uscanga y Juana Hilda González Lomelí, aún esperan justicia por parte de este gobierno mexicano, pues sus casos aún no han sido esclarecidos a cabalidad y, sí, juzgados por una ola mediática que les propinó el ambiente de este caso donde una psicópata de apellido Miranda Torres, alias La Wallace, aprovechó la fabricación del secuestro de su hijo para escalar los peldaños del poder e infringir la normativa de un fallido sistema judicial.

No es para menos, con antecedentes por intento de homicidio en 1998 y con el afán de salirse con la suya, no tuvo objeción en poner en riesgo la vida de trabajadores que por órdenes superiores retiraban los anuncios espectaculares cortando las mangueras de una grúa que sostenían al ejecutor de tal encomienda.

Participar y validar la tortura es una de las prácticas más viles y perversas. Isabel Miranda de Wallace forma parte de ello, hay testimonios por parte de las víctimas acusadas de manera injusta por el presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de esta señora de quien hasta ahora no se sabe si está vivo o muerto, pero, lo que es evidente es el uso que su propia madre le dio para ascender en el ámbito político y establecer nexos con personajes de una pésima reputación como el propio Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, José Luis Santiago Vasconcelos y el finado Ricardo Martínez Chávez, entre muchos otros.

El Protocolo de Estambul es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato. Su aplicación requiere reconocer el contexto en el que se dan los hechos, es decir, realizar una investigación psicosocial, puesto que cada caso es diferente. En este caso, una de las víctimas: Jacobo Tagle Dobín, resultó positivo en la aplicación de dicho protocolo y es increíble que las autoridades hasta la fecha no han tomado alguna decisión. Este Manual para la investigación y documentación de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, fue elaborado por más de 75 expertos representando a más de 40 organizaciones de 15 países. Fue presentado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 9 de agosto de 1999 y fue adoptado en el año 2000.

El escupitajo es para México, para la población, pues erigiéndose como una víctima, “la señora Wallace” se aprovechó de los medios para generar el sentido de empatía y compasión de la sociedad, su iniciativa de emplear los espectaculares y violando las reglas expuso a su modo los rostros de personas que fueron incriminadas por una foto que le bastó para hacer escarnio y criminalizar a inocentes.

Otro escupitajo es la burla, invadiendo espacios para encumbrar su crecimiento personal generando una asociación llamada “Alto al Secuestro” que mantiene métricas y mecanismos para avalar y validar los índices de secuestro en todo el país, dándole cabida en muchos medios obteniendo beneficios económicos y haciendo juicios a gobernadores estatales.

Un escupitajo más al actual gobierno, pues “la señora Wallace” aún se mantiene junto con Orlando Camacho Nacenta, Francisco Rivas Rodríguez, Mario Arroyo Juárez y Ricardo Humberto Preciado Jiménez en el Sistema Nacional de Seguridad Pública como invitada permanente, de acuerdo con la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria, conformada en 2017 con una duración en el cargo de dos años. Por ello, mantiene los privilegios que el cobijo de su organización “Alto al secuestro” le brindan para tener acceso al Senado de la República, presionar a la ahora gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, e influyendo en ámbitos que no son de su competencia, con la protección de la diputada por MORENA, María de los Ángeles Huerta, y algunos infiltrados más que le permiten seguir actuando con la mayor impunidad.

Urge una respuesta por parte del actual gobierno, si bien, ha habido buena disposición por parte de Olga Sánchez Cordero (Secretaria de Gobernación), Alejandro Encinas (Subsecretario de Gobernación) y Alejandro Gertz Manero (Fiscalía General de la República), es necesario darle celeridad a esta revisión e investigación, pues hay víctimas por la fabricación de delitos que la abominable Wallace se encargó de manera artera de acabar con la vida normal de muchas familias y el encarcelamiento de inocentes.

Gracias a Guadalupe Lizárraga por permitir tomar datos de su investigación de su libro: El falso Caso Wallace.

 

Preso político entrevista a víctima del falso caso Wallace, ambos en penal federal de Tapachula

Los Angeles Press

Luis Díaz Pantoja (preso político) entrevista a Jacobo Tagle Dobín (víctima del falso caso Wallace)

Luis Pantoja Díaz, preso político desde el 8 de octubre de 2013, se encuentra en el penal federal de Tapachula, Chiapas. Torturas, declaraciones falsas de ministerios públicos y testigos protegidos son parte del expediente que le fabricaron a él y a sus dos hermanos Mario y Abraham, después de haber obtenido el triunfo electoral como diputado local por el Partido Nueva Alianza. En los últimos tres años de su cautiverio, ha compartido el espacio carcelario con Jacobo Tagle Dobín, víctima del falso caso Wallace, fabricado por Isabel Miranda Torres y Genaro García Luna, por el que fue torturado y se encuentra encarcelado desde el 4 de diciembre de 2010.

En esta entrega, Luis Díaz Pantoja, preso político, entrevista a Jacobo Tagle, preso inocente; ambos, víctimas de fabricación de culpables desde 2010, durante la administración de Felipe Calderón. El primero con una orden de aprehensión ejecutada en 2013; el segundo, con una detención ilegal, y lleva nueve años sin sentencia. Los dos han sufrido torturas, vejaciones y malos tratos por consigna, así como obstáculos en la defensa.

Imagen: Jacobo Tagle (Izquierda); Luis Díaz (Derecha)
Edición: Guadalupe Lizárraga

Luis Díaz Pantoja.– Hola Jacobo ¿Cómo estás?

Jacobo Tagle Dobín.– Cómo crees que puedo estar amigo, desesperado, angustiado, triste, ansioso y decaído pero con fe en Dios que pronto se acabe todo esto que estoy viviendo.

LDP.– Bueno, entiendo la situación perfectamente en la que te encuentras, el tiempo apremia y están pasando cosas buenas, antes que nada quiero darte las gracias por compartir un poquito de tu vida con nuestros lectores, Jacobo. ¿Qué te trajo aquí, a este lugar?

JTD.–Toda la injusticia que existe en nuestro bello país creada por gobiernos corruptos, y esperando que nuestro nuevo gobierno por fin haga justicia, porque se debe hacer algo, ya que somos muchas las víctimas del abuso de poder.

LDP.– ¿Alguna vez pensaste que tu situación daría un vuelco radical y que tu caso fuera tomado como bandera de los 18 años de los gobiernos neoliberales, que se dedicaron a fabricar culpables y testigos protegidos falsos, para así lograr sus obscuros propósitos de beneficiar a sus familias y a sus bolsillos?

JTD.– A pesar de toda la obscuridad que me ha rodeado todos estos años, créeme que nunca he perdido la fe, porque sé bien que tanto yo como mis coprocesados somos inocentes, y eso también lo sabe Dios más que nadie; me guío mucho de su palabra y siento que todo lo que nos está sucediendo, es como la historia de Job, tarde o temprano se nos tiene que hacer Justicia, ya que no existe mentira que dure 100 años, porque siempre la verdad la alcanza.

LDP.–¿Qué es lo que te mantiene vivo Jacobo, como estás de salud?

JTD.– Le echo todas las ganas del mundo, porque mi familia me necesita. Trato de estar lo mejor posible, para que ellos me escuchen bien y así no contagiarles mi dolor. He sufrido bastante con todo esto, y lo menos que puedo hacer es cargarles más la mano, haciéndoles saber que lo mal que estoy. ¿No crees? Tengo mucho dolor en mi alma y en mi corazón, prácticamente estoy desecho, tanto en lo interior como en exterior, pero no me queda otra que echarle ganas, amigo.

LDP.– ¿Qué opinas del apoyo que muchos amigos periodistas y activistas te están dando a ti y a tus coprocesados?

JTG.– Gracias a Dios que existen muchas personas buenas, la gente se ha dado cuenta que este proceso es una farsa, se han acercado con nosotros gente buena y humilde y con calidez humana para pedir justicia. Agradezco enormemente a todas esas personas que sin algún interés o lucro están dando todo de sí mismas para ayudarnos.

LDP.– Sabes Jacobo, me enteré que estás en un módulo especial, donde limitadamente tienes información con compañeros, pero seguramente has formado una idea de lo que pasa el día de hoy. ¿Qué opinión te merece el nuevo gobierno encabezado por AMLO.

JTD.– Afirmativamente, vivo en un módulo especial, porque desafortunadamente la señora Wallace -con todo el tráfico de influencias en los gobiernos anteriores-, se ha encargado de ponerme como un reo de alta peligrosidad y que requiero de medidas especiales de seguridad ante el Poder Judicial para que con ello, como marca la ley, me tengan recluido lejos de mi familia y de donde radica mi proceso. Es una forma de vulnerar mi defensa adecuada y no pueda entrevistarme con mi defensor de manera personal y directa, y también de debilitarme mental y físicamente al no ver a mi familia frecuentemente, porque carecemos de recursos para que me visiten. Esto afecta mi reinserción social. Te cuento, jamás en los 8 años 6 meses que llevo privado de mi libertad, he estado cerca de donde se me instruye el proceso. Llevo viviendo en seis CEFERESOS distintos.

Ahora te doy mi opinión sobre nuestro presidente de México: Es una persona humilde con gran humanidad que se preocupa por su pueblo, ha sufrido para llegar a ser presidente, él más que nadie sabe lo que es luchar por la justicia, lo acusaron de ser un peligro para México y ahora que por fin es nuestro presidente, la oposición lo ataca sin fundamentos, esa oposición que sigue enquistada en todos los poderes y en todos los niveles. Esto no va a cambiar hasta que no depure totalmente la administración pública. Lo que más me duele es que el cuarto de guerra de la oposición está ubicado en las oficinas del Poder Judicial, donde tienen a un personero Eduardo Medina Mora, un ejemplo es nuestro caso, que a pesar de las pruebas que hay en contra de Isabel Miranda Torres, con las que se demuestra que es una delincuente sin escrúpulos, ha logrado engañar y junto con una red de servidores públicos ha fabricado el supuesto secuestro de su hijo.

Pregunto: ¿Qué esperan? Le están dando tiempo para huir antes de pagar por el daño que nos ha causado. Espero que nuestro presidente muy pronto esclarezca y resuelva nuestra situación jurídica, dándonos la bendita libertad. Estoy seguro que así será, porque tiene de su lado gente aguerrida y que ha sufrido también este tipo de atrocidades e injusticias como la senadora Nestora Salgado, entre muchos otros.

LDP.– Veo que estas bien informado y supongo es por lo que está sucediendo, ¿Qué opinas del PRI y del PAN o el PRIAN y su relación con la señora Wallace?

JTD.–Trato de informarme a como puedo, a pesar de que en este Cefereso no nos permiten ver noticias, a pesar de que la nueva Ley de Ejecución Penal nos da el derecho de tener acceso a la información; en lo que respecta al PAN podría terminar toda una libreta de cosas malas que han hecho los gobiernos neoliberales, desde Vicente Fox quien fue quien dio pie a todo este asunto, junto con Eduardo Medina Mora, entonces Procurador General de la República. ¿Cómo crees que me siento? Miles de mexicanos como yo que fuimos procesados por él, ahora seremos juzgados por él mismo. Es obvio que jamás otorgaría libertades a las personas que el encarceló; mientras eso no cambie, vamos a seguir igual. Convoco a la sociedad, al pueblo, a nuestro presidente y al Poder Legislativo que se remueva del cargo al ministro Medina Mora, mientras se resuelvan todos los casos que él impulsó como procurador, porque -como repito-, es absurdo obtener justicia de un juzgador que antes nos encarceló.

Sobre Felipe Calderón, es un ser humano sin corazón, protector de Isabel Miranda Torres, quien de viva voz escuché por Nextel dando indicaciones al titular de la dependencia que me detuvo, de brindar todo el apoyo necesario a “la señora Wallace” para refundirme en la cárcel. Es tan grande el cinismo de Calderón que, a sabiendas, con documentos que demuestran que Isabel Miranda fue procesada y presa en el penal de Santa Martha, le haya regalado un premio de Derechos Humanos, y peor, que le haya dado poder, prestigio e influencias postulándola como candidata a Jefa de Gobierno de la ciudad de México por el PAN. Ahora pregunto, ¿Qué intereses existen entre ellos?

Respecto al PRI, en el gobierno de Peña Nieto, fui víctima de tortura, y afortunadamente nunca se hicieron de la vista gorda, pero que a sabiendas del caso Wallace es falso, no nos hicieron justicia; lo increíble, Osorio Chong y la presidenta del PRI Claudia Ruiz Massieu respaldaron a la señora Wallace, a sabiendas que es una señora sin escrúpulos y delincuente. Ello, fortalece mis sospechas que el PRIAN, actual partido en la oposición, estén liderados desde el Poder Judicial por Eduardo Medina Mora y junto con personajes “prianistas” enquistados en la Cámara de Diputados y Senadores, son los que no dejan de fluir las nuevas políticas públicas en los centros federales de readaptación social, y no permiten la libertad de miles de personas con casos de fabricación de Culpables y violaciones a los derechos humanos.

LDP.– ¿Cómo te ves en un futuro, a donde quieres ir y que harás cuando estés libre?

JTD.– Fíjate que me visualizo en un futuro como un activista de derechos humanos, quiero ayudar a los muchos presos que están pasando la misma situación, quiero luchar porque verdaderamente exista una reinserción social en las cárceles mexicanas, quien mejor que yo que he vivido en diferentes cárceles y he visto como cada director maneja un reclusorio a su antojo y conveniencia, sin importarle los derechos humanos. Siempre lo he dicho, que todo Cefereso debe regirse bajo un mismo esquema, porque hoy vemos que hay desigualdad, por ejemplo las horas de visita son distintas de un centro a otro, que las llamadas solo sean de 10 minutos y por menos lapsos de tiempos respecto a otros centros, que el gasto de “tienda” sean en unos de $1,000.00 por semana y en otros de $1,500.00 por mes, que en algunos centros se permitan ver noticias y en otras como en donde estoy, se prohíban.

Quisiera trabajar en un proyecto para cambiar muchas cosas en los centros, impulsando una verdadera reinserción social, es injusto que estemos lejos de nuestras familias, esto lejos de ayudarnos, nos genera un daño irreparable, es la familia quien nos mantiene de pie, no solo nosotros somos los presos, lo son también nuestras familias. Tengo muchas ganas de ir a Israel, al Monte Sinaí, subirlo hasta donde Dios le entregó las tablas a Moisés, para darle las gracias a Dios por toda la enseñanza que me ha dado en todo este tiempo, sé que Dios tiene un plan bueno para mí, para poder ayudar a mucha gente, quiero estar al lado de mi familia, y recuperar todos estos años de ausencia, quiero ver a mi madre que tanto ha sufrido y se me ha enfermado a causa de todo este daño que nos han hecho, quiero un cambio para bien en el sistema penitenciario.

LDP.–Gracias, amigo por darnos la entrevista, gracias por compartir tus humildes vivencias, espero verte pronto afuera para darte un abrazo, ¡Ánimo Jacobo!

JTD.– Quiero darte las gracias a ti por esta entrevista, a todos los lectores que permiten compartir mi sentir y por haber tomado el tiempo de leerme y conocer un poco más de lo que soy como persona. ¡Dios los bendiga siempre!