Policías Federales torturaron a 3 niñas y a su madre, para obligar al padre a inculparse: CNDH

Animal Político

Con el objetivo de extraer una confesión a un habitante de Tabasco, en el año 2015, por lo menos nueve elementos de la Policía Federal lo torturaron ante su esposa e hijas, y para aumentar la angustia del detenido, también a ellas las torturaron, durante toda una noche.

Según la versión oficial de los hechos, el padre de familia fue capturado el 7 de noviembre de 2015, dentro de una bodega ubicada en el estado de Tabasco, en la que supuestamente se ocultaba droga y gasolina robada. Según esta misma versión, el padre detenido reconoció haber sido capturado en dicha bodega, y que era parte del grupo delictivo que ahí almacenaba productos ilícitos.

Sin embargo, luego de dos años de investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que dicha confesión fue obtenida bajo tortura y que las acusaciones formuladas en contra de este padre de familia fueron fabricadas.

En primera instancia, la CNDH logró ubicar a tres testigos presenciales no vinculados con los hechos, quienes confirmaron que este señor, junto con su esposa y tres hijas, fueron capturados el 6 de noviembre de 2015 (es decir, un día antes de lo afirmado por la Policía Federal), y no en la supuesta bodega de hidrocarburos, sino cuando se disponían a meter el vehículo familiar en la cochera de su vivienda, en un punto distinto de la entidad.

Según la reconstrucción de hechos realizada por la CNDH, con base en estos testimonios, y en la misma narración realizada por las víctimas, cuando los integrantes de esta familia llegaban a su domicilio, a bordo de su vehículo particular, fueron interceptados por los tripulantes de dos camionetas, una sin logotipos y otra con emblemas de la Policía Federal. De dichos vehículos descendieron cinco uniformados y tres personas vestidas de civil, quienes apuntaron a la familia con armas largas y obligaron al papá a subir a uno de los vehículos oficiales, sin exhibir ninguna documentación en la que constara la orden de captura.

Estos testigos informaron que los oficiales obligaron a la mamá y a las tres menores (de 1, 6 y 8 años) a permanecer dentro de su auto particular, mientras al menos tres uniformados ingresaban al domicilio de esta familia, para extraer diversos enseres domésticos, entre los que los testigos sólo alcanzaron a distinguir una carriola.

Según estos testimonios, la mamá fue vendada de los ojos y después obligada a bajar del auto familiar, a empujones, aún cuando llevaba en brazos a su hija de un año, y fue puesta a bordo de la batea de la segunda patrulla, mientras sus otras dos hijas entraban en pánico al ser obligadas a permanecer solas dentro del auto de sus papás.

Una vez en la patrulla, a la mamá le fue arrebatada su bebé por los mismos oficiales y fue sometida a un interrogatorio de media hora, mientras ella escuchaba a sus hijas llorar a poca distancia.

Luego, le devolvieron a la bebé y las otras dos niñas fueron puestas abordo de la misma patrulla. Los policías usaron las gorras de su uniforme oficial para cubrir la vista a estas niñas.

Así, ya con toda la familia detenida, los uniformados se alejaron en sus patrullas, además de que uno de los policías se llevó el auto familiar.

La madre de familia denunció que los uniformados los trasladaron hasta un lugar no identificado, a aproximadamente tres horas de distancia en carretera.

Se trataba de un inmueble dentro del cual introdujeron al padre de familia detenido, mientras que la mamá y su hijas fueron puestas a bordo de un vehículo, estacionado junto a dicha construcción.

Según la narración del papá detenido, en ese lugar “fui torturado física y psicológicamente, amenazado y obligado a declarar (…) puesto que, si no lo hacía, iban a violar a mis hijas y a mi esposa, y las iban a tirar al río Grijalva”.

Como prueba de su dicho, este padre de familia exhibió las marcas que dejó en sus piernas, especialmente en una rodilla, la tortura física a la que fue sometido, y que, según su testimonio, incluyó golpes en todo el cuerpo, especialmente en genitales, así como asfixia, cubriendo su rostro con una bolsa plástica.

Por su parte, la madre de familia, a quien siempre mantuvieron con los ojos vendados, aseguró que, 10 o 15 minutos después de que llegaron a ese lugar “empezamos a escuchar gritos de desesperación y de dolor, demasiado angustiantes, reconociendo que el que estaba lamentándose de dolor era mi esposo. Por obvias razones, mis hijas de seis y ocho años se alteraron, comenzaron inmediatamente a llorar y a gritar desesperadas que era su papá, que lo dejaran en paz, que no le pegaran, que no había hecho nada”.

A sus llantos, luego, se sumó el de la bebé de brazos, por lo que “una persona del sexo femenino nos dijo que nos calláramos, que nos pegaría un tiro si seguíamos haciendo escándalo, y como pude abracé a las tres niñas y les dije en voz baja que no lloraran, que no pasaba nada, que pronto pasaría todo”.

Esa agente de la Policía Federal, de hecho, escogió a la niña de ocho años como blanco especial de sus agresiones: “la regañaba a cada rato –narró su mamá–, mencionándole en reiteradas ocasiones que le iba a disparar”, y mientras lo hacía, le apuntaba a la niña con su arma de cargo.

Esto ocurría cada vez que la niña se sobresaltaba al escuchar los lamentos de su papá, situación que se prolongó durante toda la noche del 6 de noviembre de 2015.

Mientras el papá era sometido a tormentos físicos dentro del inmueble y forzado a escuchar el llanto de sus hijas, fuera, la mamá y las niñas no sólo eran obligadas a escuchar los lamentos de su papá y diversas amenazas de ejecución, sino que también fueron obligadas a permanecer a la intemperie, sin cobijo, a merced de los mosquitos, sin alimento ni agua, y sin la posibilidad de moverse.

Asimismo, a las niñas se les forzó a hacerse del baño con su ropa puesta, y a la mamá le impidieron quitarle a la bebé el pañal sucio. Así debieron permanecen durante toda la noche y la madrugada del día siguiente.

“A altas horas de la noche, o de la madrugada, mis hijas lloraban, ahora ya de hambre y de necesidad de dormir, sin importarle a estas personas las condiciones en que nos encontrábamos”.

Al día siguiente, 7 de noviembre, alrededor de las 6 de la mañana, la mamá y las niñas nuevamente fueron puestas a bordo de la batea de una patrulla y abandonadas por los policías federales en la carretera Villahermosa-Teapa.
La mamá y las niñas tuvieron que volver caminando a pie hasta su casa, cuya puerta encontraron asegurada con una cadena. Los vecinos les explicaron que sólo con esa cadena lograron impedir que los policías continuaran saqueando la vivienda.

Al ingresar a su hogar, la mamá descubrió que los uniformados se habían robado 30 mil pesos en efectivo, una laptop, dos televisiones planas, un estéreo, un horno de micro-ondas, una consola XBox, teléfonos celulares… y el auto familiar.

Durante los siguientes dos días, esta madre de familia se dedicó a rastrear el paradero de su esposo, hasta que, finalmente, fue notificada de que estaba en manos de la Procuraduría General de la República, en la capital del país.

Hasta la fecha, el padre de familia enfrenta proceso en prisión, por los delitos que confesó bajo tortura.

Aunque él denunció formalmente que fue torturado pocos días después de su detención, retractándose además de su primera confesión, la PGR no ha realizado ninguna diligencia en estos dos años, orientada a investigar dicha denuncia.

En tanto, la familia entera, especialmente las niñas, sufren las secuelas de la tortura a la que fueron sometidas.

“Este caso tiene una dimensión especial –explicó Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH–, porque no es que haya (en las autoridades federales) un patrón de tortura familiar, pero sí, en este caso, la dimensión de los hechos es muy preocupante porque algunas de las víctimas eran menores de uno, seis y ocho años de edad, junto con sus papás”.

Todas las vejaciones a las que fueron sometidos los integrantes de esta familia, aseguró, “son alarmantes: las víctimas recibieron amenazas para que no dijeran nada, para que no vieran los rostros de los agresores, y además de eso no les dieron alimento, no dejaron que hicieran sus necesidades básicas en un baño, y las pobres menores de edad acabaron haciéndose en su ropa. Además, las pusieron en un lugar contiguo al lugar en que tenían a su padre lesionándolo, escuchando los gritos por las lesiones que le provocaban. Todo esto conforma un cuadro muy preocupante, de una dimensión lacerante, que tuvo que enfrentar una familia, y sí hay una acreditación de los elementos de la tortura”.

El representante de la CNDH detalló que “en el caso de las niñas hubo una afectación psicológica importante (producto de la tortura), que dio lugar a un estrés postraumático, enfrentaron una situación muy fuerte, que las marcó.Y luego de haber realizado diversas pruebas científicas, podemos constatar que hay un daño en las menores, y al advertir esto, lo que hicimos fue reclamar que haya una reparación integral, que incluya atención psicológica, médica, muy especiales, que les permitan superar los sucesos”.

Ese proceso de atención médica y psicológica, detalló, “no podría yo decir cuánto puede tardar, puede ser mucho tiempo, porque, al ser las víctimas personas en formación, niñas, eso las marca en su proceso de desarrollo.

Inclusive la bebé, que cuando sucedieron los hechos tenía un año, también sufrió una afectación que puede repercutir en su desarrollo posterior, aunque es mucho más probable que esto ocurra con las víctimas de seis y ocho años, así como con sus papás”.

Las atribuciones legales de la CNDH, no obstante, sólo le permiten “recomendar” que estas acciones de reparación integral del daño sean empredidas, así como que los involucrados sean sancionados, y queda en manos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República determinar si acepta o rechaza dicha recomendación.

La CNDH informó, por último, que mantendrá reservado el nombre de los policías involucrados en estos hechos, para proteger su derecho a la intimidad.

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Miranda de Wallace, tan falsa como una moneda de tres pesos

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18 de enero del 2018

Hace mucho que Isabel Miranda de Wallace dejó de ser un referente de honestidad y credibilidad. Extraña que a pesar de haber sido repudiada en la Marcha AntiTrump, que se llevó a cabo en febrero de 2017, donde le gritaron «asesina» y «corrupta», todavía haya personas que presten oídos a sus disparates. Miranda de Wallace fue la que dio un reconocimiento a Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, quien a los pocos meses fue detenido en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.

Uno de los golpes más duros a su credibilidad fue el reportaje periodístico, donde se reveló el supuesto montaje que había armado para la captura de los “asesinos” de su hijo, así como las pruebas claras de que el hijo seguía vivo fueron un golpe mortal. Isabel Miranda de Wallace supo explotar muy bien su papel de víctima, su papel de madre desconsolada a quien le secuestraran y asesinaran a un hijo.

Sin embargo, su relación con el gobierno genocida de Felipe Calderón, así como su relación con Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, acusado de tener vínculos con el narcotráfico, fue minando su credibilidad. Entonces, por qué tomarla como referencia, si la señora es tan falsa como una moneda de tres pesos.

Miranda de Wallace tratando de legalizar la pena de muerte

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A través de varias cuentas bots de Twitter, Isabel Miranda de Wallace hace campaña por la pena de muerte de secuestradores.

Y eso que tiene Premio de Derechos Humanos 2010…!

Miranda de Wallace no es una actisita pro derechos humanos, sino todo el contrario : se opuso a ley contra la tortura, se opone al debido proceso, se opuso al GIEI, a la ONU, a Juan Mendez, relator de la ONU sobre la tortura, se opuso a CNDH, CIDH, hizó marcha pro Peña en febrero del 2010, se opuso a la liberación de Florence Cassez, de Martín del Campo Dodd, de Cynthia Cantú, de Nestora Salgado (a Nestora le inventó 56 secuestros y dos asesinatos que nunca se pudieron comprobar). Ahora se pronuncia a favor de la pena de muerte. No es nuevo, empezó en el 2008.

Su papel es escandalizar la opinión pública para que le sea mas fácil al Gobierno aprobar leyes que van en contra de los derechos humanos de los mexicanos.

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ISABEL MIRANDA DE WALLACE DEMANDADA POR 900 MILLONES DE PESOS.

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No cabe duda que “a cada santo le llega su día” y a la presidente de la Organización “Alto al Secuestro”, A.C.,Isabel Miranda Torres o Isabel Miranda de Wallace ya le llego.

Exal Baltazar Juan Avila

Meridiano Político

Durante muchos años esta señora ha gozado de una total impunidad que los medios de comunicación como Televisa y TV Azteca y algunos medios impresos le han otorgado al brindarle los espacios y permitirle victimizar a mucha gente, en su mayoría gente inocente; ante el amparo y protección de notas periodísticas y entrevistas exclusivas a Isabel Miranda. La opinión publica se ha dejado influenciar al mismo tiempo que jueces, ministerios públicos, magistrados, procuradores, jefes de corporaciones policiacas y hasta gobiernos federales y estataleshan sido avasallados por el aparente poder político y económico que a través de sus declaraciones publicas impacta entre la ciudadanía.
Esto le ha dado a la señora de Wallace una total seguridad al grado que le ha permitido una y mil veces caer en contradicciones en sus propias declaraciones y lo peor, ella se ha creído sus mentiras y piensa que la gente no se da cuenta de sus errores. Esto lo podemos comprobar a través de las miles de opiniones en su contra que circulan en las redes sociales ante cualquier nota publicada por los medios antes mencionados.
Esta exagerada confianza de Isabel Miranda mezclada con la ambición desmedida de poder y riqueza, la han llevado a cometer las más horribles atrocidades, entre ellas el aceptar y declarar públicamente el “secuestro y asesinato” de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda en el año 2005 ¿Cómo puede una madre aceptar la muerte de un hijo sin que su cuerpo nunca haya aparecido? ¿Por qué Isabel Miranda hace énfasis en que su hijo fue asesinado?
La única respuesta para estas preguntas es que, tanto el secuestro como el asesinato de su hijo es una farsa como lo han mencionado varios periodistas investigadores y en lo personal, también pongo en duda dichos sucesos partiendo de la experiencia con los 43 estudiantes de Ayotzinapa cuyos padres nunca han aceptado la serie de versiones “oficiales” de que sus hijos están muertos, ellos han dicho y lo siguen sosteniendo: “¿si están muertos en donde están sus cuerpos?”.
¿A quién o a quienes trata de convencer Miranda de Wallace de la muerte de su hijo?
Aunque lo anterior merece un tema aparte es necesario recordar el “como” inicio esta señora a figurar en las noticias a nivel nacional e internacional.
Nuevamente Isabel Miranda de Wallace o Isabel Miranda Torres, vuelve a acaparar los medios noticiosos pero ahora es en su contra, como ya en otras ocasiones ha sido demandada.
En esta ocasión la activista y defensora de los derechos humanos: Mary Sainz va en contra de Isabel Miranda por daño moral al señalarla como integrante del grupo criminal de los “Z”. Esta sería otra demanda más en su contra a quien se vincula con espionaje gubernamental.
El pasado 19 de julio, uno de los principales medios de comunicación de Ciudad Madero, Tamaulipas; publico la siguiente nota:
Isabel Miranda Wallace, no ha cesado de hostigar a Mary Sainz de diferentes formas, aunque la más graves es señalarla como parte del Crimen Organizado, de un grupo criminal lo que asegura es totalmente falso y la pone en riesgo a ella y su familia, que por esta situación está asustada, aunque ya interpuso la debida denuncia ante la FEADLE, que es la fiscalía especializada en contra de delitos en contra de la libertad de expresión y los derechos humanos.
Mary Sainz, es destacada activista tamaulipeca que ha participado en distintas defensas y fue el 12 de febrero en que encaró a Miranda durante la marcha “Vibra México” convocada el 12 de febrero en apoyo al titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, lo que fue mal visto por un grupo de activistas que le gritó “asesina”, “rata” y “corrupta” y Miranda se vio obligada a retirarse de la marcha, ya que le recriminaban recibir varios millones de pesos para hacer ver bien al gobierno, mismo que la utilizado para cometer fuertes abusos.
Miranda posteriormente, dijo a los medios que la activista Mary Sainz, era un hombre vestido de mujer, que iba armado y que había intentado matarla y en su coraje la vinculó con el grupo delictivo Los Zetas, utilizando también las redes sociales.
Cabe destacar que no es la primera vez que Isabel Miranda ha sido denunciada incluyendo por espionaje. Ya en 2007, la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones abrió un proceso en contra de ella por posesión de material de espionaje.
En el caso de la periodista Guadalupe Lizárraga, la demandada escribió en Twitter que gracias a que la PGR y la CNDH “no hacen su trabajo”, ella está libre, implicando que ha cometido un delito y debería estar en la cárcel. Este señalamiento lo hizo el 26 de junio.
Además de esta demanda colectiva, se prepara una denuncia por el acoso a la periodista y al activista David Bertet, ya que en noviembre de 2016, Miranda contrató a dos agentes ministeriales para que se los llevaran a declarar a una subdelegación en Baja California, después de su participación en un evento universitario de derechos humanos.
El abogado José E. Patiño Hurtado y la organización canadiense de derechos humanos “En Vero”, interpusieron una demanda colectiva contra Isabel Miranda Torres a raíz del daño moral ocasionado a activistas, periodistas y víctimas del falso caso Wallace. El abogado comentó que los derechos lesionados por parte de Miranda contra seis personas están relacionados con el sistema de espionaje gubernamental Pegasus, por lo que solicitó la condena de 900 millones de pesos para la reparación del daño.
Además de calumnias y difamación por parte de Miranda, ha amenazado y puesto en riesgo a los demandantes vinculándolos con grupos delictivos y contratando a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República para su acoso. Mientras que las grabaciones telefónicas fueron aportadas por ella misma, según su declaración a los medios, y difundidas masivamente en sus redes sociales.” Dice el periódico.
Por otra parte David Ed Castellanos Terán menciona en su comentario con el título: “Activistas Vs. Activistas”, señala:
“El asunto es que la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, “En Vero”, entró en defensa de: Mary Sainz, Enriqueta Cruz, Brenda Quevedo, Guadalupe, Juan Carlos, Alejandro Vallarta, Florence Cassez y Jacobo Tagle, quienes han sido atacados con acusaciones arbitrarias por parte de Isabel Miranda de Wallace.
Me llama tanto la atención que la presidenta de la Asociación Alto al secuestro, haga ese tipo de acusaciones. Entonces ¿en dónde deja a la Secretaria de Gobernación y todas las subsecretarías puesto que han visto a Mary Sainz protestar por todo México y no la identifican como parte de los Zetas?
¿Qué hace entonces la SEDENA, SEMAR, PGR si tienen a una criminal con nombre, rostro y apellido?
¿Será acaso que doña Isabel Miranda de Wallace, en verdad sirve a una franja del gobierno como le acusaron en su momento y por eso ataca de esta manera a la activista?…
Por cierto, si la activista en verdad fuera Zeta, no podría ni siquiera asomar su cabeza libremente por Tampico y Tamaulipas.” Concluye.
Televisa y TV Azteca así como medios impresos y radiofónicos han violado con toda impunidad los derechos humanos y el derecho de réplica a quienes son señalados como “presuntos culpables”, sin conceder cuando menos el derecho de “Se presume inocente”.

Caso Wallace exhibido en ciudades del mundo por fabricación de culpables

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Los Angeles Press

13/12/2017

Por Guadalupe Lizárraga

EL PASO, Texas.- El Colectivo Madrid Ayotzinapa 43 donó a activistas internacionales contra la impunidad del Caso Wallace, la manta de denuncia sobre la fabricación de culpables en México con la que se pide la liberación de Brenda Quevedo Cruz. Se trata de una campaña internacional contra la fabricación de culpables en referencia a las siete personas inculpadas por Isabel Miranda Torres para sostener la historia del secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda desde julio de 2005, con el que ha obtenido beneficios políticos y económicos.

“En México se fabrican culpables” y “Libertad para Brenda”, son las consignas de la manta que en mayo de 2015 recorrieron ciudades como Madrid y Barcelona al lado de Nestora Salgado, quien también fue víctima de la fabricación de delitos de secuestro y encarcelada durante casi tres años en un penal federal, donde conoció a Brenda Quevedo Cruz.

En el caso de Quevedo, los activistas mexicanos en Madrid decidieron donar la manta a Enriqueta Cruz Gómez, madre de la víctima, quien reside en Ciudad de México, y se la harán llegar después de recorres varias ciudades de Europa, Estados Unidos, Canadá y México.

A la iniciativa de la denuncia itinerante entre los dos continentes se han sumado voluntarios para tenerla un día de exhibición en lugares públicos de sus ciudades. La denuncia ha recorrido Elche, Madrid, y Barcelona, en España. Dentro de Estados Unidos, San Diego (California) y El Paso (Texas). En Baja California, estuvo en Mexicali. Será trasladada de mano en mano a Ciudad Juárez, Chihuahua capital, y Zacatecas entre otras ciudades mexicanas.

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En un mercado abierto de San Diego, California, donde un 80 por ciento de los visitantes son mexicanos. Foto: Los Ángeles Press.

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El seminario de periodismo de derechos humanos en Elche, España.

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En Centro Cívico de Mexicali, México, con el presidente de Tecate Unido, Alvaro Ramiro. Foto: Los Ángeles Press