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Defensa de los culpables fabricados, aprendizaje para el Estado mexicano

Guadalupe Lizárraga*

Reflexionar en nuestros éxitos en la lucha por la justicia para obtener un aprendizaje se antoja una tarea embarazosa, compleja. Más aún cuando esta tarea se enfrenta a una de las expresiones más monstruosas y cínicas del régimen autoritario como es la fabricación de culpables bajo tortura en México. El éxito en esta lucha significa salvar a un ser humano, liberarlo a tiempo del cautiverio, y lograr la reparación del daño para la víctima y su familia. Sin embargo, la tarea no concluye en ello. El aprendizaje, además de ser asequible a nosotros como activistas y periodistas, lo debe ser para el Estado. No obstante, los llamados más diversos en materia de derechos humanos y sensatez democrática se estrellan contra el muro de su indiferencia y contra esa especie de veleidad pertinaz que empapa nuestra vida pública.

Cuando uno piensa en México, el país más violento del mundo como ya se le ha señalado, se hace indispensable recordar a Hanna Arendt en aquella imagen cuando sugiere que las víctimas del Holocausto habían perdido algo de su humanidad mientras caminaban a su extinción. Esa dolorosa imagen, me lleva invariablemente a pensar en las víctimas mexicanas pero también en sus verdugos. ¿Y acaso no pierde algo de humanidad la sociedad toda con su indiferencia? México vive una tragedia permanente y potencialmente suicida alimentada por la impunidad. Se mata porque se puede. Se viola porque se puede. Se fabrican culpables y se tortura por la impunidad de la burocracia responsable de procurar justicia. Es decir, porque pueden.

Uno de los casos planteados en esta ponencia como éxito de lucha es la liberación de la líder comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, detenida arbitrariamente por el ejército mexicano e incriminada por secuestro de parte del mismo gobierno en agosto de 2013. Cuando impulsé la campaña por su liberación como periodista desde California –a través de las redes sociales y mi propio portal Los Ángeles Press– sabía que cruzaba la línea del periodismo para convertirme en una militante por la justicia. Logramos la atención de los medios, primero en Estados Unidos, antes que en México. Logramos la sensibilidad y consciencia en otros países como Canadá, España, Alemania, antes que en nuestro propio país. Y logramos su liberación después de casi tres años por la presión internacional y por un sinnúmero de personas que participaron espontáneamente en esta campaña desde diferentes partes del mundo. Sí, lo logramos. ¿Pero cuál fue el aprendizaje para el Estado?

La sociedad mexicana nunca se planteó la pregunta: ¿cómo fue posible este horror? El gobierno contra una mujer solidaria que lo único que hacía era ayudar al mismo Estado a proveer servicios básicos de seguridad, salud y alimentación para la supervivencia de las comunidades indígenas. No obstante, después de ello, el gobierno ha seguido cometiendo nuevas atrocidades, incluso mayores, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Nochixtlán por parte del ejército, asesinatos y secuestros de periodistas y de activistas, y podríamos seguir nombrando casos, antes y después de Nestora, y una larga lista de culpables fabricados por la burocracia para proteger a criminales en el poder. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuál es el aprendizaje para el Estado mexicano ante todos estos horrores cometidos por sus gobiernos?

La lucha por la justicia es muy larga y tortuosa en México, lo sabemos. Pero lo que no sabemos es qué tan acostumbrada está la sociedad mexicana a las condiciones que les imponen sus opresores: esa burocracia siniestra especializada en el horror de la tortura, la fabricación de culpables, la simulación de justicia a costa de vidas inocentes a quienes arrancan juventud y dignidad porque pueden. Un caso poco conocido mediáticamente y no menos espeluznante es el de José Eduardo Toledano Téllez, un hombre que iniciaba su carrera como policía de la Ciudad de México, casado y con familia, honesto y entregado al servicio público. Fue incriminado por narcotráfico por tener el mismo apellido que un criminal. Su madre, maestra de yoga y terapias alternativas, hoy adulta mayor, lleva 17 años luchando por la libertad de su hijo, a quien después de un tortuoso proceso determinan su inocencia, además de la detención del verdadero culpable. Sin embargo, José Eduardo sigue preso, sin ninguna justificación.  

El Estado se resiste al aprendizaje. Y lo que no sabemos, es qué tanto la sociedad facilita su propia opresión, en la imagen de Arendt, toda proporción guardada. Una tolerancia silenciosa al sufrimiento tejida fuertemente con la corrupción del gobierno mexicano es lo que provee ese poder siniestro. Una sociedad indiferente a su propio sufrimiento porque se percibe al margen de las víctimas, las aísla. El historiador inglés Norma Cohn escribió en su ensayo Garantía para el genocidio en referencia al Holocausto que “cuando la gente sabe, aunque sólo sea con la mitad de la cabeza, que se está cometiendo una gran injusticia y no tiene ni el valor ni la generosidad para protestar, automáticamente echa la culpa a las víctimas: es la forma más sencilla de apaciguar su conciencia” (1967, p.267).  

Romper con esta inercia sólo puede darse desde la constante que todos los regímenes autoritarios les es insoportable, la internacionalización de sus crímenes. Esto es, exhibir el horror desde fuera,  develar ese rostro sanguinario e inadmisible para lo que hoy todavía se percibe como mundo democrático. Lo constatamos en el caso de Nestora. Lo constatamos en el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez. Lo estamos constatando en el caso de Ayotzinapa, y en tantos otros perpetrados en cada administración sexenal. La internacionalización del horror en México ya no da cabida a dudas de la naturaleza de su régimen. Y nuestro activismo en derechos humanos y en el ejercicio de nuestras libertades de expresión y prensa ha ayudado a este señalamiento internacional. Ha ayudado a que la impunidad no sea absoluta. Eso por una parte.

Por otra, quienes alzamos la voz por la justicia, generalmente, hacemos más de lo que creemos. No vemos la completa magnitud de nuestras acciones, y al hacer referencia a la magnitud implica un cambio cuantitativo, pero que en algún punto de su expansión alcanza un cambio cualitativo. Y este cambio es la acción moral. Para decirlo en términos del creador de esta idea, Zygmunt Bauman, sostiene que “la moralidad es un momento de generosidad”.  Es la idea del amor gratuito, de la acción gratuita por los demás. Debido a su gratuidad, los actos morales no se pueden comprar, atraer, exigir, no se pueden convertir en rutina ni en un plan. Un gobierno criminal no puede competir contra ello. Y es aquí donde surge la conciencia de lo político y se comparte, donde el Estado se emplaza frente a su propia imagen para reconocerse víctima y victimario. En ese momento se da el aprendizaje.  

El ejemplo de la autora de la fabricación del Caso Wallace es muy contundente para esta idea. La sociedad mexicana compró la mentira de Isabel Miranda Torres cuando ésta se presentaba con la máscara de madre dolida por el supuesto secuestro de su hijo. En aquel tiempo, supo manejar la empatía del dolor a través de los medios y supo engañar a la sociedad por tener acceso privilegiado a las instituciones. Pero al cambiar de máscara, de madre dolida a activista, ha tenido que ser legitimada e incorporada en la estructura de la dominación del régimen, como una criminal más, porque sola era imposible sostener su mentira. Su acción no es moral ni ética. Y esta debilidad es nuestra fuerza, una fuerza conjunta con la de los familiares de las verdaderas víctimas que no desfallecen pese a los titánicos esfuerzos, como los de Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, o los de Lourdes Téllez, madre de José Eduardo Toledano, y en su momento los de José Ávila, esposo de Nestora Salgado, o los de Yaskade Fernández por su hijo torturado, incriminado, y asesinado después de su liberación, y los esfuerzos de miles y miles más. Contra estas acciones, contra la lucha auténtica, moral y ética, el autoritarismo y la corrupción no pueden competir.

Podemos ver estos logros, pues, por nuestra capacidad para actuar fuera de las fronteras geográficas del conflicto, fuera del régimen opresor, y éste sería uno de los aprendizajes que propongo registrar y sistematizar en la lucha por los derechos humanos. Porque además lo que desarrolla esta capacidad colectiva de lucha consciente, es la confianza que nos estimula día a día en nosotros mismos, como activistas, en mi caso como periodista, pero también en la comunidad creada virtualmente y en persona que sin condiciones se suma a la defensa de las víctimas. Para terminar, recapitulo mi propuesta:

La internacionalización del horror, el fortalecimiento de la confianza y el ejercicio impecable de nuestra responsabilidad moral. Cuestiones, insisto, con las que no puede competir el gobierno ni su burocracia criminal. Desde mi punto de vista, es la mejor lección para el Estado.

*Ponencia en Caribbean Philosophical Association en la mesa “Building a Blueprint: What can we learn from our successes against false imprisonment to better serve the innocents?”.
David Bertet y María José Espejo en Nueva York en la conferencia sobre culpables fabricados en México. Foto: perfil Twitter David Bertet
Guadalupe Lizárraga de la videoconferencia desde California sobre culpables fabricados en México. Nueva York/CPA

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Miranda de Wallace también espía

2007 – Siglo de Torreón

Centro de espionaje manejado por la sra Wallace, desmantelado por la AFI

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2017 – Miranda de Wallace publica en Youtube audio de conversacion telefónica que obtuvo de manera ilegal

Pero quién le vende equipo de espionage a Isabel ? Respuesta:su amigo Margolis Sobol…

2017 – Procesomargolis 2017.png

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Los mexicanos, espiados hasta en la cocina

Proceso

Jorge Carrasco y Mathieu Tourliere11 julio, 2015

Durante años el gobierno mexicano ha usado una poderosa herramienta cibernética para espiar a los ciudadanos. En teoría nadie escapó al fisgoneo de sus cuentas de correo, redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto. Y esa herramienta la maneja una compañía, Hacking Team, que tiene entre sus clientes, además de la federal, a muchas administraciones estatales. Pero la empresa del superespionaje fue espiada y vulnerada, así que la información ilegal –política, financiera e incluso personal– de sus espiados está ahora al alcance de casi cualquiera en internet.

El ataque cibernético en contra de la empresa italiana Hacking Team –asunto que se hizo público el domingo 5– fue catastrófico para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y una docena de gobernadores. La intervención y filtración de las bases de datos de la empresa productora de programas y desarrollos informáticos puso al descubierto que desde el sexenio pasado las autoridades mexicanas espían a sus ciudadanos.

Aunque la información se refiere sólo a una empresa proveedora de ese tipo de software, las bases de datos hackeadas (es decir, vulneradas, descifradas y robadas) demuestran la intensidad de los gobernantes mexicanos en materia de espionaje. La referencia principal es que, hasta antes del ataque, México era la principal fuente de ingresos de Hacking Team. Por entidades, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) era su tercer cliente más importante en el mundo.

La puerta de entrada de Hacking Team a México fue el propio Peña Nieto. Cuando era gobernador del Estado de México, su administración contrató en 2009 a esa empresa de Milán. El propósito fue equipar a los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) con un software que le permitiera hacer el seguimiento de personas, instituciones y organizaciones consideradas “objetivos” de su gobierno.

Computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos, cuentas de correo, redes sociales, contactos, mensajes escritos o de voz, chats, conversaciones por Skype, imágenes… toda la información de esos “objetivos” ha sido hurgada desde entonces no sólo por el gobierno del Estado de México, sino por el federal y, desde hace dos años, por otros gobiernos estatales y hasta por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Abierto así el camino en México, Hacking Team es desde hace seis años proveedor del gobierno federal, y desde hace dos, de una creciente lista de administraciones estatales.

El principal producto que han comprado es un potente sistema llamado Remote Control System, capaz de penetrar de manera simultánea “miles” de celulares y computadoras, desde donde infiltra las cuentas personales en Facebook, Google, Yahoo, Gmail, etcétera, para extraer imágenes, correos, chats y mensajes de texto con archivos adjuntos de voz. También puede extraer datos y multimedia y hacer inútil la encriptación.

Con México como uno de sus principales compradores, hasta antes del ataque cibernético Hacking Team tenía planeado expandirse. Para octubre próximo está anunciado como uno de los patrocinadores del encuentro internacional Telestrategias, que se realizará en la Ciudad de México organizado por ISS World Latin America, empresa dedicada a los sistemas de apoyo de inteligencia para intercepción legal, vigilancia electrónica y obtención de ciberinteligencia.

Pero más importantes eran las intenciones de compra que le habían manifestado tanto el gobierno federal como algunos estatales, una vez que pasaran las elecciones del pasado 7 de junio.

Tierra de oportunidades

En el gobierno federal, los programas de la empresa italiana han sido comprados desde el sexenio pasado para las secretarías de Gobernación (Cisen y Policía Federal), de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina, la Procuraduría General de la República (PGR) y hasta para Pemex.

Entre la información de la empresa hecha pública el lunes 6, está el plan estratégico de Hacking Team para México, al cual la empresa caracteriza como clave para sus ventas en el Continente Americano.

Además del gobierno federal, el plan identifica como clientes a los del Estado de México, Querétaro, Puebla, Campeche, Tamaulipas, Yucatán, Durango, Jalisco y Baja California. La peculiaridad común es que la agencia responsable ante la empresa italiana es, en todos los casos, la “oficina del gobernador”. Por el tiempo en que esos gobiernos compraron los equipos se trata de los actuales mandatarios estatales.

En el caso del Estado de México, los equipos han sido para los Cusaem y la Procuraduría General de Justicia.

Además, según la información intervenida, Sonora y Nayarit eran considerados el año pasado por la empresa como “oportunidades”, mientras que los actuales gobiernos de Chihuahua, Guerrero y Zacatecas, además de la Sedena y la Policía Federal (PF), tenían prometidas compras para el tercer trimestre del año pasado. En el caso de la Defensa, por 510 mil euros, y en el de los gobiernos, 350 mil cada uno.

Desde 2009 la inversión conjunta del gobierno federal y los estatales ha sido de 5 millones 808 mil euros, que al tipo de cambio actual equivalen a unos 100 millones de pesos, que han salido de los presupuestos públicos. Un costo relativamente bajo para las ganancias que las autoridades federales y estatales han obtenido en el conocimiento de sus blancos a seguir.

Pero 2015 iba a disparar esa cifra. Pasadas las elecciones, los vendedores de Hacking­ Team respondieron a solicitudes de cotizaciones por parte de varias instituciones y entidades para adquirir la última versión de su sistema Galileo.

Días antes del hackeo y de la exhibición de la base de datos de la empresa, sus intermediarios advertían que los contratos estaban prácticamente ganados. Otra vez, para el gobierno federal y otros gobiernos estatales. Para la PF se elevaba a 785 mil euros. Para la Sedena, a más de 1 millón 500 mil euros. Para la Unidad Antisecuestro de Jalisco, a 925 mil euros. La propuesta para Guerrero, fechada al 21 de enero de 2014 y calificada de “extremadamente confidencial”, se elevaba a 610 mil euros.

Las bases de datos de Hacking Team incluyen listas e historial de sus clientes, las empresas intermediarias que colocaron el equipo en México y otros países, nombres de ejecutivos y operadores, correos electrónicos, facturas, cartas de crédito, bitácoras y todo tipo de información que muestra las relaciones comerciales de la empresa.

En total, más de 400 gigabytes de la empresa italiana y sus clientes, entre los que destaca México. Otros de los compradores de software de intrusión son Marruecos, Arabia Saudita, Malasia, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Chile, además de Italia y Estados Unidos.

Desde el sexenio pasado

El sofisticado ataque cibernético llevó días, incluso semanas, superando nuestras defensas, explica a Proceso Eric Rab, jefe de marketing y oficial de comunicaciones de Haking Team. “Hemos hablado con nuestros clientes, les hemos explicado lo que sabemos del ataque y les hemos pedido suspender cualquier investigación que tengan en curso. Todos los clientes han acordado hacer eso”, respondió vía electrónica.

En esa condición se encuentran por lo menos una veintena de compradores mexicanos, a decir de la información consultada por este semanario. Después de las compras en 2009 del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, se desató la adquisición de equipo por parte del entonces gobierno de Felipe Calderón y luego de gobiernos estatales.

En 2010 el gobierno federal empezó a comprar a través del Cisen y de la PF. Al siguiente año, la Marina se convirtió en nuevo cliente. Según lo reportado por las propias dependencias a la empresa italiana, el Cisen tenía 140 “objetivos”; la Marina, 100, y los Cusaem, 100.

A cargo entonces de Guillermo Valdés Castellanos, el Cisen ha sido el principal comprador de software intrusivo y ofensivo a Hacking Team.

Entre los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, la agencia de seguridad del Estado mexicano ha comprado a la empresa italiana equipos y software por 1 millón 390 mil euros.

El Cisen y los Cusaem han sido los únicos adquirientes mexicanos directos de ese tipo de programas informáticos. Las demás autoridades mexicanas han adquirido el llamado software “defensivo” y lo han hecho a través de empresas privadas.

Las empresas identificadas como intermediarias son Teva Tech de México, Sym Servicios Integrales, Elite by Carga y Dynamic Trading Exchange, con contratos firmados. También están como distribuidores oficiales Neolinx, Grego y Cloudsec, aunque hasta donde indica la información no habían concretado ventas en el momento del hackeo.

El empresario de seguridad Eduardo Margolis, implicado por Florence Cassez­ en su caso judicial en México, también intentó convertirse en intermediario de Hacking Team con su empresa Epel, al ofrecer a los ejecutivos italianos sus “relaciones de alto nivel con el gobierno mexicano” y sus contactos con el de Israel.

De acuerdo con las facturas exhibidas, esas empresas intermediarias adquirieron entre 2012 y 2014 licencias para explotar el Remote Control System, en sus sucesivas versiones, primero Da Vinci y luego el más sofisticado Galileo, capaces de penetrar varios targets (objetivos) al mismo tiempo.

Mina mexiquense

Después del Cisen, la entidad que más ha gastado en el software de la empresa italiana es el Estado de México. Con Peña Nieto, en 2009, gastó 400 mil euros; después, en 2012, ya en el actual gobierno de Eruviel Ávila, 783 mil euros para la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

En el primer caso, el responsable de los Cusaem era Ciro Mendoza Becerril, considerado protegido del entonces gobernador Peña Nieto. El organismo dependía de la Agencia de Seguridad Estatal –hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana–, a cargo entonces de David Garay Maldonado, actual responsable de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

Por lo que hace a la PGJ mexiquense, la primera vez que entró en contacto con la empresa de Milán fue en 2012. Ese año la procuraduría tuvo dos titulares: Alfredo Castillo, excomisionado del gobierno de Peña Nieto en Michoacán y actual director de la Comisión Nacional del Deporte; y Miguel Ángel Contreras Nieto, actual secretario de Medio Ambiente del gobierno de Eruviel Ávila y procurador de Protección Ambiental del gobierno estatal de Peña Nieto.

Después del Estado de México y el gobierno federal, a partir de 2013 los gobiernos estatales empezaron a comprar el software y su actualización. Ese año fueron Querétaro, Puebla y Campeche; además de Pemex, con Emilio Lozoya Austin como director.

En 2014 se sumaron Tamaulipas, la Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California, Yucatán, Durango y Jalisco. De acuerdo con los reportes, durante 2015 esas entidades han hecho o tienen que hacer pagos de mantenimiento.

En cuanto se conoció que México era un importante comprador de software para espiar, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien depende el actual director del Cisen, Eugenio Ímaz, aseguró que la adquisición había ocurrido en el sexenio pasado. Pero las bases de datos demuestran que el gobierno de Peña Nieto ha pagado 410 mil euros para mantenimiento y actualización del software.

En México Hacking Team enfrenta a la competencia del programa FinFischer –desarrollado por la alemana Gamma Group– y del oneroso sistema Pegaso, producido por la israelí NSO Group y que distribuye aquí Security Tracking Devices.

Durante las administraciones panistas, el Cisen y la PF adquirieron, mediante esa empresa, equipo de espionaje de Estados Unidos, según contratos del Departamento de Estado publicados por este semanario en 2013 (Proceso 1915).

Uno de los operadores fue el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien antes ya se había hecho de equipos de espionaje también a través de esa oficina del gobierno estadunidense, cuando era director de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en el gobierno de Vicente Fox. En ese entonces, García Luna pidió “la intercepción de llamadas objetivo y sesiones” de Telmex, Telcel, Nextel, Telefónica, Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy.

La sucesora de la AFI en la PGR es la Agencia de Investigación Criminal, a cargo de Tomás Zerón de Lucio, quien aparece en las comunicaciones internas de Hacking Team como uno de los principales negociadores por parte de México.

Con García Luna como secretario de Seguridad Pública, la PF estaba a cargo de Facundo Rosas cuando Hacking Team vendió software a la corporación en 2010. De él dependían los programas informáticos de espionaje, pero debió salir de la institución en 2012 tras un fallido operativo en la normal rural de Ayotzinapa, que dejó dos estudiantes muertos.

En abril siguiente fue rescatado por su paisano, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien lo designó secretario de Seguridad Pública estatal. En 2013 Moreno Valle compró por primera vez el software de Hacking Team para “10 objetivos”. Según las bases de datos intervenidas, hasta agosto del año pasado la administración de Moreno Valle había pagado 428 mil 835 euros, entre compra, mantenimiento y actualización de los programas.

En el caso de Querétaro, la compra fue hecha también en 2013 por el gobierno de José Calzada mediante la empresa Teva, y manifestó sólo cinco “objetivos”. El gobierno de Fernando Ortega Barnés, en Campeche, adquirió el software a través de Servicios Integrales para 25 “objetivos”.

En el caso de Tamaulipas, ya en 2014, el equipo fue a parar a la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del general de brigada Arturo Gutiérrez García, quien relevó a Rafael Lomelí Martínez. En Yucatán, el software lo compró la administración de Rolando Zapata Bello; en Durango, la de Jorge Herrera Caldera, y en Jalisco, la de Aristóteles Sandoval.

Entrevistado por Proceso, Eric Rab aseguró que con su “código fuente imprudentemente puesto en internet, ahora está disponible a cualquiera que le quiera dar un uso bueno o malo. Consideramos que subir este código a la red mundial es un acto impactante e intolerable que debe ser castigado por cualquier medio legal posible”.

Este reportaje se publicó en la edición 2019 de la revista Proceso del 11 de julio de 2015.

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Los nexos de Miranda de Wallace con la familia Cervantes

Siempre nos hemos preguntado quién estaba detrás de Miranda de Wallace. Encontramos la respuesta. Ya se había dicho que era Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, hoy a punto de dejar su puesto.

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artículo de la Silla Rota, 2016

Con el último artículo de Proceso sobre él, lo confirmamos : Humberto Castillejos pidió la salida del GIEI de México en enero 2016, al igual que la super activista oficial #1 de todo México, el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, nuestra queridíssima amiga, …Isabel Miranda de Wallace.

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artículo de Proceso, 14 de junio del 2017

Así que quedó muy claro, quién maneja a la Wallace es Humberto Castillejos Cervantes. Y cuando la necesitan, la Wallace los apoya. Ejemplo : caso Cassez, GIEI, los 43 de Ayotzinapa, etc… Me echas la mano, te echo la mano.

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EJECUCIÓN DE CASIQUE SE VUELVE ESCÁNDALO INTERNACIONAL: Pide ONU-DH aclarar asesinato “abriendo todas las líneas de investigación pertinentes”

NotiCaribe

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CIUDAD DE MÉXICO.La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las autoridades mexicanas a investigar la muerte de Héctor Casique Fernández “con la debida diligencia y abriendo todas las líneas de investigación pertinentes”.

En un comunicado, el organismo lamentó profundamente el asesinato y expresó sus condolencias y solidaridad con la familia “por esta nueva tragedia que se suma a todo lo que anteriormente ya había sufrido”.

Héctor Casique fue torturado para que se declarara culpable de la ejecución múltiple ocurrida en el bar “La Sirenita” de Cancún, Quintana Roo, en marzo de 2013.

Luego de permanecer en prisión tres años y seis meses –durante el gobierno de Roberto Borge–, hace nueve meses quedó en libertad y recibió una disculpa pública por parte de la actual Fiscalía General del estado.

De acuerdo con información de Noticaribe, Héctor Casique fue ejecutado por integrantes del crimen organizado, quienes se dirigieron a la delegación Alfredo V. Bonfil para cometer el crimen en la marisquería “Las Koras”, que se encuentra en la entrada de ese poblado conurbado de Cancún. En el ataque también murió otro hombre.

Tras cometer el crimen, los agresores emprendieron la huida, pero fueron perseguidos por elementos de la policía municipal, quienes pidieron refuerzos de sus homólogos federales.

Los agentes dieron alcance a los criminales en la avenida Huayacán con Fonatur. Tras el intercambio de disparos entre ambos bandos, un policía federal y un sicario resultaron lesionados.

El 16 de marzo de 2013, al salir de la discoteca “Mandala”, en Cancún, Héctor Casique, “El Diablo”, fue detenido por policías municipales, acusado de pertenecer al Cártel del Golfo y de participar días antes en la múltiple ejecución en el bar “La Sirenita”.

Fue trasladado a los separos de la Policía Turística de ese destino, donde fue sometido por policías judiciales de Quintana Roo a una larga sesión de tortura de 30 horas, probada tras aplicársele el “Protocolo de Estambul”.

El 10 de marzo de 2014 fue liberado por primera ocasión mediante un amparo, en relación con el multihomicdio en el bar “La Sirenita”.

Sin embargo, fue reaprehendido cuando salía del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal y sometido a un nuevo proceso en el penal de Cancún, con las mismas acusaciones, pero con un nuevo testigo que resultó ser otro de los supuestos sicarios.

La familia de Casique Fernández mantuvo un intenso activismo para desmostar no sólo que no participó en el multihomicidio, sino que además fue víctima de tortura. (Fuente: Proceso)

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ONG canadiense denuncia difamación de medios a exonerados de secuestro

Medios de comunicación como TV Azteca, El Universal y ADN 40, incurrieron de nueva cuenta en difamaciones y falsa información promovida por Isabel Miranda Torres respecto a los hermanos Alejandro y Juan Carlos Cortez Vallartaexonerados de cargos de secuestro y delincuencia organizada, y puestos en libertad en febrero de 2016.

Pese a la exculpación de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Florence Cassez y los Vallarta, quienes fueron acusados de pertenecer a una banda criminal y torturados por la Policía federal, estos medios de comunicación, promovidos por Miranda Torres, que también ha utilizado a su hijo para la fabricación del secuestro y homicido Wallace, siguen señalándolos púbicamente como delincuentes, pasando por alto la decisión de la Corte. 

Así lo hizo ver, el presidente de la organización de derechos humanos En Vero, con sede en Canadá, al hacer un llamado de atención a estos medios por medio de una carta pública apuntando las faltas éticas y profesionales de los medios.

Acceder a la carta abierta : aquí.

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ONG canadiense denuncia difamación de medios a exonerados de secuestro

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Hermanos Cortez Vallarta y su familiar Guadalupe Vallarta en conferencia de prensa. Foto: archivo Proceso/Germán Canseco

Redacción Los Angeles Press

CIUDAD DE MÉXICO.- Medios de comunicación como TV Azteca, El Universal y ADN 40, incurrieron de nueva cuenta en difamaciones y falsa información promovida por Isabel Miranda Torres respecto a los hermanos Alejandro y Juan Carlos Cortez Vallarta, exonerados de cargos de secuestro y delincuencia organizada, y puestos en libertad en febrero de 2016.

Pese a la exculpación de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Florence Cassez y los Vallarta, quienes fueron acusados de pertenecer a una banda criminal y torturados por la Policía federal, estos medios de comunicación, promovidos por Miranda Torres, que también ha utilizado a su hijo para la fabricación del secuestro y homicido Wallace, siguen señalándolos púbicamente como delincuentes, pasando por alto la decisión de la Corte. 

Así lo hizo ver, el presidente de la organización de derechos humanos En Vero, con sede en Canadá, al hacer un llamado de atención a estos medios por medio de una carta pública apuntando las faltas éticas y profesionales de los medios.

Carta abierta:

A quien corresponda;

Por medio de la presente, la asociación canadiense de defensa de los derechos humanos En Vero (anteriormente la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad) quiere expresar su profunda preocupación e indignación ante la participación de TV Azteca y de ADN40 en la campaña de desinformación hacia miembros de la familia Vallarta y las personas acusadas por la Presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres.

Queremos hacer de su conocimiento que la información proporcionada en los noticieros para sustentar las alegaciones que hace la Sra. Miranda Torres en contra de civiles mexicanos resulta no solamente falsa, sino sumamente difamatoria hacia los ciudadanos señalados arbitrariamente por esta Sra., y que los documentos que la Presidenta de Alto al Secuestro les está proporcionando fueron obtenidos de manera ilegal a través de una filtración de documentos privados propiedad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Una investigación interna para determinar quiénes son los responsables de dicha filtración se está llevando a cabo.

La Asociación En Vero seguirá defendiendo los intereses de las personas acusadas por la Sra. Miranda Torres, en particular a quienes fueron señalados como “secuestradores”, “criminales”, “delincuentes”, acusaciones graves que causan un daño moral irreparable para estas personas y sus familias.

En Vero http://www.en-vero.org

Recomendamos a las direcciones de TV Azteca y de ADN40 que, conforme a su misión de información la opinión pública mexicana:

1. No caigan en la tentación de la “justicia popular” y en la promoción de los discursos de por si contrarios a derecho de la Sra. Miranda Torres, en contra de quién pende una demanda colectiva por difamación, así como otras denuncias en el ámbito penal.

2. Inviten a las personas señaladas por la Sra. Miranda Torres a que se expresen ante sus medios para otorgarles por lo menos el mismo tiempo de expresión que a su detractora y acusadora, con vistas a que cumplan con su misión de informar al público, y no solamente asumir que el discurso de la Sra. Miranda Torres es el único que es legítimo.

Finalmente, si bien expresamos nuestra entera disposición para colaborar con los medios de información para contribuir al cumplimiento de su misión periodística, no deja de sorprendernos el hecho de que ni TV Azteca, ni ADN40 hayan dado espacio a la información que nuestra organización ha tratado de proporcionarles sobre el caso Wallace, ni siquiera se han presentado en las dos conferencias de prensa que hemos dado en la Ciudad de México.

Para concluir, invitamos a quienes lean esta carta y a quienes va dirigida, a que midan las severas consecuencias de la difusión de información falsa, explícitamente dirigida a presentar públicamente a ciudadanos como criminales: consecuencias no solamente para las personas que son mencionadas y exhibidas como tal en sus noticieros, sino también para el estado de derecho en México. Es decir, que en su afán de “informar” de manera parcial a la opinión pública, promoviendo el discurso contario a derecho de la Sra. Miranda Torres, ustedes están participando de manera activa en la fractura del Estado de Derecho.

Sin más por el momento.

David Bertet

Presidente del Consejo de administración contact@en-vero.or

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