Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

CDMXPRESS

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de Alto al secuestro, Isabel Miranda Torres, reconoció a la prensa su responsabilidad en las torturas a sus inculpados del supuesto secuestro y homicidio de su hijo, fabricado en julio de 2005, a quienes se les ha aplicado valoraciones psiquiátricas y protocolos de Estambul con resultados de alto nivel de estrés postraumático por torturas en prisión federal.

En entrevista con la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex, Miranda Torres confesó: “yo los pude haber mandado matar, no nada más golpear. Yo los pude haber levantado como hicieron ellos con mi hijo, los hubiera desaparecido de la faz de la tierra ¿y sabe qué? No me arrepiento, a pesar de haber vivido 14 años encadenada a un proceso, lo volvería a hacer, porque mi alma y mis principios valen más que estos miserables y que los ruines que ahora los defienden”, en alusión a Jacobo Tagle Dobín, Brenda Quevedo Cruz, Arbert y Tony Castillo, George Khoury Layón, César Freyre y Jael Malangón Uscanga.

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Isabel Miranda también se refirió a la periodista Guadalupe Lizárraga, quien desde mayo de 2014 ha investigado el caso, y ha publicado más de 100 reportajes, notas y videos sobre la fabricación del secuestro, además del libro El falso caso Wallace, y haber presentado en conferencia de prensa en el Senado mexicano, acompañada de la senadora Nestora Salgado, al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel.
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En conferencia de prensa en el Senado, Nestora Salgado, Guadalupe Lizárraga y el padre biológico de Hugo Alberto, Carlos León Miranda. Foto: poresto.com

Las víctimas de la fabricación del secuestro Wallace -quienes han sido señaladas como una “banda de secuestradores” que el 11 de julio de 2005 habrían secuestrado, asesinado y mutilado al hijo de Miranda-, han denunciado las torturas a las diferentes intancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional. En el caso de Jacobo Tagle Dobín, los resultados de su Protocolo de Estambul fue un documento de 80 páginas en el que narra cómo lo han golpeado, intentos de asfixia, ahogamiento, toques eléctricos y violación por parte de los mismos custodios y agentes del Ministerio Público de la Federación, de PGR, entre éstos identificados Braulio Robles Zúñiga y Osvaldo Jiménez Juárez.

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Estos mismos agentes fueron identificados como sus torturadores también por Albert Castillo y Brenda Quevedo Cruz. En el caso de Quevedo, sus valoraciones psiquiátricas revelaron un alto nivel de estrés postraumático, pero no se pudo completar el Protocolo de Estambul debido a la injerencia de Isabel Miranda en el proceso.

El cúmulo de evidencias y denuncias en su contra se han compilado en dos carpetas de investigación, una por secuestro en grado tentativa contra Lizárraga, y otra por la fabricación de pruebas como la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos para sostener que Hugo Wallace era hijo biológico de Enrique Wallace Díaz, y que la sangre era prueba contundente de que lo habían asesinado.

Ya en un tono desesperado, la presidente de Alto al Secuestro, también recriminó que existan quienes “se atreven a defender y exculpar a los criminales”, pues afirmó que los inculpados también están recluidos por otros homicidios, de los que se han presentado evidencias de la fabricación como es el caso de George Khoury Layón, a quien el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha pedido su liberación de inmediato al Estado mexicano.

Miranda, por segunda vez, pidió un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que conozca su caso y su expediente, “que sepa que es (sic) mentira las cosas que están diciendo y que bueno, vea mi expediente, todas las pruebas que hay (…) yo lo único que pido es ser escuchada”.

Ante los señalamientos de Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, de que su hijo está vivo, Isabel Miranda dijo que “quien afirme que mi hijo está vivo que lo presente a más tardar el 5 de octubre”, periodo en el concluye el plazo para obtener el millón de pesos que ofreció a quien le devuelva a su hijo con vida, pero de lo contrario, reiteró que serán exhibidos por tratar de lucrar con “la pena ajena”. No obstante, la periodista Guadalupe Lizárraga, respondió que el verdadero reto era para las autoridades, que debían terminar esta impunidad del falso secuestro Wallace que mantiene en prisión a ocho personas inocentes.

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Miranda de Wallace reconoce tortura a sus inculpados y solita se pinta como secuestradora

Miranda de Wallace: ‘pude haber matado a asesinos de mi hijo’

Nuestro Pais

Isabel Miranda de Wallace apuntó que ella pudo haber matado a quienes perpetraron el secuestro y homicidio de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. En entrevista con Notimex, recordó los hechos del 11 de julio de 2005, fecha en la cual fue secuestrado y asesinado Hugo Alberto.

“Yo los pude haber mandado matar, no nada más golpear. Yo los pude haber levantado como hicieron ellos con mi hijo, los hubiera desaparecido de la faz de la Tierra, ¿y sabe qué?, no me arrepiento, a pesar de haber vivido 14 años encadenada a un proceso, lo volvería a hacer, porque mi alma y mis principios valen más que estos miserables y que los ruines que ahora los defienden”, expuso.

En tanto, Miranda de Wallace solicitó un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal al tiempo que Hugo Alberto fue victimado.

“Que el presidente me escuche, que sepa que es (sic) mentira las cosas que están diciendo y que bueno, vea mi expediente, todas las pruebas que hay (…) yo lo único que pido es ser escuchada”, expresó.

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En su declaración ministerial, Jacobo Tagle Dobín denuncia que la Sra Wallace lo amenazó con “LEVANTAR” a su hermana Judith si él no se declaraba culpable del asesinato de Hugo Alberto Wallace.

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Carta de Jael Malagón Uscanga, inculpado en #FalsoCasoWallace, a los medios de comunicación

En Vero

1″ de septiembre 2019

Compartimos en nuestra página la carta que Jael Malagón Uscanga, desde el CPS 11 en Hermosillo Sonora (que Gerardo Fernández Noroña en entrevista calificó como un verdadero campo de concentración de presos políticos) según el periodista dirige a la opinión pública y en particular a los medios de comunicación que siempre han favorecido a Isabel Miranda Torres o señora Wallace, hoy acusada de haber fabricado culpables e inventado el secuestro de su hijo Hugo Alberto.

Con autorización de la madre de Jael, hicimos algunas correcciones menores de estilo y ortografía, señalando que Jael escribió su carta en pesar de su incapacidad visual.

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Agosto de 2019

Honorables medios de comunicación,

Las entrevistas realizadas a la señora Isabel Miranda de Wallace, con respecto a la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace, no han sido equitativas. Los acusados no hemos tenido el derecho de réplica, ni la oportunidad de defendernos públicamente de sus acusaciones difamatorias, logrando una estigmatización en contra de los acusados. Sería imposible escribir todo lo existente en expedientes, pero las violaciones al debido proceso son evidentes, y no es necesario ser experto en la materia jurídica para alcanzarlo a ver.

Permítenme suscribir 3 puntos violatorios en mi proceso. El daño es irreparable, lpenque alcanza el delito por el que nos acusan es de perpetuidad en la cárcel. Por lo tanto, debe existir plena certeza de la culpabilidad. En este caso, mis coacusados y yo nos hemos declarado inocentes del delito, no hay flagrancia del delito, no hay pruebas irrefutables del delito. Solo hay dudas, incriminaciones por dichos ministeriales sin ningún sustento.

1.- Linchamiento público.

En el año 2006, por medio de anuncios espectaculares, exhibiendo fotografías en espectaculares propiedad de la señora Wallace: en Avenida Reforma, Avenida Cuauhtémoc, Viaducto,… esas fueron algunas de las avenidas más importantes, donde los espectaculares de Showcase incitaban a los ciudadanos a denunciarnos, para que no hubiera ningún error el señalarnos y que cada quién memorizarnuestra fisonomía. Este linchamiento al estilo viejo oeste está fuera de lo legal; las autoridades lo sabían, aún así le permitieron a la señora Wallace esta violación a la presunción de inocencia. La forma correcta de proceder es que a los denunciantes se les muestre diversas fotografías, incluso de personas similares a su señalamiento para que su denuncia sea conducente, pero nunca mostrarlefotografías de manera individualizada. Esto es como decir: “Mírelo. No te equivoques y señalalo”. Incluso debe estar presente el defensor de las personas denunciadas y que están siendo exhibidas.

La intención era que no quedará como hecho aislado la versión fantasiosa de la señora Wallace y fortalecer su dicho con más denuncias. Después de toda la publicidad que nos hizola Sra. Wallace, se pensaría que hubo una multitud de gente señalándonos. No fue así.

2.- Detención ilegal y no presentación inmediata ante el Ministerio Público.

El que suscribe, Jael Antonio Malagon Uscanga, fui detenido el 28 de diciembre del 2006, en Avenida Masarik, Colonia Polanco aproximadamente a las 11:00 a.m. y presentado a Siedo ante el Ministerio Público aproximadamente 11:00 p.m. Cabe decir que, de Polanco a las instalaciones de la Siedo en Avenida Reforma, no se hacen 12 horas de camino: por mucho y con trafico, 45 minutos. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Los policías aprehensores se comunicaron con la señora Wallace. Todo el tiempo, estuvimos en ese sitio donde me detuvieron, hasta que llegó Isabel Miranda en compañía de todas sus escoltas a repartir sus famosas recompensas. La señora Wallace me preguntó donde estaba Jacobo Tagle, y le contesté: le dije que no sabía. En ese momento me achacan “droga”, metanfetaminas y marihuana como no había una orden de aprehensión en mi contra; me “siembran” la droga para arraigarme 90 días y así incriminarme. Ya en el arraigo fui sometido a la cámara de Gesell o de confrontación. Aquí, al igual que en los espectaculares, entré “yo solo” a la cámara. Si todo hubiese hecho legalmente, hubiera sido como lo vemos en películas, que pasan tres o más personas incluso parecidas, para que la víctima del delito señale sin temor a equivocarse, y que el reconocimiento sea contundente; pero en mi caso no fue así. Provocando un señalamiento indebido en mi contra y otra violación grave, la señora Wallace le mintió al juez diciéndole que ella no estuvo en el momento de mi detención, que incluso estaba fuera del país. Constantes y frecuentes mentiras: en este sitio había periodistas, medios de comunicación, civiles y autoridades. Pero la señora Wallace ha podido mentir a la autoridad sin ninguna repercusión, si los policías me hubieran presentado inmediatamente y sin demora como lo indica la Ley, no me habrían incriminado sembrándome “droga” y por la cual recibí 11 años de cárcel. Esto es una detención ilegal y una dilación a la inmediatez de presentar a un detenido ante el Ministerio Público.

3.- Las torturas.

En todos los casos de los acusados por la Sra. Wallace existe la tortura, golpes, violaciones, amenazas, pero sin exagerar, algunas fueron dignas de prisioneros de guerra. Juana Hilda González Lomelí fue la primer detenida. Cuando la torturaban y violaban sexualmente dentro de una camioneta de la AFI, chocaron. Un agente perdió la vida y Juana Hilda sufrió múltiples lesiones en adición a las amenazas de muerte contra sus familiares. La novia, hermana, madre y abogada de Cesar Freyre Morales, todas fueron presas por influencia de la señora Wallace. Ya en prisión, soy testigo que la única civil que ha entrado al penal del Altiplano para torturar y amenazar a Freyre fue Isabel Miranda de Wallace. Las cámaras del penal fueron testigo del ingreso de la Señora. A Cesar, lo han sacado del penal en helicóptero y colgado de los pies. Todo esto ha sido denunciado en su momento, pero al ver que las denuncias no procedían y la señora Wallace demostraba su inmunidad y poder, Freyre ha firmado documentos ajenos a la verdad para salvaguardar su integridad y la de su familia. Tony y Alberto Castillo Cruz fueron detenidos cuando voluntariamente se presentaron a declarar*. Por amenazas de muerte han tenido que solicitar estar en penales y módulos de máxima seguridad.

*Rectificación En Vero: Tony Castillo Cruz fue quién se presentó voluntariamente para declarar pocos días después de que su hermano Albert Castillo Cruz fue privado de su libertad por Miranda Torres y su hermano Roberto el 7 de marzo de 2006.

Brenda Quevedo Cruz fue violada sexualmente y golpeada para obligarla a declarar, dentro del penal de Santiaguito por un individuo empleado y cómplice de la señora Wallace, provocándole serias lesiones en sus órganos sexuales. Por medio de peritos especializados y realizándole la prueba “de Estambul” ha demostrado a la tortura que Jacobo Tagle Dobin fue sometido al recibir descargas eléctricas en sus testículos. Actualmente su próstata la tiene destrozada debido a las golpizas que sufrió para obligarlo a declarar y a decir el paradero de Hugo Wallace. Su hermano menor fue enviado al tutelar y a su madre la despojaron de su vivienda donde cabe señalar que Hugo Alberto Wallace era copropietario de un terreno dentro de la misma vivienda.

Jael Antonio Malagon Uscanga, el que suscribe, fui testigo de la detención de mi exesposa y de que dejaron sin su madre a mi hijo entonces de cuatro años, eso fue la mayor tortura psicológica. La señora Wallace amenazó a mi madre diciéndole que no le pisara la cola al perro, que el problema no era contra mí, en la salas de juzgados. De improviso, me mandó llamar la señora Wallace: me pidió que declarará contra Freyre y que, a cambio, ella me ayudaría a salir libre. Me cuestionó por mi aseo personal y como le hacía yo para estar tan limpio. Esto provocó que fueran a fotografiar y video grabar las condiciones en que vivía dentro de la celda y comprobar que no contaba con ningún beneficio. Al poco tiempo, internos me agreden golpeándome y pidiéndome (sic.) sin motivo por la espalda, intentando cegarme definitivamente, provocándome un desprendimiento de retina y múltiples lesiones. Al cuestionarlos sobre el porqué de la agresión, mencionaron que había dinero de por medio. Tenemos el conocimiento que internos y autoridades se han contactado con la señora Wallace, para ponerse a su orden y provocarnos daño y el peligro de un ataque es vigente.

De estos tres puntos violatorios y todo lo que refiero, hay pruebas y obran en expedientes. He tratado de explicar lo sucedido después de este tipo de tortura. Hemos visto a grandes capos y delincuentes confesar sus crímenes. La razón de que Hugo Alberto Wallace no aparece, que no haya ni el más mínimo rastro, es que los acusados no fueron sus victimarios. Que realicen pruebas periciales especializadas y se comprobará que la versión de la señora Wallace no corresponde a la realidad. Si en algún momento los acusados han ratificado esta versión falsa es por el temor a las torturas y amenazas que como sea se ha señalado desde el principio de mi carta, hasta la actualidad son vigentes.

Es importante enfatizar que el que suscribe, no está citado a proceso de la desaparición de Hugo Alberto Wallace, pero esto no ha evitado que la señora Wallace por ser amigo de los acusadores me incrimine. El fiscal Braulio Robles conocido como falsificador públicamente, al falsificar sus tesinas para ser fiscal anticorrupción de la nación, esta persona a la orden de la señora Wallace, cimentó todo mi expediente. Al observar que los espectaculares no generaron señalamientos traía mi fotografía como propaganda, en bases de víctimas con trucos consiguió un señalamiento mostrando mi fotografía, pero el señor que me señaló a través de la fotografía ha señalado a diferentes personas pensando que soy yo. Teniéndome enfrente, el señor no pudo señalarme con contundencia. Tenía que ser un testigo falso e inducido. La señora Wallace en la actualidad sigue hablando de mi difamándome públicamente. Dice que soy reincidente y que me balearon en los cabos en replica. Pareciera que quiere justificarse por todo el daño que me ha hecho fragmentando mi pasado. Si tuve un problema legal anteriormente o si atentaron contra mi vida, no por esto me puede imputar delitos que no he cometido ni sembrarme droga.

Jael Antonio Malagón Uscanga

México busca reparar miles de irregularidades judiciales con una ley de amnistía

La Secretaría de Gobernación estudiará el caso de Manuel Ramírez Valdovinos, que lleva 19 años en prisión por un supuesto homicidio sin víctima

Penal en Monterrey, México.
Penal en Monterrey, México. Daniel Becerril REUTERS

Manuel Ramírez Valdovinos respira profundo antes de enumerar todas las cosas que se perdió por estar en la cárcel. Ver nacer a sus hijos, verlos crecer, acompañar a su padre en la enfermedad, asistir al funeral de su madre. “¿Cuánto vale la libertad de un ser humano?”, se pregunta. Este hombre, de 41 años, ha estado los últimos 19 en prisión tras haber sido condenado por homicidio. Desde su detención, el 26 de mayo de 2000, ha pasado cerca de dos décadas intentando demostrar su inocencia. Ha intentado probar que el cadáver que le atribuyeron no pertenece a su supuesta víctima. También ha presentado pruebas de que el supuesto asesinado continúa vivo. Nada ha sido suficiente a los ojos de la justicia mexicana, que lo ha dejado en la cárcel, donde aún encara 21 años más de condena.

El caso de Ramírez Valdovinos no es uno fuera de serie. Su historia ha ganado repercusión recientemente en medio de un debate sobre una amnistía para presos, una añeja promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador que pretende resarcir miles de irregularidades judiciales de los anteriores sexenios. La secretaría de Gobernación (Interior) ha desarrollado un proyecto de ley para presentar al Congreso en el corto plazo con la intención de liberar a aquellos “encarcelados arbitrariamente”. Al menos unos 1.400 expedientes han sido presentados ante el Ejecutivo mexicano para analizar en una primera instancia, ha revelado un portavoz del Gobierno.

El Gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lleva meses diseñando un plan para liberar personas condenadas injustamente. El proyecto ha tenido problemas para determinar qué expedientes serán revisados. Uno de los detalles que se conoce es que tiene como objetivo a indígenas que hayan sufrido procesos judiciales irregulares y personas que trasladaron pequeñas cantidades de droga, conocidas popularmente como mulas. No incluiría delitos de gravedad como los homicidios.

Ramírez Valdovinos no es indígena, pero recientemente un popular legislador local de Morena, Pedro Carrizales, lo nominó a la medalla Belisario Domínguez, la más alta condecoración que otorga el Congreso mexicano. El gesto ha dado notoriedad al caso y pretende revelar la supuesta injusticia que el preso ha vivido desde los hechos de mayo de 2000.

Una fotografía reciente de Manuel Ramírez Valdovinos.
Una fotografía reciente de Manuel Ramírez Valdovinos. Cortesía

En ese entonces, Ramírez Valdovinos celebraba con unos amigos en su casa de Tepexpan, al norte del Estado de México, cuando cuatro policías armados ingresaron a la vivienda. Fue detenido sin orden de aprehensión y torturado dos días seguidos en las instalaciones de la Procuraduría del Estado de México, hoy Fiscalía, según cuenta. Lo acusaban, junto a otros dos hombres, de haber asesinado a Emmanuel Martínez Elizalde, hijo de un amigo de su padre. La versión del Ministerio Público era que entre los tres lo habían secuestrado y llevado a un descampado donde lo intentaron ahorcar para después dispararle con un arma. Al ver que no moría, lo atacaron con un picahielo. No hubo pruebas para sostener la historia. Tampoco testigos ni armas homicidas.

Una hoja en blanco fue la sentencia para Ramírez Valdovinos. “En el Ministerio Público, los tres acceden bajo amenaza a firmar hojas en blanco donde después se redactan las confesiones”, explica su abogado, Guillermo Naranjo, de la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. El otro elemento con el que contaba la Fiscalía era un cadáver no identificado. “Arman un caso y el juez hace una autopsia de ese cuerpo”. La autoridad fracasa en dar a la supuesta víctima una identidad. “El juez prioriza las confesiones y dicta condena por más de 40 años”, señala Naranjo.

La cadena de irregularidades en su proceso y la frustración con los abogados de oficio que le fueron asignados llevaron a Ramírez Valdovinos a estudiar Derecho en prisión. El código penal le enseñó que podía tener acceso al expediente judicial por ser acusado, algo que solo pudo hacer dos años después de su detención. Una vez con el documento en la mano, ve que las descripciones físicas del cadáver no coincidían con las del hijo del amigo de su padre. “Cuando ve la autopsia por primera vez, como él conocía a su supuesta víctima, se da cuenta que [el cuerpo] tenía rasgos distintos”, cuenta Naranjo. Las diferencias en los colores de piel, el cabello o el peso fueron los indicios de que ese cadáver no era el del supuesto asesinado. La justicia ordenó la exhumación del cuerpo en agosto de 2003.

Imagen del análisis forense tras la exhumación.
Imagen del análisis forense tras la exhumación. El País

El proceso trajo más inconsistencias. Un análisis de 2012 del Instituto Forense de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estableció una “discordancia anatómica claramente visible” entre el cuerpo hallado por la Fiscalía y el exhumado. “Cuando [el Ministerio Público] levanta el cadáver, medía 1,74 metros, y cuando lo exhuman, medía 1,63”, dice Ramírez Valdovinos desde el penal Santiaguito de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Ninguno de esos dos cuerpos analizados coinciden con las características físicas de Martínez Elizalde.

El caso pasó de tener una confesión y un cadáver a tener solamente una confesión conseguida bajo tortura. Las nuevas evidencias no fueron suficientes para que Ramírez Valdovinos lograra la libertad. “El juez dijo: Quizá no es la misma persona, pero debiste haber matado a alguien”, cuenta su abogado.

Valdovinos ha intentado probar que su supuesta víctima sigue viva. El acusado cree que Rafael Martínez, padre de Emmanuel Martínez Elizalde, orquestó la simulación de la muerte porque su hijo estaba acusado de haber cometido un crimen. “El hijo estaba involucrado en un delito y le iban a girar una orden de aprehensión, entonces el papá pagó para hacerlo pasar por muerto”, afirma Naranjo.

La defensa también asegura que los Martínez intentaron cobrar un seguro de vida millonario. Para sostener esta teoría, presentaron en 2002 a un testigo que aseguró haber visto a Emmanuel 20 días después del supuesto crimen. Junto al testimonio fueron presentados documentos y fotografías que acreditaban que el hombre se encontraba en Estados Unidos bajo otro nombre. Las pruebas se perdieron en las oficinas del Ministerio Público y Valdovinos nunca pudo probar su teoría.

Tras la repercusión que ganó su historia las últimas semanas, Gobernación ha asegurado a este periódico que revisará el caso. El ministerio ha estudiando expedientes por fuera del proyecto de amnistía desde la llegada de López Obrador al poder y ha logrado la liberación de una veintena de personas con irregularidades en sus proceso judiciales.

El panorama ha empujado a los abogados a llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presionar al Gobierno mexicano. Con la esperanza de desacreditar la sentencia, buscan la aplicación del Protocolo de Estambul, un mecanismo internacional utilizado para determinar casos de tortura. “El Estado mexicano va a tener que probar que [Ramírez Valdovinos] no fue sometido a torturas”, explica Naranjo. “Mi cliente fue víctima de una injusticia. No es únicamente un juez, es un sistema”.

Manuel Ramírez Valdovinos, antes de ser encarcelado.
Manuel Ramírez Valdovinos, antes de ser encarcelado. El País

Los casi 20 años de paseos por tribunales han curtido a Ramírez Valdovinos, que ya no es aquel joven religioso que daba clases de música. “Se me fue aquí la juventud”, se lamenta. Sus estudios dentro de prisión lo han convertido en un abogado sin certificación que ha ayudado a una docena de presos a apelar sus sentencias y recortar sus tiempos de reclusión. “Me duele ver la injusticia de los juzgadores. Algunos están acá por 20 pesos”, dice, “ha sido lo más amargo”.

Brenda y la violencia de la Justicia

La mañana del sábado pasado, el padre Alejandro Solalinde visitó el penal femenil de Morelos para reunirse con Brenda Quevedo Cruz, una mujer que lleva casi 13 años en prisión, sin haber conseguido todavía una sentencia en primera instancia.

Se tata de aquella joven que, en el año de 2006, fue exhibida en espectaculares inmensos, colocados por toda la Ciudad de México, como asesina y secuestradora. Entonces no tuvo derecho la presunción de inocencia y después no volvió a tener prácticamente ninguna de las protecciones que ofrece la Constitución mexicana.

Cuando se enteró de la visita de Solalinde, Isabel Miranda de Wallace respondió enojada: “El sacerdote actúa sin conocimiento del caso y de manera oportunista al defender a una de las responsables del secuestro y asesinato de mi hijo.”

Los argumentos de la madre de Hugo Alberto León Miranda, persona desaparecida desde julio de 2005, se conocen de sobra. De tanto repetirlos ella ha construido una monumental carrera política y empresarial.

Es momento para que la sociedad mexicana trate con justicia este caso escuchando la otra versión; las siguientes son palabras de Brenda Quevedo Cruz:

“En la madrugada llegó un comandante con dos oficiales, me sacaron, me subieron a una camioneta y me llevaron al otro lado de la isla. Yo sólo oía el rugir del mar … Temblaba de miedo como un estúpido conejo, mis nervios ya estaban mal, sabía que todo eso no era para nada bueno. Llegamos, por fin, a una casa al lado de un peñasco en obra negra. No había luz …

“(Dentro) había una cobija apestosa, horrible y me encerraron. Las ratas pasaban a mi lado. Lloraba, me mordía la mano para no gritar, oraba, rezaba, le pedía a Dios que … me llevara con él …

“Como a las nueve … abrieron la puerta y entraron seis hombres encapuchados, todos con pantalones de mezclilla, una camiseta blanca sin mangas y zapatos negros …

“Yo grité: ‘¡Otra vez, no, por favor, no!’ Uno de ellos me dijo que, ahora sí, aunque gritara, nadie me iba a escuchar, que ahora sí, había chingado a mi madre…

“(M)e envolvieron con una cobija, la pegaron con cinta canela, me vendaron los ojos y me quitaron los pantalones y los calcetines …

“Me golpeaban no sé con qué, si con el puño, los codos, las rodillas. Estaba en el piso. Luego me voltearon para echarme agua por la nariz y la boca … Uno de ellos … gordo y peludo de los brazos, todo sudado, se me aventaba … me sacaba todo el aire … golpeaba mis senos …

“Estuvieron … torturándome más de seis horas. Seis hombres contra una mujer vendada y amarrada …

“Uno de ellos me metía el puño cerrado en mi parte, hasta que empecé a sangrar. Me decían que me veía como una golfa miada, que no valía ni un centavo …

“Yo ya tenía rato de no estar ahí, me había ido lejos … Uno de los golpes que me dieron en la cabeza fue tan fuerte que casi me reventaron el oído …

“No quería sentir, quería morir. Creía que, de verdad, todos me habían dejado sola, hasta Dios, principalmente él …

“Me decían que para que esto no volviera a ocurrir, tenía que ir con el juez que estaba en Islas (Marías) y decirle que estaba arrepentida y echarme la culpa del secuestro, que todos fuimos responsables, que el tipo se había muerto y lo habíamos cortado en pedazos. Que … volverían, … que nada de mis mamadas de andar diciendo todo esto a los derechos humanos, pues quien pagaría sería mi familia …

“(Prometí) que haría lo que me dijeran, pero que por favor ya me dejaran tranquila … (A)l final uno … me dio una cachetada y me dijo: ‘Así siéntate, no te vayas a lastimar’”.

A pesar de tanto, Brenda Quevedo no habló con el juez, ni se echó la culpa por un secuestro y un asesinato en el que no habría participado.

Acudió en cambio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; esa institución no la protegió, pero la denuncia sirvió, al menos, para que la autoridad carcelaria la sacara de las Islas Marías, donde jamás debió haber estado, para enviarla a otro penal en Nayarit.

El relato que se transcribe aquí fue publicado con pseudónimo en 2014, en una colección de textos emparentados que lleva por nombre La llave es la pluma, literatura carcelaria femenina.

Son decenas de miles de mujeres las que en México han sufrido violencia de Estado. Los perpetradores son autoridades, ministerios públicos, policías, agentes federales; varones que abusaron y siguen abusando de una condición conferida por su sexo, posición, poder, privilegio e impunidad.

Los sujetos que se ensañaron con Brenda, en un peñasco recóndito de las Islas Marías, tienen nombre y apellido, tienen padrinos y madrinas, probablemente continúan trabajando para el Estado mexicano.

ZOOM: tenemos una deuda enorme con las mujeres de la cárcel, con las abusadas por la Justicia, con las descartadas, con las decenas de miles de Brendas que merecen ser escuchadas en la inmensidad de su dolor.

www.ricardoraphael.com, @ricardomraphael