Wallace, cómplice de Gualberto Ramírez

Isabel Miranda de Wallace. Foto: David DeolarteIsabel Miranda de Wallace. Foto: David Deolarte

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En junio de 2014 la periodista Anabel Hernández fue denunciada por Isabel Miranda de Wallace ante la SIEDO, cuyo titular entonces era Rodrigo Archundia Barrientos. Se le acusó por presunta falsificación de documentos, comisión de actos contra la procuración de justicia, amenazas y también difamación.

La denuncia de hechos fue tan ridícula como rocambolesca: no hay antecedente similar donde una periodista haya sido acusada de complicidad con la delincuencia organizada, por parte de la PGR, a causa de su trabajo.

El 31 de mayo de 2014, Anabel Hernández publicó (Proceso 1960) una serie de documentos que sugerían la existencia de, al menos, dos identidades oficiales para el hijo desparecido de Isabel Miranda de Wallace. La presunta víctima contaba con un par de actas de nacimiento y también dos CURP.

Cinco años después la versión expuesta por Hernández ha sido confirmada. Hoy hay evidencia de laboratorio que comprueba, desde el punto de vista genético, que Hugo Alberto Wallace Miranda es en realidad hijo de Carlos León Miranda.

Este material coincide con el acta de nacimiento registrada por los padres de Hugo Alberto quien, en el año de 1970, fue inscrito con los apellidos León Miranda.

El reportaje de Anabel fue el primero que puso realmente en evidencia las fabricaciones del caso Wallace. Por eso se entiende que, en su momento, Isabel Miranda haya hecho cuanto estuvo en su poder para desbarrancar las investigaciones de la periodista. Usó para ello la enorme influencia que tenía sobre el subprocurador Archundia y también sobre la unidad antisecuestros, adscrita a la SIEDO, cuyo titular era Gualberto Ramírez Gutiérrez.

Para fabricar la denuncia en contra de Anabel Hernández, los agentes del Ministerio Público cometieron actos arbitrarios e ilegales que hoy vale la pena relatar:

La primera víctima de esa fabricación concreta fue Giel Meza, un abogado dedicado a los derechos humanos que hoy está asociado a EnVero, organización canadiense que ha venido apoyando a las víctimas del caso Wallace.

El domingo 13 de julio de 2014, cerca de su domicilio, Giel Meza fue secuestrado por dos hombres y dos mujeres. A empellones lo subieron a un vehículo sin rótulo ni placas oficiales y luego lo condujeron a la oficina que la SIEDO tenía en la Plaza de la República.

Al llegar a esa dirección, sus secuestradores se identificaron como agentes de la PGR y le informaron que estaba siendo trasladado en calidad de detenido por una denuncia presentada en su contra a propósito de la investigación sobre el caso Wallace.

Sin embargo, apenas cruzó el umbral de ese edificio, cambió su estatus. El titular de esa Unidad, Gualberto Ramírez, le informó que en realidad estaba ahí en calidad de testigo.

Giel Meza, quien es licenciado en derecho, exigió explicaciones. ¿Por qué lo habían “levantado” sin orden de aprehensión? ¿Y por qué, si había sido conducido a la SIEDO en calidad de testigo, se le estaba tratando como si fuera un criminal?

En respuesta Gualberto Ramírez envió al abogado Meza al sótano de la SIEDO para que un médico confirmara el buen estado de su salud, es decir para certificar que los agentes-secuestradores no le habían hecho daño.

Luego, durante más de seis horas, Meza fue interrogado dentro de una sala abarrotada por funcionarios. Asegura que jamás en su vida había sentido tanto miedo.

Aquellos sujetos querían saber si él había proporcionado documentos relativos a la identidad del hijo de la señora Wallace. Indagaron también sobre otras personas que hubieran podido proporcionar a la periodista el material publicado.

Después de un extenuante interrogatorio Meza fue liberado. Todavía hoy recuerda el abogado los gritos enfurecidos de Gualberto Ramírez, acusándolo de entorpecer una investigación importantísima para la PGR.

Días después, el mismo operativo volvió a repetirse, pero esa vez en contra de Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, joven acusada de un secuestro y un asesinato harto improbables.

Enriqueta Cruz es una mujer que tiene más de 60 años y sin embargo no mereció ningún respeto por parte del zar antisecuestros. Fue conducida a la SIEDO por agentes que, con arbitrariedad, la llevaron al mismo sótano donde antes hubiera estado Giel Meza.

Ahí la desnudaron, la vejaron, la humillaron y le hicieron saber que, con ella y su cuerpo, la autoridad podía hacer lo que le viniera en gana.

Vulnerable después de esa ingrata experiencia, Enriqueta visitó la oficina de Gualberto Ramírez Gutiérrez. Ahí le tocó escuchar los gritos del funcionario.

Ramírez advirtió que la señora Wallace era amiga de la casa y la reprendió por pretender descarrilar la investigación del caso Wallace.

El funcionario quería saber nombres: ¿quién había entregado a Anabel Hernández las actas de nacimiento? ¿Quién las CURP de Hugo Alberto?

Después de muchas horas de agresión, finalmente Enriqueta Cruz fue también dejada en libertad. Pero las declaraciones obtenidas por métodos tan arbitrarios fueron luego vertidas en la denuncia de hechos con la que la PGR quiso perseguir a Anabel Hernández. El propósito de Archundia y Ramírez, pero sobre todo de Isabel Miranda, era inhibir futuras pesquisas sobre el caso Wallace.

Pesan hoy sobre Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la PGR, acusaciones graves derivadas de un caso distinto. La señora Ana Patricia Moller Vuilleumier lo señaló, a él y otros seis ministerios públicos, de falsificación de documentos, simulación de pruebas, asociación delictuosa, tortura y tratos crueles e inhumanos.

Atendiendo a los testimonios de Giel Meza y Enriqueta Cruz se vuelven verosímiles dichas acusaciones.

Un par de preguntas ganan relevancia en estos días: ¿cómo obtuvo Isabel Miranda de Wallace tanto poder como para volver instrumento de sus ambiciones a la Unidad Antisecuestros de la PGR? ¿Qué la une realmente con Rodrigo Archundia Barrientos y Gualberto Ramírez Gutiérrez?

Este análisis se publicó el 3 de noviembre de 2019 en la edición 2244 de la revista Proceso

La resaca sangrienta de Calderón en Culiacán

Polemón

Por Héctor Alejandro Quintanar
Por: Christian Samperio Quintanar y Héctor Alejandro Quintanar

El 14 de enero de 2010 a las doce del día, aposentados en nuestro domicilio en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero de la Ciudad de México, escuchamos de la calle un ulular extraño aunado a un griterío agresivo y corrosivo, similar a una riña. Alertados por el posterior sonar de vidrios rotos, cuando nos disponíamos a guarecernos en la planta alta, se presentó ante nosotros un conato de tragedia: un comando de unos quince policías federales irrumpió al patio de nuestra casa, misma que estaba rodeada en las calles por media centena de agentes, con su respectiva cauda de vehículos artillados, armados todos, ellos sí, hasta los dientes.

Los sujetos entraron sin ningún ordenamiento de cateo. Esta servicia ilegal iba mancomunada con una brutalidad terrorífica: aunque jamás opusimos resistencia alguna –reprimiendo con dificultad la sorpresa y la indignación– el comando se dirigió a nosotros con un lenguaje más propio de una ristra de sicópatas –o de un cártel– que de una autoridad competente: “qué nos ven, putos”; “ahora sí se los cargó la verga, culeros”; “orita que pueda te meto un plomazo, pendejo”.

Todo ello como reacción a nuestro estupor y a nuestras obvias y prudentes preguntas de qué querían y nuestra atemorizada disposición a abrir la puerta que ellos, a fuerza, querían destruir con un ariete.

Pese a tener las manos en alto, los policías nos amenazaban con armas largas apuntándonos en el rostro, mientras destruían con frenesí lo que había en el patio. En su delirio destructor no había intentos indagatorios, sino simple furor intimidatorio, a pesar, de nuevo, de que nosotros –los “malos”–estábamos inmóviles. Los policías no nos decían qué querían que hiciéramos y, pese a eso, nos amedrentaban y nos exigían “que nos fuésemos a la verga”.

Luego del trance terrorista, vino el despliegue ridículo: de pronto un policía entró al patio y gritó: “aquí no es, es al lado”. Dicho esto, los tipos salieron uno a uno de la casa, sin dejar de destruir lo que hubiese a su paso. Con prudencia, pero de modo firme, preguntamos a un agente quién se haría responsable de la equivocación y los daños. A guisa de respuesta obtuvimos un gruñido simiesco y una amenaza con un rifle. Cuando comenzamos, en nuestra propia casa, a tomar fotografías y video de los destrozos, un agente volvió y nos dijo “dejen de grabar o se los va a cargar la verga, culeros”, blandiendo de nuevo un fusil contra nosotros.

 

La pesadilla continuó: pese a la amenaza, salimos y preguntamos quién iba al mando. Resultó ser un comandante de apellido Zaragoza, quien reconoció el error y nos exigió que “los dejáramos trabajar” y luego vería “cómo resolvía la equivocación”. Sin embargo, cuando hablábamos con él, como mastines rabiosos los demás agentes seguían intimidando: “mándelos a la verga, comandante”, “pinches chillones putos”. Su actitud vejatoria la hicieron extensiva a todos: a cualquier transeúnte que pasaba y, con razón, se quedaba estupefacto ante la presencia policial en la calle, los agentes le gritaban majaderías, le exigían que “se abriera a la verga o le soltarían unos plomazos” y los esculcaban, por el simple “delito” de ser vecinos del lugar donde ese comando estaba.

El objetivo del “operativo” era la casa contigua a la nuestra (deshabitada desde meses atrás, luego del fallecimiento del dueño), que en ese momento cateaban

bestialmente. Pronto supimos el motivo de la brutalidad: al poco tiempo llegó, en una camioneta Tahoe sin placas (y escoltada por otras tres), la señora Isabel Miranda de Wallace, quien, sin ningún instrumento legal, y usurpando funciones policiales, comenzó a emitir órdenes, cuya meta era, presuntamente, “encontrar los restos de su hijo” en el lugar.

El operativo fue un rotundo fracaso. La casa aledaña a la nuestra era en ese momento un recinto vacío, donde los federales a fuerza querían encontrar el cadáver y secuestradores agazapados. Al no lograrlo, fuimos testigos de cómo Miranda de Wallace dio órdenes al agente del MP Braulio Robles para que trajera un trascabo que cavara el patio de la casa para proseguir su búsqueda. Sin ningún tipo de sistematización, improvisando todo, la señora Wallace dirigía ilegalmente a elementos del Estado mexicano para catear una vivienda, misma que destruyeron por completo en su equívoca búsqueda.

Con el correr de las horas nos percatamos no sólo de la perfidia de los federales (que siguieron intimidándonos a nosotros y a los demás vecinos) sino de la imbecilidad del Ministerio Público: la “investigación” que sustentaba su acto fue una verdadera barbaridad. Nunca fueron capaces de monitorear profesionalmente la casa para saber que ahí no vivía nadie y que en ella no había movimiento alguno desde hacía meses. Su mayor “indicio” de que ahí podía ser “casa de seguridad” era que habían visto tirada en la banqueta cercana una caja de pizza, alimento que según ellos “es comida de secuestrados”, por lo que con esa simpleza infirieron que esa casa sin gente era sospechosa.

En suma, lo hecho ese día por la Wallace fue no sólo fallido, sino criminal: con base en ninguna investigación policial profesional, un comando dirigido ilegalmente por una civil autoritaria, arriesgó muchas vidas y causó destrozos y daños en un objetivo que no tenía razón de ser. Luego de doce horas de presencia en la casa (en donde en ningún momento cejaron de amenazar de muerte a todo mundo y de hacer amagos con volverse a meter a nuestro domicilio), se percataron de su error y, sin decir más, pretendían irse.

El agente Robles, de mala gana, atendió nuestro legítimo reclamo de manera parcial, pues se limitó a autorizar atención médica a uno de nosotros (que padeció una afección arterial debido a la tensión y rabia ante las amenazas de muerte de los policías) y a emitir un compromiso de pago por los daños al zaguán. Sin embargo, el viacrucis persistió: el fallido y demencial operativo destruyó parte de la barda del vecino y nuestra puerta de entrada, por lo que quedábamos vulnerables dado que por esas oquedades cualquier persona podría accederse sin problema al interior.

Exigimos que se reparara de inmediato eso, dada la evidente necesidad, a lo que se nos respondió que eso era “nuestro problema” y, ante las incesantes amenazas de muerte o golpes que todavía emitían los agentes, vino la atrocidad mayor: Robles nos dijo, con todo cinismo, que nosotros “debíamos entender” la conducta de esos indignos funcionarios, ya que “eran soldados, solían ser del ejército”. La desfachatez del comentario nos rebasó.

Levantamos denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), basada en las fotografías y video que logramos obtener aun con una pistola en la sien, donde con claridad se observaba la presencia destructiva de los agentes en nuestro domicilio. Pese a ello, la CNDH fue omisa y negligente: nunca investigó nada, (no obstante estar obligada), nos exigió más pruebas de lo ocurrido y, tras preguntar a la PF si habían hecho un operativo en la fecha señalada, con la negativa de ésta dieron por concluido el caso, que quedó impune.

La explicación de ello es fehaciente. Era el momento más álgido de la “Guerra contra el crimen organizado” del señor Felipe Calderón, quien junto con su corruptérrimo epígono Genaro García Luna, había puesto de manera ilegal y bestial una institución pública – como la Policía Federal-, al servicio privado de una mujer autoritaria y mentirosa, pues, como hoy sabemos, Isabel Miranda repitió esa fórmula destructiva con más operativos, que dañaron la vida de muchas personas.

Ese fue el verdadero rostro de la “guerra” de Calderón: un ejercicio intimidante y destructor contra inocentes, que al mismo tiempo era negligente ante ciertos grupos delincuenciales que parecía consentir y que, asimismo, dejó escapar a capos capturados cuando las huestes de éstos iniciaban caos y fuego. La bajeza de ese régimen llegaba a niveles indecibles cuando pese a sus imperdonables errores, llegaban

incluso a criminalizar a las víctimas (como el caso de los alumnos del Tec, Jorge y Javier, asesinados por militares y calumniados con que eran “sicarios”). Al gobierno de Calderón la vida humana y la dignidad siempre le importaron un bledo.

La obcecación belicista de Calderón fue una consecuencia directa del origen fraudulento de su sexenio. Pero las cotas de dolor social alcanzadas por su “guerra” las seguiremos padeciendo todavía. Hoy Culiacán da esa muestra, cuando se puso de relieve el poder de fuego y fuerza del cártel que Calderón solapó.

Con un operativo defectuoso, ahora en el sexenio de AMLO se capturó a Ovidio Guzmán. La reacción de sus huestes puso en jaque a la ciudad para liberarlo, por lo que el Gobierno de la República ponderó el cese al fuego y la salvaguarda de vidas inocentes. Cargar con el descrédito de un operativo mal hecho siempre será un

mal menor ante la posibilidad real de una matanza resultante de capturar a un capo a “costa de lo que sea”. Hecho público el video donde se ve a los militares deteniendo a Guzmán, ya hubiésemos querido nosotros que, pese a su equivocación, los agentes que allanaron nuestra casa –y nuestra confianza en la policía–, se hubieran comportado con esa actitud.

La exigencia de que el gobierno de AMLO retuviera a Guzmán sin importar un posible conflicto que sesgara vidas inocentes –como ocurría con Calderón– parece entrañar más sed de sangre que de justicia. Sólo quien no vivió la brutalidad de los operativos de la “guerra” calderonista puede espetar con tanta ligereza su deseo de resucitar esa estrategia cuan sádica como inútil.

No es casual que hoy, un sector opinante en contra de AMLO por su decisión haya provenido del calderonismo, que lo acusó de encabezar un gobierno “que no tiene bolas”. La trágica lección que dejó aquel sexenio de muerte es que para salir del brete en que estamos se necesitan menos genitales y más neuronas (y sensibilidad humanista).

Ante eso, no deja de ser grotesca la patológica fijación fálica de los seguidores de Calderón: hoy exigen más “güevos” al presidente de la República, sin notar que con eso, indirectamente, defienden los métodos fascistoides como los de los agentes allanadores, que en todo momento nos amenazaron aquel lóbrego día con que “nos cargaría la verga”. Para una mente sana siempre será mejor una falta de güevos que resguarde vidas inocentes, que un exceso de “verga” que las destruya. De ahí que el país hoy requiera dos banquillos: uno de los acusados para Calderón por los crímenes que cometió, y otro del psiquiatra, para el enfermizo sector de sus epígonos que persiste en revivir esos violentos métodos.

Gualberto Ramírez, fiscal antisecuestros de Calderón y Peña, torturó y simuló pruebas según Gertz Manero; tiene cercanía con Alto al Secuestro y Miranda de Wallace podría ser llamada a comparecer

https://emmanuelameth.com.mx/teme-miranda-de-wallace-ser-llamada-a-comparecer-por-su-amigo-torturador-y-sembrador-de-pruebas-e3TQ4NTcze3Q.html

Reforma publicó que la Fiscalía General de la República solicitó al Ministerio Público una orden de aprehensión en contra del exfiscal Antisecuestros de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: Gualberto Ramírez; el susodicho era cercano a Isabel Miranda de Wallace y podría ser llamada ésta a comparecer.

El órgano del que fue titular hasta el pasado 9 de julio depende de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), adscrito a la propia FGR de Alejandro Gertz Manero, el cual dejó sin mayores detalles. Diferentes fuentes consultadas por LPO revelaron que no renunció sino que fue despedido cuando sus superiores supieron de la investigación en contra de Ramírez Gutiérrez.

Nueve personas fueron incluidas en la acusación: cuatro fueron detenidas el 25 de octubre y se trata de policías de Interpol México, antiguos miembros de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), también bajo el mando de la FGR. De acuerdo con las mismas fuentes, por su trabajo -particularmente desde que asumió la unidad antisecuestro de la Seido- se relacionó con organismos de la sociedad civil con los que la 4T tiene problemas por los fondos que manejan y las campañas que respaldan.

Gertz acusó de tortura y simulación de pruebas al Fiscal Antisecuestro de Calderón y Peña Nieto

En particular, Gualberto trabó una estrecha relación desde el calderonato con Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace que durante los últimos meses ha resistido un ataque periodístico por las irregularidades en la historia del plagio de su hijo (Hugo Alberto Wallace Miranda), lo que dio origen a su causa. Sin embargo, según los informantes al interior de la fiscalía, no se descarta que la empresaria sea llamada a declarar, por lo que podría enfrentar un nuevo conflicto (ahora judicial).

Las escandalosas actividades de Gualberto -acusado de simulación de pruebas, tortura, asociación delictuosa y delitos contra la salud- dejaron una mancha negra que pudo evidenciarse en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Pero Miranda de Wallace nunca lo denunció públicamente, y por el contrario respaldó a la administración priista en su lucha para combatir a los secuestradores.

Incluso cuando fue despedido Ramírez Gutiérrez, Alto al Secuestro manifestó su molestia y su preocupación, centrando sus reclamos en el detenimiento del flujo de datos sobre los plagios que la unidad antisecuestro proporciona a la organización. Esa relación de trabajo que pudo convertirse en amistad está siendo investigada por Gertz Manero para aclarar que no se trate -como indica el prestigio del Premio Nacional de Derechos Humanos que no fue así- de complicidad.

Cuando Gualberto Ramirez, el fiscal torturador, hablaba de tortura

Nota de marzo 2016 de MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/rechaza-pgr-que-secuestradores-esten-encontrando-en-la-tortura-la-forma-de-evadir-a-la-justicia-736/

El funcionario de la PGR dijo que la estrategia que ahora están utilizando los abogados de este tipo de delincuentes, es victimizarlos y en el tema del secuestro, para ellos es muy fácil exteriorizar el tipo de tortura porque finalmente es el que muchas veces ellos cometían respecto de sus víctimas.

De acuerdo con el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestros (UEIDS) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, no todas las personas imputadas de algún delito que denuncian tortura, fueron víctimas de ella, pues finalmente ya dependerá de la clasificación que haga el juez de las investigaciones del caso y de éstos es un mínimo lo que se ha encontrado. “Están buscando rendijas, afortunadamente no lo están consiguiendo, la verdad es que mientras haya víctimas que estén denunciando, mientras haya víctimas que nos sigan apoyando en su labor, ellos son los que nos aportan elementos de prueba.

El 50 por ciento de la investigación dependen de los datos que ellos nos aporten, entonces yo le comentaría en ese sentido que la víctima se convierte en investigador de tiempo completo, no nos toca más que comprometernos con ellos y agarrarnos de la mano para ir en este proceso” Lo anterior, luego de que los hermanos Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta, sobrinos de Israel Vallarta Cisneros, presunto jefe de la banda de Los Zodiaco y ex pareja sentimental de Florence Cassez, pudieron salir en libertad debido a que quedó demostrado que fueron sometidos a actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero no porque fueran inocentes de los delitos que se les imputaron.

Juan Carlos y Alejandro fueron detenidos el 7 de mayo de 2009 junto con René Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, quien a su vez fue apresado junto con la ciudadana francesa Florence Cassez el 8 de diciembre de 2005 mediante un montaje orquestado por la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo titular fue Genaro García Luna.

Por último, el funcionario de la PGR dijo que la estrategia que ahora están utilizando los abogados de este tipo de delincuentes, es victimizarlos y en el tema del secuestro, para ellos es muy fácil exteriorizar el tipo de tortura porque finalmente es el que muchas veces ellos cometían respecto de sus víctimas.

Procesan a 4 agentes de Interpol por fabricar culpables

Abel Barajas

Cd. de México, México (31 octubre 2019).- Un juez federal vinculó hoy a proceso a cuatro agentes de la Interpol México por presuntamente estar involucrados en una trama de manipulación de información de agencias estadounidenses, escuchas telefónicas y “siembra” de droga, con el propósito de imputar falsamente a una familia tapatía de narcotráfico y crimen organizado.

“GUALBERTO”: EL JEFE ANTI-SECUESTROS de la SEIDO que “INVENTABA SECUESTROS”…ahora inventa como salir del atolladero.

Falsificación de documentos, simulación de pruebas, robo agraviado, asociación delictuosa, tortura y tratos crueles e inhumanos: por todos estos delitos ha sido denunciado Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien durante nueve años fuera el responsable de la Unidad Anti-Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR), recientemente transformada en Fiscalía.

La orden de aprehensión librada hace pocos días en contra de este exfuncionario es evidencia relevante a la hora de visitar algunos de los casos más polémicos en los que Ramírez Gutiérrez estuvo involucrado durante la década pasada.

Por ejemplo, los casos Vallarta-Cassez, Wallace, Martí o Ayotzinapa han sido igualmente señalados por la presencia de pruebas fabricadas, por la obtención de testimonios a partir de tortura, así como por la asociación delictuosa entre criminales y autoridades.

FEDERALES SECUESTRADORES:

Estos solo son algunos entre los miles de expedientes que pasaron por el escritorio de Gualberto Ramírez. Los más notables, si se quiere, pero obviamente no los únicos frente a los cuales actuó bajo un presunto patrón similar.

En este contexto se entiende por qué, a la llegada de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General, el funcionario fue despedido de manera fulminante, y sus archivos fueron confiscados.

Pesa en su contra una primera denuncia realizada por Ana Patricia Moller Vuilleumier, mujer a quien se le fabricaron pruebas para imputarle actos delictivos que no cometió.

Según el señalamiento realizado, la pareja de esta víctima pagó a un abogado para que ella fuese procesada por participar en una banda criminal inventada. Ese abogado, a su vez, habría conseguido los servicios de Gualberto Ramírez y sus ministerios públicos para que la falsa acusación prosperara.

Si esta hipótesis se demostrara como verdadera, la Unidad Anti-Secuestro de la PGR –durante los gobiernos de Felipe Calderón Enrique Peña Nieto– habría prestado, entre otros servicios, la fabricación a modo de culpables del delito de delincuencia organizada.

Casos arriba mencionados, como lo son la triada Wallace-Cassez-Martí, concurrirían con evidencia propia para exhibir el modus operandi de esa unidad tan fundamental para combatir la impunidad delictiva.

En el caso Wallace, por ejemplo, se falsificó una gota de sangre de la supuesta víctima –Hugo Alberto León Miranda– para llevar tras las rejas a seis personas inocentes. En el affaire Cassez se habría inventado la célebre banda del Zodiaco, que destruyó la vida de una ciudadana francesa y de toda la familia Vallarta.

Y, en el caso Martí, se habrían inventado dos bandas integradas, presuntamente, por más de cuarenta personas cuya responsabilidad no ha sido del todo esclarecida.

Que un juez haya decretado suspender la orden de aprehensión dictada por la FGR en contra de Gualberto Ramírez Gutiérrez no implica, en modo alguno, que las investigaciones en contra suya vayan a detenerse.

De hecho, cabe preguntarse si, más arriba, quienes fueran sus superiores en la PGR, no habrían sido cómplices en delitos similares a los imputados contra Ramírez Gutiérrez.

Las mismas preguntas habrían de ser formuladas a propósito de una lista larga de ministerios públicos, que fueron corridos de la Fiscalía General, pero que se acomodaron con gran velocidad en los gobiernos de la CDMX y del Edomex, con la Cuarta Transformación.

En efecto, la escuela a la que pertenece Gualberto Ramírez tiene todavía a sus mejores alumnos protegidos por la nómina de las procuradurías que operan en el Valle de México.

Buscan vincular a proceso a elementos de la FGR por tortura

Cabe señalar que la denuncia en contra de los servidores públicos fue presentada en mayo de este año por Ana Patricia Moller

México.- Este miércoles, un juez determinará si vincula a proceso a cinco elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) adscritos a Interpol México por su presunta responsabilidad en el delito de tortura.

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna fue quien ordenó la detención de los elementos de la fiscalía que fueron capturados el pasado viernes.

Asimismo, también ordenó aprehender al ex titular de la Unidad Antisecuestro de la FGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, contra quien hay una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de tortura.

Además, el abogado Javier Coello Zuarth (hijo del abogado Javier Coello Trejo, quien lleva la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin) también cuenta con una orden de aprehensión.

Cabe señalar que la denuncia en contra de los servidores públicos fue presentada en mayo de este año por Ana Patricia Moller, quien señaló que las autoridades, empresarios y abogado habían cometido delitos de tortura, contra la salud y simulación de pruebas, y ratificada un mes después.