Cosecha rechiflas, abucheos y hasta mentadas la Sra. Wallace en reciente mitin

http://www.elpublicista.info/cosecha-rechiflas-abucheos-y-hasta-mentadas-la-sra-wallace-en-reciente-mitin/

La nota que publicamos hará cosa de unas dos semanas en esta misma columna, respecto a que Isabel Miranda de Wallace capitaliza su dolor para ganarse una billetiza, cayó en blandito y en menos de media hora recibimos bastantes casos poniendo a la señora como chancla… ¡qué no le dijeron!

Pero, por lo que se ve, Chabelita está endiosada y sólo cree en ella y en nadie más y sólo 2 ó 3 días después de tan flamígera nota, la dama de plomo, (así le dicen por pesada) se aventó la puntada de encabezar una manifestación de apoyo a Enrique Peña Nieto por su actitud (¿?) ante las bravuconadas de Donald Trump, reunión a la que no llegaron ni mil personas.

Sólo que en la acera de enfrente, ese mismo día se armó otra manifestación VS Trump a la que, en ésta sí, asistieron más de 20 mil personas. Y ahí ardió Troya que, cuando los participantes de la mega-marcha vieron a la Sra. Wallace, se le fueron encima a punta de gritos, insultos y hasta mentadas por lo que la señora tuvo que ser rescatada por sus guaruras. Que si no, chance y hasta ahí mismo le dan pamba.

Vamos, hubo quien incluso la acusó de que la muerte de su hijo era sólo un invento, de ella, para su beneficio propio y están los videos, que sus detractores subieron a la red, de testigos para que vean ustedes que no le estamos poniendo demasiada crema a los tacos.

Total, que después de esconderse en Sanborn’s San Ángel, la Sra. Miranda de Wallace subió a la red un mensaje argumentando que huyó, (el miedo no anda en burro), porque identificó que entre la muchedumbre había un hombre, disfrazado de mujer y con pistola buscando matarla… ¿pues de cuál fumó doña Chabelita?

Todo lo cual me lleva a plantear otra pregunta, que tiro por viaje me hacía mi jefecita… ¿pero con qué necesidad… qué necesidad tiene la Sra. Wallace de andarse quemando por todo México inventando y haciendo cosas que sólo la desprestigian a ella y a la fundación anti-secuestro que dice presidir?

Justo en relación con el mitin de apoyo a EPN antes mencionado existe la duda si no Miranda de Wallace fue sólo la prestanombres de alguien más que, dentro del gobierno, organizó la marcha de forma lambiscona y luego le pidió a ella, a la dama de plomo, que la encabezara… ¡y se quemó peor que un Judas en jueves santo!

Para acabarla de amolar, con el rumor de que la doña ya le está exigiendo a Miguel Ángel Mancera que destituya al titular de SEDUVI, Isidoro Rendón, dizque no funciona. Y ya no funciona porque le están poniendo un alto a los berrinches de la endiablada mujer: cuando Rendón le dio gusto en todo, entonces sí era bueno, (aunque más del 50% de los permisos concebidos a Showcase son ilegales). Y ahora, cuando la opinión pública ya pide un hasta aquí para la Sra. Wallace, entonces esta pide que corran a Rendón… ¿pues en qué planeta vive?

La señora tiene que comprender que no puede chiflar y tragar pinole al mismo tiempo: o es titular de su fundación o es empresaria. Porque, hasta ahora, lo que ha hecho es beneficiarse de una cosa y otra en un vaivén que está acabando con la credibilidad de ambos proyectos.

Ahora que, buscando colaborar con nuestro granito de arena a la solución de tan original problema, recomendamos a nuestros lectores y amigos publicistas NO comprarle nada a Showcase y a su directora comercial, Doña Claudia Wallace Miranda, hija de la susodicha. Porque, a final de cuentas, la empresa vive de sus clientes, que somos todos nosotros: mejor no comprar broncas.

Carta Aclaratoria sobre información difundida en el programa “Ciro Gómez Leyva por la Mañana” el 4 de marzo de 2016

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Ciro Gómez Leyva

Grupo Radio Fórmula

Presente

Escribo en mi carácter de Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) con el objeto de hacer las siguientes aclaraciones respecto a la información inexacta y de mala fe presentada por la Sra. Isabel Miranda de Wallace en la entrevista realizada en su programa “Por la mañana” el día de hoy 4 de marzo en la estación 104.1 FM de Radio Fórmula, que además se refleja en la nota titulada “Relator ONU facilita trabajo a red de corrupción para liberar criminales: Miranda. Con Ciro Gómez” publicada en la página de internet de Grupo Fórmula (http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=575364&idFC=2016). Dicha información por no ajustarse a elementos fácticos de la realidad, generan una falsa apreciación de mi persona, de la organización que represento y de los casos que acompañamos, así como afectación a nuestra honra y reputación por hacernos señalamientos de presuntos actos delictivos sin sustento alguno.

En primer lugar, queremos informar a la opinión pública que la CMDPDH es una asociación civil sin fines de lucro, creada hace 25 años, que representa víctimas de violaciones graves de derechos humanos como tortura, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales (asesinato por servidores públicos en ejercicio de sus funciones o por motivo de estos), feminicidios y desplazamiento interno forzado. Se trata de una organización que representa a las víctimas ante las diferentes instancias de protección de los derechos humanos nacionales e internacionales. Si ustedes en su calidad de periodistas o su auditorio tienen interés en conocer los casos que la CMDPDH representa revisen nuestra página de internet (http://cmdpdh.org/casos/).

Sobre el origen de los recursos de la CMDPDH es muy importante informar que al ser una asociación sin fines de lucro, sus actividades son financiadas a través de fondos que obtiene de instituciones filantrópicas y de la cooperación internacional. Si en tu calidad de periodista tuvieras interés en conocer los detalles de nuestro financiamiento con mucho gusto te puedo mostrar la documentación y las auditorias que anualmente se nos hace por instituciones contables independientes. Asimismo, es nuestro deber aclarar que la CMDPDH y las personas que laboran en ella no cobran a, ni reciben honorarios de, las víctimas por los servicios de representación legal, ni tampoco nos hemos beneficiado de porcentaje alguno cuando hemos logrado que las instituciones del Estado cumplan con su obligación de reparar los daños causados cuando se acreditan las violaciones a los derechos humanos. Es muy importante enfatizar que ni la CMDPDH ni el suscrito han recibido del Fondo de Atención a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dinero en el contexto de las reparaciones cubiertas a las víctimas que representamos. Estoy seguro que en tu calidad de periodista, interesado en estos temas, solicitarás información directamente a la CEAV para corroborar lo anterior.

También es importante aclarar que conforme al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen derecho a la reparación integral. La Ley General de Víctimas crea, como lo sabes, una institución (la CEAV) y, conforme a dicha legislación, la calidad de víctima la puede determinar la autoridad responsable de la violación, los ministerios públicos, los jueces, los organismos públicos de derechos humanos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y ciertos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, entre los cuales se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura (CCT), estos últimos de Naciones Unidas. Una vez que se reconoce la calidad de víctima de una violación a los derechos humanos y que se registra a la víctima ante la CEAV, ésta a través de sus procedimientos -lo que incluye una decisión del Pleno (integrado por Sergio Jaime Rochín del Rincón, Adrián Franco Zevada, Susana Thalia Pedroza de la Llave, Julio Antonio Hernández Barros)-, determina el monto de la reparación, conforme a sus propias reglas y a los estándares constitucionales aplicables.

Sobre el caso aludido en la entrevista de la Señora Miranda, conocido como el de los “4 Civiles de Rosarito”, debemos señalar que tras un análisis independiente y autónomo dentro del marco de sus atribuciones conferidas por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, con base en información enviada por las víctimas, las organizaciones representantes y el propio Estado mexicano, el CCT determinó que dichas 4 personas habían sido víctimas de tortura por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En la decisión del CCT (México soberanamente se sometió al procedimiento del CCT), se señala que tanto la SEDENA como la Procuraduría General de la República (PGR) fabricaron pruebas falsas que se usaron en juicios en los que las víctimas fueron acusados[1]. Además, indebidamente, las instituciones del Estado emplearon confesiones arrancadas por tortura, entre otras pruebas ilícitas, para acusarlos de delitos que no cometieron. Esa determinación del CCT fue coincidente con el análisis hecho por la CNDH a través de su recomendación 33/2015[2] la cual fue aceptada tanto por la PGR como la SEDENA. Con base en la inexistencia de pruebas, el Poder Judicial de la Federación determinó que las cuatro personas no eran responsables penalmente de los delitos imputados, es decir que los encontró inocentes.

En se mismo caso, la propia SEDENA, en un hecho inusitado y al estar consciente de los hechos ilícitos de sus funcionarios, en un oficio que le fue entregado a la CEAV en 2015 reconoció la calidad de víctimas a esas personas. Dicho oficio firmado por el Gral. Brig.J.M. y Lic. José Carlos Beltrán Benites, señala que “toda vez que los hechos materia del expediente número CNDH/2/2010/2830/Q, notificada a ésta Dependencia del Ejecutivo Federal, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le reconoce que son víctimas directas a los señores […], quienes fueron detenidos por parte del personal militar el día 16 de junio de 2009, en Playas de Rosarito, Baja California y por lo tanto sujetos a las prerrogativas que el orden jurídico consagra a su favor”[3].

En suma, un organismo nacional y un organismo internacional de derechos humanos, así como la autoridad responsable (SEDENA), reconocieron que los 4 civiles fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, es importante aclarar que al día de hoy aún no han sido reparados ni por la CEAV ni por ninguna otra institución del Estado mexicano.

El caso de los 4 civiles de Rosarito es muy significativo porque es un ejemplo de cómo se recurre al uso de la tortura por las instituciones del Estado mexicano y como se pretende justificar esa abominable práctica para la investigación y acusación por delitos graves como el secuestro o el narcotráfico. Es tan frecuente la práctica de la tortura en México para la investigación de los delitos que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la han calificado como generalizada. A ello debemos adicionar que recientemente, dos muy prestigiosas académicas, Ana Laura y Beatriz Magaloni, después de haber efectuado encuestas representativas de personas privadas de libertad en Centros Federales de Readaptación Social han concluido lo siguiente “se puede afirmar que la tortura sí es una práctica generalizada del sistema de persecución criminal en el ámbito federal.”[4]

Te compartimos información relevante, en tu calidad de periodista, así como para tu auditorio, sobre la dimensión del problema de la tortura.[5] La PGR nos informó que del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre 2014 ha recibido 4,055 denuncias de tortura,[6] de las cuales 1,273 son atribuibles a personal militar.[7] De los casos denunciados, 1,884 se transformaron en averiguaciones previas,[8] de las cuales en sólo 11 ocasiones se consignó ante un juez el asunto.[9] Por su parte, las Fiscalías de 22 Estados recibieron 1,166 denuncias por actos constitutivos de tortura y de éstas sólo 13 investigaciones han sido consignadas ante un juez.[10] A la fecha, no hemos podido conocer las 5 sentencias firmes que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha reportado a diversos mecanismos internacionales a pesar de múltiples solicitudes de información.

En ese mismo periodo la CNDH recibió 4,404 quejas por tratos crueles, inhumanos o degradantes, abrió 109 expedientes de queja por tortura, y emitió 79 recomendaciones por tortura[11]. En al menos 7 de esas recomendaciones se hace referencia que la víctima de tortura fue señalada de haber cometido el delito de secuestro.[12] Entre los años 2007 y 2014 se interpusieron 4,133 quejas por tortura en otras 15 comisiones públicas de la República Mexicana.[13]

Resulta verdaderamente preocupante que ante el evidente y grave contexto que atraviesa el país, aún existan personas que toleren la práctica de la tortura, e incluso le vean utilidad en las investigaciones de delitos como secuestro. Como lo hemos señalado, nosotros representamos casos o víctimas de violaciones a los derechos humanos y estamos convencidos que la responsabilidad penal de una persona, en un estado democrático de derecho, solo puede ser determinada por los jueces, después de un juicio que respete el debido proceso de las víctimas y acusados, pero definitivamente no por cualquier persona, incluso aquellas que enarbolan las mejores causas.

De igual manera, debo destacar que el suscrito, actual director ejecutivo de la CMDPDH, nunca ha laborado en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como erróneamente ha sido difundido por la Señora Miranda, lo cual evidencia la mala fe con la que se conduce para fabricar supuestas ligas entre personas e instituciones. CEJIL, como estoy seguro estas enterado, es una de las más prestigiosas organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, con sede en Washington D.C., Estados Unidos de América, que se especializa en acompañar víctimas y casos de organizaciones de América Latina que buscan justicia en los órganos interamericanos de protección de los derechos humanos, cuando las instituciones de justicia nacionales no quieren o pueden hacerlo. Con mucho gusto si te interesa puedes conocer mi semblanza curricular en las dos páginas que aquí acompaño[14] y si tienes dudas o requieres información adicional puedo profundizar contigo sobre quienes fueron mis superiores, subordinados e incluso contrapartes en las diferentes posiciones que he ocupado en los últimos 20 años tanto en el sector público como en el no gubernamental y académico.

Finalmente debemos señalar que actos criminalizantes en mi contra y de la CMDPDH, como los efectuados a través de la entrevista de la señora Isabel Miranda de Wallace, parecen tener como finalidad última desacreditar la labor de las organizaciones de defensa de derechos humanos, sean de índole nacional o internacional, en un contexto sumamente complejo de negación por diversas autoridades del diagnóstico de la situación del país en materia de derechos humanos. Además, señalamientos infundados en nuestro perjuicio arrojan como resultado incrementar el riesgo de quienes realizamos la labor de defensa de derechos humanos. Estamos convencidos que los medios de comunicación y las y los comunicadores tienen una enorme responsabilidad para informar adecuadamente a la sociedad y deben evitar ser utilizados para avanzar agendas autoritarias, que erosionan el Estado de Derecho y promueven o toleran el abuso del poder.

La sociedad mexicana tiene derecho a estar informada sobre la situación de los derechos humanos, a tener elementos que le permitan valorar objetivamente lo que ocurre en nuestro lastimado México, y conocer los recursos de defensa que el orden jurídico les ofrece. Decir que quienes buscamos erradicar la tortura es una afrenta a los derechos de las víctimas del delito, es una mentira. Por el contrario, las organizaciones que trabajamos por la erradicación de la tortura lo hacemos no solo para el beneficio de las personas imputadas o procesadas, sino de las víctimas del delito, ya que solo con investigaciones respetuosas de los derechos humanos se pueden lograr condenas que garanticen la justicia, la verdad y la reparación integral a dichas víctimas, incluidas las del secuestro. Las víctimas del delito tienen derecho a que los ministerios públicos hagan investigaciones profesionales y que lleven ante la justicia a los responsables basados en pruebas lícitas.

Con el objetivo de aclarar la información difundida por la Señora Miranda de Wallace, con el debido respeto solicitamos a Grupo Radio Fórmula que esta carta sea leída íntegramente en el programa “Por la Mañana con Ciro Gómez Leyva”, dándole la misma difusión, alcance y repetición que a la entrevista de la Señora Isabel Miranda de Wallace. También solicitamos que esta carta se difunda con la misma intensidad y en los mismos lugares y redes sociales que publicaron la nota “Relator ONU facilita trabajo a red de corrupción para liberar criminales: Miranda. Con Ciro Gómez”.

Les agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente y sin más por el momento aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.

 

José Antonio Guevara Bermudez

Director Ejecutivo

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. A.C.


[1] Véase, decisión del Comité Contra la Tortura, disponible en: http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2012/12/cmdpdh_715_comunicacion_final4c_4_civiles.pdf
[2] La CNDH determinó: “174. La Comisión Nacional advierte la responsabilidad en la que incurrieron servidores públicos de la SEDENA por la violación al domicilio, la detención arbitraria, la retención ilegal y la tortura; los agentes del Ministerio Público Federal a cargo de la AP 1 y quienes tuvieron bajo su custodia a V1, V2, V3 y V4 antes de la determinación de su situación jurídica y por la retención en instalaciones militares y por haber tolerado la tortura”, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2015/Rec_2015_033.pdf
[4] Véase comunicado conjunto Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/6915-532
[5] Un método de investigación llamado tortura, Nexos, 1º marzo 2016, http://www.nexos.com.mx/?p=27781
[6] Los datos que aquí incluimos fueron publicados en su mayoría recientemente en un artículo de mi autoría que aparece en la Revista Nexos de este mes de marzo de 2016: http://www.nexos.com.mx/?p=27769
[7] PGR. Folios: 0001700300414 y 0001700020615.
[8] PGR. Folio: 0001700020115.
[9] PGR. Folio 0001700020615.
[10] PGR. Folio 0001700133014.
[11] Información recabada a partir de solicitudes de información pública. Los estados a los que hacemos referencia son Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora (informó controles preliminares), Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz (informó sólo investigaciones iniciadas) y Zacatecas.
[12] CNDH-Folio: 00062714.
[13] Recomendaciones:  2015/33, 2013/68, 2012/62, 2012/59, 2011/52, 2010/75, 2010/42
[14] La suma contempla las quejas interpuestas en los organismos públicos de derechos humanos estatales.
[15] Semblanza curricular en página de la CMDPDH: http://cmdpdh.org/2014/01/nombra-cmdpdh-a-jose-antonio-guevara-como-nuevo-director-ejecutivo/ También puedes ver otra semblanza en la página de Naciones Unidas: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/Members.aspx

Para más información:
Mariana Gurrola, Comunicación CMDPDH
comunicacion@cmdpdh.org
Tel. 5564 2582 ext. 114

El caso Cassez ante la CIDH

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Fuente: ACDV 

Autor: Antonio Guillén, con la participación de Ilse Luraschi
El 6 de febrero de 2016

El caso Florence Cassez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Florence Cassez, fue detenida el 8 de diciembre de 2005, y a su detención siguió un proceso penal y condena; agotados los medios de impugnación de dicho proceso, en amparo directo en revisión 517/2011, la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana decretó su libertad, después de siete años y 30 días de reclusión; esto obedeció al efecto corruptor existente en el proceso, pues se violaron derechos fundamentales como: notificación, contacto, asistencia consular, puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público y presunción de inocencia, que vició todo el procedimiento.

No se demostró su culpabilidad ni su inocencia; sin embargo, se la puso en evidencia falsamente ante la sociedad como una secuestradora; los medios de comunicación principalmente la empresa Televisa, por conducto de su reportero Carlos Loret de Mola, que actuó como cómplice de las autoridades en el hecho falaz que llevó al enjuiciamiento de Florence, al difundir una representación ajena a la realidad, sin tomar en cuenta que era primordial considerarla inocente hasta que se probara si en verdad había sido o no culpable de los delitos imputados. Esto nunca sucedió y esa representación y proceso se tradujeron en una pena cruel, infamante e inusitada, dado que el mencionado reportero abusó del derecho de información y libre expresión, sin mostrar ningún respeto por Florence Marie Louise Cassez Crepin, mediante calificativos perjuiciosos e incluso, encubiertos, a través del uso de la mordacidad o la ironía, generadoras de daño moral por afectación al honor y, en consecuencia, con responsabilidad civil.

Una vez en libertad, se realizaron diversos trámites ante las autoridades respectivas, exigiendo la reparación del daño moral causado. Las instancias judiciales respondieron con la negativa a una demanda por daño moral, a una apelación, dos recursos de revocación, una demanda de garantías y una solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal, así como a un recurso de reclamación.

Ante la negativa de las autoridades judiciales, Florence Cassez, junto con su abogado, el Lic. José Patiño Hurtado, decidió presentar una demanda ante la CIDH para que se le reconozca su inocencia.

Según el Lic. José Patiño Hurtado, «las respuestas negativas de las instancias judiciales no fueron legítimas ya que no atendieron los puntos más importantes, como los conceptos de violación, (…) donde se expone la violación constitucional a cargo de la autoridad responsable en sus actos, que resulta ser la parte medular de la demanda». Como ejemplo, denunció que la Magistrada Ethel Lizette del Carmen Rodriguez Arcovedo, al desechar la demanda de garantías, nada expresó respecto de los conceptos de violación expuestos. «Se pidió un recurso de reclamación, pero el nuevo Magistrado Ponente, Mauro Miguel Reyes Zapata, lo declaró infundado sin dar razones al respecto» declara Patiño.

Florence Cassez, como víctima, y el Lic. Patiño, como su abogado, esperan lo siguiente:

a) Tener en cuenta que las dependencias oficiales siempre deben de estar disponibles para que se utilicen los medios al alcance de todos, a fin de llegar a conocerse la verdad legal.

b). Reivindicar y reconocer como premisa fundamental, la inocencia de Florence Marie Louise Cassez Crepin y su no culpabilidad de los delitos que le fueron imputados falsamente, en especial el delito atribuido de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, debido al efecto corruptor en el proceso seguido en su contra.

c). Establecer que Florence Marie Louise Cassez Crepin, tiene derecho a una indemnización por daño moral causado a su persona, de conformidad con lo establecido y previsto en el Artículo 10, que menciona el derecho a indemnización del Capítulo II, del Título Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Según Patiño, con esa denuncia los mexicanos pueden ganar que no se les castigue de por vida catalogándolos de delincuentes cuando no es posible comprobar su culpabilidad en algún delito. Además, pueden ganar que «se sancione a las personas a las que se demanda la reparación del daño moral causado, pues se desempeñan como servidores públicos y deberían ser los primeros en respetar y hacer respetar las leyes establecidas».

Agregó que «en cuanto a la empresa Televisa, junto con sus reporteros y comunicadores, Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah, a quienes se señala como cómplices del engaño abusando de su poder de informantes, se les haga responsables, pues su conducta derivó en una falta de cuidado toda vez que era su obligación verificar si la información difundida infringía o no un derecho, como en el caso específico de Florence Marie Louise Cassez Crepin, puesto que en su labor invocando a su ética, era, es y será siempre llevar a cabo su trabajo con la mayor diligencia, honestidad y certeza, y como comunicadores tenían la obligación, al igual que toda persona, de cooperar con la administración de justicia».

Confían en que el miércoles tribunal de Guerrero abra la vía para liberar a Nestora

Desde la época en que la Jornada publicaba la carta (falsa) de Cristina Ríos en contra de Florence Cassez hasta principios del año 2016 y sus publicaciones a favor de Nestora Salgado García, no cabe duda de que la redacción de la Jornada ha dado pasos significantes hacia el profesionalismo.

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Artículo de Alma E. Muñoz, publicado en la Jornada

Fecha: 2 de enero de 2016

MXporFC 03-01-2016 Nestora nueva etapa - LA JORNADA
Integrantes de diferentes organizaciones se manifestaron ayer en apoyo de Nestora Salgado. Foto Roberto García Ortiz

La próxima semana, la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero resolverá un recurso de apelación que presentó la defensa de Nestora Salgado y que, en caso de ser favorable, abre la vía jurídica para su puesta en libertad, señaló el abogado Leonel Rivero.

En medio de diversas manifestaciones de apoyo para la liberación de la ex coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, el litigante aclaró en entrevista que debido a esta próxima decisión, Salgado determinó posponer la huelga de hambre que había previsto iniciar desde los primeros minutos de este año.

“Ella considera que está ante una oportunidad que durante mucho tiempo no se había presentado… Entonces decidió posponer la huelga, en tanto no se dicte esa resolución, que consideramos será la próxima semana”, dijo Rivero.

Mencionó que esperan que la resolución se dicte el próximo miércoles, y anticipó que el lunes –una vez que se reanuden las labores en el tribunal, suspendidas por periodo vacacional– solicitará una reunión con el nuevo presidente del organismo, Robespierre Robles Hurtado.

Leonel Rivero apuntó que la resolución del tribunal tendría un efecto en cadena sobre los procesos que pesan sobre Nestora Salgado, actualmente presa en el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, después de su detención el 21 de agosto de 2013, acusada de secuestro, y de haber sido recluida primero en el penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.

En lo particular somos optimistas en que la sala nos conceda la razón, y de ser así, tendría efectos sobre los demás procesos. Entonces creemos que en este momento jurídicamente se abre una oportunidad en términos de que si la sala determina procedente el incidente, sería la base para que se concluyeran todos los procesos en su contra.

Además de tres causas sobre privación ilegal de la libertad, recordó, hay igual número de órdenes de aprehensión que están impugnando por medio del amparo.

Ese fue básicamente el factor que determinó que la señora Salgado decidiera posponer unos días la huelga de hambre, pero no ha renunciado a ella, aclaró.

El abogado comentó que ha recibido llamadas de activistas preguntando sobre la huelga de la ex lideresa de la policía comunitaria, mientras en redes sociales se generó desde temprana hora de ayer un movimiento de apoyo a su lucha.

Además, un grupo de personas realizó frente a la Procuraduría General de la República un mitin para demandar la libertad de la comandanta y de todos los presos políticos que luchan por dignidad, justicia y por el pueblo.

En cartulinas colocadas en rejas de la dependencia se apuntó: Gobierno de Guerrero, libera a Nestora, y Libertad inmediata, entre otras leyendas.

En Twitter, mientras tanto, se utilizó el hashtag #Nestoralibreya, y se convocó a sumarse a la exigencia mediante pronunciamientos en contra de la situación jurídica que enfrenta.

El abogado Leonel Rivero dijo que ya no puede tardar muchos días la resolución del tribunal de Guerrero sobre la apelación presentada, porque hay un criterio firme, a escala federal, en el sentido de que Salgado no cometió el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de secuestro, porque estaba actuando en ejercicio de sus funciones como miembro de la Policía Comunitaria, avalados por la Ley 701 (de Derechos y Cultura Indígena de Guerrero).

En la apelación, apuntó el defensor, ofrecimos las sentencias de apelación, amparo y revisión correspondientes, y queda claro que en las detenciones de la Policía Comunitaria no hay un ánimo de lucro ni de privar ilegalmente la libertad de una persona, sino que se hace en ejercicio de las atribuciones que da la ley (citada).

Se mostró optimista de que la primera sala del tribunal de Guerrero les conceda la razón y se abra la vía jurídica para la liberación.

Noticias sobre el estado de salud de Héctor Casique

Publicamos el certificado del neurólogo que reciente vio a Héctor Casique. Como consta en el presente dictamen, el Dr. Francisco Brito Barrera, especializado en neurocirugía y con cedula profesional 1280759, mandó un tratamiento dirigido a oxigenar el cerebro de la víctima Héctor, torturado por esos delincuentes que otros llaman “servidores públicos”. Mientras tanto, sigue el calvario de Hector y de sus familiares.

Si descartamos el CENCOS y la CEAV, estamos en posición de afirmar que a ninguna instancia nacional le ha importado el estado de salud de Hector, ni mucho menos su inocencia. Hasta la fecha, no han hecho absolutamente nada por subsanar tanto dolor con la que él y su familia viven.  Los “servidores públicos” del estado de Quintana Roo lo han lastimado física y psicológicamente de manera permanente.

Certificado

Yaskade, estamos contigo, con tu familia y con Héctor.

#LibertadparaHéctor Casique y Cárcel para los torturadores y los políticos corruptos.

#NoalaFábricadeculpables

MXporFC

Algunas palabras dirigidas a nuestros seguidores… y a Isabel Miranda de Wallace #Ladytortura

Estimados seguidores de nuestra página,

Después de casi 3 semanas de interrupción, estamos de regreso en la web. Les presentamos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes debidos a una falla técnica que tuvimos que arreglar.

Aprovechamos la ocasión para felicitarlos a todos: individuos, grupos, medios de comunicación, anónimos y famosos, … en breve a todos los que tienen el valor de difundir la información que contiene nuestro sitio y que recaudamos junto con nuestros compañeros dentro y fuera de México . No se tratan de los rumores que desde luego se saben en los círculos del poder del estado mexicano, como secretos a voces sobre la falsa muerte de Hugo Alberto Wallace, protegido y Escondido por la PGR.  Se trata de información objetiva a contra corriente de las mentiras que “nuestros” de comunicación oficiales han proporcionado y presentado como la verdad absoluta.

Los integrantes de MXporFC somos un grupo de activistas defensores de los derechos humanos dedicados al descubrimiento de la verdad y al triunfo de la justicia. No tenemos absolutamente nada que ganar, más de la libertad de nuestros hermanos y hermanas, injustamente encarcelados, una pesadilla que le puede pasar a cualquiera. Hacemos nuestro deber de ciudadano, ni más ni menos.

Aprovechamos el fin del año para reiterar nuestro compromiso todas las víctimas de la fabricación de culpables en México: con Brenda, con Jacobo, con Juana Hilda, con Cesar Freyre, con Castillo, con Jael, con Pablo, con María Elena, con Noé, con Cinthya, con Héctor, con Israel Vallarta, con Nestora, … y con los miles de inocentes encarcelados en nuestras cárceles repletas de víctimas.

Hace muchos años, le dijimos a nuestra ahora amiga Florence Cassez lo siguiente: te tenemos de la mano, y no te la soltaremos hasta que salgas libre. Florence no ha olvidado a sus compañeros de injusticia y sigue trabajando a su manera para acabar con las injusticias.

Desde la liberación de Florence, yo mismo se lo dije claramente: nuestro objetivo primero es la liberación de las víctimas de Isabel Wallace aka #Ladytortura.

Isabel, vamos en contra de ti. Quiero que sepas que acabarás en la cárcel. No porque te tenemos rencor, sino porqué los delitos que cometiste te llevaran a la cárcel. No es amenaza, porque no amenazamos a nadie, ni somos vengadores. Simplemente, es promesa, es certeza. Porque es justicia.

Nolverto Sanchez A.

MXporFC

Lady Tortura

2 publicaciones: Organizaciones internacionales rechazan presencia de Isabel Miranda Wallace

Artículo de CompaGabito2099, publicado en El Dragonario vía Cencos (Centro Nacional de Comunicación Social AC)

Fecha: 23 de diciembre del 2015

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WALLACE, FICHADA

MAESTRA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ

ASUNTO: CARTA ABIERTA A ARELY GÓMEZ SOBRE LA PRESENCIA DE ISABEL MIRANDA DE WALLACE EN LA INAUGURACIÓN DE LA UEIDT MONTREAL CANADÁ, A 14 DE DICIEMBRE DE 2015

MAESTRA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AV. REFORMA ESQ. GUADANA NO. 211-212
CUAUHTÉMOC C.P. 06500 MÉXICO, D. F. C.
Procuradora General de la República,
Con absoluta estupefacción y un alto grado de indignación nos enteramos de la presencia en la inauguración de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, de una probable delincuente, probable responsable de la fabricación de culpables, probable autor intelectual y testigo ocular de tortura en contra de – por lo menos – ocho ciudadanos inocentes en los denominados casos “Wallace” y “Martí”. Hablamos de la presencia en el evento de Isabel Miranda de Wallace [o Miranda Torres o Torres Romero].
Como titular de la PGR que por iniciativa suya, acaba de crear la UEIDT, asumimos con toda razón, que debe de estar enterada del grado de corrupción, impunidad y hasta crueldad que impera en las estructuras policiacas y judiciales, cuya escandalosa conducta se inició en sexenio de Vicente Fox, – la SSP/AFI de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, arquitectos del montaje escandaloso del 8 de diciembre de 2005 en contra de Florence Cassez siendo uno de los ejemplos paradigmáticos del fenómeno que describimos; se reforzó bajo la administración de Felipe Calderón – cuya estrella intocable fue la Sra. Isabel Miranda – y continúa siendo bajo el régimen actual, reflejando niveles escandalosos de descomposición del Estado mexicano, con la consecuencia del alarmante descrédito que vive el país a los niveles nacional e internacional.
En virtud de lo anterior nuestra pregunta a usted es inevitable y moralmente obligada: ¿por qué admite usted la presencia de Isabel Miranda en la inauguración de la mencionada unidad, habiéndose demostrado su grado de peligrosidad y carencia de principios en la burda y absolutamente desmentida patraña conocida como “Caso Wallace”? La absurda ironía que esto implica se fundamenta en las pulcras y concienzudas investigaciones sobre el citado caso, y otros como el de Fernando Martí y el de la Comandante Nestora Salgado, realizadas por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV) presidida por David Bertet, Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Ángeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, que demuestran sin lugar a dudas, que Isabel Miranda ha mentido a las autoridades, ha fabricado el jamás ocurrido secuestro y asesinato de su delincuente hijo, Hugo Alberto Miranda Torres, ilegalmente llamado Hugo Alberto Wallace.
Lo que se espera, Sra. Procuradora, es que la PGR iniciara de inmediato una concienzuda investigación con base en las incontrovertibles evidencias indagadas por las investigaciones de las personas arriba citadas, cuya comprometida labor facilita considerablemente la labor del Ministerio Publico.
Como encargada de investigar delitos, la PGR ahora bajo su cargo, está obligada a tomar en cuenta todas estas investigaciones, las cuales se fundamentan en documentos probatorios emitidos por instituciones oficiales. Lamentablemente, ha hecho todo lo contrario: ha otorgado a una probable delincuente como Isabel Miranda, todas las facilidades para disponer de agentes del MP a los que les ordena levantar, encarcelar y torturar con propósitos de auto-incriminación a víctimas inocentes, además de permitirle el ingreso a los penales para conducir interrogatorios sin ser miembro de la PGR, lo cual es totalmente ilegal y oprobioso.
Cuando usted fue nombrada como titular de la PGR, los aquí firmantes confiamos en los cambios drásticos que usted decidió implementar dentro de la institución ahora a su cargo. Esperamos que se modificara la hasta ahora vergonzante e inmoral conducta de la PGR. Lamentablemente, Sra. Gómez, con la moralmente reprehensible actuación de esta institución en casos como el de los 43 de Ayotzinapa y los citados casos: Wallace, Martí, Nestora Salgado, además de la admisión de la probable torturadora Isabel Miranda como partícipe – queremos creer que sólo en la inauguración- de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, constatamos que nuestra esperanza fue injustificada.
México está sujeto a la inmensa impunidad nacida de la igualmente omnipresente corrupción que continúa prevaleciendo en todas instituciones del estado, mientras sectores de ciudadanos siguen albergando expectativas de cambio que se ven frustradas por “servidores públicos” cuyo interés a todas luces nunca ha sido el de servir al grueso de la sociedad.
El siguiente paso necesario, Sra. Gómez, consiste en dar seguimiento a la queja interpuesta por los familiares de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace ante su institución, y en iniciar una amplia investigación sobre los delitos de falsificación de documentos, falsedad en declaraciones, así como otros delitos graves probablemente cometidos por la Sra. Isabel Miranda de Wallace y otros, con la complicidad de funcionarios que siguen trabajando dentro de la PGR.
La ACDV y el FEMCAI están dispuestos a trabajar conjuntamente con todos los actores de la sociedad civil y del gobierno, a los que realmente les importa acabar con el gravísimo y generalizado fenómeno de fabricación de culpables en su país, mediante el uso sistematizado de la tortura, de la intimidación, de la violación a la presunción de inocencia, a la dignidad y a una defensa adecuada de los presos.

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Segundo artículo por Salvador Valencia, publicado en Somos el medio.

Fecha: 22 de diciembre del 2015

¿Por qué Isabel Miranda de Wallace no está siendo investigada?, ACDV y FEMCAI

Acusaron a las autoridades de tener a Miranda de Wallace como una persona intocable desde el sexenio de Felipe Calderón.

En una carta dirigida a la procuradora General de República, Arely Gómez González, la Asociación Canadiense por el Derecho a la Vida (ACDV) y el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes (FEMCAI) se posicionaron en contra de la asistencia de Isabel Miranda de Wallace, a quien calificaron como delincuente, en la inauguración de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, el pasado 10 de diciembre.

La carta fechada el 14 de diciembre y  firmada por David Bartet, presidente del Consejo de Administración, y Antonio Guillén, integrante del Comité Ejecutivo de la ACDV, y la fundadora del FEMCAI, Patricia Barba,  cuestionan el proceder de las autoridades de justicia ante el actuar de Isabel Miranda por ser la probable autora intelectual y presenciar la tortura de ocho personas a quienes acusaba de presuntamente secuestrar y asesinar a su hijo Hugo Alberto Wallace.

“¿Por qué admite usted la presencia de Isabel Miranda en la inauguración de la mencionada Unidad, habiéndose demostrado su grado de peligrosidad y carencia de principios en la burda y absolutamente desmentida patraña conocida como “Caso Wallace”? La absurda ironía que esto implica se fundamenta en las pulcras y concienzudas investigaciones sobre el citado caso, y otros como el de Fernando Martí y el de la Comandante Nestora Salgado, realizadas por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), presidida por David Bertet, Guadalupe Lizárraga, directora de Los Ángeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, que demuestran, sin lugar a dudas, que Isabel Miranda ha mentido a las autoridades, ha fabricado el jamás ocurrido secuestro y asesinato de su delincuente hijo, Hugo Alberto Miranda Torres, ilegalmente llamado Hugo Alberto Wallace,” sentencian las organizaciones.

Acusaron a las autoridades de justicia de tener a Miranda de Wallace como una persona intocable desde el sexenio de Felipe Calderón, e incluso ahora con Enrique Peña Nieto. En este mismo sentido, demandaron a la PGR abrir una investigación que tenga como base las indagaciones realizadas por la ACDV, Los Ángeles Press y el semanario Proceso.

Sin embargo, lamentaron que la PGR  “ha otorgado a una probable delincuente como Isabel Miranda todas las facilidades para disponer de agentes del MP [Ministerio Público] a los que les ordena levantar, encarcelar y torturar con propósitos de auto-incriminación a víctimas inocentes, además de permitirle el ingreso a los penales para conducir interrogatorios sin ser miembro de la PGR, lo cual es totalmente ilegal y oprobioso”, increparon.

Mostraron su preocupación por el papel que Isabel Miranda pueda tener en la recién creada Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura y reprobaron el actuar de la Procuraduría General de la República en los procesos de investigación en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el caso Wallace, el caso Martí y el controvertido caso de la ex coordinadora de las autodefensas  de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, en el cual Mirada de Wallace ha intervenido.

Finalmente, insistieron a la procuradora Arely Gómez “dar seguimiento a la queja interpuesta por los familiares de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace ante su institución, y en iniciar una amplia investigación sobre los delitos de falsificación de documentos, falsedad en declaraciones, así como otros delitos graves probablemente cometidos por la señora Isabel Miranda de Wallace y otros, con la complicidad de funcionarios que siguen trabajando dentro de la PGR”, concluyeron.

2 artículos sobre Héctor Manuel Casique Fernández, inocente torturado en Quintana Roo

Artículo de Carlos Águila Arreola publicado en el periódico la Jornada
Fecha: El 15 de octubre de 2015

Agentes de QR son entrenados para torturar, dice ombudsman

En Quintana Roo se capacita a los policías judiciales para obtener confesiones mediante tortura sin dejar huellas físicas, aseguró Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Informó que en los 12 meses recientes ha intervenido en 10 casos de tortura a detenidos por la procuraduría estatal y la policía municipal de Cancún. El de Héctor Manuel Casique Fernández es el más significativo, tanto, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hará un anuncio el próximo martes en la ciudad de México, comentó.
Casique, ex policía municipal de Cancún, fue acusado en 2013 de siete asesinatos que, sostiene, no cometió. Fue juzgado, liberado y vuelto a detener. Su madre, Yaskade Fernández, asegura que durante 30 horas agentes judiciales le quemaron los testículos, lo violaron, le rompieron las costillas y le deformaron los dedos de un pie; además, perdió un ojo y un oído.
De acuerdo con Harley Sosa, en Quintana Roo se crean chivos expiatorios mediante tortura física y sicológica.
Indicó que en los otros nueve casos no se ha podido acreditar la tortura porque no hubo lesiones físicas, ya que los agentes usaron bolsas para asfixiarlos, entre otros métodos.
Agregó que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para losm Derechos Humanos, en México prevalece el uso de tormentos, pero no hay sanciones.
Recordó que la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura estipula sanciones penales y administrativas, además de la reparación del daño, pero en la entidad no se actúa contra los implicados.
En diciembre presentará un nuevo diagnóstico sobre las nueve cárceles de Quintana Roo, y no descartó emitir al gobierno estatal una recomendación, pues continúa el enorme rezago de expedientes de los internos, lo que aunado a la falta de recursos propicia riñas y motines como los ocurridas en Cancún el fin de semana pasado.
Artículo de Pedro Canche publicado en la revista digital Pedro Canche Noticias
Fecha: El 15 de octubre de 2015

Caso tortura Héctor Casique llega hasta la ONU y recula Harley Sosa

 

En la recomendación 17/2015, el ombudsman de Quintana Roo ,Harley Sosa Guillén aumentó a 43 el número de  judiciales y funcionarios inculpados por tortura contra Héctor Casique Fernández, entre ellos el funcionario del gabinete de Roberto Borge en materia de Seguridad, Arturo Olivares Mendiola ,ex director de la Policía de Cancún. ¿Cómo recibió desde la cárcel Casique este anuncio del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Yaskade Fernández su madre,   responde: “Héctor está muy contento, ya ve una esperanza tangible porque las autoridades por fin reconocen que fue torturado y se abre el camino para su libertad y eso lo pone contento”, declaró al salir del Centro de Readaptación social (CERESO ) de Cancún .

El caso de Héctor Casique ha llegado ya ante el Comité de Tortura de la Organización de las Naciones Unidas que dará su veredicto en las próximas semanas luego de analizar el expediente.  La Sala Constitucional ordenó de inmediato al Procurador General de Justicia en el Estado el 27 de Agosto de 2015 dar cumplimiento a esa resolución S.C.A /P/075/2015 consistente en ordenar al agente investigador para dictar el ejercicio de la acción penal en contra de los 36 inculpados por los delitos de abuso de autoridad y tortura, determinando así también la presunta responsabilidad de los sujetos.

El Doctor José Manuel Ávila Fernández, Magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado¸(TSJ) cuya resolución fue apoyada por el secretario de acuerdos, el licenciado Wiliam Antonio Pacheco Mendoza puso en jaque al gobernador de Quintana Roo debido a la gran cantidad de funcionarios y agentes ministeriales a quienes se le ejercerá acción penal por tortura. El presidente del Tribunal Superior de Justicia fue tomado por sorpresa en un Quintana Roo donde su presidente ordena a jueces y magistrados subordinarse al Poder Ejecutivo.

“Mis respetos para el magistrado José Manuel Ávila Fernández quien tuvo el valor de no seguir la línea y el doctor fue quien empezó a aceitar la maquinaria de justicia a favor de Hector. Ahora Harley Sosa Guillén también aparentemente corta esa línea de impunidad. De hecho ya recibí la noticia que varios judiciales amenazaron al licenciado Sosa” comentó la madre de Héctor visiblemente emocionada. Incluso las autoridades de la CEDHQROO posan ante las cámaras porque saben que hicieron un trabajo del cual se sienten orgullos, añadió la madre de Héctor.

En 2013 Yaskade Fernández interpuso la demanda ante la CEDHQROO, pero en 2014  este organismo solamente impuso una recomendación con sanción administrativa, con lo que la madre e hijo perdieron fe en la Comisión Estatal de Derechos Humanos .Por esta razón cuando en junio de 2015 Harley Sosa Guillén reabre el expediente la madre se enojó con ellos. Esta falta de confianza hacía el gobierno borgista en sus funcionarios de derechos humanos se vio en la ciudad maya de Felipe Carrillo Puerto cuando en la cárcel pública hace apenas un mes los presos corrieron a los integrantes de la CEDHQROO debido a que no han visto apoyo luego de un año de visitas.

-¿Es algún protagonismo de Harley Sosa Guillén?

– Harley es un muchacho joven y le dan línea y sigue línea . Pero en un momento dado imagino que lee el expediente y se da cuenta de la injusticia .Mi hijo y yo queremos creer en la justicia en Quintana Roo y en sus instituciones…yo quiero confiar en Harley Sosa. (Sosa Guillén vivió de niño la tragedia de perder a su padre en un accidente de auto en su natal Campeche ,donde fue consumido en llamas .Su madre ,nunca volvió a casarse).

Ustedes tenían un Protocolo de Estambul desde 2014 y en Junio el tema de la tortura en México había alcanzado niveles de escándalo, pudo haber influido eso en la reapertura de la investigación?

– Pues Harley me envió un mensaje de texto ayer y me dijo ya está circulando la recomendación y entonces lo llamo y le pregunté quien lo tenía. Aún no había asimilado el alcance de esa recomendación .No estoy para restar,no estoy para odiar dijimos con Héctor que todo lo que sea ayuda bienvenido.  ¿Llega tarde esa recomendación? , Si. Un año de tardanza con lágrimas y sufrimientos, nos lo debió ahorrar pero vamos, yo quiero llenarme de buena energía .No es fácil para el titular de Derechos Humanos aventarse la rifa de tigre con 43 personas a quienes recomienda acción legal por tortura.

A las 14 horas de hoy 15 de octubre Yaskade Fernández visitó a Héctor en la cárcel y se fundieron en un largo abrazo. Esta vez no lloraron estaban radiantes de felicidad. Luego visito a las 16 horas al Segundo Visitador , Luis Fernando Medina Garcés. “Esta vez no fui con la espada desenvainada , ahora sentí una paz al hablar con este funcionario “,manifestó. Y dijo que fue asesorada para solicitar una copia sin claves de los inculpados para saber quienes eran esos 7 funcionarios más a quienes la CEDHQROO sumó a los 36 presuntos torturadores.

– Entonces te hizo el día Harley Sosa?

– Cualquiera que lea el expediente se da cuenta de la injusticia que existe. Un miembro de Amnistía Internacional vomitó (literalmente ) al salir de la cárcel luego de entrevistar a Héctor quien le refirió los métodos de tortura aplicados en su contra.

Sin embargo, el malo de la película es el nuevo procurador Carlos Álvarez Escalera quien desde la resolución de la Sala Constitucional Administrativa ha dicho públicamente desconocer el tema. Y a pesar de la recomendación 17/2015 no ha fijado su postura. Por el contrario 3 elementos judiciales se han amparado para evitar ser arrestados. Para Yaskade a quien culpa al anterior procurador Gaspar Armando García Torres de esta impunidad de la Procuraduría General de Justicia contra sus elementos  es ahora solapado por Escalera. Y es que tenía la función de director de averiguaciones previas por lo que no estaba ajeno al tema.

Miembros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) visitarán Quintana Roo para conocer el tema de cerca. La batalla legal por liberar a su hijo de 28 años de edad continúa. Pero en el tema de tortura y derechos humanos han dado un gran paso .Esta noche Yaskade y Héctor se prometieron dormir y soñar con la libertad. La luz al final del túnel a la vista.

México firmó y ratificó La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, principal de los  tratados internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura. Y estos son los castigos  de 3 a 12 años de prisión sin derecho a fianza.

ARTICULO 3. Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. Párrafo reformado DOF 02-07-1992 No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

ARTICULO 4. A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 1 de 5 LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Última Reforma DOF 10-01-1994 Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta. Para los efectos de la determinación de los días multas se estará a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Héctor: un verdadero caso de tortura y violación a los derechos humanos cometido por agentes policiacos del estado de Quintana Roo

Artículo publicado en la revista digital Noticia Agencia 3
Fecha: 12 de octubre 2015

Casique está encarcelado en Chetumal. // Foto: Cortesía Yaskade Fernández
Casique está encarcelado en Chetumal. // Foto: Cortesía Yaskade Fernández

Héctor Manuel Casique Fernández, fue detenido y privado de su libertad en forma injusta y arbitraria con su compañero Maximiliano Ezequiel Millán González, el sábado 16 de marzo como a las tres de la madrugada acusados de ultraje a la autoridad y de ser los responsables del asesinato de seis personas en el Bar La Sirenita en Cancún, hechos de los cuales desde el primer momento se declararon ajenos e inocentes.

Héctor y su compañero Maximiliano, fueron trasladados sin orden de aprehensión a los separos de la Policía Judicial de la zona hotelera de Cancún, donde fueron torturados y golpeados en forma salvaje, lugar en el que uno de los agentes al mando del Capitán Arturo Olivares, quien es el jefe de todos los judiciales adscritos a la Subprocuraduría General de Justicia de ese lugar, violó en forma cobarde a Hector.7

Ahí los cobardes agentes también le taparon la cara a Héctor con un trapo al cual mojaron con chile habanero, lo que le generó graves problemas en el ojo izquierdo por varios días, además que lo golpearon en forma salvaje hasta hacerlo perder el conocimiento.

Casi a las ocho de la noche de ese mismo sábado Héctor, se encontraba desnudo y tirado en el piso por la golpiza llevada, cuando llegó hasta él un agente de nombre Constantino Solana Wady Alfredo, quien le dijo “señor profesor”, para luego comenzar a meterle los dedos y un aparato en el recto, mientras le apuntaba con una pistola en la cabeza y le gritaba que se declarara culpable del multi homicidio, porque si no lo hacia lo mataría, no solo a él sino a toda su familia.

El cobarde agente judicial le aseguró en ese momento de dolor y humillación que eso era lo que le pasaba a los putos que no querían hablar y confesar por la buena, pero que de todos modos saldría culpable de todo lo que le imputaban. 

Cabe hacer mención que Héctor, con amplios conocimientos en Karate, era instructor en defensa personal de la policía judicial del estado en Cancún, por eso conoció perfectamente a todos los que desde el pasado 16 de Marzo, comenzaron a torturarlo y a violar sus derechos humanos en forma flagrante, incluido el agente Constantino Solana Wady Alfredo, así como el jefe de todos ellos Arturo Olivares Mendiola. Quien le partió la cabeza con la cacha de su pistola y que además le saltó en el estómago en varias ocasiones, al grado de que al día de hoy no le funcionan ni los intestinos ni los riñones, entre otros males.

Las lesiones y demás actos de tortura en contra de Héctor, le generaron graves secuelas con pérdida del estado de conciencia, las que pusieron en peligro su vida y causaron lesiones en el tejido nervioso provocado por las fasciculaciones musculares, pérdida del equilibrio y arritmias que hasta el momento no han sanado, cicatrices permanentes y no visibles con incapacidad para los movimientos propios de las partes afectadas hasta la sanación de las mismas, lo cual fue constatado y sostenido por el Perito Médico Legista de la PGJE de Quintana Roo, David Anguiano Camarillo.

El caso fue denunciado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de ese entidad, pero el presidente Harley Sosa Guillén, cometió negligencia y omisión, recomendando “sanción administrativa” en lugar de acción penal, ya que conforme a los derechos humanos consagrados en el artículo octavo constitucional, se negó a tomar en cuenta el certificado médico donde se presentaban las huellas de tortura en contra de Héctor.

Fue hasta el seis de Mayo de ese mismo año, cuando el abogado de Héctor Jorge René Flores García, interpuso la denuncia por tortura y violación por parte de los agentes de esa dependencia de justicia en Chetumal, la cual el mismo procurador remitió a la dirección de Asuntos Jurídicos de la zona norte, por lo que se abrió la averiguación previa PGJE/DP/SGJ/DAJZN/042/2013, el 18 de ese mismo mes.

La declaración de Héctor fue tomada hasta el 25 de Julio de 2013, donde con todo el valor civil denunció los abusos que sufrió por parte de un grupo de torturadores de la policía judicial de ese lugar y fue hasta el siguiente día que se le practicó el dictamen proctológico y de lesiones por parte del médico legista David Anguiano Camarillo.

El 4 y 5 de Noviembre de ese mismo año se le practicó otro examen a Héctor, por parte de los especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde por primera ocasión se implementó el “Protocolo de Estambul”, bajo el número CNDH/2/2013/290/QR, emitido por la segunda Visitaduría General de ese organismo, el cual fue enviado al estado de Quintana Roo, el 12 de Julio para la acreditación de la tortura que sufrió.

En el amparo radicado en el Juzgado Segundo de Distrito bajo el número 591/2013, se da a conocer los abusos y actos de tortura que sufrió Héctor, por lo que lo ampara y protege, ya que el supuesto auto incriminación fue que lo obligaron a base del uso de la fuerza a poner sus huellas y a base de una cobarde e indiscriminada tortura, por lo que se pidió que los judiciales que lo torturaron sean plenamente investigados y sancionados lo que hasta la fecha no ha sido así, porque Héctor está siendo utilizado como chivo expiatorio de un múltiple asesinato que nunca cometió y que el gobierno de Quintana Roo, no ha logrado esclarecer o no ha querido hacerlo por los fuertes intereses que hay de por medio.

Es más, hay tantos intereses ocultos en ese caso que a los abogados de Héctor, en un principio no se les permitía el acceso a la averiguación previa y mucho menos tomaron en cuenta lo gravemente lastimado que lo dejaron y aun así torturado y lastimado fue como lo presentaron, por lo que la juez Silvia verónica Solís Lizama, le dictó auto de formal prisión, sin tomar en cuenta que la tortura es un delito grave, lo que está acreditado por dictámenes médicos.

Aun cuando la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, cuyos artículos son 6,7 y 8, dicen que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las respectivas autoridades investiguen y sancionen en forma pronta y expedita, sin embargo, el caso Héctor llegó a la Sala Constitucional, donde el magistrado Dr. José Manuel Ávila Fernández, ordenó en forma eficiente y apegado a derecho sancionar penalmente a todos los involucrados por tortura y abuso de autoridad, los cuales siguen libres, impunes y gozando de la amplia protección gubernamental de esa entidad.

Y como prueba de ello es que las autoridades encargadas del caso resolvieron en forma aberrante, cínica y descarada no ejercer acción penal en contra de los agresores de Héctor, acción que con fundamento en el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, fue impugnada en tiempo y forma por los abogados de Héctor, demostrándose de esa manera que hay intereses ocultos en ese caso.

La madre de Héctor, Yáskade Fernández, ha venido exigiendo de manera valiente a través de diversos medios de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales, la inmediata libertad de su hijo, ya que se ha demostrado su inocencia con dos amparos ganados y una revisión ante tribunales, por lo que salió libre por esa averiguación previa, la cual por segunda vez y de forma arbitraría y sin orden de aprehensión, lo volvieron a detener el mismo día que obtuvo su libertad y volvieron a juzgar por ese mismo delito y por la misma averiguación previa de la que ya quedó libre, con lo que queda evidente la fabricación de culpable que hicieron con Héctor y donde queda al descubierto una vez más todas las triquiñuelas que hace la procuraduría del Estado de Quintana Roo con ese caso.

El 27 de agosto del año en curso fue cuando la Sala constitucional ordenó al procurador del estado cambiar su resolución y apegarse a la del magistrado y remitirlo al agente investigador para que dicte el ejercicio de acción penal contra los torturadores, así como un castigo ejemplar para todos los responsables.

Ante el giro que sufrió ese caso Gaspar Armando García Torres, renunció de manera inmediata el día que se vencía el termino para ejercer acción penal en contra de los 36 agentes que participaron en la tortura de Héctor, en tanto que el actual administrador de la justicia en ese estado prefirió violar la ley y pasarse por el arco del triunfo la sentencia dictada por el Magistrado.

El desacato en que incurrió el actual procurador de justicia para seguir protegiendo a los judiciales torturadores y al ministerio público involucrado en ese caso, quedó evidenciado una vez más, ya que él siempre supo que hubo violaciones a los derechos humanos de Héctor, pero prefirió velar por los derechos de los criminales, lo que demuestra una palpable complicidad.

El bello y hermoso estado de Quintana Roo, considerado por propios y extraños como un paraíso terrenal, puede ser al mismo tiempo un verdadero infierno para cualquier persona que llegue a caer en manos de los que procuran, imparten y administran la justicia bajo una galopante y descarada corrupción que los hace torcer las leyes a su antojo y pasarse por el arco del triunfo a las instancias superiores.

Un año sin saber qué pasó con los normalistas de Ayotzinapa

Articulo del 26 de septiembre 2015, publicado en Los Ángeles Press.
Por Guadalupe Lizárraga
Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Foto: José Martinez.
Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Foto: José Martinez.
Se cumple un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una herida latente en la historia de México que ha logrado ser altavoz de la grave crisis de Derechos Humanos que vive el país derivada de la situación de pobreza, la inestabilidad social y el narcotráfico. El atroz secuestro, posterior a un ataque retransmitido casi en el momento de los hechos, ha despertado la solidaridad a nivel internacional por la exigencia de la resolución y ha hundido la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. Pero el crimen de Iguala no es tan distinto como el de otro levantón, ejecución o feminicidio de los que se dan a diario en las ciudades mexicanas: está manchado por la impunidad.
Tras un año, dos normalistas han sido identificados por un análisis de ADN obtenido de los restos óseos que encontró la PGR en el basurero de Cocula y el río San Juan. El mismo escenario donde el Grupo de Expertos  de la Comisión Interamericana (CIDH) dijo que era “científicamente imposible” que incineraran a los estudiantes. La Asamblea de Padres de los 43 no confía en el verdadero origen de las muestras y la aparición de un quinto autobús en la hipótesis de la investigación enredan más la resolución: aún no se sabe todo lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre.
 
A las sospechas de la rapidez en la que el gobierno emitió sus conclusiones, se sumó a principios de septiembre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente, elaborado tras seis meses de trabajo. En sus conclusiones, se desmentía la “verdad histórica” ofrecida por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y se criticó la forma en que se han llevaron las investigaciones por parte de las autoridades, así como la falta de seguimiento de algunas pruebas. Algunos padres han denunciado las trabajas que desde el gobierno han interpuesto para el esclarecimiento del caso y la prensa internacional se hizo eco de falta de credibilidad de las autoridades.
 
Y son muchas más dudas aún. Parece que el ejército, según parece presente aquella noche, no hizo nada para evitar que fueran atacados y secuestrados, lo que aviva la sospecha de que de pudo haber intervenido en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, la petición de que el 27 batallón de Infantería con sede en Chilpancingo -así como sus miembros- sean investigados, no ha sido atendida por el gobierno.
 
Por otra parte, no se sabe por qué aquella noche el grupo de jóvenes se encontraba a 250 km de Ayotzinapa. El jefe del cártel Guerreros Unidos (autores de la supuesta masacre), declaró que el director de la escuela normal, José Luis Hernández Rivera, trabajaba a las órdenes de sus rivales, el cártel de Los Rojos, enviándolos a Iguala. El jefe de la banda declaró tras su detención que 17 de los normalistas desaparecidos pertenecían a este grupo delictivo, algo que aunque fuera falso, podría tener relación con las evidencias de la existencia de un quinto autobús que podría haber contenido un cargamento de droga aquella noche.
 
Además de todo esto, aún no se ha iniciado un juicio contra la clase política coludida con el crimen organizado en otros municipios de Guerero, así como tampoco existe una investigación contra el ex gobernador, Ángel Aguirre, ni el ex procurador del estado, Iñaky Blanco. Tampoco se ha investigado el asesinato de Julio César Mondragón, el normalista que fue desollado en los sucesos de Iguala.
 

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Dudas sobre el origen de las pruebas

 
El día 15 de septiembre, la Procuradora Arely Gómez González, presentó en conferencia de prensa nuevos resultados obtenidos por el laboratorio de genética forense de Innsbruck a los que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), tuvo acceso vía la Procuraduría General de la República (PGR) un par de horas antes del anuncio público.
 
Para la Asamblea de Padres de los 43, existen serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas, y la coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del joven Jhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el EAAF como un resultado identificatorio definitivo.
 
¿Por qué la Coincidencia genética con Jhosivani Guerrero de la Cruz, es baja en términos estadísticos?
  • El EAAF considera que el trabajo realizado por el laboratorio de Innsbruck desde el inicio de esta investigación es de alta calidad científica.
  • Sobre las 17 muestras enviadas por PGR y EAAF a dicho laboratorio en noviembre del 2014, Innsbruck intentó inicialmente producir perfiles genéticos de ADN nuclear de cada una de estas muestras ya que, en principio, este ADN es típicamente más poderoso en términos de identificación humana. El laboratorio de Innsbruck no consiguió obtener perfiles genéticos de ADN nuclear de 16 de estas 17 muestras debido al alto grado de deterioro por alteración térmica y fragmentación de las mismas. Sobre la 17° muestra, el laboratorio de Innsbruck obtuvo un perfil completo de ADN nuclear que dio como resultado una coincidencia genética fuerte y clara con la familia del joven Alexander Mora Venancio.
  • Sobre las 16 muestras restantes, el laboratorio de Innsbruck no pudo producir resultados de ADN mitocondrial por métodos tradicionales e intentó hacerlo a través de un método experimental denominado de Secuenciación Masiva Paralela. Con la utilización de este método, Innsbruck pudo obtener resultados sobre el ADN mitocondrial en 9 de estas 16 muestras. De estas 9 muestras, el laboratorio informó que 7 corresponden a ADN mitocondrial que no es de origen específicamente humano y el laboratorio señaló que continuará analizándolos, tratando de identificar su origen.

Jhosivani Guerrero de la Cruz, segundo de los 43 normalistas cuyos restos han sido identificados

Las dos muestras restantes de las que el laboratorio de Innsbruck pudo obtener resultados de ADN mitocondrial, presentaron coincidencias iniciales con familiares maternos (el ADN mitocondrial se hereda por línea materna) de los normalistas Jhosivani Guerrero de la Cruz y nuevamente de Alexander Mora Venancio. Estas dos muestras provienen de la bolsa que según PGR fue recuperada del Rio San Juan, en las afueras de Cocula. No provienen de restos recuperados en el basurero de Cocula.
 
La nueva coincidencia genética, esta vez por vía mitocondrial, entre una muestra ósea recuperada de la bolsa que según PGR proviene del Rio San Juan y los familiares de Alexander Mora Venancio es complementaria y refuerza el dictamen de genética emitido en diciembre del 2014 por el laboratorio de Innsbruck. En esa ocasión, la coincidencia genética se obtuvo por ADN nuclear, con un resultado claro y con alta probabilidad de parentesco biológico. Hasta la fecha, es el resultado más importante de esta identificación.
 
La coincidencia genética por vía mitocondrial hallada por el laboratorio de Innsbruck entre la muestra recuperada de la bolsa que según PGR proviene del Rio San Juan y los familiares de Jhosivani Guerrero de la Cruz, es baja en términos estadísticos (una razón de verosimilitud de 73 indica que la coincidencia es 73 contra 1 más probable si se trata de Jhosivani Guerrero de la Cruz que otro individuo de la población general).
 
Sin embargo, en un contexto de caso cerrado (por ejemplo, un accidente de avión con un listado claro de pasajeros que serían los únicos a encontrar en el sitio de recuperación de restos) y considerando que el laboratorio de Innsbruck estableció que cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos tienen perfiles mitocondriales distintos entre sí, ese resultado podría tener un significado muy importante. No obstante, por el momento, nos encontramos ante un caso abierto, en donde los dos sitios de recuperación de restos (el río San Juan y el Basurero de Cocula) son inciertos y problemáticos por las razones que se describen a continuación:
 

Sobre la bolsa que la PGR recuperó supuestamente en el Río San Juan

Según los testimonios de los inculpados sobre la desaparición de los estudiantes, luego de haber incinerado a los 43 jóvenes en el Basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, habrían colocado parte de sus restos en bolsas de plástico y las habrían arrojado al Río San Juan, Cocula, Guerrero. Tal como señalamos en el comunicado de prensa del 7 de febrero del 2015, el EAAF no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de PGR mencionan haber recuperado el 29 de octubre del 2014 una de estas bolsas del Río San Juan.
 
El EAAF tampoco participó en el hallazgo del fragmento de hueso que PGR indicó haber recuperado dentro de dicha bolsa, fragmento del cual se obtuvo una identificación positiva con los familiares del joven Alexander Mora Venancio por vía de ADN nuclear. El EAAF fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza. La muestra que culminó en la identificación mencionada, se distinguía por su tamaño mayor al resto y especialmente por estar muy poco alterada térmicamente. El EAAF sí participó en la limpieza y análisis de estos restos. Los resultados presentados el día de ayer por la Procuradora provienen de dos muestras recuperadas de esa misma bolsa.
 
El EAAF ha solicitado en diversas oportunidades a la PGR la cadena de custodia de la bolsa de restos, que según indica la PGR les fue entregado por buzos de la Marina, sin que por el momento se nos entregara copia.
 

IMG_6731Sobre el basurero de Cocula

El 7 de febrero del 2015, el EAAF emitió un comunicado de prensa en donde mostraba una fotografía sobre una prótesis parcial o puente superior y otra prótesis parcial o puente inferior (ambas realizadas con el mismo material y con coincidencia en la oclusión o mordida), así como una raíz de diente en hueso de mandíbula que se inserta en la prótesis o puente parcial inferior, confirmando como consistente la relación entre todas las piezas mencionadas.

El EAAF entrevistó a cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, solicitándoles información física, médica y dental de cada uno de ellos. Ninguno de los jóvenes normalistas tiene puentes o prótesis parciales dentarias. Es decir, estas piezas (las prótesis parciales, el diente y el fragmento de mandíbula) confirman la presencia de restos humanos correspondientes al menos a un individuo que no pertenecen a ninguno de los normalistas entre los restos recuperados del Basurero de Cocula. Por lo tanto, estamos ante un caso abierto y no cerrado. Además, se suma a este contexto, el hecho de que existen cerca de 300 denuncias de desapariciones ocurridas en los últimos 4 a 5 años en Iguala. El valor entonces del resultado obtenido sobre la muestra que podría pertenecer al joven Jhosivani Guerrero de la Cruz disminuye significativamente y sólo puede ser considerada como una posibilidad.

Toda esta información coloca esta investigación en el marco de un caso abierto en donde restos de víctimas de distintos episodios de desaparición pueden encontrarse en los mismos lugares de depositación. Existen además serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas. Por lo anteriormente mencionado, la coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del jovenJhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el EAAF como un resultado identificatorio definitivo.