Héctor Casique: ¿camino hacia la libertad?

Artículo publicado el 22 de septiembre 2015 en la revista digital Canche y Kanek – Noticias Mayas

Por Pedro Canché

22-09-2015 Canche y Kanek - foto 0

Por tortura Caso Casique, ordenan acción penal a jefe policiaco de Quintana Roo y 35 judiciales

35 elementos de la policía judicial de Quintana Roo y el capitán Arturo Olivares Mendiola, funcionario del Gobierno del Estado con el cargo de subsecretario de la  Coordinación de las Policías Municipales, deberán enfrentar acción penal por los delitos de tortura y abuso de autoridad en contra de Héctor Casique, según resolvió el Doctor José Manuel Ávila Fernández , Magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) cuya resolución fue apoyada por el secretario de acuerdos, el licenciado Wiliam Antonio Pacheco Mendoza.
Arturo Olivares Mendiola. Fuente: Canche y Yanek
Arturo Olivares Mendiola.
Fuente: Canche y Yanek
La Sala Constitucional ordenó de inmediato  al Procurador General de Justicia en el Estado el 27 de Agosto de 2015 dar cumplimiento a esa resolución S.C.A /P/075/2015 consistente  en ordenar al agente investigador para dictar el ejercicio de la acción penal en contra de los 36 inculpados por los delitos de abuso de autoridad y tortura, determinando así también la presunta responsabilidad de los sujetos.
Es la primera vez en la historia de Quintana Roo que un alto funcionario policiaco se le ordena ser procesado por un alto Tribunal local por los delitos de tortura junto con un grupo numeroso de policías judiciales quienes torturaron a Héctor Casique  Fernández durante su detención el 16 de marzo de 2013, quien ha recibido el apoyo de Cencos, Amnistía Internacional y el Centro de Atención a Víctimas (CEAV)  quien lo tiene en calidad de víctima. Sin embargo aún continúa en prisión inculpado por la muerte de 7 personas en el bar la sirenita ocurrido poco antes de su detención, pese a ser exonerado de esos delitos por un amparo federal. En ese entonces Arturo Mendiola Olivares era director de la Policía Judicial de Quintana Roo.
Mendiola fue después nombrado por Paul Carrillo, alcalde de Cancún, el 30 de Septiembre de 2013, 6 meses después de cometer presuntamente el delito de tortura,  como director de Seguridad Pública en ese polo turístico, cargo que dejó el 30 de Julio de 2015 por invitación del Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo para incorporarse en el gabinete como Subsecretario de la Coordinación de Policías Municipales, de la Secretaría de Seguridad Pública, cargo que ocupa hasta ahora.
La inédita resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le fue notificada al entonces Procurador General de Justicia, Gaspar Armando García Torres, el 27 de Agosto de 2015, quien lejos de atender la resolución optó por renunciar el 14 de septiembre reciente y en su lugar fue nombrado Carlos Arturo Álvarez Escalera, quien tampoco ha acatado la resolución definitiva  de la Sala Constitucional y Administrativa para procesar a los 36 inculpados, todos ellos activos en la Procuraduría de Justicia y en el gabinete de seguridad del gobernador Roberto Borge Angulo en el caso del capitán Arturo Mendiola Olivares.
Gaspar Armando García Torres había desechado la averiguación previa 42/2013 donde Héctor Casique y sus abogados demandaban a los 36 funcionarios por tortura.  Y con el oficio PGJE/3018/2014 resolvió el 19 de marzo el no ejercicio de la acción penal en contra de los acusados, protegiéndolos así de ser procesados. Sin embargo, los abogados del torturado se inconformaron y pusieron su queja en la Sala Constitucional, la cual resolvió finalmente el ejercicio de la acción penal  por los delitos de abuso de autoridad y tortura contra los 36 involucrados, entre mujeres y hombres, según copias certificadas en poder de este reportero.
Héctor Casique, tiene 29 años de edad y está recluido desde el 16 de marzo de 2013. Fue escolta de apoyo en eventos a donde el gobernador Roberto Borge Angulo se presentaba, como en uno donde estuvo el entonces presidente Alvaro Uribe. Era instructor de la Policía Judicial del Estado cuando fue detenido y pensó que era una novatada cuando lo detuvieron y empezaron a torturar para declararse confeso, pues aspiraba a un puesto oificial en la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo.
Héctor Casique,escolta de apoyo de Roberto Borge. En la foto con Alvaro Uribe. Fuente: Canche y Kanek
Héctor Casique,escolta de apoyo de Roberto Borge. En la foto con Alvaro Uribe.
Fuente: Canche y Kanek
Esta es la lista de agentes ministeriales a quienes la Procuraduría General de Justicia debe Procesar de Inmediato:
2 Mujeres: Yahara Martínez Góngora, Monserrat Romero García
34 Hombres: Arturo Olivares Mendiola ,Constantino Solana Wady Alfredo, Manuel de Jesús Borges Ricalde ,  Ernesto Santes Hernández, Jorge Manuel Suaste Echeverría, Alberto Cachón, Luis Miguel Mukul Noh, Gustavo Jesús Vicente Garduño, Jesús Roberto Martinez Góngora, Roberto Santiago Moreno Soto, Josafat Ulises Peraza Díaz, Venancio Cen Hoy, Christian Montenegro Aragón, Aarón Pérez Olguín ,Abel MizraimHuerta Martín, Benjamín Soto Apolinar, Ernesto Santos Hernandez, Jesus Ferral Zamora, José Alejandro Díaz López, Mario Isaías Gongora Reyes, Mario Sánchez Torres, Pablo Huerta Soto, Miguel Flores Herrera, Ricardo Alberto Cachón Salazar, Rafael Ibarra Canché, Víctor Manuel Lara López, Aurelio Suárez  Alvarez, Carlos Enrique Ucán Estrada, Edgar Manuel Pérez ,Gabriel Denis Ayuso, José Orlando Sanguino Lio, Juan Bautista Núñez Loría, Manuel Adumaro Ramírez Rodríguez y César Manuel Morales Guevara.
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Caso Héctor Casique: 30 horas de dolor

Este país se va a la chingada… Desde hace mucho tiempo. Otro caso de culpable fabricado mediante tortura. A pesar de las pruebas de que fue torturado durante 30 horas por los judiciales que lo detuvieron, Héctor Casique sigue preso. Una verdadera vergüenza que desgraciadamente pasa diario en nuestra supuesta “democracia”.

Artículo de Aldo Meza publicado el 27 de marzo del 2015 en el sitio de Noticieros Televisa (!) (en otros casos, complices de fábrica de culpables*)

Héctor Casique

Héctor Casique Fernández, ex policía municipal de Cancún, de 28 años de edad, fue acusado, juzgado, liberado y vuelto a detener por un crimen que, asegura, no cometió

Yaskade Fernández, madre de Héctor Casique Fernández, un ex policía municipal de Cancún,  de 28 años de edad, que fue acusado, juzgado, liberado y vuelto a detener por un crimen que, asegura, no cometió.

La Procuraduría de Justicia de Quintana Roo lo responsabiliza del asesinato de siete personas.

Héctor Casique Fernández, comentó: “Mal, mal, la realidad es horrible, a veces uno quisiera pasársela, a lo mejor durmiendo y no saber de nada”.

El caso comenzó el 16 de marzo de 2013 en Cancún.

Al salir de un bar, Héctor fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía Turística.

Ana Cortés, abogada de Héctor Casique, explicó: “Les dicen es que están detenidos por ultrajes a la autoridad, los voy a remitir a la agencia de zona hotelera para que allá el MP decida si los va a caucionar o los va a consignar”.

En su declaración ministerial Héctor dijo haber sido  sometido a violencia extrema tras su detención,  tal y como fue  certificado en una primera valoración.

Héctor Casique Fernández, dijo: “Lo más doloroso fue la asfixia, porque fueron horas enteras de estar embolsado, era para que yo me declarara culpable de unos homicidios, no sé yo de qué, de quiénes”.

Yaskade Fernández, mamá de Héctor Casique, dijo: “Y su tortura de él comienza a medio día y fueron 30 horas de tortura, actualmente perdió un ojo, perdió un oído, le quemaron los testículos, lo violaron, le rompieron las costillas, le deformaron los dedos del pie”.

Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional  México, dijo: “Como tenemos técnicas de investigación que no funcionan, tenemos un Ministerio Público que no es profesional, tenemos un MP que no puede hacer pruebas científicas, pues a lo que se recurre entonces es a la tortura para obtener confesiones judiciales”.

Héctor identifica a sus agresores como antiguos compañeros de la Policía Judicial, a quienes había entrenado en artes de defensa personal, contratado por la Procuraduría de Justicia Estatal.

Ana Cortés, abogada de Héctor Casique, comentó: “Todo fue subiendo de nivel porque querían que él se confesara, auto incriminara, que había sido el que había mandado matar a siete personas y él decía que no”.

Para la ONU, los actos crueles, cuando se dan, suceden tras la detención de los presuntos responsables. 

Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre tortura, comentó: “En las primeras horas tratar de obtener rápidamente, o confesiones, o declaraciones contra otras personas, o identificación de lugares donde supuestamente hay elementos del delito”.

Un día después de su detención, el 17 de marzo de 2013, Héctor Casique fue presentado ante los medios de comunicación como homicida confeso de siete personas.

La procuraduría tomó como válida la declaración firmada sólo con sus huellas digitales.

Yaskade Fernández, mamá de Héctor Casique, dijo: “Las averiguaciones cinco veces hicieron que mi hijo firmara y dijeron esta no y la rompían, esta no y la rompían”.

Ana Aguilar del Instituto de Justicia Procesal Penal, dijo: “Existe la presunción de inocencia como regla de trato, es decir, tú, yo, los demás actores en el sistema están obligados a tratar a la persona como inocente hasta que no se dicte una sentencia condenatoria”.

En julio de 2013, cuatro meses después de su detención, la familia de Héctor logró que se le practicara un examen médico para obtener pruebas de la violencia física y psicológica que sufrió, que dicen, lo llevaron a auto inculparse.

Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre tortura, señaló: “Se ha convertido en el método eficiente, supuestamente eficiente de resolver delitos, de producir resultados contra la inseguridad y contra el crimen”.

La CNDH también acreditó, mediante el protocolo de Estambul, el daño médico y psicológico sufrido por Casique.

La Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, no respondió una solicitud de entrevista para fijar su postura sobre este caso. 

Yaskade Fernández, mamá de Héctor Casique, dijo: “Porque la misma ley dice que no se puede tomar en cuenta una declaración cuando fue a base de tortura y que nosotros demostramos que Héctor fue torturado”.

En su batalla judicial, Héctor vio una luz. 

Tras la defensa iniciada por parte de su madre y abogada, el juzgado segundo de distrito le otorgó el auto de libertad  por falta de elementos para procesar por el delito  de homicidio de siete personas. 

Héctor Casique Fernández, comentó: “Salí libre por falta de pruebas, porque no se encontraba nada que me culpara de lo que se me imputa”.

Ana Cortés, abogada de Héctor Casique, agregó: “Pero a las afueras ya lo estaban esperando por una nueva orden de aprehensión”.

La Procuraduría argumentó, en esa ocasión, nuevas imputaciones de otros supuestos testigos del asesinato de siete personas en marzo de 2013.

Por lo que sigue preso en Cancún. 

Sin embargo, a dos años de su detención Héctor Casique fue declarado víctima por los tratos crueles recibidos.

Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, comentó: “¿Podríamos decir que el estado mexicano reconoce entonces que Héctor Casique fue víctima? sí, una instancia formal del estado mexicano ya le dio el carácter de víctima que es comisión ejecutiva de atención a víctimas. Fue víctima del estado, fue víctima de las autoridades estatales que lo han torturado”.

A dos años de su detención, Héctor padece de lesiones incurables.

Yaskade Fernández, mamá de Héctor, agregó: “No hay un instante que yo me quite a mi hijo de la cabeza, no hay un instante, hay días en los que no quiero ni amanecer, pero el pensar que él me necesita es lo que me motiva y me hace levantarme”.

* Israel Vallarta sigue preso después de más de 10 años en la cárcel gracias a la inestimable participación de Televisa en el montaje mediático orquestado por la AFI el 9 de diciembre. Sabemos que vale su canal. Nonobstante, gracias al periodista Aldo Meza por haber cubrido el caso de Héctor Casique. Ojala le den seguimiento.

La tortura tiene nombre propio: Brenda Quevedo Cruz a nombre de Isabel Miranda de Wallace

Fuente: El Toque

El 16 de mayo, 2014
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Brenda Quevedo Cruz torturada a nombre de Isabel Miranda de Wallace

Brenda Quevedo Cruz es una de las presuntas implicadas en el secuestro y desaparición de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista ciudadana y presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Ella lleva 8 años presa sin recibir sentencia aún y actualmente se encuentra en un penal de máxima seguridad en el Estado de Nayarit. En dos ocasiones fue torturada para que firmara una confesión de culpabilidad y a pesar de todo rehusó hacerlo.

 

Fue torturada por primera vez en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Santiaguito de Almoloya en el Estado de México la noche del 27 de noviembre de 2009 a las 19 horas cuando una custodia llevó a Brenda a una sala de audiencia. Al llegar a dicha sala, ella refiere “que al abrir la puerta vió a tres hombres volteados hacia la ventana. Recibieron una orden, se pusieron el pasamontaña y fueron hacia ella”, cuenta Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz al Toque de RNW,  y añade que por más que Brenda le pidió a la custodia que la llevaba del brazo que no la dejara sola, ésta hizo caso omiso.

Una vez dentro, continúa Cruz Gómez, los hombres le preguntaron si ella sabía de parte de quién venían ante lo cual Brenda respondió que de parte de la señora Isabel Miranda de Wallace. Inmediatamente la empezaron a insultar, a patearle el estómago; después le pusieron una bolsa en la cabeza y la comenzaron a asfixiar.

Le advirtieron que no intentara gritar porque todos estaban de acuerdo, desde el director del penal hasta los vigilantes, por lo que nadie la escucharía.

“Le jalaban los cabellos, le ponían cerca una grabadora y le decían que estaban ya cansados de sus tonterías y si le quitaban la mano de la boca y decía una estupidez le iba ir peor. Ella empezó a llorar y ellos volvieron a pegarle, a taparle la boca y le gritaban que no se hiciera la valiente ya que le iba ir peor y que se iban a quedar toda la noche”, narra Enriqueta Cruz.

Asimismo los hombres la amenazaron con que iban a sacarla del penal y luego empezaron a tocar sus partes genitales y los pechos con brusquedad. Después le mostraron una jeringa con un líquido rojo y le afirmaron que era sangre infectada con VIH y si no les decía que ella era responsable del secuestro al igual que los demás implicados se la iban inyectar cada mes hasta que firmara la confesión de que ella era responsable del secuestro, cuenta la madre de Brenda Quevedo Cruz, y añade que esta táctica transcurrió a lo largo de hora y media hasta que los vigilantes del penal tocaron a la puerta.

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La segunda ocasión en la que Brenda Quevedo Cruz fue torturada fue el 13 de octubre de 2010 al mediodía en las Islas Marías. Entre cinco y seis hombres fueron al lugar donde se encontraba incomunicada, una casa a medio construir. La tortura, asegura Cruz Gómez “fue tremenda, independientemente de los golpes, el agua en la nariz, de las bolsas de asfixia, fue una violación”, y añade que Brenda asegura que ella sentía que algo le metían en la vagina mientras estaba esposada.

Los hombres le decían que si ella no firmaba iban a ir contra su familia, contra su madre y también contra su hermano, que sabían dónde encontrarlo. Al cabo de un tiempo los hombres se retiraron, pero antes de irse uno de ellos le dijo a Brenda que repitiera la razón por la que ella estaba ahí, ella respondió que era por el secuestro de Hugo Alberto Wallace y el hombre respondió: “¡No, para ti es el señor Hugo Alberto Wallace!” acompañando sus palabras de un fuerte golpe en la cara de Brenda.

En el momento en que los hombres se retiraban, uno regresó y le dió otra cachetada, cuenta la señora Enriqueta Cruz, y añade que Brenda decía “que sentía que le había volado el oído, se quedó sorda por un buen tiempo”, e insiste que la tortura fue muy fuerte.

“Por todo lo que le hicieron; el ahogamiento, los toques eléctricos, la bolsa, la amenaza y la violación. De todo esto, obviamente si quedó muy afectada mi hija, eran ya dos torturas”, explica la madre de Brenda.

Brenda fue traslada a las Islas Marías a pesar de que aún no tiene sentencia. Para Enriqueta Cruz y su familia fue como si hubiera sido secuestrada y asegura que transcurrieron más de cuarenta horas antes de que les dijeran a dónde se la habían llevado. Un comandante de enlace reconoció que él había sido el responsable y que se la habían llevado al aeropuerto. La madre de Brenda señala que ni el juez, ni el abogado ni los familiares supieron por qué se la habían llevado. “Cuando hice la denuncia, lo primero que el juez solicitó fue un informe de por qué sacaron a Brenda [de Santiaguito] sin notificación previa” cuenta Cruz Gómez y añade que después de unas diligencias los responsables justificaron que se la habían llevado por cuestión de seguridad, por su perfil y por los cargos que tenía.

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Enriqueta Cruz Gómez denunció hace un año al ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Dr. Raúl Plascencia Villanueva ante el actual Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por omisión ante el caso de tortura de su hija. Ella cuenta que cuando Brenda ya había sido reubicada en el penal de máxima seguridad en la ciudad de Tepic en el Estado de Nayarit, después de lo ocurrido en las Islas Marías, empezaron a castigarla sin ningún motivo por lo que la señora Cruz Gómez empezó  a enviar nuevamente solicitudes y quejas a la CNDH. Brenda fue trasladada entonces a un cuarto de castigo llamado “El Apando”, un área muy pequeña de dos por tres metros que tiene un foco, una cámara, el WC y la regadera.

“La veían todo el día como un animal, no la sacaban para nada, allí le llevaban la comida”, señala la madre de Brenda Quevedo Cruz, y añade que estuvo allí dos meses. 

“En una conversación mantenida entre Brenda y la psicóloga que la valoró en las Islas Marías, descubrieron que la CNDH había mentido en un escrito fechado en septiembre de 2011, en el que les informaban que los resultados de la investigación en Islas Marías indicaban que no había ocurrido nada.” Al escuchar esto la psicóloga dijo que eso no era posible, puesto que ella hizo la valoración bajo los criterios del protocolo de Estambul en julio de 2011 y había salido positiva. “La CNDH ocultó esa información y permitieron que se llevaran a Brenda a “El Apando”, el cuarto de castigo”, dice Enriqueta Cruz, y añade que cuando estuvo allí, le vino una crisis nerviosa a su hija porque pensaba que la iban a volver a torturar, por eso demandamos al Dr. Plascencia Villanueva”.

Enriqueta Cruz no puede decir con certeza por qué actuó de esa manera la CNDH, pero sospecha que fue porque ella se enteró a través de la prensa de que Isabel Miranda de Wallace había promovido al Dr. Raúl Plascencia Villanueva para que lo nombraran ombudsman, y además “hemos pensado y se ve muy claro que todo lo que hicieron en 2010 y 2011 fue porque estaba por entregar el Dr. Plascencia Villanueva el premio de Derechos Humanos a la señora Wallace”, señala Enriqueta Cruz.

Ante el hecho de que el caso de Brenda saliera positivo en el protocolo de Estambul, Enriqueta Cruz asegura que el Estado mexicano no ha resarcido el daño que esto ocasionó a su hija. Únicamente a principios de febrero del año pasado le atendió un psiquiatra debido a que se sentía muy mal y sufría de insomnio y taquicardia por lo que la medicaron. La CNDH por su parte la visitó en tres ocasiones después de la demanda.

En cuanto al estado físico, psíquico y emocional actual de Brenda Quevedo Cruz, asegura Enriqueta que “está saliendo poco a poco” y añade que apenas la integraron en terapia con una psicóloga, pero en realidad está muy sola y se está apoyando en la Biblia. Además, comenta que “le quitaron todos los medicamentos y eso le afectó mucho porque le estaban dando altas dosis, en realidad no le están dando una buena atención médica”.

El infierno de la justicia mexicana

La tortura se ha vuelto una práctica sistemática por parte de las autoridades mexicanas a partir de que el ex presidente Felipe Calderón emprendiera su lucha contra el crimen organizado en 2006. Desde entonces, los presuntos culpables han enfrentado maltrato, abusos y vejaciones a mano de la policía y de las fuerzas de seguridad con el objetivo de obtener información sobre el crimen organizado u obligarlos a confesar su supuesta culpabilidad. Según Human Right Watch, esto ocurre generalmente entre el periodo que transcurre “arbitrariamente la detención” de las víctimas hasta que son presentadas ante el ministerio público. En ese lapso de tiempo las víctimas son mantenidas incomunicadas.

De acuerdo con el informe de 2011 de Amnistía Internacional  “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: Tortura y maltrato en México”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió tan solo en ese mismo año 1.669 denuncias de torturas y malos tratos, sumando un total de 4.841 desde el 2007. Sin embargo, el informe señala que si bien la información ofrecida por la CNDH  “es la más exhaustiva que se dispone”, pero subraya que sigue estando muy lejos de representar la verdadera cifra de denuncias de tortura de todo el país. Esto se debe, según indica dicho informe, que la CNDH únicamente interviene cuando hay funcionarios federales implicados en los abusos, por lo que los datos de dicho organismo “no incluyen necesariamente las denuncias de torturas y malos tratos cometidas por funcionarios estatales o municipales (salvo si hay también funcionarios federales presuntamente implicados)”.

Algunas de las tácticas de tortura que son utilizadas por los miembros de todas las fuerzas de seguridad, según Human Right Watch y que documenta en su informe de noviembre de 2011 “Ni Seguridad, ni derechos”, en general incluyen golpizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, tortura sexual y amenaza de muerte. Durante el primer año del gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto, la CNDH— indicó a través de su ombudsman el Dr. Raúl Plasencia Villanueva— que se recibieron 1.506 quejas por tortura y tratos crueles, cifra que representa el 30% menos respecto al 2012, último año del gobierno del presidente Felipe Calderón, cuando sumaron un total de 2.113.

Invitación especial: Amnistía Internacional presentará nuevo informe sobre prevalencia de tortura en México


La tortura es de una las prácticas más atroces que la humanidad ha conocido. A pesar del paso de los años, en México este fenómeno no ha quedado superado. Sin embargo, poco se habla de tortura y mucho menos de sus responsables.

Es por esto que en Amnistía Internacional hemos producido un informe  titulado Culpables conocidos, Víctimas ignoradas: Tortura y malos tratos en México que documenta la situación de esta grave violación a los derechos humanos nuestro país y por este medio te invito a que nos acompañes a su presentación.

Esta presentación se llevará a cabo el jueves 11 de octubre y tendrá lugar a las 11 horas en el auditorio del museo Franz Mayer ubicado en Hidalgo número 45, en el centro histórico.

Este informe documenta casos de tortura en el contexto de las actuales operaciones de mantenimiento de seguridad, así como casos de complicidad de funcionarios públicos y crimen organizado en actos de tortura. Se documentan también casos de violencia sexual y de aplicación de tortura y otros tratos crueles a manifestantes.

Durante la presentación nos acompañarán también la reconocida periodista Anabel Hernández, y Jacobo Dayán, director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia.

Te envió un cordial saludo informe y también un agradecimiento especial por todo tu apoyo sin el cual no podríamos realizar este tipo de acciones en protección de derechos humanos de todas las personas.
Para confirmar tu asistencia al informe puedes hacer clic en la siguiente liga: http://amnistia.org.mx/informetortura/

Alberto Herrera Aragón
Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México

info@amnistia.org.mx