Ministro Zaldívar: la Corte fue presionada para que Cassez no fuera liberada en 2012

Artículo publicado en la revista digital Efe.

Fecha: 13 de noviembre 2015

Ahora “es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez”, afirma el ministro Arturo Zaldívar.

Comentario: “Impensable”: claro está. Sin embargo, las autoridades estateles y federales siguen mintiendo abiertament, torturando, amenazando, fabricando culpables…

Zaldivar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJN) recibió “muchas presiones” del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) para que no liberara a la francesa Florence Cassez, admitió hoy el ministro Arturo Zaldívar en una entrevista con Efe.

Zaldívar, quien llegó al Supremo en diciembre de 2009 a propuesta de Calderón, redactó el polémico proyecto de resolución que allanó el camino para la excarcelación de la joven debido a irregularidades en su proceso, como la recreación del arresto ante las cámaras de televisión y el retraso de la asistencia consular.

Hubo muchas presiones, muchas, muchas presiones, sin duda“, de la anterior Administración, reconoce Zaldívar sobre aquellos días de marzo de 2012, cuando su propuesta de sentencia no fue aprobada por la Primera Sala, integrada por cinco ministros.

Aunque los magistrados José Ramón Cossío, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo Rebolledo votaron en contra de la libertad inmediata de Cassez, hubo consenso en que se registraron graves violaciones en el proceso y se pidió a la ministra Olga Sánchez Cordero que redactara una nueva propuesta.

Dos días antes, Calderón pidió justicia para las víctimas de delitos y que “la interpretación de la ley no sea una rendija” para la impunidad, lo que llevó al entonces presidente del alto tribunal, Juan Silva Meza, respeto a “la división de poderes”.

El caso enturbió la relación con Francia después de que Cassez fuera condenada en 2010 a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. El entonces presidente galo, Nicolas Sarkozy, dijo que la joven era víctima del sistema judicial mexicano, mientras Calderón la acusó de ser parte de una “peligrosísima banda de delincuentes”.

El fallo a favor de la liberación de Florence Cassez “supuso un antes y un después en la historia del debido proceso en México”

El 23 de enero de 2013, en el segundo mes del mandato de Enrique Peña Nieto, “el proyecto que se aprueba es exactamente el que yo presento, porque (…) la ministra Sánchez Cordero (lo) retoma”, recuerda Zaldívar.

Así, la liberación de la francesa es aprobada con los votos de Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez, que apenas “iba llegando a la Corte”, en un fallo que, dijo, supuso “un cambio de paradigma, un antes y un después en la historia del debido proceso en México”.

Cuando se debatió ese asunto, recuerda, todos decían que el debido proceso era un tecnicismo, pero hoy “todo el mundo entiende que el debido proceso es un derecho humano” y las autoridades tratan de cuidarlo.

Ahora “es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez”, asegura el ministro, quien reconoce que dicha resolución “fue radicalmente o dramáticamente impopular”.

Y es que el fallo, en el que el alto tribunal no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de la joven, desató una avalancha de críticas de las víctimas de criminales.

A la distancia “estoy convencido de que hice lo correcto” y de que la Corte tomó la “mejor decisión posible porque, más allá de la persona en particular, el mensaje que mandó (…) es que hay prácticas que en un Estado democrático no pueden ser permitidas” y que “el combate a la delincuencia organizada tiene que pasar por los derechos humanos”.

El ministro reconoce que todavía hay “muchas violaciones a los derechos humanos”, pero al menos “las autoridades son conscientes de que tienen que respetar los derechos” y “cuidar el debido proceso”.

“Hubo un cambio de mentalidad” en materia de “presunción de inocencia, de protección consular, de prueba ilícita, de manejo de medios de comunicación en detenciones, ya no hablemos de montajes”, asegura.

A las señalamientos de que Cassez fue liberada por tratarse de una extranjera responde, categórico, que “es absolutamente falso” y destaca que la mayoría de las personas amparadas por el Supremo tras sufrir procesos injustos no solo “son mexicanos de las clases económicas más desprotegidas”, sino además de minorías étnicas.

Están los casos de los indígenas de Acteal, los luchadores sociales de Atenco… y sigue la lista de personas humildes a las que se le han “fabricado homicidios con testigos falsos”, señala Zaldívar, quien añade que esas opiniones “infundadas” solo intentaban engañar.

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Libertad para Alfonso Martín del Campo

Artículo de Jesús Aranda publicado el 18 de marzo de 2015 en la Jornada.

Alfonso Martin del Campo libre

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de Martín del Campo Dodd sentenciado a 50 años de prisión por el asesinato de su hermana y su cuñado, ocurrido en 1992.

Con el voto en contra del ministro Jorge Pardo Rebolledo, la sala concedió un amparo liso y llano a su favor y ordenó su inmediata libertad.

La mayoría integrada por Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideraron que el acusado fue torturado y que la única prueba en su contra fue la confesión arrancada por este medio, lo cual fue violatorio de sus derechos humanos.

En las próximas horas se espera que salga de la prisión en la que se encuentra, ubicada en el estado de Hidalgo.

Como de costumbre, Isabel Miranda de Wallace inició una campaña mediática en contra de la libertad de Alfonso Martin del Campo, intentando presionar a la SCJN y a la CIDH.
Como de costumbre, Isabel Miranda de Wallace inició una campaña mediática en contra de la libertad de Alfonso Martin del Campo, intentando presionar a la SCJN y a la CIDH. Fuente: Foro TV.

A Florence Cassez “le destruyeron su vida”: abogado en CNN

Artículo publicado el 2 de febrero de 2015 en el sitio Aristegui Noticias.

“La inculparon como si ella hubiera sido un ogro, realmente ella es inocente, se siente agraviada y por eso está reclamando… si ella fuera culpable o hubiera lo más mínimo de duda, no estuviera reclamando”, comentó José Patiño.

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La ciudadana francesa, Florence Cassez es víctima del sistema mexicano, pero no del sistema de justicia en general, sino que fue víctima de una serie de personas que se reunieron para crearle un problema y ese daño moral que le han causado, desde que ingresó a la penitenciaria hasta actualmente donde vive ella en Francia. “A ella le destruyeron su vida”, señaló José Patiño Hurtado, abogado de Cassez.

En entrevista para Aristegui CNN, reconoció que todo el mundo duda de su defendida; “ella es una persona que siempre fue inocente, prueba de ello es que estas personas le escenificaron algo fuera de la realidad -como dice el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar -, y la inculparon como si ella hubiera sido un ogro, realmente ella es inocente, se siente agraviada y por eso está reclamando, porque si ella fuera culpable o hubiera lo más mínimo de duda, no estuviera reclamando”.

A través de su abogado, Cassez interpuso una demanda en México, contra el ex presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, por daño moral. La demanda también incluye a varios de funcionarios del anterior sexenio, e incluso contra el conductor de noticias de Televisa, Carlos Loret de Mola, quien transmitió en 2005 el montaje que resultó la detención de la francesa. Sin embargo, un juez federal rechazó la demanda.

Patiño aseveró que “Felipe Calderón envía a su secretario particular, eso lo leí en todas las notas, por eso lo tenemos documentado con todas las notas periodísticas, envía a Roberto Gil para que gestione e impida que los ministros la liberen, es una presión política, invadiendo un poder distinto al que el tenía, violando cualquier norma y teniendo un interés personal. Porque solamente una persona que tiene interés personal envía a su secretario particular a gestionar a que no le den un amparo, cuando realmente ya no es papel de él”.

Lo hizo “invocando que se le iba a caer el plan, que se iba a caer el secretario de Seguridad Pública, si el secretario y todos los demás están escenificando algo, el señor tenía el deber de actuar e impedir que se llevaran más anomalías en el proceso, está incurriendo en una situación anómala y por eso es su responsabilidad”, acusó Patiño.

Sobre la participación de Televisa, el abogado indicó que también tiene una responsabilidad,  “porque sabían el daño que le iban a ocasionar, al haber escenificado algo fuera de la realidad, ellos conocían el daño que iban a ocasionar, no fue delito culposo, usaron toda la fuerza del Estado para hacerle creer a la población, tanto de México como del mundo, que estaban combatiendo la delincuencia. Cuando fue una escenificación de algo que no fue cierto”.

Recordó que “también estamos demandando a la Procuraduría General de la República (PGR), por eso es una demanda de Estado, no es una demanda únicamente contra los particulares, aquí estamos demandando a la PGR, a quien era el titular Daniel Cabeza de Vaca, a los funcionarios Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Israel Zaragoza Rico, Facundo Rosas, a Roberto Gil Zuarth, y al propio ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, también a Carlos Loret de Mola y a un periodista que se llama Pablo Reinah”.

Patiño explicó que ante la demanda, “el juzgado se declara incompetente. La denuncia la presentamos el 23 de enero, tenemos tres días para impugnarlo y lo vamos a impugnar, estamos analizando los argumentos que son muy sencillos porque tiene responsabilidad, el juez tiene la jurisdicción y la capacidad de resolver este asunto”.

Buscamos “que se le repare el daño en las peticiones que estamos solicitando, de acuerdo a las capacidades económicas de los que están involucrados en haberle hecho el daño”, enfatizó.

Florence Cassez presenta denuncia por su detención ilegal en México

Artículo publicado en Proceso

El 2 de octubre de 2014

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A 22 meses de su liberación, luego de permanecer siete años en prisión acusada de secuestro, Florence Cassez decidió que ya era hora de saldar cuentas con los protagonistas del infierno que vivió en México y presentó una denuncia en los tribunales franceses por su detención ilegal.

Según las agencias internaciones que recogieron el hecho, la querella fue promovida el pasado 30 de septiembre ante la Fiscalía parisina; en ella no responsabiliza a ninguna persona en particular, pero busca que la justicia identifique y condene a los autores de su arresto, el 8 de diciembre de 2005. En el juicio que enfrentó dichas personas están claramente identificadas. Se trata del exsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, y su brazo derecho, el exsubsecretario Luis Cárdenas Palomino.

Incluso, la propia Corte dejó en claro que su arresto fue un montaje para Televisa, particularmente para su conductor estrella Carlos Loret de Mola.

Luego de permanecer siete años en prisión, Cassez apeló la sentencia y el 23 de enero de 2013 la SCJN la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa por tres votos contra dos.

El argumento central fue que el montaje televisivo de su detención “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión” ante la justicia mexicana.

Ninguno de los cinco ministros se manifestó o debatió sobre la inocencia o culpabilidad de Florence. Sólo fijaron su postura sobre si se violaron sus derechos humanos y si debía dejársele en libertad o dictarle una nueva sentencia.

Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero votaron en favor de conceder el amparo “liso y llano”, al considerar que la vulneración a los derechos humanos de la quejosa fueron “tan graves que generaron un efecto corruptor en todo el proceso”. En contra votaron José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo.

Florence Marie Louise Cassez Crepin llegó a México en 2003 y fue detenida el 8 de diciembre de 2005, acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.

Un día después, la Policía mexicana simuló su captura en directo, en una actuación emitida por Televisa, que quedó al descubierto en febrero de 2006.

La mujer fue condenada a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. En marzo de 2012 la SCJN rechazó anular la sentencia, pero admitió que hubo violaciones graves en el proceso, por lo que el caso volvió a ser examinado en el alto tribunal y terminó con su liberación más de un año después.

Durante su administración, el expresidente francés Nicolas Sarkozy presionó al gobierno mexicano, que encabezaba el panista Felipe Calderón, para que Florence Cassez cumpliera su pena en territorio galo, en el marco del Convenio de carácter voluntario sobre Traslado de Personas Condenadas adoptado en Estrasburgo (Francia).

Dicha presión derivó en un conflicto diplomático entre ambas naciones en 2011, cuando México suspendió su participación en las celebraciones del Año de México en Francia, después de que Sarkozy las dedicara a Cassez y estipulara que en cada acto se mencionaría el asunto.

La “reconciliación” entre ambos países se materializó en abril pasado, en un viaje a México del actual presidente, François Hollande, en la que este afirmó, junto al mexicano Enrique Peña Nieto, la voluntad de abrir una “nueva página” a través de una “cooperación excepcional” en una amplia gama de sectores.

El resurgimiento de Florence Cassez

Artículo publicado en SDP Noticias

Por Manuel Alejandro Vázquez Flores

El 3 de octubre de 2014

El 9 de diciembre de 2005, Florence Cassez fue presentada a los medios de comunicación y a la opinión pública como una “secuestradora”.

Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de lo que la ley le exige incurre en una grave violación al “Debido Proceso”, lo que quiere decir que incumple flagrantemente con el mandato de la ley.

El día de ayer nos desayunamos con la noticia de que la ciudadana de origen francés Florence Cassez, conocida por el denominado “juicio del siglo” como bien lo intituló el Dr. Luis de la Barreda, tras un encarcelamiento que compurgó durante siete largos años en México y, que culminara después de una oleada de múltiples acontecimientos y cuestiones mediáticas tanto a favor como en contra, en su libertad absoluta en enero de 2013, reapareció el día de ayer tras interponer una denuncia formal en París por “detención y encarcelamiento ilegales”.

Florence “pide ahora a la justicia francesa que identifique y condene a los autores del encarcelamiento ilegal del que fue víctima durante siete años”, y no debemos omitir en ningún momento que el único culpable conforme a derecho de la violación de los derechos constitucionales de Cassez en su momento, es el desaparecido ex Secretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, personaje polémico del sexenio calderonista que se le caracterizó además de los montajes, por los presuntos vínculos con la delincuencia organizada, como también se encuentra documentado y sustentado por medio del semanario Proceso, pero que para que pueda estarse en posibilidad de prosperar tal acción legal que ya realiza la ciudadana francesa, bien debe acudir ante la justicia mexicana, es decir, regresar a nuestro país, ahora revertiendo la situación, tal y como esa “ley del boomerang” como denunciante, e insisto, en contra del ex funcionario, que se encuentra hasta este momento sin saberse nada sobre su paradero oficial.

Retomando un poco el análisis de este controvertido caso, Francia, en su momento recurrió a la Convención Sobre Traslado de Personas Condenadas firmada en Estrasburgo en 1983 de la cual México también es parte y que tiene por objeto “que los extranjeros privados de su libertad como consecuencia de una infracción penal tengan la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen”, y en consecuencia, fue solicitado el traslado de Florence Cassez a Francia, insisto, tomando como base legal la presente convención, para cumplir su sentencia en dicho país; sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón se negó a tal acción, por todas las presiones que existían en ese momento, así como también para encubrir a García Luna, violando flagrantemente los términos de esta Convención Internacional, que dicho sea de paso, es de rango y observancia constitucional, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eleva como derecho fundamental la garantía o derecho humano de “debido proceso legal”; es decir, ser sometido a juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

El 9 de diciembre de 2005, Florence Cassez fue presentada a los medios de comunicación y a la opinión pública como una “secuestradora”; desde entonces, incluso antes de ser procesada, Cassez quedó estigmatizada. En febrero de 2006, las autoridades tuvieron que reconocer que las imágenes televisadas “no correspondían ni a la realidad ni a un rescate en vivo”.

En el caso Cassez, el propio montaje ocurrido, en efecto, fue una violación al “Debido Proceso”, los artículos 14 (formalidades esenciales del procedimiento) y 16 párrafo cuarto, dentro de los requisitos formales de legalidad que exigen los dispositivos constitucionales de nuestra Carta Magna fueron a todas luces quebrantados en perjuicio tanto de la francesa como de Israel Vallarta, dos de sus hermanos y tres sobrinos de este último, quienes siguen recluidos ilegalmente y aún sin sentencia.

El presente asunto, dejó de ser un caso de secuestro para convertirse en una controversia a todas luces política, donde las autoridades no podían desprestigiarse más a sí mismas, toda la atención que habían volcado en Cassez era ahora su mayor enemiga.

Tras siete años se cerró un caso, mismo que se solucionó “al estilo mexicano”; es decir, se resuelve en menos de un mes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decidirse reabrir el caso en amparo en revisión, donde la controvertida Florence Cassez es puesta en absoluta libertad, y la autoridad reconoce simplemente su equivocación y dejan salir libre a alguien, que regresa a su país de origen, previa estancia ilegal en los Penales tanto de Santa Martha Acatitla y Tepepan en el Distrito Federal, y que ahora regresa “a escena” para pedir castigo a los culpables de su ilegal encierro. ¿Ahora hasta a dónde llegará todo esto?

La CNDH juega a la política

Fuente: Milenio
Por Carlos Puig @puigcarlos
El 30 de marzo 2013
Hace más o menos un año, a raíz de la primera discusión sobre el caso Florence Cassez en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invité al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, a En 15.
Lo invité porque me costaba entender que en esos días, Plascencia había hecho la ronda con doña Isabel Miranda de Wallace, alegando que cualquier cosa que no fuera la reiteración de la condena a Cassez sería un atentado a los derechos humanos de las víctimas. Fue una conversación agitada porque en la mente de Plascencia y en sus argumentos públicos no había duda alguna sobre la culpabilidad de Cassez y la necesidad —más allá de argumento alguno— de que purgara una condena. La comisión había tenido frente a ella, tal vez primero que nadie, la prueba de que algo muy raro había sucedido en aquella detención y puesta a disposición. Pablo Reinah, uno de los reporteros que había sido parte de la escenificación y después había sido corrido de Televisa, había acudido a la CNDH a quejarse y contar toda su historia. Otras quejas habían producido evidencia en la comisión de que, por ejemplo, uno de los acusados había sido golpeado. Nada de eso importaba hace un año al ombudsman nacional. De la mano de la señora Wallace presionó a la Suprema Corte para que ignorara las faltas a los derechos humanos de Cassez, Reinah o Vallarta. “Si hubo irregularidades deben investigarse y sancionarse, pero el fallo debe orientarse para satisfacer el reclamo de las víctimas”, dijo Plascencia como solapando la venganza como sistema de justicia, todo en una extrañísima conferencia de prensa donde uno de las presuntas víctimas acusó al ministro Zaldívar de querer liberar a la francesa “por ser güerita”, sin que el presidente de la CNDH se inmutara.
Desde esos días era de sobra conocida la pésima imagen de Florence Cassez ante la opinión pública (como se comprobaría un año más tarde) y de la autoridad y popularidad de la señora Wallace en esos días aspirando a gobernar la ciudad, es decir, en campaña política. Vale la pena recordar que en esos tiempos Genaro García Luna era aún el todopoderoso secretario de Seguridad Pública, el presidente Calderón había defendido que Cassez estuviera en prisión.
Hace un año la Corte decidió volver a estudiar el asunto y se lo dio a la ministro Sánchez Cordero, quien en un decisión sorpresiva y no exenta de polémica, al verse abajo en la votación, desechó su propio proyecto, lo sustituyó por el de Zaldívar, y Cassez fue liberada.
Pues ahora, cuando García Luna anda desparecido y sin poder, Calderón en Harvard y Cassez en Francia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se acordó de hacer una investigación y presentar un informe en el que pide se finquen las responsabilidades correspondientes a una veintena de funcionarios, empezando por García Luna.
El mismo informe reconoce que está hecho con datos que se conocían al menos desde febrero de 2012, cuando se hizo pública la propuesta del ministro Zaldívar: “Para la elaboración de este Informe Especial, se recopiló la información contenida en los expedientes que sobre el caso de la señora Cassez conoció el Poder Judicial de la Federación en sus respectivas instancias procesales; las sesiones públicas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas a este asunto; los expedientes relacionados con las quejas que en su momento presentaron ante esta Comisión Nacional las personas señaladas como responsables de los diversos delitos cometidos y Q1, uno de los reporteros que estuvo presente y cubrió el operativo de la AFI; el video de 9 de diciembre de 2005 del citado operativo; así como las notas periodísticas emitidas en diversos medios de comunicación, y otras fuentes”.
La queja del reportero Q1 data de hace seis años y en su relato está la mayor parte de la información sobre el mal actuar de las autoridades. El mismo informe lo dice, pero luego relata cómo los funcionarios aludidos negaron que hayan actuado mal y pues ahí quedó todo. Hasta ahora.
Ahora que García Luna ya no está. Ahora que la opinión pública y buena parte de la publicada se fue contra Cassez y después contra los policías y funcionarios, que en la versión más ramplona del asunto fueron los responsables de que se fuera.
Vale la pena leer el documento de la comisión. Para confirmar nuestro pesimismo. No hay un dato nuevo, no hay rastro de nueva evidencia de nada. Tomaron el documento de Zaldívar, la queja de Reinah, y redactaron unas cuartillas. Todo ese material lo tenían cuando García Luna era secretario.
Hace unos días le pregunté al primer visitador por qué hasta ahora el informe. Porque antes las autoridades no habían respondido a las peticiones, me dijo. Puede ser, pero ahora tampoco.
La CNDH jugando para la tribuna. Para el aplauso. Politiqueando. Una lástima.

Miguel Carbonell: Florence Cassez… ¿En verdad es culpable?

Fuente: ADNpolitico

por Miguel Carbonell

27 de enero 2013

Muchas de las personas que han criticado la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte en el caso de Florence Cassez lo han hecho a partir de la idea de que los ministros dejaron ir a una persona que era culpable de haber participado en tres secuestros.

Más allá de la ira y la frustración legítima que expresan esas opiniones, debemos hacer un esfuerzo de comprensión y análisis de los elementos que se aportaron al expediente judicial, para intentar acercarnos lo más posible a la verdad de lo sucedido.

Si tomamos en consideración los elementos del expediente, veremos enormes contradicciones y vacíos. Héctor de Mauleón lo sintetizó muy bien en el título de su luminoso ensayo sobre el caso: La verdad secuestrada.

Como bien lo sostuvieron los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, el caso empezó torcido a partir de la detención irregular y del posterior montaje mediático al que se prestaron autoridades, periodistas, medios de comunicación e incluso las víctimas.

De ahí vienen las primeras preguntas, de puro sentido común: ¿cómo es que una víctima que acaba de ser liberada se presta a recrear su liberación ante las cámaras?, ¿cómo es que la madre de un menor de edad decide alargar la cercanía física de su hijo con los captores, pudiendo haber salido corriendo una vez que había llegado la Policía?, ¿cómo es que el otro secuestrado mintió una y otra vez en el curso del juicio?

Ningún periodista (que yo sepa) le ha preguntado a ese tercer testigo, Ezequiel Elizalde, la razón por la que inventó tantas mentiras a lo largo de estos siete años. Unos periodistas lo fueron a entrevistar a Estados Unidos, donde supuestamente fue a estudiar, y ni siquiera sabía llegar físicamente a su centro de estudios. Una vez que se había descubierto su primera mentira dijo que en realidad estudiaba por internet; cuando los periodistas le pidieron que les enseñara la página web del curso, nunca pudo encontrarla. El video correspondiente circula por internet; cualquiera puede verlo en Youtube.

En entrevistas privadas con el que esto escribe, funcionarios de muy alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública federal dijeron tener pruebas adicionales a las que figuraban en el expediente judicial, las cuales –según ellos- demostraban plenamente la responsabilidad de Cassez. Nunca me las quisieron mostrar a pesar que se los pedí en repetidas ocasiones. O son puras habladurías, o bien alguien les dijo que no sacaran todo lo que tenían. ¿Cómo saber la verdad a la luz de todo lo anterior?

Un ejemplo sencillo ilustra bien la debilidad de las pruebas aportadas por las autoridades. Cassez fue condenada por portación de armas, sin embargo en las declaraciones judiciales de los policías que intervinieron en la detención todos coinciden en que no había armas en la cabaña donde supuestamente fueron encontradas. En ninguna de las dos armas que luego “aparecieron” había huellas de Cassez. O sea, no había constancia ni de que se las hubieran encontrado a ella, ni donde ella estaba, ni tampoco de que las hubiera tocado. ¿Con qué base entonces podemos suponer que en efecto tenía esas armas y que no le fueron sembradas por la policía (no habría sido la primera vez que sucede en la historia de nuestro país, por cierto)?

Más dudas: ¿cómo es que las dos víctimas más creíbles (Cristina Ríos y su hijo) no recordaron haber visto a Florence Cassez sino hasta que llamó al programa de televisión de Denisse Maerker para exhibir la falsedad del montaje televisivo?

¿Qué peso tuvo la declaración del encargado del mantenimiento del Rancho Las Chinitas quien ante un juez declaró que en el cuarto donde se mantenía cautivas a las víctimas no había más que cajas de refresco y herramientas? ¿Cómo lo supo? Porque entró en ese cuarto días antes del operativo policial de detención. ¿Le creemos o no al cuidador? Y si no lo creemos a él, ¿porqué sí le vamos a creer a Ezequiel Elizalde? Hay al menos otros dos testimonios que contradicen en todo las circunstancias en las que según las autoridades se llevó a cabo la detención; ninguno de ellos llamó la atención ni fue tomado en cuenta por los jueces que sentenciaron a Cassez.

¿Por qué declararon las víctimas desde el inicio que habían estado secuestradas en una casa de Xochimilco y no en un rancho a las afueras de la Ciudad?, ¿por qué el hijo de Cristina Ríos (que entonces tenía 12 años) identificó desde el principio a “su primo Édgar” como uno de sus captores y nunca fue investigada esa pista?

¿Por qué Ezequiel Elizalde había dicho que Florence Cassez le había aplicado una inyección y luego se probó en el juicio que la supuesta marca del piquete era una mancha en la piel de carácter permanente (una petequia, la llaman los dermatólogos)?

¿Qué valor hay que darle a las constancias de médicos legistas que dicen que tanto Israel Vallarta –el novio de Cassez, detenido junto a ella- como Ezequiel mostraban huellas de haber sido torturados?

Tengo docenas de dudas adicionales. Sobre muchas de ellas y sobre todas las que acabo de apuntar pude conversar con el propio Héctor de Mauleón (que es la persona más informada e imparcial de todas las que pude conocer alrededor del caso), con funcionarios de la extinta AFI que participaron en la lucha antisecuestro durante los sexenios de Fox y Calderón, con el abogado de Florence, con personal de la Embajada de Francia que estaba a cargo de darle seguimiento al caso e incluso con la propia Florence Cassez, así como con varias víctimas de secuestro. Nadie tuvo a mano respuestas convincentes, igual que yo no las tengo en este momento.

Una cosa sí me queda clara: como jurista y como ciudadano, no me parece que tenga fundamento una sentencia condenatoria de 60 años de prisión dictada sobre la base de las pruebas que estaban en el expediente contra Florence Cassez. No he visto hasta el día de hoy (por canales oficiales vinculados con su expediente o por canales extraoficiales a través de alguna filtración, de las que abundan en este tipo de casos) ninguna prueba contundente de la participación de Cassez en los secuestros. Que se queden tranquilos los que pensaban que la Corte liberó a una persona culpable; no hay pruebas judiciales contundentes de que así hubiera sido. Repito: no hay pruebas “judiciales” de ello.