Héctor: un verdadero caso de tortura y violación a los derechos humanos cometido por agentes policiacos del estado de Quintana Roo

Artículo publicado en la revista digital Noticia Agencia 3
Fecha: 12 de octubre 2015

Casique está encarcelado en Chetumal. // Foto: Cortesía Yaskade Fernández
Casique está encarcelado en Chetumal. // Foto: Cortesía Yaskade Fernández

Héctor Manuel Casique Fernández, fue detenido y privado de su libertad en forma injusta y arbitraria con su compañero Maximiliano Ezequiel Millán González, el sábado 16 de marzo como a las tres de la madrugada acusados de ultraje a la autoridad y de ser los responsables del asesinato de seis personas en el Bar La Sirenita en Cancún, hechos de los cuales desde el primer momento se declararon ajenos e inocentes.

Héctor y su compañero Maximiliano, fueron trasladados sin orden de aprehensión a los separos de la Policía Judicial de la zona hotelera de Cancún, donde fueron torturados y golpeados en forma salvaje, lugar en el que uno de los agentes al mando del Capitán Arturo Olivares, quien es el jefe de todos los judiciales adscritos a la Subprocuraduría General de Justicia de ese lugar, violó en forma cobarde a Hector.7

Ahí los cobardes agentes también le taparon la cara a Héctor con un trapo al cual mojaron con chile habanero, lo que le generó graves problemas en el ojo izquierdo por varios días, además que lo golpearon en forma salvaje hasta hacerlo perder el conocimiento.

Casi a las ocho de la noche de ese mismo sábado Héctor, se encontraba desnudo y tirado en el piso por la golpiza llevada, cuando llegó hasta él un agente de nombre Constantino Solana Wady Alfredo, quien le dijo “señor profesor”, para luego comenzar a meterle los dedos y un aparato en el recto, mientras le apuntaba con una pistola en la cabeza y le gritaba que se declarara culpable del multi homicidio, porque si no lo hacia lo mataría, no solo a él sino a toda su familia.

El cobarde agente judicial le aseguró en ese momento de dolor y humillación que eso era lo que le pasaba a los putos que no querían hablar y confesar por la buena, pero que de todos modos saldría culpable de todo lo que le imputaban. 

Cabe hacer mención que Héctor, con amplios conocimientos en Karate, era instructor en defensa personal de la policía judicial del estado en Cancún, por eso conoció perfectamente a todos los que desde el pasado 16 de Marzo, comenzaron a torturarlo y a violar sus derechos humanos en forma flagrante, incluido el agente Constantino Solana Wady Alfredo, así como el jefe de todos ellos Arturo Olivares Mendiola. Quien le partió la cabeza con la cacha de su pistola y que además le saltó en el estómago en varias ocasiones, al grado de que al día de hoy no le funcionan ni los intestinos ni los riñones, entre otros males.

Las lesiones y demás actos de tortura en contra de Héctor, le generaron graves secuelas con pérdida del estado de conciencia, las que pusieron en peligro su vida y causaron lesiones en el tejido nervioso provocado por las fasciculaciones musculares, pérdida del equilibrio y arritmias que hasta el momento no han sanado, cicatrices permanentes y no visibles con incapacidad para los movimientos propios de las partes afectadas hasta la sanación de las mismas, lo cual fue constatado y sostenido por el Perito Médico Legista de la PGJE de Quintana Roo, David Anguiano Camarillo.

El caso fue denunciado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de ese entidad, pero el presidente Harley Sosa Guillén, cometió negligencia y omisión, recomendando “sanción administrativa” en lugar de acción penal, ya que conforme a los derechos humanos consagrados en el artículo octavo constitucional, se negó a tomar en cuenta el certificado médico donde se presentaban las huellas de tortura en contra de Héctor.

Fue hasta el seis de Mayo de ese mismo año, cuando el abogado de Héctor Jorge René Flores García, interpuso la denuncia por tortura y violación por parte de los agentes de esa dependencia de justicia en Chetumal, la cual el mismo procurador remitió a la dirección de Asuntos Jurídicos de la zona norte, por lo que se abrió la averiguación previa PGJE/DP/SGJ/DAJZN/042/2013, el 18 de ese mismo mes.

La declaración de Héctor fue tomada hasta el 25 de Julio de 2013, donde con todo el valor civil denunció los abusos que sufrió por parte de un grupo de torturadores de la policía judicial de ese lugar y fue hasta el siguiente día que se le practicó el dictamen proctológico y de lesiones por parte del médico legista David Anguiano Camarillo.

El 4 y 5 de Noviembre de ese mismo año se le practicó otro examen a Héctor, por parte de los especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde por primera ocasión se implementó el “Protocolo de Estambul”, bajo el número CNDH/2/2013/290/QR, emitido por la segunda Visitaduría General de ese organismo, el cual fue enviado al estado de Quintana Roo, el 12 de Julio para la acreditación de la tortura que sufrió.

En el amparo radicado en el Juzgado Segundo de Distrito bajo el número 591/2013, se da a conocer los abusos y actos de tortura que sufrió Héctor, por lo que lo ampara y protege, ya que el supuesto auto incriminación fue que lo obligaron a base del uso de la fuerza a poner sus huellas y a base de una cobarde e indiscriminada tortura, por lo que se pidió que los judiciales que lo torturaron sean plenamente investigados y sancionados lo que hasta la fecha no ha sido así, porque Héctor está siendo utilizado como chivo expiatorio de un múltiple asesinato que nunca cometió y que el gobierno de Quintana Roo, no ha logrado esclarecer o no ha querido hacerlo por los fuertes intereses que hay de por medio.

Es más, hay tantos intereses ocultos en ese caso que a los abogados de Héctor, en un principio no se les permitía el acceso a la averiguación previa y mucho menos tomaron en cuenta lo gravemente lastimado que lo dejaron y aun así torturado y lastimado fue como lo presentaron, por lo que la juez Silvia verónica Solís Lizama, le dictó auto de formal prisión, sin tomar en cuenta que la tortura es un delito grave, lo que está acreditado por dictámenes médicos.

Aun cuando la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, cuyos artículos son 6,7 y 8, dicen que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las respectivas autoridades investiguen y sancionen en forma pronta y expedita, sin embargo, el caso Héctor llegó a la Sala Constitucional, donde el magistrado Dr. José Manuel Ávila Fernández, ordenó en forma eficiente y apegado a derecho sancionar penalmente a todos los involucrados por tortura y abuso de autoridad, los cuales siguen libres, impunes y gozando de la amplia protección gubernamental de esa entidad.

Y como prueba de ello es que las autoridades encargadas del caso resolvieron en forma aberrante, cínica y descarada no ejercer acción penal en contra de los agresores de Héctor, acción que con fundamento en el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, fue impugnada en tiempo y forma por los abogados de Héctor, demostrándose de esa manera que hay intereses ocultos en ese caso.

La madre de Héctor, Yáskade Fernández, ha venido exigiendo de manera valiente a través de diversos medios de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales, la inmediata libertad de su hijo, ya que se ha demostrado su inocencia con dos amparos ganados y una revisión ante tribunales, por lo que salió libre por esa averiguación previa, la cual por segunda vez y de forma arbitraría y sin orden de aprehensión, lo volvieron a detener el mismo día que obtuvo su libertad y volvieron a juzgar por ese mismo delito y por la misma averiguación previa de la que ya quedó libre, con lo que queda evidente la fabricación de culpable que hicieron con Héctor y donde queda al descubierto una vez más todas las triquiñuelas que hace la procuraduría del Estado de Quintana Roo con ese caso.

El 27 de agosto del año en curso fue cuando la Sala constitucional ordenó al procurador del estado cambiar su resolución y apegarse a la del magistrado y remitirlo al agente investigador para que dicte el ejercicio de acción penal contra los torturadores, así como un castigo ejemplar para todos los responsables.

Ante el giro que sufrió ese caso Gaspar Armando García Torres, renunció de manera inmediata el día que se vencía el termino para ejercer acción penal en contra de los 36 agentes que participaron en la tortura de Héctor, en tanto que el actual administrador de la justicia en ese estado prefirió violar la ley y pasarse por el arco del triunfo la sentencia dictada por el Magistrado.

El desacato en que incurrió el actual procurador de justicia para seguir protegiendo a los judiciales torturadores y al ministerio público involucrado en ese caso, quedó evidenciado una vez más, ya que él siempre supo que hubo violaciones a los derechos humanos de Héctor, pero prefirió velar por los derechos de los criminales, lo que demuestra una palpable complicidad.

El bello y hermoso estado de Quintana Roo, considerado por propios y extraños como un paraíso terrenal, puede ser al mismo tiempo un verdadero infierno para cualquier persona que llegue a caer en manos de los que procuran, imparten y administran la justicia bajo una galopante y descarada corrupción que los hace torcer las leyes a su antojo y pasarse por el arco del triunfo a las instancias superiores.

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Periodistas que avergüenzan: Martín Moreno y el Caso Wallace

Artículo,de Patricia Barba Avila (Femcai)
Fecha: 20 de Julio del 2015
Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallac (2010)
Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallace (2010)
Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. R
– Ryszard Kapuscinski
En julio de 2005, un considerable número de Mexicanos se sintieron conmovidos por la historia de Isabel Miranda [de Wallace], convertida en “madre coraje” merced de una historieta de absoluta ficción que narra cómo, de manera supermanesca, logró una hazaña digna de las taquilleras y grotescas películas de Rambo, al haber llevado a cabo una “investigación” sin la ayuda de absolutamente nadie, que la condujo a “descubrir” las identidades de seis personas a las que señaló como culpables del secuestro y descuartizamiento de su hijo Hugo Alberto Wallace.
El motivo de iniciar este escrito con la reflexión de Kapuscinski, el extraordinario periodista polaco –quien atinadamente afirmara que las malas personas no pueden ser buenos periodistas– es justamente porque fue la pluma de Martín Moreno la que se encargó de transformar el cúmulo de falsedades inventadas por Miranda Torres, en un libro que no sólo le ha redituado un inmerecido prestigio como “periodista” y “escritor” sino que ha servido a esta heroína de barro para lucrar política y financieramente con la mentira y el delito. Y aquí es moralmente obligado preguntar: ¿Cómo es posible que alguien que ha recibido el Premio Nacional de Periodismo, no haya tenido la imprescindible pulcritud, ética y honestidad para comprobar la veracidad de las narraciones de Miranda, antes de atreverse a publicarlas? ¿Cómo es posible que una auténtica criminal no sólo reciba fondos públicos para sustentar su A.C. “Alto al Secuestro”, sino que haya sido acreedora del Premio Nacional de los Derechos Humanos y, además, haya sido lanzada como candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2012?
El pasado sábado 11 de julio, se cumplieron 10 años de la maraña de mentiras que integran el tristemente famoso “Caso Wallace”, concebido por la mente sociópata de una delincuente que ha engañado, difamado, privado de la libertad y ordenado torturar a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre, Alberto y Antonio Castillo Cruz, para obligarlos a declararse culpables del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto, muy probablemente vivo de acuerdo con las evidencias surgidas del trabajo investigativo de verdaderas periodistas como Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Angeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, además del comprometido involucramiento de David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, quienes con un indiscutible sentido de responsabilidad, solidaridad y ética, han revelado las evidencias que hacen pedazos no sólo el “Caso Wallace” sino la fabricada reputación de Miranda Torres, quien además, ha tenido el cinismo de amenazarlos con demandas que no ha podido concretar.
Algo muy alarmante y ominoso ocurre en una sociedad cuando cualquier persona corre el riesgo de ser detenida, difamada y torturada en el marco de un sistema eminentemente podrido, con la complicidad de “periodistas” que se atreven a elevar a la categoría de literatura, embustes insostenibles, como lo hizo Martín Moreno, con el apoyo de medios de “comunicación” que difundieron este cúmulo de falsedades convirtiéndose, por este sólo hecho, en cómplices de una de las infamias más deleznables de la triste entelequia en la que se ha transformado el sistema de “justicia” mexicano. Y aquí es menester resaltar la elemental importancia de fomentar en la sociedad el sano escepticismo que nos obliga no sólo a dilucidar con lógica los acontecimientos, sino a analizar a fondo las circunstancias que los rodean, permitiéndonos así determinar su veracidad o falsedad.
Tal como lo dijeran David Bertet y Guadalupe Lizárraga, es tiempo ya de que quitar la venda de los ojos a un importante sector de la sociedad engañado vilmente por Miranda Torres, para hacer posible que las víctimas inocentes del “Caso Wallace” reciban la justicia que merecen y sean exoneradas, junto con la Comandante Nestora Salgado García, privada de su libertad desde el 22 de agosto de 2013 gracias a cargos fabricados por auténticos hampones insertados en el gobierno, como es el caso, entre varios más, de Ricardo Martínez, tratante de niñas y jóvenes que fungía como Subprocurador de Atención a Víctimas bajo la administración de Angel Aguirre Rivero, y quien además, es parte del grupúsculo delictivo capitaneado por Isabel Miranda.
No se puede publicar un documento sin los datos completos…y esto debería ser la norma del periodismo.
– Julian Assange
 

El careo más controvertido del año: Jacobo Tagle y Cesar Freyre, dos de los acusados en el “Caso Wallace”, admiten haber sido torturados para incriminar a Brenda Quevedo

Fuente : Buholegal

por Luis Vargas

El 19 marzo, 2014

Isabel Miranda de Wallace acusada de tortura por sus acusados
Isabel Miranda de Wallace acusada de tortura por sus acusados

La tarde del 5 de marzo de 2014, en el Juzgado Decimo Sexto de Procesos Penales Federales, que preside el Juez  Raúl Angulo Garfias, se llevó a cabo la audiencia pública concerniente al careo entre Brenda Quevedo Cruz y sus co-procesados; Jacobo Tagle Dobin y Cesar Freyre Morales. Todos ellos acusados de la privación ilegal de la libertad de Hugo Alberto Wallace, en la causa penal 35/ 2006, mejor conocida como el “Caso Wallace”.

En la misma, Brenda Quevedo, quien sostiene su inocencia y quien a 6 años de proceso no ha sido juzgada aun, confrontó en primer lugar a Jacobo Tagle y luego, a Cesar Freyre. En el careo, tanto Jacobo como Cesar, la deslindaron de toda responsabilidad y además, los dos afirmaron que Brenda ni siquiera conocía a Hugo Wallace. Asimismo, Brenda puso de relieve la tortura y aleccionamiento de sus compañeros por parte de las autoridades a fin de obligarlos a incriminarla en la supuesta privación ilegal de Hugo Wallace. Por último, señaló otras contradicciones en el expediente relativas a la investigación sobre su participación en los hechos.

El careo

A continuación, sintetizare los puntos más importantes derivados de las preguntas hechas por Brenda Quevedo a Jacobo Tagle y Cesar Freyre durante el careo, las cuales refuerzan la hipótesis relativa a la inocencia de Brenda y la fabricación de acusaciones en su perjuicio. Debemos partir del supuesto que las declaraciones que incriminan  a Brenda en la comisión de los hechos delictivos mencionados en las mismas, fueron obtenidas a base de torturas, malos tratos, amenazas y aleccionamientos, como puede comprobarse mediante las pruebas existentes y las declaraciones desprendidas del presente careo.

1.- Incriminación hecha por Jacobo Tagle y Cesar Freyre en perjuicio de Brenda Quevedo en el supuesto secuestro de Hugo Wallace.

Al respecto, Jacobo expuso que la razón de implicarla en tal crimen es debido a que fue víctima de tortura física y psicológica, amenazas a su familia y maltratos de los que ha sido objeto en el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz, tal como lo expresó en su declaración preparatoria. En el mismo sentido, Cesar manifestó que Brenda no fue participe y además, afirma haber sido víctima de tortura física y mental. Asimismo, Cesar señala que ni siquiera solicitó llevar a cabo la declaración en donde la incrimina. Por último, Cesar nos remite a una denuncia interpuesta ante la Corte Interamericana denunciando los actos de tortura y las violaciones a sus derechos humanos.

2.- Exculpación de Brenda Quevedo por parte de los acusados en su participación en el secuestro de Hugo Wallace.

Ambos acusados concuerdan que Brenda no tuvo nada que ver en los hechos que se le imputan y además, coinciden que ni siquiera conocía o había visto a Hugo Wallace. Asimismo, Jacobo afirma que Brenda nunca recibió dinero por parte de Cesar, o de cualquiera de las personas que formaban parte de la supuesta banda, más adelante el mismo Cesar confirmaría estas aseveraciones. Lo anterior, resulta contrario a lo que Jacobo había señalado en una de sus anteriores declaraciones obtenidas bajo coerción.

3.-Exculpación de Brenda Quevedo por parte de los acusados en su participación en otros secuestros o algún otro hecho delictivo.   

En cuanto a los hechos delictivos anteriores al secuestro de Hugo Wallace de los que Brenda es acusada, cabe señalar que los mismos tuvieron lugar a mediados del año 2004. En este sentido, Jacobo afirma haber conocido a Brenda a finales del 2004, luego Cesar constató esta versión. Asimismo, Jacobo aseveró que Brenda nunca conoció al señor Trevedant, Rugueiro y Gina, personas mencionadas en las declaraciones que incriminan a Brenda. Al igual que Jacobo, Cesar afirma que Brenda no tuvo ningún tipo de relación o comunicación con Trevedant.  Además, Jacobo y Cesar coinciden que Brenda nunca ha participado en algún hecho ilícito, incluso Jacobo agregó que ella es una persona honrada y trabajadora.

4.- Otros aspectos en el expediente relativos a la investigación de la presunta participación de Brenda en el secuestro de Hugo Wallace.

Cesar Freyre señaló que nunca fue a la casa de Enriqueta Cruz, madre de Brenda, o a la casa de Brenda, mucho menos haber vivido ahí. También, menciona que el auto Corsa mencionado en sus declaraciones, en realidad nunca fue utilizado para cometer algún hecho delictivo. Asimismo, niega que Brenda haya ido alguna vez a la casa de su padrino. Por último, niega haber visto a Brenda usando algún tipo de peluca.

Las consideraciones finales

Por último, dado que al final no fue necesario proceder a la fase de los careos procesales, puesto que los confrontados no incurrieron en contradicción alguna que refutar, el juez procedió a otorgarle la palabra a Isabel Miranda de Wallace y  a Brenda Quevedo Cruz para que expresaran sus consideraciones finales.

Isabel Miranda de Wallace señaló al juez “el aleccionamiento que han tenido los inculpados a fin de tratar de evadir su responsabilidad”. Asimismo, negó que Jacobo haya sido torturado, pues según ella en el video en el que se auto-incrimina ante el Ministerio Público “se aprecia la naturalidad con la que confesó todo lo relativo al secuestro y muerte de [su] hijo Hugo Wallace”. Además, Isabel de Wallace asegura que la prueba de la falsedad de tales acusaciones estriba en el hecho de que Jacobo la acusa de haberlo amenazado con meter a su hermano, Salomón Tagle, a la cárcel, sin embargo, remarcó, “Jacobo Tagle se ha perdido en el tiempo, ya que [su hermano] ya se encontraba preso cuando Jacobo fue detenido, por lo cual sería imposible que alguien lo hubiera amenazado con un hecho que ya había ocurrido”.

En cuanto a Brenda Quevedo, Isabel de Wallace alegó que la prueba de que miente es el hecho de que esta “se haya internado en otro país con identificaciones falsas a fin de no ser localizada”. En este sentido, menciona, “se tuvo que llevar la extradición durante dos años en la cual hubo causa probable para traerla y responder ante este Juzgado”.

Por su parte, Brenda Quevedo manifestó que ha sido torturada dos veces las cuales ha denunciado ante la PGR e instancias de derechos humanos nacionales e internacionales. Asimismo, solicitó que se investigue la tortura de sus co-procesados Cesar Freyre y Jacobo Tagle, y reiteró, “ya que evidentemente hemos sido de la misma forma amenazados y torturados físicamente para así arrancarnos una declaración, una confesión a base de coerción”.

Conclusiones

Las declaraciones desprendidas del careo se inclinan en la hipótesis del uso de la tortura como medio de incriminación de Brenda Quevedo Cruz, lo cual refuerza lo argumentado en mi artículo “25 razones para dudar del caso Wallace”. En esta misma línea, se deduce que si la mayoría de los acusados fueron torturados y obligados a declarar en perjuicio de Brenda, el resultado final es una nefasta fabricación de pruebas y acusaciones en su contra carentes de credibilidad, cuyo fin es   incriminarlos en el crimen en cuestión.

Asimismo, considero pertinente poner atención en las declaraciones y acusaciones de Jacobo Tagle y Cesar Freyre, puesto que ellos también manifiestan haber sido torturados para auto-incriminarse e implicar a Brenda Quevedo en el secuestro de Hugo Wallace y otros hechos delictivos. Jacobo, al igual que Brenda, sostiene su inocencia, por lo que es prioritario hacer un seguimiento de ambos casos. Contrariamente a Brenda, quien a pesar de haber sido torturada  no aceptó su participación en los hechos, Jacobo y Cesar debido a la brutalidad de los actos de barbarie perpetuados en su contra, aceptaron su implicación en el crimen del cual se les acusa.

Cabe señalar que en el caso de Brenda Quevedo y Cesar Freyre, existe una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a sus derechos fundamentales. Asimismo, existen pruebas contundentes que demuestran el uso de tortura, malos tratos, humillaciones y aleccionamiento, tales como la valorización psicológica bajo los criterios sugeridos por el “Protocolo de Estambul” en el caso de Brenda y Jacobo. Si esta denuncia es admisible, en unos años, las autoridades mexicanas podrían ser llevadas ante la Corte IDH para la consecuente reparación integral de los daños y a la investigación de los responsables de haber llevado a cabo tales actos de brutalidad en perjuicio de Brenda y los demás acusados.