La CNDH juega a la política

Fuente: Milenio
Por Carlos Puig @puigcarlos
El 30 de marzo 2013
Hace más o menos un año, a raíz de la primera discusión sobre el caso Florence Cassez en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invité al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, a En 15.
Lo invité porque me costaba entender que en esos días, Plascencia había hecho la ronda con doña Isabel Miranda de Wallace, alegando que cualquier cosa que no fuera la reiteración de la condena a Cassez sería un atentado a los derechos humanos de las víctimas. Fue una conversación agitada porque en la mente de Plascencia y en sus argumentos públicos no había duda alguna sobre la culpabilidad de Cassez y la necesidad —más allá de argumento alguno— de que purgara una condena. La comisión había tenido frente a ella, tal vez primero que nadie, la prueba de que algo muy raro había sucedido en aquella detención y puesta a disposición. Pablo Reinah, uno de los reporteros que había sido parte de la escenificación y después había sido corrido de Televisa, había acudido a la CNDH a quejarse y contar toda su historia. Otras quejas habían producido evidencia en la comisión de que, por ejemplo, uno de los acusados había sido golpeado. Nada de eso importaba hace un año al ombudsman nacional. De la mano de la señora Wallace presionó a la Suprema Corte para que ignorara las faltas a los derechos humanos de Cassez, Reinah o Vallarta. “Si hubo irregularidades deben investigarse y sancionarse, pero el fallo debe orientarse para satisfacer el reclamo de las víctimas”, dijo Plascencia como solapando la venganza como sistema de justicia, todo en una extrañísima conferencia de prensa donde uno de las presuntas víctimas acusó al ministro Zaldívar de querer liberar a la francesa “por ser güerita”, sin que el presidente de la CNDH se inmutara.
Desde esos días era de sobra conocida la pésima imagen de Florence Cassez ante la opinión pública (como se comprobaría un año más tarde) y de la autoridad y popularidad de la señora Wallace en esos días aspirando a gobernar la ciudad, es decir, en campaña política. Vale la pena recordar que en esos tiempos Genaro García Luna era aún el todopoderoso secretario de Seguridad Pública, el presidente Calderón había defendido que Cassez estuviera en prisión.
Hace un año la Corte decidió volver a estudiar el asunto y se lo dio a la ministro Sánchez Cordero, quien en un decisión sorpresiva y no exenta de polémica, al verse abajo en la votación, desechó su propio proyecto, lo sustituyó por el de Zaldívar, y Cassez fue liberada.
Pues ahora, cuando García Luna anda desparecido y sin poder, Calderón en Harvard y Cassez en Francia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se acordó de hacer una investigación y presentar un informe en el que pide se finquen las responsabilidades correspondientes a una veintena de funcionarios, empezando por García Luna.
El mismo informe reconoce que está hecho con datos que se conocían al menos desde febrero de 2012, cuando se hizo pública la propuesta del ministro Zaldívar: “Para la elaboración de este Informe Especial, se recopiló la información contenida en los expedientes que sobre el caso de la señora Cassez conoció el Poder Judicial de la Federación en sus respectivas instancias procesales; las sesiones públicas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas a este asunto; los expedientes relacionados con las quejas que en su momento presentaron ante esta Comisión Nacional las personas señaladas como responsables de los diversos delitos cometidos y Q1, uno de los reporteros que estuvo presente y cubrió el operativo de la AFI; el video de 9 de diciembre de 2005 del citado operativo; así como las notas periodísticas emitidas en diversos medios de comunicación, y otras fuentes”.
La queja del reportero Q1 data de hace seis años y en su relato está la mayor parte de la información sobre el mal actuar de las autoridades. El mismo informe lo dice, pero luego relata cómo los funcionarios aludidos negaron que hayan actuado mal y pues ahí quedó todo. Hasta ahora.
Ahora que García Luna ya no está. Ahora que la opinión pública y buena parte de la publicada se fue contra Cassez y después contra los policías y funcionarios, que en la versión más ramplona del asunto fueron los responsables de que se fuera.
Vale la pena leer el documento de la comisión. Para confirmar nuestro pesimismo. No hay un dato nuevo, no hay rastro de nueva evidencia de nada. Tomaron el documento de Zaldívar, la queja de Reinah, y redactaron unas cuartillas. Todo ese material lo tenían cuando García Luna era secretario.
Hace unos días le pregunté al primer visitador por qué hasta ahora el informe. Porque antes las autoridades no habían respondido a las peticiones, me dijo. Puede ser, pero ahora tampoco.
La CNDH jugando para la tribuna. Para el aplauso. Politiqueando. Una lástima.
Anuncios

Carlos Puig: Entrevista con Eduardo Gallo y Raúl Plasciencia

Entrevista de Gallo con Carlos Puig

“Y que lo deja callado!!… Carlos Puig con Raúl Plasciencia – Presidente de la Comisión Nacional de los derechos humanos”

¿Qué justicia queremos?

Milenio

2012-03-15

Por Carlos Tello Díaz

El caso Florence Cassez afecta en primer lugar a la persona, ella, que ha pasado más de seis años presa en una cárcel de la ciudad de México. Pero no nada más a ella. Nos afecta a todos los mexicanos porque involucra el tipo de sistema de justicia que queremos para nuestro país.

Florence Cassez está presa desde diciembre de 2005. No sabemos si es inocente o culpable porque no tuvo lugar un debido proceso. El debido proceso no es un formalismo legal. Es lo que nos permite saber con un rango de certidumbre razonable si una persona, acusada de un delito, es inocente o culpable. Si su culpa no puede ser demostrada con ese nivel de certeza en un debido proceso, si aún existen dudas, es entonces necesario aplicar el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 20 de la Constitución. In dubio pro reo. Toda persona es inocente hasta que sea demostrado lo contrario.

El proceso de Cassez estuvo plagado de irregularidades, a tal grado escandalosas que llaman la atención incluso en un país, como el nuestro, acostumbrado a la fabricación de culpables.

Hubo violación de garantías durante su proceso. Cassez vio negado su derecho a la asistencia consular, en violación al artículo 36 de la Convención de Viena, al artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales y a la garantía de un juicio justo consagrada en el artículo 14 de nuestra Constitución. Cassez fue detenida el jueves 8 de diciembre de 2005 por la AFI. Fue puesta a disposición de la autoridad, formalmente, el viernes 9 a las 10 de la mañana, luego de la recreación mediática de su captura. A las 3 de la tarde hizo su declaración —negó todos los cargos— sin ser informada de su derecho a la asistencia consular. (La posición de nuestro país en foros internacionales es que la notificación y la asistencia deben tener lugar antes de la declaración.) No fue sino hasta el sábado 10 —dos días después de su detención, un día después de su declaración— que el Ministerio Público logró por fin avisar a la embajada de Francia. La omisión vulneró la posibilidad de conducir de forma adecuada su defensa durante la averiguación previa, afirma en su amparo Cassez. Pero no sólo eso: mostró también nuestra incongruencia. En enero de 2003, México planteó ante la Corte Internacional de Justicia un litigio contra Estados Unidos por haber incumplido con sus obligaciones derivadas de la Convención de Viena, en especial las contenidas en el artículo 36. La cancillería defendió entonces la postura de que el derecho consagrado en el artículo 36 “es tan fundamental que su violación tiene ipso facto el efecto de viciar la totalidad del proceso penal ventilado en violación a dicho derecho”, en palabras de su consultor jurídico.

Hubo también fabricación de pruebas durante su proceso. Ezequiel Elizalde, uno de los secuestrados, aseguró tener la cicatriz de la inyección con que Cassez le habría adormecido el dedo, para cercenarlo, cicatriz que tras un peritaje resultó ser una mancha en la piel. El problema de fondo es que tanto él como las otras dos personas que estaban secuestradas fueron parte del montaje de la AFI. Así, al aceptar, o más bien al ser obligados a ser parte del montaje, su testimonio estuvo desde el principio comprometido con el de la policía.

Hubo por último manipulación de testimonios durante su proceso. Cristina Ríos y su hijo Christian, los otros dos secuestrados, no identificaron a Cassez el día de su liberación… sino dos meses más tarde, es decir, tres días después de la transmisión del programa de Denise Maerker en el que Florence Cassez exhibió al entonces director de la AFI. Entonces empezaron a recordar detalles que contradecían lo que habían afirmado en su primera declaración. La única persona que es consistente en su versión de los hechos, dentro y fuera del expediente, es Florence Cassez. El resto de los testimonios, el de víctimas, testigos y autoridades, es la maraña de contradicciones que ha exhibido el ministro Arturo Zaldívar.

Ni las garantías violadas ni las pruebas fabricadas ni los testimonios manipulados impidieron que un juez condenara a Cassez a 96 años por el delito de secuestro en abril de 2008 y que tres jueces del séptimo tribunal colegiado en materia penal le negaran el amparo en febrero de 2011. Las garantías violadas, las pruebas fabricadas y los testimonios manipulados tampoco impidieron al Presidente de la República premiar a quien era entonces director de la AFI con una secretaría de Estado, con la instrucción de velar por la seguridad en México… El asunto está ahora en manos de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Los ministros saben que su decisión tendrá implicaciones muy graves no sólo en la vida de una persona que está ahora en la cárcel, sin que su culpa haya sido demostrada más allá de toda duda razonable, sino, simple y llanamente, en la vida de un país.