Carta abierta a Denise Dresser sobre su debate con Wallace en Foro TV

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¿Cuál es nuestra postura respecto al hecho de seguir considerando a esa criminal de Isabel Wallace como una interlocutora, cuyas opiniones se deberían tomar en cuenta para posicionarse, sea a favor o en contra de ellas?

Expresamos claramente nuestra postura al respecto en una carta abierta que le hicimos llegar a la politóloga Denise Dresser, el 29 de octubre. Esta carta conjunta con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y el FEMCAI fue redactada en inglés. A continuación, publicamos la traducción al español.

Quiero insistir en algo: respetamos la labor de Denise Dresser, quién es una gran politóloga y realmente una intelectual que se ha pronunciado a favor de los derechos humanos y de la justicia. Sin embargo, nuestra opinión sobre este debate con Wallace es que nunca se hubiera solicitado, ni llevado a cabo. Uno no se sienta con criminales, sobre todo cuando el debate ya está organizado para callar a la única persona que si tenía una perspectiva justa con respecto a Ayotzinapa, y se trata de Denise. A Denise Dresser, el locutor (Javier Tello) visiblemente del lado de la Wallace le cortó la palabra. Casi cada vez que se preparaba a intervenir, se interrumpía el programa para lanzar una pausa comercial. La Wallace no dejv de cortarle la palabra, sin que el locutor dijera absolutamente nada para restablecer el orden del debate. Vean el video a continuación:

 

Con muy buenas intenciones, Denise Dresser se dejó engañar al solicitar un debate con Wallace.

Nosotros llamamos a que los activistas, defensores de los derechos humanos, abogados, juristas, politólogos, intelectuales, dejemos de considerar a Isabel Wallace como una interlocutora, sino como lo que es: una criminal responsable del calvario de – por lo menos – siete personas.

Nolverto F. A.

MXporFC

CARTA ABIERTA

Puebla, México / Montréal. Canadá

20 de octubre de 2015

Estimada Sra. Dresser:

Después de haber mirado su debate con Isabel Miranda [de Wallace], quisiéramos hacerle llegar respetuosamente los siguientes comentarios:

  1. Nos consternó el razonamiento dado por usted para solicitar el debate, puesto que alguien de su nivel no discute con delincuentes, ya que es como intercambiar opiniones con la Tuta, Chapo Guzmán o individuos semejantes
  2. El hecho de que Isabel Miranda sea, efectivamente una cruel delincuente ha sido amplia e indudablemente demostrado por las sólidas investigaciones de Anabel Hernández, publicadas en Proceso; Guadalupe Lizárraga, publicadas en Los Ángeles Press, y David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y el grupo de activistas que tienen el blog mexicoporflorencecassez.wordpress.com. Nos cuesta creer que usted no haya leído al menos el trabajo de Anabel Hernández, en Proceso, sobre el notable engaño del “Caso Wallace”.
  3. Cuando esa mujer, cruel y corrupta, denuncia que existe un “conflicto de intereses” de parte del Secretario Ejecutivo de la CIDH, demuestra tener un increíble grado de cinismo, ya que ella se ha beneficiado enormemente de la red de mentiras que constituyen todo el fiasco del “Caso Wallace”. Primero, logró ocultar a su hijo delincuente, Hugo Alberto, que está ligado al crimen organizado; segundo, recibe enormes cantidades de dinero de los contribuyentes de la escandalosa administración de Felipe Calderón para apoyar su organización igualmente engañadora y falsa “Alto al Secuestro”; tercero, en 2012 el PAN (Partido Acción Nacional) la lanzó como candidato al gobierno de Ciudad de México, y además, aunque parezca inconcebible, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos a pesar de que acusó falsamente, hizo encarcelar y torturar salvajemente a seis personas inocentes que estuvieron en el mal lugar en el momento equivocado, por así decirlo.
  4. Según todas las investigaciones basadas en pruebas concluyentes, Isabel Miranda no sólo ha mentido repetidamente a las autoridades mexicanas y norteamericanas, sino que, además, cometió adulterio, dado que  mantuvo una relación sexual con Enrique Wallace, mientras éste todavía estaba casado y que, por otra parte, no es el padre biológico de Hugo Alberto; ella es responsable del secuestro virtual de seis ciudadanos inocentes que fueron encarcelados, y atestiguó la tortura de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle, César Freyre, Juana Hilda González Lomelí, Antonio y Alberto Castillo 
  5. A pesar de que Nestora Salgado García fue exonerada por un juez federal de los cargos inventados que causaron su encarcelamiento ilegal, Isabel Miranda insiste en que esta mujer admirable permanezca en la cárcel y esto no sorprende.  Miranda tiene estrecha conexión con Ricardo Martínez, antiguo Fiscal de Atención a Víctimas (¿?¡!) bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que se sabe participó en el tráfico horrible de jóvenes en el Estado de Guerrero, y las actividades de Nestora Salgado García destinadas a rescatar varias de esas víctimas afectaban al “negocio” inmoral de Martinez.
  6. Ahora la Sra. Miranda dirige su lucha no sólo contra Emilio Álvarez Icaza, sino también contra los estudiantes y los padres de Ayotzinapa etiquetando esta desaparición forzada como un simple “secuestro” llevado a cabo por los traficantes de drogas, a pesar de las pruebas y los numerosos testimonios que demuestran la implicación directa del ejército y de la policía federal, estatal y municipal.

Isabel Miranda no actúa de acuerdo a ningún imperativo moral, pues carece de ética y honradez; claramente restituye lo que debe a un “gobierno enormemente corrupto” que le permite cometer toda clase de atrocidades con impunidad total.

Lo que realmente nos aterró, Sra. Dresser, fue oírle alabar el trabajo de Isabel Miranda en favor de los derechos de las víctimas (¡!¿?). En especial, el hecho de que usted solicitara un diálogo con una delincuente de esta magnitud podría significar una de dos cosas: 1) que usted se pone al mismo nivel de inmoralidad de la entrevistada, lo que para nosotros es impensable, o 2) que en cualquier otro momento, se le podría fácilmente pedir que mantenga un debate con cualquier otro sin vergüenza.

Atentamente,

Patricia Barba
Miembro Fundador
Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes (FEMCAI)
www.femcai.org
@: patricia.barba@ac-dv.org

David Bertet
Presidente
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV)
www.ac-dv.org
@: contacto@ac-dv.org

Nolverto Flores ÁVILA
México por Florence Cassez
Blog de activistas mexicanos contra los culpables fabricados
www.mexicoporflorencecassez wordpress.com
@: mxporfc@hotmail.com

Nuestra carta abierta al activista Javier Sicilia: “La Señora Wallace a la que estimo profundamente…”

Nuestra carta abierta al activista Javier Sicilia

Sicilia Wallace

 

Sicilia - Wallace
Referencia: Art. de Alejandro Pacheco / SDPnoticias.com – 27 de agosto 2015. http://www.sdpnoticias.com/local/guerrero/2015/08/27/rogelio-ortega-sabe-que-nestora-es-inocente-confiamos-en-que-ayude-a-liberarla-sicilia

Estimado Señor Sicilia,

Somos un colectivo de activistas mexicanos que se ha dedicado desde el año 2009 en la investigación sobre casos de culpables fabricados, el primero de los cuales fue el caso de la Sra. Florence Cassez. Contra el linchamiento perpetrado por los medios de desinformación, y las mentiras repetidas de las autoridades y de sus voceros quienes se autoproclamaron representantes de la sociedad civil, los Sres. Alejandro Martí, María Elena Morera e Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres (el segundo siendo su verdadero apellido), hemos defendido la inocencia y la honrad de víctimas como Florence Cassez, causa a la que Usted como padre de víctima se ha juntado en los últimos años del calvario que Florence ha sufrido durante 8 años. 

Una vez obtenida la libertad de Florence Cassez, nuestro colectivo se ha comprometido a seguir luchando por los derechos y la libertad de otros culpables fabricados en México. Siempre lo hemos dicho: no hemos defendido a Florence Cassez porque se trataba de una extranjera, sino porque su caso resultaba y sigue resultando emblemático de la fabricación de culpables en nuestro país. Su libertad fue el primer paso significativo en nuestra lucha contra la corrupción y la impunidad, las cuales se manifiestan diario en las fallas del sistema de impartición de justicia en México, el uso generalizado de la tortura por parte de las fuerzas de “seguridad”, y la invención cotidiana de culpables fabricados, quienes no tienen los recursos para comprobar su inocencia. Nosotros luchamos para que los culpables fabricados salgan de las cárceles, y que los responsables de la fabricación de culpables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Entre los inocentes que nuestro colectivo defiende, están los inculpados en el muy conocido caso Wallace. Si Usted todavía no está enterado de los elementos que nosotros contribuimos a revelar a la opinión publica, elementos que comprueban que el caso del presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda o Hugo Alberto Miranda Torres (su verdadero apellido), le invitamos a que visiten el sitio www.mexicoporflorencecassez.wordpress.com o la página derivada de la primera: www.elcasowallace.wordpress.com.

Fue, Sr. Sicilia, con asombro y decepción, que leímos lo siguiente en el artículo titulado « Rogelio Ortega sabe que Nestora es Inocente, confiamos en que ayude a liberarla: Sicilia », publicado el 27 de agosto del 2015 en el sitio www.sdpnoticias.com.

“Su proceso está lleno de aberraciones desde el principio, entonces hay una venganza de orden político criminal que está de origen en el presidente municipal que ahora es diputado por el PRI, Javier Hernández Rodríguez. (..) En declaraciones realizadas desde el pasado 9 de agosto al diario “La Jornada” , Nestora reconoció que permanecía en prisión por la influencia de la presidenta de la asociación civil “Alto al Secuestro Isabel Miranda de Wallace pues ella respalda a uno de sus principales acusadores, Eugenio Sánchez, quien acusa a Salgado García de plagio. Ante ello Sicilia pidió a Miranda de Wallace acudir a Olinala para conocer el funcionamiento de las Policías comunitarias y formar un criterio amplio sobre la realidad de Nestora.

Yo le pediría a la Señora Wallace a la que estimo profundamente que tiene un gran trabajo en defensa de las víctimas, que en este caso como en otros vaya al origen del problema, que no nomás construya a partir de los dimes y diretes y de las colusiones que hay también entre los testigos que valla a Olinala, y que vaya a visitar las casas de justicia, que realmente sabe que realmente están allá.” concluyó.”

Sr. Sicilia, ¿Cómo Usted puede ignorar que el caso de secuestro de Hugo Alberto Wallace fue fabricado por la madre del desaparecido? ¿Que se encontraron pruebas fehacientes según las cuales el denominado Hugo Alberto estaba vivo por lo menos 5 años después de su supuesto descuartizamiento? ¿Cómo explica usted que Hugo Alberto Wallace tramitó una CURP en el 2010, si se supone que murió en el 2005? Nosotros llevamos 7 años estudiando, analizando meticulosamente el caso Wallace. Le aseguramos que la Sra. Wallace o Miranda Torres no ha hecho absolutamente nada para la defensa de las víctimas, sino que ha instrumentalizado y se ha apoderado del título de “victima” para conseguir poder económico y político. Su hijo estando vivo, la Sra. Wallace, quién ha presenciado sesiones de tortura física y ha lidiado interrogatorios ilegales, solamente actuó para cumplir con sus propios intereses..

Sabemos también, y seguramente Usted también lo sabe, que la actuación de la señora Wallace en el caso Nestora Salgado, deriva de su deseo (o de su obligación a cambio de servicios) de proteger a por los menos dos cómplices suyos involucrados en una red de prostitución y de pornografía infantil: el ex-abogado de la señora Wallace, el “Lic.” Ricardo Martínez Chavez, asi como el ex-subprocurador de Atención a Víctimas del estado de Guerrero Iñaki Blanco. Precisamente esa red que había desmantelada Nestora y su policía comunitaria.

Siendo sincera su “estima” hacia Isabel Wallace, lo cual sería preocupante procedente de Usted, permita que le recordemos que la señora Wallace fue indiciada en el 1998 por los  delitos de resistencia a particulares y homicidio en grado de tentativa (documentado por la revista Proceso en el 2012). Eso no impidió que ella fuera nombrada en el 2010 Premio Nacional de Derechos Humanos, gracias a su compadre Raúl Plascencia, presidente de la CNDH.  La señora tiene varias denuncias en su contra, denuncias que jamás se han investigado ya que es protegida por la PGR y ciertos magistrados.

Siendo fingida su estima hacia Isabel, en este caso le invitamos a enfrentar el miedo que posiblemente Usted, como decenas o cientos de activistas, jueces y políticos, le tienen a esta Sra. Wallace y a juntarse a colectivos y organizaciones que realmente actúan, a  pesar de las amenazas y del riesgo, a favor de las víctimas. El papel de Isabel Wallace consiste en cubrir las fabricación de culpables perpetradas por las autoridades estatales y federales, trabajo sucio a cambio del cual el gobierno federal y del Distrito Federal la apoya en su propio caso también fabricado.

Sr. Javier Sicilia, Usted tiene que tomar una decisión al respecto y escoger su trinchera. Uno no puede pretender luchar por la justicia en México y seguir haciéndole zalamerías a esta corrupta y criminal de Isabel Miranda de Wallace.

Atente.

MXporFC

Periodistas que avergüenzan: Martín Moreno y el Caso Wallace

Artículo,de Patricia Barba Avila (Femcai)
Fecha: 20 de Julio del 2015
Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallac (2010)
Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallace (2010)
Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. R
– Ryszard Kapuscinski
En julio de 2005, un considerable número de Mexicanos se sintieron conmovidos por la historia de Isabel Miranda [de Wallace], convertida en “madre coraje” merced de una historieta de absoluta ficción que narra cómo, de manera supermanesca, logró una hazaña digna de las taquilleras y grotescas películas de Rambo, al haber llevado a cabo una “investigación” sin la ayuda de absolutamente nadie, que la condujo a “descubrir” las identidades de seis personas a las que señaló como culpables del secuestro y descuartizamiento de su hijo Hugo Alberto Wallace.
El motivo de iniciar este escrito con la reflexión de Kapuscinski, el extraordinario periodista polaco –quien atinadamente afirmara que las malas personas no pueden ser buenos periodistas– es justamente porque fue la pluma de Martín Moreno la que se encargó de transformar el cúmulo de falsedades inventadas por Miranda Torres, en un libro que no sólo le ha redituado un inmerecido prestigio como “periodista” y “escritor” sino que ha servido a esta heroína de barro para lucrar política y financieramente con la mentira y el delito. Y aquí es moralmente obligado preguntar: ¿Cómo es posible que alguien que ha recibido el Premio Nacional de Periodismo, no haya tenido la imprescindible pulcritud, ética y honestidad para comprobar la veracidad de las narraciones de Miranda, antes de atreverse a publicarlas? ¿Cómo es posible que una auténtica criminal no sólo reciba fondos públicos para sustentar su A.C. “Alto al Secuestro”, sino que haya sido acreedora del Premio Nacional de los Derechos Humanos y, además, haya sido lanzada como candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2012?
El pasado sábado 11 de julio, se cumplieron 10 años de la maraña de mentiras que integran el tristemente famoso “Caso Wallace”, concebido por la mente sociópata de una delincuente que ha engañado, difamado, privado de la libertad y ordenado torturar a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre, Alberto y Antonio Castillo Cruz, para obligarlos a declararse culpables del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto, muy probablemente vivo de acuerdo con las evidencias surgidas del trabajo investigativo de verdaderas periodistas como Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Angeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, además del comprometido involucramiento de David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, quienes con un indiscutible sentido de responsabilidad, solidaridad y ética, han revelado las evidencias que hacen pedazos no sólo el “Caso Wallace” sino la fabricada reputación de Miranda Torres, quien además, ha tenido el cinismo de amenazarlos con demandas que no ha podido concretar.
Algo muy alarmante y ominoso ocurre en una sociedad cuando cualquier persona corre el riesgo de ser detenida, difamada y torturada en el marco de un sistema eminentemente podrido, con la complicidad de “periodistas” que se atreven a elevar a la categoría de literatura, embustes insostenibles, como lo hizo Martín Moreno, con el apoyo de medios de “comunicación” que difundieron este cúmulo de falsedades convirtiéndose, por este sólo hecho, en cómplices de una de las infamias más deleznables de la triste entelequia en la que se ha transformado el sistema de “justicia” mexicano. Y aquí es menester resaltar la elemental importancia de fomentar en la sociedad el sano escepticismo que nos obliga no sólo a dilucidar con lógica los acontecimientos, sino a analizar a fondo las circunstancias que los rodean, permitiéndonos así determinar su veracidad o falsedad.
Tal como lo dijeran David Bertet y Guadalupe Lizárraga, es tiempo ya de que quitar la venda de los ojos a un importante sector de la sociedad engañado vilmente por Miranda Torres, para hacer posible que las víctimas inocentes del “Caso Wallace” reciban la justicia que merecen y sean exoneradas, junto con la Comandante Nestora Salgado García, privada de su libertad desde el 22 de agosto de 2013 gracias a cargos fabricados por auténticos hampones insertados en el gobierno, como es el caso, entre varios más, de Ricardo Martínez, tratante de niñas y jóvenes que fungía como Subprocurador de Atención a Víctimas bajo la administración de Angel Aguirre Rivero, y quien además, es parte del grupúsculo delictivo capitaneado por Isabel Miranda.
No se puede publicar un documento sin los datos completos…y esto debería ser la norma del periodismo.
– Julian Assange
 

Ongs canadienses piden medidas cautelares para víctima de Isabel Miranda

Artículo publicado el 14 de abril del 2015 en la revista Los Ángeles Press y en el sitio de ACDV.

#WallaceMiente
#WallaceMiente

A través de un comunicado público la Asociación Contra la Fábrica de Culpables y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad informaron que el día 25 de marzo de 2015 solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima de Isabel Miranda Torres por la simulación del secuestro de Hugo Wallace.

La petición de protección a Tagle por violaciones de derechos humanos fue interpuesta el pasado 25 de noviembre de 2014 a iniciativa de las organizaciones canadienses lideradas por los activistas David Bertet y Luis Vargas, quienes llevan varios años en la defensa de los inculpados por falsos delitos, como el conocido Caso Wallace.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el número de referencia MC549-14 P.MX para el caso de Jacobo Tagle, quien se encuentra actualmente bajo proceso penal con la causa 35/2006.

Los firmantes de la solicitud, Vargas y Bertet, señalaron que las medidas cautelares solicitadas para Tagle tienen como principal finalidad proteger su integridad física y psicológica ante el inminente riesgo de daños irreparables. El inculpado ha denunciado que ha sido torturado en varias ocasiones para incriminarse y que lo mantienen en condiciones insalubres en el CEFERESO número 2 en Puente Grande, Jalisco, como represalias por sus denuncias, además de negarle atención médica adecuada por parte de las autoridades carcelarias.

Publicación ilegal a través de la cuenta de twitter de @Altoalsecuestro sobre caso Brenda Quevedo Cruz

El 3 abril, vía Twitter, Isabel Miranda de Wallace publicó la foto de un artículo, cuyo título era: « Dan revés a acusada en caso Wallace », indicando que un tribunal federal encabezado por el Magistrado Paredes Calderón había rechazado el incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas interpuesto por la defensa de Brenda Quevedo Cruz. Con su retórica habitual, Isabel Wallace se felicitó por la decisión, aprovechando la oportunidad para de nueva cuenta tachar de “delincuentes” a sus víctimas.

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Por un lado, cabe señalar que el hecho de publicar una decisión de un juzgado antes de que la acusada haya sido notificada resulta ser un acto ilegal. Por otro lado, el hecho de que se haya filtrado dicha noticia, de la cual por el momento no tenemos confirmación, confirma nuestras sospechas sobre los posibles vínculos de complicidad entre Isabel Miranda de Wallace y la oficina del Magistrado quién presuntamente tomó la decisión de rechazar el incidente de libertad inmediata de Brenda Quevedo Cruz, el Lic. Paredes Calderón.

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En apoyo a tres mujeres ejemplares víctimas del Estado (Día internacional de la mujer)

El Frente de los Medios de Comunicación Alternativos Independientes en colaboración con el medio digital Los Ángeles Press presentará el día 8 de marzo del 2015 un programa especial en apoyo a tres mujeres encarceladas que simbolizan cada quién a su manera, la lucha contra la injusticia institucionalizada y la corrupción que roe nuestro país: Nestora Salgado, Brenda Quevedo y la indígena Aurora Meza Calles.

MXporFC saluda y apoya la iniciativa.

Día internacional de la mujer

 

Denuncian a la expresidiaria @WallaceIsabel por calumniar y atacar a la activista Nestora Salgado

Artículo publicado el 20 de enero de 2015 en Ah Diario.

Cuauhtémoc Ruiz Ortiz, coordinador del Comité Nestora Libre, aseguró que Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, emprendió una campaña en contra de la líder comunitaria Nestora Salgado García, quien se encuentra presa en Tepic, Nayarit desde agosto de 2013, acusada FALSAMENTE (agregamos) de secuestro agravado en contra de seis personas.

En conferencia de prensa, acompañado por la hermana de Nestora, Ruiz Ortiz aseguró que lo dicho por Miranda de Wallace la semana pasada son una serie de infundios y calumnias, ya no sólo en contra de Nestora sino también contra las policías comunitarias y los mismos pueblos indígenas.

En días pasados, Miranda de Wallace hizo un llamado al usurpador Enrique Peña Nieto y a las autoridades del poder judicial para que revisen el caso y se lleve a cabo, dijo, un debido proceso y no se politice el asunto. Consideró que la liberación de la líder comunitaria era “ilegal y contrario a derecho”.

También dio a conocer un audio en el que, supuestamente, diputados federales y locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) negociaban la liberación de Salgado.

La principal actora de esta campaña, la señora Miranda de Wallace, es una impostora y un dócill instrumento de los peores intereses en Guerrero, del ex gobernador Aguirre y de su procurador Iñaki, así como de algunos sectores de empresarios y el PRI”, dijo Ruiz Ortiz.

Por su parte, la hermana de Nestora, Cleotilde Salgado García, afirmó que lo dicho por Miranda de Wallace son “puras mentiras” y la exhortó a que investigue antes de difamar a una persona. “Yo le pido que vayan a Olinalá a investigar quién es Nestora Salgado García y quiénes son sus defendidos. Todo mundo los conoce, todo mundo sabe qué clase de personas son estas”.

Miranda de Wallace junto con Alejandro Martí, de la organización México SOS, afirmaron que Nestora secuestraba a personas y cobraba hasta 50 mil pesos por liberarlos. Llevaron a cinco presuntas víctimas que aseguraron que Salgado García las encarceló en Paraíso.

LA HISTORIA

Nestora Salgado García fue detenida el pasado 21 de agosto, acusada del secuestro en agravio de por lo menos seis personas, entre ellos dos menores de edad, sin embargo, en abril pasado, un juez federal exoneró de los cargos de secuestro agravado y delincuencia organizada por lo que el Primer Tribunal Unitario del vigésimo primer circuito dictó auto de libertad.

El 8 de enero el gobierno de Guerrero desistió de emprender la acción penal en contra de la comandante, sin embargo hasta el momento no ha sido liberada.

De acuerdo con testimonios y otros elementos de prueba que constan en el expediente, el Juez decretó la formal prisión y sin derecho a fianza en contra de Nestora Salgado.

En la conferencia, también estuvo presente Francisco Flores Jiménez, un joven que estuvo en la Casa de Justicia de Paraíso, quien convivió con las dos jóvenes menores de edad que acusan a Nestora de secuestrarlas.

“Yo vine a desmentir todo lo que dicen las chamacas. No es verdad, la señora Nestora Salgado siempre nos trató de una manera en la que valorizamos las cosas, el trabajo. Los compañeros de la comunitaria si trabajábamos nos daban comida buena; si no, nos daban lo que había”.

También explicó que las madres de las menores, las mayores acusadoras en contra de Nestora, incluso firmaron para que éstas mismas fueran ingresadas por lo que no entendía por qué hablaban mal de la comandanta.

Flores Jiménez también dijo que cuando fue detenido, el síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, lo obligó a atacar a Nestora, sin embargo, el joven se negó.

Por otra parte, Cruz Morales Reyes, comandante regional, explicó que el sistema comunitario, bajo el cual se rigen, es diferente al sistema de justicia que conocemos todos. Ahí existe la Casa de Justicia donde los jóvenes son llevados porque no “hacen cosas de bien”.

Aseguró que la salida de los que ingresan depende de su avance, si trabajan y si están rehabilitados, pero que en ningún momento han pedido una cooperación.

“Cuando sale se le entrega a su familia con un compromiso ante la comunidad de que no regresará”.

Finalmente, Cuauhtémoc Ruiz dijo que Nestora podía ser liberada en cualquier momento. “Podría salir en cualquier momento, si se desiste de los cargos el gobierno del estado, que es la que la acusa, entonces queda libre ella y todos los demás”.

El 7 de enero, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, se comprometió a que en su administración no habría más luchadores sociales detenidos y anunció que la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajaban en la elaboración de una Ley de Amnistía que permitiera liberar a líderesa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Ortega Martínez aseguró que mantiene contacto con los familiares de los dirigentes de la CRAC que se encuentran presos en penales de máxima y mediana seguridad, entre ellos Nestora Salgado García de Olinalá y Gonzalo Molina González de Tixtla.

Juicio político contra el titular de la CNDH. Raúl Plascencia Villanueva

Artículo publicado en SDP noticias

Por Manuel Alejandro Vázquez Flores

El 25 de septiembre de 2014

Nota: El artículo siguiente expresa la opinión de su autor con respecto a la denuncia de juicio político contra el actual ombudsman nacional, Doctor Raúl Plascencia Villanueva. Sin embargo, no refleja necesariamente la opinión del Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El día de ayer por medio de un comunicado de prensa emitido por el Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas, informaron que “más de 85 personas y ONG´s” presentaron ante la Cámara de Diputados denuncia de juicio político contra el actual ombudsman nacional, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, bajo los argumentos de “faltar a su mandato de defender a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos; y la utilización de la institución a “modo” y para fines distintos a la defensa de los derechos humanos.”

Asimismo se enlistan las presuntas omisiones en que ha incurrido Plascencia Villanueva durante el ejercicio de sus funciones como Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de las cuales, a juicio de los denunciantes, además de tener conocimiento pleno de las violaciones que se enumeran a continuación, ha solapado en su calidad de “ombudsman nacional”:

Las setenta mil personas asesinadas  en el periodo del 1 de diciembre del 2006 al 1º de diciembre del 2012, es decir, durante el mandato de Felipe Calderón.

Los “miles” de migrantes calificados como secuestrados, pero que también fueron y son desaparecidos, desaparecidos forzosos, extorsionados, reclutados para trata, el crimen organizado, asesinados, etcétera.

Las 1.6 millones de víctimas de “desplazamiento forzado” a consecuencia de la violencia del crimen organizado.

Los “cientos de miles de personas” detenidas por el Gobierno Federal, señaladas como delincuentes sin haber comprobado su culpabilidad o inocencia, en el período del 2006 al 2012, de igual manera, en el ejercicio del mandato de Felipe Calderón.

Las 25,276 personas desaparecidas en el período del 1 de diciembre del 2006 al 1 de diciembre del 2012, y 23,322 personas del 1  de diciembre del 2012 al 31 de junio del 2014, donde ya corresponde una parte al ejercicio del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto.

La tortura en México continúa siendo una práctica sistemática.

El caso de la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, la mayoría migrantes.

“Los hechos del 1 de diciembre del 2012” en la Ciudad de México, donde no se especifican los mismos.

Las reformas a las Constituciones de varios Estados de la República que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres.

Las restricciones a la libertad de expresión en “la reglamentación de la protesta social”, donde tampoco se especifican las circunstancias de modo y tiempo de tales restricciones.

La nueva ley de Telecomunicaciones y las posibles violaciones a derechos humanos.

El incumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos para la emisión de recomendaciones.

El caso del General Tomás Ángeles Duahare y otros Generales del Ejército Mexicano, acusados “de oídas” por “testigos protegidos”.

El caso de la detención ilegal y arbitraría, violación sexual y tortura en perjuicio de la Sra. Miriam Isaura López Vargas.

El caso de 4 personas civiles en Rosarito, Baja California, detenidos ilegalmente y torturados para que confesaran crímenes que no cometieron.

Los casos de Florence Cassez e Israel Vallarta Cisneros y el daño irreparable al debido proceso por lo que fue imposible la administración de la justicia.

Recomendaciones para “desacreditar a personas e instituciones” como los casos de José Luis Luege Tamargo, entonces titular de la Comisión Nacional del Agua; del Lic. Luis Raúl González Pérez, Abogado General de la UNAM, al Dr. Luis González Plascencia su homólogo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde no se especifica en qué consisten tales descréditos y las circunstancias en que se dieron.

Todos estos casos, de acuerdo con el boletín de prensa del Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas están detalladamente documentados en la denuncia de juicio político que fuera presentada ante la Cámara de Diputados el día de ayer, pero conforme a derecho, siendo objetivos, tanto la CNDH, así como todas y cada una de las estatales, incluyendo la del Distrito Federal, son retóricos “organismos constitucionales autónomos” los cuales dependen claramente del Ejecutivo en los dos primeros niveles de gobierno (Federal y Local), ya que se encuentra la injerencia tanto de este poder, como del Legislativo en la toma de decisión para la elección del ombudsman y no es un secreto, máxime que, en el caso en concreto, bien vale la pena colegir, que de acuerdo con el artículo 102 constitucional que las Comisiones de Derechos Humanos exclusivamente conocen de “quejas” en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos, y lo más claro:  estos organismos únicamente formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Es debido a lo anterior, que estas Comisiones son organismos que además de no servir, de ser verdaderos “elefantes blancos” creados con la flagrante intención de justificar o mejor dicho “gastar” el presupuesto, lo único que realizan es como ya se mencionó emitir sus “recomendaciones” que en estricto derecho no sirven de nada a la sociedad, y para dar “asesorías”, o ser organismos de gestión para que nada más se canalicen “las quejas o denuncias” a la autoridad competente, es decir, es un mero círculo vicioso que en el mejor de los casos sirve para “hacerle presión a la autoridad” mas no para obligarla en ningún momento, dado a que se insiste, y no lo digo yo, sus recomendaciones son eso nada más y mucho menos tienen carácter vinculatorio.

Es por lo anterior que el actual titular de la CNDH, es únicamente la “figura representativa o personaje” que representa en “eventos” a este organismo, pero, en el caso historico de que verdaderamente la Cámara de Diputados actuara contra el funcionario en lo que concierne a las omisiones de las recomendaciones que debió haber emitido en su momento por los casos que fueran enlistados; siendo en todos y cada uno de los casos penalmente responsables de las acusaciones contra Plascencia Villanueva el ex Presidente Felipe Calderón, el ex Secretario de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, los ex Procuradores del mandato calderonista, el actual Enrique Peña Nieto,  así como el actual Fiscal General de la República, Jesús Murillo Karam, este último mediante juicio político, que siendo realistas mis queridos lectores, ¿realmente creen que proceda algo en contra de todos estos personajes, en específico contra Plascencia Villanueva que es el caso que nos ocupa en esta columna?

En mi opinión estos organismos de Derechos Humanos bien deberían de ser extinguidos por intrascendentes e inservibles, o en su defecto, elaborar una verdadera reforma constitucional, como aquella del 2011 donde fueron reconocidos estos “Derechos”, en la cual ejerzan las funciones de autoridad que como órganos públicos autónomos deben tener dentro de las cuales realmente emitan no recomendaciones, sino resoluciones y sanciones para que cumplan con su verdadero objetivo que es la salvaguarda de los Derechos Humanos tanto de víctimas como de la sociedad en su conjunto.

Germán Martínez Cázares: “Si Raúl Plascencia tiene vergüenza, debe declinar de la CNDH”

Artículo publicado en Noticias Terra.mx

Por Germán Martínez Cázares

El 29 de septiembre de 2014

Para Germán Martínez Cázares, el “defensor del pueblo” estira y encoge los plazos para resolver los asuntos según le convenga.

Raúl Plascencia intenta reelegirse como presidente de la CNDH..  Foto: Agencia Reforma
Raúl Plascencia intenta reelegirse como presidente de la CNDH..
Foto: Agencia Reforma

Si Raúl Plascencia Villanueva tiene vergüenza pública debe declinar su aspiración de reelegirse como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tlatlaya lo desnudó. Dejó al descubierto el peor defecto de un ombudsperson: inclinarse por utilidad política.

¿No tenía tiempo para investigar una masacre de 22 personas en el Estado de México, porque al mismo tiempo diseñaba, calculaba y recababa apoyos para su reelección, con un regaño al gobierno de Puebla? ¿Mutis en Tlatlaya, gritos justicieros en Ocoyucan?

Al doctor Plascencia se le nota feliz con el lucimiento personal, el dolor de las personas parece incomodarle. Su desempeño en muchas ocasiones es frívolo, en otras, deficiente por genuflexo frente al poder.

Se extraña aquella comisión nacional de Jorge Carpizo, fuente de autoridad cívica y decoro profesional, porque en los últimos cinco años -y con un presupuesto similar al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- el señor Plascencia ha convertido a la CNDH en un tiliche burocrático al servicio de contrataciones personales, ataques políticos y venganzas privadas.

El “defensor del pueblo” estira y encoge los plazos para resolver los asuntos según le convenga. Guarda expedientes como amenazas o premios en su cajón, ¿no? Fueron “tiempos largos” para resolver el caso Ayotzinapa, en cambio, cuando los medios descubrieron el bochornoso asunto de Genaro Góngora Pimentel, ordenó resolver con urgencia. “Recomendación” dura y puntual a su adversario el abogado general de la UNAM, por acoso sexual de un profesor, pero para sus cuates un silencio cómplice. Las denuncias por hostigamiento laboral, recién le preguntó la senadora Saldaña, ¡en su propia oficina!, ¿para cuándo?, ¿ya investigó en su oficialía mayor?

El ombudsman nacional presume la creación de la Sexta Visitaduría especializada en tutelar derechos laborales, económicos, culturales y ambientales. ¿Qué hizo en los últimos desastres ecológicos de Sonora, Tamaulipas y Veracruz? ¿Algún pronunciamiento sobre el asistencialismo gubernamental en el combate a la pobreza? ¿Algún reclamo por la confiscatoria reforma fiscal?

Quizá con demasiada frecuencia en la oficina del señor Plascencia se usa la palabra “remitir”. La CNDH puede ordenar la “remisión” de las denuncias a los órganos estatales (además reenvía a defensorías públicas y por “orientación directa” a distintas dependencias). ¿Acaso ese escurridizo trámite de endosar asuntos es el motivo de la disminución de quejas? ¿El gobierno de Peña comparte ese espejismo?

Después de Tlatlaya el compromiso del PRI con los derechos humanos se medirá a la hora de examinar al doctor Plascencia para ratificarlo. El gobierno debe saber que una tapadera

CNDH ha fallado su misión por corrupción y tráfico de influencias: ONG

Artículo publicado en Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

El 10 de octubre de 2014

La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en voz de su presidente David Bertet, se pronunció en contra del tráfico de influencias para elegir al nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Observó casos de corrupción en esta institución que ha afectado la vida de muchas familias, por lo que opinó que no debería elegirse para esta tarea a personas que llegaron a ocupar altos cargos políticos por el nivel de compromisos que establecen con particulares y grupos de poder.

Bertet, quien también fue uno de los firmantes para promover el juicio político contra Raúl Plascencia Villanueva por su omisión en cientos de casos graves de violaciones de derechos humanos, recordó que Plascencia fue elegido como titular de la CNDH por la propuesta de Isabel Miranda de Wallace, denunciada ante la PGR por simular el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace. “Lo que resulta particularmente sintomático de una gravísima desviación del sentido ético dentro del sistema de justicia mexicano”, dijo el activista.

Enfatizó Bertet que la CNDH falló con su misión en el registro puntual de las violaciones de derechos humanos. “No solamente por la decena de familias víctimas de servidores públicos corrompidos por la misma persona que impulsó a Plascencia, Isabel Miranda de Wallace, sino por la división artificial que se hizo entre derechos humanos y privilegios de las personas que se autoproclamaron «víctimas» sin serlo, como esta señora”.

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El falso caso Wallace favorecido por Plascencia

El activista canadiense, David Bertet, quien ha impulsado los trabajos de investigación sobre el falso secuestro y homicidio de Wallace, sostuvo que “con Plascencia se rompió la coherencia de las leyes y de la Constitución mexicana para favorecer intereses privados” y mencionó que entre éstos, los de la persona que lo propuso en ese cargo público.

Un ejemplo de la gravedad de las faltas en las que incurrió Plascencia como titular de la CNDH fue la omisión de tortura en el caso de Brenda Quevedo Cruz, y en el de cuatro personas más inculpadas para sostener el falso secuestro Wallace, más aparte se omitió la documentación de detenciones arbitrarias, privación de libertad y abuso de poder de funcionarios contra familiares de las víctimas.

Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, presentó la denuncia formal contra Plascencia ante la Procuraduría General de la República el 23 de mayo de 2013, por su omisión en las violaciones de derechos humanos a su hija perpetradas desde septiembre de 2009 y octubre de 2010. Al denunciar los hechos en primera instancia a la CNDH, la respuesta de esta institución fue que el caso no era de su competencia sino del Ministerio Público, pese a que se especificaba el abuso de autoridades judiciales, como la participación directa de agentes ministeriales en la tortura física y violación a la víctima, y posteriormente el resultado positivo del Protocolo de Estambul con el que se validaba la tortura.

Denuncia ante la PGR contra Plascencia.

Un caso similar fue el de Alberto Castillo Cruz, inculpado por el mismo falso secuestro, quien fue torturado también en octubre de 2010 para obligarlo a incriminarse y a pedirle perdón a Isabel Miranda. Su madre, María Elena Cruz y su tío Luis Carrillo Bustamante presentaron la denuncia de hechos a la CNDH y ésta volvió a omitir su intervención y a responder que no era de su competencia; por lo que fue denunciado nuevamente Raúl Plascencia ante la PGR.

Otras de las quejas omitidas, éstas desde 2006 a 2010, por la CNDH que afectó fatalmente a una de las víctimas de violaciones de derechos humanos fue la interpuesta por la madre y la hermana de César Freyre Morales, culpable fabricado del mismo caso Wallace. María Rosa Morales y la ya fallecida Julieta Freyre, fueron encarceladas por año y medio a raíz de las denuncias de Miranda por falsos delitos, mientras que la CNDH volvió a omitir sus recomendaciones a los funcionarios públicos implicados en esta situación.

“Tal complicidad entre Plascencia y la persona que inventó el secuestro y homicidio de su hijo, es el ejemplo más emblemático de la corrupción no sólo dentro de la CNDH, sino de las instituciones de justicia del Estado mexicano”, comentó al respecto Bertet para Los Ángeles Press, y advirtió que “mientras el tráfico de influencias sea la regla implícita en la elección del Ombudsman mexicano, las verdaderas víctimas seguirán indefensas y su sufrimiento será ignorado”.

Respecto a la posibilidad de que Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados, se convierta en el sucesor de Plascencia como titular de la CNDH, Bertet expresó su preocupación: Simplemente por el hecho de que ese precandidato ya ejerce actualmente una función pública, y su candidatura es impulsada por el PRI, eso debería ser suficiente para descartarla. México merece que una institución del tamaño de la CNDH sea realmente independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, y no una puerta más para beneficiarse del tráfico de influencias”.

La Señora Wallace, acusada ante la PGR

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

 

Artículo publicado en Proceso y el Diario de Coahuila

Por Jorge Carrasco Araizaga

El 14 de septiembre de 2014

 

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Familiares de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y empleados de la propia PGR por considerar que cometieron diversos delitos para responsabilizarlos de la desaparición del hijo de la activista.

Sin que después de nueve años haya sentencia firme en contra de los acusados, sus familiares presentaron la denuncia ante la oficina del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el miércoles 3, luego de que se hiciera pública la existencia de una doble documentación oficial sobre Hugo Alberto Wallace.

Además de Isabel Miranda, los señalados son su esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, su hermano Roberto Miranda y los siguientes empleados de la PGR: los agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, y la perito de la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales Yanet Rogel Montes de Oca.

A los siete les imputan delitos contra el estado civil, de falsedad de informes dados a la autoridad, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, tráfico de influencias y cohecho, cargos que tendría que investigar la PGR.

Los denunciantes son Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste del Rincón, en Tepic, Nayarit; y Raquel Dobin Rosenthal, madre de Jacobo Tagle Dobin, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2, en Jalisco. Ambos acusados aún están a la espera de sentencia en primera instancia.

Los otros denunciantes son María Guadalupe González Lomelí, hermana de Juana Hilda González Lomelí, presa también en el Centro Federal Femenil del Rincón; y María Elena Cruz Bustamante y Luis Carrillo Bustamante, madre y tío de Alberto y Tony Castillo Cruz, ambos de nacionalidad estadunidense. El primero está preso en el Cefereso número 12, en Guanajuato, y el segundo en el Cefereso número 3, en Matamoros, Tamaulipas.

‘PRUEBAS FABRICADAS’

Según la denuncia de hechos, con la revelación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y la del matrimonio de Isabel Miranda con Enrique Wallace, así como la existencia de pruebas cuestionadas, publicadas en mayo y junio pasados por el periódico digital Los Ángeles Press y Proceso (ediciones 1961 y 1962), “se pone en evidencia” los delitos denunciados.

En una de las actas, emitida en el Distrito Federal, Hugo Alberto aparece como hijo de Jacinto Miranda. En la otra, de un juzgado civil de Texcoco, el papá es José Enrique del Socorro Wallace, de nacionalidad nicaragüense; mientras que la activista en la primera se llama Isabel Torres, y en la segunda, María Isabel Miranda Torres.

Los denunciantes aseguran que Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres, nombres de la activista que aparecen en los documentos oficiales, así como su esposo Enrique del Socorro Wallace, son presuntos responsables del delito contra el estado civil porque al registrar a Hugo Alberto como hijo de ambos, la primera adjudicó “a un tercero la paternidad que no le corresponde” y el segundo asumió “la filiación de padre sin corresponderle”.

Señalan que el artículo 227, fracción III del Código Penal Federal (CPF) impone de uno a seis años de prisión, entre otros, “a los padres que no presenten a un hijo suyo al Registro con el propósito de hacerle perder su estado civil, o que declaren falsamente su fallecimiento, o lo presenten ocultando nombres o suponiendo que los padres son otras personas”.

Según la denuncia, ambos cometieron falsedad de declaración ante las autoridades judiciales y ministeriales respecto a la autenticidad del apellido, lugar y fecha de nacimiento de Hugo Alberto, “así como el ocultamiento doloso ante tales autoridades de la identidad del padre biológico de la víctima”.

Los familiares de los procesados aseguran también que Isabel Miranda y su esposo “declararon falsamente ante la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre la verdadera fecha de su matrimonio con el fin de encubrir la verdadera filiación de Hugo Alberto”. Citan que la falsedad de declaración está penada con prisión de cuatro a ocho años en el Código Penal Federal (CPF).

Sobre la simulación de pruebas, dicen que la evidencia “más trascendental” para condenar a cuatro de los seis acusados y “supuestamente encontrada en la escena del supuesto crimen, fue falseada y alterada con el único objetivo de inculparlos de los supuestos delitos de privación de la libertad, en su modalidad de secuestro, delincuencia organizada y otros”.

‘SEMBRADOS’

Explican que la gota de sangre y un pelo de la alegada víctima encontradas en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los hechos denunciados, no sólo fueron “sembrados” sino también alterados porque el perfil genético de lo que se presentó como prueba originalmente fue identificado como cromosoma de mujer (XX) en el informe de la perito Yanet Rogel Montes, el 20 de marzo de 2006.

De acuerdo a los denunciantes, ese perfil genético “corresponde al del padre adoptivo del desaparecido”. Ante esa inconsistencia, la perito aseguró que se equivocó y que al momento de redactar su informe, “por un error de dedo”, escribió XX en lugar de XY para identificar el cromosoma.

Aseguran que el delito de simulación de pruebas fue cometido por Isabel Miranda y su hermano Roberto, y que de acuerdo al artículo 248 Bis del mismo CPF, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión al que, con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales.

De la perito Yanet Rogel Montes dicen que cometió el delito de falsedad en informes dados a una autoridad, penado en el artículo 247 Bis del CPF con una pena de cinco a 12 años de cárcel.

A partir de esa prueba aportada por la PGR, fueron sentenciados de 78 a 131 años de prisión los hermanos Castillo Cruz, César Freyre y Juana Hilda González. Los familiares dicen que a la perito se le podría aplicar una pena de ocho a 15 años, debido a que ese mismo artículo dice que cuando a un sentenciado se le imponga una pena de más de 20 años de prisión, la pena se incrementa por el testimonio o peritajes falsos.

“Además exigimos que se investigue la comisión de los delitos que se derivan de la falsedad de declaración y de informes dados a una autoridad judicial, tales como el soborno o la coacción de cualquier naturaleza hacia la perito”, dice la denuncia.

También piden a la PGR que investigue la probable comisión de los ilícitos de cohecho, amenazas y tráfico de influencias. En este último delito, no sólo mencionan a la perito, sino también a “todas las partes que dentro del proceso han sido sujetos de los actos denunciados” y que “han favorecido a la parte acusadora y coadyuvante del Ministerio Público federal, María Isabel Miranda Torres o María Isabel Miranda de Wallace”.

Respecto al tráfico de influencias, dicen, “hay que tomar en consideración el personaje Isabel Miranda de Wallace como figura pública y su poder económico, así como (su) cercanía… con los agentes del Ministerio Público Oswaldo Jiménez Juárez, Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz… encargados de llevar a cabo las averiguaciones previas y acusaciones en contra de los acusados”.

CONTRADEMANDA

La publicación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y de su acta de matrimonio llevó a Isabel Miranda a presentar una denuncia ante la PGR. La Unidad Antisecuestros inició de inmediato la averiguación previa AP/SEIDO/UEIDMS/464/2014. Por esa razón han sido llevados a declarar, sin orden de presentación, Giel Meza, activista de la organización Gente de México por la Democracia, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo.

En esa denuncia está incluido David Bertet, activista canadiense que promueve la liberación de los acusados del caso Wallace, como lo hizo con Florence Cassez. La ciudadana francesa fue acusada también de secuestro en el pasado gobierno y la presidenta de Alto al Secuestro fue una fuerte opositora a su liberación.

Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet anunció en agosto pasado que presentaría en la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) una denuncia por la investigación penal que se sigue en su contra en México, luego de la publicación de las actas en Proceso y Los Ángeles Press.

“Acudiré ante la GRC para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulten responsables de las amenazas de las que soy víctima”, escribió en una denuncia de hechos que hizo pública tras presentarla ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), también de la PGR.

Para el activista, se trata de una represalia e intimidación a “consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda”.

En respuesta a la publicación de esos documentos, Isabel Miranda aseguró que se trató de “una gran canallada”. En una entrevista con Sergio Sarmiento de Televisión Azteca, el 2 de julio pasado, señaló:

“No la puedo llamar de otra manera. Es algo que de verdad no tiene nombre” porque la publicación del reportaje se hizo “sabiendo de manera deliberada que sí existen pruebas. Indudablemente que fue ganas de golpetear, de exponer públicamente mi vida o lo que ellos consideran que es mi vida.

“Pero no es la verdad de lo que está en el expediente. Tan no es así, que precisamente una semana después que sacara esta señora (Anabel Hernández) el reportaje (en Proceso), el juez le confirma el auto de formal prisión a Brenda (Quevedo). Esa es la mejor respuesta que yo puedo tener, sabiendo que jurídicamente tengo la confianza que ella va a permanecer en la cárcel siempre, por más estrategias de medios de comunicación que hagan, por más mentiras que digan.”

 

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

 Wallace delincuente