Carta de César Freyre, inculpado en #CasoWallace, a Enrique Peña Nieto

Carta que César Freyre envió a Peña Nieto en agosto del 2013 y en la cual cuenta como lo torturaron y carta de César Freyre Morales a Brenda Quevedo.

epn1.png

epn2.png

epn3.png

epn4.png

epn5.png

epn6.png

epn7.png

epn8.png

 

Extracto de una carta de CésarFreyre a Brenda Quevedo

Carta-de-Cesar-p-Brenda-junio-2010-1-450x249.jpg

Cesar recorrido 1.jpg

 

Cesar recorrido  2.jpg

 

Anuncios

Nuestra carta abierta al activista Javier Sicilia: “La Señora Wallace a la que estimo profundamente…”

Nuestra carta abierta al activista Javier Sicilia

Sicilia Wallace

 

Sicilia - Wallace
Referencia: Art. de Alejandro Pacheco / SDPnoticias.com – 27 de agosto 2015. http://www.sdpnoticias.com/local/guerrero/2015/08/27/rogelio-ortega-sabe-que-nestora-es-inocente-confiamos-en-que-ayude-a-liberarla-sicilia

Estimado Señor Sicilia,

Somos un colectivo de activistas mexicanos que se ha dedicado desde el año 2009 en la investigación sobre casos de culpables fabricados, el primero de los cuales fue el caso de la Sra. Florence Cassez. Contra el linchamiento perpetrado por los medios de desinformación, y las mentiras repetidas de las autoridades y de sus voceros quienes se autoproclamaron representantes de la sociedad civil, los Sres. Alejandro Martí, María Elena Morera e Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres (el segundo siendo su verdadero apellido), hemos defendido la inocencia y la honrad de víctimas como Florence Cassez, causa a la que Usted como padre de víctima se ha juntado en los últimos años del calvario que Florence ha sufrido durante 8 años. 

Una vez obtenida la libertad de Florence Cassez, nuestro colectivo se ha comprometido a seguir luchando por los derechos y la libertad de otros culpables fabricados en México. Siempre lo hemos dicho: no hemos defendido a Florence Cassez porque se trataba de una extranjera, sino porque su caso resultaba y sigue resultando emblemático de la fabricación de culpables en nuestro país. Su libertad fue el primer paso significativo en nuestra lucha contra la corrupción y la impunidad, las cuales se manifiestan diario en las fallas del sistema de impartición de justicia en México, el uso generalizado de la tortura por parte de las fuerzas de “seguridad”, y la invención cotidiana de culpables fabricados, quienes no tienen los recursos para comprobar su inocencia. Nosotros luchamos para que los culpables fabricados salgan de las cárceles, y que los responsables de la fabricación de culpables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Entre los inocentes que nuestro colectivo defiende, están los inculpados en el muy conocido caso Wallace. Si Usted todavía no está enterado de los elementos que nosotros contribuimos a revelar a la opinión publica, elementos que comprueban que el caso del presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda o Hugo Alberto Miranda Torres (su verdadero apellido), le invitamos a que visiten el sitio www.mexicoporflorencecassez.wordpress.com o la página derivada de la primera: www.elcasowallace.wordpress.com.

Fue, Sr. Sicilia, con asombro y decepción, que leímos lo siguiente en el artículo titulado « Rogelio Ortega sabe que Nestora es Inocente, confiamos en que ayude a liberarla: Sicilia », publicado el 27 de agosto del 2015 en el sitio www.sdpnoticias.com.

“Su proceso está lleno de aberraciones desde el principio, entonces hay una venganza de orden político criminal que está de origen en el presidente municipal que ahora es diputado por el PRI, Javier Hernández Rodríguez. (..) En declaraciones realizadas desde el pasado 9 de agosto al diario “La Jornada” , Nestora reconoció que permanecía en prisión por la influencia de la presidenta de la asociación civil “Alto al Secuestro Isabel Miranda de Wallace pues ella respalda a uno de sus principales acusadores, Eugenio Sánchez, quien acusa a Salgado García de plagio. Ante ello Sicilia pidió a Miranda de Wallace acudir a Olinala para conocer el funcionamiento de las Policías comunitarias y formar un criterio amplio sobre la realidad de Nestora.

Yo le pediría a la Señora Wallace a la que estimo profundamente que tiene un gran trabajo en defensa de las víctimas, que en este caso como en otros vaya al origen del problema, que no nomás construya a partir de los dimes y diretes y de las colusiones que hay también entre los testigos que valla a Olinala, y que vaya a visitar las casas de justicia, que realmente sabe que realmente están allá.” concluyó.”

Sr. Sicilia, ¿Cómo Usted puede ignorar que el caso de secuestro de Hugo Alberto Wallace fue fabricado por la madre del desaparecido? ¿Que se encontraron pruebas fehacientes según las cuales el denominado Hugo Alberto estaba vivo por lo menos 5 años después de su supuesto descuartizamiento? ¿Cómo explica usted que Hugo Alberto Wallace tramitó una CURP en el 2010, si se supone que murió en el 2005? Nosotros llevamos 7 años estudiando, analizando meticulosamente el caso Wallace. Le aseguramos que la Sra. Wallace o Miranda Torres no ha hecho absolutamente nada para la defensa de las víctimas, sino que ha instrumentalizado y se ha apoderado del título de “victima” para conseguir poder económico y político. Su hijo estando vivo, la Sra. Wallace, quién ha presenciado sesiones de tortura física y ha lidiado interrogatorios ilegales, solamente actuó para cumplir con sus propios intereses..

Sabemos también, y seguramente Usted también lo sabe, que la actuación de la señora Wallace en el caso Nestora Salgado, deriva de su deseo (o de su obligación a cambio de servicios) de proteger a por los menos dos cómplices suyos involucrados en una red de prostitución y de pornografía infantil: el ex-abogado de la señora Wallace, el “Lic.” Ricardo Martínez Chavez, asi como el ex-subprocurador de Atención a Víctimas del estado de Guerrero Iñaki Blanco. Precisamente esa red que había desmantelada Nestora y su policía comunitaria.

Siendo sincera su “estima” hacia Isabel Wallace, lo cual sería preocupante procedente de Usted, permita que le recordemos que la señora Wallace fue indiciada en el 1998 por los  delitos de resistencia a particulares y homicidio en grado de tentativa (documentado por la revista Proceso en el 2012). Eso no impidió que ella fuera nombrada en el 2010 Premio Nacional de Derechos Humanos, gracias a su compadre Raúl Plascencia, presidente de la CNDH.  La señora tiene varias denuncias en su contra, denuncias que jamás se han investigado ya que es protegida por la PGR y ciertos magistrados.

Siendo fingida su estima hacia Isabel, en este caso le invitamos a enfrentar el miedo que posiblemente Usted, como decenas o cientos de activistas, jueces y políticos, le tienen a esta Sra. Wallace y a juntarse a colectivos y organizaciones que realmente actúan, a  pesar de las amenazas y del riesgo, a favor de las víctimas. El papel de Isabel Wallace consiste en cubrir las fabricación de culpables perpetradas por las autoridades estatales y federales, trabajo sucio a cambio del cual el gobierno federal y del Distrito Federal la apoya en su propio caso también fabricado.

Sr. Javier Sicilia, Usted tiene que tomar una decisión al respecto y escoger su trinchera. Uno no puede pretender luchar por la justicia en México y seguir haciéndole zalamerías a esta corrupta y criminal de Isabel Miranda de Wallace.

Atente.

MXporFC

Matrimonio venezolano enviado a la cárcel por denunciar irregularidades en el Colegio Westhill en México

Artículo publicado en el sitio Opinión y Noticias

Por Iván R. Méndez  

Fecha; El 13 de agosto del 2015

MXporFC 20-08-2015 Matrimonio venezolano - pic

Mientras lees este artículo, el periodista venezolano Antonio Urbina y su esposa, Coral Rojas, se encuentran tras las rejas por el capricho de la magistrada mexicana

Yasmín Esquivel Mossa, quien, en un claro abuso de poder, los condenó por haber denunciado serias irregularidades cometidas contra su hijo de 11 años por el colegio Westhill, que dirige José María Rioboóel marido de la jueza. 

Esto parece una mala pelicula sobre corrupción y poder. Pero es realidad, es la tristísima experiencia que comparte una familia separada por un despiadado y torcido ejercicio de la Ley en México, país que no cesa de sorprender por el descalabro de su sistema judicial. 

Esta pareja ha obtenido dos amparos federales de los tribunales , pero la soberbia de la juez los mantiene en la cárcel, junto a presos comunes. Su delito, bajo el expediente 570/2014,  denunciar que el colegio Westhill maltrató a su hijo al  cambiarlo de grado sin la nivelación adecuada (lee el comunicado preparado por periodistas venezolanos amigos de las víctimas, que reproducimos luego de esta introducción) y falsificando documentos para demostrar que sí lo evaluaron.

Sumado a estas irregularidades, el matrimonio Urbina Rojas padece la indiferencia del Embajador venezolano en Ciudad de México, Hugo García,  a quien se le han enviado al menos 10 comunicaciones y 70 llamadas  durante los ocho meses de la injusta detención de la pareja venezolana, declaró el abogado German Cruz , quien fue entrevistado el pasado miércoles 12 de agosto por el periodista y ex Embajador Vladimir Villegas. 

Indicó Cruz, abogado pro bono  de la pareja, que a los venezolanos se le están violando todos sus Derechos Humanos, y peor aún, “se están violando los Derechos Humanos Infantiles de los tres hijos de la pareja, quienes quedaron solos, abandonados en su casa, luego que la policía detuvo a sus padres en un centro comercial pocos días ante de la navidad de 2014”. Actualmente, los niños (de 11, 5 y 2 años) son cuidados por su abuela paterna, pero están a punto de quedar en la calle, ya que pronto se vencerá el contrato de arrendamiento de la vivienda donde habitan en México. Otras embajadas han mostrado solidaridad y un grupo de empresarios están buscando la forma de cooperar y encontrarles un hogar a los familiares de José Antonio y Coral, indicó Cruz. 

Durante el pasado miércoles nos sumamos amigos y colegas de Urbina, un destacado comunicador  de la fuente de Ciencia y Tecnología,  contactando a miembros del Colegio Nacional de Periodista, Asociaciones de Derechos Humanos, Asamblea Nacional y medios en línea, radiales y televisivos. 


¿Cómo puedes colaborar ? 

  • Es muy importante que firmes esta petición al Presidente de México, Enrique Peña Nieto,  exigiendo la liberación de este matrimonio. Agrega tu firma, por favor, a esta petición en línea, que en sus primeros 5 días  va por  las 9.139 rúbricas de personas indignadas ante este atroz suceso. Pero se requieren muchas más para llamar la atención del Primer Mandatario y otras autoridades.
  • Puedes protestar escribiendo o llamando al colegio Westhill, que causa esta lamentable situación. Aquí sus datos de contacto.
  • Puedes escribir un breve email  a la Embajada y el Consulado de Venezuela en México exigiendo apoyen a estos compatriotas víctimas del sistema judicial mexicano, aquí los correos: venezmex@prodigy.net.mx Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | vzlamex.embajada@gmail.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | vzlamex.consulado@gmail.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | vzlamex.tramitesconsulares@gmail.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots.
  • Puedes mandarle un tuit al tribunal que injustamente los mantiene presos: @TCADF (ya no se puede, el sábado 15 de agosto de 2015 cerraron el perfil de Twitter, como respuesta a los reclamos de los venezolanos)
  • Puedes escribirle al gobernador de México DF, para que tome acciones: @ManceraMiguelMX
  • Puedes escribirle un tuit al Presidente Enrique Peña Nieto @EPN
  • Si tienes conocidos en Asociaciones de Derechos Humanos en México y otros países de Latinoamérica  no dudes en hacerles llegar esta información y enlazarlos con el periodista Adolfo Manaure al correo amanaure@gmail.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  , quien coordina las acciones, desde Venezuela, para conseguir la liberación de este matrimonio y reunir a esta familia separada durante ocho meses.

En Twitter, la etiqueta para presionar por la liberación del matrimonio Urbina Rojas es #LiberenACoralyAntonio



alt

Comunicado Oficial

• Antonio Urbina y Coral Rojas tienen ocho meses presos a pesar de haber logrado dos amparos a su favor tras ser contrademandados penalmente por el Colegio Westhill.

• Los del colegio se han valido de tráfico de influencias y abuso de poder en contra de esta familia y están intimidando a cualquier padre que decida reclamar al Instituto Westhill cualquier derecho, lo cual debería estar consagrado para todas las personas que habitan en este país.

• Una petición en línea está sumando firmas para solicitar que la revisión del amparo, que está en el 7º Tribunal Colegiado en materia penal del 1er circuito, se haga lo más rápido posible para que Coral y Antonio puedan volver con sus hijos, ya afectados psicológicamente por la falta de sus padres.

Un matrimonio venezolano, legalmente establecido en México hace seis años, lleva preso ocho meses como represalia tras una demanda penal que introdujeron contra el colegio Westhill Institute de Santa Fe. La demanda civil la interpuso esta pareja venezolana contra la institución educativa, luego de haber promovido a tercer grado de primaria a mitad de año, de forma indebida e inconsulta, a su hijo -hoy de 12 años.

Esto se llevó a cabo en el período escolar 2011-2012 sin notificar a la Secretaria de Educación Pública, SEP. La dependencia educativa no aprobó la nivelación académica después de haberlo cambiado de grado, no entregó boletas oficiales de calificaciones a los padres del niño para 2°, 3° ni 4° grado, e incluso llegó a falsificar exámenes para hacerlos pasar como elaborados por el niño con el fin de obtener una boleta de 4° Grado que no aparece en los sistemas de control escolar de la SEP, por medio de una dudosa acreditación.

Antonio José Urbina Romero –venezolano, alto ejecutivo de una importante empresa y con una amplia trayectoria como analista de la prensa tecnológica en Venezuela- y su esposa Coral Rojas han ganado dos amparos federales contra la demanda penal por presunto fraude procesal al Westhill Institue. Esta institución es propiedad del constructor José María Rioboó quien está casado con la Magistrada Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF. Como el colegio pidió revisión a ambos amparos, la pareja aún está tras las rejas como si fueran delincuentes comunes, él en el reclusorio Oriente y ella en el de Santa Marta. Los niños dela familia se encuentran bajo el cuidado de familiares en la capital mexicana.

El colegio ofreció a los padres una Promoción Anticipada para Alumnos con Aptitudes Sobresalientes a su hijo mayor por ser muy inteligente. Este proceso que pública la SEP como mecanismo para avanzar a niños que se encuentran ya inmersos en el Sistema Educativo Mexicano, toma un año y comprende una variedad de estudios. Después de año y medio en espera de soluciones, los padres se presentan a la SEP donde les informan que el colegio nunca solicitó tal promoción para su hijo y que en el sistema de control escolar el menor estuvo cursando tercer grado y no cuarto donde el colegio lo tenía físicamente año y medio después de la supuesta promoción.

El matrimonio dejó de pagar las matrículas de la onerosa escuela, a manera de presión, mientras se buscaba una solución. Con el único fin de cobrar las colegiaturas, el colegio, en dos semanas y presentando cuatro exámenes, dos de los cuales no corresponden a la caligrafía del menor, realizó sin autorización de los padres, una Acreditación ante la SEP como si el niño estuviese llegando de otro país con lo que obtuvieron una boleta de cuarto grado que no aparece ni en los sistemas de la SEP.

Los padres decidieron cambiar al niño de colegio y lo llevaron a presentar exámenes de admisión en dos instituciones privadas para cursar quinto grado confiando en que eventualmente el colegio resolvería el problema de su hijo pero el niño no pasa ninguno de los exámenes por falta de conocimientos. Terminaron inscribiendo al niño en otro colegio para cuarto grado ya que era el grado siguiente que tendría que cursar acorde a los sistemas de la SEP. Esto afectó al niño ya que a sus ojos, era repetir el grado lo que le produjo frustraciones y gastos no previstos a los padres.

Ante la burla de la que fueron víctimas por parte del colegio, los padres deciden contratar a un abogado y demandan en primera instancia en la vía civil al colegio y a la SEP por la ilegal emisión de la boleta de cuarto con la que le querían cobrar las colegiaturas suspendidas. Luego de que en las vías jurídicas les aconsejaran la realización de dos demandas, una por la vía civil al colegio y otra por la vía administrativa a la SEP, establecen una segunda demanda exclusivamente en contra del colegio por la negligencia con la que llevaron el tema educativo de su hijo.

El colegio, en lugar de presentar sus alegatos en el juicio civil, transformó el asunto en un caso penal, encarcelando a los padres para obligarlos a quitar la demanda a sabiendas que obraron mal en contra de este niño y su familia. Los del colegio se han valido del tráfico de influencias y el abuso de poder en contra de esta familia y están intimidando a cualquier padre que decida reclamar al Instituto Westhill cualquier derecho, lo cual debería estar consagrado para todas las personas que habitan en este país.

Por otra parte, los tres hijos de la pareja -de 12, 5 y 2 años- están al cuidado de la abuela paterna quien tuvo que viajar a México de emergencia desde Caracas, Venezuela –donde reside- en diciembre para evitar que, con los dos padres presos, los niños terminaran en un asilo de menores.

Lo único que pide el matrimonio (que fue detenido el 13 de diciembre en el CC Interlomas mientras hacía compras navideñas) es que la revisión del amparo, que está en el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, se haga lo más rápido posible para que puedan volver con sus hijos, ya afectados psicológicamente por la falta de sus padres.

La señora Wallace en defensa de la brutalidad policiaca

Artículo de Guadalupe Lizárraga, publicado el 14 de marzo del 2015 en el Los Angeles Press.

Isabel Miranda Torres en rueda de prensa. Foto: Jonhatan Telles.
Isabel Miranda Torres en rueda de prensa. Foto: Jonhatan Telles.

Ahora Isabel Miranda Torres, alias la señora Wallace, busca nuevos reflectores mediáticos en las diferentes entidades de la república mexicana con su nueva propuesta: “defender a los policías”. Esta ama de casa que cobró notoriedad en la Ciudad de México por simular el secuestro y homicidio de su hijo en julio de 2005, se ha valido de su impunidad para seguir entrometiéndose en la administración judicial federal, y manipular las instituciones del Estado de derecho, ahora con la ocurrencia de una defensoría de policías acusados de violar derechos humanos.

Según Miranda, “se ha dado constantemente que los policías son acusados de violar derechos humanos cuando realizan una detención”. No precisa mayor información, casos, nombres, datos mínimos para sostener su alegato dado en rueda de prensa en Culiacán, Sinaloa. Pero tampoco alude a los propios casos de sus culpables fabricados en el falso secuestro Wallace, cuando ella participó directamente en sus detenciones arbitrarias y violatorias de derechos humanos, usurpando funciones judiciales sin tener ninguna facultad para ello: técnicamente una secuestradora que operó con agentes ministeriales de la PGR de cómplices.

Con su habla cantinflesca, Miranda Torres pretende convencer por qué los mexicanos debemos aceptar la creación de una defensoría de policías con dinero publico:

“Al momento de que un policía ingrese a una casa a rescatar a una víctima, si tiene el temor de ser destituido o de ser sancionado porque nada más con el simple hecho de que un imputado, que además no sé de qué valor moral pueda tener un imputado para acusar a un policía, y creo que ahí es donde viendo que no hay equilibrio y esto es lo que queremos cambiar con esta figura, que los policías tengan quién los defienda desde el punto de vista de derechos humanos y también jurídicamente”. (Línea directa 11/Mar/2015)

Seguramente, Miranda vio en la televisión la primera parte del caso de Ferguson, donde un policía blanco fue exonerado de cargos por un juez, después de asesinar a un joven afroamericano. Lo que ignora es la segunda parte, en la que la decisión del juez le ha resultado contraproducente, porque ahora es repudiado por la opinión pública y su reputación profesional se ha visto seriamente comprometida, luego de que el Ayuntamiento de Ferguson aprobara por unanimidad la dimisión del administrador municipal, John Shaw, y la del jefe de la policía, Thomas Jackson, ante la publicación de un duro informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre sesgos raciales en esa localidad. Incluso, se prevé que pudieran desmantelar todo el departamento de la Policía de Ferguson a raíz de este caso. Son las consecuencias esperadas por delitos y omisiones de los servidores públicos en un Estado de derecho.

Pero en México, a la señora Wallace –con esa vocación de delincuente que la caracteriza– y a las mismas autoridades que toleran su impunidad, les parece no sólo atinado defender a los policías acusados de violar derechos humanos, sino hacerlo en un momento de profunda crisis de las instituciones judiciales y de procuración de justicia precisamente por sus prácticas de corrupción y abuso de poder. Sobre todo, cuando el caso Ayotzinapa no ha sido seriamente atendido y el Estado es el principal responsable de este crimen; cuando un violador de derechos humanos como Eduardo Medina Mora es designado por el Ejecutivo como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cuando hay cientos de casos de mujeres inocentes criminalizadas por la corrupción de funcionarios judiciales como el caso de Nestora Salgado y de Brenda Quevedo Cruz. Esto es, resulta absurda la defensa de la brutalidad policiaca en un momento en que uno de los pilares del Estado mexicano como es el sistema de justicia ha sido sistemáticamente quebrantado por varias décadas con la impunidad de crímenes de derechos humanos y violación de garantías individuales, por las masacres perpetradas por el ejército y las corporaciones policiacas y paramilitares.

Basta recordar sólo unos ejemplos para saber de qué calidad de Estado hablamos: Tlatelolco en 1968; Rivera de San Cosme en 1971; la Guerra sucia de los años 70; el Vado de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995; Acteal en Chenalhó, Chiapas, en 1997; El Charco, Guerrero, en 1998, y nos brincamos a las más recientes de Ayotzinapa, Guerrero, y de Tlatlaya, Estado de México, 2014, porque la lista es larga. A ésta, hay que agregar el sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y opositores políticos a lo largo y ancho del país y en los diferentes sexenios gubernamentales.

Estamos en un tiempo, pues, en que el surgimiento de las policías comunitarias y autodefensas han sido la respuesta de los pueblos ante la trayectoria criminal de las corporaciones policiacas por el acoso a las comunidades, por su corrupción y vínculos con el narcotráfico. Estamos en un tiempo en que la creación de una defensoría de policías al estilo de la señora Wallace es un arma más para el crimen que gobierna.

Isabel Miranda de Wallace -twitt

Más aún, no es fortuito que criminales impunes como Isabel Miranda Torres tomen iniciativas de tergiversar la justicia y la defensa de los derechos humanos con escenarios fabricados por los medios de comunicación oficiales. Especialmente, cuando el reporte más reciente de la ONU sobre derechos humanos en México observa que la tortura, el maltrato, las detenciones arbitrarias y la suspensión de garantías individuales son prácticas generalizadas. La señora Wallace, sin ser funcionaria judicial, ha protagonizado estas prácticas junto con ministeriales. Es parte del absurdo y la oscuridad que vive México hoy, como los sistemas descritos por Kafka en sus cuentos, en los que el terror es la base para mantener impune la depredación y el control de los vulnerables.

Sin embargo, no hay que olvidar quién es “la señora Wallace”, independientemente de quien esté detrás de ella. Esta criminal ha destacado en nuestro país por su capacidad de corromper jueces y funcionarios judiciales, por su impudor de imaginar a su hijo descuartizado y venderlo así a los medios, ha destacado no sólo por ordenar a agentes ministeriales las torturas de sus culpables fabricados, sino por participar directamente en éstas, y mantenerse impune con cada administración judicial. Si bien, ahora puede obtener algunos apoyos oficiales para defender la brutalidad policiaca, no tiene ni tendrá la capacidad intelectual para construir un argumento medianamente sólido y justo para sostener propuestas de esta naturaleza. Ni ella ni el Estado. De ahí, que sólo la corrupción y la represión sean sus recursos, las tácticas de la ignorancia ante la falta de legitimidad y legalidad.

Ellos pueden cercar la información en territorio nacional, pero las redes no tenemos fronteras geográficas. Ellos pueden ejercer el terror in situ, pero nosotros podemos denunciarlo por internet en el mundo. Ellos pueden seguir siendo impunes dentro del país, pero internacionalmente son reconocidos como criminales. La señora Wallace está denunciada en Migración de Estados Unidos por el delito de perjurio ante la Corte de Chicago, cometido en marzo de 2008, por sostener que su hijo Hugo Alberto no tenía antecedentes penales, cuando había sido procesado por contrabando en 2001. De tal suerte, que el día que Miranda cruce la frontera de México a Estados Unidos corre el riesgo de ser detenida y procesada.

Pese a que Miranda goza de impunidad por la red de funcionarios que se han beneficiado con su corrupción, ha llegado el momento en que es insostenible para el sistema judicial mexicano. El caso de Elba Esther Gordillo es ejemplo. Su fortuna hecha a base de corrupción y tráfico de influencias no le valió para perpetuarse en absoluta impunidad. Miranda es mucho menos que eso, ni la fortuna ni la red institucional ni la inteligencia posee, y sus crímenes mas burdos, perpetrados por ella misma, son ya de dominio público. Sus días de libertad, sin duda, están contados.

Denuncian a la expresidiaria @WallaceIsabel por calumniar y atacar a la activista Nestora Salgado

Artículo publicado el 20 de enero de 2015 en Ah Diario.

Cuauhtémoc Ruiz Ortiz, coordinador del Comité Nestora Libre, aseguró que Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, emprendió una campaña en contra de la líder comunitaria Nestora Salgado García, quien se encuentra presa en Tepic, Nayarit desde agosto de 2013, acusada FALSAMENTE (agregamos) de secuestro agravado en contra de seis personas.

En conferencia de prensa, acompañado por la hermana de Nestora, Ruiz Ortiz aseguró que lo dicho por Miranda de Wallace la semana pasada son una serie de infundios y calumnias, ya no sólo en contra de Nestora sino también contra las policías comunitarias y los mismos pueblos indígenas.

En días pasados, Miranda de Wallace hizo un llamado al usurpador Enrique Peña Nieto y a las autoridades del poder judicial para que revisen el caso y se lleve a cabo, dijo, un debido proceso y no se politice el asunto. Consideró que la liberación de la líder comunitaria era “ilegal y contrario a derecho”.

También dio a conocer un audio en el que, supuestamente, diputados federales y locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) negociaban la liberación de Salgado.

La principal actora de esta campaña, la señora Miranda de Wallace, es una impostora y un dócill instrumento de los peores intereses en Guerrero, del ex gobernador Aguirre y de su procurador Iñaki, así como de algunos sectores de empresarios y el PRI”, dijo Ruiz Ortiz.

Por su parte, la hermana de Nestora, Cleotilde Salgado García, afirmó que lo dicho por Miranda de Wallace son “puras mentiras” y la exhortó a que investigue antes de difamar a una persona. “Yo le pido que vayan a Olinalá a investigar quién es Nestora Salgado García y quiénes son sus defendidos. Todo mundo los conoce, todo mundo sabe qué clase de personas son estas”.

Miranda de Wallace junto con Alejandro Martí, de la organización México SOS, afirmaron que Nestora secuestraba a personas y cobraba hasta 50 mil pesos por liberarlos. Llevaron a cinco presuntas víctimas que aseguraron que Salgado García las encarceló en Paraíso.

LA HISTORIA

Nestora Salgado García fue detenida el pasado 21 de agosto, acusada del secuestro en agravio de por lo menos seis personas, entre ellos dos menores de edad, sin embargo, en abril pasado, un juez federal exoneró de los cargos de secuestro agravado y delincuencia organizada por lo que el Primer Tribunal Unitario del vigésimo primer circuito dictó auto de libertad.

El 8 de enero el gobierno de Guerrero desistió de emprender la acción penal en contra de la comandante, sin embargo hasta el momento no ha sido liberada.

De acuerdo con testimonios y otros elementos de prueba que constan en el expediente, el Juez decretó la formal prisión y sin derecho a fianza en contra de Nestora Salgado.

En la conferencia, también estuvo presente Francisco Flores Jiménez, un joven que estuvo en la Casa de Justicia de Paraíso, quien convivió con las dos jóvenes menores de edad que acusan a Nestora de secuestrarlas.

“Yo vine a desmentir todo lo que dicen las chamacas. No es verdad, la señora Nestora Salgado siempre nos trató de una manera en la que valorizamos las cosas, el trabajo. Los compañeros de la comunitaria si trabajábamos nos daban comida buena; si no, nos daban lo que había”.

También explicó que las madres de las menores, las mayores acusadoras en contra de Nestora, incluso firmaron para que éstas mismas fueran ingresadas por lo que no entendía por qué hablaban mal de la comandanta.

Flores Jiménez también dijo que cuando fue detenido, el síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, lo obligó a atacar a Nestora, sin embargo, el joven se negó.

Por otra parte, Cruz Morales Reyes, comandante regional, explicó que el sistema comunitario, bajo el cual se rigen, es diferente al sistema de justicia que conocemos todos. Ahí existe la Casa de Justicia donde los jóvenes son llevados porque no “hacen cosas de bien”.

Aseguró que la salida de los que ingresan depende de su avance, si trabajan y si están rehabilitados, pero que en ningún momento han pedido una cooperación.

“Cuando sale se le entrega a su familia con un compromiso ante la comunidad de que no regresará”.

Finalmente, Cuauhtémoc Ruiz dijo que Nestora podía ser liberada en cualquier momento. “Podría salir en cualquier momento, si se desiste de los cargos el gobierno del estado, que es la que la acusa, entonces queda libre ella y todos los demás”.

El 7 de enero, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, se comprometió a que en su administración no habría más luchadores sociales detenidos y anunció que la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajaban en la elaboración de una Ley de Amnistía que permitiera liberar a líderesa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Ortega Martínez aseguró que mantiene contacto con los familiares de los dirigentes de la CRAC que se encuentran presos en penales de máxima y mediana seguridad, entre ellos Nestora Salgado García de Olinalá y Gonzalo Molina González de Tixtla.