Nuevo protocolo contra la tortura de la PGR ¿Qué es lo que teme la Wallace?

Fuente: Escena de la película de 2006: "Así del precipicio"
Fuente: Escena de la película de 2006: “Así del precipicio”

Nuestra torturadora nacional (y Premio Internacional de Belleza) quién ahora se pronuncia ad nauseam contra la tortura (!)(Pues sí. ¡Resulta que es de moda decir que la tortura no está bien!) advierte que el proyecto de protocolo contra la tortura de la PGR abre la puerta a que los “delincuentes” aprovechen una brecha en el sistema y obtengan su libertad al pretender que fueron torturados.

Twitt Wallace sobre tortura

“Querida” Wallace…

1- La tortura en México es generalizada. Ya lo sabes, la usaste en contra de 7 inocentes inculpados en el caso de tu hijo Hugo Alberto (él sí, un verdadero delincuente, al igual que su madre) . A estos inculpados, los mandaste golpear, violar, y…torturar (sin hablar de sus familias que amenazaste), para que se declararan culpables del falso secuestro y falso asesinato de tu hijo “robador de besos” (wacala).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos resulta sumamente incompetente para llevar a cabo los protocolos de Estambul, una tarea que nuestro deficiente sistema de justicia obliga a cumplir. Dicha institución, la infiltraste para instalar a ese amigo tuyo (Plascencia) como titular de esa dependencia.

Que la PGR, o más bien, la sección de la PGR que ya no te obedece, haya tomado la iniciativa de proponer un nuevo protocolo para investigar las alegaciones de tortura, no solamente es justo, sino que de cierta forma nos alegra. Poco a poco, resulta evidente que perdiste el control que tenías en la PGR (acuérdate de la época de tu amistad con Maricela…)
2- ¡Cállate! Ya no te queremos escuchar. Cuando hablas de los derechos de las víctimas, hablas de tus propios intereses. Has instrumentalizado los derechos de las víctimas para llevar a cabo una campaña de odio hacia los culpables fabricados. Has aprovechado para meterte en procesos judiciales en los que no tienes absolutamente nada que ver, participaste en interrogatorios ilegales, amenazaste a detenidos que apenas unos días antes habían sido torturados por tus cómplices de la PGR.

MXporFC

Varios articulos casi identicos fueron publicados para exponer la postura de la guapisima Isabel con respecto a protocolo contra la tortura de la PGR, Por ejemplo, el articulo de la Razón.

Fecha: 25 de octubre 2015

Wallace pide a PGR revisar protocolo contra la tortura (que sorpresa)

Isabel Miranda de Wallace,
Isabel Miranda de Wallace, “activista” en crisis, y su perrito.
Fuente: Baños públicos

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización chafa Alto al Secuestro, pidió a la procuradora Arely Gómez revisar el protocolo contra la tortura.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva (jajaja), la activista aseguró que el documento recientemente publicado podría permitir a los delincuentes presos comprar dictámenes y salir en libertad.

“En este protocolo y proyecto de ley cualquier procesado o delincuente puede contratar un despacho privado y comprar un dictamen en el que diga que sufrió daño por tortura, esto le facilita y le allana el camino para ser libre”, manifestó.

En su opinión, el protocolo es totalmente inequitativo para las víctimas y aclaró que la organización está en contra de cualquier tipo de tortura.

Por otro lado, Wallace dijo que durante el mes septiembre se registró un ligero aumento en la cifra de secuestros en el Estado de México, Tamaulipas y el Distrito Federal. Cada pinche vez que sale algo no le conviene a la Wallace, regresa con sus cifras inventadas. Estrategia del miedo… que ya no funciona.

Afirmó que el gobierno federal, pero sobre todo el estatal, no reporta los secuestros y que el organismo se entera del delito a través de los medios de comunicación.

Otros artículos parecidos:

Wallace pide a PGR revisar protocolo contra la tortura (El Universal)

Wallace, te queremos... presa.
Wallace, te queremos… presa.

Por cierto ¿Han visto la nueva cuenta de twitter de la Wallace? Se llama “México Por caso Wallace” (@mxporWallace), con el hashtag asociado #casoWallace.

¿No suena algo familiar?

En serio…

En serio…

Mxporwallace

Héctor: un verdadero caso de tortura y violación a los derechos humanos cometido por agentes policiacos del estado de Quintana Roo

Artículo publicado en la revista digital Noticia Agencia 3
Fecha: 12 de octubre 2015

Casique está encarcelado en Chetumal. // Foto: Cortesía Yaskade Fernández
Casique está encarcelado en Chetumal. // Foto: Cortesía Yaskade Fernández

Héctor Manuel Casique Fernández, fue detenido y privado de su libertad en forma injusta y arbitraria con su compañero Maximiliano Ezequiel Millán González, el sábado 16 de marzo como a las tres de la madrugada acusados de ultraje a la autoridad y de ser los responsables del asesinato de seis personas en el Bar La Sirenita en Cancún, hechos de los cuales desde el primer momento se declararon ajenos e inocentes.

Héctor y su compañero Maximiliano, fueron trasladados sin orden de aprehensión a los separos de la Policía Judicial de la zona hotelera de Cancún, donde fueron torturados y golpeados en forma salvaje, lugar en el que uno de los agentes al mando del Capitán Arturo Olivares, quien es el jefe de todos los judiciales adscritos a la Subprocuraduría General de Justicia de ese lugar, violó en forma cobarde a Hector.7

Ahí los cobardes agentes también le taparon la cara a Héctor con un trapo al cual mojaron con chile habanero, lo que le generó graves problemas en el ojo izquierdo por varios días, además que lo golpearon en forma salvaje hasta hacerlo perder el conocimiento.

Casi a las ocho de la noche de ese mismo sábado Héctor, se encontraba desnudo y tirado en el piso por la golpiza llevada, cuando llegó hasta él un agente de nombre Constantino Solana Wady Alfredo, quien le dijo “señor profesor”, para luego comenzar a meterle los dedos y un aparato en el recto, mientras le apuntaba con una pistola en la cabeza y le gritaba que se declarara culpable del multi homicidio, porque si no lo hacia lo mataría, no solo a él sino a toda su familia.

El cobarde agente judicial le aseguró en ese momento de dolor y humillación que eso era lo que le pasaba a los putos que no querían hablar y confesar por la buena, pero que de todos modos saldría culpable de todo lo que le imputaban. 

Cabe hacer mención que Héctor, con amplios conocimientos en Karate, era instructor en defensa personal de la policía judicial del estado en Cancún, por eso conoció perfectamente a todos los que desde el pasado 16 de Marzo, comenzaron a torturarlo y a violar sus derechos humanos en forma flagrante, incluido el agente Constantino Solana Wady Alfredo, así como el jefe de todos ellos Arturo Olivares Mendiola. Quien le partió la cabeza con la cacha de su pistola y que además le saltó en el estómago en varias ocasiones, al grado de que al día de hoy no le funcionan ni los intestinos ni los riñones, entre otros males.

Las lesiones y demás actos de tortura en contra de Héctor, le generaron graves secuelas con pérdida del estado de conciencia, las que pusieron en peligro su vida y causaron lesiones en el tejido nervioso provocado por las fasciculaciones musculares, pérdida del equilibrio y arritmias que hasta el momento no han sanado, cicatrices permanentes y no visibles con incapacidad para los movimientos propios de las partes afectadas hasta la sanación de las mismas, lo cual fue constatado y sostenido por el Perito Médico Legista de la PGJE de Quintana Roo, David Anguiano Camarillo.

El caso fue denunciado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de ese entidad, pero el presidente Harley Sosa Guillén, cometió negligencia y omisión, recomendando “sanción administrativa” en lugar de acción penal, ya que conforme a los derechos humanos consagrados en el artículo octavo constitucional, se negó a tomar en cuenta el certificado médico donde se presentaban las huellas de tortura en contra de Héctor.

Fue hasta el seis de Mayo de ese mismo año, cuando el abogado de Héctor Jorge René Flores García, interpuso la denuncia por tortura y violación por parte de los agentes de esa dependencia de justicia en Chetumal, la cual el mismo procurador remitió a la dirección de Asuntos Jurídicos de la zona norte, por lo que se abrió la averiguación previa PGJE/DP/SGJ/DAJZN/042/2013, el 18 de ese mismo mes.

La declaración de Héctor fue tomada hasta el 25 de Julio de 2013, donde con todo el valor civil denunció los abusos que sufrió por parte de un grupo de torturadores de la policía judicial de ese lugar y fue hasta el siguiente día que se le practicó el dictamen proctológico y de lesiones por parte del médico legista David Anguiano Camarillo.

El 4 y 5 de Noviembre de ese mismo año se le practicó otro examen a Héctor, por parte de los especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde por primera ocasión se implementó el “Protocolo de Estambul”, bajo el número CNDH/2/2013/290/QR, emitido por la segunda Visitaduría General de ese organismo, el cual fue enviado al estado de Quintana Roo, el 12 de Julio para la acreditación de la tortura que sufrió.

En el amparo radicado en el Juzgado Segundo de Distrito bajo el número 591/2013, se da a conocer los abusos y actos de tortura que sufrió Héctor, por lo que lo ampara y protege, ya que el supuesto auto incriminación fue que lo obligaron a base del uso de la fuerza a poner sus huellas y a base de una cobarde e indiscriminada tortura, por lo que se pidió que los judiciales que lo torturaron sean plenamente investigados y sancionados lo que hasta la fecha no ha sido así, porque Héctor está siendo utilizado como chivo expiatorio de un múltiple asesinato que nunca cometió y que el gobierno de Quintana Roo, no ha logrado esclarecer o no ha querido hacerlo por los fuertes intereses que hay de por medio.

Es más, hay tantos intereses ocultos en ese caso que a los abogados de Héctor, en un principio no se les permitía el acceso a la averiguación previa y mucho menos tomaron en cuenta lo gravemente lastimado que lo dejaron y aun así torturado y lastimado fue como lo presentaron, por lo que la juez Silvia verónica Solís Lizama, le dictó auto de formal prisión, sin tomar en cuenta que la tortura es un delito grave, lo que está acreditado por dictámenes médicos.

Aun cuando la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, cuyos artículos son 6,7 y 8, dicen que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las respectivas autoridades investiguen y sancionen en forma pronta y expedita, sin embargo, el caso Héctor llegó a la Sala Constitucional, donde el magistrado Dr. José Manuel Ávila Fernández, ordenó en forma eficiente y apegado a derecho sancionar penalmente a todos los involucrados por tortura y abuso de autoridad, los cuales siguen libres, impunes y gozando de la amplia protección gubernamental de esa entidad.

Y como prueba de ello es que las autoridades encargadas del caso resolvieron en forma aberrante, cínica y descarada no ejercer acción penal en contra de los agresores de Héctor, acción que con fundamento en el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, fue impugnada en tiempo y forma por los abogados de Héctor, demostrándose de esa manera que hay intereses ocultos en ese caso.

La madre de Héctor, Yáskade Fernández, ha venido exigiendo de manera valiente a través de diversos medios de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales, la inmediata libertad de su hijo, ya que se ha demostrado su inocencia con dos amparos ganados y una revisión ante tribunales, por lo que salió libre por esa averiguación previa, la cual por segunda vez y de forma arbitraría y sin orden de aprehensión, lo volvieron a detener el mismo día que obtuvo su libertad y volvieron a juzgar por ese mismo delito y por la misma averiguación previa de la que ya quedó libre, con lo que queda evidente la fabricación de culpable que hicieron con Héctor y donde queda al descubierto una vez más todas las triquiñuelas que hace la procuraduría del Estado de Quintana Roo con ese caso.

El 27 de agosto del año en curso fue cuando la Sala constitucional ordenó al procurador del estado cambiar su resolución y apegarse a la del magistrado y remitirlo al agente investigador para que dicte el ejercicio de acción penal contra los torturadores, así como un castigo ejemplar para todos los responsables.

Ante el giro que sufrió ese caso Gaspar Armando García Torres, renunció de manera inmediata el día que se vencía el termino para ejercer acción penal en contra de los 36 agentes que participaron en la tortura de Héctor, en tanto que el actual administrador de la justicia en ese estado prefirió violar la ley y pasarse por el arco del triunfo la sentencia dictada por el Magistrado.

El desacato en que incurrió el actual procurador de justicia para seguir protegiendo a los judiciales torturadores y al ministerio público involucrado en ese caso, quedó evidenciado una vez más, ya que él siempre supo que hubo violaciones a los derechos humanos de Héctor, pero prefirió velar por los derechos de los criminales, lo que demuestra una palpable complicidad.

El bello y hermoso estado de Quintana Roo, considerado por propios y extraños como un paraíso terrenal, puede ser al mismo tiempo un verdadero infierno para cualquier persona que llegue a caer en manos de los que procuran, imparten y administran la justicia bajo una galopante y descarada corrupción que los hace torcer las leyes a su antojo y pasarse por el arco del triunfo a las instancias superiores.

Nuestra carta abierta al activista Javier Sicilia: “La Señora Wallace a la que estimo profundamente…”

Nuestra carta abierta al activista Javier Sicilia

Sicilia Wallace

 

Sicilia - Wallace
Referencia: Art. de Alejandro Pacheco / SDPnoticias.com – 27 de agosto 2015. http://www.sdpnoticias.com/local/guerrero/2015/08/27/rogelio-ortega-sabe-que-nestora-es-inocente-confiamos-en-que-ayude-a-liberarla-sicilia

Estimado Señor Sicilia,

Somos un colectivo de activistas mexicanos que se ha dedicado desde el año 2009 en la investigación sobre casos de culpables fabricados, el primero de los cuales fue el caso de la Sra. Florence Cassez. Contra el linchamiento perpetrado por los medios de desinformación, y las mentiras repetidas de las autoridades y de sus voceros quienes se autoproclamaron representantes de la sociedad civil, los Sres. Alejandro Martí, María Elena Morera e Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres (el segundo siendo su verdadero apellido), hemos defendido la inocencia y la honrad de víctimas como Florence Cassez, causa a la que Usted como padre de víctima se ha juntado en los últimos años del calvario que Florence ha sufrido durante 8 años. 

Una vez obtenida la libertad de Florence Cassez, nuestro colectivo se ha comprometido a seguir luchando por los derechos y la libertad de otros culpables fabricados en México. Siempre lo hemos dicho: no hemos defendido a Florence Cassez porque se trataba de una extranjera, sino porque su caso resultaba y sigue resultando emblemático de la fabricación de culpables en nuestro país. Su libertad fue el primer paso significativo en nuestra lucha contra la corrupción y la impunidad, las cuales se manifiestan diario en las fallas del sistema de impartición de justicia en México, el uso generalizado de la tortura por parte de las fuerzas de “seguridad”, y la invención cotidiana de culpables fabricados, quienes no tienen los recursos para comprobar su inocencia. Nosotros luchamos para que los culpables fabricados salgan de las cárceles, y que los responsables de la fabricación de culpables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Entre los inocentes que nuestro colectivo defiende, están los inculpados en el muy conocido caso Wallace. Si Usted todavía no está enterado de los elementos que nosotros contribuimos a revelar a la opinión publica, elementos que comprueban que el caso del presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda o Hugo Alberto Miranda Torres (su verdadero apellido), le invitamos a que visiten el sitio www.mexicoporflorencecassez.wordpress.com o la página derivada de la primera: www.elcasowallace.wordpress.com.

Fue, Sr. Sicilia, con asombro y decepción, que leímos lo siguiente en el artículo titulado « Rogelio Ortega sabe que Nestora es Inocente, confiamos en que ayude a liberarla: Sicilia », publicado el 27 de agosto del 2015 en el sitio www.sdpnoticias.com.

“Su proceso está lleno de aberraciones desde el principio, entonces hay una venganza de orden político criminal que está de origen en el presidente municipal que ahora es diputado por el PRI, Javier Hernández Rodríguez. (..) En declaraciones realizadas desde el pasado 9 de agosto al diario “La Jornada” , Nestora reconoció que permanecía en prisión por la influencia de la presidenta de la asociación civil “Alto al Secuestro Isabel Miranda de Wallace pues ella respalda a uno de sus principales acusadores, Eugenio Sánchez, quien acusa a Salgado García de plagio. Ante ello Sicilia pidió a Miranda de Wallace acudir a Olinala para conocer el funcionamiento de las Policías comunitarias y formar un criterio amplio sobre la realidad de Nestora.

Yo le pediría a la Señora Wallace a la que estimo profundamente que tiene un gran trabajo en defensa de las víctimas, que en este caso como en otros vaya al origen del problema, que no nomás construya a partir de los dimes y diretes y de las colusiones que hay también entre los testigos que valla a Olinala, y que vaya a visitar las casas de justicia, que realmente sabe que realmente están allá.” concluyó.”

Sr. Sicilia, ¿Cómo Usted puede ignorar que el caso de secuestro de Hugo Alberto Wallace fue fabricado por la madre del desaparecido? ¿Que se encontraron pruebas fehacientes según las cuales el denominado Hugo Alberto estaba vivo por lo menos 5 años después de su supuesto descuartizamiento? ¿Cómo explica usted que Hugo Alberto Wallace tramitó una CURP en el 2010, si se supone que murió en el 2005? Nosotros llevamos 7 años estudiando, analizando meticulosamente el caso Wallace. Le aseguramos que la Sra. Wallace o Miranda Torres no ha hecho absolutamente nada para la defensa de las víctimas, sino que ha instrumentalizado y se ha apoderado del título de “victima” para conseguir poder económico y político. Su hijo estando vivo, la Sra. Wallace, quién ha presenciado sesiones de tortura física y ha lidiado interrogatorios ilegales, solamente actuó para cumplir con sus propios intereses..

Sabemos también, y seguramente Usted también lo sabe, que la actuación de la señora Wallace en el caso Nestora Salgado, deriva de su deseo (o de su obligación a cambio de servicios) de proteger a por los menos dos cómplices suyos involucrados en una red de prostitución y de pornografía infantil: el ex-abogado de la señora Wallace, el “Lic.” Ricardo Martínez Chavez, asi como el ex-subprocurador de Atención a Víctimas del estado de Guerrero Iñaki Blanco. Precisamente esa red que había desmantelada Nestora y su policía comunitaria.

Siendo sincera su “estima” hacia Isabel Wallace, lo cual sería preocupante procedente de Usted, permita que le recordemos que la señora Wallace fue indiciada en el 1998 por los  delitos de resistencia a particulares y homicidio en grado de tentativa (documentado por la revista Proceso en el 2012). Eso no impidió que ella fuera nombrada en el 2010 Premio Nacional de Derechos Humanos, gracias a su compadre Raúl Plascencia, presidente de la CNDH.  La señora tiene varias denuncias en su contra, denuncias que jamás se han investigado ya que es protegida por la PGR y ciertos magistrados.

Siendo fingida su estima hacia Isabel, en este caso le invitamos a enfrentar el miedo que posiblemente Usted, como decenas o cientos de activistas, jueces y políticos, le tienen a esta Sra. Wallace y a juntarse a colectivos y organizaciones que realmente actúan, a  pesar de las amenazas y del riesgo, a favor de las víctimas. El papel de Isabel Wallace consiste en cubrir las fabricación de culpables perpetradas por las autoridades estatales y federales, trabajo sucio a cambio del cual el gobierno federal y del Distrito Federal la apoya en su propio caso también fabricado.

Sr. Javier Sicilia, Usted tiene que tomar una decisión al respecto y escoger su trinchera. Uno no puede pretender luchar por la justicia en México y seguir haciéndole zalamerías a esta corrupta y criminal de Isabel Miranda de Wallace.

Atente.

MXporFC

Los Ángeles Press: nuevas evidencias en caso Wallace

Artículo de Guadalupe Lizárraga publicado en el Los Ángeles Press.
Fecha de publicación: 6 de Julio del 2015
Adulterio de Isabel Miranda, falsificación de actas de Hugo Alberto Wallace y certificación de acta original por juez de Registro civil son parte de nuevas evidencias que desmoronan el caso Wallace.

Isabel Miranda Torres y Martín Moreno en la promoción del falso secuestro Wallace. Foto: El Universal

 

El mito del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005 ha llegado a su fin al confirmarse oficialmente su verdadera identidad, escondida y manipulada desde su nacimiento, por su madre Isabel Miranda Torres, conocida como “la señora Wallace”. El juez 28º del Registro civil de la Ciudad de México, José Luis Keymur Landeros, certificó el 26 de junio de 2015 que el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969, es copia fiel del original perteneciente al libro 01, foja 27, partida 27, año de 1970. Con ello, se valida la evidencia de una doble identidad de la supuesta víctima de secuestro y homicidio presuntamente perpetrado el 11 de julio de 2005, y de la que no se encontró nunca el cuerpo, pero por la que pagan cadena perpetua cuatro sentenciados y dos más aún están en proceso judicial.

María Isabel Miranda Torres, el 15 de enero de 1970, presentó a un hijo vivo ante el Registro civil de Tuxpan, Ciudad de México, bajo el nombre de Hugo Alberto. Ella se identificó como Isabel Torres, de 21 años de edad y trabajadora del hogar. El supuesto progenitor de Hugo Alberto se presentó como Jacinto Miranda, de 31 años de edad y empleado de una empresa. Con esta acta de nacimiento, según el código de verificación 29230515, del que da fe de originalidad el juez Keymur Landeros, se ratifica también la invalidez de la única evidencia aportada por los Wallace consistente en la prueba de ADN de una gota de sangre extraída del departamento donde supuestamente Hugo Alberto fue mutilado con una sierra eléctrica, según la versión de su madre. El resultado de la prueba de ADN fue la coincidencia con el perfil de ADN de Isabel Miranda y Enrique Wallace Díaz, quien –con esta acta– se corrobora legalmente que no es Wallace el padre biológico de Hugo Alberto.

Con la autenticidad del acta de nacimiento también se revela que Isabel Miranda mintió ante las autoridades del Registro civil de Tuxpan, Ciudad de México, sobre su verdadero nombre y edad. Ya que registró a su hijo identificándose como Isabel Torres, de 21 años, hija de Mónica Romero y Alfredo Torres. Mientras que en su propia acta de nacimiento se señala que ella nació el 27 de mayo de 1951, y por lo tanto tendría 18 años de edad al momento del nacimiento de su hijo en 1969. En la misma acta se especifica que Isabel Miranda es hija de Fausto Miranda Romero y Elfega Torres Jaimes, de acuerdo con los datos oficiales de la Entidad 9, Delegación 1, Juzgado 3, Libro 20, Acta 288, del año 1951.

Acta original certificada por el Juez 28ª del Registro Civil.

Copia de acta con fecha de registro del 19 de noviembre de 1975, expedida en diciembre de 2006.

Una copia certificada de una segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto con los apellidos de Wallace Miranda fue expedida el 10 de febrero de 1982 por la Oficialía 1 del Registro civil de Texcoco, Estado de México. En esta copia se especifica que Hugo Alberto nació en Coatlinchán, Texcoco, el 12 de octubre de 1969, y da fe de certificación Alejo Vázquez Ávila, quien no cuenta con cédula profesional. El oficial que levanta el registro civil es Abundio Vergara Mata con el número de acta 2371 y el número de control 1399. Sin embargo, el documento no especifica día ni mes, ni aparece el original del registro en la Consejería del Distrito Federal ni del Estado de México.

En esta misma fecha de expedición, Abundio Vergara Mata fungía como oficial del Registro civil de Texcoco, sin embargo aún no contaba con una cédula profesional. Fue hasta el 26 de marzo de 1982, cuando obtuvo el grado de Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la cédula profesional 765481.

El 18 de diciembre de 2006, un año y cinco meses después del supuesto homicidio de Hugo Alberto, su madre, Isabel Miranda solicitó otra copia certificada de una tercera versión del acta de nacimiento de su hijo. En esta versión se incluyó el reconocimiento por parte de Enrique Wallace Díaz y el acta fue expedida en el municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México, bajo la fe y el sello de la notaría 157, a cargo del notario Plácido Núñez Barbosa. No obstante, en este tercer documento, en el que se especifica también que Hugo Alberto nació en Coatlinchán, Texcoco, y no en Tuxpan como dice su acta original, Isabel Miranda declaró tener 24 años de edad cuando supuestamente presentó a su hijo vivo ante el Registro civil de Texcoco, mientras que en la segunda acta declaró tener 21 años, y en el acta original se señala que en realidad tenía 18.

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El mito desmoronado

Para el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, el personaje de la señora Wallace, “el de la figura ficticia de la madre coraje quién se supone investigó sola el secuestro y el asesinato de su hijo ha desaparecido”. El activista reconocido por la defensa de los culpables fabricados en México, abunda que “el mito de la señora Wallace, a todas luces cumplía con una función política en el período del gobierno de Felipe Calderón”.

Bertet explica que al defender el caso de los culpables fabricados de Isabel Miranda para sostener el falso secuestro de su hijo, estaban conscientes, él y su equipo de trabajo, de los riesgos que corrían, “ya que que todas las personas que se habían atrevido a seguir las líneas de investigación descartadas por las autoridades mexicanas habían recibido amenazas o habían sido objetos de represalias”.

“Lo más aterrador en el caso Wallace”, señala el activista canadiense para Los Ángeles Press, “es darse cuenta que Hugo Alberto Wallace Miranda ni siquiera existe como persona legal. Es decir, que seis personas, más las víctimas colaterales y los demás inocentes encarcelados para hacer creer que existía una banda de secuestradores responsables de la desaparición de Hugo Alberto y de otros, fueron procesadas, torturadas y cuatro de ellas condenadas a cadena perpetua por un crimen que nunca sucedió, por el simple hecho de que el victimario no existe”, enfatiza.

Por otra parte, Bertet destacó los rastros de vida de Hugo Alberto Miranda Torres, que desde el 31 de mayo de 2014 en siete ediciones presentó Los Ángeles Press sobre el falso secuestro Wallace y la tortura a las víctimas para que se incriminaran. El activista enfatiza que “a cambio, existen pruebas contundentes que su alter ego, Hugo Alberto Miranda Torres, estuvo vivo al menos hasta el año 2010, ya que él mismo tramitó su CURP cinco años después de la supuesta muerte de Hugo Alberto Wallace Miranda.”

El adulterio de Isabel Miranda

Isabel Miranda, madre soltera y empleada en el hogar, tenía 27 años y dos hijos cuando se casó con Enrique del Socorro Wallace Díaz, nicaragüense, de 39 años de edad, divorciado y empresario. El matrimonio fue consumado el 28 de septiembre de 1978 en Coyoacán, Distrito Federal, según el acta. Para entonces, Hugo Alberto tenía nueve años de edad y su hermana Claudia tres.

Sin embargo, desde 1973, Isabel Miranda sostenía relaciones sexuales adulterinas, según lo especificado por la primera esposa de Enrique Wallace, la señora Guadalupe Magallanes, motivo por el cual demandó a su esposo el divorcio necesario. Magallanes dejó asentado en el acta que el 3 de noviembre de 1973 llegó a su domicilio conyugal una señora de nombre Isabel Miranda y “le manifestó que llevaba relaciones sexuales adulterinas con el esposo de la actora, y que en eso llegó su madre, María Teresa Villareal, viuda de Magallanes, y que nuevamente Isabel Miranda repitió lo antes expuesto”, además de preguntarle por los bienes de propiedad de su esposo.

El divorcio fue promovido por Magallanes y para el 22 de julio de 1974, Enrique Wallace perdía la custodia de sus cinco hijos y enfrentaba el proceso de sentencia como cónyuge culpable, la cual se consumó un año después, coincidiendo con el nacimiento de su hija Claudia concebida con Isabel Miranda.

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El cuento de “El Caso Wallace”

La historia que Isabel Miranda narró a Martín Moreno, autor de El Caso Wallace, bajo el sello editorial Aguilar en 2010, muy poco tiene que ver con la realidad. Sin embargo, Miranda utilizó el libro de ficción –del que ella era la única fuente– como una evidencia de hechos para denigrar, calumniar y difamar a sus víctimas.

En la página 16, narra cómo fue su acercamiento con Enrique Wallace y afirma que ella tenía 16 años cuando se enamoró de él, y que se casaron siendo ella todavía menor de edad. Su padre, Fausto Miranda, dice la voz narrativa del autor, que dejó de hablarle: “el rechazo… fue absoluto, hasta que llegó su primer nieto: Hugo Alberto Wallace Miranda, quien nació el 12 de octubre de 1969 Isabel tenía 18 años”. Los únicos datos que coinciden con la verdad, de acuerdo al acta original, es que parió a Hugo Alberto a la edad de 18 años y la fecha de su nacimiento. Su padre firmó el acta, y Enrique Wallace Díaz, casado con Guadalupe Magallanes, no conocía todavía a Miranda.

La SIEDO de Medina Mora y Marisela: más de 50 casos fabricados

Artículo publicado el 28 de mayo del 2015

Por Arturo Angel

Publicado en Animal Politico  Marisela Morales

Desde testigos falsos hasta fabricación de pruebas, el común denominador en esas acusaciones. En 2013 un juez pidió investigar a los fiscales por la operación de estos casos.

Por violaciones a los derechos humanos y fabricación de pruebas un juez liberó esta semana cuatro personas acusadas de haber perpetrado los atentados con granadas en el zócalo Morelia en septiembre del 2008. El caso, fue responsabilidad de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR. Pero esta exoneración, no es la primera que se presenta.

De hecho, con este último caso suman ya más de medio centenar de detenidos que a la postre fueron liberados tan solo en relación con tres averiguaciones previas emblemáticas integradas entre los años 2008 y 2009: la “Operación Limpieza”, el llamado “Michoacanazo”, y los referidos atentados.

Fueron en esos dos años donde la PGR estuvo encabezada por el actual Ministro de la Corte Eduardo Medina Mora, mientras que la oficina de la SIEDO era responsabilidad de la hoy cónsul en Milán Marisela Morales.

El común denominador de todas esas acusaciones fueron confesiones ministeriales hechas sin sustento, mentiras premeditadas de testigos protegidos, así como fabricación de evidencia. Algunos de los acusados pasaron solo meses en prisión pero otros estuvieron años antes de que las irregularidades fueran comprobadas.

Cabe señalar que hasta el día de hoy, y pese a la gravedad de algunos de los abusos señalados por los jueces, no hay un solo funcionario de la SIEDO o de la PGR que haya sido detenido o procesado por haber llevado a posibles inocentes a prisión.

La sucia “Operación Limpieza”

En su momento pareció el golpe más espectacular en décadas en contra de la corrupción y la infiltración del crimen organizado. Catorce funcionarios altos y medios de distintas dependencias, puestos al descubierto por colaborar con el crimen organizado y en específico con la organización criminal de los Beltrán Leyva.

A través de un spot de televisión se acusaba a ex funcionarios de “ser traidores infiltrados en las fuerzas del orden”. En la foto aparecían los rostros de algunos de los detenidos, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador de la SIEDO o el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Javier Herrera Valles.

“Vamos a limpiar a la PGR y castigaremos con todo rigor y sin contemplación alguna a los que traicionan a las instituciones” dijo en octubre del 2008 Medina Mora, en una conferencia donde apareció junto a Morales para anunciar los primeros resultados de la “Operación Limpieza”.

Cuatro años tuvieron que pasar para que la verdadera naturaleza de los casos quedara al descubierto. La mayoría de los expedientes en su momento consignados por la PGR, estaban sustentados en testimonios falsos, en declaraciones fabricadas de testigos protegidos, sin ningún otro sustento.

Por ejemplo, en el caso de Ramírez Mandujano, liberado el 14 de abril de 2013, el juez federal Mauricio Fernández de la Mora determinó que prácticamente toda la averiguación estaba sustentada en los dichos del testigo colaborador “Jennifer” mintió en los señalamientos peor fue más allá.

“En particular, en la diligencia de careo entre el acusado Noé Ramírez Mandujano, con el testigo colaborador con nombre clave ‘Jennifer’, se advirtió una posible fabricación de pruebas, motivo por el cual se dio vista al Procurador General de la República, para que conforme a sus atribuciones procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía que recabó dichos testimonios” señaló el juez en su sentencia.

De las investigaciones en contra de funcionarios no se supo nada, pero el hecho es de que para 2013, catorce capturados en la Operación Limpieza ya habían quedado en libertad bajo las mismas circunstancias.

Entre los funcionarios que fueron detenidos y luego liberados, además de Mandujano, estuvo Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal; Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México, y el ex coordinador de seguridad pública Javier Herrera Valles.

El fiasco del michoacanazo

El 26 de mayo del 2009 elementos del Ejército y la Policía Federal cumplimentaron órdenes de presentación en contra de 35 funcionarios públicos del estado de Michoacán, entre ellos 12 presidentes municipales, por presuntos nexos con la organización delictiva de “La Familia Michoacana”.

La SIEDO no tenía pruebas iniciales para encarcelar a todos los involucrados pero utilizó la figura del arraigo para impedir que quedaran en libertad mientras “reunía pruebas en su contra”.

Finalmente la dependencia se apoyó en los dichos de varios testigos protegidos, entre ellos “Zajed” o “Paco” para acusar a los políticos de colaborar con el crimen.

“Estas personas protegían y filtraban información que favorecía el desarrollo de las actividades de ese grupo criminal (…) las investigaciones permitieron demostrar que los ahora inculpados aprovechando su calidad de servidores públicos y abusando de su función, realizaban acciones que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico del cártel de La Familia” dijo en ese entonces el procurador Medina Mora.

Pero 18 meses después de haber sido encarcelados, jueces federales liberaron prácticamente a todas las personas que fueron detenidas bajo el argumento de que no existían pruebas más allá de dichos, que dieran sustento a las acusaci0ones.

En meses posteriores se descubrió que algunos de los testigos protegidos usados por la SIEDO como “Paco”, en realidad utilizaron una identidad falsa e incluso los documentos que acreditan su posible identidad también están falsificados. Una situación que en realidad se repitió con otros testigos que la PGR utilizó en diversas acusaciones como “Jennifer” o “Libre”.

Recientemente, previo a su designación como ministro de la Corte, Medina Mora defendió las investigaciones que en su momento llevaron a la cárcel a los funcionarios y alcaldes en el llamado “Michoacanazo” El ex procurador sostuvo que el Ministerio Público tenía pruebas para acusar y que fue un juez, que hoy en día está bajo investigación, quien opinó distinto.

Granadas… y tortura

El último fiasco. Esta semana un juez federal exoneró a las cuatro personas que la SIEDO consignó en el 2008 acusados de haber sido responsables de la detonación de granadas en el zócalo de Morelia durante los festejos patrios del 15 de septiembre.

El motivo fue similar al de varios de los liberados de la Operación Limpieza: testimonios que no se verificaron, pruebas dudosas o de plano fabricadas, más el agregado de prácticas de hechos de tortura en contra de los detenidos.

“Quedó plenamente demostrado (…) que fueron sometidos a actos de tortura previos a que fueran localizados y presentados ante la entonces SIEDO, donde en lugar de respetar sus  derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura” dice la sentencia.

Aunado a lo anterior los detenidos fueron exhibidos en un video promocional (como ocurrió con otros casos entre ellos la Operación Limpieza), no se respetó su principio de inocencia, su declaración se hizo sin abogados, y hasta se alteraron las firmas de las confesiones lo que confirma la fabricación de la evidencia.

Cabe recordar que desde noviembre del 2008 los familiares de los detenidos denunciaron que ellos nunca estuvieron en el lugar de los hechos sino que fueron “levantados” por civiles armados en Lázaro Cárdenas, situación que fue ratificada esta semana por la sentencia del juez.

Pero el entonces procurador Medina Mora defendió que el caso era contundente y que los testimonios, que hoy se sabe se obtuvieron mediante tortura, lo avalaban. Incluso, dijo que las declaraciones se hicieron con el defensor presente.

“Sí hay registro de estas personas en la plaza Melchor Ocampo (Morelia) en momentos previos a los hechos y esto está considerado como un elemento importante que ratifica la declaración. (su declaración) fue realizada con plenos derechos, con la asistencia del Defensor de Oficio, en donde ellos admiten los hechos” declaró el hoy Ministro de la Corte.

Represalias en penales a víctimas del Caso Wallace por exigir justicia

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

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Publicado en Los Ángeles press

Por Guadalupe Lizárraga

El 22 de agosto de 2014

Imagen tomada ante las instalaciones de la PGR para pedir que se investigue a Isabel Miranda Torres por las evidencias del falso secuestro Wallace publicadas en los medios. Foto: especial
Imagen tomada ante las instalaciones de la PGR para pedir que se investigue a Isabel Miranda Torres por las evidencias del falso secuestro Wallace publicadas en los medios. Foto: especial

Autoridades del Cefereso #12, en Guanajuato, han negado a Albert Castillo Cruz, inculpado del falso secuestro de Hugo Wallace, toda documentación jurídica que lo instruya sobre sus derechos, desde la Constitución Política hasta código penales, leyes de amparos, jurisprudencias y reformas judiciales. Así mismo, su correspondencia fue retrasada por más de nueve meses a su destinatario el titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, como forma de represalia a la búsqueda de justicia después de que periodistas y activistas de derechos humanos han estado revelando la falsedad del secuestro y homicidio de Hugo Wallace, fabricado por su madre Isabel Miranda Torres.

En el caso de Brenda Quevedo Cruz, no pasaron sus llamadas el fin de semana para comunicarse con sus padres, como le corresponde periódicamente. El sábado, 16 de agosto,  Brenda Quevedo realizó tres intentos de llamadas desde el penal El Rincón, Tepic, Nayarit, y cortaban la llamada antes de transferirla a casa a de sus padres, quienes denunciaron que no es la primera vez que los dejan incomunicados, y al parecer nadie más de las compañeras internas de Quevedo tienen problemas con la comunicación telefónica.

Enriqueta Cruz, madre de Brenda, consideró la incomunicación de su hija como una represalia por sus declaraciones ante la Ministerio Público Lourdes López Lucho, el pasado 11 de agosto, cuando se le citó para que diera información sobre las evidencias publicadas por Los Ángeles Press y la revista Proceso, pese a que ella ya las había presentado desde marzo de 2014 ante el Juzgado 16 de Procesos Penales que lleva la causa 35/2006.

Cruz agregó que pondría una nueva queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Comisionado del Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que consideró que “ahora más que nunca, es importante estar en comunicación con su hija, una comunicación a la que tiene derecho”. Brenda Quevedo y Jacobo Tagle aún están en el proceso de desahogo de pruebas y no han sido sentenciados.

Albert Castillo, por su parte, en la misiva dirigida al titular del Poder Ejecutivo, escrita el 22 de noviembre de 2013 y entregada a sus familiares a mediados de agosto de 2014, reiteró la denuncia de que fue víctima de tortura bajo las órdenes de Isabel Miranda Torres, a quien señaló también como principal responsable de las inconsistencias del proceso fabricado en su contra y en contra de su hermano Tony, en el denominado “Caso Wallace”.

También denunció al Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, responsable directo de la tortura en el Cefereso No. 2 de Puente Grande, Jalisco, y mencionó asimismo el caso de tortura a Brenda Quevedo Cruz. Se trata del mismo ministerio público identificado por las demás víctimas de Isabel Miranda, que junto con el MP Oswaldo Jiménez Juárez y Fermín Ubaldo Díaz, participaron en las agresiones físicas contra César Freyre, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y Brenda Quevedo Cruz.

Albert Castillo decidió escribir a Peña Nieto, porque él y su hermano  Tony fueron sentenciados a 46 años de cárcel por el falso secuestro del hijo de Miranda Torres, y por presión mediática de ella, el juez incrementó la pena a 93 años de cárcel, pese a las graves irregularidades del proceso y sin que la parte acusadora hubiera presentado una sola prueba pericial consistente.

Las autoridades del penal donde se encuentra recluido Albert Castillo, le dijeron que ya no tenía nada que hacer en su defensa, por eso le negaron la documentación jurídica. Los hermanos Castillo Cruz cumplen condena desde 2006. Albert  fue capturado y torturado por Isabel Miranda y varios agentes ministeriales pertenecientes a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Tony se entregó voluntariamente con el propósito de aclarar la falsa acusación y sin temer por su vida. Sin embargo, el día que fue a declarar, no volvió a salir y fue internado en el Cefereso No. 3 de Matamoros, Tamaulipas.

Brenda Quevedo Cruz fue detenida desde 2007, en Estados Unidos, y deportada a México, donde fue torturada en dos ocasiones, una en el penal de Santiaguito, Estado de México, y otra en islas Marías.  “A parte de todo lo que ha padecido, siguen castigándole con la tortura psicológica”, atajó su madre Enriqueta Cruz.

 

Carta de Albert Castillo a Enrique Peña Nieto

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NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

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Wallace delincuente