El execrable Caso Wallace

Artículo de Patricia Barba Avila

Fecha: El 26 de noviembre 2015

La lectura enriquece el espíritu, cuando sabemos distinguir entre la calidad y la pobreza literaria.

Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallac (2010)
Isabel Miranda de Wallace y Martin Moreno, en promoción del libro El Caso Wallace (2010)

 

DISCRIMINACIÓN LITERARIA: PODEROSA HERRAMIENTA

Sin duda alguna, una de las herramienbtas más valiosas e indispensables para la madurez intelectual/espiritual de cualquier ser humano, es la capacidad de discriminar entre la calidad y la pobreza literaria y, por supuesto, esto se extiende a otros ámbitos de la vida.

Quiénes de nosotros no hemos escuchado, por ejemplo, generalizaciones como: “cultiva tu intelecto leyendo un libro” o, “apaga le tele y enciende la mente”, entre otras. Sin embargo, pese a que el no leer en absoluto o el ver la televisión sin moderación son, efectivamente, factores que obstaculizan el desarrollo óptimo de la capacidad intelectual, la tolerancia y la facultad para convivir de manera armoniosa con el entorno, es importante aclarar que sin la habilidad de discriminar entre calidad y pobreza literaria, artística o moral, los seres humanos quedamos impedidos para transformarnos en ciudadanos partícipes de sociedades progresistas, eminente y genuinamente democráticas y, por ende, justas y solidarias.

Creo, sin lugar a dudas que el no ejercitar a plenitud el raciocinio, el poder de la lógica y el sentido común puede conducir a un individuo o a un grupo social a cometer injusticias y solapar actos de crueldad y corrupción y, por ello, es que deseo expresar mis reflexiones en torno a uno de los casos más execrables de fabricación de culpables, crueldad e inmoralidad de que se tenga memoria en la historia de este país: el infamante “Caso Wallace”, elevado a la categoría de “literatura” por un “periodista” y “escritor” (SIC SIC) que sin el menor rigor investigativo y literario, convirtió una maraña de mentiras emergidas de la mente de Isabel Miranda [de Wallace] –o Isabel Miranda Torres o Isabel Torres Romero, o como se llame—en un instrumento incriminatorio de seis personas inocentes, injuriadas y satanizadas, de manera irresponsable, por Martín Moreno, el autor del libro El Caso Wallace.

Estoy convencida de que este “escritor” quien, para estupor propio y de un creciente número de gente, recibió el Premio Nacional de Periodismo, aprovechó la tendencia de amplios sectores de la sociedad mexicana a creer en héroes míticos de historieta como María Isabel o de cine y TV como Superwoman, para poder vender una narrativa tan ficticia como barata a los lectores de su libro, que dicho sea de paso, por su pobreza literaria es más bien un libelo difamatorio que toma como verdad incuestionable los dichos de Isabel Miranda sin mayores indagatorias en los verdaderos antecedentes de Brenda Quevedo Cruz, una de las inculpadas falsamente y a quien se difama de la forma más vil.

Y es muy cierto que para estar en capacidad de juzgar la calidad de una pieza literaria, televisiva o cinematográfica, es, en la mayoría de las ocasiones, indispensable leer o ver de todo incluyendo, por supuesto, lo burdo y lo muy burdo. Por ello, decidí revisar con paciencia y gran esfuerzo por evitar el vómito, el libro/libelo conocido como El Caso Wallace.

Empiezo por la cita con la que Martín Moreno introduce su libro y que corresponde a uno de los escritores más memorables y éticos que conocemos: Ryszard Kapuschinski, quien por cierto, afirmó con toda pertinencia que “las malas personas no pueden ser buenos periodistas”. La cita a la que me refiero es la siguiente: 

Aquella gente de abajo, entrelazada por sus extremidades lisiadas, por sus zancos y muñones, estaba apiñada de tal manera que formaba un solo cuerpo moviéndose y arrastrándose, del cual, como tentáculos, salían decenas de brazos, y allí donde no había brazos, aquel cuerpo abría sus bocas y las dirigía hacia arriba esperando a que se les arrojase algo.

No es solamente indignante que Martín Moreno haya elegido uno de los pasajes más desgarradores de la entrañable novela Ébano, en la que Kapuschinski narra su experiencia en el sufrido continente africano, sino que las vivencias que dieron lugar al estrujante texto del también periodista polaco no guardan relación alguna con la farsa monumental en la que se basa El Caso Wallace, además de la distancia de años luz existente entre este respetado personaje y el “escritor” de alquiler Martín Moreno. Es decir, Kapuschinski constató en persona los hechos que narra en sus escritos y reportajes a diferencia de Moreno, quien se sentó a escuchar y a reproducir al pie de la letra, una fábula inverosímil de boca de una consumada mentirosa, secuestradora y torturadora, tal como ha quedado incuestionablemente demostrado por las investigaciones y reportajes de Guadalupe Lizárraga, así como de Anabel Hernández, colaboradora del prestigiado semanario Proceso, y David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad.

Es evidente que el libelo de marras explota la credulidad de sectores sociales infortunadamente sometidos a la basura telenovelesca de La Rosa de Guadalupe y Lichita –donde, dicho sea de paso, se beatifica y promueve con un descaro digno de El Canal de las Estrellas, el Teletón, su  lucrativa aventura comercial donde se utiliza de manera indecente las impactantes imágenes de niños lisiados, accidentados, mal heridos y discapacitados. Este mismo tufo mercachiflero es el que advertimos en la manufactura de El Caso Wallace, en el que se describe con lacrimógena verborrea el amor inconmensurable de Isabel por su hijo, algo que riñe claramente con su afán de dar a su vástago por muerto y sacar considerable provecho financiero y político con un secuestro y posterior asesinato que, como se ha demostrado fehacientemente, sólo han existido en su imaginación. Para muestra, aquí reproduzco algunos pasajes que exhiben la ínfima calidad literaria y periodística de la que adolesce el libro de ficción de Moreno:

“Así le llegaron los 16 y con ellos el amor inesperado. Se enamoró de Enrique Wallace, un contador público 13 años mayor que ella,a quien conoció en un hospital por circunstancias del destino…”

“…Contrajeron matrimonio cuando ella aún era menor de edad, lo que desató la furia de Don Fausto…”

Martín Moreno hubiese podido proceder como lo hace todo periodista/escritor que se respete e investigar la veracidad del cuento de hadas que le narró Isabel, pero no lo hizo, a diferencia de Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Ángeles Press, quien demuestra con evidencias irrefutables que Isabel Miranda tenía 21 años cuando registró a Hugo Alberto Miranda Torres, hijo biológico Jacinto Miranda, tal como consta en la primer acta de nacimiento de Hugo Alberto. Esto indicaría que, en el remoto caso de que esta mujer hubiese conocido a Enrique del Socorro Wallace a los 16 años, éste hubiese  cometido adulterio, mientras que Isabel habría incurrido en el mismo delito pues el Sr. Wallace estaba casado con Guadalupe Magallanes, quien se divorció de él en 1974 y le ganó la custodia de sus 5 hijos, después de que la dulce y decente Sra. Wallace la visitó para decirle que sostenía relaciones sexuales con su marido. Por otra parte, el estado civil de Enrique Wallace hubiese imposibilitado el matrimonio legal con Isabel en la fecha en que ella afirma que ocurrió.

Otra de las innumerables falsedades contenidas en el libro y de las que se hubiese percatado Martín Moreno si hubiese tenido la pulcritud y la decencia de revisar, por lo menos, el acta de nacimiento de Hugo Alberto, registrado en 1970 en Milpa Alta, D.F., en el acta No. 27 asentada en el libro 1, consiste en los nombres de los padres de Isabel: Alfredo Torres y Mónica Romero, mientras que Isabel le contó a su porrista disfrazado de escritor, que su padres se llamaban Fausto Miranda Romero y Mónica Torres Jaimes (!!??) Aquí sólo cabe preguntarse a quién le mintió la heroína de barro de El Caso Wallace: a las autoridades del Registro Civil del D.F. o a su pluma alquilada. También cabe preguntarse por qué, si Enrique del Socorro Wallace efectivamente engendró a Hugo Alberto en 1969 y era “un padre amoroso”, no aparece su nombre en el acta emitida en Milpa Alta en 1970 y, en lugar de ello, lo registra hasta 1975, fecha en que nació su hija Claudia, a quien el Sr. Wallace sí engendró con Isabel. Adicionalmente, en esa segunda acta, emitida por el Registro Civil de Texcoco, ya Hugo Alberto aparece con los apellidos Wallace Miranda y la edad de Isabel es de 24 y la de Enrique de 37 años…más mentiras.

Mucho se ha comentado sobre la notable credulidad característica de importantes sectores sociales, derivada del deplorable nivel educativo que priva en el sistema escolar en México, en el que se des-educa y obstruye la capacidad inquisitiva y de análisis, lo que se agrava por la paupérrima calidad de las producciones literarias, de televisión y cine entregadas al público, cuyo resultado es la sorprendente facilidad con la que los lectores de libelos como el de la pluma a sueldo de Martín Moreno, aceptan a pie juntillas una narrativa tan fantasiosa como burda. Y si sólo se tratara de vender una literatura barata, el daño no sería tan grave. Sin embargo, lo brutal e imperdonable de El Caso Wallace es que se constituyó en la herramienta infame que sirvió para criminalizar a seis personas inocentes a quienes se les ha privado de su libertad, se les ha sometido a brutales torturas y a cuatro de ellos se les ha sentenciado a cadena perpetua mientras dos más, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, siguen en espera del veredicto en sendos procesos judiciales pletóricos de irregularidades y abusos.

Y es aquí donde la credulidad, la ausencia de escepticismo y de sentido común que prevalece en sectores de la sociedad golpeteados en gran medida por las miserias paridas por Televisa y TV Azteca, junto con la falta de pulcritud periodística y literaria de una pluma alquilada como Martín Moreno, se transforman en el terreno fértil para que una mujer enferma de codicia y poder destruya las vidas y futuros de seis inocentes y sus familias con abrumadora impunidad.

Concluyo esta breve reflexión con la siguiente sentencia de Demócrito:

Es hermoso evitar que otro cometa injusticia; pero si no, también lo es no ser cómplice de la injusticia.

 

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Carta abierta a Denise Dresser sobre su debate con Wallace en Foro TV

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¿Cuál es nuestra postura respecto al hecho de seguir considerando a esa criminal de Isabel Wallace como una interlocutora, cuyas opiniones se deberían tomar en cuenta para posicionarse, sea a favor o en contra de ellas?

Expresamos claramente nuestra postura al respecto en una carta abierta que le hicimos llegar a la politóloga Denise Dresser, el 29 de octubre. Esta carta conjunta con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y el FEMCAI fue redactada en inglés. A continuación, publicamos la traducción al español.

Quiero insistir en algo: respetamos la labor de Denise Dresser, quién es una gran politóloga y realmente una intelectual que se ha pronunciado a favor de los derechos humanos y de la justicia. Sin embargo, nuestra opinión sobre este debate con Wallace es que nunca se hubiera solicitado, ni llevado a cabo. Uno no se sienta con criminales, sobre todo cuando el debate ya está organizado para callar a la única persona que si tenía una perspectiva justa con respecto a Ayotzinapa, y se trata de Denise. A Denise Dresser, el locutor (Javier Tello) visiblemente del lado de la Wallace le cortó la palabra. Casi cada vez que se preparaba a intervenir, se interrumpía el programa para lanzar una pausa comercial. La Wallace no dejv de cortarle la palabra, sin que el locutor dijera absolutamente nada para restablecer el orden del debate. Vean el video a continuación:

 

Con muy buenas intenciones, Denise Dresser se dejó engañar al solicitar un debate con Wallace.

Nosotros llamamos a que los activistas, defensores de los derechos humanos, abogados, juristas, politólogos, intelectuales, dejemos de considerar a Isabel Wallace como una interlocutora, sino como lo que es: una criminal responsable del calvario de – por lo menos – siete personas.

Nolverto F. A.

MXporFC

CARTA ABIERTA

Puebla, México / Montréal. Canadá

20 de octubre de 2015

Estimada Sra. Dresser:

Después de haber mirado su debate con Isabel Miranda [de Wallace], quisiéramos hacerle llegar respetuosamente los siguientes comentarios:

  1. Nos consternó el razonamiento dado por usted para solicitar el debate, puesto que alguien de su nivel no discute con delincuentes, ya que es como intercambiar opiniones con la Tuta, Chapo Guzmán o individuos semejantes
  2. El hecho de que Isabel Miranda sea, efectivamente una cruel delincuente ha sido amplia e indudablemente demostrado por las sólidas investigaciones de Anabel Hernández, publicadas en Proceso; Guadalupe Lizárraga, publicadas en Los Ángeles Press, y David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y el grupo de activistas que tienen el blog mexicoporflorencecassez.wordpress.com. Nos cuesta creer que usted no haya leído al menos el trabajo de Anabel Hernández, en Proceso, sobre el notable engaño del “Caso Wallace”.
  3. Cuando esa mujer, cruel y corrupta, denuncia que existe un “conflicto de intereses” de parte del Secretario Ejecutivo de la CIDH, demuestra tener un increíble grado de cinismo, ya que ella se ha beneficiado enormemente de la red de mentiras que constituyen todo el fiasco del “Caso Wallace”. Primero, logró ocultar a su hijo delincuente, Hugo Alberto, que está ligado al crimen organizado; segundo, recibe enormes cantidades de dinero de los contribuyentes de la escandalosa administración de Felipe Calderón para apoyar su organización igualmente engañadora y falsa “Alto al Secuestro”; tercero, en 2012 el PAN (Partido Acción Nacional) la lanzó como candidato al gobierno de Ciudad de México, y además, aunque parezca inconcebible, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos a pesar de que acusó falsamente, hizo encarcelar y torturar salvajemente a seis personas inocentes que estuvieron en el mal lugar en el momento equivocado, por así decirlo.
  4. Según todas las investigaciones basadas en pruebas concluyentes, Isabel Miranda no sólo ha mentido repetidamente a las autoridades mexicanas y norteamericanas, sino que, además, cometió adulterio, dado que  mantuvo una relación sexual con Enrique Wallace, mientras éste todavía estaba casado y que, por otra parte, no es el padre biológico de Hugo Alberto; ella es responsable del secuestro virtual de seis ciudadanos inocentes que fueron encarcelados, y atestiguó la tortura de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle, César Freyre, Juana Hilda González Lomelí, Antonio y Alberto Castillo 
  5. A pesar de que Nestora Salgado García fue exonerada por un juez federal de los cargos inventados que causaron su encarcelamiento ilegal, Isabel Miranda insiste en que esta mujer admirable permanezca en la cárcel y esto no sorprende.  Miranda tiene estrecha conexión con Ricardo Martínez, antiguo Fiscal de Atención a Víctimas (¿?¡!) bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que se sabe participó en el tráfico horrible de jóvenes en el Estado de Guerrero, y las actividades de Nestora Salgado García destinadas a rescatar varias de esas víctimas afectaban al “negocio” inmoral de Martinez.
  6. Ahora la Sra. Miranda dirige su lucha no sólo contra Emilio Álvarez Icaza, sino también contra los estudiantes y los padres de Ayotzinapa etiquetando esta desaparición forzada como un simple “secuestro” llevado a cabo por los traficantes de drogas, a pesar de las pruebas y los numerosos testimonios que demuestran la implicación directa del ejército y de la policía federal, estatal y municipal.

Isabel Miranda no actúa de acuerdo a ningún imperativo moral, pues carece de ética y honradez; claramente restituye lo que debe a un “gobierno enormemente corrupto” que le permite cometer toda clase de atrocidades con impunidad total.

Lo que realmente nos aterró, Sra. Dresser, fue oírle alabar el trabajo de Isabel Miranda en favor de los derechos de las víctimas (¡!¿?). En especial, el hecho de que usted solicitara un diálogo con una delincuente de esta magnitud podría significar una de dos cosas: 1) que usted se pone al mismo nivel de inmoralidad de la entrevistada, lo que para nosotros es impensable, o 2) que en cualquier otro momento, se le podría fácilmente pedir que mantenga un debate con cualquier otro sin vergüenza.

Atentamente,

Patricia Barba
Miembro Fundador
Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes (FEMCAI)
www.femcai.org
@: patricia.barba@ac-dv.org

David Bertet
Presidente
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV)
www.ac-dv.org
@: contacto@ac-dv.org

Nolverto Flores ÁVILA
México por Florence Cassez
Blog de activistas mexicanos contra los culpables fabricados
www.mexicoporflorencecassez wordpress.com
@: mxporfc@hotmail.com

Ongs canadienses piden medidas cautelares para víctima de Isabel Miranda

Artículo publicado el 14 de abril del 2015 en la revista Los Ángeles Press y en el sitio de ACDV.

#WallaceMiente
#WallaceMiente

A través de un comunicado público la Asociación Contra la Fábrica de Culpables y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad informaron que el día 25 de marzo de 2015 solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima de Isabel Miranda Torres por la simulación del secuestro de Hugo Wallace.

La petición de protección a Tagle por violaciones de derechos humanos fue interpuesta el pasado 25 de noviembre de 2014 a iniciativa de las organizaciones canadienses lideradas por los activistas David Bertet y Luis Vargas, quienes llevan varios años en la defensa de los inculpados por falsos delitos, como el conocido Caso Wallace.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el número de referencia MC549-14 P.MX para el caso de Jacobo Tagle, quien se encuentra actualmente bajo proceso penal con la causa 35/2006.

Los firmantes de la solicitud, Vargas y Bertet, señalaron que las medidas cautelares solicitadas para Tagle tienen como principal finalidad proteger su integridad física y psicológica ante el inminente riesgo de daños irreparables. El inculpado ha denunciado que ha sido torturado en varias ocasiones para incriminarse y que lo mantienen en condiciones insalubres en el CEFERESO número 2 en Puente Grande, Jalisco, como represalias por sus denuncias, además de negarle atención médica adecuada por parte de las autoridades carcelarias.

Investigación de la ACDV y MXporFC sobre el caso de Areli Cinthya Cantú Muñoz

Investigación publicada en el sitio de ACDV (Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad)

Por David Bertet y Moíses Castello

El 23 de noviembre del 2014

La violación a la presunción de inocencia sigue la regla para cubrir la fabricación de culpables.
La violación a la presunción de inocencia sigue la regla para cubrir la fabricación de culpables.

Investigación disponible aquí.

Resumen del caso de Areli Cinthya Cantú Muñoz (Koldo Mikel yTanya R.)

Las nueve de la noche. En su domicilio de Ixtapaluca, Estado de México, se encuentra Areli Cinthya Cantú Muñoz. Con ella está su amiga y compañera de trabajo Itzel, quien desde hace como tres meses vive con Cinthya. Con ellas también se hallan el hijo de Cinthya, de 13 años y dos amiguitos de éste. De repente golpean con gran violencia la puerta: patadas a ésta, rotura de vidrios, hombres encapuchados que entran en la casa gritando con insultos, golpeando a las mujeres, humillándolas.  Areli a sus 30 años jamás ha hecho daño a nadie, no tiene enemigos. Casi arrastras y a tirones de cabellos son sacadas del domicilio. Numerosos vecinos se asoman a las ventanas o ven desde las aceras como suben con lujo de violencia y en distintos carros a las dos mujeres. También se llevan a los niños. Desde el carro en el que está Cinthya todavía alcanza a ver algo asombroso, un joven que camina tranquilamente con otro amigo lo detienen y sin más ni más lo suben a otro carro.  A las dos mujeres y al joven los llevan a una casa. En ésta se encuentran dos hombres, uno de ellos tiene el brazo, a la altura del codo, completamente inflamado de las torceduras que le han dado. Los dos han sido brutalmente golpeados.

Tanto Cinthya como Itzel tienen en sus celulares un número telefónico, pertenece a un taxista, al cual llaman seguido cuando salen tarde del trabajo para que les dé servicio. Le dicen a Cinthya lo llame, ésta se niega y dice que no tiene crédito, la golpean para que llame pero enseguida le piden lo mismo a Itzel, quien la última llamada marcada en su celular es precisamente a ésta persona. En un principio se niega también a llamar, pues las dos mujeres alegan que es el taxista que las suele dar servicio, al fin Itzel le llama y lo cita en la casa. Cuando llega es detenido y pasará a ser parte de la “Banda”.

Según saldrá en la prensa, esa es la casa de seguridad en donde detienen a toda la banda y liberan al secuestrado, lo que como estamos viendo es una gran mentira.
En esta casa ponen a todos contra la pared y les toman unas fotos. Estas fotos serán destruidas ya que hay menores de edad. Los detenidos son de nuevo subidos a diferentes carros y tras un recorrido como de quince minutos se paran en una calle. Cinthya ve que entran los policías en otra casa y sacan a Karen, otra compañera que trabaja con ellas y en cuyo celular también está el número del taxista, las tres los tienen porque las tres pueden necesitar por separado de sus servicios, algo natural.
Los llevan a todos ante el ministerio público. Dos mujeres más aparecerán en escena para hacer un total de doce detenidos. Cinthya conoce a sus dos compañeras y al taxista, al margen claro de está de su hijo y sus dos amiguitos, a los demás los desconoce por completo y ellos confirmaran lo mismo, no conocen de nada a Cinthya.

Para que todo sea real falta naturalmente la confesión. La confesión la hacen ellos y ya hecha te la dan para que la firmes. Cynthia se niega a firmar, pero no cuenta con la terrible crueldad de esta gente. Su hijo sigue detenido al día siguiente. Le ponen al niño frente a ella, sacan una pistola y se la ponen en la cabeza.

La madre, al ver a su hijo que lo están amenazando con una pistola en la cabeza no duda en firmar. Cuando va a ver el documento la dicen que no tiene porque leer nada. Así una buena mujer, una buena madre, se culpa para que dejen libre a su hijo, lo cual hacen de inmediato y hasta le ofrecen dinero para que se compre unos tamales y atole. El pequeño queda libre junto a uno de sus amigos, El otro quedará definitivamente como miembro de la banda.

Ésta junto a la “Banda” ha sido trasladada a Toluca, en donde serán presentados a la prensa.
Encabezados como éste adornan las primeras páginas de los diarios: Los Caballeros Templarios desplazan a La Familia Michoacana en el Estado de México.

<a href=”http://www.youtube.com/watch?v=8Gtacb-l2z4#aid=P5pK7Eugf4A”>Video</a&gt;

Al entrevistarla, 6 de junio de 2013, resulta que tan sólo se le sigue proceso por el secuestro de una persona, todo lo demás les han sido retirados a la “banda”. Se encuentra dentro del proceso en desahogo de pruebas.

Durante el proceso comienzan las grandes contradicciones que rayan en lo absurdo. Ese mismo 8 de noviembre a la mañana, es secuestrado un hombre de 55 años cuando sale de su domicilio en su carro. Horas después será puesto en libertad. El secuestrado en dos audiencias que tiene el menor dice no reconocer a nadie, en otra dice que Cinthya era una de la que lo guardaban.

Ahora resulta que Cinthya es detenida en una gasolinera cuando se dispone a cobrar el rescate, pero a su vez la ubican en la casa de seguridad siendo la persona que pone en libertad al secuestrado y esto sucede en los momentos anteriores a cobrar el supuesto rescate. Es decir, al parecer Cinthya se divide en dos, una parte se queda en la casa y libera al secuestrado mientras que la otra parte está en la gasolinera cobrando el rescate, la dirección que se da de la mencionada gasolinera no existe. Otro absurdo de esta historia es lo que piden de rescate: Una camioneta y dos aparatos electrónicos. Esto para repartir entre diez personas. En las fotos que salen en la prensa, la primera mujer de la izquierda con chamarra negra, es Cintia. Y queda la duda, ¿La detienen en la casa de seguridad o en la gasolinera? Pues ya hemos visto que en ninguna de las dos.

Patricia Muñoz Omaña, tenía 54 años y era de profesión maestra. Su hija es Cinthya. Va ante ministerios públicos, ante el fiscal de secuestros del Estado de México y les exige la libertad de su hija. Resulta que se enteran que éste fiscal es amigo de la persona que le hizo firmar su declaración de culpabilidad a Cinthya y algo, no se sabe qué, molesta a alguien.

<strong>El cuatro de marzo del 2013.</strong>

A la mañana Cinthya habla por teléfono con su madre. Son poco más de las cuatro de la tarde. La maestra camina despreocupada por la calle. Una moto con dos individuos llegan por la espalda de la indefensa mujer. Otros tres o cuatro tiros la alcanzan. Uno de ellos pega en su celular sin llegar a su cuerpo. La madre queda tendida en el suelo herida de muerte mientras que los miserables asesinos huyen del lugar. Aún con vida es llevada al hospital. Llega Alejandra, la hija mayor junto a un tío y la sobrina de Georgina. Poco antes de las siete de la tarde, reciben la tremenda noticia, su madre ha fallecido.

La muerte de su madre es consecuencia del encarcelamiento de Cynthia.

Cinthya se quedó sin abogado particular tras el asesinato de su señora madre, pues ella lo pagaba y a pesar de que la joven Georgina señala que se va a hacer cargo de los gastos, el abogado renuncia. Ahora es defendida por uno de oficio. Sus esperanzas de salir libre son grandes, pues sabe que es inocente. No conocía absolutamente nada del caso, lo primero que supe es lo que vi en internet que decía la prensa, que es como no saber nada, así que no podía opinar, Ahora, lo puedo decir a ciencia cierta, sin el más mínimo temor a equivocarme, que Cinthya Cantú Muñoz es completamente inocente de lo que la acusan.

Al margen de lo que suceda con Cintia y que esperemos sea lo mejor, su libertad, está el caso de Georgina, ella está en peligro y es obligación del gobierno proteger su vida y para ello, nada mejor que detener lo antes posible a los asesinos de su madre. A ellos responsabilizamos de cualquier cosa que la pueda pasar.

La Señora Wallace, acusada ante la PGR

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

 

Artículo publicado en Proceso y el Diario de Coahuila

Por Jorge Carrasco Araizaga

El 14 de septiembre de 2014

 

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Familiares de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y empleados de la propia PGR por considerar que cometieron diversos delitos para responsabilizarlos de la desaparición del hijo de la activista.

Sin que después de nueve años haya sentencia firme en contra de los acusados, sus familiares presentaron la denuncia ante la oficina del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el miércoles 3, luego de que se hiciera pública la existencia de una doble documentación oficial sobre Hugo Alberto Wallace.

Además de Isabel Miranda, los señalados son su esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, su hermano Roberto Miranda y los siguientes empleados de la PGR: los agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, y la perito de la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales Yanet Rogel Montes de Oca.

A los siete les imputan delitos contra el estado civil, de falsedad de informes dados a la autoridad, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, tráfico de influencias y cohecho, cargos que tendría que investigar la PGR.

Los denunciantes son Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste del Rincón, en Tepic, Nayarit; y Raquel Dobin Rosenthal, madre de Jacobo Tagle Dobin, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2, en Jalisco. Ambos acusados aún están a la espera de sentencia en primera instancia.

Los otros denunciantes son María Guadalupe González Lomelí, hermana de Juana Hilda González Lomelí, presa también en el Centro Federal Femenil del Rincón; y María Elena Cruz Bustamante y Luis Carrillo Bustamante, madre y tío de Alberto y Tony Castillo Cruz, ambos de nacionalidad estadunidense. El primero está preso en el Cefereso número 12, en Guanajuato, y el segundo en el Cefereso número 3, en Matamoros, Tamaulipas.

‘PRUEBAS FABRICADAS’

Según la denuncia de hechos, con la revelación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y la del matrimonio de Isabel Miranda con Enrique Wallace, así como la existencia de pruebas cuestionadas, publicadas en mayo y junio pasados por el periódico digital Los Ángeles Press y Proceso (ediciones 1961 y 1962), “se pone en evidencia” los delitos denunciados.

En una de las actas, emitida en el Distrito Federal, Hugo Alberto aparece como hijo de Jacinto Miranda. En la otra, de un juzgado civil de Texcoco, el papá es José Enrique del Socorro Wallace, de nacionalidad nicaragüense; mientras que la activista en la primera se llama Isabel Torres, y en la segunda, María Isabel Miranda Torres.

Los denunciantes aseguran que Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres, nombres de la activista que aparecen en los documentos oficiales, así como su esposo Enrique del Socorro Wallace, son presuntos responsables del delito contra el estado civil porque al registrar a Hugo Alberto como hijo de ambos, la primera adjudicó “a un tercero la paternidad que no le corresponde” y el segundo asumió “la filiación de padre sin corresponderle”.

Señalan que el artículo 227, fracción III del Código Penal Federal (CPF) impone de uno a seis años de prisión, entre otros, “a los padres que no presenten a un hijo suyo al Registro con el propósito de hacerle perder su estado civil, o que declaren falsamente su fallecimiento, o lo presenten ocultando nombres o suponiendo que los padres son otras personas”.

Según la denuncia, ambos cometieron falsedad de declaración ante las autoridades judiciales y ministeriales respecto a la autenticidad del apellido, lugar y fecha de nacimiento de Hugo Alberto, “así como el ocultamiento doloso ante tales autoridades de la identidad del padre biológico de la víctima”.

Los familiares de los procesados aseguran también que Isabel Miranda y su esposo “declararon falsamente ante la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre la verdadera fecha de su matrimonio con el fin de encubrir la verdadera filiación de Hugo Alberto”. Citan que la falsedad de declaración está penada con prisión de cuatro a ocho años en el Código Penal Federal (CPF).

Sobre la simulación de pruebas, dicen que la evidencia “más trascendental” para condenar a cuatro de los seis acusados y “supuestamente encontrada en la escena del supuesto crimen, fue falseada y alterada con el único objetivo de inculparlos de los supuestos delitos de privación de la libertad, en su modalidad de secuestro, delincuencia organizada y otros”.

‘SEMBRADOS’

Explican que la gota de sangre y un pelo de la alegada víctima encontradas en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los hechos denunciados, no sólo fueron “sembrados” sino también alterados porque el perfil genético de lo que se presentó como prueba originalmente fue identificado como cromosoma de mujer (XX) en el informe de la perito Yanet Rogel Montes, el 20 de marzo de 2006.

De acuerdo a los denunciantes, ese perfil genético “corresponde al del padre adoptivo del desaparecido”. Ante esa inconsistencia, la perito aseguró que se equivocó y que al momento de redactar su informe, “por un error de dedo”, escribió XX en lugar de XY para identificar el cromosoma.

Aseguran que el delito de simulación de pruebas fue cometido por Isabel Miranda y su hermano Roberto, y que de acuerdo al artículo 248 Bis del mismo CPF, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión al que, con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales.

De la perito Yanet Rogel Montes dicen que cometió el delito de falsedad en informes dados a una autoridad, penado en el artículo 247 Bis del CPF con una pena de cinco a 12 años de cárcel.

A partir de esa prueba aportada por la PGR, fueron sentenciados de 78 a 131 años de prisión los hermanos Castillo Cruz, César Freyre y Juana Hilda González. Los familiares dicen que a la perito se le podría aplicar una pena de ocho a 15 años, debido a que ese mismo artículo dice que cuando a un sentenciado se le imponga una pena de más de 20 años de prisión, la pena se incrementa por el testimonio o peritajes falsos.

“Además exigimos que se investigue la comisión de los delitos que se derivan de la falsedad de declaración y de informes dados a una autoridad judicial, tales como el soborno o la coacción de cualquier naturaleza hacia la perito”, dice la denuncia.

También piden a la PGR que investigue la probable comisión de los ilícitos de cohecho, amenazas y tráfico de influencias. En este último delito, no sólo mencionan a la perito, sino también a “todas las partes que dentro del proceso han sido sujetos de los actos denunciados” y que “han favorecido a la parte acusadora y coadyuvante del Ministerio Público federal, María Isabel Miranda Torres o María Isabel Miranda de Wallace”.

Respecto al tráfico de influencias, dicen, “hay que tomar en consideración el personaje Isabel Miranda de Wallace como figura pública y su poder económico, así como (su) cercanía… con los agentes del Ministerio Público Oswaldo Jiménez Juárez, Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz… encargados de llevar a cabo las averiguaciones previas y acusaciones en contra de los acusados”.

CONTRADEMANDA

La publicación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y de su acta de matrimonio llevó a Isabel Miranda a presentar una denuncia ante la PGR. La Unidad Antisecuestros inició de inmediato la averiguación previa AP/SEIDO/UEIDMS/464/2014. Por esa razón han sido llevados a declarar, sin orden de presentación, Giel Meza, activista de la organización Gente de México por la Democracia, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo.

En esa denuncia está incluido David Bertet, activista canadiense que promueve la liberación de los acusados del caso Wallace, como lo hizo con Florence Cassez. La ciudadana francesa fue acusada también de secuestro en el pasado gobierno y la presidenta de Alto al Secuestro fue una fuerte opositora a su liberación.

Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet anunció en agosto pasado que presentaría en la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) una denuncia por la investigación penal que se sigue en su contra en México, luego de la publicación de las actas en Proceso y Los Ángeles Press.

“Acudiré ante la GRC para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulten responsables de las amenazas de las que soy víctima”, escribió en una denuncia de hechos que hizo pública tras presentarla ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), también de la PGR.

Para el activista, se trata de una represalia e intimidación a “consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda”.

En respuesta a la publicación de esos documentos, Isabel Miranda aseguró que se trató de “una gran canallada”. En una entrevista con Sergio Sarmiento de Televisión Azteca, el 2 de julio pasado, señaló:

“No la puedo llamar de otra manera. Es algo que de verdad no tiene nombre” porque la publicación del reportaje se hizo “sabiendo de manera deliberada que sí existen pruebas. Indudablemente que fue ganas de golpetear, de exponer públicamente mi vida o lo que ellos consideran que es mi vida.

“Pero no es la verdad de lo que está en el expediente. Tan no es así, que precisamente una semana después que sacara esta señora (Anabel Hernández) el reportaje (en Proceso), el juez le confirma el auto de formal prisión a Brenda (Quevedo). Esa es la mejor respuesta que yo puedo tener, sabiendo que jurídicamente tengo la confianza que ella va a permanecer en la cárcel siempre, por más estrategias de medios de comunicación que hagan, por más mentiras que digan.”

 

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 Wallace delincuente

Demandan a Wallace por simular secuestro de su hijo

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Artículo publicado en Hoy Estado
El 4 de septiembre de 2014

Isabel Miranda de Wallace fue demandada ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR), por familiares de los inculpados del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace en julio de 2005.

Los denunciantes manifiestan que Wallace ha caído en contradicciones en sus declaraciones ministeriales dadas a las autoridades, así como amenazas, tráfico de influencias y cohecho.

El documento ya fue presentado ante el procurador Jesús Murillo Karam, en donde además se denuncia a varias autoridades ministeriales de la Federación que presuntamente la ayudaron con torturas a las víctimas y a sostener la simulación de pruebas.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación implicados en la denuncia bajo cargos de torturas, amenazas, tráfico de influencias, cohecho y simulación de pruebas, fueron Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, todos adscritos a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).

La denuncia se deriva de “una serie de pruebas en diversos reportajes del medio digital Los Ángeles Press y la revista Proceso”, donde se puso en evidencia los delitos en contra del estado civil, la simulación de pruebas y la falsedad en declaraciones judiciales.

Hugo Alberto Wallace, no es hijo del nicaragüense Enrique Wallace Díaz, si no que éste lo reconoció como hijo adoptivo cuando contrajo matrimonio con Isabel Miranda.

Una de las funcionarias de la PGR implicadas en la denuncia fue la perito Yanet Rogel Montes, por falsear información en el reporte forense sobre la gota de sangre encontrada en el departamento de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los supuestos hechos.

Rogel Montes atestiguó como perito que esa gota de sangre sí correspondía al perfil genético de Isabel Miranda Torres y de Enrique del Socorro Wallace, simulando con ello la única prueba pericial que pretendía sostener el asesinato, pues ahora se sabe que Hugo no era hijo biológico de Enrique Wallace.

Por su parte, El presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, dijo que con la presentación de esta denuncia contra la Señora Wallace y sus cómplices, este caso, se vuelve emblemático para la comunidad internacional de derechos humanos y para todas las personas que han sido víctimas de la simulación de pruebas en México.

Con información de: Los Ángeles Press

 

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Wallace delincuente

Se internacionaliza caso Wallace: activista canadiense denuncia amenazas

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Artículo de Jorge Carrasco Araizaga, publicado en la revista Proceso el 18 de agosto de 2014.

Isabel Miranda de Wallace, activista.  Foto: Germán Canseco
Isabel Miranda de Wallace, activista.
Foto: Germán Canseco

El presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, presentará en la Gendarmerie Royale du Canada una denuncia por la investigación penal que se sigue en su contra en México, luego de que la revista Proceso y el diario digital Los Angeles Press publicaron la existencia de documentación oficial duplicada sobre Hugo Alberto Wallace, declarado oficialmente muerto.

“Acudiré ante la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulten responsable de las amenazas de las que soy víctima”, escribió el activista en una denuncia de hechos que hizo pública tras presentarla ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR).

La denuncia es por “hechos ilícitos de intimidación, represalias y abuso de autoridad” por parte de personal de la Unidad Antisecuestros de la misma PGR, en relación con la averiguación previa AP/SEIDO/UEIDMS/464/2014.

Dicha averiguación, a cargo de la agente del Ministerio Público federal Lourdes López Lucho Iturbide, tiene al activista canadiense como uno de los indiciados por la publicación de dos actas de nacimiento y dos claves únicas de registro de población de Hugo Alberto Wallace.

También es investigada Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, una de las acusadas en el llamado caso Wallace, así como las periodistas Guadalupe Lizárraga, de Los Angeles Press, y Anabel Hernández, quienes publicaron esos documentos (Proceso 1961).

“La averiguación previa está dirigida en mi contra, aunque ningún delito haya cometido, ya que los documentos que publicaron esos medios es información pública que cualquiera puede obtener”, precisa el activista canadiense en su denuncia de hechos dirigida a la fiscal Laura Angelina Borbolla.

Añade: “Quiero denunciar como represalia e intento de intimidación contra mi persona las actuaciones recientes de la Unidad Antisecuestro de la PGR; represalia e intimidación que son la consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda”.

A raíz de ese trabajo, dice, “la asociación que encabezo demostró que las acusaciones en contra de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace Torres fueron fabricadas con la ayuda inestimable de eminentes funcionarios públicos”.

La actuación del personal de la Unidad de Antisecuestros de la PGR “no nos sorprende” y “nos confirma las sospechas en cuanto a la existencia de una red amplia de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la institución encabezada por Jesús Murillo Karam”, apunta Bertet, quien también promovió la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez.

“Como activista extranjero y defensor de los derechos humanos, preocupado por la situación en la que se encuentra México, resulta una verdadera decepción constatar que, aun cuando el Estado mexicano recibe subvenciones de un país como Canadá para mejorar sus propias capacidades de lucha contra la delincuencia, así como el sistema de impartición de justicia en conformidad con los estándares internacionales, una institución como la PGR sigue siendo cómplice del crimen organizado, roída por la corrupción, movida por intereses ajenos a la justicia”, subraya

PGR intimida a periodistas por revelar falso secuestro de Wallace

Artículo de Guadalupe Lizarraga, publicado en Los Ángeles Press el 19 de agosto de 2014.

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación previa contra periodistas y activistas de derechos humanos que han investigado y publicado evidencias que revelan el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, fabricado desde 2005 por su madre Isabel Miranda Torres en la Cuidad de México, y por lo que ha obtenido notoriedad política y poder económico.

Ante ello, el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, con sede en Montreal, señaló que está haciendo una denuncia pública ante Asuntos Exteriores de Canadá y a su Embajada en México por los “hechos ilícitos de intimidación, represalias, y abuso de autoridad” por parte de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Con la denuncia interpuesta por Isabel Miranda, la PGR abrió la averiguación PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 contra el activista David Bertet, y los periodistas Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles Press), Anabel Hernández (Proceso), Luis Miguel Ipiña (escritor) y José Reveles (periodista independiente).

Quien ha iniciado esta averiguación ha sido la Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, instancia denunciada por actuar con abuso de poder contra el activista Giel Meza, al ser detenido con armas largas y sin ninguna orden notificada por escrito, el pasado 13 de julio de 2014, para cuestionarlo por el trabajo de los periodistas.

Un segundo acto de intimidación de la SEIDO fue contra Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, una de las inculpadas del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. Cruz fue notificada bajo advertencias de sanciones económicas si no se presentaba ante las autoridades, el 11 de agosto, para que diera información sobre el origen de evidencias y testimonios publicados por Los Ángeles Press y la revista Proceso.

David Bertet señaló en su denuncia que al ser él mismo indiciado en esta averiguación previa es un acto de intimidación y represalia contra su persona, cuando sus actividades profesionales están sustentadas legalmente al coordinar y promover investigaciones sobre culpables fabricados en México, por lo que puso una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la PGR.

A raíz de la investigación del falso secuestro Wallace, Bertet dijo: “la asociación que encabezo demostró que las acusaciones en contra de las víctimas de Isabel Miranda Torres fueron fabricadas con la ayuda inestimable de eminentes funcionarios públicos”, y atajó que la actuación del personal de la Unidad de Antisecuestros de la PGR no le sorprende y confirma las sospechas en cuanto a la existencia de una red amplia de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la institución encabezada ahora por Jesús Murillo Karam.

Concluye en su denuncia que “como activista extranjero y defensor de los derechos humanos, preocupado por la situación en la que se encuentra México, resulta una verdadera decepción constatar que, aun cuando el Estado mexicano recibe subvenciones de un país como Canadá para mejorar sus propias capacidades de lucha contra la delincuencia, así como el sistema de impartición de justicia en conformidad con los estándares internacionales, una institución como la PGR sigue siendo cómplice del crimen organizado, roída por la corrupción, movida por intereses ajenos a la justicia”.

Denuncia de hechos

MTRA. LAURA ANGELINA BORBOLLA MORENO FISCAL ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ASUNTO: DENUNCIA DE HECHOS ILICITOS DE INTIMIDACION, REPRESALIAS Y ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ANTISECUESTROS DE LA PGR EN RELACION A LA AVERIGUACION PREVIA PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014

El 18 de junio a las 11 horas, los familiares de los acusados en el denominado caso Wallace realizaron un plantón en las afueras de las instalaciones de la PGR sobre paseo de la Reforma para solicitarle al procurador Jesús Murillo Karam una entrevista en relación a los elementos de pruebas que fueron publicados en los medios Los Ángeles Press y Proceso. Dichos elementos de pruebas, entre los cuales figuran un acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto, hijo de la activista – presidente de la organización Alto al secuestro y dueña de la empresa de espectaculares Showcase, Isabel Miranda de Wallace, así como una CURP tramitada por el desaparecido o por sus padres 5 años después de su supuesta muerte, dieron un nuevo giro al caso Wallace al comprobar que muy probablemente Hugo Alberto sigue vivo bajo otra identidad que la de Hugo Alberto Wallace Miranda y que, a consecuencias, el caso de su supuesto secuestro y asesinato fue a todas luces fabricado. Hasta la fecha los familiares de los acusados no han recibido ninguna respuesta de parte de las oficinas del Procurador.

No solamente, hasta el día de hoy, nuestro trabajo a favor de las víctimas de la violación a los derechos humanos y de la fábrica de culpables ha sido deliberadamente ignorado por la PGR y las autoridades “competentes”. El 13 de julio de 2014, el personal de la SEIDO fue movilizado con vistas a presionar e intimidar a nuestro colega y compañero de trabajo, Giel Meza, presidente de la asociación Gente de México por la Democracia, el cual fue detenido arbitrariamente ese 13 de julio, en violación flagrante al debido proceso y a sus derechos humanos, encañonado por agentes de la SEIDO, y luego interrogado e intimidado durante más de 5 horas en relación de las publicaciones recientes de Los Ángeles Press y de Proceso sobre el caso Wallace.

El 25 de julio, 2014, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y la periodista independiente Guadalupe Lizárraga le hicieron llegar al Procurador dos cartas abiertas para solicitar de nueva cuenta que se abra una investigación a la luz de los elementos de prueba hasta la fecha desconocidos y que ofrecen una perspectiva totalmente diferente sobre el caso Wallace y el personaje de Isabel Miranda de Wallace. Aprovechamos para expresar en dichas cartas nuestra profunda preocupación por la detención ilegal de nuestro colega Giel Meza.

La respuesta procedente de la institución dirigida por el Procurador Jesús

Murillo Karam fue doble:

1) Con referencia PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 y a petición de Isabel Miranda de Wallace, se abrió oficialmente una averiguación previa a cargo de la Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, en contra de Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles Press), de Anabel Hernández (Proceso), y David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el derecho y la verdad, con sede en Canadá.

2) Fue convocada la madre de Brenda Quevedo Cruz a las instalaciones de la SEIDO para llevar a cabo una diligencia el 10 de agosto 2014 a las 10 horas de la mañana.

En resumen, resulta evidente que no solamente las autoridades “competentes” de México se niegan deliberadamente a investigar sobre el denominado caso Wallace, sino que al obedecer ciegamente a esta persona cuya verdadera cara ha sido evidenciada gracias a las investigaciones realizadas por activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, dichas autoridades se comportan de manera contraria al derecho al recurrir a la intimidación, a la violencia psicológica en contra de colegas y de familiares de víctimas, al abrir una investigación previa sobre hechos que no les competen, ya que si existiría una queja firmada por Isabel Miranda de Wallace en relación a la publicación de datos difamatorios, “la vía tendría que ser civil y no penal”, como lo explicó Anabel Hernández en su misiva a ese órgano. Cabe notar la contradicción en la que cae Isabel Miranda Wallace al pedir que se abra una investigación sobre la publicación de documentos que ella misma, en entrevista en el programa Impacto Jurídico, califico de “falsos”, acusándonos implícitamente de fabricación de documentos falsos cuando nos consta que dichos documentos (un primer acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres que se uso para tramitar una CURP en 2010) son validos, auténticos.

Por un lado, dicha actuación por parte del personal de la Unidad Antisecuestros de la PGR no nos sorprende. Por otro lado, nos confirma las sospechas en cuanto a la existencia de una red amplia de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la institución encabezada por Jesús Murillo Karam. Como activista extranjero y defensor de los derechos humanos preocupado por la situación en la que se encuentra México, resulta una verdadera decepción constatar que, aún y cuando el Estado mexicano recibe subvenciones de un país como Canadá para mejorar sus propias capacidades de lucha contra la delincuencia así como el sistema de impartición de justicia en conformidad con los estándares internacionales, una institución como la PGR sigue cómplice del crimen organizado, roída por la corrupción, movida por intereses ajenos a la justicia.

Sabiendo que la investigación previa numero PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 está dirigida personalmente en mi contra, aunque ningún delito haya sido cometido, ya que los documentos que fueron publicados por Los Ángeles Press y Proceso relevan del Registro Civil del DF a los que cualquiera puede tener derecho, quiero denunciar como represalia e intento de intimidación contra mi persona las actuaciones recientes de la Unidad Antisecuestro de la PGR, represalia e intimidación que son la consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda, trabajo a raíz del cual la asociación que encabezo demostró que las acusaciones en contra de las victimas de Isabel Miranda de Wallace Torres fueron fabricadas con la ayuda inestimable de eminentes funcionarios públicos. En resumen, soy víctima de represalias y de intimidación por cumplir con los objetivos y el mandato de la asociación que tengo el honor de presidir que es el de defender y promover los derechos humanos, así como con el deber de cualquier ser humano que es de enfrentar y luchar contra las injusticias y las violaciones a los derechos fundamentales, en cualquier parte del mundo dichas injusticias y violaciones se cometan.

El personal de la Unidad antisecuestros de la PGR, obviamente al mando de Isabel Miranda de Wallace, al estar investigando de manera absolutamente indebida y fuera de sus atribuciones sobre cómo conseguimos el acta de nacimiento y la Curp a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, intenta presionar a quienes desde México o el extranjero investigan sobre el denominado caso Wallace, a quienes apoyan al pueblo mexicano y coinciden con él en su noble aspiración a la seguridad y a un verdadero sistema de impartición de justicia.

Dada la imposibilidad en la que estoy actualmente para acudir a la Fiscalía de la PGR y para presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable, le pido que en mi derecho este correo electrónico sirva como denuncia formal ante la Fiscalía Especial de la PGR, hasta que acude en persona a sus oficinas para ratificarla. Por medio de la presente, solicito su intervención inmediata en caso de que fuera detenido dentro el territorio mexicano, con vistas a salvaguardar mi integridad física y mis derechos constitucionales. Le preciso que acudiré ante la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) y a Asuntos Exteriores de Canadá para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulte(s) responsable(s) de las amenazas de las que soy víctima.

Para terminar, hago directamente responsable a Isabel Miranda de Wallace de lo que llegue a pasar a mí o a cualquier otro integrante o colaborador de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, dentro y fuera del territorio mexicano.

David Bertet
Presidente
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad
http://www.ac-dv.org
@: president@ac-dv.org

 

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Wallace delincuente