Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías

Los Angeles Press

27 de abril 2017

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, California.- Ricardo Martínez Chávez fue asesinado el 5 de enero de 2017, en Tamaulipas. Era el abogado que, desde los años noventa, asistía jurídicamente a su inseparable cliente Isabel Miranda Torres, la señora Wallace, en la Ciudad de México. Pero desde octubre de 2016, había sido nombrado coordinador regional de la procuraduría de Tamaulipas, y dos meses después lo emboscaron junto con otros ministeriales. Terminó su vida relacionado con el narcotráfico, uno de los “giros negros” que le señalaban los medios y por lo que el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) lo investigaba como servidor público en el sistema de procuración de justicia mexicano durante el periodo de 2006 a 2014.

Esta investigación de la CNS, a través de la Policía Federal, especificaba el recurso de revisión RDA 4093/13, en el que se pedía hacer públicos los resultados de evaluaciones en control y confianza a varios servidores públicos del estado de Guerrero, entre éstos, figuraban Ricardo Martínez Chávez, Iñaki Blanco Cabrera y Víctor León Maldonado. Los tres unidos por una amistad de más de 20 años, desde sus incursiones como ministeriales en la PGJDF a finales de los noventa, los tres promovidos en la PGR en la Ciudad de México, específicamente en el área de Secuestros en diferentes fechas, los tres en la procuración de justicia del Estado de Guerrero, y los tres al servicio de Isabel Miranda de Wallace.

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El inicio de la existencia de Martínez Chávez en la vida de Isabel Miranda, nos remonta a aquellas cuatro noches y cinco días de julio de 1998, cuando la señora Wallace estuvo presa en el Reclusorio Norte por homicidio en grado tentativa y desacato a la autoridad. Martínez, desde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, movía influencias con el Subprocurador de Averiguaciones Previas, Hugo Vera, para quien trabajaba como secretario particular, al tiempo que pagaba la fianza por la libertad de su amiga. Desde aquellos años, Martínez ya se relacionaba con Víctor León Maldonado, con Iñaki Blanco Cabrera y con Braulio Robles Zúñiga, y jugaba en dos canchas, en la pública dentro de la PGJDF, de 1997 a 1999, y en la privada, como abogado de Miranda.

Los pasos de Martínez Chávez en la burocracia de la procuración de justicia parecían ser los pasos de Isabel Miranda. En octubre de 2001, fue incorporado a la Procuraduría General de la República, como agente ministerial dentro de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), al igual que Iñaki Blanco Cabrera y Braulio Robles Zúñiga. Justo en ese mes, el día 21, se giraba orden de reaprehensión contra el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace, de acuerdo al oficio 5525, de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), por el delito de contrabando cometido en julio del mismo año, con el que se abrió el expediente 196/2001 y se le dio una sentencia condenatoria por tres meses.

Sin embargo, la oportuna incorporación de Martínez Chávez a la PGR, y a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, logró que Hugo Alberto Wallace evadiera la justicia. Y el 3 de junio de 2004, la orden de reaprehensión fue cancelada por el juez XIII de Distrito de Procesos Penales Federales del DF, bajo el pago de una multa de 14 665.20 pesos (824 dlls).

En octubre de 2002, Martínez Chávez adquiría la responsabilidad de la jefatura Antisecuestros de la misma UEDO, bajo las órdenes de José Luis Santiago Vasconcelos. El 25 de julio de 2003, se le ascendió a fiscal Antisecuestros, en sustitución de Oscar Moreno Villatoro, ya de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). No obstante, según reportes de prensa, Martínez presentó su renuncia por supuestas diferencias con la AFI, el 31 de diciembre de ese mismo año 2003, y simultáneamente armaba casos a Isabel Miranda como la expropiación ilegal de terrenos en Tlalpan, bajo documentos falsos y peritos corrompidos, firmando como apoderada de ella.

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Con la designación de Daniel Francisco Cabeza de Vaca como nuevo titular de la PGR en abril 2005, en sustitución de Rafael Macedo de la Concha, se inició un proceso de desmilitarización de la dependencia, y retiraron a 169 militares. Los cambios de personal alcanzaron la SIEDO, según una nota de la revista Proceso publicada el 10 de julio de 2005, en la que se especificaba que José Luis Santiago Vasconcelos se mantendría en el cargo de subprocurador, pero con dos nuevos encargados de despacho, Ricardo Martínez Chávez en el área nuevamente de Secuestros, y Eduardo Luna Alonso en el área de robo de vehículos.

Así, un día antes del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, se daba a conocer que de nuevo la pieza clave de la maquinaria de la SIEDO para la fabricación de culpables por secuestros era el amigo de Isabel Miranda Torres, el abogado Ricardo Martínez Chávez. Varios días después, Braulio Robles Zúñiga fue designado como ministerio público, después de una queja de Miranda, y fue el mismo que coordinó las torturas a los inculpados para que se incriminaran por el falso secuestro.

 Braulio Robles, el coordinador de las torturas

De acuerdo a su propia ficha curricular presentada ante el Senado de la República, al presentarse como aspirante a fiscal Anticorrupción, Braulio Robles Zúñiga estuvo desempeñándose como agente ministerial del Distrito Federal, del 1º de octubre de 1990 al 30 de abril de 1999. Durante este período coincidiría con Ricardo Martínez Chávez en la misma dependencia del DF, y habrían establecido una relación suficientemente estrecha para después seguir los mismos pasos dentro de la PGR, específicamente en el área de Secuestros.

Tras un curso de tres meses de entrenamiento como ministerial federal, Robles Zúñiga fue incorporado a la PGR, oficialmente el 16 de noviembre de 2001, en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. Su incorporación fue al mes de haber entrado Ricardo Martínez e Iñaki Blanco a la misma unidad.

Pese a que en noviembre de 2002, Robles Zúñiga fue promovido dentro de la procuraduría para asistir a un nuevo curso, ahora «para combatir la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes», del cual obtuvo constancia y acreditación, fue quien coordinó las torturas de los inculpados del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, bajo las órdenes de Miranda y Martínez Chávez.

Incluso, en el libro dictado por Miranda a Martín Moreno, titulado El Caso Wallace, Miranda se refirió a Braulio Robles «como una bendición», y allí destacó Miranda su disposición para «cualquier tema que ameritara su intervención».

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La primera víctima fue Juana Hilda González Lomelí, quien recientemente interpuso un amparo penal, el 4 de abril de 2017, contra Robles Zúñiga y su jefe en el Ministerio público, Fermín Ubaldo Cruz, por amenazas, tortura física y psicológica e incomunicación. A partir de la declaración arrancada bajo tortura, en 2006, Juana Hilda fue obligada a incriminar a las otras cinco personas, su pareja César Freyre, Jacobo Tagle Dobín, Brenda Quevedo Cruz, Alberto y Tony Castillo Cruz, señalándolas a partir de una fotografía extraída de su departamento en un cateo ilegal por los agentes ministeriales dirigidos por el ministerio público Fermín Ubaldo Cruz. En esa declaración, Isabel Miranda estuvo presente y mandó filmarla para difundir los videos en las redes sociales como una evidencia de culpabilidad, pese a que aún no se llevaba el juicio.

Bajo la jerarquía de Braulio Robles Zúñiga, se encontraba el agente ministerial Osvaldo Jiménez Juárez, quien desde 2010, servía también públicamente a Miranda. En 2013, este agente fue identificado plenamente como verdugo de tortura por Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, en diferentes audiencias, y el testimonio de Jacobo fue registrado ante un juez federal.

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Iñaki de testigo de cargo de Wallace a procurador de Guerrero

Aquel 2001, fue significativo para la PGR en el área de secuestros. Se configuraba un equipo de fiscales y agentes ministeriales fabricantes de culpables, todos alrededor de Ricardo Martínez Chávez e Isabel Miranda Torres. Así fue cómo llegó también Iñaki Blanco Cabrera, a la PGR en 2001. Y en el correr de los años junto a Martínez Chávez, en 2010, Martínez pidió a Blanco que fuera testigo de cargo para el caso Wallace. Ese mismo año, Blanco Cabrera, recién nombrado titular de la SIEDO por la entonces procuradora Marisela Morales, encarceló a Jacobo Tagle Dobín, quien era el único que faltaba del grupo de la fotografía robada del departamento de Juana Hilda.

En el año 2010, el arropo gubernamental a Isabel Miranda en la administración de Felipe Calderón se expresaba en privilegios y poder también para el equipo de funcionarios y cómplices que sostenía el falso crimen contra su hijo desde la SIEDO, donde las recompensas por secuestros fabricados y compensaciones a los medios condescendientes con la mentira eran un rumor que cobraba fuerza alrededor de los subordinados de Marisela Morales.

Ese mismo año, se tramitaban documentos oficiales –como el CURP– bajo el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, identidad oficial del hijo de Miranda Torres en sus primeros seis años de edad. También se publicaba, con ostentosa mercadotecnia, el libro El Caso Wallace, con el que se legitimaba la fabricación de culpables en los medios. Al mismo tiempo, se intensificaba el acoso de funcionarios de la SIEDO contra familiares de las víctimas de Miranda Torres, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ignoraba las quejas de torturas cometidas contra Albert Castillo Cruz y su hermano Tony Castillo Cruz, así como las de César Freyre Morales. Mientras, en agosto de 2010, el director del penal de Santiaguito, Estado de México, Irineo Monroy Dávila, reconocía la tortura a Brenda Quevedo Cruz cometida en 2009 por ministeriales de la SIEDO y se disculpaba con ella por haberlos dejado entrar al penal bajo su cargo. No obstante, meses más tarde de esa disculpa, en octubre de 2010, Brenda fue trasladada ilegalmente al penal federal de Islas Marías, y los mismos ministeriales de la SIEDO perpetraban la segunda tortura contra ella. De los seis inculpados por Miranda, los hermanos Albert y Tony Castillo y Brenda Quevedo, pese a las torturas, nunca se incriminaron del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace.

El trío de fabricantes de culpables de la antigua SIEDO, nuevamente destacaron en Guerrero con los delitos fabricados de secuestro contra Nestora Salgado, la líder de la Policía comunitaria de Olinalá, quien fue encarcelada dos años y medio en un penal federal. Caso en el que intervino Isabel Miranda para darle legitimidad a la falsa incriminación y recriminar al juez la libertad condicionada que le otorgaban a la líder en marzo de 2014, al no encontrar pruebas en su contra.

Los cambios en la SIEDO

Pese al semblante gris y trayectoria mediocre de Iñaki Blanco Cabrera, en 2011, un año después de su macabra trayectoria por la SIEDO, se estrenaba como delegado de la PGR en el estado de Guerrero, y en 2013 era designado por el gobernador Ángel Aguirre como procurador general del estado. Iñaki Blanco entonces invitó a trabajar con él a dos de sus amigos que lo ayudaron a crecer en la SIEDO: a Ricardo Martínez Chávez y a Víctor León Maldonado, éste último incorporado en 2008.

Para la PGR, el año 2008, también fue muy revelador de la corrupción interna, porque fueron removidos de sus cargos los subprocuradores Noé Ramírez Mandujano, del área de Terrorismo y acopio de armas de la SIEDO, Felipe de Jesús Muñoz, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), y Víctor Manuel Corzo Cabañas, de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA). Aunque la decisión había sido tomada desde la presidencia de la República, las fabricaciones de acusaciones surgieron desde la SIEDO y el supuesto motivo era por trabajar con el cártel de los Beltrán Leyva. A la situación la llamaron “Operación Limpieza”.

Junto con esta operación, con Marisela Morales al frente de la SIEDO, se denunció la fabricación de delitos en más de 50 casos. Sin embargo, el expresidente Calderón la nombró titular de la PGR, pese a que los funcionarios inculpados desde su dependencia, fueron absueltos cuatro años después de prisión al descubrirse que habían utilizado testigos protegidos con identidades falsas para incriminarlos.

En ese periodo de investigaciones a los subprocuradores acusados, en julio de 2008, Víctor León Martínez era incorporado a la SIEDO, primero como asesor, y luego como coordinador general, el 1º de noviembre de 2008. José Luis Santiago Vasconcelos había sido designado, por Felipe Calderón, como secretario técnico para la implementación de la reforma penal en materia de seguridad y justicia penal, pero murió tres días después, el 4 de noviembre de 2008, junto con el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en un supuesto accidente de avión por fallas mecánicas.

Samuel González, el abogado de las contradicciones

Samuel González Ruiz es otro de los abogados destacados de Isabel Miranda. Fue coordinador de asesores del Procurador General de México, de 1994 a 1996. También se presenta como fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) en PGR, del cual fue titular, «encargado de todos los casos de delincuencia organizada en el ámbito nacional» de 1996 a 1998.

En 2012, cuando Isabel Miranda Torres fue candidata por el PAN a la gubernatura de la Ciudad de México, González Ruiz amenazó al abogado José Patiño Hurtado por confirmar, en entrevista con Carmen Aristegui, que Miranda había estado en la cárcel en 1998. Su faceta académica en la UNAM, en la ONU, en la Universidad de Sevilla, y en varios países como capacitador en sistemas penales de varios países, contrasta con la defensa de casos como el de Wallace en el que la fabricación de culpables ha sido uno de los profundos quiebres del Estado de derecho en México.

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Homenaje luctuoso a Ricardo Martínez Chávez en Tamaulipas
y demás agentes ministeriales. Foto: La Opinión de Tamaulipas.

El silencio de Isabel Miranda

Después del asesinato de Ricardo Martínez Chávez, Isabel Miranda de Wallace guardó silencio. No utilizó su acceso privilegiado a los medios para reclamar el crimen de su amigo y cómplice de más de veinte años de convivencia, como lo hizo de manera difamatoria y violatoria al derecho de presunción de inocencia de las víctimas del caso Wallace para denunciar un crimen que nunca sucedió, el de su hijo. El 5 de enero de 2017, la señora Wallace no dio declaraciones a los medios, no exigió a la PGR que se investigara hasta las últimas consecuencias, no reclamó la inseguridad al gobernador de Tamaulipas, como lo acostumbra a hacer con el tema del secuestro. Incluso, tampoco fue al funeral de Ricardo Martínez Chávez, su abogado desde 1998.

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De izquierda a derecha : Roberto Miranda Torres (hmno de Miranda de Wallace), Oswaldo Jimenez Juarez (MP y torturador), Miranda de Wallace, Ricardo Martinez Chavez y un sobrino de Miranda de Wallace.

Florence Cassez presenta denuncia por su detención ilegal en México

Artículo publicado en Proceso

El 2 de octubre de 2014

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A 22 meses de su liberación, luego de permanecer siete años en prisión acusada de secuestro, Florence Cassez decidió que ya era hora de saldar cuentas con los protagonistas del infierno que vivió en México y presentó una denuncia en los tribunales franceses por su detención ilegal.

Según las agencias internaciones que recogieron el hecho, la querella fue promovida el pasado 30 de septiembre ante la Fiscalía parisina; en ella no responsabiliza a ninguna persona en particular, pero busca que la justicia identifique y condene a los autores de su arresto, el 8 de diciembre de 2005. En el juicio que enfrentó dichas personas están claramente identificadas. Se trata del exsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, y su brazo derecho, el exsubsecretario Luis Cárdenas Palomino.

Incluso, la propia Corte dejó en claro que su arresto fue un montaje para Televisa, particularmente para su conductor estrella Carlos Loret de Mola.

Luego de permanecer siete años en prisión, Cassez apeló la sentencia y el 23 de enero de 2013 la SCJN la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa por tres votos contra dos.

El argumento central fue que el montaje televisivo de su detención “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión” ante la justicia mexicana.

Ninguno de los cinco ministros se manifestó o debatió sobre la inocencia o culpabilidad de Florence. Sólo fijaron su postura sobre si se violaron sus derechos humanos y si debía dejársele en libertad o dictarle una nueva sentencia.

Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero votaron en favor de conceder el amparo “liso y llano”, al considerar que la vulneración a los derechos humanos de la quejosa fueron “tan graves que generaron un efecto corruptor en todo el proceso”. En contra votaron José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo.

Florence Marie Louise Cassez Crepin llegó a México en 2003 y fue detenida el 8 de diciembre de 2005, acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.

Un día después, la Policía mexicana simuló su captura en directo, en una actuación emitida por Televisa, que quedó al descubierto en febrero de 2006.

La mujer fue condenada a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. En marzo de 2012 la SCJN rechazó anular la sentencia, pero admitió que hubo violaciones graves en el proceso, por lo que el caso volvió a ser examinado en el alto tribunal y terminó con su liberación más de un año después.

Durante su administración, el expresidente francés Nicolas Sarkozy presionó al gobierno mexicano, que encabezaba el panista Felipe Calderón, para que Florence Cassez cumpliera su pena en territorio galo, en el marco del Convenio de carácter voluntario sobre Traslado de Personas Condenadas adoptado en Estrasburgo (Francia).

Dicha presión derivó en un conflicto diplomático entre ambas naciones en 2011, cuando México suspendió su participación en las celebraciones del Año de México en Francia, después de que Sarkozy las dedicara a Cassez y estipulara que en cada acto se mencionaría el asunto.

La “reconciliación” entre ambos países se materializó en abril pasado, en un viaje a México del actual presidente, François Hollande, en la que este afirmó, junto al mexicano Enrique Peña Nieto, la voluntad de abrir una “nueva página” a través de una “cooperación excepcional” en una amplia gama de sectores.

El resurgimiento de Florence Cassez

Artículo publicado en SDP Noticias

Por Manuel Alejandro Vázquez Flores

El 3 de octubre de 2014

El 9 de diciembre de 2005, Florence Cassez fue presentada a los medios de comunicación y a la opinión pública como una “secuestradora”.

Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de lo que la ley le exige incurre en una grave violación al “Debido Proceso”, lo que quiere decir que incumple flagrantemente con el mandato de la ley.

El día de ayer nos desayunamos con la noticia de que la ciudadana de origen francés Florence Cassez, conocida por el denominado “juicio del siglo” como bien lo intituló el Dr. Luis de la Barreda, tras un encarcelamiento que compurgó durante siete largos años en México y, que culminara después de una oleada de múltiples acontecimientos y cuestiones mediáticas tanto a favor como en contra, en su libertad absoluta en enero de 2013, reapareció el día de ayer tras interponer una denuncia formal en París por “detención y encarcelamiento ilegales”.

Florence “pide ahora a la justicia francesa que identifique y condene a los autores del encarcelamiento ilegal del que fue víctima durante siete años”, y no debemos omitir en ningún momento que el único culpable conforme a derecho de la violación de los derechos constitucionales de Cassez en su momento, es el desaparecido ex Secretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, personaje polémico del sexenio calderonista que se le caracterizó además de los montajes, por los presuntos vínculos con la delincuencia organizada, como también se encuentra documentado y sustentado por medio del semanario Proceso, pero que para que pueda estarse en posibilidad de prosperar tal acción legal que ya realiza la ciudadana francesa, bien debe acudir ante la justicia mexicana, es decir, regresar a nuestro país, ahora revertiendo la situación, tal y como esa “ley del boomerang” como denunciante, e insisto, en contra del ex funcionario, que se encuentra hasta este momento sin saberse nada sobre su paradero oficial.

Retomando un poco el análisis de este controvertido caso, Francia, en su momento recurrió a la Convención Sobre Traslado de Personas Condenadas firmada en Estrasburgo en 1983 de la cual México también es parte y que tiene por objeto “que los extranjeros privados de su libertad como consecuencia de una infracción penal tengan la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen”, y en consecuencia, fue solicitado el traslado de Florence Cassez a Francia, insisto, tomando como base legal la presente convención, para cumplir su sentencia en dicho país; sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón se negó a tal acción, por todas las presiones que existían en ese momento, así como también para encubrir a García Luna, violando flagrantemente los términos de esta Convención Internacional, que dicho sea de paso, es de rango y observancia constitucional, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eleva como derecho fundamental la garantía o derecho humano de “debido proceso legal”; es decir, ser sometido a juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

El 9 de diciembre de 2005, Florence Cassez fue presentada a los medios de comunicación y a la opinión pública como una “secuestradora”; desde entonces, incluso antes de ser procesada, Cassez quedó estigmatizada. En febrero de 2006, las autoridades tuvieron que reconocer que las imágenes televisadas “no correspondían ni a la realidad ni a un rescate en vivo”.

En el caso Cassez, el propio montaje ocurrido, en efecto, fue una violación al “Debido Proceso”, los artículos 14 (formalidades esenciales del procedimiento) y 16 párrafo cuarto, dentro de los requisitos formales de legalidad que exigen los dispositivos constitucionales de nuestra Carta Magna fueron a todas luces quebrantados en perjuicio tanto de la francesa como de Israel Vallarta, dos de sus hermanos y tres sobrinos de este último, quienes siguen recluidos ilegalmente y aún sin sentencia.

El presente asunto, dejó de ser un caso de secuestro para convertirse en una controversia a todas luces política, donde las autoridades no podían desprestigiarse más a sí mismas, toda la atención que habían volcado en Cassez era ahora su mayor enemiga.

Tras siete años se cerró un caso, mismo que se solucionó “al estilo mexicano”; es decir, se resuelve en menos de un mes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decidirse reabrir el caso en amparo en revisión, donde la controvertida Florence Cassez es puesta en absoluta libertad, y la autoridad reconoce simplemente su equivocación y dejan salir libre a alguien, que regresa a su país de origen, previa estancia ilegal en los Penales tanto de Santa Martha Acatitla y Tepepan en el Distrito Federal, y que ahora regresa “a escena” para pedir castigo a los culpables de su ilegal encierro. ¿Ahora hasta a dónde llegará todo esto?

Juicio político contra el titular de la CNDH. Raúl Plascencia Villanueva

Artículo publicado en SDP noticias

Por Manuel Alejandro Vázquez Flores

El 25 de septiembre de 2014

Nota: El artículo siguiente expresa la opinión de su autor con respecto a la denuncia de juicio político contra el actual ombudsman nacional, Doctor Raúl Plascencia Villanueva. Sin embargo, no refleja necesariamente la opinión del Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El día de ayer por medio de un comunicado de prensa emitido por el Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas, informaron que “más de 85 personas y ONG´s” presentaron ante la Cámara de Diputados denuncia de juicio político contra el actual ombudsman nacional, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, bajo los argumentos de “faltar a su mandato de defender a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos; y la utilización de la institución a “modo” y para fines distintos a la defensa de los derechos humanos.”

Asimismo se enlistan las presuntas omisiones en que ha incurrido Plascencia Villanueva durante el ejercicio de sus funciones como Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de las cuales, a juicio de los denunciantes, además de tener conocimiento pleno de las violaciones que se enumeran a continuación, ha solapado en su calidad de “ombudsman nacional”:

Las setenta mil personas asesinadas  en el periodo del 1 de diciembre del 2006 al 1º de diciembre del 2012, es decir, durante el mandato de Felipe Calderón.

Los “miles” de migrantes calificados como secuestrados, pero que también fueron y son desaparecidos, desaparecidos forzosos, extorsionados, reclutados para trata, el crimen organizado, asesinados, etcétera.

Las 1.6 millones de víctimas de “desplazamiento forzado” a consecuencia de la violencia del crimen organizado.

Los “cientos de miles de personas” detenidas por el Gobierno Federal, señaladas como delincuentes sin haber comprobado su culpabilidad o inocencia, en el período del 2006 al 2012, de igual manera, en el ejercicio del mandato de Felipe Calderón.

Las 25,276 personas desaparecidas en el período del 1 de diciembre del 2006 al 1 de diciembre del 2012, y 23,322 personas del 1  de diciembre del 2012 al 31 de junio del 2014, donde ya corresponde una parte al ejercicio del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto.

La tortura en México continúa siendo una práctica sistemática.

El caso de la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, la mayoría migrantes.

“Los hechos del 1 de diciembre del 2012” en la Ciudad de México, donde no se especifican los mismos.

Las reformas a las Constituciones de varios Estados de la República que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres.

Las restricciones a la libertad de expresión en “la reglamentación de la protesta social”, donde tampoco se especifican las circunstancias de modo y tiempo de tales restricciones.

La nueva ley de Telecomunicaciones y las posibles violaciones a derechos humanos.

El incumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos para la emisión de recomendaciones.

El caso del General Tomás Ángeles Duahare y otros Generales del Ejército Mexicano, acusados “de oídas” por “testigos protegidos”.

El caso de la detención ilegal y arbitraría, violación sexual y tortura en perjuicio de la Sra. Miriam Isaura López Vargas.

El caso de 4 personas civiles en Rosarito, Baja California, detenidos ilegalmente y torturados para que confesaran crímenes que no cometieron.

Los casos de Florence Cassez e Israel Vallarta Cisneros y el daño irreparable al debido proceso por lo que fue imposible la administración de la justicia.

Recomendaciones para “desacreditar a personas e instituciones” como los casos de José Luis Luege Tamargo, entonces titular de la Comisión Nacional del Agua; del Lic. Luis Raúl González Pérez, Abogado General de la UNAM, al Dr. Luis González Plascencia su homólogo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde no se especifica en qué consisten tales descréditos y las circunstancias en que se dieron.

Todos estos casos, de acuerdo con el boletín de prensa del Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas están detalladamente documentados en la denuncia de juicio político que fuera presentada ante la Cámara de Diputados el día de ayer, pero conforme a derecho, siendo objetivos, tanto la CNDH, así como todas y cada una de las estatales, incluyendo la del Distrito Federal, son retóricos “organismos constitucionales autónomos” los cuales dependen claramente del Ejecutivo en los dos primeros niveles de gobierno (Federal y Local), ya que se encuentra la injerencia tanto de este poder, como del Legislativo en la toma de decisión para la elección del ombudsman y no es un secreto, máxime que, en el caso en concreto, bien vale la pena colegir, que de acuerdo con el artículo 102 constitucional que las Comisiones de Derechos Humanos exclusivamente conocen de “quejas” en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos, y lo más claro:  estos organismos únicamente formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Es debido a lo anterior, que estas Comisiones son organismos que además de no servir, de ser verdaderos “elefantes blancos” creados con la flagrante intención de justificar o mejor dicho “gastar” el presupuesto, lo único que realizan es como ya se mencionó emitir sus “recomendaciones” que en estricto derecho no sirven de nada a la sociedad, y para dar “asesorías”, o ser organismos de gestión para que nada más se canalicen “las quejas o denuncias” a la autoridad competente, es decir, es un mero círculo vicioso que en el mejor de los casos sirve para “hacerle presión a la autoridad” mas no para obligarla en ningún momento, dado a que se insiste, y no lo digo yo, sus recomendaciones son eso nada más y mucho menos tienen carácter vinculatorio.

Es por lo anterior que el actual titular de la CNDH, es únicamente la “figura representativa o personaje” que representa en “eventos” a este organismo, pero, en el caso historico de que verdaderamente la Cámara de Diputados actuara contra el funcionario en lo que concierne a las omisiones de las recomendaciones que debió haber emitido en su momento por los casos que fueran enlistados; siendo en todos y cada uno de los casos penalmente responsables de las acusaciones contra Plascencia Villanueva el ex Presidente Felipe Calderón, el ex Secretario de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, los ex Procuradores del mandato calderonista, el actual Enrique Peña Nieto,  así como el actual Fiscal General de la República, Jesús Murillo Karam, este último mediante juicio político, que siendo realistas mis queridos lectores, ¿realmente creen que proceda algo en contra de todos estos personajes, en específico contra Plascencia Villanueva que es el caso que nos ocupa en esta columna?

En mi opinión estos organismos de Derechos Humanos bien deberían de ser extinguidos por intrascendentes e inservibles, o en su defecto, elaborar una verdadera reforma constitucional, como aquella del 2011 donde fueron reconocidos estos “Derechos”, en la cual ejerzan las funciones de autoridad que como órganos públicos autónomos deben tener dentro de las cuales realmente emitan no recomendaciones, sino resoluciones y sanciones para que cumplan con su verdadero objetivo que es la salvaguarda de los Derechos Humanos tanto de víctimas como de la sociedad en su conjunto.

Germán Martínez Cázares: “Si Raúl Plascencia tiene vergüenza, debe declinar de la CNDH”

Artículo publicado en Noticias Terra.mx

Por Germán Martínez Cázares

El 29 de septiembre de 2014

Para Germán Martínez Cázares, el “defensor del pueblo” estira y encoge los plazos para resolver los asuntos según le convenga.

Raúl Plascencia intenta reelegirse como presidente de la CNDH..  Foto: Agencia Reforma
Raúl Plascencia intenta reelegirse como presidente de la CNDH..
Foto: Agencia Reforma

Si Raúl Plascencia Villanueva tiene vergüenza pública debe declinar su aspiración de reelegirse como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tlatlaya lo desnudó. Dejó al descubierto el peor defecto de un ombudsperson: inclinarse por utilidad política.

¿No tenía tiempo para investigar una masacre de 22 personas en el Estado de México, porque al mismo tiempo diseñaba, calculaba y recababa apoyos para su reelección, con un regaño al gobierno de Puebla? ¿Mutis en Tlatlaya, gritos justicieros en Ocoyucan?

Al doctor Plascencia se le nota feliz con el lucimiento personal, el dolor de las personas parece incomodarle. Su desempeño en muchas ocasiones es frívolo, en otras, deficiente por genuflexo frente al poder.

Se extraña aquella comisión nacional de Jorge Carpizo, fuente de autoridad cívica y decoro profesional, porque en los últimos cinco años -y con un presupuesto similar al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- el señor Plascencia ha convertido a la CNDH en un tiliche burocrático al servicio de contrataciones personales, ataques políticos y venganzas privadas.

El “defensor del pueblo” estira y encoge los plazos para resolver los asuntos según le convenga. Guarda expedientes como amenazas o premios en su cajón, ¿no? Fueron “tiempos largos” para resolver el caso Ayotzinapa, en cambio, cuando los medios descubrieron el bochornoso asunto de Genaro Góngora Pimentel, ordenó resolver con urgencia. “Recomendación” dura y puntual a su adversario el abogado general de la UNAM, por acoso sexual de un profesor, pero para sus cuates un silencio cómplice. Las denuncias por hostigamiento laboral, recién le preguntó la senadora Saldaña, ¡en su propia oficina!, ¿para cuándo?, ¿ya investigó en su oficialía mayor?

El ombudsman nacional presume la creación de la Sexta Visitaduría especializada en tutelar derechos laborales, económicos, culturales y ambientales. ¿Qué hizo en los últimos desastres ecológicos de Sonora, Tamaulipas y Veracruz? ¿Algún pronunciamiento sobre el asistencialismo gubernamental en el combate a la pobreza? ¿Algún reclamo por la confiscatoria reforma fiscal?

Quizá con demasiada frecuencia en la oficina del señor Plascencia se usa la palabra “remitir”. La CNDH puede ordenar la “remisión” de las denuncias a los órganos estatales (además reenvía a defensorías públicas y por “orientación directa” a distintas dependencias). ¿Acaso ese escurridizo trámite de endosar asuntos es el motivo de la disminución de quejas? ¿El gobierno de Peña comparte ese espejismo?

Después de Tlatlaya el compromiso del PRI con los derechos humanos se medirá a la hora de examinar al doctor Plascencia para ratificarlo. El gobierno debe saber que una tapadera

CNDH ha fallado su misión por corrupción y tráfico de influencias: ONG

Artículo publicado en Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

El 10 de octubre de 2014

La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en voz de su presidente David Bertet, se pronunció en contra del tráfico de influencias para elegir al nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Observó casos de corrupción en esta institución que ha afectado la vida de muchas familias, por lo que opinó que no debería elegirse para esta tarea a personas que llegaron a ocupar altos cargos políticos por el nivel de compromisos que establecen con particulares y grupos de poder.

Bertet, quien también fue uno de los firmantes para promover el juicio político contra Raúl Plascencia Villanueva por su omisión en cientos de casos graves de violaciones de derechos humanos, recordó que Plascencia fue elegido como titular de la CNDH por la propuesta de Isabel Miranda de Wallace, denunciada ante la PGR por simular el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace. “Lo que resulta particularmente sintomático de una gravísima desviación del sentido ético dentro del sistema de justicia mexicano”, dijo el activista.

Enfatizó Bertet que la CNDH falló con su misión en el registro puntual de las violaciones de derechos humanos. “No solamente por la decena de familias víctimas de servidores públicos corrompidos por la misma persona que impulsó a Plascencia, Isabel Miranda de Wallace, sino por la división artificial que se hizo entre derechos humanos y privilegios de las personas que se autoproclamaron «víctimas» sin serlo, como esta señora”.

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El falso caso Wallace favorecido por Plascencia

El activista canadiense, David Bertet, quien ha impulsado los trabajos de investigación sobre el falso secuestro y homicidio de Wallace, sostuvo que “con Plascencia se rompió la coherencia de las leyes y de la Constitución mexicana para favorecer intereses privados” y mencionó que entre éstos, los de la persona que lo propuso en ese cargo público.

Un ejemplo de la gravedad de las faltas en las que incurrió Plascencia como titular de la CNDH fue la omisión de tortura en el caso de Brenda Quevedo Cruz, y en el de cuatro personas más inculpadas para sostener el falso secuestro Wallace, más aparte se omitió la documentación de detenciones arbitrarias, privación de libertad y abuso de poder de funcionarios contra familiares de las víctimas.

Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, presentó la denuncia formal contra Plascencia ante la Procuraduría General de la República el 23 de mayo de 2013, por su omisión en las violaciones de derechos humanos a su hija perpetradas desde septiembre de 2009 y octubre de 2010. Al denunciar los hechos en primera instancia a la CNDH, la respuesta de esta institución fue que el caso no era de su competencia sino del Ministerio Público, pese a que se especificaba el abuso de autoridades judiciales, como la participación directa de agentes ministeriales en la tortura física y violación a la víctima, y posteriormente el resultado positivo del Protocolo de Estambul con el que se validaba la tortura.

Denuncia ante la PGR contra Plascencia.

Un caso similar fue el de Alberto Castillo Cruz, inculpado por el mismo falso secuestro, quien fue torturado también en octubre de 2010 para obligarlo a incriminarse y a pedirle perdón a Isabel Miranda. Su madre, María Elena Cruz y su tío Luis Carrillo Bustamante presentaron la denuncia de hechos a la CNDH y ésta volvió a omitir su intervención y a responder que no era de su competencia; por lo que fue denunciado nuevamente Raúl Plascencia ante la PGR.

Otras de las quejas omitidas, éstas desde 2006 a 2010, por la CNDH que afectó fatalmente a una de las víctimas de violaciones de derechos humanos fue la interpuesta por la madre y la hermana de César Freyre Morales, culpable fabricado del mismo caso Wallace. María Rosa Morales y la ya fallecida Julieta Freyre, fueron encarceladas por año y medio a raíz de las denuncias de Miranda por falsos delitos, mientras que la CNDH volvió a omitir sus recomendaciones a los funcionarios públicos implicados en esta situación.

“Tal complicidad entre Plascencia y la persona que inventó el secuestro y homicidio de su hijo, es el ejemplo más emblemático de la corrupción no sólo dentro de la CNDH, sino de las instituciones de justicia del Estado mexicano”, comentó al respecto Bertet para Los Ángeles Press, y advirtió que “mientras el tráfico de influencias sea la regla implícita en la elección del Ombudsman mexicano, las verdaderas víctimas seguirán indefensas y su sufrimiento será ignorado”.

Respecto a la posibilidad de que Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados, se convierta en el sucesor de Plascencia como titular de la CNDH, Bertet expresó su preocupación: Simplemente por el hecho de que ese precandidato ya ejerce actualmente una función pública, y su candidatura es impulsada por el PRI, eso debería ser suficiente para descartarla. México merece que una institución del tamaño de la CNDH sea realmente independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, y no una puerta más para beneficiarse del tráfico de influencias”.

Anabel Hernández denuncia amenazas por caso Wallace

Publicado el 12 de agosto de 2014 en la revista Proceso

 

Anabel HernandezEn una carta enviada a Laura Borbolla, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR, la periodista Anabel Hernández denuncia que es objeto de represalias e intimidación por el reportaje en el cual se pone en duda el secuestro y muerte del hijo de Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda (Proceso 1961).

En su investigación, la periodista destaca que Hugo Alberto tiene una primera acta de nacimiento usada para tramitar una CURP en 2010.

Hernández acusa en su carta que la Unidad Antisecuestros de la PGR, “de manera abusiva y fuera de su competencia” abrió en su contra la averiguación PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014, a petición de Miranda de Wallace.

Precisa que la MP responsable de la averiguación previa es Lourdes López Lucho Iturbide a la Unidad Antisecuestros de la SEIDO.

“A todas luces se trata de un acto arbitrario de la autoridad federal ya que si la persona María Isabel Miranda considerara que se trata de un artículo difamatorio, la vía tendría que ser civil, no penal. La PGR no tiene facultades para investigar el libre ejercicio periodístico a menos que se trate de agravios a periodistas”, argumenta Hernández García en la carta.

La periodista señala que aun cuando ya ha habido personas que han sido declaradas en la SEIDO por este caso, a ella no la han citado ni notificado.

Entre ellas, detalla, están Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, acusada de supuestamente haber secuestrado al hijo de la señora Miranda, quien fue citada a declarar el día de ayer 11 de agosto a las 10 a.m.

“La interrogaron constantemente sobre mi persona y cómo obtuve el acta de nacimiento y de matrimonio de María Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace que tiene fecha de 1978 y no de 1968 como ella declaró a la PGR, siendo éstos claramente documentos públicos al encontrarse en el Registro Civil”, expone Hernández.

Sostiene que de manera arbitraria y sin citatorio alguno el 16 de julio pasado elementos de la PGR detuvieron al activista Giel Meza, de la asociación Gente de México por la Democracia.

“Lo llevaron a la fuerza a la SEIDO, lo interrogaron sobre mi persona y luego de intimidarlo lo soltaron”, afirma Hernández.

En su carta, la periodista pide a la fiscal Borbolla que “se inicie de inmediato una averiguación sobre este asunto que claramente se trata de un ataque de una particular coludida con una autoridad en represalia a mi trabajo”.

Hernández García manifiesta que teme por su vida y su integridad física ya que, asegura, supuestos responsables del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace han denunciado tortura por parte de la señora Miranda, orquestada por propios elementos de la PGR al momento de su detención o interrogatorios. Y la CNDH ha comprobado dichas torturas, remata.

“Por lo que sé, la PGR está investigando de manera absolutamente indebida y fuera de sus atribuciones cómo conseguí el acta de nacimiento y el acta de matrimonio de la señora Miranda, lo cual por supuesto no es un delito sino el ejercicio de mi libertad de expresión y trabajo. Además de que se trata de documentos del Registro Civil del DF a los que cualquiera puede tener derecho. En modo alguno es un delito federal, mucho menos del ámbito del área Antisecuestros. Es evidente que se trata de un intento para amedrentarme e impedir que siga investigando como periodista”.

Hernández indica que teme ser detenida al salir del país o a su regreso, o ser víctima de abusos, tortura y desaparición forzada “como lo ha hecho la señora Miranda Torres coludida con autoridades federales contra otras personas”.

Por lo que la periodista solicita a la fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión que si de manera irregular es retenida en el aeropuerto o en cualquier otro lugar, se intervenga de inmediato para salvaguardar su integridad física y sus derechos.

“Dada la urgencia, premura y mi imposibilidad para acudir personalmente a la Fiscalía de la PGR para presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable, así como para presentar una denuncia ante la CNDH por un claro abuso de autoridad, les pido que en mi derecho este correo electrónico sea tomado como mi denuncia formal ante la Fiscalía Especial de la PGR y la CNDH la cual ratificaré el jueves próximo cuando regrese de mi viaje de trabajo”, expresa.

Anabel Hernández destaca en la carta que actualmente cuenta con la protección del gobierno federal y del Mecanismo de Protección a Periodistas debido a que ha sido blanco de amenazas, ataques físicos a su domicilio y presuntos complots para asesinarla.

Añade asimismo que la ONU y varios países de Europa y América han manifestado su preocupación por el aumento de agravios hacia su persona en represalia a su ejercicio periodístico profesional y ético.

Exigimos la renuncia de Genaro Garcia Luna

Primera publicación : el 1. de junio de 2011

Carta Abierta a Genaro García Luna

¿Hasta cuándo,  Genaro García Luna, continuará poniendo a prueba nuestra paciencia con su fábrica de culpables?

¿Cuánto más de esa locura suya seguirá burlándose de nosotros produciendo en las familias mexicanas angustia, miedo, desesperación, sufrimiento y, en algunos casos hasta la  muerte? ¿Qué oscuros  fines persigues con tus acciones mediáticas y tu falta de ética?

¿No comprendes que tus planes se derrumban, no ves que ya tus planes políticos ya son conocidos por todos?

¿Quién entre los miembros de la clase política no sabe lo que has puesto en práctica con tal de ganarte el favor de Felipe Calderón y qué suerte de planes has ideado?

La máscara se te ha caído en medio de la representación de tu Telenovela “El Equipo” y el rostro que pensabas aplaudiríamos, sólo terror ha producido.

Desde que eras estudiante tenías la esperanza de algún día llegar a gobernar este país y por ello armaste esta mascarada en que fabricando culpables , te convertiste en el “NECESARIO”, con la esperanza vana de alcanzar el puesto de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, y sólo has logrado ser el poder atrás del trono de Felipe Calderón.

Pero la mascarada terminó, JAVIER SICILIA, pidió tu cabeza en medio de la “Marcha por la Paz” y tu furia ha sido tu perdición al decir que perdurarás en tu puesto y que estarás en el gabinete del próximo presidente, cuando aseguras que sí tú caes, el proyecto de seguridad pública cae contigo, y que si cae el proyecto de seguridad, con él caerá Felipe Calderón.

Hoy tu Telenovela termina, la mascarada terminó, y con ella se va la esperanza de que te vean más allá del simple empleado.

Se va tu oportunidad de mostrar a la opinión pública que las autoridades son eficientes, transparentes y honestas en su quehacer y que no fabrican culpables.

T. # G.

Fírma la petición aquí

http://www.youtube.com/watch?v=HFDJ_PB3dvk

http://www.youtube.com/watch?v=GOGZ4f_QYuc