Carta Aclaratoria sobre información difundida en el programa “Ciro Gómez Leyva por la Mañana” el 4 de marzo de 2016

CMDPDH.orgcmdpdh_logo_header_web-1.png

Ciro Gómez Leyva

Grupo Radio Fórmula

Presente

Escribo en mi carácter de Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) con el objeto de hacer las siguientes aclaraciones respecto a la información inexacta y de mala fe presentada por la Sra. Isabel Miranda de Wallace en la entrevista realizada en su programa “Por la mañana” el día de hoy 4 de marzo en la estación 104.1 FM de Radio Fórmula, que además se refleja en la nota titulada “Relator ONU facilita trabajo a red de corrupción para liberar criminales: Miranda. Con Ciro Gómez” publicada en la página de internet de Grupo Fórmula (http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=575364&idFC=2016). Dicha información por no ajustarse a elementos fácticos de la realidad, generan una falsa apreciación de mi persona, de la organización que represento y de los casos que acompañamos, así como afectación a nuestra honra y reputación por hacernos señalamientos de presuntos actos delictivos sin sustento alguno.

En primer lugar, queremos informar a la opinión pública que la CMDPDH es una asociación civil sin fines de lucro, creada hace 25 años, que representa víctimas de violaciones graves de derechos humanos como tortura, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales (asesinato por servidores públicos en ejercicio de sus funciones o por motivo de estos), feminicidios y desplazamiento interno forzado. Se trata de una organización que representa a las víctimas ante las diferentes instancias de protección de los derechos humanos nacionales e internacionales. Si ustedes en su calidad de periodistas o su auditorio tienen interés en conocer los casos que la CMDPDH representa revisen nuestra página de internet (http://cmdpdh.org/casos/).

Sobre el origen de los recursos de la CMDPDH es muy importante informar que al ser una asociación sin fines de lucro, sus actividades son financiadas a través de fondos que obtiene de instituciones filantrópicas y de la cooperación internacional. Si en tu calidad de periodista tuvieras interés en conocer los detalles de nuestro financiamiento con mucho gusto te puedo mostrar la documentación y las auditorias que anualmente se nos hace por instituciones contables independientes. Asimismo, es nuestro deber aclarar que la CMDPDH y las personas que laboran en ella no cobran a, ni reciben honorarios de, las víctimas por los servicios de representación legal, ni tampoco nos hemos beneficiado de porcentaje alguno cuando hemos logrado que las instituciones del Estado cumplan con su obligación de reparar los daños causados cuando se acreditan las violaciones a los derechos humanos. Es muy importante enfatizar que ni la CMDPDH ni el suscrito han recibido del Fondo de Atención a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dinero en el contexto de las reparaciones cubiertas a las víctimas que representamos. Estoy seguro que en tu calidad de periodista, interesado en estos temas, solicitarás información directamente a la CEAV para corroborar lo anterior.

También es importante aclarar que conforme al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen derecho a la reparación integral. La Ley General de Víctimas crea, como lo sabes, una institución (la CEAV) y, conforme a dicha legislación, la calidad de víctima la puede determinar la autoridad responsable de la violación, los ministerios públicos, los jueces, los organismos públicos de derechos humanos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y ciertos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, entre los cuales se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura (CCT), estos últimos de Naciones Unidas. Una vez que se reconoce la calidad de víctima de una violación a los derechos humanos y que se registra a la víctima ante la CEAV, ésta a través de sus procedimientos -lo que incluye una decisión del Pleno (integrado por Sergio Jaime Rochín del Rincón, Adrián Franco Zevada, Susana Thalia Pedroza de la Llave, Julio Antonio Hernández Barros)-, determina el monto de la reparación, conforme a sus propias reglas y a los estándares constitucionales aplicables.

Sobre el caso aludido en la entrevista de la Señora Miranda, conocido como el de los “4 Civiles de Rosarito”, debemos señalar que tras un análisis independiente y autónomo dentro del marco de sus atribuciones conferidas por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, con base en información enviada por las víctimas, las organizaciones representantes y el propio Estado mexicano, el CCT determinó que dichas 4 personas habían sido víctimas de tortura por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En la decisión del CCT (México soberanamente se sometió al procedimiento del CCT), se señala que tanto la SEDENA como la Procuraduría General de la República (PGR) fabricaron pruebas falsas que se usaron en juicios en los que las víctimas fueron acusados[1]. Además, indebidamente, las instituciones del Estado emplearon confesiones arrancadas por tortura, entre otras pruebas ilícitas, para acusarlos de delitos que no cometieron. Esa determinación del CCT fue coincidente con el análisis hecho por la CNDH a través de su recomendación 33/2015[2] la cual fue aceptada tanto por la PGR como la SEDENA. Con base en la inexistencia de pruebas, el Poder Judicial de la Federación determinó que las cuatro personas no eran responsables penalmente de los delitos imputados, es decir que los encontró inocentes.

En se mismo caso, la propia SEDENA, en un hecho inusitado y al estar consciente de los hechos ilícitos de sus funcionarios, en un oficio que le fue entregado a la CEAV en 2015 reconoció la calidad de víctimas a esas personas. Dicho oficio firmado por el Gral. Brig.J.M. y Lic. José Carlos Beltrán Benites, señala que “toda vez que los hechos materia del expediente número CNDH/2/2010/2830/Q, notificada a ésta Dependencia del Ejecutivo Federal, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le reconoce que son víctimas directas a los señores […], quienes fueron detenidos por parte del personal militar el día 16 de junio de 2009, en Playas de Rosarito, Baja California y por lo tanto sujetos a las prerrogativas que el orden jurídico consagra a su favor”[3].

En suma, un organismo nacional y un organismo internacional de derechos humanos, así como la autoridad responsable (SEDENA), reconocieron que los 4 civiles fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, es importante aclarar que al día de hoy aún no han sido reparados ni por la CEAV ni por ninguna otra institución del Estado mexicano.

El caso de los 4 civiles de Rosarito es muy significativo porque es un ejemplo de cómo se recurre al uso de la tortura por las instituciones del Estado mexicano y como se pretende justificar esa abominable práctica para la investigación y acusación por delitos graves como el secuestro o el narcotráfico. Es tan frecuente la práctica de la tortura en México para la investigación de los delitos que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la han calificado como generalizada. A ello debemos adicionar que recientemente, dos muy prestigiosas académicas, Ana Laura y Beatriz Magaloni, después de haber efectuado encuestas representativas de personas privadas de libertad en Centros Federales de Readaptación Social han concluido lo siguiente “se puede afirmar que la tortura sí es una práctica generalizada del sistema de persecución criminal en el ámbito federal.”[4]

Te compartimos información relevante, en tu calidad de periodista, así como para tu auditorio, sobre la dimensión del problema de la tortura.[5] La PGR nos informó que del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre 2014 ha recibido 4,055 denuncias de tortura,[6] de las cuales 1,273 son atribuibles a personal militar.[7] De los casos denunciados, 1,884 se transformaron en averiguaciones previas,[8] de las cuales en sólo 11 ocasiones se consignó ante un juez el asunto.[9] Por su parte, las Fiscalías de 22 Estados recibieron 1,166 denuncias por actos constitutivos de tortura y de éstas sólo 13 investigaciones han sido consignadas ante un juez.[10] A la fecha, no hemos podido conocer las 5 sentencias firmes que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha reportado a diversos mecanismos internacionales a pesar de múltiples solicitudes de información.

En ese mismo periodo la CNDH recibió 4,404 quejas por tratos crueles, inhumanos o degradantes, abrió 109 expedientes de queja por tortura, y emitió 79 recomendaciones por tortura[11]. En al menos 7 de esas recomendaciones se hace referencia que la víctima de tortura fue señalada de haber cometido el delito de secuestro.[12] Entre los años 2007 y 2014 se interpusieron 4,133 quejas por tortura en otras 15 comisiones públicas de la República Mexicana.[13]

Resulta verdaderamente preocupante que ante el evidente y grave contexto que atraviesa el país, aún existan personas que toleren la práctica de la tortura, e incluso le vean utilidad en las investigaciones de delitos como secuestro. Como lo hemos señalado, nosotros representamos casos o víctimas de violaciones a los derechos humanos y estamos convencidos que la responsabilidad penal de una persona, en un estado democrático de derecho, solo puede ser determinada por los jueces, después de un juicio que respete el debido proceso de las víctimas y acusados, pero definitivamente no por cualquier persona, incluso aquellas que enarbolan las mejores causas.

De igual manera, debo destacar que el suscrito, actual director ejecutivo de la CMDPDH, nunca ha laborado en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como erróneamente ha sido difundido por la Señora Miranda, lo cual evidencia la mala fe con la que se conduce para fabricar supuestas ligas entre personas e instituciones. CEJIL, como estoy seguro estas enterado, es una de las más prestigiosas organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, con sede en Washington D.C., Estados Unidos de América, que se especializa en acompañar víctimas y casos de organizaciones de América Latina que buscan justicia en los órganos interamericanos de protección de los derechos humanos, cuando las instituciones de justicia nacionales no quieren o pueden hacerlo. Con mucho gusto si te interesa puedes conocer mi semblanza curricular en las dos páginas que aquí acompaño[14] y si tienes dudas o requieres información adicional puedo profundizar contigo sobre quienes fueron mis superiores, subordinados e incluso contrapartes en las diferentes posiciones que he ocupado en los últimos 20 años tanto en el sector público como en el no gubernamental y académico.

Finalmente debemos señalar que actos criminalizantes en mi contra y de la CMDPDH, como los efectuados a través de la entrevista de la señora Isabel Miranda de Wallace, parecen tener como finalidad última desacreditar la labor de las organizaciones de defensa de derechos humanos, sean de índole nacional o internacional, en un contexto sumamente complejo de negación por diversas autoridades del diagnóstico de la situación del país en materia de derechos humanos. Además, señalamientos infundados en nuestro perjuicio arrojan como resultado incrementar el riesgo de quienes realizamos la labor de defensa de derechos humanos. Estamos convencidos que los medios de comunicación y las y los comunicadores tienen una enorme responsabilidad para informar adecuadamente a la sociedad y deben evitar ser utilizados para avanzar agendas autoritarias, que erosionan el Estado de Derecho y promueven o toleran el abuso del poder.

La sociedad mexicana tiene derecho a estar informada sobre la situación de los derechos humanos, a tener elementos que le permitan valorar objetivamente lo que ocurre en nuestro lastimado México, y conocer los recursos de defensa que el orden jurídico les ofrece. Decir que quienes buscamos erradicar la tortura es una afrenta a los derechos de las víctimas del delito, es una mentira. Por el contrario, las organizaciones que trabajamos por la erradicación de la tortura lo hacemos no solo para el beneficio de las personas imputadas o procesadas, sino de las víctimas del delito, ya que solo con investigaciones respetuosas de los derechos humanos se pueden lograr condenas que garanticen la justicia, la verdad y la reparación integral a dichas víctimas, incluidas las del secuestro. Las víctimas del delito tienen derecho a que los ministerios públicos hagan investigaciones profesionales y que lleven ante la justicia a los responsables basados en pruebas lícitas.

Con el objetivo de aclarar la información difundida por la Señora Miranda de Wallace, con el debido respeto solicitamos a Grupo Radio Fórmula que esta carta sea leída íntegramente en el programa “Por la Mañana con Ciro Gómez Leyva”, dándole la misma difusión, alcance y repetición que a la entrevista de la Señora Isabel Miranda de Wallace. También solicitamos que esta carta se difunda con la misma intensidad y en los mismos lugares y redes sociales que publicaron la nota “Relator ONU facilita trabajo a red de corrupción para liberar criminales: Miranda. Con Ciro Gómez”.

Les agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente y sin más por el momento aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.

 

José Antonio Guevara Bermudez

Director Ejecutivo

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. A.C.


[1] Véase, decisión del Comité Contra la Tortura, disponible en: http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2012/12/cmdpdh_715_comunicacion_final4c_4_civiles.pdf
[2] La CNDH determinó: “174. La Comisión Nacional advierte la responsabilidad en la que incurrieron servidores públicos de la SEDENA por la violación al domicilio, la detención arbitraria, la retención ilegal y la tortura; los agentes del Ministerio Público Federal a cargo de la AP 1 y quienes tuvieron bajo su custodia a V1, V2, V3 y V4 antes de la determinación de su situación jurídica y por la retención en instalaciones militares y por haber tolerado la tortura”, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2015/Rec_2015_033.pdf
[4] Véase comunicado conjunto Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/6915-532
[5] Un método de investigación llamado tortura, Nexos, 1º marzo 2016, http://www.nexos.com.mx/?p=27781
[6] Los datos que aquí incluimos fueron publicados en su mayoría recientemente en un artículo de mi autoría que aparece en la Revista Nexos de este mes de marzo de 2016: http://www.nexos.com.mx/?p=27769
[7] PGR. Folios: 0001700300414 y 0001700020615.
[8] PGR. Folio: 0001700020115.
[9] PGR. Folio 0001700020615.
[10] PGR. Folio 0001700133014.
[11] Información recabada a partir de solicitudes de información pública. Los estados a los que hacemos referencia son Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora (informó controles preliminares), Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz (informó sólo investigaciones iniciadas) y Zacatecas.
[12] CNDH-Folio: 00062714.
[13] Recomendaciones:  2015/33, 2013/68, 2012/62, 2012/59, 2011/52, 2010/75, 2010/42
[14] La suma contempla las quejas interpuestas en los organismos públicos de derechos humanos estatales.
[15] Semblanza curricular en página de la CMDPDH: http://cmdpdh.org/2014/01/nombra-cmdpdh-a-jose-antonio-guevara-como-nuevo-director-ejecutivo/ También puedes ver otra semblanza en la página de Naciones Unidas: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/Members.aspx

Para más información:
Mariana Gurrola, Comunicación CMDPDH
comunicacion@cmdpdh.org
Tel. 5564 2582 ext. 114

Ministro Zaldívar: la Corte fue presionada para que Cassez no fuera liberada en 2012

Artículo publicado en la revista digital Efe.

Fecha: 13 de noviembre 2015

Ahora “es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez”, afirma el ministro Arturo Zaldívar.

Comentario: “Impensable”: claro está. Sin embargo, las autoridades estateles y federales siguen mintiendo abiertament, torturando, amenazando, fabricando culpables…

Zaldivar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJN) recibió “muchas presiones” del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) para que no liberara a la francesa Florence Cassez, admitió hoy el ministro Arturo Zaldívar en una entrevista con Efe.

Zaldívar, quien llegó al Supremo en diciembre de 2009 a propuesta de Calderón, redactó el polémico proyecto de resolución que allanó el camino para la excarcelación de la joven debido a irregularidades en su proceso, como la recreación del arresto ante las cámaras de televisión y el retraso de la asistencia consular.

Hubo muchas presiones, muchas, muchas presiones, sin duda“, de la anterior Administración, reconoce Zaldívar sobre aquellos días de marzo de 2012, cuando su propuesta de sentencia no fue aprobada por la Primera Sala, integrada por cinco ministros.

Aunque los magistrados José Ramón Cossío, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo Rebolledo votaron en contra de la libertad inmediata de Cassez, hubo consenso en que se registraron graves violaciones en el proceso y se pidió a la ministra Olga Sánchez Cordero que redactara una nueva propuesta.

Dos días antes, Calderón pidió justicia para las víctimas de delitos y que “la interpretación de la ley no sea una rendija” para la impunidad, lo que llevó al entonces presidente del alto tribunal, Juan Silva Meza, respeto a “la división de poderes”.

El caso enturbió la relación con Francia después de que Cassez fuera condenada en 2010 a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. El entonces presidente galo, Nicolas Sarkozy, dijo que la joven era víctima del sistema judicial mexicano, mientras Calderón la acusó de ser parte de una “peligrosísima banda de delincuentes”.

El fallo a favor de la liberación de Florence Cassez “supuso un antes y un después en la historia del debido proceso en México”

El 23 de enero de 2013, en el segundo mes del mandato de Enrique Peña Nieto, “el proyecto que se aprueba es exactamente el que yo presento, porque (…) la ministra Sánchez Cordero (lo) retoma”, recuerda Zaldívar.

Así, la liberación de la francesa es aprobada con los votos de Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez, que apenas “iba llegando a la Corte”, en un fallo que, dijo, supuso “un cambio de paradigma, un antes y un después en la historia del debido proceso en México”.

Cuando se debatió ese asunto, recuerda, todos decían que el debido proceso era un tecnicismo, pero hoy “todo el mundo entiende que el debido proceso es un derecho humano” y las autoridades tratan de cuidarlo.

Ahora “es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez”, asegura el ministro, quien reconoce que dicha resolución “fue radicalmente o dramáticamente impopular”.

Y es que el fallo, en el que el alto tribunal no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de la joven, desató una avalancha de críticas de las víctimas de criminales.

A la distancia “estoy convencido de que hice lo correcto” y de que la Corte tomó la “mejor decisión posible porque, más allá de la persona en particular, el mensaje que mandó (…) es que hay prácticas que en un Estado democrático no pueden ser permitidas” y que “el combate a la delincuencia organizada tiene que pasar por los derechos humanos”.

El ministro reconoce que todavía hay “muchas violaciones a los derechos humanos”, pero al menos “las autoridades son conscientes de que tienen que respetar los derechos” y “cuidar el debido proceso”.

“Hubo un cambio de mentalidad” en materia de “presunción de inocencia, de protección consular, de prueba ilícita, de manejo de medios de comunicación en detenciones, ya no hablemos de montajes”, asegura.

A las señalamientos de que Cassez fue liberada por tratarse de una extranjera responde, categórico, que “es absolutamente falso” y destaca que la mayoría de las personas amparadas por el Supremo tras sufrir procesos injustos no solo “son mexicanos de las clases económicas más desprotegidas”, sino además de minorías étnicas.

Están los casos de los indígenas de Acteal, los luchadores sociales de Atenco… y sigue la lista de personas humildes a las que se le han “fabricado homicidios con testigos falsos”, señala Zaldívar, quien añade que esas opiniones “infundadas” solo intentaban engañar.

Debate entre Denise Dresser e Isabel Miranda de Wallace sobre el GIEI

Artículo publicado en el sitio Ellos y Nosotros.

Fecha: 2 de octubre, 2015

denise1-639x361

El monstruo, la terrible señora Wallace, el engendro demoníaco que fue capaz de fingir el secuestro y supuesto asesinato de su hijo para salvarlo de ir a la cárcel por estar involucrado en asuntos de crimen organizado; es hoy la personera y agitadora que envía el mal gobierno para enturbiar y desacreditar la investigación que realizó el GIEI sobre el caso Ayotzinapa. Basados en que su falsa ‘organización’ defensora de derechos humanos y contra el secuestro,  tiene ‘credibilidad’ en un sector de la población; desde las altas esferas del poder, los delincuentes buscan crear confusión y desechar la labor de expertos internacionales que, dicho sea de paso, jamás han recibido semejante trato en ninguna de las numerosas investigaciones que han realizado, para que no sigan en el país y así lograr encubrir la verdad. Para la PGR lo más fácil es que todo siga siendo tratado como un tema de ‘secuestro’, porque reconocer que esto es una desaparición forzada, derrumba completamente la credibilidad que dicen tener. No le busquemos más; Wallace miente, difama y descaradamente quiere tomar el control de una investigación, que en sus manos sería como echarla a la basura. #FueElEstado.

Carta abierta a Denise Dresser sobre su debate con Wallace en Foro TV

denise1-639x361

¿Cuál es nuestra postura respecto al hecho de seguir considerando a esa criminal de Isabel Wallace como una interlocutora, cuyas opiniones se deberían tomar en cuenta para posicionarse, sea a favor o en contra de ellas?

Expresamos claramente nuestra postura al respecto en una carta abierta que le hicimos llegar a la politóloga Denise Dresser, el 29 de octubre. Esta carta conjunta con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y el FEMCAI fue redactada en inglés. A continuación, publicamos la traducción al español.

Quiero insistir en algo: respetamos la labor de Denise Dresser, quién es una gran politóloga y realmente una intelectual que se ha pronunciado a favor de los derechos humanos y de la justicia. Sin embargo, nuestra opinión sobre este debate con Wallace es que nunca se hubiera solicitado, ni llevado a cabo. Uno no se sienta con criminales, sobre todo cuando el debate ya está organizado para callar a la única persona que si tenía una perspectiva justa con respecto a Ayotzinapa, y se trata de Denise. A Denise Dresser, el locutor (Javier Tello) visiblemente del lado de la Wallace le cortó la palabra. Casi cada vez que se preparaba a intervenir, se interrumpía el programa para lanzar una pausa comercial. La Wallace no dejv de cortarle la palabra, sin que el locutor dijera absolutamente nada para restablecer el orden del debate. Vean el video a continuación:

 

Con muy buenas intenciones, Denise Dresser se dejó engañar al solicitar un debate con Wallace.

Nosotros llamamos a que los activistas, defensores de los derechos humanos, abogados, juristas, politólogos, intelectuales, dejemos de considerar a Isabel Wallace como una interlocutora, sino como lo que es: una criminal responsable del calvario de – por lo menos – siete personas.

Nolverto F. A.

MXporFC

CARTA ABIERTA

Puebla, México / Montréal. Canadá

20 de octubre de 2015

Estimada Sra. Dresser:

Después de haber mirado su debate con Isabel Miranda [de Wallace], quisiéramos hacerle llegar respetuosamente los siguientes comentarios:

  1. Nos consternó el razonamiento dado por usted para solicitar el debate, puesto que alguien de su nivel no discute con delincuentes, ya que es como intercambiar opiniones con la Tuta, Chapo Guzmán o individuos semejantes
  2. El hecho de que Isabel Miranda sea, efectivamente una cruel delincuente ha sido amplia e indudablemente demostrado por las sólidas investigaciones de Anabel Hernández, publicadas en Proceso; Guadalupe Lizárraga, publicadas en Los Ángeles Press, y David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y el grupo de activistas que tienen el blog mexicoporflorencecassez.wordpress.com. Nos cuesta creer que usted no haya leído al menos el trabajo de Anabel Hernández, en Proceso, sobre el notable engaño del “Caso Wallace”.
  3. Cuando esa mujer, cruel y corrupta, denuncia que existe un “conflicto de intereses” de parte del Secretario Ejecutivo de la CIDH, demuestra tener un increíble grado de cinismo, ya que ella se ha beneficiado enormemente de la red de mentiras que constituyen todo el fiasco del “Caso Wallace”. Primero, logró ocultar a su hijo delincuente, Hugo Alberto, que está ligado al crimen organizado; segundo, recibe enormes cantidades de dinero de los contribuyentes de la escandalosa administración de Felipe Calderón para apoyar su organización igualmente engañadora y falsa “Alto al Secuestro”; tercero, en 2012 el PAN (Partido Acción Nacional) la lanzó como candidato al gobierno de Ciudad de México, y además, aunque parezca inconcebible, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos a pesar de que acusó falsamente, hizo encarcelar y torturar salvajemente a seis personas inocentes que estuvieron en el mal lugar en el momento equivocado, por así decirlo.
  4. Según todas las investigaciones basadas en pruebas concluyentes, Isabel Miranda no sólo ha mentido repetidamente a las autoridades mexicanas y norteamericanas, sino que, además, cometió adulterio, dado que  mantuvo una relación sexual con Enrique Wallace, mientras éste todavía estaba casado y que, por otra parte, no es el padre biológico de Hugo Alberto; ella es responsable del secuestro virtual de seis ciudadanos inocentes que fueron encarcelados, y atestiguó la tortura de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle, César Freyre, Juana Hilda González Lomelí, Antonio y Alberto Castillo 
  5. A pesar de que Nestora Salgado García fue exonerada por un juez federal de los cargos inventados que causaron su encarcelamiento ilegal, Isabel Miranda insiste en que esta mujer admirable permanezca en la cárcel y esto no sorprende.  Miranda tiene estrecha conexión con Ricardo Martínez, antiguo Fiscal de Atención a Víctimas (¿?¡!) bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que se sabe participó en el tráfico horrible de jóvenes en el Estado de Guerrero, y las actividades de Nestora Salgado García destinadas a rescatar varias de esas víctimas afectaban al “negocio” inmoral de Martinez.
  6. Ahora la Sra. Miranda dirige su lucha no sólo contra Emilio Álvarez Icaza, sino también contra los estudiantes y los padres de Ayotzinapa etiquetando esta desaparición forzada como un simple “secuestro” llevado a cabo por los traficantes de drogas, a pesar de las pruebas y los numerosos testimonios que demuestran la implicación directa del ejército y de la policía federal, estatal y municipal.

Isabel Miranda no actúa de acuerdo a ningún imperativo moral, pues carece de ética y honradez; claramente restituye lo que debe a un “gobierno enormemente corrupto” que le permite cometer toda clase de atrocidades con impunidad total.

Lo que realmente nos aterró, Sra. Dresser, fue oírle alabar el trabajo de Isabel Miranda en favor de los derechos de las víctimas (¡!¿?). En especial, el hecho de que usted solicitara un diálogo con una delincuente de esta magnitud podría significar una de dos cosas: 1) que usted se pone al mismo nivel de inmoralidad de la entrevistada, lo que para nosotros es impensable, o 2) que en cualquier otro momento, se le podría fácilmente pedir que mantenga un debate con cualquier otro sin vergüenza.

Atentamente,

Patricia Barba
Miembro Fundador
Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes (FEMCAI)
www.femcai.org
@: patricia.barba@ac-dv.org

David Bertet
Presidente
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV)
www.ac-dv.org
@: contacto@ac-dv.org

Nolverto Flores ÁVILA
México por Florence Cassez
Blog de activistas mexicanos contra los culpables fabricados
www.mexicoporflorencecassez wordpress.com
@: mxporfc@hotmail.com

Héctor: un verdadero caso de tortura y violación a los derechos humanos cometido por agentes policiacos del estado de Quintana Roo

Artículo publicado en la revista digital Noticia Agencia 3
Fecha: 12 de octubre 2015

Casique está encarcelado en Chetumal. // Foto: Cortesía Yaskade Fernández
Casique está encarcelado en Chetumal. // Foto: Cortesía Yaskade Fernández

Héctor Manuel Casique Fernández, fue detenido y privado de su libertad en forma injusta y arbitraria con su compañero Maximiliano Ezequiel Millán González, el sábado 16 de marzo como a las tres de la madrugada acusados de ultraje a la autoridad y de ser los responsables del asesinato de seis personas en el Bar La Sirenita en Cancún, hechos de los cuales desde el primer momento se declararon ajenos e inocentes.

Héctor y su compañero Maximiliano, fueron trasladados sin orden de aprehensión a los separos de la Policía Judicial de la zona hotelera de Cancún, donde fueron torturados y golpeados en forma salvaje, lugar en el que uno de los agentes al mando del Capitán Arturo Olivares, quien es el jefe de todos los judiciales adscritos a la Subprocuraduría General de Justicia de ese lugar, violó en forma cobarde a Hector.7

Ahí los cobardes agentes también le taparon la cara a Héctor con un trapo al cual mojaron con chile habanero, lo que le generó graves problemas en el ojo izquierdo por varios días, además que lo golpearon en forma salvaje hasta hacerlo perder el conocimiento.

Casi a las ocho de la noche de ese mismo sábado Héctor, se encontraba desnudo y tirado en el piso por la golpiza llevada, cuando llegó hasta él un agente de nombre Constantino Solana Wady Alfredo, quien le dijo “señor profesor”, para luego comenzar a meterle los dedos y un aparato en el recto, mientras le apuntaba con una pistola en la cabeza y le gritaba que se declarara culpable del multi homicidio, porque si no lo hacia lo mataría, no solo a él sino a toda su familia.

El cobarde agente judicial le aseguró en ese momento de dolor y humillación que eso era lo que le pasaba a los putos que no querían hablar y confesar por la buena, pero que de todos modos saldría culpable de todo lo que le imputaban. 

Cabe hacer mención que Héctor, con amplios conocimientos en Karate, era instructor en defensa personal de la policía judicial del estado en Cancún, por eso conoció perfectamente a todos los que desde el pasado 16 de Marzo, comenzaron a torturarlo y a violar sus derechos humanos en forma flagrante, incluido el agente Constantino Solana Wady Alfredo, así como el jefe de todos ellos Arturo Olivares Mendiola. Quien le partió la cabeza con la cacha de su pistola y que además le saltó en el estómago en varias ocasiones, al grado de que al día de hoy no le funcionan ni los intestinos ni los riñones, entre otros males.

Las lesiones y demás actos de tortura en contra de Héctor, le generaron graves secuelas con pérdida del estado de conciencia, las que pusieron en peligro su vida y causaron lesiones en el tejido nervioso provocado por las fasciculaciones musculares, pérdida del equilibrio y arritmias que hasta el momento no han sanado, cicatrices permanentes y no visibles con incapacidad para los movimientos propios de las partes afectadas hasta la sanación de las mismas, lo cual fue constatado y sostenido por el Perito Médico Legista de la PGJE de Quintana Roo, David Anguiano Camarillo.

El caso fue denunciado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de ese entidad, pero el presidente Harley Sosa Guillén, cometió negligencia y omisión, recomendando “sanción administrativa” en lugar de acción penal, ya que conforme a los derechos humanos consagrados en el artículo octavo constitucional, se negó a tomar en cuenta el certificado médico donde se presentaban las huellas de tortura en contra de Héctor.

Fue hasta el seis de Mayo de ese mismo año, cuando el abogado de Héctor Jorge René Flores García, interpuso la denuncia por tortura y violación por parte de los agentes de esa dependencia de justicia en Chetumal, la cual el mismo procurador remitió a la dirección de Asuntos Jurídicos de la zona norte, por lo que se abrió la averiguación previa PGJE/DP/SGJ/DAJZN/042/2013, el 18 de ese mismo mes.

La declaración de Héctor fue tomada hasta el 25 de Julio de 2013, donde con todo el valor civil denunció los abusos que sufrió por parte de un grupo de torturadores de la policía judicial de ese lugar y fue hasta el siguiente día que se le practicó el dictamen proctológico y de lesiones por parte del médico legista David Anguiano Camarillo.

El 4 y 5 de Noviembre de ese mismo año se le practicó otro examen a Héctor, por parte de los especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde por primera ocasión se implementó el “Protocolo de Estambul”, bajo el número CNDH/2/2013/290/QR, emitido por la segunda Visitaduría General de ese organismo, el cual fue enviado al estado de Quintana Roo, el 12 de Julio para la acreditación de la tortura que sufrió.

En el amparo radicado en el Juzgado Segundo de Distrito bajo el número 591/2013, se da a conocer los abusos y actos de tortura que sufrió Héctor, por lo que lo ampara y protege, ya que el supuesto auto incriminación fue que lo obligaron a base del uso de la fuerza a poner sus huellas y a base de una cobarde e indiscriminada tortura, por lo que se pidió que los judiciales que lo torturaron sean plenamente investigados y sancionados lo que hasta la fecha no ha sido así, porque Héctor está siendo utilizado como chivo expiatorio de un múltiple asesinato que nunca cometió y que el gobierno de Quintana Roo, no ha logrado esclarecer o no ha querido hacerlo por los fuertes intereses que hay de por medio.

Es más, hay tantos intereses ocultos en ese caso que a los abogados de Héctor, en un principio no se les permitía el acceso a la averiguación previa y mucho menos tomaron en cuenta lo gravemente lastimado que lo dejaron y aun así torturado y lastimado fue como lo presentaron, por lo que la juez Silvia verónica Solís Lizama, le dictó auto de formal prisión, sin tomar en cuenta que la tortura es un delito grave, lo que está acreditado por dictámenes médicos.

Aun cuando la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, cuyos artículos son 6,7 y 8, dicen que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las respectivas autoridades investiguen y sancionen en forma pronta y expedita, sin embargo, el caso Héctor llegó a la Sala Constitucional, donde el magistrado Dr. José Manuel Ávila Fernández, ordenó en forma eficiente y apegado a derecho sancionar penalmente a todos los involucrados por tortura y abuso de autoridad, los cuales siguen libres, impunes y gozando de la amplia protección gubernamental de esa entidad.

Y como prueba de ello es que las autoridades encargadas del caso resolvieron en forma aberrante, cínica y descarada no ejercer acción penal en contra de los agresores de Héctor, acción que con fundamento en el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, fue impugnada en tiempo y forma por los abogados de Héctor, demostrándose de esa manera que hay intereses ocultos en ese caso.

La madre de Héctor, Yáskade Fernández, ha venido exigiendo de manera valiente a través de diversos medios de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales, la inmediata libertad de su hijo, ya que se ha demostrado su inocencia con dos amparos ganados y una revisión ante tribunales, por lo que salió libre por esa averiguación previa, la cual por segunda vez y de forma arbitraría y sin orden de aprehensión, lo volvieron a detener el mismo día que obtuvo su libertad y volvieron a juzgar por ese mismo delito y por la misma averiguación previa de la que ya quedó libre, con lo que queda evidente la fabricación de culpable que hicieron con Héctor y donde queda al descubierto una vez más todas las triquiñuelas que hace la procuraduría del Estado de Quintana Roo con ese caso.

El 27 de agosto del año en curso fue cuando la Sala constitucional ordenó al procurador del estado cambiar su resolución y apegarse a la del magistrado y remitirlo al agente investigador para que dicte el ejercicio de acción penal contra los torturadores, así como un castigo ejemplar para todos los responsables.

Ante el giro que sufrió ese caso Gaspar Armando García Torres, renunció de manera inmediata el día que se vencía el termino para ejercer acción penal en contra de los 36 agentes que participaron en la tortura de Héctor, en tanto que el actual administrador de la justicia en ese estado prefirió violar la ley y pasarse por el arco del triunfo la sentencia dictada por el Magistrado.

El desacato en que incurrió el actual procurador de justicia para seguir protegiendo a los judiciales torturadores y al ministerio público involucrado en ese caso, quedó evidenciado una vez más, ya que él siempre supo que hubo violaciones a los derechos humanos de Héctor, pero prefirió velar por los derechos de los criminales, lo que demuestra una palpable complicidad.

El bello y hermoso estado de Quintana Roo, considerado por propios y extraños como un paraíso terrenal, puede ser al mismo tiempo un verdadero infierno para cualquier persona que llegue a caer en manos de los que procuran, imparten y administran la justicia bajo una galopante y descarada corrupción que los hace torcer las leyes a su antojo y pasarse por el arco del triunfo a las instancias superiores.

Un año sin saber qué pasó con los normalistas de Ayotzinapa

Articulo del 26 de septiembre 2015, publicado en Los Ángeles Press.
Por Guadalupe Lizárraga
Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Foto: José Martinez.
Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Foto: José Martinez.
Se cumple un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una herida latente en la historia de México que ha logrado ser altavoz de la grave crisis de Derechos Humanos que vive el país derivada de la situación de pobreza, la inestabilidad social y el narcotráfico. El atroz secuestro, posterior a un ataque retransmitido casi en el momento de los hechos, ha despertado la solidaridad a nivel internacional por la exigencia de la resolución y ha hundido la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. Pero el crimen de Iguala no es tan distinto como el de otro levantón, ejecución o feminicidio de los que se dan a diario en las ciudades mexicanas: está manchado por la impunidad.
Tras un año, dos normalistas han sido identificados por un análisis de ADN obtenido de los restos óseos que encontró la PGR en el basurero de Cocula y el río San Juan. El mismo escenario donde el Grupo de Expertos  de la Comisión Interamericana (CIDH) dijo que era “científicamente imposible” que incineraran a los estudiantes. La Asamblea de Padres de los 43 no confía en el verdadero origen de las muestras y la aparición de un quinto autobús en la hipótesis de la investigación enredan más la resolución: aún no se sabe todo lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre.
 
A las sospechas de la rapidez en la que el gobierno emitió sus conclusiones, se sumó a principios de septiembre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente, elaborado tras seis meses de trabajo. En sus conclusiones, se desmentía la “verdad histórica” ofrecida por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y se criticó la forma en que se han llevaron las investigaciones por parte de las autoridades, así como la falta de seguimiento de algunas pruebas. Algunos padres han denunciado las trabajas que desde el gobierno han interpuesto para el esclarecimiento del caso y la prensa internacional se hizo eco de falta de credibilidad de las autoridades.
 
Y son muchas más dudas aún. Parece que el ejército, según parece presente aquella noche, no hizo nada para evitar que fueran atacados y secuestrados, lo que aviva la sospecha de que de pudo haber intervenido en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, la petición de que el 27 batallón de Infantería con sede en Chilpancingo -así como sus miembros- sean investigados, no ha sido atendida por el gobierno.
 
Por otra parte, no se sabe por qué aquella noche el grupo de jóvenes se encontraba a 250 km de Ayotzinapa. El jefe del cártel Guerreros Unidos (autores de la supuesta masacre), declaró que el director de la escuela normal, José Luis Hernández Rivera, trabajaba a las órdenes de sus rivales, el cártel de Los Rojos, enviándolos a Iguala. El jefe de la banda declaró tras su detención que 17 de los normalistas desaparecidos pertenecían a este grupo delictivo, algo que aunque fuera falso, podría tener relación con las evidencias de la existencia de un quinto autobús que podría haber contenido un cargamento de droga aquella noche.
 
Además de todo esto, aún no se ha iniciado un juicio contra la clase política coludida con el crimen organizado en otros municipios de Guerero, así como tampoco existe una investigación contra el ex gobernador, Ángel Aguirre, ni el ex procurador del estado, Iñaky Blanco. Tampoco se ha investigado el asesinato de Julio César Mondragón, el normalista que fue desollado en los sucesos de Iguala.
 

IMG_6584

Dudas sobre el origen de las pruebas

 
El día 15 de septiembre, la Procuradora Arely Gómez González, presentó en conferencia de prensa nuevos resultados obtenidos por el laboratorio de genética forense de Innsbruck a los que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), tuvo acceso vía la Procuraduría General de la República (PGR) un par de horas antes del anuncio público.
 
Para la Asamblea de Padres de los 43, existen serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas, y la coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del joven Jhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el EAAF como un resultado identificatorio definitivo.
 
¿Por qué la Coincidencia genética con Jhosivani Guerrero de la Cruz, es baja en términos estadísticos?
  • El EAAF considera que el trabajo realizado por el laboratorio de Innsbruck desde el inicio de esta investigación es de alta calidad científica.
  • Sobre las 17 muestras enviadas por PGR y EAAF a dicho laboratorio en noviembre del 2014, Innsbruck intentó inicialmente producir perfiles genéticos de ADN nuclear de cada una de estas muestras ya que, en principio, este ADN es típicamente más poderoso en términos de identificación humana. El laboratorio de Innsbruck no consiguió obtener perfiles genéticos de ADN nuclear de 16 de estas 17 muestras debido al alto grado de deterioro por alteración térmica y fragmentación de las mismas. Sobre la 17° muestra, el laboratorio de Innsbruck obtuvo un perfil completo de ADN nuclear que dio como resultado una coincidencia genética fuerte y clara con la familia del joven Alexander Mora Venancio.
  • Sobre las 16 muestras restantes, el laboratorio de Innsbruck no pudo producir resultados de ADN mitocondrial por métodos tradicionales e intentó hacerlo a través de un método experimental denominado de Secuenciación Masiva Paralela. Con la utilización de este método, Innsbruck pudo obtener resultados sobre el ADN mitocondrial en 9 de estas 16 muestras. De estas 9 muestras, el laboratorio informó que 7 corresponden a ADN mitocondrial que no es de origen específicamente humano y el laboratorio señaló que continuará analizándolos, tratando de identificar su origen.

Jhosivani Guerrero de la Cruz, segundo de los 43 normalistas cuyos restos han sido identificados

Las dos muestras restantes de las que el laboratorio de Innsbruck pudo obtener resultados de ADN mitocondrial, presentaron coincidencias iniciales con familiares maternos (el ADN mitocondrial se hereda por línea materna) de los normalistas Jhosivani Guerrero de la Cruz y nuevamente de Alexander Mora Venancio. Estas dos muestras provienen de la bolsa que según PGR fue recuperada del Rio San Juan, en las afueras de Cocula. No provienen de restos recuperados en el basurero de Cocula.
 
La nueva coincidencia genética, esta vez por vía mitocondrial, entre una muestra ósea recuperada de la bolsa que según PGR proviene del Rio San Juan y los familiares de Alexander Mora Venancio es complementaria y refuerza el dictamen de genética emitido en diciembre del 2014 por el laboratorio de Innsbruck. En esa ocasión, la coincidencia genética se obtuvo por ADN nuclear, con un resultado claro y con alta probabilidad de parentesco biológico. Hasta la fecha, es el resultado más importante de esta identificación.
 
La coincidencia genética por vía mitocondrial hallada por el laboratorio de Innsbruck entre la muestra recuperada de la bolsa que según PGR proviene del Rio San Juan y los familiares de Jhosivani Guerrero de la Cruz, es baja en términos estadísticos (una razón de verosimilitud de 73 indica que la coincidencia es 73 contra 1 más probable si se trata de Jhosivani Guerrero de la Cruz que otro individuo de la población general).
 
Sin embargo, en un contexto de caso cerrado (por ejemplo, un accidente de avión con un listado claro de pasajeros que serían los únicos a encontrar en el sitio de recuperación de restos) y considerando que el laboratorio de Innsbruck estableció que cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos tienen perfiles mitocondriales distintos entre sí, ese resultado podría tener un significado muy importante. No obstante, por el momento, nos encontramos ante un caso abierto, en donde los dos sitios de recuperación de restos (el río San Juan y el Basurero de Cocula) son inciertos y problemáticos por las razones que se describen a continuación:
 

Sobre la bolsa que la PGR recuperó supuestamente en el Río San Juan

Según los testimonios de los inculpados sobre la desaparición de los estudiantes, luego de haber incinerado a los 43 jóvenes en el Basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, habrían colocado parte de sus restos en bolsas de plástico y las habrían arrojado al Río San Juan, Cocula, Guerrero. Tal como señalamos en el comunicado de prensa del 7 de febrero del 2015, el EAAF no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de PGR mencionan haber recuperado el 29 de octubre del 2014 una de estas bolsas del Río San Juan.
 
El EAAF tampoco participó en el hallazgo del fragmento de hueso que PGR indicó haber recuperado dentro de dicha bolsa, fragmento del cual se obtuvo una identificación positiva con los familiares del joven Alexander Mora Venancio por vía de ADN nuclear. El EAAF fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza. La muestra que culminó en la identificación mencionada, se distinguía por su tamaño mayor al resto y especialmente por estar muy poco alterada térmicamente. El EAAF sí participó en la limpieza y análisis de estos restos. Los resultados presentados el día de ayer por la Procuradora provienen de dos muestras recuperadas de esa misma bolsa.
 
El EAAF ha solicitado en diversas oportunidades a la PGR la cadena de custodia de la bolsa de restos, que según indica la PGR les fue entregado por buzos de la Marina, sin que por el momento se nos entregara copia.
 

IMG_6731Sobre el basurero de Cocula

El 7 de febrero del 2015, el EAAF emitió un comunicado de prensa en donde mostraba una fotografía sobre una prótesis parcial o puente superior y otra prótesis parcial o puente inferior (ambas realizadas con el mismo material y con coincidencia en la oclusión o mordida), así como una raíz de diente en hueso de mandíbula que se inserta en la prótesis o puente parcial inferior, confirmando como consistente la relación entre todas las piezas mencionadas.

El EAAF entrevistó a cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, solicitándoles información física, médica y dental de cada uno de ellos. Ninguno de los jóvenes normalistas tiene puentes o prótesis parciales dentarias. Es decir, estas piezas (las prótesis parciales, el diente y el fragmento de mandíbula) confirman la presencia de restos humanos correspondientes al menos a un individuo que no pertenecen a ninguno de los normalistas entre los restos recuperados del Basurero de Cocula. Por lo tanto, estamos ante un caso abierto y no cerrado. Además, se suma a este contexto, el hecho de que existen cerca de 300 denuncias de desapariciones ocurridas en los últimos 4 a 5 años en Iguala. El valor entonces del resultado obtenido sobre la muestra que podría pertenecer al joven Jhosivani Guerrero de la Cruz disminuye significativamente y sólo puede ser considerada como una posibilidad.

Toda esta información coloca esta investigación en el marco de un caso abierto en donde restos de víctimas de distintos episodios de desaparición pueden encontrarse en los mismos lugares de depositación. Existen además serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas. Por lo anteriormente mencionado, la coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del jovenJhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el EAAF como un resultado identificatorio definitivo.

La mentira histórica más infame en la historia de México

Artículo publicado el 15 septiembre 2015 en la revista digital Homo Zapping.

Por Manuel Alejandro Vázquez

informador.com.mx
informador.com.mx

¿Por qué decirle al título de este artículo una “mentira histórica”, y en efecto, una de las más ruines y de las de mayor vileza en la historia de nuestro país?, precisamente porque aprovechando estas fechas, y como lo que ha acontecido en nuestro México, hacen que le amerite el nombre.

Lo anterior es muy sencillo, lo que está sucediendo en este momento en México que es terriblemente lamentable y que lo cual han luchado, se han empeñado en desviar la atención con otros temas como lo hemos estado viendo, viviendo, incluso generando distractores que han sido bastante absurdos.

Ahora bien, a lo largo de la historia nos han inventado muchas cosas, muchos héroes, bastantes situaciones las cuales vemos o que no ocurrieron realmente, o bien, se disfrazan, nos crean algo muy distinto a la realidad para efecto de poder tener tanto héroes como una historia en nuestro país, esa que nos cuentan nuestros libros de texto, siendo un caso realmente lamentable, aunque ese no es el motivo de este artículo, o por lo menos no el eje central del mismo.

Es muy absurdo el que se tenga que llegar a muchas cosas ajenas a la realidad como ya lo he manifestado, a cuestiones creadas, o bien en un momento dado, insistiendo, lo que son los llamados distractores nacionales como así los llamo en lo particular.

Lo anterior, para efecto de tapar el sol con un dedo, y disculpe usted la expresión vulgar, pero por desgracia así es mi querido lector; aquí no se trata de descubrir hilos negros ni mucho menos, sino el ver que en este momento existen diferentes cuestiones mucho muy desalentadoras como lo son desde luego la historia que nos inventó el gobierno de la República en torno a los 43 normalistas, ya que ellos mismos, nuestras propias autoridades encabezadas desde luego por el Presidente de la República, por tratarse del Jefe de la Administración Pública Federal, y por tratarse de un crimen de Estado, que es un secreto a voces querido lector, y en su momento por Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, ellos, entre subalternos, e incluso Senadores de la República nos crearon toda una historia, y todo para poder quitarse de encima la tragedia más dolorosa en la historia de México, después del multihomicidio que dicho sea de paso, también ha quedado en la impunidad y que es el de la Guardería ABC.

Por desgracia para el Gobierno de la República se le ha hecho la tragedia de los 43 aún más complicada, ellos mismos la enredaron más, en este caso, la responsabilidad directa de Murillo Karam como Procurador General de la República en el momento en que los lamentables hechos ocurrieron, y donde vemos que hay una balanza en su contra, y que ahora lo que correspondería, lo correcto, que al ver los Dictámenes de los Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han hecho quedar en ridículo tanto a nuestras Autoridades, como a nuestro propio País a nivel internacional, insisto, lo más “honesto” que bien debiera hacer el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto es el sujetar a investigación a dicho ex Funcionario, así como en su momento procesarlo a él como a todos los que de manera activa participaron en la investigación de la tragedia de Iguala.

El gobierno de la República nos creó esta historia, así como nos ha creado miles, por esta razón, aclarando, sin ser de izquierda, bien tienen razón la vox populi, así como la campaña que se ha visto en redes sociales en torno a la “celebración” de “nuestra independencia”, en el sentido de abstenerse a acudir a acompañar a dar el heroico grito de independencia al Presidente de la República en el zócalo, ya que en verdad nuestro País está de luto, y lo está por los 43 normalistas que para efectos jurídicos aún siguen como “desaparecidos”, por la crisis financiera que hoy por hoy sacude al País y que verdaderamente además de ser para preocuparse es para que reaccionen nuestras autoridades financieras ante esta emergencia que no la invento mi querido lector, lo hemos visto, así como entre otras desgracias que también Usted y yo hemos sido testigos, y que han sucedido en estos últimos tiempos.