MXporFC junto con otros grupos y ONGs suscribe a la carta de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, en contra de la participación de Martín Moreno en un evento de la UAEH

Carta abierta de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (Canadá)

por David Bertet (Presidente de la ACDV) y otros firmantes

Fecha: el 21 de agosto del 2015

Martin Wallace

Pachuca de Soto, Hidalgo, 21 de agosto de 2015

MTRO. HUMBERTO AUGUSTO VERAS GODOY

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Nos dirigimos a Usted en su calidad de rector de la máxima casa de estudios del Estado de Hidalgo para pedirle con todo respeto y apego a los principios éticos de la universidad, retire del programa de la Feria Universitaria del Libro al señor Martín Moreno, autor de “El Caso Wallace”, con el que legitimó el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, y atentó contra la integridad y la dignidad de seis personas que pagan condena siendo inocentes.

Medios internacionales –como Los Ángeles Press– y nacionales –como la revista Proceso–, así como la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad –con sede en Montreal–, han investigado y revelado las evidencias de la falsedad del secuestro y homicidio que diera notoriedad política y poder económico a Isabel Miranda de Wallace, y quien además proveyó de información, prologó y presentó al público el libro de Moreno.

En este texto, Moreno persiste –página tras página– en denigrar a las mujeres, da información basada sólo en juicios de valor de su única fuente Isabel Miranda, y somete a las víctimas con esa impunidad discursiva a todo tipo de degradaciones. El sexismo, la difamación y la calumnia son el estilo literario de Moreno, sin ningún principio más que el que mueve a una pluma pagada.

Seis personas fueron detenidas arbitrariamente, en diferentes fechas de 2005 a 2010, sin orden de aprehensión, por agentes ministeriales compensados económicamente por Isabel Miranda. Todos los detenidos fueron torturados para que se incriminaran por el falso secuestro y homicidio de Hugo Wallace, algunos en presencia de Miranda, de acuerdo a los propios testimonios de las víctimas. Cuatro de ellos han sido sentenciados a cadena perpetua y dos aún tienen el proceso abierto por el crimen que no sucedió.

Quien sirvió de marco mediático para legitimar como verdad periodística estas aberrantes violaciones de derechos humanos, fue el señor Martín Moreno.

Por lo que consideramos su presencia indigna, y que macula el prestigio de la UAEH, la cual hasta ahora ha sido congruente con su declaración de principios en equidad de género y respeto a los derechos humanos en todo su quehacer institucional.

Atentamente

Responsable de la publicación

David Bertet

Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad

Firmas:

Luis Vargas, Asociación Contra la Fábrica de Culpables (Canadá)

Javier Moreno Sanchez, México por Florence Cassez (México)

Ana Julieta Iguanzo del Hoyo, Activistas contra la tortura, (España)

Giel Meza, Gente de México por la Democracia (México)

Guadalupe Lizárraga, Los Ángeles Press, (Estados Unidos)

Patricia Barba Ávila, Frente de Medios Alternativos –Femcai, (México)

Alberto Rodríguez, Buitres en la Ciudad (México)

Francisco Ramírez, Colectivo #YoSoy132NY (Nueva York)

Gustavo Daniel Peschetta, Radio SOS Río de la Plata (Buenos Aires)

Juan Ramón Rodríguez Madrilejos, AJINTEM Derechos (Madrid)

Francisco Belmont, Kaos en la Red (París)

Reyna García, Mujeres en Resistencia (Grand Rapids, Michigan)

Teódulo Pineda Bahena, Los Ángeles Press (Guadalajara)

José Pedro Martínez, Los Ángeles Press (Mexicali-Madrid)

Israel Galindo, Colectivo Mexicanos en Nueva York (Nueva York)

José Luis Ávila Báez, Comité Nestora Libre (Seattle)

Grisel Rodríguez, Comité Nestora Libre (Seattle)

Radio Zapote (México)

Daniela Villanueva, Batallones Femeninos (México)

Colectivo Construyendo Resistencia (México)

Las Mujeres Jaguar (México)

Juan Rodríguez, Frente de Resistencia de Los Ángeles (EEUU)

Mujeres Radicales (Los Ángeles, EEUU)

Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable (Sexta parte)

Publicado en Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizarraga

Fecha: 22 de julio del 2014

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

 

Isabel Miranda reconoció ante Albert Castillo que no hab;ia sucedido el crimen por el que fue sentenciado a 93 años. Foto: aztecatv.com.mx

Isabel Miranda Torres aceptó ante el inculpado Albert Castillo Cruz, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga y tres agentes ministeriales más, que su hijo Hugo Alberto Wallace no había sido secuestrado ni asesinado el 11 de julio de 2005 en México, por quienes ella acusó y por lo que Albert Castillo y su hermano Tony fueron sentenciados a 93 años de cárcel. De acuerdo a la denuncia de hechos del 14 de diciembre de 2011 puesta en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por María Elena Cruz, madre del inculpado, Miranda Torres reconoció la simulación del secuestro el 13 de octubre de 2010, horas después de que Albert Castillo fuera torturado en el Cefereso Número 2 para que se incriminara.

Albert  Castillo Cruz fue privado de su libertad por Isabel Miranda Torres y su hermano Roberto, el 7 de marzo de 2006.  Se encontraba en su trabajo, cuando los hermanos Miranda fueron por él acompañados de cuatro hombres encapuchados, vestidos de negro y portando armas largas. Lo golpearon durante unas tres horas y lo acusaron de ser secuestrador.  Castillo negó las acusaciones y Roberto Miranda lo golpeó en las costillas y le dijo: “pues, ahora ya lo eres”. Posteriormente se lo llevaron a las oficinas de SIEDO, según especificó Castillo en su declaración ministerial y en las denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También lo denunció en varias cartas al embajador Anthony Wayne y al presidente de Estados Unidos, Barak Obama, ya que él y su hermano Tony Castillo Cruz tienen la ciudadanía estadounidense.

Primera página de la carta de Albert Castillo al embajador Anthony Wayne.

“Sé que ustedes no hicieron nada, pero aquí te chingas”

Al día siguiente de ser torturado por segunda ocasión el 12 de octubre de 2010 “de parte de la señora Isabel Miranda”, en el Cefereso No. 2  de Puente Grande, Jalisco, Albert Castillo fue llevado con Miranda, quien dijo que “él la había mandado llamar para pedirle perdón”:

–¿Quién le dijo eso? –preguntó Albert a Miranda.

–La gente que estuvo ayer en la noche contigo –le respondió ella en alusión directa a sus torturadores.

–Yo no tengo nada que declarar –contestó Castillo.

–Si no te declaras culpable, ellos (señalando a los tres agentes ministeriales y al MP Braulio Robles Zúñiga) van a regresar a refrescarte la memoria –insistió Miranda Torres.

En ese momento, Albert Castillo escuchó que uno de los guardias recibió órdenes para que lo trasladaran a la celda 19, pasillo II. Y en el traslado el guardia le dijo que “por su bien, tenía que decir y hacer todo lo que le dijeran”. Castillo sólo lo escuchó sin decir nada. Al poco tiempo, volvieron a trasladarlo a otra oficina “que está en COC, y la oficina es identificada como CTI”, donde se encontraban nuevamente Isabel Miranda Torres, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga y los mismos tres agentes ministeriales que lo habían torturado.

Miranda le dijo que si se declaraba culpable, “que ellos le podían conseguir beneficios”.

–No lo voy a hacer, porque no soy culpable de nada –respondió Castillo.

Braulio Robles intervino:

–Tienes que decir lo que querías decir ayer en el juzgado.

–Lo que ustedes querían que yo declarara, porque me torturaron toda la noche –contestó el inculpado.

Isabel Miranda insistió:

–Si no te declaras culpable y dices lo que yo quiero, te voy a hacer la vida imposible. Yo tengo arreglado esto con gente muy importante.

En la declaración ministerial, Castillo Cruz señaló que Isabel Miranda lo amenazó con lastimar a su familia, y con entrar a la prisión las veces que quisiera para torturarlo, “porque ella podía hacer ahí lo que quisiera”.

–Usted sabe que nunca estuve en el lugar de los hechos. Y no nos vio ahí, porque mi hermano y yo somos inocentes, no hicimos nada, ni sucedió nada –dijo Albert Castillo, en referencia a su hermano Tony, inculpado y sentenciado también a 93 años por el mismo supuesto delito.

–Es cierto, yo no los vi, y sé que ustedes no hicieron nada, pero aquí te chingas –contestó Isabel Miranda.

Al día siguiente lo llevaron ante un Juzgado que el inculpado no pudo identificar, ni tampoco se lo notificaron. Allí se encontraba Isabel Miranda y sus torturadores Braulio Robles Zúñiga y otros tres agentes ministeriales de los que no se aportó sus nombres. La declaración de Albert Castillo fue la misma:

“Yo no tengo nada que confesar, yo no sé nada, yo nunca estuve en el lugar de los hechos, y simplemente les dije que iba a declarar para que dejaran de torturarme”, mostrando las huellas de las torturas en su cuerpo.

El 14 de octubre de 2010 volvieron los mismos agentes ministeriales junto con Braulio Robles Zúñiga para torturarlo de nuevo. Le gritaron que se había “pasado de pendejo” y que “con ellos no iba a jugar”, profiriéndole una sarta de insultos. “Le pusieron esposas en las manos y pies, le pusieron una toalla mojada en la cabeza y una bolsa de plástico para asfixiarlo, y siguieron golpeándolo en el cuerpo”, especifica la denuncia al subprocurador de la SIEDO. La tortura fue suspendida cuando prometió que ahora sí se declararía culpable; sin embargo, nunca se incriminó ante un juez y fue sentenciado sólo con las acusaciones de Isabel Miranda Torres.

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Los testigos de la tortura a Albert Castillo

Albert Castillo envió un segundo escrito al titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, el 17 de abril de 2013, para pedirle su intervención en el desahogo de pruebas de tortura. El primero fue el 24 de julio de 2012, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos respondiera que “no habían encontrado irregularidades”.

En el escrito a la CIDH, Castillo insiste en que se tome la declaración a J. Jesús Galván Díaz y Erasmo Ornelas Peñuelas, quienes eran sus compañeros de celda “en el momento en que ocurrieron los hechos”. La declaración ministerial de Ornelas atestigua los hechos:

“…yo presenté una petición dirigida a la autoridad de este centro, para evitar que me fueran a inculpar por los golpes que Alberto presentaba en estos momentos y eran muy visibles, fue el mismo día que ingresa al módulo 8, después de que lo sacaron por varios días, ese día yo tenía visita, que fue cuando regresó a la estancia, ya él estaba muy golpeado y fue cuando en ese momento hice mi petición, dirigida a seguridad interna  de este centro, yo narré que Alberto salió de la estancia por varios días sin recordar cuántos y cuando regresó, yo lo miré que estaba golpeado, tenía marcas en las muñecas y en los tobillos, como si hubiera estado amarrado, y se le miraban heridas abiertas con muy mal aspecto, en el cuello se le miraban moretones, en la boca del estómago también se le miraban moretones, me consta que él reportó al encargado del módulo y él solicitaba diariamente que lo atendieran por parte del área médica (…)”.

La declaración ministerial del interno J. Jesús Galván:

“…lo que me consta es que Alberto Castillo Cruz solicitaba la autorización para atención médica ya que éstas nada más se nos programan dos veces a la semana, y como lo mencioné sí le vi lesiones en las muñecas, en los tobillos, en el cuello, como magulladuras de sangre, sin observar sangre por fuera, desconociendo cómo se las había ocasionado, pero a Erasmo y a mí nos platicó que unas personas se las había hecho y que éstas habían ingresado al centro y recuerdo las palabras de Alberto cuando explicaba que sus lesiones fueron en relación a que habían sido causadas por una tortura para que firmara y aceptara su responsabilidad, (…)”

Albert Castillo Cruz apuntó: “todos se dieron cuenta que fui sacado del módulo con mis cosas y regresado a la semana con huellas de tortura, y no como las autoridades dicen que no hay registro de que yo haya sido reubicado”. Incluso, da como prueba un recibo de compra de la tienda del Centro de Observación y Clasificación (COC) en esa semana en que fue torturado. También pidió el testimonio de los internos de la misma sección que lo vieron, Luis Morales Villanueva, Manolo Padierna Sánchez y Carlos García Ferrat.

El custodio que sacó de la celda a Castillo para trasladarlo al cuarto de tortura fue identificado como Emiliano Reynoso Flores. Y los custodios que lo sacaron del módulo 8 para trasladarlo al Centro de Observación y Clasificación fueron identificados como Eusebio Jiménez Evangelista y el custodio Gámez. Castillo señaló en el escrito a Derechos Humanos que el director del Cefereso en ese momento fue Francisco Javier Gómez Meza, quien permitió la tortura, y dos semanas después se lo llevaron preso presuntamente por narcotráfico.

Dos oficiales más, testigos de los hechos, presentaron una queja ante derechos humanos al Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública por la tortura a Castillo. Fueron los oficiales Salvador Moreno Chávez y Erick Hernán Cortés, quienes mostraron su disposición a dar su testimonio, pero posteriormente fueron removidos del penal, uno de ellos al Estado de Durango, sin que la familia o Castillo Cruz volviera a tener contacto con ellos.

Sin embargo, pese a los múltiples testimonios y quejas oficiales por los mismos custodios, la perito oficial en Psicología Lucía Galeana Garzón, el 3 de junio de 2011, entregó los resultados del dictamen psicológico de tortura con el número de folio 11222 realizado el 20 de mayo de 2011. Su conclusión fue:

“…Como resultado de la evaluación psicológica practicada, conforme a los lineamientos que marca el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, (Protocolo de Estambul) al señor Alberto Castillo Cruz, se determina que no presenta ninguna de las reacciones psicológicas no de las clasificaciones diagnosticadas comúnmente identificadas en víctimas sobrevivientes de tortura…”.

 

Las denuncias por tortura ignoradas por Derechos Humanos

Los familiares de Albert Castillo –su madre María Elena Cruz y su tío Luis Carrillo Bustamante– pusieron varias denuncias y quejas ante diferentes instancias judiciales y ante comisiones de derechos humanos. Sin embargo, ninguna institución mostró interés por investigar los hechos denunciados por tortura y falsedad a autoridades por parte de Isabel Miranda.

La primera denuncia fue dirigida al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, el 21 de octubre de 2010, siete días después de la segunda tortura, cuya recepción fue foliada con el número 75910. En esa denuncia, los familiares de Castillo Cruz señalaron a Isabel Miranda Torres y a su hermano Roberto como responsables directos de la detención ilegal de Albert y de haber ordenado y participado en su tortura el 12 y 14 de octubre de 2010.

Una siguiente denuncia fue presentada al titular de la SIEDO, Arturo Germán Rangel, el 16 de diciembre de 2010, en contra del MP Braulio Robles Zúñiga, quien fue identificado por Castillo como su principal torturador, y contra el agente ministerial Ignacio Silva Vázquez, con la que se abrió la averiguación previa  número 233/UEIDAPLE/LE/12/2010. En esta misma denuncia se incorporó al director del Cefereso  No. 2, Francisco Javier Gómez Meza, a Roberto Miranda y a Isabel Miranda, señalada de coordinar la sesión de tortura desde una ventana de rejas en el techo de la habitación donde lo tenían para estos propósitos.

Otra denuncia fue dirigida al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Enrique Gómez García, el 28 de octubre de 2010. En ésta se especificó a detalle la tortura, y de cuando los agentes con pasamontañas y vestidos de negro, le dijeron: “Venimos de parte de la señora María Isabel Miranda Torres”.

Castillo Cruz hizo responsables de lo que le pasara a él y a su familia al Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, a María Isabel Miranda Torres, “y todas las autoridades de este centro federal como son el director técnico Pedro Ramírez, el director de Seguridad de apellido Silva (Ignacio Silva Vázquez), los adjuntos de Seguridad y Guardia, de Seguridad y Custodia,  y a todos los integrantes de la misma…”. Incluso Castillo pidió el álbum fotográfico de los custodios para identificar por rostro a los que participaron en su tortura, según lo especifica el oficio número 1537/UEIDAPLE/12/2011 a la Procuraduría General de la República (PGR), con el que se determina el “No ejercicio de la acción penal” a los denunciados.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos remitió a la PGR, con fecha del 14 de junio de 2011, el oficio V3/36998 suscrito por Sergio Iván de la Selva Rubio, en el que afirma que en el Cefereso No. 2 “no existe antecedente de que el señor Alberto Castillo Cruz fue objeto de maltrato”.

QUEJA PRESENTADA ANTE LA COMISION  NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS062-page-006

La obsesión de Isabel Miranda por el cercenamiento de su hijo

Albert Castillo señaló que nunca había escuchado el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, ni las palabras “secuestro”, “levantar”, “casa de seguridad”, “negociación”, “950 mil dólares”, “pago” ni “rescate”. Sin embargo, Isabel Miranda lo acusó de ser parte de una “banda de secuestradores” y le puso un alias: “El médico”. También ella lo acusó de ser quien había cercenado el cuerpo de su hijo con una sierra eléctrica “Black and Decker” comprada en un WalMart después de las cuatro de la madrugada del 12 de julio de 2005.

De acuerdo a la declaración difundida por Isabel Miranda en los medios mexicanos, su hijo supuestamente fue cercenado en el baño del departamento de la inculpada Juana Hilda González. Así mismo, en el careo constitucional entre Albert Castillo Cruz y María Isabel Miranda Torres, realizado el 7 de enero de 2008, ella insiste en que su hijo fue cercenado:

“… tú sabes perfectamente bien Alberto Castillo Cruz que mi hijo no está vivo, porque tú te encargaste de cerciorarte de que estaba muerto, y más aún tú cercenaste el cuerpo de mi hijo, junto con tu hermano…”.

No obstante, se realizaron inspecciones periciales y no se encontró ningún vestigio de sangre en el baño que tiene “dimensiones tan pequeñas tal como consta en la inspección judicial…”, sitio en el que según las conclusiones absolutorias de la defensa de Castillo Cruz, no hubieran cabido los dos hermanos Castillo, el cuerpo de Hugo Alberto Wallace entonces con un peso aproximado de unos 150 kilos –según la defensa- y adicionalmente la motosierra.

Ya desde el 3 de marzo de 2006, se contaban con los resultados del peritaje de la Dirección de Biología Molecular en especialidades criminalísticas, del departamento de Genética Forense de la PGR , fojas 241 del Tomo VIII, donde se confirmó que las muestras rotuladas como restos óseos 1 y 2, no eran de origen humano.

El perito Carlos Alberto Jiménez Baltazar, adscrito a la Coordinación de Servicio Periciales fue quien determinó que “el perfil genético de los residuos que fueron recabados en la coladera del baño del departamento número 4 no eran de origen humano”.

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La acusación contra los Castillo

En la versión fabricada por Isabel Miranda Torres, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad identificó una serie de contradicciones y discrepancias que fueron obligadas a decir a los inculpados respecto al tema de la supuesta muerte de Hugo Wallace. El análisis -entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México- destacó en este apartado las discrepancias que incriminaron a los hermanos Castillo supuestamente encargados de “descuartizar” el cuerpo de Wallace y de limpiar el baño.

Entre los hallazgos de incoherencias de los activistas canadienses, se revela que los inculpados declararon que los Castillo limpiaron el baño antes y después del descuartizamiento, según las declaraciones incriminatorias de Juana Hilda González y Jacobo Tagle al dar las horas de los hechos, mientras que la sierra y los utensilios de limpieza fueron comprados supuestamente después de las 4 de la madrugada.

  1. Según la declaración incriminatoria de Jacobo Tagle, los hermanos Castillo se fueron con la sierra, después de descuartizar el cuerpo, y Juana Hilda González se quedó en el departamento, mientras él y César Freyre bajaron la maleta y las bolsas con los restos humanos.
  2. Según Juana Hilda González, los hermanos Castillo se quedaron en el departamento a limpiar, y ella junto con César Freyre y Jacobo Tagle se bajaron con las bolsas de plástico donde llevaban los restos de Hugo Wallace.
  3. Según César Freyre, él y Jacobo Tagle se bajaron con las bolsas de plásticos con los restos humanos y con la sierra, porque los hermanos Castillo ya se habían ido.

La Asociación Canadiense destacó en el análisis que hay tres versiones diferentes también respecto al cercenamiento del cuerpo que dan Juana Hilda González, César Freyre y Jacobo Tagle en su declaración bajo coacción. Incluso, César Freyre, a quien Miranda Torres acusó de ser el jefe de la banda, desconoce si la supuesta sierra para descuartizar el cuerpo de Wallace es de gasolina o eléctrica, pese a que en su incriminación dijo haberla comprado él.

De acuerdo al documento, otro hecho que se destaca es que ninguno de los inculpados supo responder qué pasó con la sierra, después del cercenamiento.  Otra contradicción resaltó al dar el color de las bolsas en que supuestamente metieron los restos de Hugo Wallace. En esta alusión, Isabel Miranda Torres también discrepó de los inculpados, y declaró a los medios que se trataba de una bolsa transparente, mientras que las declaraciones incriminatorias dijeron que eran bolsas negras.

El siguiente video fue realizado de forma humorística para evidenciar las contradicciones de las denuncias de Miranda. La fuente original es  www.mexicoporflorencecassez.wordpress.com.

Los tropiezos de Miranda en los careos constitucionales

Otra falsedad a la autoridad por parte de Isabel Miranda fue afirmar que Albert Castillo se encontraba el 12 de julio de 2005 en el departamento de los supuestos hechos. Incluso, Miranda lo señaló como la persona que había visto “a corta distancia” en el departamento de Perugino  y que la estuvo observando.

“… el 12 de julio de 2005 era imposible que yo conociera el nombre de mi careado, pero con posterioridad me enteré que su nombre es Alberto Castillo Cruz, su presencia concuerda plenamente con lo declarado por Juana Hilda González Lomelí, el día 8 de febrero de 2006, cuando se refiere que tanto Tony como Alberto Castillo Cruz, se quedaron más tiempo en el departamento después de que salieron Brenda, Jacobo y César Freyre con el cuerpo de mi hijo ya cercenado por Alberto Castillo Cruz”.

Albert Castillo preguntó a Miranda en ese mismo careo constitucional por qué no llamó a las autoridades para que lo detuvieran ese 12 de julio de 2005, fecha en que supuestamente lo vio como sospechoso en el lugar de los hechos. Sin embargo, Miranda no dio respuesta específica y de acuerdo a la minuta del careo ratificó su declaración de que Castillo era la persona que había cercenado el cuerpo de su hijo y que las autoridades habían fallado en su identificación.

“…quiero afirmar sin lugar a equivocarme que Alberto Castillo Cruz, es la misma persona que estuvo en Perugino número seis el día 12 de julio de 2005, ya que lo tuve a una distancia muy corta, y no hay duda de ello, y que por supuesto que pedí que interrogaran a todas las personas que se encontraban dentro del edificio antes mencionado, pero de manera negligente, la autoridad, en este caso la Procuraduría del Distrito Federal, no lo hizo”.

La defensa de los Castillo Cruz acreditó que cuatro personas estuvieron con Albert Castillo el 11 de julio de 2005, entre las 9 y las 10 de la noche. Todos pertenecientes a un comité de rescate de unidades habitacionales promovido por la Procuraduría Social del Distrito Federal. Esa noche firmaron documentos y las hojas de los cheques para las personas que hacían las reparaciones del edificio donde vivían. Las personas dieron sus testimonios. En el caso de su hermano Tony, la defensa acreditó que estuvo en la fiesta de cumpleaños de su novia y que terminó a la cinco de la madrugada del 12 de julio. Los testigos se presentaron a declarar y confirmaron haber estado con él; sin embargo, el juez 4o de Distrito de Procesos Penales Federales dictó sentencia de ‘culpables’ el 28 de octubre de 2011.

La voz de la madre de los hermanos Castillo

Escuchar a María Elena Cruz en entrevista con Los Ángeles Press.

La madre de los hermanos Castillo, María Elena Cruz, en entrevista exclusiva a Los Ángeles Press, narró el sufrimiento que han padecido por “la fabricación del caso Wallace”. Así mismo, especificó que su hijo Albert no tiene ninguna formación profesional en medicina y que Miranda “probablemente” había deducido que era médico, porque trabajaba en el Hospital Juárez de México, y necesitaba una coartada para sostener la mentira del desmembramiento del cuerpo. A Tony Castillo, Isabel Miranda le puso el alias “El Panqué”, basada en su complexión robusta. Al igual que el resto de los inculpados, puso la fotografía de Albert Castillo y de su hermano Tony, en un espectacular montado por su empresa Show Case, SA de CV con la palabra “secuestrador” antes de ser investigados judicialmente y sentenciados.

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Esta imagen fue publicada en el libro El Caso Wallace, de Martín Moreno, sin cubrir el rostro del menor, y presentando a sus padres como delincuentes.

Cómo Miranda fabricó “la banda de secuestradores”

 La acusación de Isabel Miranda Torres contra los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, y contra cinco personas más, fue hecha a raíz de una fotografía encontrada en el departamento de la también inculpada Juana Hilda González, en Perugino No. 6, de Insurgentes Extremadura del Distrito Federal. En la foto se encuentran Jacobo Tagle, Brenda Quevedo, Juana Hilda González, César Freyre, Albert y Tony Castillo, Paola Patricia Díaz Romero y Jael Malangón Uscanga con su hijo de cuatro años de edad, tomada en Chalma, Estado de México, en un paseo que habían hecho en grupo meses atrás.

Los inculpados en la fotografía señalados con letras, fueron identificados por Juana Hilda González después de ser torturada y humillada sexualmente por los ministerios públicos Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz, según su declaración ministerial y de acuerdo a los diferentes careos constitucionales con los inculpados.

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El patrón de hostilidad de Isabel Miranda contra sus víctimas

En la declaración ministerial y en las denuncias de Albert Castillo Cruz hace referencia a situaciones que coinciden en las declaraciones de los otros inculpados torturados, específicamente en los casos de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle y César Freyre. Las denuncias coinciden sin que haya habido contacto entre ellos, a lo largo de varios años que los han mantenido recluidos en diferentes penales de alta seguridad:

  • Isabel Miranda participó directamente en la detención ilegal de los inculpados.
  • Todos los inculpados fueron torturados, excepto Tony Castillo quien fue recluido en Matamoros, Tamaulipas, un penal que no ha sido visitado por Isabel Miranda.
  • Los torturadores dijeron hacer su trabajo a nombre “de la señora María Isabel Miranda Torres”.
  • La tortura tenía el propósito de que se declararan culpables del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.
  • Isabel Miranda Torres presenció la tortura de todos los inculpados, excepto en el caso de Brenda Quevedo Cruz.
  • El principal operador de la tortura fue en todos los casos el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga.
  • Isabel Miranda Torres amenazó de muerte a todos los inculpados y a sus familiares.
  • Isabel Miranda Torres acusó de falsos delitos a familiares y defensa de los inculpados y tuvo éxito en el caso de la madre y la hermana de César Freyre, quienes estuvieron en la cárcel durante año y medio; y en el caso de la abogada defensora de Brenda Quevedo Cruz, quien estuvo durante tres meses arraigada. Las tres salieron exoneradas de cargos.
  • Isabel Miranda Torres obligaba a los inculpados a pedirle perdón. Sólo en el caso de Juana Hilda González lo logró con las amenazas contra su madre y su hija menor de edad.
  • Isabel Miranda Torres condujo la grabación en las autoincriminaciones de tres inculpados después de sus torturas, la de Juana Hilda González, la de César Freyre y la de Jacobo Tagle. Los demás inculpados, pese a las torturas, no se han incriminado.

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre (primera parte)

Fuente: Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizarraga

El 31 de mayo 2014

LOS ÁNGELES, California.- A nueve años del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hay cada vez más evidencias de rastros de vida, de acuerdo a las investigaciones de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, con sede en Montreal. El caso Wallace, como se ha difundido en México desde el 11 de julio de 2005, ha mantenido a seis personas encarceladas por años, auto-incriminadas bajo tortura. La madre de la presunta víctima, Isabel Miranda de Wallace, quien ha logrado notoriedad política y poder económico a raíz de este caso, ha sido también acusada de delitos como perjurio, corrupción a funcionarios públicos para obtener y manipular pruebas, amenazas de muerte a inculpados y familiares y amigos de éstos, y pesa sobre ella la acusación de ser la responsable de haber mandado torturar a los seis inculpados dentro de los penales.

El presidente de la asociación, David Bertet, dio a Los Ángeles Press copia de documentos oficiales a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres como evidencias de que Hugo Alberto Wallace Miranda está vivo y mantiene una doble identidad, igual que su madre. Se trata de documentos oficiales expedidos en años posteriores a la fecha del supuesto homicidio, así como un puntilloso análisis comparativo, de 29 páginas, sobre las declaraciones auto incriminatorias bajo tortura, con las cuales sentenciaron a los inculpados. El documento además presenta las inconsistencias lógicas en las evidencias que ha presentado Isabel Miranda de Wallace a lo largo del proceso judicial, hasta obtener un acta de defunción, pese a no haber cuerpo de la supuesta víctima, en la que las causas de la muerte se dedujeron de una autopsia ficticia firmada por la médico forense Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, con cédula 1878723. La expedición del acta de defunción fue ordenada del  expediente 879/13 con el número 130223472, por la juez Décima primera del Juzgado de lo familiar, Silvia Araceli García Lara, mientras que la juez 18 del Registro Civil del Distrito Federal, Marsella Lizeth de la Torre Martínez, dio fe y selló el documento dándole legalidad a la copia fotostática reproducida del original.

Acta Defuncion HAW (1)

El 12 de mayo de 2014 se expidió también un acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969, en el Distrito Federal, y registrado el 15 de enero de 1970. El padre biológico aparece en el documento como Jacinto Miranda Jaimez, un militar actualmente retirado con residencia en Baja California y quien no reconoció el secuestro de su hijo, sino sólo su “desaparición”. La madre, Isabel Torres Romero, seis años después del nacimiento de su hijo Hugo Alberto, y en nuevas nupcias, volvió a registrarlo con el apellido de su segundo cónyuge: Wallace. Sin embargo, Isabel decidió quedarse con el apellido de su primer esposo: Miranda. Y así, la segunda identidad de su hijo se configuró con los apellidos Wallace Miranda, y la de ella, Miranda de Wallace. Una tercera modificación de su nombre en documentos oficiales es el de María Isabel Miranda Torres, los mismos apellidos de su hijo con los que lo registró su padre biológico.

 

ACTA HUGO ALBERTO MIRANDA TORRES (1)

Acta de nacimiento como Hugo Alberto Wallace Miranda

Otro documento que llamó la atención de los activistas franco-canadienses, fue la inscripción de Hugo Alberto Miranda Torres en la Cédula Única del Registro de Población (CURP) el 24 de febrero de 2010. Un documento que sólo el interesado puede obtener en ese país y el cual se obtuvo con el acta de nacimiento como documento probatorio.

ACTA HUGO ALBERTO MIRANDA TORRES (2)

David Bertet señaló que se han observado los pasos de Isabel Miranda de Wallace desde que la asociación participó en la defensa de Florence Cassez, y ahora representa la defensa de los derechos humanos de algunos inculpados en el caso Wallace, en el que destaca el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva ocho años presa y ha sido torturada dos veces en los penales “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, Estado de México, y en Islas Marías, Nayarit, al que fue trasladada de manera ilegal, ya que en este penal sólo envían a sentenciados de alta peligrosidad, y a Quevedo Cruz aún no se le da sentencia.

“Por un caso de supuesto secuestro que de hecho nunca sucedió”, dijo Bertet a Los Ángeles Press. “Isabel Miranda de Wallace escogió a algunos amigos de Hugo para culparlos por la supuesta desaparición de su hijo. Jacobo Tagle era amigo de Hugo, y César Freyre por lo menos lo conocía”, afirma el activista desde Canadá, sede de la organización no gubernamental investigadora de casos de presos inocentes en México.

El documento del análisis sobre el caso Wallace fue enviado por la organización a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la causa penal 35/2006-II contra Brenda Quevedo Cruz, después de que la defensa presentara las evidencias ante el Juzgado Décimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales, el 14 de mayo, fecha en que se cerraba el plazo para presentar pruebas en su defensa.  En este documento se muestran las inconsistencias en las seis supuestas evidencias presentadas por Isabel Miranda de Wallace, quien “pretende establecer legalmente como un hecho incuestionable la muerte de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda”. Y se analizan minuciosamente las declaraciones con las que se incriminan bajo tortura a los inculpados Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales.

La imagen siguiente contiene la lista de las evidencias que da Isabel Miranda de Wallace para sostener el “incuestionabilidad” del homicidio de su hijo.

evidenciaswallace

Respecto a los puntos “a” y “b” señaladas por Miranda de Wallace como evidencias, la organización canadiense demostró que el cabello y la licencia de conducir vencida, ambos elementos pertenecientes a Hugo Alberto Wallace Miranda, fueron encontrados en el departamento de Juana Hilda Lomelí (lugar del supuesto homicidio) siete meses después de la fecha en que presuntamente se asesinaría a Wallace con golpes mortales y al que se le desmembraría su cuerpo con una sierra eléctrica, según las propias declaraciones de la madre. El cateo del departamento se hizo a principios de febrero de 2006, pero el departamento ya había sido alquilado por otra persona que respondió al nombre de Rodrigo Oswaldo de Alba, desde el primero de octubre de 2005.

También se demostró que el departamento donde tuvo lugar el supuesto homicidio, ubicado en Avenida Perugino Número 6, no estuvo vigilado durante las dos semanas siguientes. Esto fue entre el 12 y el 26 de julio de 2005, fecha en que ingresaron los agentes federales investigadores, quienes además dejaron la puerta abierta sin ninguna restricción ni advertencia, pese a que allí habría tenido lugar la escena del crimen. Este hecho fue corroborado según la declaración en la secuela procesal de la administradora del edificio, Jaqueline Isabel Galván López, el 25 de mayo de 2006, quien constató que después de siete meses de los supuestos hechos el agente del Ministerio Público, Braulio Robles Zúñiga, –persona de confianza de Isabel Miranda, de acuerdo a su propia declaración– tomó la decisión de poner un sello en la puerta del departamento.

Isabel Miranda precisó detalles del supuesto crimen en ese inmueble, como el que su hijo había sido cercenado por una sierra eléctrica, comprada de madrugada en el Wal Mart de Toreo, y presentó como evidencia la hipótesis pericial en criminalística de campo que sostenía que “sí habría sido posible la mecánica del cercenamiento del cuerpo en el baño del inmueble”, inciso “d” en la imagen. Una fuente confidencial quien fue entrevistada por Los Ángeles Press, destacó, sin embargo, la rotunda negativa de Isabel Miranda para abrir la tubería del baño y constatar pericialmente la existencia de restos de sangre y grasa correspondientes a su hijo, tal como ella lo había sostenido.

El entrevistado recapituló la teoría de la señora Wallace: “Supuestamente César Freyre era el jefe de la banda, y contrató a los hermanos Castillo para cortar el cadáver con la sierra eléctrica. Ya llegaron los hermanos Castillo y cortaron el cadáver, entonces ¿dónde quedó toda la sangre, los huesos, la grasa, si en el baño de Perugino no encontraron más que unas gotas de sangre?”, enfatizó.

“El siguiente punto –continúa el entrevistado– es que si cortaron el cadáver los hermanos Castillo, ¿cómo es que le dejan el cadáver cortado a César Freyre (supuesto jefe de la banda) para que él lo empaque, lo suba al carro y él mismo se lo lleve? Si los Castillo son un par de carniceros, el jefe espera que ellos lo empaquen y lo suban al carro. Sería absurdo que ellos no hubieran hecho el trabajo completo si fueron contratados para eso”.

El lugar de los hechos, rentado después del supuesto crimen

En el análisis de la organización canadiense, por su parte, también se destacó que los nuevos inquilinos del departamento en cuestión, Rodrigo Oswaldo de Alba Martínez y su esposa, desaparecieron repentinamente después de que los agentes de la SIEDO realizaron el cateo en febrero de 2006. Para ello, De Alba hizo una llamada telefónica a la administradora del edificio para informarle que dejaría el inmueble, pero que no podía entregar en persona las llaves del lugar, según la declaración de la administradora, tomada tres meses después del cateo.

Al respecto, el presidente de la organización, David Bertet, enfatizó en el análisis “que resulta, por lo menos, no solamente extraño sino también violatorio de la cadena de custodia que se haya permitido la renta del inmueble por espacio de cuatro meses a otra persona después de que el departamento estuvo abierto por espacio de dos semanas”.

Otros puntos relevantes observados en el análisis de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, es lo inverosímil que resulta haber encontrado un solo cabello presuntamente perteneciente a Hugo Alberto Wallace, “considerando que él habría luchado y recibido golpes durante el secuestro”, se señala en el documento. También cita la declaración de la administradora del edificio quien afirmó además que la alfombra del departamento donde supuestamente sucedió el crimen, no se cambió hasta siete meses después.

Dos notas de rescate idénticas

Hay otra serie de contradicciones en el caso Wallace que son evidentes para las autoridades, según la fuente confidencial, y que sin embargo no se ha actuado al respecto. El entrevistado comentó que las declaraciones del secuestro en la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal (PGJDF) contradicen las declaraciones de la Procuraduría General de la República (PGR).  Y menciona que hay dos notas de rescate idénticas, una en el expediente de la PGJDF y otra en el expediente de la PGR. Ello lo constató el Ministerio Público de la PGJDF, Víctor Palemón, quien al revisar el expediente de la PGR, encontró la misma nota original que había entregado Isabel Miranda de Wallace a la institución como supuesta evidencia. “El Ministerio Público se preguntó: ¿cómo es posible que haya dos notas de rescate idénticas, una en cada institución?”, apunta.

La fuente también señaló que la fotografía donde aparece Hugo Alberto Wallace, desnudo del torso, maniatado y vendado de los ojos, que circuló en las instituciones como evidencia de que ya estaba muerto, fue estudiada por un médico forense de la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal. “Si esta persona estuviera muerta, el cuello tuviera rigidez, y el cuello está suelto. Podrá estar drogado, podrá estar desmayado, pero está vivo”, dijo el forense al informante.

La foto de Hugo Alberto Wallace Miranda en el que se presenta como muerto. Foto: cortesía

Isabel Miranda miente a la Corte

Isabel Miranda de Wallace cometió perjurio contra la Corte de Chicago, cuando fue llamada como denunciante en el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien enfrentaba el juicio de deportación mientras se refugiaba en Estados Unidos. Miranda de Wallace mintió bajo juramento sobre los antecedentes penales de su hijo.

Quevedo fue entregada al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Chicago el 10 de marzo de 2008, en cumplimiento de una orden de arresto emitida el 5 de marzo de 2008, en respuesta a la denuncia de detención preventiva con miras a la extradición.

Durante el juicio, se pidieron actas de no antecedentes penales, tanto de Quevedo como de Hugo Alberto Wallace Miranda. La madre de Wallace afirmó a la corte que su hijo no tenía antecedentes penales y presentó un acta expedida por el Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, su hijo había sido procesado en 2001 por contrabando, aunque hay testimonios ante juzgados y medios de comunicación en México que traficaba con drogas y que la ficha signaléctica que evidencia sus antecedentes delictivos fue alterada con la palabra “contrabando”.

Ficha signaléctica de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Testimonio de la novia de Hugo

Vanesa Bárcenas Díaz, quien fue novia de Hugo Alberto Wallace, dio su testimonio el 15 de noviembre del 2005, ante el Ministerio Público. En éste explicó cómo inició la relación de noviazgo con Wallace, su embarazo no concluido, la casa donde vivía Wallace, (en contradicción con lo dicho por Isabel Miranda, quien había declarado que su hijo vivía con ella en el momento de los hechos), y las confesiones que le hizo Hugo de que lo buscaban por narcotráfico.

“Quiero dejar asentado, que cuando era novia de Hugo Alberto, éste me comentó que en alguna ocasión había sufrido un intento de secuestro, sin darme más detalles. Sólo me recomendó que me cuidara porque a través de mí lo podrían dañar, inclusive fue por ese motivo que se compró la camioneta Cheroki blindada. También me comentó que en alguna ocasión lo buscaban para detenerlo por narcotráfico, aduciendo que era debido a una ropa que le enviaban, sin saber de dónde, y que las personas que le mandaban la ropa algo habían hecho, y Hugo Alberto me comentó que eso era como narcotráfico, y que por ese motivo estuvo huyendo por varios estados del país. No me dio más detalles de esto, ni yo se los pregunté, pero me dijo que ya se había retirado de todo eso y que lo había hecho por mí.”

Periodico El Grafico 2 jun 06.

Bárcenas Díaz también reconoció la voz de Hugo Alberto en un mensaje grabado en un celular en noviembre de 2005, cuatro meses después de su supuesto asesinato.

“Durante la presente diligencia escuché el contenido de un casete, en el que se oye la voz de una persona del sexo masculino que dice «Qué onda, mira ando hasta la madre guey, ya sé que te fallé, pero me vale verga, qué…, aquí puto, qué onda guey, mírame aquí pisteando guey, me vale verga, sabes qué guey, sabes quién me jugó…», palabras que son como si esta persona estuviera hablando con otra, porque inclusive se escucha que espera a que le contesten, pero la voz del interlocutor no se escucha; por lo que después de escuchar, en repetidas ocasiones y detenidamente esa conversación, manifiesto que reconozco plenamente y sin temor a equivocarme la voz de la persona como la voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, ya que durante el tiempo que duró la relación lo escuché muchas veces hablar cuando se emborrachaba y él utilizaba esas palabras. Además es su tono de voz y puedo asegurar que es la voz de él; además Hugo Alberto Wallace Miranda acostumbraba hablar por dos teléfonos a la vez; acostumbra a traer consigo dos teléfonos celulares…”.

La tortura a nombre de Isabel Miranda de Wallace

“El gobierno de Peña Nieto y la PGR ya saben de las torturas a los inculpados por parte de Wallace, y de todos modos no pasa nada porque el secretario de Gobernación tiene coba”, dijo a Los Ángeles Press la fuente confidencial.

También Brenda Quevedo Cruz fue explícita y firme en señalar que sus torturadores iban de parte de Isabel Miranda, entre éstos, reconoció por su voz y silueta a Oswaldo Jiménez Juárez, Ministerio Público investigador. También Jacobo Tagle lo identificó como su torturador por su voz y lo señaló ante el juez en una de las audiencias.

La Asociación Canadiense sobre el Derecho y la Verdad, por su parte, ha logrado identificar una serie de contradicciones y discrepancias entre las versiones de los inculpados con las que se incriminan a sí mismos. Incluso, la supuesta confesión de Jacobo Tagle Dobín en video tiene una gran cantidad de cortes de edición que pone en entredicho la veracidad del material.

En el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien fue torturada dos veces y violada, porque no ha aceptado incriminarse, se muestra como evidencia el Protocolo de Estambul presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El documento de once páginas fue elaborado con la declaración de una médica cirujana con especialidad en Psiquiatría, y certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, AC, de quien nos reservamos su nombre por seguridad.

Prot. Estambul Brenda  (1)

Respecto a las evaluaciones psiquiátricas a Quevedo  Cruz, la profesional señaló que Brenda “estuvo expuesta a un evento traumático en donde experimentó eventos que implicaban amenazas de muerte, o un amenaza hacia la integridad física de ella o de otros”.

La agraviada refirió que sintió que iba a morir cuando le pusieron la bolsa de plástico en la cabeza y le echaron agua en la cara. Así mismo, sintió que su familia estaba en grave peligro. Manifestó que su respuesta fue de terror, así como de desolación y desamparo absolutos.

A lo largo de la declaración, se aborda cada uno de los síntomas de desequilibrio emocional a razón de la tortura a Brenda Quevedo y de cómo asocia su entorno con el dolor físico y emocional ante los estímulos de su memoria.

Al final del documento analítico sobre el caso Wallace, la organización canadiense recomendó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atraer el caso de Brenda Quevedo Cruz “por la necesidad absoluta de delimitar el rol y el alcance de figuras públicas como Isabel Miranda de Wallace”, a quien se le identificó como acusadora pública, “lo que representa un peligro mayor para el sistema de impartición de justicia en México”.

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Respuesta a Martin Moreno, autor del libro “el Caso Wallace”

Wallace Moreno

 

Dentro de nuestro équipo, me toco estudiar el libro de Martin Moreno titulado “El Caso Wallace”.

libro martin

Estudiar, analizar con ojo crítico, casi científico, y no solamente leer pasivamente como si se tratara de algún texto sagrado. Para ver si encontraba en el algo que acreditara la historia tan mediatizada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace. El libro se presenta como el relato periodístico de la epopeya de Isabel Miranda de Wallace, una mujer dolida en busca de justicia, persiguiendo sin cansancio a los secuestradores de su hijo Hugo Alberto. En apariencia lo es. En apariencia solamente.

En realidad, el estilo tiene muy poco que ver con un trabajo de investigación periodística. La “obra” de Moreno parece, de hecho, un homenaje a la leyenda viva que sería Isabel Miranda. Un personaje que el autor, con su manera romanesca de contar los “hechos”, al estilo de una telenovela, la describe como una superhéroe dotada de súper poderes, como el don de ubicuidad, una capacidad súper humana de recuperación… es más, el libro de Moreno va más allá del simple homenaje al personaje de la Santa Madre con su destino divino (es destacable que Isabel, en sus entrevistas o en numerosas páginas del libro, se alaba de tener una relación bastante estrecha con Dios, privilegio de los místicos y de los esquizofrénicos…) y su increíble capacidad para sufrir y transcender a su dolor: el libro construye el mito, que existe a raíz de él. Tal como si, sin Biblia ni nuevo testamento, no hubiera religión cristiana; sin el Corán, no hubiera islam, podemos afirmar que sin la pluma de Martin Moreno, el caso Wallace no sería más que un chiste. La conversión al escrito de ese cuento que es el caso Wallace, lo convirtió de anécdota a mito, a relato sagrado del peregrinaje de una “humilde” persona, de profesión maestra y directora de escuela primaria, a quien Dios eligió para que cumpliera con su misión, para que a través de ella se realizara la obra divina en la tierra.

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p. 123: “Desde las primeras horas de su calvario…”

p. 53 “La suerte estuvo de su lado.”

p. 58 “La buena fortuna continuaba del lado de Isabel

p. 91: “La ruleta de la vida le ha dado vuelta a su (Freyre) destino y sin importar que caiga en rojos o negros, la pelotita de la suerte, movida por la mano del Diablo, siempre apuntara al número de la desgracia ajena. Así ha vivido. Corazón malvado, alma sin color”

p. 107: “Empujada por la mano del destino, bajo del taxi (…).”

p. 130: “Para fortuna de Isabel, al arranque del sexenio de Calderon, ya estaba José Luis Santiago Vasconcelos como subprocurador jurídico de la PGR. “Dios me lo puso ahí”, suele decir (…).”

p. 144: ““Estoy viva de milagro”, me comento esa noche, aun asustada por el atentado contra su vida.”

No solamente representante (autoproclamada) de la sociedad civil, sino también verdadera “madre universal”, el libro de Moreno fabrica el mito de Wallace, a través de quien Dios habla y se concretiza el bien. Aunque, sin mal no hay bien, por lo que el libro de Moreno tiene que pintar a la vez, a los enemigos naturales del bien o de quien lo representa, a los verdugos del hijo Hugo Cristo, enemigos gracias a los que se realiza la naturaleza súper humana de Isabel Miranda de Wallace, superhéroe de la lucha contra la impunidad y la injusticia, al menos durante el sexenio de Felipe Calderón.

El rol mínimo que desempeñó Martin Moreno en este asunto, seria él de fiel transcriptor de la versión de los hechos tal como los cuenta Wallace. Inspirado por el Espíritu Santo, Martin cuenta la historia como si el lector la viviera a través de los ojos de Isabel, como si la viviéramos en el mismo cuerpo[1].  La otra opción sería que, más allá de haberle dado forma escrita a la historia de Isabel, la hubiera fabricado junto con ella. Martin Moreno se convertiría en el coautor del caso Wallace. Para nada improbable.

Por lo que me da risa y a la vez me escandaliza la proclamación del derecho a la libre expresión y a la difusión transparente de información que invoca Martin en su artículo más reciente, publicado en la muy objetiva revista Excélsior.

“(…) hay un embate contra periodistas que revelamos detalles de secuestros —en este caso el de Hugo Alberto Wallace— con el propósito de no transparentar los hechos, atentando no sólo contra la libertad de expresión, sino lo más grave: el intento de censura contra el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre.”

Bajo el pretexto de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a la verdad, Martin Moreno falseó a sabiendas los hechos, con vistas a que las personas que Isabel Miranda de Wallace acusó del secuestro y asesinato de su hijo estén pintadas, descritas, como culpables.

Martin Moreno además generaliza (al decir “contra periodistas”) lo que existe en contra de un solo periodista: el mismo. Existe una demanda en contra de Martin Moreno y no contra los periodistas en general, aunque si es cierto que muchos presuntos “periodistas” se dedicaron a corroborar sin ninguna prueba, ni verificación, la versión que Wallace dio de los hechos. Sin embargo, la demanda de la que se trata, se interpuso en contra de Martin Moreno específicamente.

Efectivamente, uno de los personajes de la novela “El Caso Wallace”, protagonista contra su voluntad, es Brenda Quevedo Cruz, a la que Martin llama la “Conejita dealer”, acusándola de vender tachas y perico vestida de coneja sexy en los antros del DF. Nosotros empezamos a defender a Brenda poco antes de que ocurriera la liberación de Florence Cassez, aunque estamos enterados sobre el caso Wallace y sobre quién es Isabel Miranda de Wallace desde mucho antes. Pues bien, Brenda desde el reclusorio de Tepic y por medio de su madre, interpuso una demanda contra el autor del libro por difamación en su contra y violación al principio de presunción de inocencia. Martin Moreno – visiblemente incómodo – acaba de subir a la barricada para defenderse contra las acusaciones de la persona a la que él mismo acuso de formar parte de la banda de delincuentes sin nombre, la que supuestamente secuestró, mató y descuartizó al corpulento jugador de futbol Hugo Wallace en una tasa de baño tan pequeña que no entra ni una persona de tamaño digamos… regular.

Empecemos con el apodo de “Conejita dealer” que usa Martin en su libro para dirigirse a Brenda. ¿En qué elementos se basa Martin para comprobar (o hacernos creer) que realmente Brenda se dedicaba a la venta de droga? Pues se basa en una foto de Halloween tomada mientras Brenda, perseguida por Isabel Miranda y su equipo, había encontrado refugio en Estados Unidos. En esa foto, Brenda aparece vestida de conejita, en medio de un grupo de amigos y colegas todos disfrazados. Ahí está la primera prueba. Brenda vendía droga vestida de conejita.

Foto Brenda Conejita Dealer

La otra prueba que invoca el escritor es una declaración de otra acusada en el caso: Juana Hilda Lomeli. El problema es que esa declaración fue obtenida bajo tortura. (Declaracion Preparatoria de J. Hilda 8 abril 2006 Declaracion Preparatoria de J. Hilda 8 abril 2006)

Finalmente, a pesar de reconocer haber usado el apodo de “conejita dealer” para calificar a Brenda, Martin Moreno se quita a si mismo toda responsabilidad de ello. No tendría la culpa simplemente por el hecho de que no le incumbe la paternidad del apodo.

Escribe:

“Vale aclarar que el mote de La conejita dealer no fue acuñado por este periodista. Lo retomé de un periódico capitalino que presentó una nota del reportero Carlos Jiménez, bajo la cabeza de “Brenda distribuía droga”, y como subtítulo de una fotografía en la que se aprecia a Quevedo Cruz disfrazada de “conejita” (incluida en el libro)”

En pocas palabras: Yo, Martin Moreno, no soy quién inventó el insulto, por lo que no soy culpable de usarlo (así como un asesino podría decir: no soy culpable de haber matado a fulano, porque no soy quién fabricó el arma que usé para dispararle. Y la comparación tiene sentido: las palabras son armas a veces más terribles y pueden hacer más daño que armas de fuego). Yo, Martin, no soy culpable de describir a Brenda Quevedo Cruz como una prostituta, una mujer de mala vida que se dedica a seducir hombres, a vender droga y a secuestrar, a pesar de no tener otro elemento para sustentar mis acusaciones que una foto de Halloween y una declaración ya preparada por Isabel Miranda de Wallace y firmada bajo tortura.

Voluntariamente, dejamos a un lado la protesta que formuló Martin, que la demanda en su contra no es legítima porque hay prescripción.

Opuse ante la demanda la “excepción de prescripción en virtud de haber transcurrido más de (2) años contados a partir de la conducta que la parte actora tilda de ilícita, esto es, la publicación de El caso Wallace”.

Me imagino que si el juez tomo el tiempo de convocarlo y la parte acusadora en audiencia, es porque dicha “excepción de prescripción” invocada por nuestro escritor, no tiene tanta validez.

El punto importante es éste: Martin Moreno niega rotundamente haber cometido algún acto reprensible. Afirma que no violó la presunción de inocencia de nadie (en este caso de Brenda). El argumento que invoca no consiste en que nunca se haya pronunciado sobre la culpabilidad o la inocencia de Brenda. Lo ha hecho y lo vuelve a hacer en su artículo. No… el argumento es básico: no violo la presunción de inocencia porqué uno tiene que ser la autoridad competente (jurídica) para respetar o violar dicho derecho. Entonces, la obligación de respetar la presunción de inocencia incumbe a personas que trabajan de leyes y a los demás no… el derecho de reserva de cualquier periodista objetivo cae en el olvido. Escribe:

“En la demanda se me acusa de violar “el principio de inocencia” de Brenda. Mi respuesta legal: “Es falso… toda vez que el mismo es un derecho procesal de carácter penal y no soy autoridad ni tengo facultades rectoras del proceso.”

¿A poco el hecho de no ser juez, o magistrado, o alguna profesión de ese tipo, nos da el derecho de decir todo lo que se nos antoja? Nos da el derecho de manchar la reputación de quién sea.

A ver que dice la constitución:

El artículo 6 de la Constitución política de los Estados Mexicanos dice:

LA MANIFESTACION DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LOS DERECHOS DE TERCERO, PROVOQUE ALGUN DELITO…

Lo que quiere decir que nuestra constitución garantiza la libertad de expresión (la sagrada libertad de expresión bajo la que busca protección Martin) con tal de que no se perjudique a nadie. En el caso concreto del libro de Martin Moreno, dedicado a darle credibilidad a la historia creada por Isabel Miranda de Wallace, la publicación de fotos (hasta la foto de un menor de edad, el hijo de Jael Uscanga) adjunta a la mención repetitiva de que los acusados por esta señora son precisamente los verdugos del desaparecido Hugo Wallace, sin ninguna duda posible (ya que Isabel Miranda de Wallace no duda, más bien la verdad divina le habla a través de su intuición) viola la imagen y la reputación de los que aparecen en estas fotos, así como va en contra de la presunción de inocencia al presentarlos como secuestradores.
En esto reside el daño. La presentación ante los medios de comunicación, por medio de los famosos espectaculares propiedad de Hugo Wallace y de su madre, de los rostros de unos “delincuentes” sin que ellos hayan sido juzgados o sea declarados culpables. Lo mas significativo es que entre el caso Cassez (montaje de una detención que nunca sucedió en realidad en las circunstancias en las que vimos en la televisión) y el caso Wallace (acusaciones directas en contra de personas que fueron declaradas culpables sin que nunca se haya comprobado el secuestro de Hugo Wallace y mucho menos su muerte), hay una similitud, el mismo modus operandi: una violación sistemática a la presunción de inocencia, un efecto corruptor sobre el proceso judicial, un daño irreparable a la imagen, a la integridad moral de la persona a la que se acusa, cuando no hay ninguna prueba pericial que permita hacer pensar que estas personas hayan cometido algún ilícito. En el caso de Florence, el 9 de diciembre, tenía en su contra el testimonio de Ezequiel, un tipo torturado por la Policía Federal de quien se supo después que era hijo de secuestrador. Un tipo mentiroso y aleccionado. Nada más. En el caso de Brenda, se trata de una declaración incriminatoria de Juana Hilda, declaración ilegal, ya que fue tomada bajo tortura y amenazas. Misma declaración que Juana Hilda, una vez a salvo, invalidó y se negó a firmar.
Aquí ponemos los extractos de la declaración bajo tortura de Juana Hilda en la que acusa a Brenda, así como de la declaración siguiente en la que se retracta y explica los motivos para hacerlo.

Un daño irreparable, un daño que el libro de Moreno agravió, un daño, una ofensa repetida que la Asamblea legislativa del DF considera como un delito.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, IV LEGISLATURA

(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de mayo de 2006)

Artículo 4.- Se reconoce el derecho a la información y las libertades de expresión e información

como base de la democracia instaurada en el sistema de vida fundado en el constante

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo que tiene como presupuesto fundamental la

defensa de los derechos de personalidad de los mexicanos.

Artículo 5.- El derecho a la vida privada, al honor y la propia imagen serán protegidos civilmente

frente a todo daño que se les pudiere causar derivado de acto ilícito, de acuerdo con lo establecido

en la presente ley.

 

Artículo 6.- Los derechos de la personalidad corresponden a las personas físicas y son

inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables.

La persona moral también goza de estos derechos, en lo que sea compatible con la naturaleza

jurídica de ésta.

Martin Moreno no parece tener consciencia de que cualquier derecho viene con un deber. En este caso, la libertad de expresión conlleva la obligación de decir la verdad y de no dañar a nadie.

Vilipendia la “estrategia desesperada y hasta tramposa (llevada por) la defensa de Brenda Quevedo Cruz” que consiste en “recurr(ir) a demandas legales contra periodistas y a versiones que al parecer buscan presentar a Brenda como la “Florece Cassez mexicana”, ante su futuro inevitable: la sentencia penal.”

Siempre me fascina la mala fe con la que lobos como Wallace, Moreno y Maria Elena Morera se apoderaron del estatus de víctimas y se vuelven a reivindicar victimas cuando más les convenga. Esos retoños de la administración calderonista, esos activistas infiltrados al mando del poder, han sido los lobos, los atacantes buscando legitimidad en sus acciones (acciones ilegales como la publicación de espectaculares en violación a la presunción de inocencia en el caso de Wallace)  presentándose como víctimas. En su artículo, Moreno se afilia a la estrategia de su comadre y mentora Isabel, y trata a su vez de presentarse como víctima: ¡víctima de una estrategia de defensa!

Los intocables de ayer se están dando cuenta que su tiempo se va acabando. Y temen. La “estrategia desesperada y tramposa” de la que habla Moreno no es tanto la demanda legitima de la familia Cruz por daño moral (y, podríamos agregar, enriquecimiento amoral) a Moreno y su editor, sino la suya: Moreno intenta usar nuevamente la vieja estrategia de la incitación al odio y a la locura contra individuos, manipulando nuestro deseo legítimo de seguridad y nuestra aversión natural al secuestro y al sufrimiento. En realidad, una realidad totalmente ajena a la versión de los hechos que narra en su libro, no hay ninguna prueba en contra de Brenda Quevedo Cruz – tampoco contra los otros acusados -,no hay ninguna prueba de que Hugo Wallace esté muerto (al contrario…). En su contra, Brenda tiene la voluntad tenaz de una mujer que persigue hasta el cansancio a quien se atreve a demostrarle que la teoría del secuestro de su hijo no es verosímil y que probablemente su hijo sigue vivo. Una mujer que no duda en considerarse más allá de las leyes y de la máxima autoridad judicial. Una mujer que violó la constitución al “hacerse justicia por su propia mano” cuando lo prohíbe el artículo 15 de la constitución. Una mujer sin embargo cada vez más sola y que ya no respalda la administración corrupta de Calderón con la que ella pactó.
Tuvimos que esperar 8 años (y en nuestro caso, trabajar más de 5) para lograr la liberación de Florence Cassez, acusada y condenada con base a testimonios falsos de parte de personas que probablemente nunca fueron secuestradas. Un caso fabricado por Eduardo Margolis, amigo de Isabel, Genaro García Luna (amigo de Eduardo), Luis Cárdenas Palomino (brazo derecho de Genaro), y aprobado por Calderón (un loco borrachón). Brenda ya lleva 7 años encarcelada. Su expediente esta vacío. No tiene el perfil de una secuestradora. Le pesa la mala suerte de haber sido novia de Jacobo Tagle a quien Isabel Miranda odia profundamente por una razón que todavía no podemos explicar, y la necesidad que tenia Miranda de fabricar una banda de secuestradores para acreditar la tesis del secuestro de su hijo.

 

“Recordemos que algunos de sus coacusados pertenecientes a la banda de secuestradores capitaneada por César Freyr eya fueron sentenciados: Freyre, a 131 años de prisión; los hermanosTonyy Alberto Castillo Cruz, a 93 años, y Juana Hilda González Lomelí, a 78 años. En proceso: Brenda Quevedo Cruz, detenida en 2007 en el restaurante Tapas Mojito, de Louisville, Kentucky, donde trabajaba bajo el seudónimo de “Nadia Vázquez, venezolana”; y Jacobo Tagle Dobin, aprehendido en diciembre de 2010.”

…Nos dice Moreno. Y olvida a Jael Uscanga, también acusado por Isabel, aunque no lo menciona Moreno como plagiario de Hugo. Foto espectacular Jael

 

Todos torturados. Y con mucha perseverancia, estamos ganando nuestro enfrentamiento a la lentitud complice de la CNDH de Raúl Plascencia para lograr que se compruebe la tortura a la que fueron sometidos. Lo mejor que puedehacer la CNDH para recuperar un poco de la credibilidad que 7 años de complicidad con Miranda le hizo perder, sería que haga su trabajo y deje de guardar en sus cajones las pruebas de tortura física y sicológica de todos los acusados por esa Señora.

En su ira y su odio a Florence Cassez que le inoculó Miranda, Moreno nos hace un regalo precioso. Nunca tuvimos la pretensión de considerar a Brenda como la Florence (Moreno escribe Florece) Cassez mexicana. El caso de Florence y él de Brenda no son los mismos. Tienen sus particularidades, sus especificaciones. Sin embargo, así como lo mencionamos en nuestra nota adjunta al artículo de Luis Miguel, existen similitudes: el mismo modus operandi, la misma violación sistemática a los derechos fundamentales y a la presunción de inocencia, la complicidad de los medios de comunicación y de los noticieros, el linchamiento mediático, la incitación al odio… A lo que se agrega, en el caso de Brenda: la tortura, de la que ahora tenemos una prueba contundente.

Y la Suprema Corte de Justicia tuvo el valor de afirmar la prioridad absoluta de las garantías individuales contra las arbitrariedades del Estado (Calderón), de las autoridades (Policía Federal), y de los poderosos (los “representantes” autoproclamados de la sociedad civil). También la denuncia importantísima del efecto corruptor enraizado en la violación a la presunción de inocencia. Wallace sabía que la liberación de Florence (inocente) significaba la posible libertad de los inocentes que ella acuso en su propio caso. Por eso estaba lista (loca) para organizar manifestaciones exigiendo la destitución de Olga Sánchez Cordero. Lo bueno es que nadie le hizo caso a esta pobre mujer dañada del coco. Ella y Moreno pudieron engañar el pueblo por el efecto de sorpresa cuando salió a la luz la historia fabricada del secuestro de su hijo, tan increíble que todos acabamos identificándonos con ella y con su supuesto dolor.

¿Qué decir del falso dilema con que Moreno termina su artículo?

“Ya veremos si la justicia capitalina actúa en favor de una sociedad agraviada por la criminalidad o respalda y se dobla ante una presunta secuestradora, como la SCJN lo hizo con Florence Cassez.”

Le podría contestar que la justicia no se dobla. Puede a lo mejor errar, como lo hizo durante 8 años con Florence Cassez, por el poder que ejercía un gobierno panista corrupto, por las amenazas (que hasta recibieron los Magistrados de la Suprema Corte), pero siempre gana. Siempre triunfa la verdad. Por esa razón, Martin, vas a caer. Y luego caerá Wallace. Es inevitable.


[1] Lo que explica las numerosas menciones de las sensaciones vividas por Isabel en su propio cuerpo.

p. 76: “Isabel sintió una descarga eléctrica en todo el cuerpo.”

p. 31 “Perdió el sentido y se desmayó. Parecía un infarto (…) Al cabo de unos minutos pudo recuperarse. Devastada por dentro, regresó al edificio y entró