“Florence Cassez en exclusiva”: El documental que hubieran sacado hace años

El documental en tres partes de Daniel Ruiz está disponible en youtube.

Lo encontramos un poco anacrónico. Pero mas vale (muy) tarde que nunca. Que lastima también que le sigan dando la palabra a esa torturadora y corrupta de Isabel Wallace. ¿O sea que todavía creen que esta harpía tiene alguna autoridad moral para hablar de justicia?

¿Para cuándo un documental sobre Israel Vallarta, sobre Brenda Quevedo Cruz, sobre Jacobo Tagle, …? La historia de Florence abrió un camino que todavía “nos” negamos a iniciar… Llamada a los documentalistas: tomen riesgos. Es lo que nosotros hacemos cuando ustedes tuvieron miedo a denunciar las injusticias que se estaban cometiendo ante sus ojos.

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Ministro Zaldívar: la Corte fue presionada para que Cassez no fuera liberada en 2012

Artículo publicado en la revista digital Efe.

Fecha: 13 de noviembre 2015

Ahora “es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez”, afirma el ministro Arturo Zaldívar.

Comentario: “Impensable”: claro está. Sin embargo, las autoridades estateles y federales siguen mintiendo abiertament, torturando, amenazando, fabricando culpables…

Zaldivar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJN) recibió “muchas presiones” del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) para que no liberara a la francesa Florence Cassez, admitió hoy el ministro Arturo Zaldívar en una entrevista con Efe.

Zaldívar, quien llegó al Supremo en diciembre de 2009 a propuesta de Calderón, redactó el polémico proyecto de resolución que allanó el camino para la excarcelación de la joven debido a irregularidades en su proceso, como la recreación del arresto ante las cámaras de televisión y el retraso de la asistencia consular.

Hubo muchas presiones, muchas, muchas presiones, sin duda“, de la anterior Administración, reconoce Zaldívar sobre aquellos días de marzo de 2012, cuando su propuesta de sentencia no fue aprobada por la Primera Sala, integrada por cinco ministros.

Aunque los magistrados José Ramón Cossío, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo Rebolledo votaron en contra de la libertad inmediata de Cassez, hubo consenso en que se registraron graves violaciones en el proceso y se pidió a la ministra Olga Sánchez Cordero que redactara una nueva propuesta.

Dos días antes, Calderón pidió justicia para las víctimas de delitos y que “la interpretación de la ley no sea una rendija” para la impunidad, lo que llevó al entonces presidente del alto tribunal, Juan Silva Meza, respeto a “la división de poderes”.

El caso enturbió la relación con Francia después de que Cassez fuera condenada en 2010 a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. El entonces presidente galo, Nicolas Sarkozy, dijo que la joven era víctima del sistema judicial mexicano, mientras Calderón la acusó de ser parte de una “peligrosísima banda de delincuentes”.

El fallo a favor de la liberación de Florence Cassez “supuso un antes y un después en la historia del debido proceso en México”

El 23 de enero de 2013, en el segundo mes del mandato de Enrique Peña Nieto, “el proyecto que se aprueba es exactamente el que yo presento, porque (…) la ministra Sánchez Cordero (lo) retoma”, recuerda Zaldívar.

Así, la liberación de la francesa es aprobada con los votos de Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez, que apenas “iba llegando a la Corte”, en un fallo que, dijo, supuso “un cambio de paradigma, un antes y un después en la historia del debido proceso en México”.

Cuando se debatió ese asunto, recuerda, todos decían que el debido proceso era un tecnicismo, pero hoy “todo el mundo entiende que el debido proceso es un derecho humano” y las autoridades tratan de cuidarlo.

Ahora “es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez”, asegura el ministro, quien reconoce que dicha resolución “fue radicalmente o dramáticamente impopular”.

Y es que el fallo, en el que el alto tribunal no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de la joven, desató una avalancha de críticas de las víctimas de criminales.

A la distancia “estoy convencido de que hice lo correcto” y de que la Corte tomó la “mejor decisión posible porque, más allá de la persona en particular, el mensaje que mandó (…) es que hay prácticas que en un Estado democrático no pueden ser permitidas” y que “el combate a la delincuencia organizada tiene que pasar por los derechos humanos”.

El ministro reconoce que todavía hay “muchas violaciones a los derechos humanos”, pero al menos “las autoridades son conscientes de que tienen que respetar los derechos” y “cuidar el debido proceso”.

“Hubo un cambio de mentalidad” en materia de “presunción de inocencia, de protección consular, de prueba ilícita, de manejo de medios de comunicación en detenciones, ya no hablemos de montajes”, asegura.

A las señalamientos de que Cassez fue liberada por tratarse de una extranjera responde, categórico, que “es absolutamente falso” y destaca que la mayoría de las personas amparadas por el Supremo tras sufrir procesos injustos no solo “son mexicanos de las clases económicas más desprotegidas”, sino además de minorías étnicas.

Están los casos de los indígenas de Acteal, los luchadores sociales de Atenco… y sigue la lista de personas humildes a las que se le han “fabricado homicidios con testigos falsos”, señala Zaldívar, quien añade que esas opiniones “infundadas” solo intentaban engañar.

Carta abierta a Denise Dresser sobre su debate con Wallace en Foro TV

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¿Cuál es nuestra postura respecto al hecho de seguir considerando a esa criminal de Isabel Wallace como una interlocutora, cuyas opiniones se deberían tomar en cuenta para posicionarse, sea a favor o en contra de ellas?

Expresamos claramente nuestra postura al respecto en una carta abierta que le hicimos llegar a la politóloga Denise Dresser, el 29 de octubre. Esta carta conjunta con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y el FEMCAI fue redactada en inglés. A continuación, publicamos la traducción al español.

Quiero insistir en algo: respetamos la labor de Denise Dresser, quién es una gran politóloga y realmente una intelectual que se ha pronunciado a favor de los derechos humanos y de la justicia. Sin embargo, nuestra opinión sobre este debate con Wallace es que nunca se hubiera solicitado, ni llevado a cabo. Uno no se sienta con criminales, sobre todo cuando el debate ya está organizado para callar a la única persona que si tenía una perspectiva justa con respecto a Ayotzinapa, y se trata de Denise. A Denise Dresser, el locutor (Javier Tello) visiblemente del lado de la Wallace le cortó la palabra. Casi cada vez que se preparaba a intervenir, se interrumpía el programa para lanzar una pausa comercial. La Wallace no dejv de cortarle la palabra, sin que el locutor dijera absolutamente nada para restablecer el orden del debate. Vean el video a continuación:

 

Con muy buenas intenciones, Denise Dresser se dejó engañar al solicitar un debate con Wallace.

Nosotros llamamos a que los activistas, defensores de los derechos humanos, abogados, juristas, politólogos, intelectuales, dejemos de considerar a Isabel Wallace como una interlocutora, sino como lo que es: una criminal responsable del calvario de – por lo menos – siete personas.

Nolverto F. A.

MXporFC

CARTA ABIERTA

Puebla, México / Montréal. Canadá

20 de octubre de 2015

Estimada Sra. Dresser:

Después de haber mirado su debate con Isabel Miranda [de Wallace], quisiéramos hacerle llegar respetuosamente los siguientes comentarios:

  1. Nos consternó el razonamiento dado por usted para solicitar el debate, puesto que alguien de su nivel no discute con delincuentes, ya que es como intercambiar opiniones con la Tuta, Chapo Guzmán o individuos semejantes
  2. El hecho de que Isabel Miranda sea, efectivamente una cruel delincuente ha sido amplia e indudablemente demostrado por las sólidas investigaciones de Anabel Hernández, publicadas en Proceso; Guadalupe Lizárraga, publicadas en Los Ángeles Press, y David Bertet, Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y el grupo de activistas que tienen el blog mexicoporflorencecassez.wordpress.com. Nos cuesta creer que usted no haya leído al menos el trabajo de Anabel Hernández, en Proceso, sobre el notable engaño del “Caso Wallace”.
  3. Cuando esa mujer, cruel y corrupta, denuncia que existe un “conflicto de intereses” de parte del Secretario Ejecutivo de la CIDH, demuestra tener un increíble grado de cinismo, ya que ella se ha beneficiado enormemente de la red de mentiras que constituyen todo el fiasco del “Caso Wallace”. Primero, logró ocultar a su hijo delincuente, Hugo Alberto, que está ligado al crimen organizado; segundo, recibe enormes cantidades de dinero de los contribuyentes de la escandalosa administración de Felipe Calderón para apoyar su organización igualmente engañadora y falsa “Alto al Secuestro”; tercero, en 2012 el PAN (Partido Acción Nacional) la lanzó como candidato al gobierno de Ciudad de México, y además, aunque parezca inconcebible, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos a pesar de que acusó falsamente, hizo encarcelar y torturar salvajemente a seis personas inocentes que estuvieron en el mal lugar en el momento equivocado, por así decirlo.
  4. Según todas las investigaciones basadas en pruebas concluyentes, Isabel Miranda no sólo ha mentido repetidamente a las autoridades mexicanas y norteamericanas, sino que, además, cometió adulterio, dado que  mantuvo una relación sexual con Enrique Wallace, mientras éste todavía estaba casado y que, por otra parte, no es el padre biológico de Hugo Alberto; ella es responsable del secuestro virtual de seis ciudadanos inocentes que fueron encarcelados, y atestiguó la tortura de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle, César Freyre, Juana Hilda González Lomelí, Antonio y Alberto Castillo 
  5. A pesar de que Nestora Salgado García fue exonerada por un juez federal de los cargos inventados que causaron su encarcelamiento ilegal, Isabel Miranda insiste en que esta mujer admirable permanezca en la cárcel y esto no sorprende.  Miranda tiene estrecha conexión con Ricardo Martínez, antiguo Fiscal de Atención a Víctimas (¿?¡!) bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que se sabe participó en el tráfico horrible de jóvenes en el Estado de Guerrero, y las actividades de Nestora Salgado García destinadas a rescatar varias de esas víctimas afectaban al “negocio” inmoral de Martinez.
  6. Ahora la Sra. Miranda dirige su lucha no sólo contra Emilio Álvarez Icaza, sino también contra los estudiantes y los padres de Ayotzinapa etiquetando esta desaparición forzada como un simple “secuestro” llevado a cabo por los traficantes de drogas, a pesar de las pruebas y los numerosos testimonios que demuestran la implicación directa del ejército y de la policía federal, estatal y municipal.

Isabel Miranda no actúa de acuerdo a ningún imperativo moral, pues carece de ética y honradez; claramente restituye lo que debe a un “gobierno enormemente corrupto” que le permite cometer toda clase de atrocidades con impunidad total.

Lo que realmente nos aterró, Sra. Dresser, fue oírle alabar el trabajo de Isabel Miranda en favor de los derechos de las víctimas (¡!¿?). En especial, el hecho de que usted solicitara un diálogo con una delincuente de esta magnitud podría significar una de dos cosas: 1) que usted se pone al mismo nivel de inmoralidad de la entrevistada, lo que para nosotros es impensable, o 2) que en cualquier otro momento, se le podría fácilmente pedir que mantenga un debate con cualquier otro sin vergüenza.

Atentamente,

Patricia Barba
Miembro Fundador
Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes (FEMCAI)
www.femcai.org
@: patricia.barba@ac-dv.org

David Bertet
Presidente
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV)
www.ac-dv.org
@: contacto@ac-dv.org

Nolverto Flores ÁVILA
México por Florence Cassez
Blog de activistas mexicanos contra los culpables fabricados
www.mexicoporflorencecassez wordpress.com
@: mxporfc@hotmail.com

El caso Martí, otro traspié de Mancera

Los de MXporFC tenemos conocimiento de los elementos del expediente de Lorena González Hernández que su abogado presentó para conseguir la liberación de su cliente y comprobar su presunta inocencia. A pesar de que los ilustres defensores de Lorena son en su gran mayoría personas que nosotros acusamos de participar en la fabricación de culpables en otros casos (Isabel Wallace, Alejandro Martí, María Elena Morera, Martin Moreno, …) y de los que sabemos fueron muy cercanos al equipo de Genaro García Luna, personas que también en su tiempo se convierten en los peores acusadores públicos que nos dio conocer en ese pais, por lo tanto nos pronunciamos a favor de la liberación de Lorena González, liberación justificada por la falta de pruebas contundentes en su contra.

Las dependencias anteriormente encabezadas por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino no han sido las únicas que se han dedicado a la fabricación de culpables, mediante el uso de declaraciones falsas, amenazas, y tortura. Desgraciadamente.

Sin embargo, nuestro posicionamiento a favor de la libertad ya otorgada de Lorena González no equivale a un apoyo a la “investigación” que hizo la Policía Federal para tratar de cubrir las detenciones – entre las cuales la detención de Lorena – que se llevaron a cabo por parte de la PGJDF de Mancera en ese tiempo. Mantenemos nuestra postura, a saber que por lo menos Noé Robles Hernández, María Elena Ontiveros y Pablo Solórzano Castro fueron levantados, detenidos, torturados, obligados a declarar en su contra y a reconocer como cómplices a personas que desconocían por completo. Aunque éstos últimos seguramente no beneficiaran del apoyo de los corruptos anteriormente mencionados, ya que estos detenidos nunca formaron parte del equipo de García Luna.

Esperemos que la liberación de Lorena González abra la puerta a una investigación más amplia sobre las prácticas de fabricación de culpables en el caso Martí, que esas prácticas hayan sido perpetradas por la policía del DF o por la policía federal. Y que nos explique Alejandro Martí cuál fue su grado de complicidad y de conocimiento en las declaraciones forzadas rendidas por Noé Robles Hernández y Pablo Solórzano Castro, en presencia de su amiga Isabel Miranda de Wallace, su “coadyuvante” a la que paga para que “no salgan los malandros de la cárcel” (Martí en entrevista con Adela Micha)

MXporFC

Artículo de Sara Pantoja, publicado en la revista Proceso

Fecha: 21 de Julio del 2015 <!–
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Lorena González Hernández, exagente de la SSPDF.  Foto: Especial
Lorena González Hernández, exagente de la SSPDF.
Foto: Especial

El pasado sábado 18 Lorena González Hernández fue liberada luego de permanecer en prisión, acusada de participar en el secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, en junio de 2008.

La exagente de la Policía Federal emprenderá ahora una batalla legal contra la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que le reparen el daño causado y le ofrezcan una disculpa, como establece la ley.

Rodrigo Higuera, abogado de Lorena, declaró a Radio Fórmula que buscarán una cita con el titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos, para iniciar el proceso de reparación del daño.

“Nuestro primer paso a seguir, es buscar tener una cita con el procurador Rodolfo Ríos a la brevedad posible, si no fuera el caso actuaríamos por la vía legal, nosotros creemos que es mucho más fácil porque ya hicieron lo más difícil que es reconocer que se equivocaron y por lo tanto procede un derecho legal, no es un favor que le van a hacer, ella tiene derecho a que le digan que fue un error”, dijo.

Además, puntualizó que su clienta pedirá tener una compensación económica por las complicaciones que enfrentará para encontrar trabajo, debido a lo mediático de su caso, y a que su encierro generó la pérdida de su vivienda y sus ahorros los invirtió para mantenerse en la cárcel.

La detención de La Lore ocurrió cuando Miguel Ángel Mancera estaba a cargo de la PGJDF. En aquel entonces, el hoy jefe de Gobierno se basó en la declaración del principal testigo del caso: Christian Salmones, escolta del joven Martí. En su declaración ministerial, Salmones reconoció a La Lore como la persona que ayudó a los supuestos agentes federales a secuestrar al hijo del empresario Alejandro Martí.

Fue lo único.

Con el paso del tiempo, Salmones cayó en contradicciones y finalmente se desistió de ratificar la acusación, lo que permitió la liberación de la expolicía federal y de paso dejó otra vez en entredicho la investigación que estuvo a cargo de Mancera.

La historia

Fernando Martí Haik fue secuestrado el 4 de junio de 2008, junto con su chofer y su escolta Christian Salmones, quien fue el único que sobrevivió al falso retén policiaco que encontraron cuando se dirigían a su escuela, el colegio American British School.

El 1 de agosto siguiente, el cuerpo del menor fue localizado en el interior de un auto Corsa abandonado en la colonia Villa Panamericana, en la delegación Coyoacán.

Para entonces, Mancera Espinosa tenía menos de un mes al frente de la PGJDF, donde sustituyó de Rodolfo Félix, quien debió renunciar luego del operativo fallido en la discoteca News Divine.

Según el libro “Mancera. Rumbo extraviado”, del periodista del semanario Proceso, Raúl Monge, días después del hallazgo del cadáver, la PGJDF detuvo a José Luis Romero Ángel, comandante de un grupo especial en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a Marco Antonio Moreno Jiménez y al policía judicial Fernando Hernández Santoyo.

Los tres fueron señalados por la PGJDF como integrantes de la banda delincuencial “La Flor” y responsables del secuestro y muerte del hijo del dueño de las tiendas de artículos deportivos Martí.

Más tarde, cuenta Monge, en una carta dirigida al entonces presidente Felipe Calderón, Romero Ángel denunció que su detención fue ilegal. También acusó al entonces jefe de la Fiscalía Antisecuestros, Rafael Tuxpan, de amenazarlo y torturarlo y hasta pidió que la investigación fuera atraída por la Procuraduría General de la República (PGR). Al poco tiempo, sus abogados renunciaron a su defensa tras recibir amenazas.

Ante la creciente indignación ciudadana –ya estaba en formación el movimiento Alto al Secuestro, encabezado por el mismo Alejandro Martí–, el procurador Mancera responsabilizó a Sergio Humberto Ortiz Juárez El Apá, un policía retirado, y a Lorena González Hernández La Lore –cercana a Facundo Rosas y Luis Cárdenas Palomino, dos de los principales colaboradores de Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal–, de participar en el supuesto retén policiaco en el que fue secuestrado Fernando Martí.

Según la investigación de Raúl Monge, cuando La Lore fue puesta a disposición del Ministerio Público, negó haber participado en el crimen y tener relación con El Apá y los hermanos Noé e Israel Cañas Ovalle, acusados por la PGJDF de cuidar a Fernando en su cautiverio.

Después de dar sus datos generales –casada, empleada en la SSP federal, católica y pasante de la carrera Negocios Internacionales– La Lore fue llevada a la cámara de Gessel, donde fue identificada por Christian Salmones, el escolta del menor, como la mujer que participó en el retén.

El vuelco

En enero de 2013, cuando llevaba cuatro años de estar en prisión, en entrevista con el diario 24 Horas, La Lore acusó a Miguel Ángel Mancera –para entonces ya jefe de Gobierno del DF–, de fabricar su caso.

“Sí, cuatro años y cada vez es más difícil. Veo cómo se abre una puerta y luego se cierra, siempre esperando una esperanza que aún no llega. Pese a todo, sé que llegará el momento en que recobraré mi libertad, pero no sé cuándo”, dijo.

En esa entrevista, citada por el periodista de Proceso, La Lore aseguró que el día del secuestro de Martí ella estaba en Acapulco de vacaciones con su esposo y que estaban hospedados en el hotel Lisette, en Costa Azul. Agregó que en el juicio pidió a las autoridades que se hiciera la diligencia en dicho hotel para comprobar su estancia, pero ésta nunca se hizo. Incluso, dijo que el 3 de junio –un día antes del secuestro– acudió a una sucursal del banco HSBC del puerto.

Lorena González aseguró que en su expediente “hay declaraciones de dos personas de Tepito que me relacionan con la banda de secuestradores, pero resulta que las credenciales del IFE de esos testigos eran falsas, entonces, yo creo que nunca existieron, y creo que todo fue una ruin fabricación de pruebas en mi contra”.

Agregó que ignoraba por qué Salmones la señaló como responsable. “No sé de dónde venga todo esto, el hecho es que no tienen pruebas suficientes en mi contra, sólo declaraciones y fabricaciones que ha hecho la PGJDF, pese a que en el fuero federal hay pruebas sólidas de que señalan lo contrario”, agregó.

Al contar sobre su detención, González Hernández dijo que agentes judiciales fueron a sus oficinas de la Policía Federal con una orden de aprehensión y luego la arraigaron. Sin embargo, sólo hasta un mes después se enteró de qué estaba acusada.

La mañana del 17 de junio de 2009, el entonces coordinador de Inteligencia de la SSP federal, Luis Cárdenas Palomino, anunció la captura de integrantes de la banda “Los Petriciolet” y presentó a Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García como autor confeso del secuestro y muerte de Fernando Martí.

Aquel anuncio echó por la borda la investigación de la PGJDF a cargo de Mancera.

Sin embargo, el proceso contra Lorena González Hernández continuó con ella tras las rejas del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Hasta que el que pasado sábado 18 de julio, el juez 32 Penal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur determinó dejarla en libertad por insuficiencia probatoria, pues los datos recabados no fueron sólidos para concretar una sentencia condenatoria.

Además, Christian Salmones, exescolta del hijo del empresario y quien en un principio la señaló como la mujer que participó en el falso retén policiaco, se desistió de ratificar su acusación.

La defensa de Mancera

Antes de la liberación de La Lore y desde su oficina del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Miguel Ángel Mancera justificó en entrevista con Raúl Monge su actuación en todo el caso:

“Lo que nosotros siempre dejamos claro es que se trataba de una banda muy grande, que estaban involucrados policías y que operaban en células. Y empezaron ahí las objeciones porque lo que nos decían es que los secuestradores nunca operan en células que no podían ser algo tan grande y que no tenían vinculación con otra actividad delictiva.

“Al final del día se comprobó que sí había células, que había incluso miembros de la banda que no se conocían entre sí, que estaban metidos policías federales y capitalinos, y que la línea troncal o la columna vertebral tenía que ver con el narcotráfico”.

Tras la liberación de La Lore el pasado fin de semana, Mancera Espinosa se refirió al caso:

“Se presentaron conclusiones inacusatorias. El procurador (Rodolfo Ríos Garza) consideró que con los elementos que se tenían y, sobre todo, tomando una nueva realidad tanto de criterios como de análisis en el sistema jurídico mexicano, los criterios que se tienen hoy derivados del sistema acusatorio, los planteamientos de principios en este sistema adversarial que quedan plasmados ya en la Constitución y las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, pues dan una orientación diferente al Ministerio Público”.

Siguió:

“A partir de estos principios, incluso se tiene ya al Ministerio Público con un principio que es el principio de oportunidad en donde yo estoy seguro que cada vez más vamos a ver asuntos así en donde se lleguen a los análisis cuando no tienes una prueba plena. Porque hay que recordar que hay varias etapas. La etapa de la prueba indiciaria para lograr primero una orden de captura, una prueba indiciaria robustecida en la formal prisión y la etapa de la prueba plena para la condena”.

Y remató: “El Ministerio Público es el que consideró que no tenía los elementos suficientes para llegar a la condena”.

Documentos legales de la demande de Florence Cassez vs. Procuraduría General de la República

Florence Cassez25 de febrero de 2015: Acreditación de archivos del hospital

23 de febrero de 2015: 2o acuerdo de la apelación

13 de febrero de 2015: 1o acuerdo de la apelación

9 de febrero de 2015: Apelación

22 de enero de 2015 : Demanda por daño moral de Florence Cassez contra Procuraduría General de la República y otros.

Florence Cassez presenta denuncia por su detención ilegal en México

Artículo publicado en Proceso

El 2 de octubre de 2014

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A 22 meses de su liberación, luego de permanecer siete años en prisión acusada de secuestro, Florence Cassez decidió que ya era hora de saldar cuentas con los protagonistas del infierno que vivió en México y presentó una denuncia en los tribunales franceses por su detención ilegal.

Según las agencias internaciones que recogieron el hecho, la querella fue promovida el pasado 30 de septiembre ante la Fiscalía parisina; en ella no responsabiliza a ninguna persona en particular, pero busca que la justicia identifique y condene a los autores de su arresto, el 8 de diciembre de 2005. En el juicio que enfrentó dichas personas están claramente identificadas. Se trata del exsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, y su brazo derecho, el exsubsecretario Luis Cárdenas Palomino.

Incluso, la propia Corte dejó en claro que su arresto fue un montaje para Televisa, particularmente para su conductor estrella Carlos Loret de Mola.

Luego de permanecer siete años en prisión, Cassez apeló la sentencia y el 23 de enero de 2013 la SCJN la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa por tres votos contra dos.

El argumento central fue que el montaje televisivo de su detención “generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión” ante la justicia mexicana.

Ninguno de los cinco ministros se manifestó o debatió sobre la inocencia o culpabilidad de Florence. Sólo fijaron su postura sobre si se violaron sus derechos humanos y si debía dejársele en libertad o dictarle una nueva sentencia.

Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero votaron en favor de conceder el amparo “liso y llano”, al considerar que la vulneración a los derechos humanos de la quejosa fueron “tan graves que generaron un efecto corruptor en todo el proceso”. En contra votaron José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo.

Florence Marie Louise Cassez Crepin llegó a México en 2003 y fue detenida el 8 de diciembre de 2005, acusada de participar en una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.

Un día después, la Policía mexicana simuló su captura en directo, en una actuación emitida por Televisa, que quedó al descubierto en febrero de 2006.

La mujer fue condenada a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. En marzo de 2012 la SCJN rechazó anular la sentencia, pero admitió que hubo violaciones graves en el proceso, por lo que el caso volvió a ser examinado en el alto tribunal y terminó con su liberación más de un año después.

Durante su administración, el expresidente francés Nicolas Sarkozy presionó al gobierno mexicano, que encabezaba el panista Felipe Calderón, para que Florence Cassez cumpliera su pena en territorio galo, en el marco del Convenio de carácter voluntario sobre Traslado de Personas Condenadas adoptado en Estrasburgo (Francia).

Dicha presión derivó en un conflicto diplomático entre ambas naciones en 2011, cuando México suspendió su participación en las celebraciones del Año de México en Francia, después de que Sarkozy las dedicara a Cassez y estipulara que en cada acto se mencionaría el asunto.

La “reconciliación” entre ambos países se materializó en abril pasado, en un viaje a México del actual presidente, François Hollande, en la que este afirmó, junto al mexicano Enrique Peña Nieto, la voluntad de abrir una “nueva página” a través de una “cooperación excepcional” en una amplia gama de sectores.

Inventando culpables

Publicado en la revista Proceso

Por Denise Dresser

Fecha: 31 de agosto de 2014

El-montaje-de-García-Luna-Cartón-de-RochaUn ejercicio contra la impunidad. Un argumento para que los intocables no sigan siendo intocables. Un llamado de atención a quienes tomaron el país como su propiedad. Su feudo. Su reino particular. Una denuncia contra Felipe Calderón, Genaro García Luna y Marisela Morales por lo que hicieron en el caso controvertido de Florence Cassez. Así es el libro de José Reveles, El affair Cassez / La indignante invención de culpables en México. En cuyas páginas describe ese caso paradigmático que evidenció la podredumbre de las instituciones que supuestamente imparten justicia en México pero acaban saboteándola.

He allí al gobierno de Calderón manipulando, politizando, criminalizando, prefabricando el caso Cassez para demostrar que actuaba con “firmeza” contra la delincuencia organizada. Creando una “justicia a la carta”, al gusto y conveniencia de Los Pinos y sus aliados. Llevando a que muchos mexicanos continúen considerando a Cassez culpable, liberada por razones ajenas a su condición de “secuestradora”. Y por ello es imprescindible desmenuzar las iniquidades de su detención, arraigo y consignación. Los procesos judiciales irregulares que acompañaron su caso. La condena excesiva sin evidencia. La siembra de rehenes y testigos. Irregularidades y arbitrariedades a las que se ven sometidos muchos más que el caso Cassez tan sólo sacó a la luz.

La forma en la cual numerosos mexicanos son torturados. La manera en la cual familias enteras son criminalizadas. Cómo se compran testigos. Cómo se alteran archivos, testimonios y peritajes. Cómo se siembran rehenes. Por qué hay tantos inocentes presos a los que se han negado los más elementales derechos de acceso a la justicia. Y la responsabilidad de sucesivos procuradores de la República –Rafael Macedo de la Concha, Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales– que encarcelaron con imputaciones apoyadas sólo en declaraciones de testigos protegidos o comprados. Responsables de manufacturar delitos con fines propagandísticos o personales.

Valiente el hecho de que José Reveles vaya a contracorriente de lo que la mayoría de la población cree sobre Florence Cassez. Valiente que cuestione la “verdad única” que los medios y la autoridad sembraron con la pregunta: ¿Pesan más las violaciones a los derechos de una secuestradora que el sufrimiento de sus víctimas? Valiente que ponga en tela de juicio dos premisas falsas y percepciones equívocas: Que ella sí era plagiaria y que las víctimas fueron violadas o lastimadas. Reveles expone –a pesar de lo que piensan muchos mexicanos de manera prejuiciosa– que la justicia se prostituyó por motivos políticos y de glorificación personal.

No hay que olvidar que Genaro García Luna promovió un montaje televisivo para engañar a la opinión pública y fingir un rescate “en vivo” de tres víctimas de secuestro. O que los supuestos plagiarios habían sido detenidos un día antes. O que Florence Cassez pasó –según Reveles– 53 horas sin asistencia consular. O que a lo largo de un proceso amañado no tuvo acceso efectivo a la justicia. Y que a pesar de la decisión de la Suprema Corte que la liberó, el juzgamiento de los funcionarios públicos responsables de esta gran impostura nunca ocurrió.

No hay que olvidar las preguntas sin respuesta: ¿Por qué las víctimas del secuestro jamás denunciaron que fueron utilizadas por la Policía Federal para una recreación televisiva? ¿Por qué no presentaron una queja por el abuso de su calidad de rehenes dobles, primero de la delincuencia y después de la autoridad? ¿Por qué insistieron en que fueron rescatadas el día del montaje y nadie les ha reclamado esa mentira, repetida hasta el cansancio? ¿Por qué cambiaron drásticamente sus declaraciones después de que la PGR las premió enviándolas a vivir a Estados Unidos? ¿Las víctimas se convirtieron en victimarios a modo?

Y en todo ese proceso irregular, plagado de interrogantes a las que nadie quiere responder, hay un tema fundamental. Si Genaro García Luna y Marisela Morales no son investigados y sancionados, el gobierno de Enrique Peña Nieto seguirá mandando el mismo mensaje de siempre. Que los mexicanos estamos a merced de policías corruptos, jueces parciales y magistrados politizados. Que el histórico fallo de la Suprema Corte –en el cual se liberó a una mujer a la cual le violaron todas sus garantías fundamentales– habrá servido de poco. Que nadie pagará en México por tanto abuso. Hasta el momento la Procuraduría General de la República no se ha pronunciado sobre si los delitos posiblemente cometidos por Genaro García Luna han prescrito o no. Prevalece el silencio, y con él la impunidad.

La impunidad que protege a Genaro García Luna. A Luis Cárdenas Palomino, entonces director de Investigación Policial. A Garza Palacios, director de Operaciones Especiales. A Jorge Rosas García, titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro. A Israel Zaragoza Rico, subdirector del área de secuestros de la AFI. A los AFI José Aburto Pazos, José Escalona Aldama, María Isabel Arzate, Germán Ovidio Zavaleta y Carlos Servín Castorena. Por obstaculizar la administración de la justicia, por abusar de la autoridad, por falsedad de declaraciones y por el ejercicio indebido del servicio público.

El caso de Florence Cassez debería funcionar como una alerta, un foco rojo, un llamado a la acción urgente. Porque reveló cómo no funciona la justicia en México, desde el momento en que la captura fue recreada como montaje a modo. Porque reveló que los intereses políticos y personales –en esta instancia de Genaro García Luna– pesaron más que el respeto a los derechos individuales. Y así el “debido proceso” se convirtió en el “indebido proceso”. La justicia convertida en farsa, lo que indigna a José Reveles y que debería indignar a cualquier mexicano. La capacidad que tiene el sistema judicial para aprehender a presuntos inocentes y transformarlos en indudables culpables. La capacidad que tiene el sistema penal para encarcelar a alguien porque al presidente en turno le conviene. La sensación surrealista que queda después de leer el libro y entender lo que ocurrió. El Estado mexicano inventó un culpable y, dado que no hubo sanción, sigue y seguirá haciéndolo.