La Señora Wallace, acusada ante la PGR

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

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Artículo publicado en Proceso y el Diario de Coahuila

Por Jorge Carrasco Araizaga

El 14 de septiembre de 2014

 

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Familiares de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y empleados de la propia PGR por considerar que cometieron diversos delitos para responsabilizarlos de la desaparición del hijo de la activista.

Sin que después de nueve años haya sentencia firme en contra de los acusados, sus familiares presentaron la denuncia ante la oficina del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el miércoles 3, luego de que se hiciera pública la existencia de una doble documentación oficial sobre Hugo Alberto Wallace.

Además de Isabel Miranda, los señalados son su esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, su hermano Roberto Miranda y los siguientes empleados de la PGR: los agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, y la perito de la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales Yanet Rogel Montes de Oca.

A los siete les imputan delitos contra el estado civil, de falsedad de informes dados a la autoridad, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, tráfico de influencias y cohecho, cargos que tendría que investigar la PGR.

Los denunciantes son Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste del Rincón, en Tepic, Nayarit; y Raquel Dobin Rosenthal, madre de Jacobo Tagle Dobin, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2, en Jalisco. Ambos acusados aún están a la espera de sentencia en primera instancia.

Los otros denunciantes son María Guadalupe González Lomelí, hermana de Juana Hilda González Lomelí, presa también en el Centro Federal Femenil del Rincón; y María Elena Cruz Bustamante y Luis Carrillo Bustamante, madre y tío de Alberto y Tony Castillo Cruz, ambos de nacionalidad estadunidense. El primero está preso en el Cefereso número 12, en Guanajuato, y el segundo en el Cefereso número 3, en Matamoros, Tamaulipas.

‘PRUEBAS FABRICADAS’

Según la denuncia de hechos, con la revelación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y la del matrimonio de Isabel Miranda con Enrique Wallace, así como la existencia de pruebas cuestionadas, publicadas en mayo y junio pasados por el periódico digital Los Ángeles Press y Proceso (ediciones 1961 y 1962), “se pone en evidencia” los delitos denunciados.

En una de las actas, emitida en el Distrito Federal, Hugo Alberto aparece como hijo de Jacinto Miranda. En la otra, de un juzgado civil de Texcoco, el papá es José Enrique del Socorro Wallace, de nacionalidad nicaragüense; mientras que la activista en la primera se llama Isabel Torres, y en la segunda, María Isabel Miranda Torres.

Los denunciantes aseguran que Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres, nombres de la activista que aparecen en los documentos oficiales, así como su esposo Enrique del Socorro Wallace, son presuntos responsables del delito contra el estado civil porque al registrar a Hugo Alberto como hijo de ambos, la primera adjudicó “a un tercero la paternidad que no le corresponde” y el segundo asumió “la filiación de padre sin corresponderle”.

Señalan que el artículo 227, fracción III del Código Penal Federal (CPF) impone de uno a seis años de prisión, entre otros, “a los padres que no presenten a un hijo suyo al Registro con el propósito de hacerle perder su estado civil, o que declaren falsamente su fallecimiento, o lo presenten ocultando nombres o suponiendo que los padres son otras personas”.

Según la denuncia, ambos cometieron falsedad de declaración ante las autoridades judiciales y ministeriales respecto a la autenticidad del apellido, lugar y fecha de nacimiento de Hugo Alberto, “así como el ocultamiento doloso ante tales autoridades de la identidad del padre biológico de la víctima”.

Los familiares de los procesados aseguran también que Isabel Miranda y su esposo “declararon falsamente ante la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre la verdadera fecha de su matrimonio con el fin de encubrir la verdadera filiación de Hugo Alberto”. Citan que la falsedad de declaración está penada con prisión de cuatro a ocho años en el Código Penal Federal (CPF).

Sobre la simulación de pruebas, dicen que la evidencia “más trascendental” para condenar a cuatro de los seis acusados y “supuestamente encontrada en la escena del supuesto crimen, fue falseada y alterada con el único objetivo de inculparlos de los supuestos delitos de privación de la libertad, en su modalidad de secuestro, delincuencia organizada y otros”.

‘SEMBRADOS’

Explican que la gota de sangre y un pelo de la alegada víctima encontradas en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los hechos denunciados, no sólo fueron “sembrados” sino también alterados porque el perfil genético de lo que se presentó como prueba originalmente fue identificado como cromosoma de mujer (XX) en el informe de la perito Yanet Rogel Montes, el 20 de marzo de 2006.

De acuerdo a los denunciantes, ese perfil genético “corresponde al del padre adoptivo del desaparecido”. Ante esa inconsistencia, la perito aseguró que se equivocó y que al momento de redactar su informe, “por un error de dedo”, escribió XX en lugar de XY para identificar el cromosoma.

Aseguran que el delito de simulación de pruebas fue cometido por Isabel Miranda y su hermano Roberto, y que de acuerdo al artículo 248 Bis del mismo CPF, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión al que, con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales.

De la perito Yanet Rogel Montes dicen que cometió el delito de falsedad en informes dados a una autoridad, penado en el artículo 247 Bis del CPF con una pena de cinco a 12 años de cárcel.

A partir de esa prueba aportada por la PGR, fueron sentenciados de 78 a 131 años de prisión los hermanos Castillo Cruz, César Freyre y Juana Hilda González. Los familiares dicen que a la perito se le podría aplicar una pena de ocho a 15 años, debido a que ese mismo artículo dice que cuando a un sentenciado se le imponga una pena de más de 20 años de prisión, la pena se incrementa por el testimonio o peritajes falsos.

“Además exigimos que se investigue la comisión de los delitos que se derivan de la falsedad de declaración y de informes dados a una autoridad judicial, tales como el soborno o la coacción de cualquier naturaleza hacia la perito”, dice la denuncia.

También piden a la PGR que investigue la probable comisión de los ilícitos de cohecho, amenazas y tráfico de influencias. En este último delito, no sólo mencionan a la perito, sino también a “todas las partes que dentro del proceso han sido sujetos de los actos denunciados” y que “han favorecido a la parte acusadora y coadyuvante del Ministerio Público federal, María Isabel Miranda Torres o María Isabel Miranda de Wallace”.

Respecto al tráfico de influencias, dicen, “hay que tomar en consideración el personaje Isabel Miranda de Wallace como figura pública y su poder económico, así como (su) cercanía… con los agentes del Ministerio Público Oswaldo Jiménez Juárez, Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz… encargados de llevar a cabo las averiguaciones previas y acusaciones en contra de los acusados”.

CONTRADEMANDA

La publicación de las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y de su acta de matrimonio llevó a Isabel Miranda a presentar una denuncia ante la PGR. La Unidad Antisecuestros inició de inmediato la averiguación previa AP/SEIDO/UEIDMS/464/2014. Por esa razón han sido llevados a declarar, sin orden de presentación, Giel Meza, activista de la organización Gente de México por la Democracia, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo.

En esa denuncia está incluido David Bertet, activista canadiense que promueve la liberación de los acusados del caso Wallace, como lo hizo con Florence Cassez. La ciudadana francesa fue acusada también de secuestro en el pasado gobierno y la presidenta de Alto al Secuestro fue una fuerte opositora a su liberación.

Presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet anunció en agosto pasado que presentaría en la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) una denuncia por la investigación penal que se sigue en su contra en México, luego de la publicación de las actas en Proceso y Los Ángeles Press.

“Acudiré ante la GRC para interponer una denuncia desde Canadá en contra de quien o quienes, en México, resulten responsables de las amenazas de las que soy víctima”, escribió en una denuncia de hechos que hizo pública tras presentarla ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), también de la PGR.

Para el activista, se trata de una represalia e intimidación a “consecuencia de mi trabajo de investigación, el cual se hizo de manera legal y profesional, sobre el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda”.

En respuesta a la publicación de esos documentos, Isabel Miranda aseguró que se trató de “una gran canallada”. En una entrevista con Sergio Sarmiento de Televisión Azteca, el 2 de julio pasado, señaló:

“No la puedo llamar de otra manera. Es algo que de verdad no tiene nombre” porque la publicación del reportaje se hizo “sabiendo de manera deliberada que sí existen pruebas. Indudablemente que fue ganas de golpetear, de exponer públicamente mi vida o lo que ellos consideran que es mi vida.

“Pero no es la verdad de lo que está en el expediente. Tan no es así, que precisamente una semana después que sacara esta señora (Anabel Hernández) el reportaje (en Proceso), el juez le confirma el auto de formal prisión a Brenda (Quevedo). Esa es la mejor respuesta que yo puedo tener, sabiendo que jurídicamente tengo la confianza que ella va a permanecer en la cárcel siempre, por más estrategias de medios de comunicación que hagan, por más mentiras que digan.”

 

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 Wallace delincuente

Demandan a Wallace por simular secuestro de su hijo

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Artículo publicado en Hoy Estado
El 4 de septiembre de 2014

Isabel Miranda de Wallace fue demandada ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR), por familiares de los inculpados del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace en julio de 2005.

Los denunciantes manifiestan que Wallace ha caído en contradicciones en sus declaraciones ministeriales dadas a las autoridades, así como amenazas, tráfico de influencias y cohecho.

El documento ya fue presentado ante el procurador Jesús Murillo Karam, en donde además se denuncia a varias autoridades ministeriales de la Federación que presuntamente la ayudaron con torturas a las víctimas y a sostener la simulación de pruebas.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación implicados en la denuncia bajo cargos de torturas, amenazas, tráfico de influencias, cohecho y simulación de pruebas, fueron Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, todos adscritos a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).

La denuncia se deriva de “una serie de pruebas en diversos reportajes del medio digital Los Ángeles Press y la revista Proceso”, donde se puso en evidencia los delitos en contra del estado civil, la simulación de pruebas y la falsedad en declaraciones judiciales.

Hugo Alberto Wallace, no es hijo del nicaragüense Enrique Wallace Díaz, si no que éste lo reconoció como hijo adoptivo cuando contrajo matrimonio con Isabel Miranda.

Una de las funcionarias de la PGR implicadas en la denuncia fue la perito Yanet Rogel Montes, por falsear información en el reporte forense sobre la gota de sangre encontrada en el departamento de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, siete meses después de los supuestos hechos.

Rogel Montes atestiguó como perito que esa gota de sangre sí correspondía al perfil genético de Isabel Miranda Torres y de Enrique del Socorro Wallace, simulando con ello la única prueba pericial que pretendía sostener el asesinato, pues ahora se sabe que Hugo no era hijo biológico de Enrique Wallace.

Por su parte, El presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, dijo que con la presentación de esta denuncia contra la Señora Wallace y sus cómplices, este caso, se vuelve emblemático para la comunidad internacional de derechos humanos y para todas las personas que han sido víctimas de la simulación de pruebas en México.

Con información de: Los Ángeles Press

 

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Wallace delincuente

Miranda reconoció ante sentenciado que no era culpable (Sexta parte)

Publicado en Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizarraga

Fecha: 22 de julio del 2014

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Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

Quinta Parte: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana.

 

Isabel Miranda reconoció ante Albert Castillo que no hab;ia sucedido el crimen por el que fue sentenciado a 93 años. Foto: aztecatv.com.mx

Isabel Miranda Torres aceptó ante el inculpado Albert Castillo Cruz, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga y tres agentes ministeriales más, que su hijo Hugo Alberto Wallace no había sido secuestrado ni asesinado el 11 de julio de 2005 en México, por quienes ella acusó y por lo que Albert Castillo y su hermano Tony fueron sentenciados a 93 años de cárcel. De acuerdo a la denuncia de hechos del 14 de diciembre de 2011 puesta en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por María Elena Cruz, madre del inculpado, Miranda Torres reconoció la simulación del secuestro el 13 de octubre de 2010, horas después de que Albert Castillo fuera torturado en el Cefereso Número 2 para que se incriminara.

Albert  Castillo Cruz fue privado de su libertad por Isabel Miranda Torres y su hermano Roberto, el 7 de marzo de 2006.  Se encontraba en su trabajo, cuando los hermanos Miranda fueron por él acompañados de cuatro hombres encapuchados, vestidos de negro y portando armas largas. Lo golpearon durante unas tres horas y lo acusaron de ser secuestrador.  Castillo negó las acusaciones y Roberto Miranda lo golpeó en las costillas y le dijo: “pues, ahora ya lo eres”. Posteriormente se lo llevaron a las oficinas de SIEDO, según especificó Castillo en su declaración ministerial y en las denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También lo denunció en varias cartas al embajador Anthony Wayne y al presidente de Estados Unidos, Barak Obama, ya que él y su hermano Tony Castillo Cruz tienen la ciudadanía estadounidense.

Primera página de la carta de Albert Castillo al embajador Anthony Wayne.

“Sé que ustedes no hicieron nada, pero aquí te chingas”

Al día siguiente de ser torturado por segunda ocasión el 12 de octubre de 2010 “de parte de la señora Isabel Miranda”, en el Cefereso No. 2  de Puente Grande, Jalisco, Albert Castillo fue llevado con Miranda, quien dijo que “él la había mandado llamar para pedirle perdón”:

–¿Quién le dijo eso? –preguntó Albert a Miranda.

–La gente que estuvo ayer en la noche contigo –le respondió ella en alusión directa a sus torturadores.

–Yo no tengo nada que declarar –contestó Castillo.

–Si no te declaras culpable, ellos (señalando a los tres agentes ministeriales y al MP Braulio Robles Zúñiga) van a regresar a refrescarte la memoria –insistió Miranda Torres.

En ese momento, Albert Castillo escuchó que uno de los guardias recibió órdenes para que lo trasladaran a la celda 19, pasillo II. Y en el traslado el guardia le dijo que “por su bien, tenía que decir y hacer todo lo que le dijeran”. Castillo sólo lo escuchó sin decir nada. Al poco tiempo, volvieron a trasladarlo a otra oficina “que está en COC, y la oficina es identificada como CTI”, donde se encontraban nuevamente Isabel Miranda Torres, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga y los mismos tres agentes ministeriales que lo habían torturado.

Miranda le dijo que si se declaraba culpable, “que ellos le podían conseguir beneficios”.

–No lo voy a hacer, porque no soy culpable de nada –respondió Castillo.

Braulio Robles intervino:

–Tienes que decir lo que querías decir ayer en el juzgado.

–Lo que ustedes querían que yo declarara, porque me torturaron toda la noche –contestó el inculpado.

Isabel Miranda insistió:

–Si no te declaras culpable y dices lo que yo quiero, te voy a hacer la vida imposible. Yo tengo arreglado esto con gente muy importante.

En la declaración ministerial, Castillo Cruz señaló que Isabel Miranda lo amenazó con lastimar a su familia, y con entrar a la prisión las veces que quisiera para torturarlo, “porque ella podía hacer ahí lo que quisiera”.

–Usted sabe que nunca estuve en el lugar de los hechos. Y no nos vio ahí, porque mi hermano y yo somos inocentes, no hicimos nada, ni sucedió nada –dijo Albert Castillo, en referencia a su hermano Tony, inculpado y sentenciado también a 93 años por el mismo supuesto delito.

–Es cierto, yo no los vi, y sé que ustedes no hicieron nada, pero aquí te chingas –contestó Isabel Miranda.

Al día siguiente lo llevaron ante un Juzgado que el inculpado no pudo identificar, ni tampoco se lo notificaron. Allí se encontraba Isabel Miranda y sus torturadores Braulio Robles Zúñiga y otros tres agentes ministeriales de los que no se aportó sus nombres. La declaración de Albert Castillo fue la misma:

“Yo no tengo nada que confesar, yo no sé nada, yo nunca estuve en el lugar de los hechos, y simplemente les dije que iba a declarar para que dejaran de torturarme”, mostrando las huellas de las torturas en su cuerpo.

El 14 de octubre de 2010 volvieron los mismos agentes ministeriales junto con Braulio Robles Zúñiga para torturarlo de nuevo. Le gritaron que se había “pasado de pendejo” y que “con ellos no iba a jugar”, profiriéndole una sarta de insultos. “Le pusieron esposas en las manos y pies, le pusieron una toalla mojada en la cabeza y una bolsa de plástico para asfixiarlo, y siguieron golpeándolo en el cuerpo”, especifica la denuncia al subprocurador de la SIEDO. La tortura fue suspendida cuando prometió que ahora sí se declararía culpable; sin embargo, nunca se incriminó ante un juez y fue sentenciado sólo con las acusaciones de Isabel Miranda Torres.

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Los testigos de la tortura a Albert Castillo

Albert Castillo envió un segundo escrito al titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, el 17 de abril de 2013, para pedirle su intervención en el desahogo de pruebas de tortura. El primero fue el 24 de julio de 2012, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos respondiera que “no habían encontrado irregularidades”.

En el escrito a la CIDH, Castillo insiste en que se tome la declaración a J. Jesús Galván Díaz y Erasmo Ornelas Peñuelas, quienes eran sus compañeros de celda “en el momento en que ocurrieron los hechos”. La declaración ministerial de Ornelas atestigua los hechos:

“…yo presenté una petición dirigida a la autoridad de este centro, para evitar que me fueran a inculpar por los golpes que Alberto presentaba en estos momentos y eran muy visibles, fue el mismo día que ingresa al módulo 8, después de que lo sacaron por varios días, ese día yo tenía visita, que fue cuando regresó a la estancia, ya él estaba muy golpeado y fue cuando en ese momento hice mi petición, dirigida a seguridad interna  de este centro, yo narré que Alberto salió de la estancia por varios días sin recordar cuántos y cuando regresó, yo lo miré que estaba golpeado, tenía marcas en las muñecas y en los tobillos, como si hubiera estado amarrado, y se le miraban heridas abiertas con muy mal aspecto, en el cuello se le miraban moretones, en la boca del estómago también se le miraban moretones, me consta que él reportó al encargado del módulo y él solicitaba diariamente que lo atendieran por parte del área médica (…)”.

La declaración ministerial del interno J. Jesús Galván:

“…lo que me consta es que Alberto Castillo Cruz solicitaba la autorización para atención médica ya que éstas nada más se nos programan dos veces a la semana, y como lo mencioné sí le vi lesiones en las muñecas, en los tobillos, en el cuello, como magulladuras de sangre, sin observar sangre por fuera, desconociendo cómo se las había ocasionado, pero a Erasmo y a mí nos platicó que unas personas se las había hecho y que éstas habían ingresado al centro y recuerdo las palabras de Alberto cuando explicaba que sus lesiones fueron en relación a que habían sido causadas por una tortura para que firmara y aceptara su responsabilidad, (…)”

Albert Castillo Cruz apuntó: “todos se dieron cuenta que fui sacado del módulo con mis cosas y regresado a la semana con huellas de tortura, y no como las autoridades dicen que no hay registro de que yo haya sido reubicado”. Incluso, da como prueba un recibo de compra de la tienda del Centro de Observación y Clasificación (COC) en esa semana en que fue torturado. También pidió el testimonio de los internos de la misma sección que lo vieron, Luis Morales Villanueva, Manolo Padierna Sánchez y Carlos García Ferrat.

El custodio que sacó de la celda a Castillo para trasladarlo al cuarto de tortura fue identificado como Emiliano Reynoso Flores. Y los custodios que lo sacaron del módulo 8 para trasladarlo al Centro de Observación y Clasificación fueron identificados como Eusebio Jiménez Evangelista y el custodio Gámez. Castillo señaló en el escrito a Derechos Humanos que el director del Cefereso en ese momento fue Francisco Javier Gómez Meza, quien permitió la tortura, y dos semanas después se lo llevaron preso presuntamente por narcotráfico.

Dos oficiales más, testigos de los hechos, presentaron una queja ante derechos humanos al Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública por la tortura a Castillo. Fueron los oficiales Salvador Moreno Chávez y Erick Hernán Cortés, quienes mostraron su disposición a dar su testimonio, pero posteriormente fueron removidos del penal, uno de ellos al Estado de Durango, sin que la familia o Castillo Cruz volviera a tener contacto con ellos.

Sin embargo, pese a los múltiples testimonios y quejas oficiales por los mismos custodios, la perito oficial en Psicología Lucía Galeana Garzón, el 3 de junio de 2011, entregó los resultados del dictamen psicológico de tortura con el número de folio 11222 realizado el 20 de mayo de 2011. Su conclusión fue:

“…Como resultado de la evaluación psicológica practicada, conforme a los lineamientos que marca el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, (Protocolo de Estambul) al señor Alberto Castillo Cruz, se determina que no presenta ninguna de las reacciones psicológicas no de las clasificaciones diagnosticadas comúnmente identificadas en víctimas sobrevivientes de tortura…”.

 

Las denuncias por tortura ignoradas por Derechos Humanos

Los familiares de Albert Castillo –su madre María Elena Cruz y su tío Luis Carrillo Bustamante– pusieron varias denuncias y quejas ante diferentes instancias judiciales y ante comisiones de derechos humanos. Sin embargo, ninguna institución mostró interés por investigar los hechos denunciados por tortura y falsedad a autoridades por parte de Isabel Miranda.

La primera denuncia fue dirigida al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, el 21 de octubre de 2010, siete días después de la segunda tortura, cuya recepción fue foliada con el número 75910. En esa denuncia, los familiares de Castillo Cruz señalaron a Isabel Miranda Torres y a su hermano Roberto como responsables directos de la detención ilegal de Albert y de haber ordenado y participado en su tortura el 12 y 14 de octubre de 2010.

Una siguiente denuncia fue presentada al titular de la SIEDO, Arturo Germán Rangel, el 16 de diciembre de 2010, en contra del MP Braulio Robles Zúñiga, quien fue identificado por Castillo como su principal torturador, y contra el agente ministerial Ignacio Silva Vázquez, con la que se abrió la averiguación previa  número 233/UEIDAPLE/LE/12/2010. En esta misma denuncia se incorporó al director del Cefereso  No. 2, Francisco Javier Gómez Meza, a Roberto Miranda y a Isabel Miranda, señalada de coordinar la sesión de tortura desde una ventana de rejas en el techo de la habitación donde lo tenían para estos propósitos.

Otra denuncia fue dirigida al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Enrique Gómez García, el 28 de octubre de 2010. En ésta se especificó a detalle la tortura, y de cuando los agentes con pasamontañas y vestidos de negro, le dijeron: “Venimos de parte de la señora María Isabel Miranda Torres”.

Castillo Cruz hizo responsables de lo que le pasara a él y a su familia al Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, a María Isabel Miranda Torres, “y todas las autoridades de este centro federal como son el director técnico Pedro Ramírez, el director de Seguridad de apellido Silva (Ignacio Silva Vázquez), los adjuntos de Seguridad y Guardia, de Seguridad y Custodia,  y a todos los integrantes de la misma…”. Incluso Castillo pidió el álbum fotográfico de los custodios para identificar por rostro a los que participaron en su tortura, según lo especifica el oficio número 1537/UEIDAPLE/12/2011 a la Procuraduría General de la República (PGR), con el que se determina el “No ejercicio de la acción penal” a los denunciados.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos remitió a la PGR, con fecha del 14 de junio de 2011, el oficio V3/36998 suscrito por Sergio Iván de la Selva Rubio, en el que afirma que en el Cefereso No. 2 “no existe antecedente de que el señor Alberto Castillo Cruz fue objeto de maltrato”.

QUEJA PRESENTADA ANTE LA COMISION  NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS062-page-006

La obsesión de Isabel Miranda por el cercenamiento de su hijo

Albert Castillo señaló que nunca había escuchado el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, ni las palabras “secuestro”, “levantar”, “casa de seguridad”, “negociación”, “950 mil dólares”, “pago” ni “rescate”. Sin embargo, Isabel Miranda lo acusó de ser parte de una “banda de secuestradores” y le puso un alias: “El médico”. También ella lo acusó de ser quien había cercenado el cuerpo de su hijo con una sierra eléctrica “Black and Decker” comprada en un WalMart después de las cuatro de la madrugada del 12 de julio de 2005.

De acuerdo a la declaración difundida por Isabel Miranda en los medios mexicanos, su hijo supuestamente fue cercenado en el baño del departamento de la inculpada Juana Hilda González. Así mismo, en el careo constitucional entre Albert Castillo Cruz y María Isabel Miranda Torres, realizado el 7 de enero de 2008, ella insiste en que su hijo fue cercenado:

“… tú sabes perfectamente bien Alberto Castillo Cruz que mi hijo no está vivo, porque tú te encargaste de cerciorarte de que estaba muerto, y más aún tú cercenaste el cuerpo de mi hijo, junto con tu hermano…”.

No obstante, se realizaron inspecciones periciales y no se encontró ningún vestigio de sangre en el baño que tiene “dimensiones tan pequeñas tal como consta en la inspección judicial…”, sitio en el que según las conclusiones absolutorias de la defensa de Castillo Cruz, no hubieran cabido los dos hermanos Castillo, el cuerpo de Hugo Alberto Wallace entonces con un peso aproximado de unos 150 kilos –según la defensa- y adicionalmente la motosierra.

Ya desde el 3 de marzo de 2006, se contaban con los resultados del peritaje de la Dirección de Biología Molecular en especialidades criminalísticas, del departamento de Genética Forense de la PGR , fojas 241 del Tomo VIII, donde se confirmó que las muestras rotuladas como restos óseos 1 y 2, no eran de origen humano.

El perito Carlos Alberto Jiménez Baltazar, adscrito a la Coordinación de Servicio Periciales fue quien determinó que “el perfil genético de los residuos que fueron recabados en la coladera del baño del departamento número 4 no eran de origen humano”.

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La acusación contra los Castillo

En la versión fabricada por Isabel Miranda Torres, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad identificó una serie de contradicciones y discrepancias que fueron obligadas a decir a los inculpados respecto al tema de la supuesta muerte de Hugo Wallace. El análisis -entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México- destacó en este apartado las discrepancias que incriminaron a los hermanos Castillo supuestamente encargados de “descuartizar” el cuerpo de Wallace y de limpiar el baño.

Entre los hallazgos de incoherencias de los activistas canadienses, se revela que los inculpados declararon que los Castillo limpiaron el baño antes y después del descuartizamiento, según las declaraciones incriminatorias de Juana Hilda González y Jacobo Tagle al dar las horas de los hechos, mientras que la sierra y los utensilios de limpieza fueron comprados supuestamente después de las 4 de la madrugada.

  1. Según la declaración incriminatoria de Jacobo Tagle, los hermanos Castillo se fueron con la sierra, después de descuartizar el cuerpo, y Juana Hilda González se quedó en el departamento, mientras él y César Freyre bajaron la maleta y las bolsas con los restos humanos.
  2. Según Juana Hilda González, los hermanos Castillo se quedaron en el departamento a limpiar, y ella junto con César Freyre y Jacobo Tagle se bajaron con las bolsas de plástico donde llevaban los restos de Hugo Wallace.
  3. Según César Freyre, él y Jacobo Tagle se bajaron con las bolsas de plásticos con los restos humanos y con la sierra, porque los hermanos Castillo ya se habían ido.

La Asociación Canadiense destacó en el análisis que hay tres versiones diferentes también respecto al cercenamiento del cuerpo que dan Juana Hilda González, César Freyre y Jacobo Tagle en su declaración bajo coacción. Incluso, César Freyre, a quien Miranda Torres acusó de ser el jefe de la banda, desconoce si la supuesta sierra para descuartizar el cuerpo de Wallace es de gasolina o eléctrica, pese a que en su incriminación dijo haberla comprado él.

De acuerdo al documento, otro hecho que se destaca es que ninguno de los inculpados supo responder qué pasó con la sierra, después del cercenamiento.  Otra contradicción resaltó al dar el color de las bolsas en que supuestamente metieron los restos de Hugo Wallace. En esta alusión, Isabel Miranda Torres también discrepó de los inculpados, y declaró a los medios que se trataba de una bolsa transparente, mientras que las declaraciones incriminatorias dijeron que eran bolsas negras.

El siguiente video fue realizado de forma humorística para evidenciar las contradicciones de las denuncias de Miranda. La fuente original es  www.mexicoporflorencecassez.wordpress.com.

Los tropiezos de Miranda en los careos constitucionales

Otra falsedad a la autoridad por parte de Isabel Miranda fue afirmar que Albert Castillo se encontraba el 12 de julio de 2005 en el departamento de los supuestos hechos. Incluso, Miranda lo señaló como la persona que había visto “a corta distancia” en el departamento de Perugino  y que la estuvo observando.

“… el 12 de julio de 2005 era imposible que yo conociera el nombre de mi careado, pero con posterioridad me enteré que su nombre es Alberto Castillo Cruz, su presencia concuerda plenamente con lo declarado por Juana Hilda González Lomelí, el día 8 de febrero de 2006, cuando se refiere que tanto Tony como Alberto Castillo Cruz, se quedaron más tiempo en el departamento después de que salieron Brenda, Jacobo y César Freyre con el cuerpo de mi hijo ya cercenado por Alberto Castillo Cruz”.

Albert Castillo preguntó a Miranda en ese mismo careo constitucional por qué no llamó a las autoridades para que lo detuvieran ese 12 de julio de 2005, fecha en que supuestamente lo vio como sospechoso en el lugar de los hechos. Sin embargo, Miranda no dio respuesta específica y de acuerdo a la minuta del careo ratificó su declaración de que Castillo era la persona que había cercenado el cuerpo de su hijo y que las autoridades habían fallado en su identificación.

“…quiero afirmar sin lugar a equivocarme que Alberto Castillo Cruz, es la misma persona que estuvo en Perugino número seis el día 12 de julio de 2005, ya que lo tuve a una distancia muy corta, y no hay duda de ello, y que por supuesto que pedí que interrogaran a todas las personas que se encontraban dentro del edificio antes mencionado, pero de manera negligente, la autoridad, en este caso la Procuraduría del Distrito Federal, no lo hizo”.

La defensa de los Castillo Cruz acreditó que cuatro personas estuvieron con Albert Castillo el 11 de julio de 2005, entre las 9 y las 10 de la noche. Todos pertenecientes a un comité de rescate de unidades habitacionales promovido por la Procuraduría Social del Distrito Federal. Esa noche firmaron documentos y las hojas de los cheques para las personas que hacían las reparaciones del edificio donde vivían. Las personas dieron sus testimonios. En el caso de su hermano Tony, la defensa acreditó que estuvo en la fiesta de cumpleaños de su novia y que terminó a la cinco de la madrugada del 12 de julio. Los testigos se presentaron a declarar y confirmaron haber estado con él; sin embargo, el juez 4o de Distrito de Procesos Penales Federales dictó sentencia de ‘culpables’ el 28 de octubre de 2011.

La voz de la madre de los hermanos Castillo

Escuchar a María Elena Cruz en entrevista con Los Ángeles Press.

La madre de los hermanos Castillo, María Elena Cruz, en entrevista exclusiva a Los Ángeles Press, narró el sufrimiento que han padecido por “la fabricación del caso Wallace”. Así mismo, especificó que su hijo Albert no tiene ninguna formación profesional en medicina y que Miranda “probablemente” había deducido que era médico, porque trabajaba en el Hospital Juárez de México, y necesitaba una coartada para sostener la mentira del desmembramiento del cuerpo. A Tony Castillo, Isabel Miranda le puso el alias “El Panqué”, basada en su complexión robusta. Al igual que el resto de los inculpados, puso la fotografía de Albert Castillo y de su hermano Tony, en un espectacular montado por su empresa Show Case, SA de CV con la palabra “secuestrador” antes de ser investigados judicialmente y sentenciados.

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Esta imagen fue publicada en el libro El Caso Wallace, de Martín Moreno, sin cubrir el rostro del menor, y presentando a sus padres como delincuentes.

Cómo Miranda fabricó “la banda de secuestradores”

 La acusación de Isabel Miranda Torres contra los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, y contra cinco personas más, fue hecha a raíz de una fotografía encontrada en el departamento de la también inculpada Juana Hilda González, en Perugino No. 6, de Insurgentes Extremadura del Distrito Federal. En la foto se encuentran Jacobo Tagle, Brenda Quevedo, Juana Hilda González, César Freyre, Albert y Tony Castillo, Paola Patricia Díaz Romero y Jael Malangón Uscanga con su hijo de cuatro años de edad, tomada en Chalma, Estado de México, en un paseo que habían hecho en grupo meses atrás.

Los inculpados en la fotografía señalados con letras, fueron identificados por Juana Hilda González después de ser torturada y humillada sexualmente por los ministerios públicos Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz, según su declaración ministerial y de acuerdo a los diferentes careos constitucionales con los inculpados.

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El patrón de hostilidad de Isabel Miranda contra sus víctimas

En la declaración ministerial y en las denuncias de Albert Castillo Cruz hace referencia a situaciones que coinciden en las declaraciones de los otros inculpados torturados, específicamente en los casos de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle y César Freyre. Las denuncias coinciden sin que haya habido contacto entre ellos, a lo largo de varios años que los han mantenido recluidos en diferentes penales de alta seguridad:

  • Isabel Miranda participó directamente en la detención ilegal de los inculpados.
  • Todos los inculpados fueron torturados, excepto Tony Castillo quien fue recluido en Matamoros, Tamaulipas, un penal que no ha sido visitado por Isabel Miranda.
  • Los torturadores dijeron hacer su trabajo a nombre “de la señora María Isabel Miranda Torres”.
  • La tortura tenía el propósito de que se declararan culpables del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.
  • Isabel Miranda Torres presenció la tortura de todos los inculpados, excepto en el caso de Brenda Quevedo Cruz.
  • El principal operador de la tortura fue en todos los casos el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga.
  • Isabel Miranda Torres amenazó de muerte a todos los inculpados y a sus familiares.
  • Isabel Miranda Torres acusó de falsos delitos a familiares y defensa de los inculpados y tuvo éxito en el caso de la madre y la hermana de César Freyre, quienes estuvieron en la cárcel durante año y medio; y en el caso de la abogada defensora de Brenda Quevedo Cruz, quien estuvo durante tres meses arraigada. Las tres salieron exoneradas de cargos.
  • Isabel Miranda Torres obligaba a los inculpados a pedirle perdón. Sólo en el caso de Juana Hilda González lo logró con las amenazas contra su madre y su hija menor de edad.
  • Isabel Miranda Torres condujo la grabación en las autoincriminaciones de tres inculpados después de sus torturas, la de Juana Hilda González, la de César Freyre y la de Jacobo Tagle. Los demás inculpados, pese a las torturas, no se han incriminado.

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana (quinta parte)

Fuente: Los Ángeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

1 de julio del 2014

NO SEAS CÓMPLICE DE ISABEL MIRANDA TORRES.

Firma aquí la petición para la revocación de su premio de derechos humanos

Espectacular de Isabel Miranda burlándose de la policía mexicana. Foto: Archivo/Notimex
Espectacular de Isabel Miranda burlándose de la policía mexicana. Foto: Archivo/Notimex

Segunda parte: Pruebas y testigos contra el caso Wallace.

Tercera Parte: La simulación del secuestro Wallace.

Cuarta Parte: Isabel Miranda de Wallace, verdugo de Tagle.

César Freyre Morales cumple una condena de 131 años por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Miranda Wallace en el penal de Almoloya de Juárez, México. Pese a los rastros de vida que ha ido dejado la presunta víctima desde el 11 de julio de 2005, las torturas a Freyre han sido sistemáticas hasta su sentencia. Su hermana Julieta y su madre Rosa María Morales también fueron acusadas por los mismos delitos y liberadas después de año y medio al no encontrar pruebas en su contra.

En la captura de Freyre, el 26 de enero de 2006 –según su declaración ministerial del 27 de enero entregada a Los Ángeles Press por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad– estuvo presente Isabel Miranda Torres, tal como participó en la detención sin orden judicial del inculpado Jacobo Tagle Dobin acusado por el mismo delito. Sin embargo, en una carta dirigida al titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, Freyre especifica que su detención fue el 23 de enero, a las 17 horas, y por un grupo de civiles.

Durante el primer día que torturaron a Freyre con toques eléctricos y golpes, “se acercó una mujer y le dijo que le entregara a su hijo porque ella ya tenía ubicada a su familia y los iba a matar a cada uno de ellos”. Después supo que se trataba de Isabel Miranda Torres y Hugo Alberto Wallace. Los dos días siguientes continuaron torturándolo. Pero Freyre Morales se sostuvo en rechazar todas las imputaciones, y le dijeron que “como no cooperaba” lo trasladarían a la “Casa negra”. Ahí, los mismos cuatro hombres vestidos de civil que lo detuvieron, lo volvieron a golpear una y otra vez y lo torturaron con toques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en aguas negras y asfixia con agua en la nariz y en la boca. Freyre nuevamente negó las imputaciones y entonces lo trasladaron a una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

En esa misma declaración ministerial y en la carta dirigida al Peña Nieto, fechada en agosto de 2013, Freyre denunció a Isabel Miranda Torres de coordinar los traslados ilegales para su tortura. Especificó que allí mismo, en la Secretaría de Seguridad Pública, Miranda organizó una conferencia de prensa en la que fue exhibido como secuestrador ante los medios de comunicación, y que le “fajaron un arma en la cintura” para tomarle fotografías. Dos meses antes, ya había sido presentado como delincuente en espectaculares públicos por la empresa Show Case Publicidad, SA de CV, propiedad de Miranda Torres.

Isabel Miranda viola el derecho de presunción de inocencia de César Freyre. Foto: Archivo/Cuartoscuro
Isabel Miranda viola el derecho de presunción de inocencia de César Freyre. Foto: Archivo/Cuartoscuro

Freyre Morales señaló en su declaración que durante esos primeros tres días no se le ofreció atención médica ni se elaboró ningún documento oficial por su detención. Y cuando fue trasladado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el 26 de enero, pretendían obligarlo a firmar una declaración ya elaborada con nuevas amenazas contra su familia, pero volvió a negarse. Hasta entonces lo examinaron médicamente y certificaron su estado físico en “autos”, para después trasladarlo a la Casa de Arraigo Federal donde permaneció durante 90 días en completa incomunicación.

Las versiones de la detención de César Freyre

Hay al menos cuatro versiones distintas sobre la detención de César Freyre, de acuerdo a las declaraciones ministeriales obtenidas por Los Ángeles Press. Dos de Freyre, antes de incriminarse y después de incriminarse el 2 de octubre de 2010. Las otras dos versiones son de Isabel Miranda y su hermano Roberto, ambas con discrepancias. En la declaración ministerial del 27 de enero, César Freyre sostiene que lo interceptó la policía el 23 de enero, lo torturaron, y ahí mismo estaba Isabel Miranda Torres. La forma en cómo lo abordaron:

“Me interceptó la policía, que me imagino fue la que me puso a disposición en un carro particular sin placas y me subieron a ese carro, y fue cuando me empezaron a golpear y a darme de chicharrazos, fue cuando se me acercó una mujer diciéndome que le entregara a su hijo…”.

La versión de Isabel Miranda cuando vio a Freyre en su detención, según su declaración en el careo constitucional el 17 de enero de 2008:

“…la primera vez que te vi fue el día veinte de enero de dos mil seis, en la esquina de Obrero Mundial y Mier y Pesado, siendo entre las ocho y nueve de la noche, fue la primera vez que te tuve a la vista, cuando ibas saliendo de la tienda llevabas unos lentes en la cabeza y una botella de agua, porque te ibas a encontrar con Keosqui, fue la primera vez que te tuve a la cara, y ese día cuando te detuvieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.”

La versión de Roberto Miranda al abordar a Freyre en su detención:

“…el día veintiséis de enero de dos mil seis, acompañé a mi hermana afueras del restaurante Angus de la Zona Rosa, específicamente de la calle de Hamburgo, ahí trabajaba Keops Salazar de “hooster” (sic) y al salir de su trabajo le dimos seguimiento a la referida la cual se bajó en un taxi que también la llevaba sobre la avenida Obrero Mundial y la diversa Neri Pesado (sic), número 195, y fue cuando nos topamos con César Freyre Morales”.

En esta declaración, Isabel Miranda Torres dijo en el careo a pregunta de Freyre que lo habían estado siguiendo ella y su hermano Roberto en un taxi. Pero César Freyre afirmó que Isabel Miranda iba sola con los policías vestidos de civiles, y hasta enero de 2008, en el careo constitucional, vio por primera vez a Roberto Miranda.

Las versiones sobre la detención de Freyre - Fuente: Los Ángeles Press
Fuente: Los Ángeles Press

Las visitas extrajudiciales de Isabel Miranda

En un periodo de tres años, César Freyre tuvo unas veinte visitas extraoficiales en el Cefereso Número 1. La primera fue de Isabel Miranda Torres en la que lo amenazó diciéndole que “si no le entregaba a su hijo, iba a pagar a alguien dentro del penal para que lo mataran y que a su familia también la iba a matar o la iba a desaparecer”. Seis meses después, lo trasladaron a la Sala de visita familiar número 7, adonde llegó a verlo de nuevo Miranda Torres. Declaró Freyre que en esa ocasión Miranda le mostró fotografías de las tumbas de sus familiares muertos, y amenazó con exhumar sus restos y tirarlos a un canal.

La tercera visita de Miranda fue en la sala 7 de Juzgados, a donde trasladaron a Freyre para el encuentro mientras se encontraba recluido en el pasillo 4 estación COC.  Allí Miranda, acompañada de dos personas, le dijo que estaba dispuesta a negociar con él y que le proponía que lo trasladaran a un penal estatal del Distrito Federal “con todas las comodidades y beneficios”, a cambio de que le dijera dónde estaba su hijo, o de lo contrario la iba a pasar muy mal porque contaba con el apoyo del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Freyre también tuvo otras dos visitas extraoficiales de José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de SIEDO en ese momento, quien después fallecería en un supuesto accidente aéreo cerca de Los Pinos el 4 de noviembre de 2008 junto con el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño. Vasconcelos primero intentó negociar con Freyre su libertad a cambio de la seguridad de su familia; sin embargo Freyre tampoco aceptó en esta ocasión inculparse y el subprocurador lo amenazó con el arraigo a su madre y hermana.

El subprocurador de la SIEDO cumplió su amenaza, y al día siguiente del arraigo de las familiares de Freyre lo visitó en el penal. Santiago Vasconcelos insistió en que se inculpara a cambio de la libertad de su familia, pero Freyre de nueva cuenta se negó a aceptar las imputaciones que le hacían.

Las siguientes visitas extraoficiales fueron hechas por agentes federales de la Procuraduría General de la República y por agentes federales preventivos torturándolo con golpes, toques eléctricos, ahogamiento por inmersión y obstrucción de boca y nariz con vendas y agua. En todas las visitas ha sido amenazado con afectar de diversas formas a su familia, y las denuncias sobre su tortura constan en el Juzgado Cuarto de Distrito, y en organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

El recorrido inútil por los derechos humanos

La madre de Freyre, Rosa María Morales y su hermana Julieta Freyre pusieron una queja de derechos humanos el 31 de enero de 2006, dirigida al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de ese entonces, José Luis Soberanes, la cual fue recibida por la Oficialía de partes bajo el folio 4675. En ésta, se aludía a la detención ilegal de César Freyre por parte de Isabel Miranda Torres y se mencionaba la detención de Juana Hilda González Lomelí, también torturada, humillada sexualmente y amenazada contra su familia, así como los cateos ilegales a casas de familiares, vecinos y gente de alrededor realizados por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) sin ninguna orden judicial y coordinados por Isabel Miranda Torres. Dichos cateos se siguieron realizando hasta 2010, según denuncias ciudadanas a medios mexicanos.

 

Denuncia a la CNDH
Denuncia a la CNDH

El 9 de febrero de 2006, tal como había advertido el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, la madre de César Freyre, Rosa María Morales, y la hermana Julieta Freyre fueron detenidas por la acusación de Isabel Miranda Torres con los mismos delitos que le imputaron a César, según la orden dictada por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales. A la semana siguiente, con fecha del 16 de febrero, otra de sus hermanas, Ivonne Freyre, puso de nuevo una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibida por la Oficialía de partes con el folio número 7315 en la que denunciaba la detención ilegal ahora de sus tres familiares.

El arraigo de la madre y la hermana de Cesar Freyre fue ordenado por 90 días, pero en poco menos de ese tiempo fueron consignadas y trasladas al penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, donde estuvieron encarceladas durante año y medio. Después de ese tiempo, se dictó una absolutoria por “no encontrar elementos probatorios” de los cargos. Isabel Miranda Torres fue demandada por la vía penal y civil bajo el cargo de daño moral; sin embargo, hasta la fecha no ha sido ejecutada ninguna acción judicial en su contra.

 

Denuncia a la CNDH por la detención de la madre y la hermana de César Freyre.
Denuncia a la CNDH por la detención de la madre y la hermana de César Freyre.

 

¿Cuándo se declara culpable César Freyre?

Desde su detención, el 23 de enero de 2006, César Freyre se mantuvo firme en rechazar todas las imputaciones que le hacían por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Pese a las constantes torturas, durante cuatro años negó haber cometido el delito. Incluso, en una carta enviada a Brenda Quevedo Cruz al penal de Santiaguito, Estado de México, él le pide que no se inculpe, y le da ánimos. Freyre es explícito en la carta respecto a las torturas y asegura saber que a ella también la han estado torturando de la misma manera y califica la situación como “una gran injusticia”. La carta fue notificada a la familia Quevedo en junio de 2010.

 

Fragmento de la carta de Freyre
Fragmento de la carta de Freyre

Sin embargo, César Freyre aceptó declararse culpable en medio de otra sesión de tortura el 2 de octubre de 2010. De acuerdo su testimonio, eran las 22:30 horas, cuando un oficial de los denominados 2-1 lo condujo a un cubículo cerca de la aduana donde lo esperaban unos diez agentes de ambos sexos. Uno de ellos, le dijo: “¡Ya te llegó tu hora!”. Inmediatamente después, dos de los agentes lo sometieron y le ordenaron que se desnudara, que iban a hacerle “un chequeo médico”.

“Me vendaron las manos cruzadas y me envolvieron con una sábana de los pies hasta el cuello ajustándola con cinta canela. Por último, me vendaron los ojos colocándome un trapo en toda la cara, echándome agua en la nariz y boca a intervalos de hora y media aproximadamente, por lo que finalmente acepté lo que me pidieran”.

Después de la tortura le hicieron leer unos documentos en voz alta, y lo grabaron en video mientras leía. También le pidieron hacer un croquis del lugar para simular dónde había arrojado el supuesto cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Cuando terminaron, le dijeron que todo lo que le estaban haciendo tenía el apoyo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y que tenían intervenida su estancia, el locutorio y la sala de visita para que no contara a nadie de lo que había pasado ahí, de lo contrario volverían a visitarlo.

Pero las visitas extraoficiales no se detuvieron. La siguiente tortura fue el 22 de octubre de 2010 para que ampliara su declaración. Fueron por él dos oficiales de los denominados 2-1, y lo trasladaron al mismo cubículo. Lo entregaron a cinco hombres que lo esperaban con esposas y grilletes, y lo subieron a una camioneta. Después de un par de horas, según su testimonio, le hicieron un examen médico y nuevamente lo vendaron desde los pies hasta el cuello, ajustándolo con cinta canela.

“En esta ocasión me sumergieron en un recipiente con agua y me daban cargas eléctricas durante 40 minutos, después me quitaron la cinta canela y me dijeron que si ya no quería más tenía que ampliar la declaración del 2 de octubre, y me amenazaron con desaparecer a mi mamá y a mi tía Adriana”.

“Tú sabes quién está ordenando esto”, le dijeron los oficiales, y cuando terminaron de grabar esta segunda declaración lo llevaron a una certificación médica. Ese mismo día, falleció su hermana Julieta.

Declaración fabricada a César Freyre después de su tortura del 2 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.
Declaración fabricada a César Freyre después de su tortura del 2 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.

“¿Cómo ve que las metí a la cárcel?”: Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz

En entrevista para Los Ángeles Press respecto al caso Freyre, uno de los testimonios que revelaron la arbitrariedad de las autoridades judiciales mexicanas en la detención de Rosa María Morales y su hija Julieta, fue el de Enriqueta Cruz Gómez, madre de la también inculpada Brenda Quevedo Cruz.

En junio de 2006, ya consignadas la madre y hermana de Freyre, el Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz llamó a comparecer a Enriqueta Cruz ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Cuando llegó a esa dependencia, tenía el mensaje de que pasara sin abogado, porque el “MP quería hablar con ella”.  El abogado de Enriqueta Cruz, le dijo “que no pasaba nada, que estuviera tranquila, y que luego él la alcanzaba”.

El Ministerio Público, Fermín Ubaldo Cruz, ya había sido identificado como el torturador de Juana Hilda González Lomelí para que se incriminara después de su segunda detención ilegal por la acusación de Isabel Miranda. Ubaldo Cruz también fue denunciado por humillación sexual a la misma acusada, y de ponerle a su hija en el teléfono para amenazar a ésta y a la madre de Juana Hilda.

Este agente fue quien atendió a Enriqueta Cruz en las oficinas de la SIEDO, y después de varios minutos de conversación donde estuvo preguntándole por el paradero de su hija, le ofreció que sería “testigo protegido”, si decía dónde se encontraba ella. Enriqueta Cruz respondió con preguntas insistentes, entre éstas, “¿por qué estaban involucrando a su hija en ese crimen”.

Fermín Ubaldo Cruz, molesto, azotó varias veces con su mano el escritorio y espetó:

–¡Hable, con una chingada! ¡Ya me cansé de sus pendejadas! Aquí el que hace las preguntas soy yo. Y así como está usted sentada, estuvo sentada la mamá de César Freyre, ¿cómo ve que las metí a la cárcel?

–¿Y por qué me va a meter a la cárcel a mí? ¿Por qué delitos? –inquirió sorprendida la madre de Brenda Quevedo.

–¡A mí me vale madres! Eso es lo de menos –gritó el agente y volteó a ver a un perito que se encontraba en la misma oficina– Es más, tú, quítale un cabello a esta señora y sácale sangre –le ordenó.

–¿Pero para qué? ¿Por qué? –preguntó la madre.

–Para cuando encontremos a su hija muerta –respondió el agente del Ministerio Público, y sentenció– porque la vamos a encontrar muerta.

La madre empezó a llorar, y fue cuando entró el abogado:

–¿Qué pasó? Ya me la hicieron llorar –dijo.  El agente Fermín Ubaldo respondió:

–No, sólo le estamos ofreciendo que su hija entre al programa de testigo protegido.

–¿Testigo protegido? –preguntó el abogado, y remató –¿Cómo al que encontraron muerto la semana pasada?

La madre de Quevedo Cruz y el abogado se retiraron de la oficina de SIEDO.

Ampliación de la declaración que obligaron a César Freyre a dar bajo tortura el 22 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.
Ampliación de la declaración que obligaron a César Freyre a dar bajo tortura el 22 de octubre de 2010 y fue fechada en 2006.

La muerte de Julieta Freyre Morales

Con 39 años y dos hijas menores de edad, Julieta Freyre estuvo en la cárcel durante año y medio. Junto con su madre, fue acusada por Isabel Miranda Torres de haber participado en el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Después de que salieron libres con una absolutoria por no encontraron elementos que probaran la acusación de Miranda, Julieta escribió una carta en la que presenta su caso como víctima colateral.

Julieta

Una vez liberada, la lucha de Julieta Freyre por ayudar a su hermano César no se detuvo, y en compañía de Enriqueta Cruz, quien dio el testimonio, fue a pedir apoyo a la entonces senadora Rosario Ibarra de Piedra en octubre de 2010. Julieta narraba –a los abogados de la senadora– el maltrato en la cárcel a ella y a su madre, y de cómo fueron violados sus derechos de presunción de inocencia. También detallaba cómo llegó a hablar con sus hijas, llorando, mientras estaban “ardiendo en calentura” en su casa.

De acuerdo a la testigo, en ese momento, en las oficinas del Senado de la República, cuando Julieta narraba las torturas practicadas a su hermano, volteó a ver Enriqueta Cruz, y le dijo que se sentía mal. Esbozó apenas una sonrisa y cayó desmayada.

“Empezó a emitir unos sonidos espantosos, y todos estábamos asustados; yo empecé a gritar «por favor, un doctor, un doctor»”, contó Cruz. A los minutos, cuando llegó el médico del Senado, la examinó y opinó que “no era nada”.

Cruz insistió en que se trataba de algo grave, y al moverla para pasarla del suelo a uno de los sofás para visitas, se dieron cuenta que estaba orinada. “Esto no es normal”, advirtió Cruz y pidió una ambulancia. Junto con el familiar de otro dos inculpados, acompañó a Julieta Freyre en su traslado al Hospital Xoco.

“Soy inocente, soy inocente”, balbuceaba Julieta en su recaída, de acuerdo al testimonio de Cruz. Los médicos dijeron que era un derrame cerebral y pese a que fue intervenida quirúrgicamente, ocho días después murió en el hospital.

Las autoridades judiciales no han dado seguimiento a la demanda por daño moral en contra de María Isabel Miranda Torres por esta muerte, ni por el tiempo que su falsa acusación llevó a Rosa María Morales a permanecer en la cárcel durante año y medio. Hasta la fecha sigue sin encontrarse alguna evidencia pericial –científica- por el supuesto secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto.

 

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Lo más oscuro del caso Wallace: amenazas, torturas y la CNDH

Fuente : Homozapping

El 01 junio 2013

por Miguel Á. Elorza-Vásquez

 

Fuente: CNN

El llamado caso Wallace es, junto con el caso de la francesa Florence Cassez (liberada por orden de la Suprema Corte de Justicia el 23 de enero de 2013), uno de los más mediáticos y a la vez turbios, donde las acusaciones de tortura y omisión por parte de las autoridades aparecen a lo largo de todo el expediente.

Así, apenas un día después de la desaparición el 11 de julio de 2005 de Hugo Alberto Wallace Miranda, la señora Isabel Miranda de Wallace —que ha sido acusada de tortura por cinco  acusados y sus familiares— ya había localizado el que, según ella, fue el lugar donde mataron a su hijo y, dos meses después del supuesto secuestro, ella ya sabía quiénes integraban la supuesta banda de secuestradores y se los presentó a la policía y a todo el país en los espectaculares que colocó en la ciudad de México, violando el derecho constitucional a la presunción de inocencia: el exjudicial del estado de Morelos César Freyre Morales; la bailarina Juana Hilda González Lomelí, Claudia; el comerciante Jacobo Tagle; su novia Brenda Quevedo Cruz, y los hermanos Alberto y Tony Castillo.

Medio año después del supuesto secuestro, la Subprocuraduría de Investigación  Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) carecía de elementos para consignar a los señalados por la Sra. Wallace, pero  el 8 de febrero de 2006, a partir de una ampliación de declaración de Juana Hilda González Lomelí en la que contradecía dos declaraciones previas en las que negaba los cargos y que fue hecha sin asesoría legal, fuera del lugar de arraigo y bajo coacción de los agentes del Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz y Braulio Robles Zúñiga, la SIEDO pudo encauzar los cargos de secuestro y asesinato contra los acusados por la señora Wallace.

Fermín Ubaldo y Braulio Robles, además de haber amenazado a Juana Hilda González, como consta en el expediente 180/2010 abierto por el Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal, también son identificados por Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, como lo refiere Jorge Carrasco Araizaga en su artículo Lo sórdido del caso Wallace (Proceso, 1842):

A mediados de 2006 me citaron en la SIEDO. Braulio me presentó a su jefe, Fermín Ubaldo Cruz, quien me empezó a atender amablemente, pidiéndome que le dijera dónde estaba mi hija […] obviamente no le dije nada hasta que el hombre se desesperó y empezó a golpear la mesa. ‘¡Hable, con una chingada’ le soltó.

‘Así como usted está aquí sentada, así han estado la mamá y la hermana de César Freyre y las metí a la cárcel’, le dijo. Enriqueta Cruz preguntó: ‘¿y por qué las encerró?’. El ministerial se desesperó tanto que ordenó que le quitaran unos cabellos y le sacaran sangre. ‘¿Para qué?’ se defendió la mujer. ‘Para cuando encontremos muerta a su hija, porque la vamos a encontrar muerta’, le gritó el funcionario.

 

La tortura a Brenda Quevedo Cruz y la CNDH

Brenda Quevedo Cruz.

Brenda Quevedo Cruz fue detenida en Louisville Kentucky, Estados Unidos el 28 de noviembre de 2007 a causa de la orden de aprehensión que, en 2006, obsequiara el Juez Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal al Agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en la Investigación de Secuestro dentro de la causa penal 35/2006. El 25 de septiembre de 2009, tras la solicitud de detención provisional con fines de extradición, fue trasladada a la Ciudad de México para ser internada en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en el Estado de México.

El 27 de noviembre de 2009, según Brenda Quevedo Cruz, personal de custodios de ese centro de readaptación la sacó de su celda entre las 18:30 y 19:00 horas, con el argumento de llevarla a  una audiencia con el director del penal, pero en lugar de eso la introdujeron en un cuarto donde se encontraban dos hombres vestidos de traje y encapuchados  que le esposaron las manos, le vendaron los ojos y la sentaron en una silla; asimismo le dijeron “ya chingaste, ya sabes de parte de quién venimos, nadie te va a salvar” Además, la golpearon en el cuerpo, poniéndole una bolsa de plástico en la cabeza para tratar de ahogarla, todo para que confesara el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace.

Ante la tortura sufrida por su hija, Enriqueta Quevedo Cruz presentó, ante la CNDH, la queja y solitud de atención correspondientes y, el 18 de diciembre de 2009 (Exp. CNGH/1/2009/4670/OD), la Comisión Nacional de Derechos Humanos resolvió que sus elementos “procedieron a una revisión médica, sin que haya contado con elementos para acreditar lo señalado”, a pesar de que, según el oficio CNDH/PVG/DG/370/2010 con folio 30410, en aquella intervención se encontraron en Brenda “lesiones que por su naturaleza no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días […] tres excoriaciones lineales de color rojo vinoso, con bordes hiperémicos e inflamados, cubiertas de costra fresca de sangre en fase de deshidratación, localizadas en cara lateral izquierda, dorso y cara lateral derecha del cuello, tres equimosis de forma oval de color violáceo localizadas en tercio medio, y dorso de antebrazo derecho y la equimosis violácea, de forma irregular localizada en cara anterior tercio medio, de antebrazo izquierdo.”

Con esos antecedentes, el 7 de octubre de 2010 Brenda Quevedo Cruz fue trasladada al penal de las Islas Marías. El 13 de ese mes, a las 2 de la mañana, el comandante y dos custodias la sacaron y la subieron a una pick up que la condujo a algún sitio de una isla donde la dejaron en una pequeña casa en construcción. Ahí, Brenda de nueva cuenta sufrió tortura y abuso sexual.

Ante lo sucedido a Brenda en Islas Marías, su madre Enriqueta Cruz Gómez de nueva cuenta pidió la intervención de la CNDH y ésta respondió en el oficio número V3/64379 con fecha 30 de septiembre de 2011, del expediente CNDH/3/2010/6007/Q,  que “el 12, 13, de mayo, 30 de junio, 8 y 9 de septiembre de 2011, visitadores adjuntos adscritos a esta Tercera Visitaduría General se constituyeron en el aludido establecimiento penitenciario, a fin de entrevistarse con la interna de mérito y las autoridades penitenciarias respectivas y […] finalmente a lo que hace a la agresión física de que usted aduce fue objeto su familiar, a pesar de las diversas diligencias llevadas a cabo e información recabada por el momento esta Comisión nacional no cuenta con elementos suficientes para poder acreditar la agresión”.

El Protocolo de Estambul

A pesar de las respuestas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde negaba las diferentes torturas de las que había sido víctima Brenda Quevedo Cruz y el maltrato que sufría en Islas Marías, su madre nuevamente pidió la intervención de la CNDH al que le fue asignada el número CNDG/3/2012/9027/Q.

Ante la insistencia de la Señora Enriqueta Cruz Gómez, el 30 de junio de 2011 —la misma fecha que refiere el oficio V3/64379 que niega la tortura—, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aplicó a Brenda Quevedo Cruz el Protocolo de Estambul (expediente CNDH/3/2010/6007/Q), manual de procedimientos “para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establecido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU”. Este documento fue entregado a la Señora Enriqueta apenas el 21 de febrero de 2013.

Dicho protocolo estableció que “durante la valoración se encontró que la señora Brenda Quevedo Cruz presentaba trastorno por estrés postraumático crónico, depresión y ansiedad severas, así como rango severo de impacto del evento […] por lo que existe concordancia entre los padecimientos psiquiátricos que presenta la agraviada y su situación actual”.

Además, frente a la actuación anterior de la CNDH donde se negaba cualquier indicio de tortura, el protocolo de Estambul refiere, entre otros, el incidente de Islas Marías:

A las 13:00 horas llegó una camioneta Van con vidrios oscuros y bajaron cinco o seis hombres encapuchados, vestidos con pantalón de mezclilla y playera blanca, que le dijeron, “¡Chingaste a tu madre otra vez, creíste que no nos ibas a volver a ver; aquí nadie puede entrar, para que veas la magnitud del poder que tenemos, te metiste con la gente equivocada, aunque grites nadie te va a escuchar, más vale que cooperes y hagas lo que se te dice!” […] le vendaron los ojos, le envolvieron los brazos con la cobija y encima le pusieron cinta canela; la tiraron al piso boca arriba, le quitaron los zapatos y las calcetas y le envolvieron el dedo gordo de los pies con un alambre; le echaron agua en la cara y sentía que se ahogaba, también mojaron la cobija; le decían, “ahora sí pides perdón, perra, vamos a hacerte respetar a la gente”; la golpeaban con el codo en el pecho y le daban mazapanasos en los oídos, la amenazaban de lastimar a su familia, “acaban de operar de los ojos a tu mamá, pero la vas a ver igual que como tú estás ahora; tu hermano la va a pagar, ¿Qué culpa tiene de tener una hermana prostituta, ¡perra! Nos vas a ayudar a contar la historia. Te crees edecán, pero eres prostituta de cuarta; un perro vale más que tú

[…] Uno de los hombres le metió el puño con fuerza entre las piernas y lo hizo varias veces y le preguntaba “¿qué se siente?” Luego le decían, “vamos a quitarle las uñas a tu mamá y a tu hermano, nos va a decir que tú secuestraste ¿a quién? Y ella tuvo que responder al señor Hugo Alberto Wallace, después siguieron, “vas a decir que tú tomaste las fotos y que (ilegible) planearon todo, lo cortaron en pedazos y lo fueron a tirar”

[…] Después le dieron toques eléctricos con el alambre que le pusieron en el dedo gordo de los pies y le decían, “vas a sentir cómo te vas quemando poco a poco”. Que sentía mucho calor por la cobija en la que estaba envuelta y les dijo que ya iba a cooperar; entonces la sentaron y la hicieron grabar su confesión, “tú vas a decir cómo pasó; ¡quién te viera como pinche perro mojado, eres una asquerosidad!” Cuando terminó le dijeron “vas a pedir hablar con el juez y le dices que quieres declarar la verdad; no le vas a contar a nadie lo que te hicimos, si les dices algo a Derechos Humanos venimos por ti y te vamos a romper tu puta madre, vamos a levantar a tu mamá, a tu papá y a tu hermano.

El 28 de febrero de 2013, Brenda Quevedo Cruz presentó copia certificada del Protocolo de Estambul al Juez Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federal del Primer Circuito como prueba documental y éste le respondió el 9 de abril que fue turnado a la Tercera Visitaduría General para las actuaciones correspondientes para “de ser procedente, dar el trámite que corresponda; por lo que una vez que se tenga conocimiento de la conclusión, le será comunicado oportunamente”. Sin embargo, hasta el 29 de mayo de 2013, ni Brenda Quevedo Cruz ni la señora Enriqueta Cruz Gómez han sido notificadas de ninguna conclusión.

A pesar de que ni la CNDH ni el Juez Décimo Sexto han comunicado ninguna conclusión al respecto del Protocolo de Estambul, El 7 de mayo de 2013, la señora Isabel Miranda de Wallace retuiteó en su cuenta de Twitter (@wallaceIsabel) “[…] la justicia siempre ganara, los secuestradores de su hijo son unos mentirosos y cobardes” y, además, adjuntó la imagen del oficio número TVG/DGQR/15/13 con fecha 24 de abril de 2013, firmado por el Lic. Sergio Iván de la Selva Rubio, director general de la Dirección General de Quejas y Recursos de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, que refiere que “de la investigación y diligencias realizadas por esta Visitaduría General, no se contó con elementos suficientes para poder acreditar la agresión denunciada”. Sin embargo, la autenticidad del oficio hecho público por la señora Wallace está en duda puesto que la CNDH y el Juez Décimo sexto del Distrito de Procesos Penales Federales en el D.F. manifestaron “desconocerlo” cuando la señora Enriqueta Cruz Gómez se presentó a pedir informes sobre el oficio referido. Además, es importante mencionar que la Señora Miranda de Wallace, a pesar de haber retuiteado el supuesto oficio que echa abajo el Protocolo de Estambul, apeló legalmente dicho protocolo.

Las demandas

Ante los hechos de tortura mencionados, la defensa de Brenda Quevedo Cruz presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por los actos de tortura llevados a cabo por servidores públicos en su perjuicio. Al respecto, el 6 de mayo de 2013, la SFP respondió a Quevedo Cruz con el oficio No. OIC/OADPRS/Q/DE/0704/2013 diciendo que “una vez integrado el procedimiento administrativo de investigación correspondiente, esta Autoridad Administrativa, consideró la comisión de conductas posiblemente constitutivas de responsabilidad administrativa, por parte de servidores públicos adscritos a la Coordinación General de Centros Federales así como al Complejo Penitenciario Islas Marías”, lo que, dicho sea de paso, contradice los oficios referidos de la CNDH.

Justamente por lo anterior, el pasado 23 de mayo de 2013, Enriqueta Cruz Gómez, “en nombre y a favor” de su hija Brenda Quevedo Cruz, acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, presentó ante Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, una denuncia en contra de Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “y los quien corresponda [por] delitos que atentan contra los derechos humanos”.